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Etiqueta: derecho internacional

La insoportable levedad del derecho internacional

Walter Antillón

  • Lo que sigue es sólo un primer esbozo que me he permitido hacer, para explicar y explicarme los sucesos que venimos padeciendo en el campo de las relaciones internacionales. Como no cultivo especialmente la materia, ignoro si las ideas expuestas son sólo una mala repetición de cosas archi-discutidas por los estudiosos, ya refutadas y olvidadas. Quiero correr ese riesgo porque, como dicen, ‘la ignorancia es atrevida’; y porque estimo que se trata de un tema que todo ciudadano debe abordar con los recursos, pocos o muchos, de que disponga.
  • Para empezar, veo el Derecho Internacional Público como una forma de experiencia jurídica que, por debajo de las declaraciones retóricas de los tratados, continúa dominada por una actitud depredadora que es básicamente la misma desde el Neolítico hasta la Postmodernidad, desde el caudillo cavernícola hasta los ‘emprendedores’ transnacionales de hoy; una perspectiva en la que ‘el otro’, ‘el extraño’ (el samnita o el galo para los romanos; el indio o el negro para los europeos; el subdesarrollado para el G-7) es visto como presa: un objeto, al igual que las tierras y las riquezas que lo rodean. El Derecho Internacional no prospera, ni como doctrina ni como institución, porque sus soluciones han sido pensadas a conveniencia del depredador: la llave de la justicia internacional ha estado siempre, o ha terminado por caer en manos del lobo, sin que al final se imponga la razón de las ovejas.
  • Y es por eso que, a mi modesto entender, el ‘Derecho Internacional Público’ ha sido, hasta ahora, no un instrumento para la prosperidad y la paz entre los pueblos, sino una disciplina con la que desde el inicio de la Edad Moderna se ha tratado de regular los precarios equilibrios de las relaciones entre las clases gobernantes de los diferentes Estados. Desde el Tratado de Westfalia de 1648, que fue un convenio entre reyes, hasta los modernos TLC impulsados por los Estados Unidos (que son a su vez, en el mejor de los casos, convenios entre empresarios avalados por los gobiernos a costa de los recursos humanos y materiales de los pueblos); han prevalecido y todavía prevalecen los intereses privilegiados por las cúpulas gobernantes, y la voluntad y los intereses populares han brillado por su ausencia.
  • Este déficit constante de democracia en el campo internacional explicaría, según la tesis que adelante expondré, la debilidad crónica de las instituciones jurídicas internacionales (convenios, estatutos, organizaciones de distintos tamaños) fatalmente pisoteadas por las grandes potencias cuando obstaculizan sus intereses.
  • El flamante Derecho Internacional jusnaturalista y jusracionalista (Vitoria, Grocio) no impidió en su momento (al contrario, lo justificó en algunos casos) el ilícito reparto colonialista del Mundo por parte de las monarquías europeas (primero España y Portugal, luego las otras); ni posteriormente las agresiones anglosajonas, holandesas y francesas a la India, al Imperio Chino, a los reinos de Indochina, al Japón, etc.; ni la ocupación norteamericana de México, Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas; ni el despojo de las regiones petroleras del Oriente Medio a través de los ‘protectorados’ de Inglaterra y Francia. Ni la sangrienta violación de las normas de Naciones Unidas por parte de los gobiernos de Bush, Blair y Aznar. Ayer y hoy, los principios proclamados por el Derecho Internacional han sido sistemáticamente sobrepujados por la fuerza, que dice la última palabra.
  • ¿En qué clase de mundo vivimos, para que las cosas sean así? La explicación que propongo como respuesta no es original, sino que ha sido repetida desde hace años por muchas personas; pero creo que es válida y merece que se la tome en cuenta en un momento particularmente desalentador como el que vivimos. Dicha explicación pasa por el examen de ciertas etapas de la Historia política y económica de la Humanidad, así como por las desafortunadas peripecias de la aplicación del Derecho Internacional a los conflictos que han involucrado a las potencias, todo lo cual intentaré resumir en lo que sigue, para concluir con algunas observaciones que someto a la consideración de los estudiosos.

PARTE I. LA ECONOMÍA

  • Evolución de la empresa de negocios: del colonialismo a la globalización: emergencia de los verdaderos sujetos del Derecho Internacional postmoderno.
  • La colonización de regiones lejanas descubiertas por los europeos a partir del Siglo XV, en el caso de las primeras iniciativas (debidas a las coronas española y portuguesa), fue acometida por los propios Estados; después, las acciones colonizadoras fueron llevadas a cabo por ciertos entes públicos descentralizados que eran las famosas Compañías de las Indias Orientales y de las Indias Occidentales, en los Siglos XVI y XVII. Pero en el ínterin se va desarrollando más y más la empresa de negocios de capital privado, en la forma inicial de manufacturas y sociedades mercantiles; empresa que va a recibir un impulso definitivo en el Siglo XIX con la revolución industrial y con el Liberalismo surgido después de la Revolución Francesa. Todo lo cual conduce al nuevo colonialismo que busca las materias primas baratas, y cuyos protagonistas van a ser, en el Siglo XIX, principalmente Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda, y posteriormente Rusia, Estados Unidos, Alemania e Italia.
  • Aparentemente se trataría de actividades colonizadoras de los Estados, pero lo cierto es que las mismas responden a los intereses de los grandes banqueros, comerciantes e industriales de dichos Estados, en su dura competencia por acceder a las materias primas que se encontraban precisamente en los países colonizados. En esa forma se procede a la ocupación y explotación de gran parte de Asia, África, Oceanía y la región del Caribe no dependiente de España, por parte de Inglaterra, Holanda, Francia y Bélgica, dándose entonces un proceso de creciente interpenetración entre política y economía, es decir, entre las cúpulas gobernantes y las cúpulas empresariales; y de manipulación del aparato estatal para la consecución de objetivos económicos.
  • Por lo demás, se trata de un estilo que muy pronto fue adoptado dentro del mundo capitalista, tanto del centro como de la periferia. Porque, en efecto, la historia del mundo occidental en el último siglo y medio nos muestra cada vez más frecuentemente la concurrencia, en la persona del gobernante, de su titularidad política con su posición en el mundo de los negocios; y la utilización del poder político que como funcionario le compete, en beneficio de los grupos económicos allegados o afines.
  • Como bien lo expresa el Profesor Lelio Basso: en aquel momento histórico del Estado liberal, ‘…no obstante las doctrinas del‘laisssez faire, laissez passer’, o de la ‘free enterprise’, el Estado siempre intervino en el desarrollo de la economía nacional, empleando en los primeros tiempos el arma aduanal (…), el arma fiscal, la creación de infraestructuras -ferrocarriles, carreteras, puentes-, los pedidos a las industrias, la política exterior (para imponer a otros países la apertura de sus fronteras), etc.” (‘El despertar de los pueblos’; Forlì, 1980, pág. 353).
  • (Sobre ello puede verse también, entre otros, Massimo Severo Giannini: ‘Derecho Público de la Economía’; Boloña, 1977).
  • Por otra parte, el desenvolvimiento que ha tenido el sistema capitalista a lo largo del Siglo XX; que ha condicionado un notable aumento de la producción económica y un desarrollo sin precedentes de la tecnología, así como también ha propiciado el crecimiento y la transnacionalización de un centenar de fortunas colosales, y la correlativa marginación de gran parte de la población mundial, a la vez ha fomentado, a la par de la globalización neoliberal, una cultura de exacerbado individualismo; y ha terminado por afectar profundamente la estructura, la función y el peso mismo de los Estados dentro de la comunidad mundial (ver: C. B. Macpherson: “La teoría política del individualismo posesivo”, Fontanella, Barcelona, 1970; Álvaro Montero Mejía: “La globalización contra los pueblos”, Juricentro, San José, 1998; Helio Gallardo: “Política y transformación social”, Tierra Nueva, Quito, 2000).

