Ir al contenido principal

Etiqueta: derecho internacional

Asociación Centroamericana de Sociología condena agresión militar contra Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

La Asociación Centroamericana de Sociología condena la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela, desconociendo el derecho internacional contemplado en la carta de las Naciones Unidas.

Como profesionales de la sociología nos manifestamos en contra del uso de la fuerza para dirimir cualquier tipo de conflicto. No existe ningún motivo para justificar el uso de la violencia cuando los fines son saquear los recursos naturales de un pueblo soberano.

Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro repudio a esta agresión que causa muertes, destrucción e inestabilidad en el país y en la región latinoamericana.

Centroamérica, 3 de enero 2026

Asociación Centroamericana de Sociología

CLACSO: A la comunidad internacional ante ataque a Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

El Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) manifiesta su más enérgica y categórica condena ante la agresión militar ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela en la madrugada del 3 de enero de 2026.

Este acto de fuerza, dirigido contra territorio y población civil, constituye una afrenta a la paz mundial, una transgresión criminal del derecho internacional y una amenaza directa a los fundamentos de la convivencia soberana entre los Estados.

Consideramos que esta ofensiva armada representa un retroceso histórico hacia las prácticas coloniales, al intentar someter por la violencia a una nación soberana y expoliar sus riquezas estratégicas, violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas y la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Constituye, al mismo tiempo, un ataque frontal contra el principio irrenunciable de la autodeterminación de los pueblos, sentando un precedente extremadamente peligroso para la soberanía de todas las naciones del Sur Global.

Este acto evidencia, además, una escalada de intervencionismo que desconoce el derecho inalienable de los pueblos a forjar su destino político, económico y social, libre de toda coerción y amenaza externa.

Ante esta grave coyuntura, el Comité Directivo de CLACSO reafirma el derecho de Venezuela, conforme al derecho internacional, a salvaguardar su integridad territorial y la seguridad de su pueblo. Al mismo tiempo, expresa su profunda preocupación por la situación de las autoridades venezolanas, de la población civil y solicita de manera urgente al gobierno de los Estados Unidos que cese las acciones militares, aclare su situación y garantice su bienestar.

Hacemos un llamado a la comunidad académica, a las redes intelectuales y a los movimientos sociales de todo el mundo para articular una respuesta colectiva de solidaridad, basada en la denuncia crítica y la movilización coordinada, con el fin de detener la agresión y reivindicar el marco del derecho internacional.

Finalmente, instamos a los estados y organismos multilaterales a asumir un papel firme en defensa de la paz y en rechazo a la intervención, promoviendo en todos los foros las acciones necesarias para asegurar la responsabilidad ante este acto de fuerza.

La historia de Nuestra América está marcada por luchas contra la dominación extranjera. Hoy, como ayer, la respuesta debe ser la unidad en la diversidad, la firmeza en la defensa de la soberanía y la movilización consciente de las fuerzas democráticas y populares. La paz con justicia y dignidad solo será posible con el pleno respeto a la voluntad de los pueblos.

Comité Directivo de CLACSO
3 de enero de 2026

Piratería en el siglo XXI: Estados Unidos asalta Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Conocí las historias de piratas en los dibujos animados y en los cómics de los años setenta, cuando era un niño. Eran aventuras de otros tiempos, antiguas casi míticas, basadas —decíamos— en hechos reales, pero completamente ajenas a la realidad que vivíamos entonces, marcada por la cruel dictadura militar de Pinochet. A diferencia de los militares, los piratas de barbas largas, cicatrices en el rostro, un ojo perdido, piernas de madera; hombres de mar armados con espadas y pistolas de una sola bala, bebedores de ron, eran asaltantes de barcos mercantes y de turistas, no de sus pueblos. Todo eso pertenecía al imaginario del pasado, a la fantasía infantil, a las películas y a los cómics. Jamás pensamos que esa historia volvería a escribirse en el presente.

La piratería del siglo XXI: de interceptar barcos a bombardear capitales

Sin embargo, comenzando el año 2026, Estados Unidos ya se ha encargado de demostrar lo contrario. Aquella práctica que creíamos sepultada en los libros de historia ha sido reactivada en pleno siglo XXI, esta vez en el Caribe y en territorio continental, con una intervención militar directa contra Venezuela que marca una escalada sin precedentes en las relaciones hemisféricas.

