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Etiqueta: derecho internacional

Ni el secuestro de Nicolás Maduro arruga al pueblo venezolano

Rafael A. Ugalde Q.*

Mientras el mundo civilizado no se cansa de condenar la brutal agresión militarista la madrugada del 3 de enero contra el pueblo venezolano por parte de la banda nazista ocupante de la Casa Blanca, las naciones civilizadas del orbe no cesan sus condenas al imperialismo, y sin tapujos llaman a tomar las ciudades a favor de la paz y el rescate del Derecho Internacional.

En un amplio pronunciamiento, el Círculo Bolivariano Yamileth López de nuestro país, llamó a los Pueblos de Costa Rica y el Mundo a despreciar las decisiones del tirano inquilino de la Casa Blanca adoptadas contra el pacífico pueblo bolivariano, cuando éste descansaba.

Calificó de” genocida” a Donald Trump y de “cinismo flagrante” el ataque artero y criminal a territorio venezolano.

Asimismo, advierte que los bombardeos registrados han seguido una tempestad de ruido y falsedades emitidas por la maquinaria desinformativa occidental, falaz y asesina de la verdad.

“Llamamos a la movilización inmediata de todas las fuerzas vivas populares, defensoras de la soberanía igualitaria y la autodeterminación de las naciones, a los movimientos por la Paz y contra la guerra imperialista, el saqueo y el neocolonialismo”.

En nuestro país, el gobernante Rodrigo Chaves Robles, fue uno de los primeros cipayos en la región de pronunciarse a favor de la intervención militar, tras la declaración de Trump en torno al secuestro del jefe de Estado, Nicolas Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En las declaraciones por redes sociales atribuidas a Chaves Robles, éste en consonancia con colegas suyos, como el ecuatoriano Daniel Noboa, Rodrigo Paz de Bolivia, José Raúl Mulino de Panamá y José Jerí Perú, entre otros, alega la falta de legitimidad de Maduro.

Olvidan todos que Trump días antes de la agresión a la Republica Bolivariana de Venezuela, justifico el robo de barcos petroleros y el despliegue militar en el Caribe, aduciendo que los venezolanos habían robado el petróleo y los recursos naturales a Estados Unidos.

La posición de Chaves no debe asombrarnos, ni los politiqueros a sueldo, aprovechar en medio de la presente campaña electoral para engañar y lanzar cortinas de humo sobre qué hay detrás del apoyo a Trump y a sus acciones de pillaje en el Caribe.

Sí alguna vez dudaron del desarrollo sostenido del nazifascismo en nuestra región – consecuentemente también en el país, pues toda por la oligarquía necesita de él -, es tiempo de quitarnos el velo.

Está activo en todos los partidos políticos y personalidades que guardarán silencio ante el secuestro de Maduro y la agresión al pueblo venezolano. Verán las volteretas que dan para callar o justificar lo injustificable.

Contraria a esta línea intervencionista México, Nicaragua, Colombia, Uruguay, Cuba, Honduras, la República Popular China, Rusia, Irán y una fila de gobiernos africanos condenaron el injerencismo y el intervencionismo contra el pueblo venezolano, llamando a restablecer el Derecho Internacional como garante de Paz.

Asimismo, el secretario general de la Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, no anduvo por las ramas, condenó la agresión contra la nación sudamericana y calificó de “ de peligroso precedente” el bombardeo estadounidense ordenado este 3 de enero.

Volviendo a nuestro país, el Partido Pueblo Unido condenó sin ambigüedades y enérgicamente el ataque de que ha sido víctima la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, añade, condenamos el secuestro del presidente legítimo Nicolás Maduro y su esposa. Exigimos que ambos sean puestos en libertad.

Esta agresión – explica – es parte del cerco que los Estados Unidos han tendido contra ese país con el único objetivo de expoliar sus recursos naturales y, al mismo tiempo, detener su ejemplo de transformación social y construcción de una nueva sociedad.