El caso de los Estados Unidos

  • Por razones propias de su historia y desarrollo interno y a pesar de su temprana vocación imperialista, los Estados Unidos llegan tarde al reparto colonial de Asia y África, que ya había sido efectuado por parte de las potencias europeas. Sus anexiones del territorio mexicano en 1846, y su guerra con la decadente España en 1898 les permitieron primero expandir enormemente sus fronteras, y después apropiarse de Puerto Rico y de las Islas Filipinas, y ejercer un dominio político en Cuba (la Enmienda Platt, la Base de Guantánamo). Tales fueron algunas de las condiciones, junto a episodios frecuentes de durísima represión de su propio pueblo, para lograr las colosales dimensiones de su desarrollo interno, que los lleva, ya a fines de la Primera Guerra Mundial, al rango de gran potencia; y a fines de la Segunda, a ser la primera economía del Mundo. Y este engrandecimiento se completa cuando, a fines del Siglo XX, se derrumba la Unión Soviética y se desmorona el bloque de los países socialistas (acerca de todo esto véase, de Howard Zinn: La verdadera Historia de los Estados Unidos. Editorial Siete Cuentos, versión en Kindle, 2011).
  • Por otra parte, su designio de sujetar a los países del Tercer Mundo y, en particular, los de América Latina, bajo su poder e influencia no adoptó, de momento, las formas brutales del viejo colonialismo europeo, sino la de un proceso que mezcla puntuales acciones armadas, una paulatina penetración financiera por parte de sus empresas bancarias y de inversiones, para concluir en la actual situación de dependencia económica de dichos países; lo cual hace visible desde mediados del Siglo XX una creciente hegemonía política por su parte, consolidada principalmente por la vía del control financiero y de las inversiones de sus multinacionales. Se trata de aquella antes mencionada simbiosis entre política (el Gobierno USA) y economía (las grandes transnacionales) que constituye la forma postmoderna de ejercicio del poder: la nueva Razón de Estado. Sobre ello nos ilustra Lelio Basso:

“…Es en esta perspectiva en la que debe entenderse hoy el papel de las multinacionales. Hasta antes de la (Segunda) Guerra, el gran capital se ocupaba sobre todo de las relaciones con el poder político de su propio Estado. No faltaban, por cierto, formas imperialistas, pero el fenómeno de las sociedades multinacionales todavía no había alcanzado las proporciones macroscópicas de hoy. En el momento actual, es conforme a la lógica del sistema que las sociedades que operan en muchos países deban tratar de asegurarse el máximo de poder y de dominio sobre el gobierno de dichos Estados. En efecto, es obvio que cuando una transnacional invierte en otros países para el disfrute de materia prima, productos agrícolas, etc., sobre todo si invierte las enormes sumas que la tecnología moderna requiere, y construye instalaciones cuya reditualidad empezará después de muchos años, no puede no preocuparse, de acuerdo con la lógica de las ganancias, de contar con un gobierno que le asegure una estabilidad de condiciones en aquel país: mano de obra barata, sindicatos domesticados o inexistentes para impedir las huelgas u otras formas de lucha salarial, supresión o manejo de las elecciones para eliminar toda posibilidad de sorpresa o de cambio, libertad de transferencia de las ganancias y el máximo de tolerancia de los fraudes fiscales…” (Obra citada, pág. 354)

Los hechos recientes.

  • Después de conseguir la ruina económica y el desarme de un Irak bombardeado y vencido en la Guerra del Golfo de 1991, el gobierno USA, invocando la destrucción de las Torres Gemelas ocurrida el 11 de Setiembre de 2001, inicia una cruzada contra el terrorismo, que incluye una invasión armada contra los Talibanes que gobiernan Afganistán (para derrocar su gobierno, y capturar a Osama Bin Laden); y guerras preventivas contra una serie de Estados que conformarían lo que Bush llamó ‘el Eje del Mal’.

El ejército norteamericano captura en Afganistán a un gran número de jóvenes combatientes a quienes les atribuye ser talibanes o miembros de Al Quaeda, y los confina en la base militar de Guantánamo, sometiéndolos a fuertes apremios y vejámenes, y negándoles la condición de prisioneros de guerra y los derechos inherentes a dicha condición.

En el 2002 el gobierno USA acusa a Sadam Husein de desarrollar y poseer armas de destrucción masiva, de tiranizar a su pueblo, de conformar ‘el Eje del Mal’, al lado de otros regímenes, y de complicidad con Al Quaeda en la destrucción de las Torres Gemelas.

En 2002 el gobierno Bush inicia una ofensiva diplomática para inducir a los miembros de la ONU a acompañarlo en una guerra ‘preventiva’ contra Sadam, a fin de derrocarlo, eliminar su foco terrorista y restablecer la democracia en Irak. Para conseguir votos, presiona y chantajea a muchos Estados pobres de Europa y el Tercer Mundo.

Con excepción de algunos gobiernos, la abrumadora mayoría de los miembros de la ONU desaprueba la propuesta de Bush; Francia, Rusia y China amenazan con el veto en el Consejo de Seguridad; y prácticamente la totalidad de los pueblos de la tierra, incluyendo al norteamericano, se vuelcan en manifestaciones masivas de rechazo a las pretensiones del gobierno USA.

La pandilla de Bush (Rundfeld, Condoleeza, Powell, etc., y el propio Presidente) se mofa de Francia y de Alemania, y de Europa en general; satiriza a la ONU, y con el apoyo del Reino Unido y España, declara que invadirán Irak de todas maneras, a fin de derrocar a Husein, tomar su armamento de destrucción masiva y establecer la democracia en el país.

En efecto, en ejecución de lo anunciado, los ejércitos norteamericano e inglés bombardean e invaden Irak, ocupando militarmente todo su territorio y estableciendo un gobierno y una administración bajo el mando norteamericano.

Bush y su grupo declaran la intención de que su ejército permanezca en Irak todo el tiempo que juzguen necesario; y adjudican las más importantes obras de reconstrucción entre una serie de multinacionales afines a su gobierno.

Con posterioridad a dicha ocupación, USA obtiene que la ONU apruebe colaborar en las tareas de reconstrucción y normalización. España, Italia, Polonia y otros países (entre los que se cuentan algunos latinoamericanos) enviaron pequeños contingentes de tropas con ese objetivo. Después vino el retiro de España y los cuantiosos esfuerzos por normalizar y pacificar Iraq, hasta ahora infructuosos, y con altísimos costos humanos y materiales. Pero Bush no quiere saber nada de retirarse de Iraq, a pesar de las presiones y las críticas que le llueven de todos lados. Antes bien, prepara nuevas acciones.

Porque en efecto, de nuevo, en estos momentos, los medios de comunicación nos informan diariamente acerca de la supuesta amenaza que constituye Irán para la paz mundial con sus programas de enriquecimiento de uranio; y han hecho coro tomando a Irán como un peligro para la Paz Mundial. Pues bien, los expertos apuntan que se trata de otra «muerte anunciada» en la cruzada de Bush contra el famoso «Eje del Mal»; esta vez con la participación activa de Israel.

  • Se nos dice (sostiene Wim Dierckxsens: En defensa de la Humanidad) que no se trata de una guerra con Irán, sino de una operación militar para el mantenimiento de la paz. Los informes de prensa, aunque revelan algunas características de la agenda militar, sirven en gran parte para distorsionar la naturaleza más amplia de la operación militar, que incluye el uso preventivo de armas nucleares tácticas. La desinformación mediática ha sido ampliamente utilizada para ocultar las devastadoras consecuencias de una acción militar que haga uso de ojivas nucleares contra Irán. El hecho que esos ataques quirúrgicos serían realizados utilizando tanto armas convencionales como nucleares, no forma parte de la discusión. Hacer el mundo más seguro es la justificación utilizada para una operación militar que podría conducir a un holocausto nuclear. El hecho que EU e Israel planifiquen un holocausto nuclear en Medio Oriente no forma parte de la agenda mediática contra la guerra (Chossudovsky, Guerra Nuclear contra Irán, www.rebelión.org. 10 de Enero de 2006: 2-4).
  • De nuevo está a prueba, con pronóstico muy reservado, la Organización de las Naciones Unidas. Los inspectores de su Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) que trabajan en Irán desde hace más de dos años en todos los lugares bajo sospecha no han detectado, hasta el momento, ninguna infracción (Ria Novosti, Argenpress 19/01/06). Los hechos muestran que no existe tal programa y no existe ninguna evidencia de lo contrario. La conclusión de Mohammed el-Baradei como jefe de la AIEA, es que Irán no tiene un programa de armas nucleares. Pero todo parece indicar que lo que tienen en mente los EE.UU. e Israel es prescindir del criterio de la AIEA , ya que la decisión de un ataque nuclear está tomada. El camino a la guerra no se podrá detener con hechos (Mike Whitney, “Why Iran will lead to World War 3”, globalresearch.ca19 de enero de 2006).
  • Hemos podido ver en estos días que varios países europeos han comenzado a redactar un proyecto de resolución en que le piden a la AIEA referir el caso de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU. El borrador de la resolución no llega a pedir que se le impongan sanciones a Irán, como quieren Estados Unidos y sus aliados: se limita a exhortar al Consejo a presionar a Irán para que «preste una cooperación total y rápida a la agencia» en su investigación de actividades nucleares sospechosas. Es posible que, en esos términos, lo aprobarán incluso Rusia y China.
  • Pero ¿será suficiente para Estados Unidos? ¿no viviremos de nuevo los bochornosos episodios que precedieron a la invasión de Iraq? Porque, según los expertos (citados por Dierckxsens), fuentes militares y de inteligencia están informando sobre varios hechos que indican que está en las fases finales un ataque militar norteamericano sobre instalaciones nucleares iraníes.
  • Estos hechos nos dan nuevo testimonio de aquella cruda realidad que venimos afirmando: en las altas esferas del poder, ahora, como en los tiempos de Luis XIV, los poderosos (aunque aduciendo en cada época diferentes argumentos) actúan impunemente por encima del Derecho Internacional.
  • PARTE II. LOS INSTRUMENTOS JURIDICO-PENALES DEL DERECHO INTERNACIONAL

Las represalias contra el vencido

Al terminar la Primera Guerra Mundial, los victoriosos franceses e ingleses se mostraron decididos a acusar y castigar al ex-Emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, por el crimen internacional de agresión bélica. A ello se opuso, entre otros, el célebre publicista profesor Vittorio Emanuele Orlando, entonces primer ministro de Italia, alegando precisamente que para el caso en cuestión no existía una norma jurídica anterior que previera el delito, ni la pena, ni el tribunal competente. Es decir, el Profesor Orlando invocando para el caso la aplicación de los principios de tipicidad (nullum crimen, nulla poena) y del juez natural, ponía en evidencia el déficit de tipo, de pena y de jurisdicción existente en el Mundo Occidental respecto de los ilícitos regios.