Lo que empezó como un creciente despliegue naval en la región y operaciones destinadas a interceptar embarcaciones vinculadas al comercio petrolero venezolano —a las que Washington calificó de combate al “narcotráfico”— culminó, la madrugada del 3 de enero de 2026, con ataques aéreos y terrestres sobre múltiples localidades venezolanas, incluidas la capital Caracas, Fuerte Tiuna y otras instalaciones estratégicas.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses realizaron un “ataque de gran escala”, tras el cual capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron fuera del país para ser enjuiciados por cargos como narcoterrorismo y conspiración criminal según autoridades de Washington.

¿Piratería o intervención “legítima”? El relato de Washington

Desde la narrativa oficial estadounidense, la operación tiene dos justificaciones principales:

  1. La lucha contra el “narco-Estado” venezolano, que según Washington está profundamente implicado en el tráfico de drogas y actividades criminales transnacionales.
  2. La detención y enjuiciamiento de Maduro, presentándolo como un líder criminal cuya captura y traslado a juicio sería una victoria de la justicia internacional.

Trump y altos funcionarios de su gobierno han defendido que la operación fue cuidadosamente planificada y ejecutada con precisión, incluyendo la participación de unidades especiales, y que Maduro y su esposa enfrentarán procesos legales en Estados Unidos.

La otra cara: soberanía, violación del derecho internacional y rechazo global

El propio gobierno venezolano ha catalogado la operación como una “agresión militar” y una violación flagrante de la soberanía nacional y del derecho internacional, señalando que no existe mandato internacional, resolución de la ONU ni declaración de guerra que legitime la acción estadounidense.

La respuesta diplomática y política internacional ha sido inmediata y polarizada:

  • México, entre otros países latinoamericanos, ha condenado enérgicamente la intervención, calificándola de violación del principio de no intervención consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.
  • Colombia ha movilizado fuerzas en su frontera por temor a una crisis humanitaria, y su presidente ha demandado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.
  • Estados europeos como España han llamado a la desescalada, mientras que Rusia, Cuba e Irán han denunciado la acción como una violación del derecho internacional y un acto de “estado terrorista”.

De la “piratería marítima” a la intervención continental.

Lo que comenzó como una escalada de presión en el mar —con interceptaciones de embarcaciones petroleras y sanciones económicas— ha desembocado en una intervención militar sobre un Estado soberano con la captura de su jefe de Estado. Este salto cualitativo no se limita a un episodio más de coerción económica; representa una redefinición del ejercicio del poder estadounidense en la región, donde la fuerza se usa no sólo para bloquear y saquear recursos, sino para sustituir gobiernos.

Si en el pasado las acusaciones de “narco-Estado” y los bloqueos económicos eran las coartadas para presionar a Caracas, hoy esa narrativa se usa para justificar bombardeos y operaciones especiales que culminan en lo que muchos analistas describen como un secuestro de facto de un jefe de Estado extranjero.

Piratería moderna: qué significa realmente

La historia que creímos enterrada no solo ha regresado: ha vuelto con bombarderos, fuerzas especiales y discursos moralizantes, pero con un objetivo que no difiere en esencia del de los viejos piratas: la apropiación de riqueza ajena bajo la máscara de una misión noble.

Cuando la potencia más poderosa del mundo decide quién es criminal, quién debe ser capturado, y cuánto vale su libertad, fuera de cualquier mecanismo multilateral, el derecho internacional deja de ser una norma común y se transforma en una herramienta al servicio del más fuerte.

Esa es, hoy, la piratería moderna: no espadas ni garfios, sino bombas, drones y portaaviones, con jurisdicciones salteadas y soberanías pisoteadas, en pleno corazón del Caribe. Y atención, conocemos bien esta historia, sabemos cómo actúa Estados Unidos cuando decide que sus intereses están por sobre los demás. No sólo Venezuela está en peligro, hoy toda la región se puede convertir en objetivo del saqueo de estos piratas neoliberales y globalizados.