Por su parte, el Partido Vanguardia Popular (PVP) condenó asimismo la agresión contra el pueblo venezolano y destacó que el presidente Maduro pertenece a América Latina.

Calificó de golpe militar, asesino y vulgar la actuación de Trump contra los venezolanos y la legitimidad de los procesos democráticos en Latinoamérica. Llamó a no deponer las movilizaciones y la lucha contra el imperialismo.

En un comunicado de prensa distribuido por el Partido Frente Amplio (FA), su candidato presidencial, Ariel Robles, coincide con el otro aspirante de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, en calificar de “dictador” al secuestrado jefe de Estado Nicolas Maduro.

El FA, aunque mediatiza un poco su posición, invocando al Derecho Internacional y el sufrimiento del pueblo venezolano, hace ver que detesta el “autoritarismo” y las “dictaduras”. “Siempre he sido un pacifista; creo en la paz como vía para solucionar los problemas», nivela sus opiniones su candidato presidencial.

Mientras tanto, Ramos, el flamante candidato presidencial del cambio en el PLN, solo le alcanzó para repetir lo que nos hacen memorizar en las escuelas desde el golpe de Estado en 1948, en el sentido de que «en Costa Rica aborrecemos las dictaduras y las posturas autoritarias, por ello, hoy luchamos para no llegar a ese punto en nuestro país”, según Ramos.

¡No hay donde perderse, quien se pierde es porque quiere!

*Miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamileth López.

Declaración de la Alianza Progresista sobre los acontecimientos en Venezuela

La democracia no puede ser secuestrada ni impuesta por la fuerza – debe ser construida por los propios pueblos

La Alianza Progresista condena inequívocamente el ataque militar llevado a cabo por Estados Unidos contra el estado soberano de Venezuela. La violencia y la coerción no resuelven la crisis política de Venezuela, ni avanzan las aspiraciones legítimas de su pueblo a la democracia, la justicia y la dignidad.

La transformación democrática no se puede imponer externamente. La reconciliación dentro de la sociedad venezolana sólo puede lograrse a través de la voluntad libremente expresada del pueblo, el respeto a la soberanía nacional y el pleno ejercicio de las libertades fundamentales. La Alianza Progresista rechaza firmemente cualquier declaración o intento del presidente de los Estados Unidos Donald Trump de administrar o gobernar Venezuela. Cualquier transición política debe ser determinada por los propios venezolanos.

Al mismo tiempo, la Alianza Progresista deja claro en su valoración que Venezuela ha sido gobernada bajo un sistema autoritario marcado por la erosión de las instituciones democráticas y graves violaciones de los derechos humanos. La represión de la oposición política, las restricciones al espacio cívico y la negación de las libertades fundamentales han causado profundos sufrimientos y han contribuido al desplazamiento de millones de venezolanos. Sin embargo, estas realidades nunca pueden usarse para justificar la intervención militar extranjera o las violaciones del derecho internacional.

Los atentados unilaterales perpetrados en ciudades venezolanas y la expulsión forzosa de Nicolás Maduro y su cónyuge del país son injustificables. Estas acciones violan el derecho internacional, socavan la diplomacia y sientan un peligroso precedente. No fortalecen la democracia ni los derechos humanos en Venezuela, ni en América Latina ni en cualquier otro lugar.

La intimidación, la presión militar y la intervención coercitiva alimentan la inestabilidad y profundizan el sufrimiento humano, ya que la gente común soporta las consecuencias de las luchas de poder geopolítico.

La Alianza Progresista rechaza el autoritarismo y la dominación en todas sus formas, ya sean ejercidos por autoridades nacionales o impuestas desde el extranjero. Nos solidarizamos con el pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad, la democracia, la soberanía y la dignidad humana, y apoyamos una transición pacífica y democrática determinada por los propios venezolanos y basada en el respeto al derecho internacional.

Asociación Centroamericana de Sociología condena agresión militar contra Venezuela

La Asociación Centroamericana de Sociología condena la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela, desconociendo el derecho internacional contemplado en la carta de las Naciones Unidas.