Y aunque los argumentos jurídico-penales del Profesor Orlando no prevalecieron, porque las potencias victoriosas se negaron de momento, rotundamente, a aplicar las garantías del derecho penal común al nivel de lo regio (todavía entonces, el único delito que un rey podía cometer era ser derrotado), lo cierto es que poco después, en el Tratado de Versalles, se incorporaron las primeras figuras delictuosas que podrían ser atribuidas a los jefes de Estado con ocasión de la guerra. Y así, el artículo 227 de dicho Tratado describe como delitos los actos que constituyan

“…ofensa suprema contra la moral internacional y la santidad de los tratados…”

El Protocolo de Ginebra de 1924 declara que

 “…las guerras de agresión constituyen un delito internacional…”

y en el Pacto Briand-Kellog firmado en Paris en 1928, todos los países europeos (Alemania incluida) condenaron el recurso de la guerra para la solución de los conflictos, y se comprometieron a utilizar para ello los medios pacíficos.

El proceso de Nuremberg y la normativa de la ONU

Pero está claro que tales descripciones, con ser tan genéricas, aunque preveían figuras de violación de tratados como las que después cometerían los gobiernos del Eje (Alemania, Italia y Japón), no podían cubrir los actos de salvajismo indescriptible perpetrados contra personas individuales, etnias y grupos políticos, por los nazis y los japoneses antes y en el curso de la Segunda Guerra Mundial.

En cuanto a la agresión bélica de un Estado contra otro, el acuerdo de Londres del 8 de Agosto de 1945, institutivo del Tribunal Internacional de Nuremberg, lo incluyó como un delito internacional entre los crímenes contra la paz, tipificándolo en su Artículo 6, en los siguientes términos:

Inciso a):

“…la planificación, la preparación o el desencadenamiento de una guerra de agresión, o de una guerra en violación de tratados internacionales, acuerdos o entendimientos, o bien la participación en un plan criminal común dirigido a perpetrar uno de los actos arriba mencionados…”

Inciso b):

“Violaciones de las leyes y de los usos de la guerra. Tales violaciones comprenden, pero no exclusivamente, el asesinato, los malos tratos y la deportación forzosa de trabajadores u otros elementos de la población de los países ocupados; el asesinato y los malos tratos a los prisioneros de guerra o a personas en el mar; el homicidio de rehenes; el saqueo de propiedades públicas y privadas, la destrucción injustificada de ciudades y villas; y las devastaciones no justificadas por necesidades militares…”

Inciso c):

“…Delitos contra la Humanidad: y precisamente asesinato, exterminio, reducción a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra; persecuciones por motivos religiosos, raciales o políticos en ejecución o en conexión con alguno de los delitos comprendidos en la jurisdicción del Tribunal, sean o no en violación de las leyes vigentes en el País en el que tales persecuciones tuvieron lugar…”

Sabemos que el proceso de Nuremberg, realizado por fiscales y jueces nombrados por las potencias victoriosas, se llevó a cabo en la ciudad de ese nombre, entre Setiembre de 1945 y Setiembre de 1946, contra veintidós personas, entre militares y políticos, que habían ocupado cargos importantes en el gobierno de Hitler. Tres de ellos fueron absueltos, cuatro recibieron penas de prisión entre diez y veinte años; otros tres recibieron cadena perpetua; y los restantes fueron condenados a morir en la horca.

La opinión mundial se dividió entre los que, esgrimiendo diferentes argumentos, aceptaban o rechazaban el proceso de Nurenberg. Podemos decir, en general, que los primeros se apoyaban en consideraciones de justicia material, mientras que los segundos invocaban conocidos principios de Derecho Penal liberal vigente en sus propios países, del tipo ‘nullum crimen, nulla pena’, etc., concluyendo que en el fondo se trataba de un acto de venganza, y no de justicia. A propósito, alguien dijo con toda lógica que si Alemania hubiera ganado la guerra, habría podido juzgar a los políticos y generales norteamericanos por los masivos bombardeos desencadenados sobre sus ciudades, sin ninguna consideración por la vida de los civiles, que murieron por centenares de miles. Trabada la contienda bélica, la crueldad sin límites estaba en ambos lados; la diferencia la puso el incalificable genocidio judío de parte de los nazis, que fue un verdadero exterminio de personas no beligerantes, simplemente por sus caracteres étnicos.

El Derecho Penal de la ONU y la delincuencia de las superpotencias.

Como era de esperar, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la revelación de sus horrores llevaron al concierto de los países del Mundo a la instauración de la Organización de las Naciones Unidas, en cuyo Estatuto se contienen principios y normas relacionadas con la guerra y la paz.

En efecto, en el Estatuto de la ONU (Preámbulo, artículo 1º, etc.) la paz es considerada el bien jurídico supremo, de manera que los Estados miembros tienen el deber (artículo 2; párrafos 3 y 4) de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos, y de abstenerse del uso de la fuerza, el cual sería entonces monopolio del Consejo de Seguridad (artículo 24).

Por otra parte hay que tener presente que en el sistema jurídico de la ONU nunca ha predominado completamente un régimen de derecho aplicable a todos por igual. Comparado con el pasado, ciertamente la ONU trajo un visible progreso en la materia, pero la estructura misma de la organización, con el enorme poder acordado institucionalmente a las grandes potencias, presentaba un cuadro donde campeaban notorias asimetrías, anticipo seguro de los grandes abusos e injusticias que hemos presenciado en estos casi 60 años de historia del organismo.

Ya decíamos arriba que el derecho penal, desde sus orígenes, ha supuesto la existencia de una autoridad incontrastable, capaz de dar efectividad a las decisiones de los jueces acerca del delito, el delincuente y la pena. En el seno de la ONU se ha comprendido, cada vez con mayor claridad, que no puede haber verdadera justicia entre las naciones ni entre las personas, mientras no exista un derecho penal de aplicación general, constante y segura, frente a las conductas de los gobernantes, sea cual fuere el Estado o la organización que representen. La Corte Penal Internacional es precisamente el fruto del esfuerzo de la gran mayoría de los Estados miembros en esa dirección.

El Estatuto de la CPI contiene un conjunto de normas y principios jurídicos dirigidos a la instauración de tribunales y procesos jurisdiccionales competentes para conocer de determinados delitos, especialmente graves, contra los pueblos, a saber, los artículos 5, 6, 7 y 8, en los que se incluyen y tipifican los delitos de:

Genocidio,

Lesa humanidad,

Criminalidad bélica y

Agresión; aunque (y es un síntoma ominoso) la definición de este último ilícito, así como las condiciones en que se produzca, se reserva para ser aprobada posteriormente, de conformidad con los artículos 121 y 123 del Estatuto de la Corte.

Los delitos imperiales y el espectro del Derecho Penal Internacional.

Con ocasión del atentado a las Torres Gemelas y lo que vino a producirse después en Afganistán, en Irak y en seno de la ONU, hemos sido testigos de una deplorable regresión en las relaciones internacionales, por la cual el gobierno del Presidente Bush ha conseguido sin mayor esfuerzo ponerse por encima del Derecho Internacional y se ha postulado prácticamente como el árbitro de los destinos de todos los pueblos de la Tierra, descalificando a la ONU como un mecanismo anticuado e inservible.

En efecto, con sus actuaciones en Afganistán y en Irak, Bush y su equipo han incurrido claramente en conductas que significan recurrir al uso de la fuerza en forma injusta y unilateral contra Irak, que también es miembro de la ONU, violando lo dispuesto en los artículos 1º y 2º, inciso 4) de la Carta de dicha Organización; y en conductas que, si les fuera aplicable la normativa de los artículos 5, 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, constituirían modalidades de genocidio, crímenes de lesa Humanidad y crímenes de guerra. Pero ¿alguien ha planteado la denuncia de tales delitos? ¿Dónde estaban los baluartes de la justicia y la legalidad internacionales?