Fuentes

https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/1/3/tras-intervencion-militar-en-venezuela-mexico-condena-rechaza-energicamente-captura-de-maduro-365762.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.cbsnews.com/live-updates/venezuela-us-military-strikes-maduro-trump/?utm_source=chatgpt.com

https://elpais.com/internacional/2026-01-03/ultima-hora-de-las-explosiones-en-venezuela-en-directo.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/1/3/live-loud-noises-heard-in-venezuelas-capital-amid-us-tensions?utm_source=chatgpt.com

https://www.reuters.com/world/americas/loud-noises-heard-venezuela-capital-southern-area-without-electricity-2026-01-03

Llamamiento del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por la paz, la defensa de los pueblos y su derecho a la autodeterminación

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Los y las invitamos a sumar su firma y a difundir este llamado:

En un momento de grave amenaza para la paz y la soberanía de nuestra América, nos hacemos eco del urgente Llamamiento por la Paz y la Unidad impulsado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Frente al despliegue militar por parte del gobierno de Donald Trump en el Caribe, las acciones que violan el derecho internacional y la intención de revivir una lógica colonial en la región, el llamado es claro: defender la autodeterminación de los pueblos, exigir el respeto a la Carta de la ONU y movilizarnos para que nuestra región siga siendo un territorio de paz.

¡Por una América Latina en Paz y soberana!

Puede firmar aquí:

Español: https://forms.gle/JwtWC1UpkLhWo8Cg6

English: https://forms.gle/frqbfJb2eoRQXPvb7

Français: https://forms.gle/kceY61bJypTD52JK6

Italiano: https://forms.gle/qoAHeoQsHL9jrgne8

Portugués: https://forms.gle/mC5WJt3ebf7RMY2SA

Ante la escalada de injerencia y militarización contra Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Asociación Latinoamericana de Sociología

La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), expresa su profunda preocupación y su enérgica condena frente a la escalada de acciones de injerencia, coerción política, económica y militar impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y, por extensión, contra otras naciones de América Latina y el Caribe.

Las recientes declaraciones oficiales del presidente Donald Trump y de altas autoridades estadounidenses, el incremento del despliegue militar en el Caribe, los ataques armados en aguas internacionales bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”, así como el anuncio de un bloqueo naval a los petroleros que entran y salen de Venezuela, constituyen hechos de extrema gravedad. Estas acciones vulneran de manera flagrante el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios básicos de convivencia pacífica entre los Estados.

No estamos frente a hechos aislados ni respuestas coyunturales. Se trata, más bien, de una estrategia más amplia de recomposición del poder estadounidense en un contexto de crisis de hegemonía global, tensiones internas no resueltas, disputas geopolíticas crecientes y profundización de la crisis energética y climática. En este marco, Venezuela vuelve a ocupar un lugar central como territorio estratégico por sus vastas reservas de petróleo y otros bienes comunes, cuya apropiación y control resultan funcionales a los intereses del capital fósil, de las corporaciones transnacionales y de una política exterior que recurre crecientemente a la coerción y la militarización.

Resulta especialmente alarmante que representantes del gobierno estadounidense hayan afirmado, de manera explícita, que Venezuela debería “devolver” a los Estados Unidos su petróleo, tierras y otros activos estratégicos. Tales declaraciones revelan sin ambigüedades una pretensión colonial inadmisible, orientada a la apropiación de los bienes comunes y recursos naturales de un país soberano, y desconocen el derecho inalienable de los pueblos a decidir libremente sobre sus riquezas, su territorio y su modelo de desarrollo.

Desde América Latina y el Caribe, región marcada históricamente por intervenciones militares, golpes de Estado, bloqueos económicos, sanciones unilaterales y múltiples formas de dominación imperial, rechazamos de manera categórica cualquier intento de imponer cambios de gobierno, condicionar decisiones internas o someter a nuestros pueblos mediante la fuerza militar, el chantaje económico o la amenaza permanente de violencia.

El petróleo, el gas, los minerales, la biodiversidad y el conjunto de los bienes comunes de Venezuela pertenece legítimamente a su pueblo. Ninguna potencia extranjera tiene derecho a declararlos “propios”, ni a utilizar su superioridad militar, financiera o tecnológica para expoliarlos en beneficio de corporaciones transnacionales o de intereses geopolíticos ajenos a la voluntad popular y al bienestar colectivo.

Advertimos que un bloqueo naval, así como los ataques armados o amenazas de uso de la fuerza, constituyen actos de guerra que ponen en serio riesgo la paz regional, la estabilidad política de América Latina y el Caribe, y las condiciones de vida de millones de personas. La profundización de la militarización solo puede conducir a escenarios de mayor sufrimiento social, desestabilización y conflicto, en una región que necesita cooperación solidaria, diálogo político y soluciones pacíficas a sus problemas estructurales.

Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con todos los pueblos de Nuestra América que enfrentan políticas de injerencia, sanciones, despojo y saqueo de sus recursos. América Latina no es ni será el ‘patio trasero’ de ninguna potencia. Es una región de pueblos dignos, con derecho a la soberanía, la autodeterminación, la paz y la defensa colectiva de sus bienes comunes.

Desde Nuestra América, levantamos la voz con firmeza para afirmar: no a la guerra, no al saqueo de nuestros recursos, no a las políticas injerencistas y al imperialismo en cualquiera de sus formas.

Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología
18 de diciembre de 2025

Recurso de amparo cuestiona concesión de la Terminal de Contenedores de Moín por falta de consulta a comunidades afrodescendientes

Escrito en . Publicado en Caribe.

El ciudadano Marco Levy Virgo presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en el que denuncia la omisión del Estado costarricense de aplicar estándares internacionales de protección a los pueblos tribales afrodescendientes, en relación con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a la empresa APM Terminals.

En el escrito, Levy sostiene que la concesión fue otorgada sin consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades afrodescendientes de Limón, a pesar de que estas mantienen una identidad colectiva, modos de vida tradicionales y un vínculo histórico con su territorio, características que —según el recurso— las configuran como pueblo tribal conforme a los estándares interamericanos.

El documento detalla que la entrada en operación de la TCM ha generado impactos sociales y económicos profundos, entre ellos el desplazamiento laboral de mano de obra afrodescendiente, el cierre de operaciones de empresas privadas como Standard Fruit Company (Dole) y Chiquita Brands, y la reducción de actividades en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Estos procesos, afirma el recurso, agravaron el desempleo, la pobreza y las tensiones sociales en una región históricamente vulnerable.

Asimismo, se señala la afectación a actividades tradicionales como el turismo comunitario y la pesca artesanal, así como al tejido social ancestral de comunidades de Moín y zonas aledañas, sin que se hayan implementado medidas efectivas de mitigación o compensación.

El recurso argumenta que la ausencia de consulta no constituye una omisión formal, sino una violación estructural y sistemática de derechos colectivos, que perpetúa la discriminación contra la población afrodescendiente. En respaldo de esta afirmación, se citan instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido el derecho a la consulta de pueblos tribales afrodescendientes en proyectos de gran impacto.

El escrito también cuestiona lo que califica como una aplicación selectiva de los mecanismos interamericanos por parte del Estado costarricense, al recordar que el país sí solicitó una opinión consultiva a la Corte IDH en otros temas de derechos humanos, mientras no ha hecho lo mismo frente a los impactos del proyecto portuario en Limón.

Finalmente, el recurso solicita a la Sala Constitucional que declare la violación de los derechos fundamentales invocados, que se anulen los efectos lesivos de la concesión en lo que respecta a las comunidades afectadas y que se ordenen medidas de reparación integral, incluyendo la realización de una consulta adecuada y la compensación por los daños ya causados.

Contexto y antecedentes

La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín y sus impactos sociales, laborales y territoriales han sido abordados en diversas notas publicadas previamente en SURCOS, donde se ha documentado la situación histórica de exclusión que enfrenta la población afrodescendiente del Caribe, el debilitamiento de la institucionalidad pública portuaria y las transformaciones económicas que ha vivido la provincia de Limón en las últimas décadas.

En esos antecedentes se ha señalado la ausencia de procesos de consulta y participación efectiva de las comunidades afectadas, así como la persistencia de brechas estructurales en empleo, acceso a derechos y reconocimiento cultural. El recurso presentado ante la Sala Constitucional se inscribe en este marco más amplio de disputas por justicia social, derechos colectivos y reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, temas que han sido objeto de seguimiento informativo constante por parte de SURCOS.

Puede consultarse este enlace para una visión histórica del tema:

Portada

Un TLC manchado de sangre

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Luis Fernando Astorga Gatjens

El día lunes, 8 de diciembre del año en curso, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica Manuel Tovar firmó en Tel Aviv, un tratado de comercio exterior con el Estado genocida de Israel.