Como profesionales de la sociología nos manifestamos en contra del uso de la fuerza para dirimir cualquier tipo de conflicto. No existe ningún motivo para justificar el uso de la violencia cuando los fines son saquear los recursos naturales de un pueblo soberano.

Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro repudio a esta agresión que causa muertes, destrucción e inestabilidad en el país y en la región latinoamericana.

Centroamérica, 3 de enero 2026

Asociación Centroamericana de Sociología

CLACSO: A la comunidad internacional ante ataque a Venezuela

El Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) manifiesta su más enérgica y categórica condena ante la agresión militar ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela en la madrugada del 3 de enero de 2026.

Este acto de fuerza, dirigido contra territorio y población civil, constituye una afrenta a la paz mundial, una transgresión criminal del derecho internacional y una amenaza directa a los fundamentos de la convivencia soberana entre los Estados.

Consideramos que esta ofensiva armada representa un retroceso histórico hacia las prácticas coloniales, al intentar someter por la violencia a una nación soberana y expoliar sus riquezas estratégicas, violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas y la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Constituye, al mismo tiempo, un ataque frontal contra el principio irrenunciable de la autodeterminación de los pueblos, sentando un precedente extremadamente peligroso para la soberanía de todas las naciones del Sur Global.

Este acto evidencia, además, una escalada de intervencionismo que desconoce el derecho inalienable de los pueblos a forjar su destino político, económico y social, libre de toda coerción y amenaza externa.

Ante esta grave coyuntura, el Comité Directivo de CLACSO reafirma el derecho de Venezuela, conforme al derecho internacional, a salvaguardar su integridad territorial y la seguridad de su pueblo. Al mismo tiempo, expresa su profunda preocupación por la situación de las autoridades venezolanas, de la población civil y solicita de manera urgente al gobierno de los Estados Unidos que cese las acciones militares, aclare su situación y garantice su bienestar.

Hacemos un llamado a la comunidad académica, a las redes intelectuales y a los movimientos sociales de todo el mundo para articular una respuesta colectiva de solidaridad, basada en la denuncia crítica y la movilización coordinada, con el fin de detener la agresión y reivindicar el marco del derecho internacional.

Finalmente, instamos a los estados y organismos multilaterales a asumir un papel firme en defensa de la paz y en rechazo a la intervención, promoviendo en todos los foros las acciones necesarias para asegurar la responsabilidad ante este acto de fuerza.

La historia de Nuestra América está marcada por luchas contra la dominación extranjera. Hoy, como ayer, la respuesta debe ser la unidad en la diversidad, la firmeza en la defensa de la soberanía y la movilización consciente de las fuerzas democráticas y populares. La paz con justicia y dignidad solo será posible con el pleno respeto a la voluntad de los pueblos.

Comité Directivo de CLACSO
3 de enero de 2026

Piratería en el siglo XXI: Estados Unidos asalta Venezuela

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Conocí las historias de piratas en los dibujos animados y en los cómics de los años setenta, cuando era un niño. Eran aventuras de otros tiempos, antiguas casi míticas, basadas —decíamos— en hechos reales, pero completamente ajenas a la realidad que vivíamos entonces, marcada por la cruel dictadura militar de Pinochet. A diferencia de los militares, los piratas de barbas largas, cicatrices en el rostro, un ojo perdido, piernas de madera; hombres de mar armados con espadas y pistolas de una sola bala, bebedores de ron, eran asaltantes de barcos mercantes y de turistas, no de sus pueblos. Todo eso pertenecía al imaginario del pasado, a la fantasía infantil, a las películas y a los cómics. Jamás pensamos que esa historia volvería a escribirse en el presente.

La piratería del siglo XXI: de interceptar barcos a bombardear capitales

Sin embargo, comenzando el año 2026, Estados Unidos ya se ha encargado de demostrar lo contrario. Aquella práctica que creíamos sepultada en los libros de historia ha sido reactivada en pleno siglo XXI, esta vez en el Caribe y en territorio continental, con una intervención militar directa contra Venezuela que marca una escalada sin precedentes en las relaciones hemisféricas.