En cambio, en el caso de los aliados de los Estados Unidos en esa guerra de agresión contra Irak, los gobiernos de España y el Reino Unido, dicha normativa se les aplica plenamente, puesto que ambos han ratificado el Estatuto de la Corte. Sin embargo, no ha prosperado, en el seno de la ONU ni de la CPI, ni en ningún otro foro internacional, una iniciativa para que los titulares de los órganos responsables de aquellas decisiones sean juzgados por los ilícitos cometidos.

Además, los tres Estados mencionados, siendo miembros de la ONU, desaplicaron con manifiesta arrogancia las normas del artículo 25 de la Carta, así como lo dispuesto en los Capítulos VI y VII de la misma, que establecen la competencia exclusiva del Consejo de Seguridad en el manejo y solución de los conflictos surgidos entre sus miembros. Sin embargo, ni siquiera han recibido una condena simbólica de parte del Consejo o de la Asamblea General.

Limitándome al caso de los Estados Unidos, que es de lejos el inspirador y el principal ejecutor de los atropellos, creo que las claves para una explicación pueden estar en la combinación de dos factores: uno estructural y el otro coyuntural.

Es archisabido que el factor estructural en el caso de los Estados Unidos es el designio de las poderosas transnacionales del petróleo y los armamentos, estrechamente relacionadas con Bush, su familia y el grupo que lo rodea en el gobierno, de avanzar hacia el control y manejo de la economía del Planeta: el control militar de Afganistán por parte de USA y sus aliados les permite afianzar sus intereses en los países productores del petróleo del Mar Caspio, antiguas repúblicas Soviéticas; y el control del poder y del petróleo iraquí les permite culminar prácticamente su señorío en el corazón del Cercano y Medio Oriente, logrando así ventajas definitivas sobre las economías de la Unión Europea, Rusia, Japón y China.

Es igualmente plausible la hipótesis de que el factor coyuntural es el Mesianismo y el Providencialismo Cristiano que han abrazado muchos de los miembros del grupo que rodea a Bush, y él mismo, en lo personal. Según estas doctrinas, que vienen a reforzar la vieja ideología del llamado ‘Destino Manifiesto’, sustentada por grupos de la élite derechista norteamericana, el Siglo XXI será “el Siglo de América” (ellos se autodenominan ‘América’); es decir, se trataría de la era del dominio mundial por parte de la potencia estadunidense: una variante fascistoide de aquella mixtificación del protestantismo capitalista estudiada por Max Weber (en su clásico libro “La ética protestante y el espíritu del Capitalismo”; Península, Barcelona, 1969) según la cual es un deber cristiano trabajar duramente en la profesión de cada uno; y la riqueza y el poder alcanzados en la Tierra por ese camino constituyen una señal divina de salvación. En consecuencia, el éxito económico y político transnacional de la poderosa comunidad presbiteriana a la que pertenecen el Presidente y sus halcones tiene un firme respaldo religioso y aporta una justificación completa a la misión de construir “el Siglo de América”, no en beneficio de las personas; ni siquiera del norteamericano común, sino de las poderosas transnacionales

Bush y la ‘Razón de Estado’ como coartada: En consecuencia, la necesidad de defender ‘América’ (es decir, los Estados Unidos), país considerado como la más alta realización de la democracia y la libertad, constituyen la ‘razón de Estado’ invocada por el gobierno Bush. La identificación entre ‘América’ y el binomio ‘libertad-democracia’ le permite postular los intereses de los Estados Unidos como si fueran los intereses del ‘Bien’, en términos absolutos, contra el ‘Mal’: le permite postular la ‘razón de Estado’ como ‘razón universal’.

Contra la amenaza ‘del Mal’ representada por los países calificados de terroristas (Irán y Corea del Norte), todos los demás Estados de la Tierra deben alinearse en la ‘cruzada’ de Bush y su pandilla. No hay término medio: el que no está con ‘América’, está ‘contra la libertad y contra la democracia’; está a favor del Mal, y debe correr con las consecuencias.

De esta manera trata Bush de allanar toda resistencia a su ‘guerra contra el terrorismo’, que es una mera pantalla para disimular el progreso de los intereses de las grandes transnacionales, de capital predominantemente norteamericano (pero esto no es esencial), al que su familia y su grupo de gobierno están ligados. Se trata de la más acabada forma de la arrogancia del poder de los últimos tiempos (más grave, incluso, que la de Hitler), que nos pone de nuevo, a la vuelta de los siglos, ante una versión moderna, disfrazada bajo un discurso pseudo-democrático, de la ‘Ley de la Selva’. Ahora le toca el turno a Irán; y de nuevo aquella arrogancia y aquella arbitrariedad colocará al Planeta al borde del precipicio.

El derecho internacional ha logrado a veces algunos buenos resultados en los casos que afectan exclusivamente los intereses de países pequeños, pero ha fallado constante y repetidamente en los asuntos en que están involucrados los intereses de los poderosos de la Tierra. Muchos internacionalistas suelen reconocerlo así, pero no logran ofrecer explicaciones plausibles ni soluciones aceptables, y con frecuencia se encierran en un silencio resignado. Recordemos que esa lamentable situación ha llevado por ejemplo a Kelsen a afirmar, a guisa de explicación-justificación, que el derecho internacional es un ‘derecho primitivo’, para no tener que decir en voz alta que, de acuerdo con los postulados de su doctrina, el derecho internacional no llega ni siquiera a ser ‘derecho’ en sentido estricto (Principios de Derecho Internacional Público; Buenos Aires, 1965; pág. 19).

Pero esta última crisis del Derecho Internacional a que nos estamos refiriendo, cuyo último, fatal episodio podría desencadenarse próximamente, no es de naturaleza jurídica, sino que, al igual que muchas otras anteriores, es de naturaleza política: el postulado clásico, que nunca pasó de ser una ficción, de la igualdad jurídica de los Estados (es decir, la igualdad efectiva de los sujetos por excelencia del derecho internacional) ya no se puede sostener. Está a la vista que lo que resuelve las disputas internacionales es el poder efectivo, no el derecho. Y entonces la clave de solución de los conflictos de competencia del derecho internacional está en determinar quién tiene mayor poder. El Protocolo de Kyoto es un ejemplo muy claro. No se trata de un problema jurídico, sino de una confrontación entre el poder de la Unión Europea, de Rusia y de otros grupos regionales y el poder de los Estados Unidos.

La impotencia de las potencias.

La impotencia de las potencias es de carácter jurídico, debida al adefesio de la ONU, pero sobre todo es de carácter moral: las llamadas potencias son impotencias morales: no tienen cara en la que persignarse.

Frente a tanta inoperancia no se tiene una respuesta ni medianamente vigorosa en los sectores más significativos de la comunidad internacional. Porque, siendo cierto que Francia, Rusia y China anunciaron la posibilidad de ejercer el veto si el Consejo de Seguridad aprobaba la guerra contra Irak; y que Alemania negó su apoyo a la iniciativa de Estados Unidos en esa dirección, también lo es que, después de concluida la invasión estadunidense de dicho país, en cuyo transcurso se escarneció a la ONU y se socavó gravemente la confianza general en su papel mediador y pacificador, todos aquellos dignos países aceptaron los hechos consumados e iniciaron el camino a una colaboración con los Estados Unidos y los demás conculcadores del Derecho Internacional. ¿Quién defendió a la ONU, aunque solo fuera en el terreno moral? ¿Qué nos espera, cuando se desencadenen agresiones de mayor escala?

Porque, en lo que se refiere a los gobiernos de Francia y Alemania, es conocido que su oposición a la invasión de Irak por los Estados Unidos estuvo motivada por sus fuertes intereses económicos en dicho país, y, en general, en el Oriente medio: no se trataba, lamentablemente, de la defensa de los fundamentos morales de la cultura occidental y cristiana, ni mucho menos de los principios del Derecho Internacional.

Aún en aquellos momentos en los que fueron palpables las violaciones de los derechos fundamentales de los prisioneros en Guantánamo y en las cárceles iraquíes ¿quién intentó el enjuiciamiento de los transgresores? ¿Qué han hecho al respecto el Secretario General y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿en qué quedó el Derecho Penal Internacional? Seguimos, en pleno Siglo XXI, sometidos a la corrupción del poder desnudo: los políticos se inclinan por cálculo o complicidad (son, ya lo dijimos, aves del mismo plumaje); la ONU guardó silencio, avergonzada, impotente.

Y de nuevo ha guardado silencio cuando una hipertrofiada OTAN, cuyas razones para existir cesaron hace años, se empeña en tender un cerco de misiles alrededor de Rusia; mientras que ésta, bajo el liderazgo de Putin, busca restablecer sus dimensiones de la época soviética, incluso al precio de invadir militarmente a Ucrania y avanzar al borde de un desenlace nuclear.