Mientras el gobierno de Rodrigo Chaves desarrollaba con las autoridades israelíes el proceso de negociaciones de este tratado, el gobierno de ese país, encabezado por Benjamín Netanyahu, sin compasión alguna, masacraba con distinto tipo de artillería a la población civil de Gaza.

Distintos medios y cadenas de comunicación han indicado que esta es la «guerra» más televisada del mundo, ya que se podían ver las imágenes en vivo de edificios y casas que se destruían marcadas por densas nubes de humo, polvo y fuego. También se veían personas, niños, mujeres, ancianos moviéndose sin rumbo cierto ante el horror de que una bomba o disparo les cegara la vida. El fuego inclemente de la aviación y la artillería israelí destruía hospitales y escuelas, sin importar quien estaba adentro. El pretexto más utilizado es que ahí habría combatientes de Hamas. Pero realmente lo que ha habido en Gaza no ha sido una guerra sino un genocidio deliberado y minuciosamente planificado.

Hoy, cuando Gaza todavía padece la incertidumbre de un dudoso alto al fuego, se ven los terribles resultados de las acciones genocidas del gobierno de Netanyahu y de su ejército: Más de 70.000 muertos de la población civil. Mujeres, ancianos y alrededor de 20.000 niños masacrados. Y, según Naciones Unidas, el 92 % de las viviendas en Gaza están destruidas y más de medio millón de personas están en riesgo de hambruna.

No por casualidad, la Comisión Internacional Independiente sobre los territorios palestinos ocupados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó recientemente que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, al mismo tiempo que ha demandado a Israel «a cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para poner fin a tal atrocidad y castigar a los responsables».

La comisión de la ONU sustenta la acusación del genocidio israelí en que este Estado ha cumplido cuatro de los cinco actos que configuran el carácter genocida de un Estado. «Al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas» definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, concluyó el informe de la comisión especializada de la ONU que ha investigado lo ocurrido desde el 7 de octubre de 2023 en ese territorio palestino asediado.

Mientras tanto la República de Sudáfrica inició el 29 de diciembre de 2023, un proceso contra el Estado de Israel, conocido oficialmente como Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel). Este proceso se refiere a violaciones por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el derecho internacional en relación con los palestinos de la Franja de Gaza. La presentación de Sudáfrica coloca los cargos en lo que describe como «el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus setenta y cinco años de apartheid, sus cincuenta y seis años de ocupación beligerante del territorio palestino y su bloqueo de Gaza de dieciséis años».

La población civil gazatí ahora son las víctimas de un verdadero holocausto perpetrado por un Estado encabezado por un nuevo Hitler, el genocida Netanyahu.

Todavía no hace mucho tiempo el Estado costarricense brillaba en Naciones Unidas y otros escenarios internacionales, como un país pequeño, pero con un fuerte liderazgo en materia de derechos humanos. Hoy, especialmente, a raíz de las políticas de la administración Chaves Robles, se ha erosionado significativamente ese prestigio.

En el presente, la política exterior de Costa Rica tiene como epicentro Washington y no San José. Se siguen los dictados de Trump y de Marco Rubio. Cero independencia. Cero autonomía. Cero dignidad.

Porque si realmente hubiera dignidad en este gobierno no se estaría suscribiendo un TLC con Israel, sino que se hubiese seguido el camino de Colombia que a raíz de la actuación de Israel en Gaza, rompió relaciones con ese Estado genocida.

Ahora cabe esperar que el respeto de los derechos humanos y la dignidad prevalezcan en la Asamblea Legislativa para evitar que este tratado lleno de sangre e ignominia sea ratificado.

(8 de diciembre, 2025)

¿Paz u ocupación? La resolución 2803 y el colapso moral de la ONU

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Juan Carlos Cruz-Barrientos
Comunicador social

La resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU no es un plan de paz: es un plan de ocupación con traje diplomático. Redactado en Washington, aprobado en Nueva York y ejecutado en Gaza, este proyecto no busca la justicia ni la autodeterminación palestina. Busca administrar el genocidio, desarmar la resistencia, consolidar la ocupación bajo logos internacionales y desmovilizar la solidaridad internacional.

Diplomacia o complicidad

Lo que se presenta como “alto el fuego” es, en palabras de Francesca Albanese, una mentira. Mientras las élites internacionales sonríen en Nueva York, los palestinos siguen muriendo bajo fuego israelí. ¿De verdad llaman a esto paz?