Lo que empezó como un creciente despliegue naval en la región y operaciones destinadas a interceptar embarcaciones vinculadas al comercio petrolero venezolano —a las que Washington calificó de combate al “narcotráfico”— culminó, la madrugada del 3 de enero de 2026, con ataques aéreos y terrestres sobre múltiples localidades venezolanas, incluidas la capital Caracas, Fuerte Tiuna y otras instalaciones estratégicas.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses realizaron un “ataque de gran escala”, tras el cual capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron fuera del país para ser enjuiciados por cargos como narcoterrorismo y conspiración criminal según autoridades de Washington.

¿Piratería o intervención “legítima”? El relato de Washington

Desde la narrativa oficial estadounidense, la operación tiene dos justificaciones principales:

  1. La lucha contra el “narco-Estado” venezolano, que según Washington está profundamente implicado en el tráfico de drogas y actividades criminales transnacionales.
  2. La detención y enjuiciamiento de Maduro, presentándolo como un líder criminal cuya captura y traslado a juicio sería una victoria de la justicia internacional.

Trump y altos funcionarios de su gobierno han defendido que la operación fue cuidadosamente planificada y ejecutada con precisión, incluyendo la participación de unidades especiales, y que Maduro y su esposa enfrentarán procesos legales en Estados Unidos.

La otra cara: soberanía, violación del derecho internacional y rechazo global

El propio gobierno venezolano ha catalogado la operación como una “agresión militar” y una violación flagrante de la soberanía nacional y del derecho internacional, señalando que no existe mandato internacional, resolución de la ONU ni declaración de guerra que legitime la acción estadounidense.

La respuesta diplomática y política internacional ha sido inmediata y polarizada:

  • México, entre otros países latinoamericanos, ha condenado enérgicamente la intervención, calificándola de violación del principio de no intervención consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.
  • Colombia ha movilizado fuerzas en su frontera por temor a una crisis humanitaria, y su presidente ha demandado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.
  • Estados europeos como España han llamado a la desescalada, mientras que Rusia, Cuba e Irán han denunciado la acción como una violación del derecho internacional y un acto de “estado terrorista”.

De la “piratería marítima” a la intervención continental.

Lo que comenzó como una escalada de presión en el mar —con interceptaciones de embarcaciones petroleras y sanciones económicas— ha desembocado en una intervención militar sobre un Estado soberano con la captura de su jefe de Estado. Este salto cualitativo no se limita a un episodio más de coerción económica; representa una redefinición del ejercicio del poder estadounidense en la región, donde la fuerza se usa no sólo para bloquear y saquear recursos, sino para sustituir gobiernos.

Si en el pasado las acusaciones de “narco-Estado” y los bloqueos económicos eran las coartadas para presionar a Caracas, hoy esa narrativa se usa para justificar bombardeos y operaciones especiales que culminan en lo que muchos analistas describen como un secuestro de facto de un jefe de Estado extranjero.

Piratería moderna: qué significa realmente

La historia que creímos enterrada no solo ha regresado: ha vuelto con bombarderos, fuerzas especiales y discursos moralizantes, pero con un objetivo que no difiere en esencia del de los viejos piratas: la apropiación de riqueza ajena bajo la máscara de una misión noble.

Cuando la potencia más poderosa del mundo decide quién es criminal, quién debe ser capturado, y cuánto vale su libertad, fuera de cualquier mecanismo multilateral, el derecho internacional deja de ser una norma común y se transforma en una herramienta al servicio del más fuerte.

Esa es, hoy, la piratería moderna: no espadas ni garfios, sino bombas, drones y portaaviones, con jurisdicciones salteadas y soberanías pisoteadas, en pleno corazón del Caribe. Y atención, conocemos bien esta historia, sabemos cómo actúa Estados Unidos cuando decide que sus intereses están por sobre los demás. No sólo Venezuela está en peligro, hoy toda la región se puede convertir en objetivo del saqueo de estos piratas neoliberales y globalizados.