Y ¿la Unión Europea, principal sede de la Cultura Occidental, llamada por ello a templar los impulsos agresivos de la Otan? La Unión Europea nos ha mostrado sin rubor su verdadera condición satelital, porque está tomada por la misma cúpula financiera que mueve también los hilos de la OTAN.

Mientras todo esto ocurre, el frenesí de los vendedores de armas de todos los países cercanos y lejanos al conflicto llega a extremos increíbles. ¿A quién le importa la vida de los ucranianos? La muerte cotidiana se da por descontada, se acepta con toda naturalidad por parte de quienes estorban y sabotean las iniciativas para un alto al fuego, para un acuerdo de paz ¿Y los derechos humanos? ¿y la inviolabilidad de la vida?

Tenemos hoy un mundo dominado por los ‘poderes salvajes’ de las transnacionales financieras, que tienen sojuzgada a la mayoría de los Estados del Planeta. En la Segunda Postguerra Mundial nos ilusionamos pensando que un instrumento jurídico, la ONU, podía guiar la política de los Estados, bajo cuyo poder operaban las fuerzas económicas; pero ese hermoso sueño se ha trocado en una horrible pesadilla.

En este nuevo siglo que nació sin dignidad ¿Quién será el que -según el luminoso pensamiento de José Martí- asumirá la dignidad de todos? ¿Quién será el que diga «la injusticia me hiere, no importa dónde o contra quién se cometa»? Si los políticos y los magnates del resto del Mundo callan por conveniencia, o se limitan a formular inocuas protestas, parece llegada la hora de apelar a los pueblos.

PARTE IV. MÁS ALLÁ DEL DERECHO INTERNACIONAL

a)-El Tribunal Russell

En la década de los sesenta del Siglo XX, la intervención bélica cada vez mayor de los Estados Unidos en Vietnam, el incremento de los bombardeos a la población civil con sustancias infernales, la destrucción de los cultivos de los vietnamitas y el envenenamiento de sus tierras, etc., no encontraban freno por la vía diplomática. En el seno de la ONU se planteaban iniciativas que al final eran vetadas por el representante de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. En esas circunstancias, el portador de la dignidad del Mundo fue el llamado Tribunal Russell, nacido por iniciativa del filósofo inglés Bertrand Russell, quien a los 95 años de su edad convocó a un grupo de intelectuales y políticos conscientes para que examinaran y juzgaran, en el plano moral, los actos del gobierno y del ejército de los Estados Unidos en Vietnam. Y así fue como se formó el llamado ‘Tribunal Internacional contra los crímenes de guerra’, que empezó a funcionar en Londres el 15 de Noviembre de 1966, y realizó sus sesiones de trabajo en Estocolmo y en Roskjilde, Suecia, durante el año 1967. El Tribunal volvió a sesionar en Bruselas y Roma en 1973 y 1974, entonces bajo la presidencia del senador italiano Lelio Basso, para conocer de los crímenes cometidos por las dictaduras latinoamericanas; y posteriormente ha continuado operando bajo el nombre de ‘Tribunal de los Pueblos’ con la participación de Leo Matarasso, Jean Ziegler, Luigi Ferrajoli, François Rigaud y otros.

  • A la formación de esos tribunales no concurrieron los líderes de las llamadas ‘Naciones Civilizadas’: no estuvo allí el General De Gaulle, ni el Canciller Konrad Adenauer, ni la Reina Isabel de Inglaterra, ni Mitterrand, ni Giulio Andreotti. Sus integrantes fueron algunas personas de buena voluntad, como el escritor francés Jean Paul Sartre, el senador italiano Lelio Basso ya mencionado, y el propio Bertrand Russell. A sus debates se negaron a asistir los representantes de los gobiernos cuestionados; sus sentencias fueron oficialmente ignoradas. En definitiva, en opinión de los juristas convencionales (entre ellos muchos internacionalistas), aquello no fue nada; pero creo que todo hombre de buena voluntad sintió en aquel momento que esos simples ciudadanos: Russell, Sartre y los otros del Tribunal, asumieron la dignidad de todos los hombres y las mujeres del Mundo.
  • Estoy además convencido de que, de la bofetada moral que le propinaron el Tribunal Russell y el Tribunal de los Pueblos a las instituciones oficiales, nacieron, al cabo de los años, la iniciativa de la Corte Penal Internacional y, más importante aún: el actual movimiento popular mundial antibelicista, ambientalista, antimperialista y antiglobalizador.

b)-La opinión de los pueblos del Mundo como ‘tribunal’

  • No tengo, tal vez para mi desgracia, aquella fe jacobina en una especie de “infalibilidad moral de los pueblos”. Es decir, no creo aquello de que ‘la voz del pueblo’ sea ‘la voz de Dios’; sino que los pueblos, al tomar decisiones (importantes o no) pueden equivocarse de medio a medio, y tener luego que sufrir las consecuencias (es lo que, a mi juicio, le ocurrió a la mayoría de los votantes norteamericanos que reeligieron a Bush, y años después propiciaron la pesadilla de Trump, que aún no termina).
  • Pero sí creo que una democracia sana puede ser cada vez mejor; y que el Mundo necesita más democracia. Que en la medida en que la profundización de la democracia vaya haciendo posible que prevalezcan en la comunidad los intereses de cada vez mayor número de ciudadanos, en esa medida perderán terreno los viejos mecanismos de corrupción de las relaciones sociales. Es vital que los pueblos reemplacen a las camarillas corruptas que nos tienen al borde del abismo, y tomen la palabra en la conducción de las relaciones internacionales.
  • Ello podría significar, a grandes rasgos, la prevalencia de los sentimientos sobre los intereses. Un viejo secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, pronunció hace más de cincuenta años una frase famosa: «los Estados Unidos no tiene amigos; sólo tiene intereses». Y hay que reconocer, por desgracia, que cualquiera de sus colegas contemporáneos pudo haberla dicho. Pero ahora podríamos contestarle: la Humanidad necesita urgentemente que las relaciones humanas se inspiren en sentimientos positivos (fraternidad, buena voluntad, respeto) y no en sórdidos intereses.
  • Nos advertía Norberto Bobbio que entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes, es prudente que optemos por el gobierno de las leyes. Eso está bien, pero con la condición de tener muy claro que también el gobierno de las leyes es siempre, en realidad, en el plano interno y en el plano internacional, un gobierno de los hombres en el que éstos han decidido gobernar (o se han visto obligados a gobernar) dentro del marco, los límites y las condiciones establecidos por las leyes y los tratados. Lo cual nos está señalando el carácter irremediablemente precario del afamado ‘gobierno de las leyes’. Si logramos que empiece a funcionar ¿Cuánto durará? ¿Hasta cuándo querrá seguir respetando las reglas el llamado a observarlas y hacerlas observar? ¿Hasta dónde llegarán los gobernados en sus esfuerzos por exigirle ese respeto? Es un equilibrio inestable, precario, que no puede nunca considerarse alcanzado para siempre, y debe ser vigilado constantemente. Pero ¿quién vigilará al vigilante?
  • Porque, en efecto, la Historia ha demostrado que los síntomas de la corrupción no tardan en presentarse y tienden a expandirse cuando el poder se concentra en pocas manos y aumenta correlativamente la distancia entre sus detentadores y la comunidad gobernada. Y viceversa, los síntomas de la corrupción tienden a disminuir cuando el poder es compartido por todos, pues en su verdadero sentido la democracia significa precisamente que el poder está, de manera sustancial (sufragio, referéndum, revocación, etc.) en manos de todos.
  • Karl Marx creía que cuando todos los hombres llegaran a ser libres e iguales, el Estado, es decir, la organización del poder político del mundo moderno, desaparecería. Porque, en efecto ¿puede el poder estar en manos de todos y continuar existiendo como tal? ¿Hasta qué punto podemos llamar ‘poder’ a la situación en que todos somos, a la vez, gobernantes y gobernados? Y entonces, en la medida en que, efectivamente, las iniciativas sean tomadas y las actividades sean ejercitadas de modo creciente por todos los ciudadanos, en esa medida el poder se transforma en autorregulación, deja de ser distancia y asimetría y, por ende, la posibilidad de la corrupción, el abuso y la prepotencia en las relaciones humanas se aproximaría al grado cero (aunque sin alcanzarlo nunca).
  • Cierto que estamos muy lejos de ese estado de cosas. Pero, de todos modos, me parece que el ejemplo del Tribunal Russell y su influencia en el largo plazo, es útil para mostrar la posibilidad de inducir a grupos cada vez mayores de ciudadanos a examinar las actuaciones de los gobernantes y expresar su criterio. De hecho la actual opinión pública mediatizada, que se expresó vigorosamente en relación con la guerra de Irak, es un verdadero tribunal donde se conocen día a día los hechos, se los valora y juzga con las pautas culturales vigentes. En palabras de Luigi Ferrajoli, pronunciadas a raíz de la agresión norteamericana a Irak

‘…ha hecho nacer el embrión de una sociedad civil mundial. De Melbourne a San Francisco, pasando por Roma, París, Berlín, Londres, Madrid o Barcelona, hemos visto materializarse en las calles y plazas de todo el mundo a un pueblo global concorde en la defensa de los mismos valores: la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional…»

  • (véase Luigi Ferrajoli: La Guerra contra Iraq y el futuro del orden internacional, que es el Epílogo al libro colectivo ‘No en mi nombre” ; Trotta, Madrid, 2003; pág. 226.