La “Junta de Paz” propuesta en el plan, dirigida por Estados Unidos, y la fuerza internacional que la acompaña, tienen un mandato claro: desarmar a la resistencia palestina. Es decir, desarmar al pueblo ocupado para que la ocupación pueda consolidarse sin obstáculos.

Lo que denuncia la Resistencia Palestina

Las organizaciones de la resistencia —Hamás, Yihad Islámica, Al-Muyahidín y otras— han sido claras: el plan separa Gaza de Cisjordania, fragmentando el proyecto nacional palestino; impone una tutela internacional sin consentimiento popular, violando principios básicos del derecho internacional; convierte a la fuerza internacional en brazo operativo de la ocupación, con funciones de vigilancia y represión y pretende desarmar a quienes tienen el derecho legítimo a resistir, reconocido por convenciones internacionales.

La hipocresía occidental en su máxima expresión

Alemania acaba de levantar las restricciones para vender armas a Israel. ¿La excusa? “El alto el fuego está estable”. Pero Albanese insiste: el genocidio no ha terminado. Y mientras tanto, líderes israelíes siguen siendo recibidos con honores en foros internacionales. Como si miles de niños asesinados fueran daño colateral diplomático.

La autoridad moral de la ONU está en coma. El plan no menciona: el fin del apartheid, el desmantelamiento de los asentamientos ilegales ni la autodeterminación palestina.

No exige justicia, no exige responsabilidades, no exige nada que incomode al ocupante. Es el apartheid versionado como “paz”.

Europa: escolta moral, negocios primero

La Unión Europea acompaña el discurso humanitario, pero no rompe lazos comerciales ni diplomáticos. Albanese lo dijo: si los estados no rompen lazos con Israel, están alimentando serpientes en su propio pecho. Y vaya si las están alimentando.

Lo que queda: la presión desde abajo

Lo único que ha movido algo estos meses ha sido la gente en la calle: los sindicatos, los colectivos, los juristas y las universidades.

El boicot. La solidaridad activa. La presión desde abajo. Eso que Albanese señala como la última línea de defensa de un orden internacional que se derrumba.

Esto no va solo de Palestina

Va de decidir si aceptamos un mundo donde la ocupación se llama paz, la resistencia se llama terrorismo y el genocidio se administra con logos de Naciones Unidas. En palabras de Francesca Albanese, la pastilla roja ya fue tomada. No hay vuelta atrás.

Fuentes:

La Base 6×44 | La ONU adopta la «paz de Trump»

https://www.eldiario.es/internacional/francesca-albanese-llaman-alto-fuego-palestinos-siguen-muriendo-fuego-israeli_128_12763502.html

Organizaciones canadienses llaman al gobierno de Canadá a actuar ante ataques ilegales de EE. UU. en América Latina y el Caribe

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Dos importantes redes de la sociedad civil canadiense —el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) y la Coalición Common Frontiers— remitieron una carta oficial a tres altas autoridades del Gobierno de Canadá:

  • Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores

  • Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional

  • David J. McGuinty, ministro de Defensa Nacional

La comunicación, fechada 13 de noviembre de 2025, expresa una grave alarma ante lo que describen como una escalada de ataques aéreos ilegales y letales realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles en Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, República Dominicana y México.

Señalan ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional

Las organizaciones destacan que, entre septiembre y principios de noviembre de 2025, se han documentado al menos 19 bombardeos, con decenas de víctimas civiles. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otros expertos coinciden en que estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales y contravienen normas esenciales del derecho internacional.

Además, subrayan su preocupación por la ampliación de facultades del Gobierno de EE. UU. para el uso de fuerza letal contra supuestos “narcoterroristas”, sin pruebas ni controles, lo cual incrementa el riesgo de abusos y de un trato militarizado de la región.

¿Puede Canadá estar siendo cómplice?

El comunicado cuestiona el rol canadiense en la Operación CARIBBE, mediante la cual buques y aeronaves de Canadá suministran información de vigilancia a EE. UU. para sus operaciones marítimas. Argumentan que, dada la conducta actual del Gobierno estadounidense, esta colaboración podría implicar complicidad involuntaria en acciones ilegales.