Fuentes

https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/1/3/tras-intervencion-militar-en-venezuela-mexico-condena-rechaza-energicamente-captura-de-maduro-365762.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.cbsnews.com/live-updates/venezuela-us-military-strikes-maduro-trump/?utm_source=chatgpt.com

https://elpais.com/internacional/2026-01-03/ultima-hora-de-las-explosiones-en-venezuela-en-directo.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/1/3/live-loud-noises-heard-in-venezuelas-capital-amid-us-tensions?utm_source=chatgpt.com

https://www.reuters.com/world/americas/loud-noises-heard-venezuela-capital-southern-area-without-electricity-2026-01-03

Llamamiento del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por la paz, la defensa de los pueblos y su derecho a la autodeterminación

Los y las invitamos a sumar su firma y a difundir este llamado:

En un momento de grave amenaza para la paz y la soberanía de nuestra América, nos hacemos eco del urgente Llamamiento por la Paz y la Unidad impulsado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Frente al despliegue militar por parte del gobierno de Donald Trump en el Caribe, las acciones que violan el derecho internacional y la intención de revivir una lógica colonial en la región, el llamado es claro: defender la autodeterminación de los pueblos, exigir el respeto a la Carta de la ONU y movilizarnos para que nuestra región siga siendo un territorio de paz.

¡Por una América Latina en Paz y soberana!

Puede firmar aquí:

Español: https://forms.gle/JwtWC1UpkLhWo8Cg6

English: https://forms.gle/frqbfJb2eoRQXPvb7

Français: https://forms.gle/kceY61bJypTD52JK6

Italiano: https://forms.gle/qoAHeoQsHL9jrgne8

Portugués: https://forms.gle/mC5WJt3ebf7RMY2SA

Ante la escalada de injerencia y militarización contra Venezuela

Asociación Latinoamericana de Sociología

La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), expresa su profunda preocupación y su enérgica condena frente a la escalada de acciones de injerencia, coerción política, económica y militar impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y, por extensión, contra otras naciones de América Latina y el Caribe.

Las recientes declaraciones oficiales del presidente Donald Trump y de altas autoridades estadounidenses, el incremento del despliegue militar en el Caribe, los ataques armados en aguas internacionales bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”, así como el anuncio de un bloqueo naval a los petroleros que entran y salen de Venezuela, constituyen hechos de extrema gravedad. Estas acciones vulneran de manera flagrante el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios básicos de convivencia pacífica entre los Estados.

No estamos frente a hechos aislados ni respuestas coyunturales. Se trata, más bien, de una estrategia más amplia de recomposición del poder estadounidense en un contexto de crisis de hegemonía global, tensiones internas no resueltas, disputas geopolíticas crecientes y profundización de la crisis energética y climática. En este marco, Venezuela vuelve a ocupar un lugar central como territorio estratégico por sus vastas reservas de petróleo y otros bienes comunes, cuya apropiación y control resultan funcionales a los intereses del capital fósil, de las corporaciones transnacionales y de una política exterior que recurre crecientemente a la coerción y la militarización.

Resulta especialmente alarmante que representantes del gobierno estadounidense hayan afirmado, de manera explícita, que Venezuela debería “devolver” a los Estados Unidos su petróleo, tierras y otros activos estratégicos. Tales declaraciones revelan sin ambigüedades una pretensión colonial inadmisible, orientada a la apropiación de los bienes comunes y recursos naturales de un país soberano, y desconocen el derecho inalienable de los pueblos a decidir libremente sobre sus riquezas, su territorio y su modelo de desarrollo.

Desde América Latina y el Caribe, región marcada históricamente por intervenciones militares, golpes de Estado, bloqueos económicos, sanciones unilaterales y múltiples formas de dominación imperial, rechazamos de manera categórica cualquier intento de imponer cambios de gobierno, condicionar decisiones internas o someter a nuestros pueblos mediante la fuerza militar, el chantaje económico o la amenaza permanente de violencia.