Pero desde entonces han pasado veinte años, en los que hemos visto sucederse el Estallido de la Burbuja Inmobiliaria que trajo la Crisis de 2008, con el empobrecimiento mundial de las clases media y baja; y consecuencia de ella, el recrudecimiento de las olas migratorias desde el Tercer Mundo (Africa, América Latina) hacia el Primer Mundo (Europa, Estados Unidos) tuvo como respuesta una fuerte reacción defensiva de los ciudadanos comunitarios, y un crecimiento notable del neofascismo.

  • Cuando nos encontramos ante la triste aunque previsible situación en la que ni los diplomáticos de la ONU, ni de la UE, ni los de las potencias de Rusia y China, ni la Corte Penal Internacional son capaces de detener las acciones delictuosas del gobierno USA, ni de aplicarle las sanciones correspondientes ¿debemos poner nuestra esperanza en el despertar de una conciencia de los pueblos, que en decenios anteriores ha mostrado capacidad de expresarse y comunicar su rechazo de la política estadunidense de manera cada vez más perceptible y consistente? Pero ¿cuál es el estado actual de esa conciencia?
  • Fue evidente, en efecto, la existencia de un creciente desafío popular mundial contra aquella vieja política de codicia y engaños, y un rechazo generalizado con respecto de los actos de su gobierno, y de la ideología que los sustenta. En las cumbres sociales paralelas (como Seattle, Porto Alegre, Mar del Plata, etc.) los pueblos estaban superando las distancias de las lenguas y las fronteras, y empezaban a marchar al unísono para repudiar las piñatas de los poderosos y las guerras inicuas. Pero en la actualidad me parece que dicho impulso se ha debilitado. El éxito final de esos movimientos ya no lo veo como posible a corto o mediano plazo, en el estado actual de las cosas. Lo deseable posible, en el corto plazo, sería por el momento poder conjurar la guerra en Ucrania y sus imprevisibles consecuencias. Pero ¿quién lo intenta ahora, en la línea de las pacatas recomendaciones de Angela Merkel?
  • Tenemos que reconocer que no bastará con frenar o moderar los designios de expansión de Putin, ni el empeño de la OTAN en cercar a Rusia. Porque los Estados Unidos, Rusia, Biden y Putin sólo son, también ellos, ominosos signos vitales de aquel fenómeno de la desigualdad y la inequidad de las relaciones humanas que nos tiene abatidos desde hace milenios, porque viven también dentro de cada uno de nosotros: no habrá paz entre las naciones ni entre las personas mientras predomine en el Mundo una mentalidad clasista y discriminadora que nos separe y nos contraponga como naciones, como credos, como estratos sociales; mientras se propicie la justificación de la desigualdad y se estimule el espíritu excluyente y depredador frente a los demás; y mientras exista un sistema institucional como el Capitalismo, que no sólo permite sino que acepta, presupone, requiere la explotación de un Estado por otro, de un ser humano por otro.
  • En suma, tenemos que admitir que, mientras las personas estemos dominadas por ideologías desigualitarias (como la nacionalidad, la piel, la religión, los ingresos) que subyacen y sustentan al sistema capitalista, continuaremos construyendo relaciones sociales asimétricas, corrompidas y corruptoras, y el poder desnudo seguirá humillando el texto de las mejores constituciones y las mejores leyes, tanto en el plano interno como en el plano internacional.
  • Aprendamos a ver claro para liberarnos de semejantes ideologías, y atrevámonos a intentar relaciones humanas democráticas y, por ende, solidarias y sin fronteras, hasta sus últimas consecuencias.
  • Y termino entonces adoptando a nuestro discurso la célebre fórmula de Radbruch:
  • No se trata de lograr un individualismo y un capitalismo mejores, sino algo ética y científicamente mejor que el Individualismo y que el Capitalismo. No se trata de seguir buscando un Derecho Internacional mejor, pero mediado por los Estados Nacionales, sino de la construcción de un Derecho de los Pueblos y de una Democracia universal, mediante la promulgación de una Constitución de la Tierra.

Beca Norma Vorpahl

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional anuncia el lanzamiento de la beca Norma Vorpahl en derechos humanos para recién graduados/as en derecho

La Beca de Derechos Humanos Norma Vorpahl es una beca remunerada de un año que brinda una experiencia de aprendizaje profunda y enriquecedora para una persona recién graduada de la facultad de derecho interesada en el campo del derecho de los derechos humanos.

La persona becaria recibirá asesoría de distinguidos y distinguidas profesionales del derecho internacional de los derechos humanos; tendrá su sede en nuestra oficina de Argentina y trabajará junto con los equipos legales en nuestras otras tres oficinas en Brasil, Costa Rica y los EE. UU. El becario o la becaria aprenderá sobre cada paso del proceso de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y podrá hacer contribuciones concretas y significativas al trabajo de CEJIL. También tendrá la oportunidad de interactuar con múltiples actores clave, con las víctimas y sobrevivientes que representamos, con contrapartes de ONG nacionales y locales, y con comisionados, comisonadas, jueces y juezas del SIDH. Igualmente, trabajará con los equipos de promoción y comunicación para diseñar campañas estratégicas que promuevan los derechos humanos en toda la región de América Latina.

Al final de la beca, el becario o becaria tendrá un conocimiento profundo del trabajo de una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en las Américas, y será capaz de llevar a cabo la gama completa de tareas legales y de promoción necesarias para participar en derecho internacional de los derechos humanos ante el SIDH.

Para obtener más información sobre Norma Vorpahl y la historia detrás de la beca, lea el blog de la nieta, Angela Vorpahl en el siguiente enlace https://cejil.org/blog/angela-vorpahl-sobre-la-beca-de-derechos-humanos-norma-vorpahl/?eType=EmailBlastContent&eId=2a4741a5-f168-4f4e-89c8-858c0df1cad0

Cualificaciones

  • Recién graduado/a en derecho
  • Posibilidad de mudarse a Buenos Aires, Argentina de enero a diciembre de 2022*
  • Interés demostrado en los derechos humanos, el cambio social, la promoción y / o los litigios internacionales de derechos humanos.
  • Fluidez en español necesaria; Inglés o portugués es una ventaja

* Ubicación, nacionalidad y/o residencia: El puesto estará ubicado en Argentina.  Las/os candidatas/os deberán contar con ciudadanía argentina o residencia o autorización otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones, que las o los habilite a ejercer tareas profesionales o laborales en el país. CEJIL no gestionará trámites administrativos migratorios para quien sea elegido/a para ejercer el rol.

Cómo aplicar:

  • Envíe los siguientes documentos a sur@cejil.org antes del 20 de octubre:
    • CV
    • Carta de presentación
    • Dos referencias
    • Un texto legal o académico de su autoría, en español

Cronograma:

 

Compartido con SURCOS por Center for Justice and International Law (CEJIL).

UCCAEP y el Acuerdo de Escazú

En el video que se puede apreciar al final de la nota, se expone mediante el canal de YouTube de Acción Social UCR, el posicionamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sobre la necesidad de que el Acuerdo de Escazú sea ratificado. Además, el especialista en derecho internacional Nicolas Boeglin y el especialista en derecho ambiental Álvaro Sagot Rodríguez, se refieren al papel de la UCCAEP y los argumentos de la misma contra el Acuerdo de Escazú.

También, en este material se encuentran las declaraciones de la Magistrada Nancy Hernández con respecto a este tema, las cuales realizó durante la presentación del libro: “Temas de Derecho Público”, presentado en la Facultad de Derecho de la UCR, el 29 de abril de 2021.

Para conocer más de esta situación le invitamos a reproducir y difundir el video:

Adjuntamos el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR: 

Declaración de la AAJ en apoyo al acuerdo de paz en Colombia

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS EN APOYO AL ACUERDO Y A LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ EN COLOMBIA

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) resalta la importancia que para el pueblo colombiano ha tenido el Acuerdo de Paz en Colombia.