Asimismo, advierten que tecnología militar canadiense pudo haber sido utilizada en al menos dos ataques recientes, según investigaciones de Project Ploughshares. Se señala también una laguna normativa que permite transferir equipo militar a EE. UU. sin los controles de exportación requeridos por el Tratado sobre el Comercio de Armas.

La región se pronuncia: la paz está en riesgo

El documento recoge reacciones de jefas y jefes de Estado de México, Brasil y Colombia, quienes han manifestado públicamente su rechazo a la posibilidad de una intervención militar estadounidense directa en la región. También recuerdan la vigencia de la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por CELAC en 2014.

Las solicitudes concretas

GOPA y Common Frontiers piden al Gobierno de Canadá:

  1. Condenar públicamente los ataques ilegales de EE. UU. y exigir su cese inmediato.

  2. Promover la paz y la seguridad regional, apoyando esfuerzos internacionales que presionen por respeto a la soberanía y al estado de derecho.

  3. Suspender la participación de Canadá en la Operación CARIBBE, para evitar riesgo de complicidad en ejecuciones extrajudiciales.

  4. Cerrar lagunas regulatorias que permiten exportar armas a EE. UU. sin controles de derechos humanos, en cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La carta concluye expresando disposición a dialogar directamente con las autoridades canadienses.

Descargue el documento original

El texto íntegro del pronunciamiento, con todas sus fuentes y referencias, puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Organizaciones-canadienses-llamada-a-accion.pdf

Encuentro internacional de juristas concluye con llamado a defender el derecho internacional y la paz en el Caribe

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

SURCOS – Más de cien juristas provenientes de 35 países se reunieron en Caracas los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en el Encuentro Internacional de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, un espacio convocado para analizar la creciente escalada militar en el Caribe y las amenazas a la soberanía de los pueblos de América Latina.

El programa de trabajo incluyó conferencias magistrales, actos culturales, paneles internacionales y sesiones plenarias, con la participación de figuras del ámbito jurídico, académico y diplomático. La agenda se centró en el estudio de la legalidad internacional, las operaciones militares unilaterales en la región, la defensa de la soberanía y la necesidad del multilateralismo para preservar la paz.

Al cierre de la actividad, las personas participantes aprobaron la siguiente Declaración Internacional, cuyo texto íntegro se presenta a continuación.

Declaración Internacional – Conclusiones del Encuentro

(Transcripción textual del documento oficial)

Las y los más de cien juristas reunidos en Caracas, los días 13 y 14 de noviembre del 2025, pertenecientes a 35 países del mundo, luego de un fructífero debate e intercambio, expresamos la siguientes conclusiones y propuestas:

  1. Condenar de manera categórica toda forma de injerencia, coerción, medidas coercitivas unilaterales o agresión que vulnere la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

  2. Exigir el respeto irrestricto del Derecho Internacional, los tratados bilaterales y multilaterales, y las Cartas de Naciones Unidas como única vía para la resolución pacífica de las controversias.

  3. Convocar a la comunidad de juristas de nuestros países y de todos los que integran las Naciones Unidas a vigilar y denunciar ante las instancias correspondientes las violaciones al Derecho Internacional que pongan en peligro la estabilidad del Caribe y del mundo.

  4. Expresar la debida preocupación y rechazo frente a las recientes ejecuciones extrajudiciales fuera de todo ámbito de derechos que han ocurrido en el mar Caribe por acción unilateral de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, que resultan, en todo sentido y en todas sus partes, violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional.

  5. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a cesar sus operaciones militares en el mar Caribe y las amenazas contra la región de América Latina.

  6. Conformar una liga amplia de juristas en defensa del Derecho Internacional, con la finalidad de evaluar los medios necesarios para presentar formalmente una denuncia ante instancias internacionales competentes por la amenaza de los Estados Unidos de América en el Caribe.

  7. Reactivar con fuerza el multilateralismo regional por las graves amenazas en el Caribe por parte de los Estados Unidos, así como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que cumpla con la proclama de enero de 2014, en la que se declara la región como zona de paz.

  8. Exigir a los gobiernos del mundo asumir una posición clara y de condena ante la violación del Derecho Internacional y la escalada de violencia imperial contra la República Bolivariana de Venezuela y la región.

  9. Organizar actividades de sensibilización y debates públicos sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe.

  10. Ratificar ante el mundo que la paz duradera solo puede construirse sobre cimientos de justicia social, equidad y respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.

14 de noviembre de 2025, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.