El petróleo, el gas, los minerales, la biodiversidad y el conjunto de los bienes comunes de Venezuela pertenece legítimamente a su pueblo. Ninguna potencia extranjera tiene derecho a declararlos “propios”, ni a utilizar su superioridad militar, financiera o tecnológica para expoliarlos en beneficio de corporaciones transnacionales o de intereses geopolíticos ajenos a la voluntad popular y al bienestar colectivo.

Advertimos que un bloqueo naval, así como los ataques armados o amenazas de uso de la fuerza, constituyen actos de guerra que ponen en serio riesgo la paz regional, la estabilidad política de América Latina y el Caribe, y las condiciones de vida de millones de personas. La profundización de la militarización solo puede conducir a escenarios de mayor sufrimiento social, desestabilización y conflicto, en una región que necesita cooperación solidaria, diálogo político y soluciones pacíficas a sus problemas estructurales.

Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con todos los pueblos de Nuestra América que enfrentan políticas de injerencia, sanciones, despojo y saqueo de sus recursos. América Latina no es ni será el ‘patio trasero’ de ninguna potencia. Es una región de pueblos dignos, con derecho a la soberanía, la autodeterminación, la paz y la defensa colectiva de sus bienes comunes.

Desde Nuestra América, levantamos la voz con firmeza para afirmar: no a la guerra, no al saqueo de nuestros recursos, no a las políticas injerencistas y al imperialismo en cualquiera de sus formas.

Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología
18 de diciembre de 2025

Recurso de amparo cuestiona concesión de la Terminal de Contenedores de Moín por falta de consulta a comunidades afrodescendientes

El ciudadano Marco Levy Virgo presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en el que denuncia la omisión del Estado costarricense de aplicar estándares internacionales de protección a los pueblos tribales afrodescendientes, en relación con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a la empresa APM Terminals.

En el escrito, Levy sostiene que la concesión fue otorgada sin consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades afrodescendientes de Limón, a pesar de que estas mantienen una identidad colectiva, modos de vida tradicionales y un vínculo histórico con su territorio, características que —según el recurso— las configuran como pueblo tribal conforme a los estándares interamericanos.

El documento detalla que la entrada en operación de la TCM ha generado impactos sociales y económicos profundos, entre ellos el desplazamiento laboral de mano de obra afrodescendiente, el cierre de operaciones de empresas privadas como Standard Fruit Company (Dole) y Chiquita Brands, y la reducción de actividades en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Estos procesos, afirma el recurso, agravaron el desempleo, la pobreza y las tensiones sociales en una región históricamente vulnerable.

Asimismo, se señala la afectación a actividades tradicionales como el turismo comunitario y la pesca artesanal, así como al tejido social ancestral de comunidades de Moín y zonas aledañas, sin que se hayan implementado medidas efectivas de mitigación o compensación.

El recurso argumenta que la ausencia de consulta no constituye una omisión formal, sino una violación estructural y sistemática de derechos colectivos, que perpetúa la discriminación contra la población afrodescendiente. En respaldo de esta afirmación, se citan instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido el derecho a la consulta de pueblos tribales afrodescendientes en proyectos de gran impacto.

El escrito también cuestiona lo que califica como una aplicación selectiva de los mecanismos interamericanos por parte del Estado costarricense, al recordar que el país sí solicitó una opinión consultiva a la Corte IDH en otros temas de derechos humanos, mientras no ha hecho lo mismo frente a los impactos del proyecto portuario en Limón.

Finalmente, el recurso solicita a la Sala Constitucional que declare la violación de los derechos fundamentales invocados, que se anulen los efectos lesivos de la concesión en lo que respecta a las comunidades afectadas y que se ordenen medidas de reparación integral, incluyendo la realización de una consulta adecuada y la compensación por los daños ya causados.