Recuerda que el compromiso se realizó conforme a normas del Derecho Internacional, que lo tornan de obligatorio cumplimiento, por cuanto:

  1. En La Habana, el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejercito del Pueblo (FARC-EP) firmaron el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, ratificándolo ante la Confederación Suiza — depositaria de las Convenciones de Ginebra— y a través de la Declaración Unilateral de Estado realizada por Colombia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
  2. Al Acto Legislativo 02 de 2017 declarado plenamente exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-630/17 se incorporaron todos los contenidos firmados correspondientes al DIH, a los derechos fundamentales y conexos como parámetros obligatorios de interpretación requiriendo a todas las instituciones y autoridades del Estado incluida la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a cumplir con todo lo acordado, en aplicación del principio propio del derecho internacional del Pacta Sunt Servanda.
  3. El ius puniendi del estado colombiano quedó consagrado y reconociendo las limitaciones de la jurisdicción ordinaria se convino la creación de una excepcional, la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- para una justicia restaurativa, reparadora y prospectiva y para juzgar los hechos de la guerra, satisfacer los derechos y reparación integral de las víctimas.

Considera que en este contexto:

  1. El partido político del Gobierno, el Centro Democrático, fundado y dirigido por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, ha iniciado un proceso contra la JEP, a

través de un “referendo de firmas” para eliminar la Jurisdicción Especial de Paz, remover sus magistrados y enfrentar a las fuerzas políticas y a la ciudadanía.

  1. El gobierno del Presidente Duque, a través del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional le informó a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del Acuerdo de Paz que el presupuesto asignado a ellas para el 2020 tendría un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019, desfinanciando la JEP, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo cual demuestra el propósito de no permitir el cumplimiento de los acuerdos.
  2. Se hace evidente la burla al Acuerdo ya que inmediatamente al mismo han sido asesinados más de un millar de líderes y lideresas sociales, entre ellos, 230 firmantes de las FARC-EP. Según el CICR, se han producido 2.038 desapariciones asociadas al conflicto

POR TANTO, LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS:

  1. Observa y toma nota con preocupación del incumplimiento por parte del Estado Colombiano al Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.
  2. Insta al Gobierno Colombiano a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la implementación y el cumplimiento de lo acordado.
  3. Reitera que la paz en Colombia requiere del cumplimiento del Acuerdo y del Acto Legislativo, de la Leyes, Decretos y demás normas que lo desarrollan; el respeto y apoyo a la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-, así como a las normas del Derecho Internacional, que establecen la obligatoriedad de respetar estos acuerdos.
  4. Llama a las fuerzas políticas al ejercicio de prácticas más ponderadas y soluciones consensuadas.
  5. Reitera su apoyo a la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, y a los esfuerzos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
  6. Exalta la autonomía y la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición porque es un mecanismo idóneo para que Colombia supere la violencia y alcance una paz verdadera.
  7. Reitera que está a disposición para brindar al Estado Colombiano, a la sociedad, a las víctimas la cooperación necesaria para la implementación del Acuerdo.

A 14 de diciembre de 2020          

Vanessa Ramos
Presidenta AAJ Continental

Luis Carlos Moro
Secretario General

Beinusz Szmukler
Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

Los 71 años de la abolición del ejército y la seguridad geopolítica

Miguel Sobrado

Se requiere una reflexión oportuna y necesaria sobre el 71 aniversario de la abolición del ejército.

¿Cómo es que Costa Rica ha podido sobrevivir, sin ejército, como nación independiente en una región del mundo estratégica? No existe un solo factor que lo explique, algunos son de orden interno producto de la cultura y del ordenamiento político, pero quizás el más importante ha sido que, siguiendo una vieja tradición desde la independencia, hemos apostado más, que, por las armas, por las alianzas regionales y el derecho internacional.

La guerra contra los filibusteros esclavistas de los Estados Unidos, en 1856, que nos permitió detenerlos, primero de Nicaragua y posteriormente, conjuntamente con los otros países centroamericanos, expulsarlos de la región, se dio gracias a las alianzas, respaldo latinoamericano, y venta de los fusiles más modernos de entonces por parte de Inglaterra, entonces potencia dominante, que veía con preocupación la expansión norteamericana en la región.

La educación gratuita y obligatoria 1869 fortaleció la construcción de un proyecto nacional alrededor del café y el ferrocarril al Caribe, estimulando en el último tercio del siglo XIX el crecimiento nacional más allá que el de los mismos Estados Unidos.

Mientras la educación crecía, se disminuía paulatinamente la importancia del ejército y aumentaba el peso de la organización de los educadores. En 1919 la huelga de los maestros desencadena un movimiento que termina tumbando la cruel dictadura de los Tinoco, asentada sobre el poder militar. En 1948 después de la guerra civil, se decreta constitucionalmente su abolición.

Los recursos que antes se gastaban en el ejército pasan a engrosar la educación y un nuevo proyecto nacional de diversificación agrícola, crédito rural, electrificación e industrialización.

En las décadas posteriores las amenazas para el país, de las dictaduras regionales, son sorteadas a través de una diplomacia de alianzas y el derecho internacional. El momento más peligroso lo afrontamos en la década de los 80s del siglo XX, con la posibilidad de una intervención norteamericana para involucrarnos en la guerra que se libraba entonces en Centro América. De nuevo la diplomacia, impulsada por Figueres Ferrer y Manuel Mora ante las potencias y sus aliados, que supo aprovechar el presidente Arias, para impulsar el Plan de Paz regional, lograron lo que el mejor de los ejércitos de un país pequeño podría haber hecho.

Hoy en día la región afronta un nuevo peligro derivado de su posición estratégica ubicada entre Colombia y México, por donde fluye el tráfico terrestre de drogas especialmente en las pobres regiones costeras y fronterizas.

Centro América y nuestro país, se encuentran bajo el embate de una fuerza económica, organizativa y criminal, de grandes proporciones, que está tomando y consolidando paulatinamente pero continuamente, posiciones, que amenazan la estabilidad de la región. No es casualidad que al triángulo del norte de Centroamérica se le llame estados fallidos y que anualmente más de medio millón de su población, escape masivamente del terror y la desesperanza.

Ante este panorama nos encontramos en un momento de crisis acumulada, con amplios sectores excluidos y lo que es peor sin un proyecto nacional que tense el arco creativo y sea capaz de integrar el haz de voluntades nacional y regional, como lo hicimos en el pasado. Aunque disponemos de un gran capital humano y empresarios innovadores en los campos y en la nueva tecnología, nuestra clase política se encuentra capturada por un capitalismo de amiguetes y nuestro estado manejado por administradores sin visión ni proyecto. Ambos grupos que se pueden definir como patrimonialistas ven solo el beneficio propio y conducen nuestro estado hacia un precipicio.

Nuestra diplomacia debe recuperar la visión geopolítica. Dejar de cohonestar en los organismos internacionales golpes de estado como los de Honduras y Paraguay y peor aún haber propiciado el golpe de estado en Bolivia en 2019. Nuestra seguridad depende de la solidez del derecho internacional, su erosión nos debilita.

Es fundamental colocar a Costa Rica primero y aprovechar para nuestro beneficio, el proyecto chino para construir una zona económica especial en Limón, San Carlos y Puntarenas, regiones en deterioro y creciente violencia. Este proyecto que debería haberse iniciado en 2015 se ha dejado en el congelador para satisfacer los temores de Mike Pompeo y Trump.

Debemos aprovechar nuestra posición geopolítica ahora que los chinos tienen interés en construir la ruta de la seda hacia el norte del continente y un liderazgo activo comprometido con la autonomía de los pueblos en escala internacional.

Nuestro país no necesita un ejército, pero sí una policía muy profesional y sobre todo una nueva institucionalidad, orientada por un proyecto país que promueva la inclusión social y frene la erosión del tejido social. En ese deterioro radica el peligro.

Referencia:

Sobrado, (2020) Los 71 años de la abolición del ejército y la seguridad geopolítica. [Página de Facebook]. Facebook. Recuperado el 01 de diciembre de 2020 de https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223866488712897&id=1316074863&sfnsn=mo

¿Por qué la pandemia de #COVID19 es un gran negocio para las transnacionales?

Al ver sus ganancias amenazadas por la pandemia, empresas transnacionales planean demandar a los países, en tribunales privados de arbitraje, debido a la adopción de políticas públicas de emergencia para combatir la crisis.

Compartimos esta publicación de la Internacional de Servicios Públicos que da respuesta una importante pregunta que nos planteamos en este momento: ¿Por qué la pandemia de #COVID19 es un gran negocio para las transnacionales?

El aumento de litigios de las empresas contra los gobiernos se da posterior a cada crisis global o local y todo apunta de que esta situación que enfrentamos no será la excepción.

En este video se presenta un resumen de los resultados del informe:

Puede acceder a la publicación completa aquí:  La pandemia: un gran negocio para empresas transnacionales

Información enviada a SURCOS por Óscar Rodríguez León, ISP.

Insoportable levedad del Derecho Internacional

Presentamos el documento Insoportable levedad del Derecho Internacional enviado a SURCOS por su autor, el doctor Walter Antillón Montealegre.