Contexto y antecedentes

La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín y sus impactos sociales, laborales y territoriales han sido abordados en diversas notas publicadas previamente en SURCOS, donde se ha documentado la situación histórica de exclusión que enfrenta la población afrodescendiente del Caribe, el debilitamiento de la institucionalidad pública portuaria y las transformaciones económicas que ha vivido la provincia de Limón en las últimas décadas.

En esos antecedentes se ha señalado la ausencia de procesos de consulta y participación efectiva de las comunidades afectadas, así como la persistencia de brechas estructurales en empleo, acceso a derechos y reconocimiento cultural. El recurso presentado ante la Sala Constitucional se inscribe en este marco más amplio de disputas por justicia social, derechos colectivos y reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, temas que han sido objeto de seguimiento informativo constante por parte de SURCOS.

Puede consultarse este enlace para una visión histórica del tema:

Un TLC manchado de sangre

Luis Fernando Astorga Gatjens

El día lunes, 8 de diciembre del año en curso, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica Manuel Tovar firmó en Tel Aviv, un tratado de comercio exterior con el Estado genocida de Israel.

Mientras el gobierno de Rodrigo Chaves desarrollaba con las autoridades israelíes el proceso de negociaciones de este tratado, el gobierno de ese país, encabezado por Benjamín Netanyahu, sin compasión alguna, masacraba con distinto tipo de artillería a la población civil de Gaza.

Distintos medios y cadenas de comunicación han indicado que esta es la «guerra» más televisada del mundo, ya que se podían ver las imágenes en vivo de edificios y casas que se destruían marcadas por densas nubes de humo, polvo y fuego. También se veían personas, niños, mujeres, ancianos moviéndose sin rumbo cierto ante el horror de que una bomba o disparo les cegara la vida. El fuego inclemente de la aviación y la artillería israelí destruía hospitales y escuelas, sin importar quien estaba adentro. El pretexto más utilizado es que ahí habría combatientes de Hamas. Pero realmente lo que ha habido en Gaza no ha sido una guerra sino un genocidio deliberado y minuciosamente planificado.

Hoy, cuando Gaza todavía padece la incertidumbre de un dudoso alto al fuego, se ven los terribles resultados de las acciones genocidas del gobierno de Netanyahu y de su ejército: Más de 70.000 muertos de la población civil. Mujeres, ancianos y alrededor de 20.000 niños masacrados. Y, según Naciones Unidas, el 92 % de las viviendas en Gaza están destruidas y más de medio millón de personas están en riesgo de hambruna.

No por casualidad, la Comisión Internacional Independiente sobre los territorios palestinos ocupados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó recientemente que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, al mismo tiempo que ha demandado a Israel «a cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para poner fin a tal atrocidad y castigar a los responsables».

La comisión de la ONU sustenta la acusación del genocidio israelí en que este Estado ha cumplido cuatro de los cinco actos que configuran el carácter genocida de un Estado. «Al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas» definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, concluyó el informe de la comisión especializada de la ONU que ha investigado lo ocurrido desde el 7 de octubre de 2023 en ese territorio palestino asediado.

Mientras tanto la República de Sudáfrica inició el 29 de diciembre de 2023, un proceso contra el Estado de Israel, conocido oficialmente como Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel). Este proceso se refiere a violaciones por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el derecho internacional en relación con los palestinos de la Franja de Gaza. La presentación de Sudáfrica coloca los cargos en lo que describe como «el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus setenta y cinco años de apartheid, sus cincuenta y seis años de ocupación beligerante del territorio palestino y su bloqueo de Gaza de dieciséis años».

La población civil gazatí ahora son las víctimas de un verdadero holocausto perpetrado por un Estado encabezado por un nuevo Hitler, el genocida Netanyahu.

Todavía no hace mucho tiempo el Estado costarricense brillaba en Naciones Unidas y otros escenarios internacionales, como un país pequeño, pero con un fuerte liderazgo en materia de derechos humanos. Hoy, especialmente, a raíz de las políticas de la administración Chaves Robles, se ha erosionado significativamente ese prestigio.

En el presente, la política exterior de Costa Rica tiene como epicentro Washington y no San José. Se siguen los dictados de Trump y de Marco Rubio. Cero independencia. Cero autonomía. Cero dignidad.

Porque si realmente hubiera dignidad en este gobierno no se estaría suscribiendo un TLC con Israel, sino que se hubiese seguido el camino de Colombia que a raíz de la actuación de Israel en Gaza, rompió relaciones con ese Estado genocida.

Ahora cabe esperar que el respeto de los derechos humanos y la dignidad prevalezcan en la Asamblea Legislativa para evitar que este tratado lleno de sangre e ignominia sea ratificado.

(8 de diciembre, 2025)

¿Paz u ocupación? La resolución 2803 y el colapso moral de la ONU

Por Juan Carlos Cruz-Barrientos
Comunicador social

La resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU no es un plan de paz: es un plan de ocupación con traje diplomático. Redactado en Washington, aprobado en Nueva York y ejecutado en Gaza, este proyecto no busca la justicia ni la autodeterminación palestina. Busca administrar el genocidio, desarmar la resistencia, consolidar la ocupación bajo logos internacionales y desmovilizar la solidaridad internacional.

Diplomacia o complicidad

Lo que se presenta como “alto el fuego” es, en palabras de Francesca Albanese, una mentira. Mientras las élites internacionales sonríen en Nueva York, los palestinos siguen muriendo bajo fuego israelí. ¿De verdad llaman a esto paz?

La “Junta de Paz” propuesta en el plan, dirigida por Estados Unidos, y la fuerza internacional que la acompaña, tienen un mandato claro: desarmar a la resistencia palestina. Es decir, desarmar al pueblo ocupado para que la ocupación pueda consolidarse sin obstáculos.

Lo que denuncia la Resistencia Palestina

Las organizaciones de la resistencia —Hamás, Yihad Islámica, Al-Muyahidín y otras— han sido claras: el plan separa Gaza de Cisjordania, fragmentando el proyecto nacional palestino; impone una tutela internacional sin consentimiento popular, violando principios básicos del derecho internacional; convierte a la fuerza internacional en brazo operativo de la ocupación, con funciones de vigilancia y represión y pretende desarmar a quienes tienen el derecho legítimo a resistir, reconocido por convenciones internacionales.

La hipocresía occidental en su máxima expresión

Alemania acaba de levantar las restricciones para vender armas a Israel. ¿La excusa? “El alto el fuego está estable”. Pero Albanese insiste: el genocidio no ha terminado. Y mientras tanto, líderes israelíes siguen siendo recibidos con honores en foros internacionales. Como si miles de niños asesinados fueran daño colateral diplomático.

La autoridad moral de la ONU está en coma. El plan no menciona: el fin del apartheid, el desmantelamiento de los asentamientos ilegales ni la autodeterminación palestina.

No exige justicia, no exige responsabilidades, no exige nada que incomode al ocupante. Es el apartheid versionado como “paz”.

Europa: escolta moral, negocios primero

La Unión Europea acompaña el discurso humanitario, pero no rompe lazos comerciales ni diplomáticos. Albanese lo dijo: si los estados no rompen lazos con Israel, están alimentando serpientes en su propio pecho. Y vaya si las están alimentando.

Lo que queda: la presión desde abajo

Lo único que ha movido algo estos meses ha sido la gente en la calle: los sindicatos, los colectivos, los juristas y las universidades.

El boicot. La solidaridad activa. La presión desde abajo. Eso que Albanese señala como la última línea de defensa de un orden internacional que se derrumba.

Esto no va solo de Palestina

Va de decidir si aceptamos un mundo donde la ocupación se llama paz, la resistencia se llama terrorismo y el genocidio se administra con logos de Naciones Unidas. En palabras de Francesca Albanese, la pastilla roja ya fue tomada. No hay vuelta atrás.

Fuentes:

La Base 6×44 | La ONU adopta la «paz de Trump»

https://www.eldiario.es/internacional/francesca-albanese-llaman-alto-fuego-palestinos-siguen-muriendo-fuego-israeli_128_12763502.html