En el resumen de su texto don Walter señala: “Hasta ahora, con raras excepciones, la Historia de la Humanidad ha estado plagada de iniquidades; los intereses de las cúpulas gobernantes han prevalecido sobre las leyes. La empresa de negocios se desarrolló hasta constituir un elemento decisivo en la política de las potencias. Los Estados Unidos representan el ejemplo más claro: su gobierno, portavoz de los grandes intereses transnacionales, ha pasado por encima del Derecho Internacional; la Carta de la ONU, los tratados y los tribunales penales internacionales han funcionado con respecto a los vencidos, pero hoy son impotentes frente a las graves transgresiones del gobierno estadounidense. La esperanza está, más allá de los gobiernos, en la organización de los pueblos por encima de las fronteras y en la formación de una opinión pública internacional que privilegie los valores de la dignidad humana, la solidaridad y la paz”.

Le invitamos a descargar el artículo, pero antes, tenga en cuenta la advertencia de don Walter:

“INSTRUCCIONES PARA SU USO: Como fue escrito hace 15 años, cambiar Bush por Trump, Tatcher por Johnson, Sarkoszi por Macron, Merkel por Merkel, y listo”.

Puede descargar el archivo desde el siguiente enlace:

Insoportable levedad del Derecho Internacional

Experto en derechos humanos ofrece a Sala IV criterio sobre proyecto contra huelgas

Víctor Manuel Rodríguez Rescia es un abogado costarricense experto en derechos humanos, quien, entre otras labores, fungió como comisionado ante el Comité de DDHH de la ONU. Amparado en la figura del amicus curiae que permite que terceras partes ajenas a un proceso ofrezcan opiniones para mejor solución de un caso, el experto solicita a la Sala Constitucional que reciba y admita el escrito “en calidad de memorial de amicus curiæ en el … procedimiento de consulta legislativa facultativa de constitucionalidad del proyecto de ley” denominado “para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos”.

El amplio y fundamentado documento de Rodríguez Rescia expone razones para considerar que “El proyecto de ley bajo consulta implica una temática crucial para la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, como es la libertad sindical”. Agrega que “Costa Rica ha sido una nación caracterizada por hacer una convivencia armoniosa entre los factores humanos del desarrollo económico, reconociendo en la Constitución de la Segunda República la libertad sindical como un mecanismo de defensa de los intereses y derechos económicos y sociales de los trabajadores”.

El documento, cuya versión completa puede descargar más adelante, señala entre otros elementos los siguientes:

“La visión de conjunto permite entender al derecho a la huelga como un derecho inherente de la libertad sindical que le permite a la organización sindical de trabajadores emplear un mecanismo de presión legítima para la defensa de sus intereses económicos o sociales, estando dicho contenido explícito en el Artículo 61 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el Artículo 8.1.b del Protocolo de San Salvador y en el Artículo 8.1.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; pero implícito en el Artículo 3 del Convenio 87 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y análogamente en el Artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“Adicionalmente es importante destacar que la anterior Relatora Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, MAINA KIAI, en su informe anual del año 2016, dedicado al ejercicio de los derechos a la reunión pacífica y de asociación en el lugar de trabajo, al referirse al derecho de huelga ha expresado:

Tanto los sindicatos como el derecho de huelga son herramientas fundamentales para hacer efectivos los derechos de los trabajadores, puesto que ofrecen mecanismos a través de los cuales los trabajadores pueden defender sus intereses de forma colectiva y dialogar con las grandes empresas y el gobierno en mayor igualdad de condiciones. El Estado está obligado a proteger estos derechos de todos los trabajadores. …

El derecho de huelga está establecido en el derecho internacional desde hace decenios, en instrumentos mundiales y regionales, y también se consagra en las constituciones de al menos 90 países. De hecho, el derecho de huelga ha pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario.

Consecuentemente, el derecho de huelga, además de ser un derecho internacional convencional, y un derecho constitucional, es también un derecho internacional consuetudinario, lo que convierte al derecho de huelga en un derecho universal, y a las obligaciones de respeto y garantía que le son consustanciales, en obligaciones erga omnes. Dicho lo anterior, el Código de Trabajo de Costa Rica plantea una definición no funcional sino descriptiva de la huelga, calificando como legal, la que se produce como resultado del acuerdo y realización que por lo menos tres personas trabajadoras —que representen más de la mitad de los votos emitidos conforme al Artículo 381 del Código de Trabajo— realizan para suspender concertada y pacíficamente el trabajo, ya sea en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo.

En una reciente decisión el CLS ha afirmado:

Lo que se entiende por servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra depende en gran medida de las condiciones propias de cada país. Por otra parte, este concepto no es absoluto puesto que un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población. El Comité toma nota asimismo de que el hecho de vincular las restricciones del derecho de huelga con las dificultades que provocan en el comercio y los intercambios abre las puertas a la prohibición de una diversidad de acciones reivindicatorias y de huelgas legítimas y que aun cuando las huelgas y otras acciones conexas tienen repercusiones perjudiciales para el comercio y los intercambios, tales consecuencias no convierten de por sí al sector afectado en un servicio esencial, y por ende, debería mantenerse el derecho de huelga en el mismo. Tomando nota de que se deben tener en consideración las condiciones propias de cada país, el Comité recuerda que en otros casos no consideró que el sector del petróleo constituyera un servicio esencial en el sentido estricto del término. (resaltado agregado).

Le invitamos a descargar, estudiar y compartir el documento completo enviado a SURCOS por la jurista costarricense Rosaura Chinchilla Calderón.

Pronunciamiento en pro de la paz en Venezuela – con firmas

Las personas abajo firmantes, costarricenses provenientes de diversos sectores de la sociedad, animadas por un hondo sentimiento de preocupación por los peligros que corre la paz, tanto regional como mundial, queremos levantar nuestra voz en pro de una solución pacífica y en concordancia con los principios del derecho internacional para solucionar el conflicto que hoy afecta a los hermanos venezolanos.

Levantamos nuestra voz secundando los llamados a la paz y al diálogo, a fin de buscar una solución por medios estrictamente políticos a los problemas internos de Venezuela. Otro tanto ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas. Secundamos las iniciativas diplomáticas de México y las naciones del Caribe. Todo lo cual va en plena concordancia con la tradición de paz de nuestro país. Costa Rica ha hecho de su proclama de una neutralidad perpetua y activa un principio de su Constitución Política. Costa Rica fue firmante de los acuerdos de la II Cumbre de la CELAC en que declara a los países de América Latina y el Caribe como tierra de paz. Nuestro país debe ser fiel a esta tradición de paz y de no injerencia en los asuntos internos de otros estados soberanos. Es la hora de actuar en concordancia.

Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.

Guadalupe Urbina Juárez, cantante y compositora.

Dionisio Cabal Antillón, cantautor y compositor.

Rubén Pagura Alegría, actor y músico.

Esteban Monge Flores, cantautor.

Manuel Monestel Ramírez, músico y compositor.

José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Frente Amplio.

Elizabeth Cook, teóloga, rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana.

Javier Francisco Cambronero Arguedas, educador, ex diputado de la República.

Francisco Enríquez Solano, catedrático emérito UCR.

Margarita Bolaños Arquín, antropóloga, profesora UCR pensionada.

Elsa Tamez, teóloga y biblista.

Juan Stam, teólogo, catedrático pensionado de la UNA.

Franz Hinkelammert, economista, escritor e investigador, Doctor Honoris Causa UNA.

Pablo Richard, teólogo.

Plutarco Bonilla, catedrático pensionado UCR.

Miguel Picado, historiador.

Manuel Araya Incera, historiador.

German Chacón, investigador y académico UNA.

Juan Boza, catedrático pensionado UCR.

Francisco Camacho, ex diputado.

Luis Guillermo Herrera, catedrático pensionado UCR.

Leonardo Perucci, actor.

Rocío Alfaro, filósofa y científica social.

Nieves Martínez, profesora universitaria UNA.

Daniel Camacho Monge, sociólogo, catedrático, profesor emérito UCR.

Walter Antillón, abogado, profesor emérito universitario, catedrático UCR.

Rafael Cuevas Molina, catedrático UNA.

Marcela Dumani Echandi, nutricionista, docente universitaria.

Héctor Ferlini-Salazar, comunicador, docente UCR.

Albino Vargas Barrantes, dirigente sindical.

Mauricio Castro Méndez, abogado laboralista.

Yadira Calvo Fajardo, escritora, filóloga y feminista.

Elizabeth Fonseca Corrales, historiadora jubilada, ex diputada del PAC.

Claudio Enrique Monge Pereira, catedrático UCR pensionado, ex diputado del PAC.

Arabella Salaverry Pardo, escritora y actriz.

Edvan Córdoba Vega, especialista en género y desarrollo.

Yendri Martínez Rivera, fisioterapeuta.

Gerardo Contreras Álvarez, historiador UCR, asesor sindical.

Célimo Guido Cruz, agricultor, ex diputado de Fuerza Democrática.

Sergio Erick Ardón Ramírez, arquitecto, ex diputado de Pueblo Unido.

Arturo Gudiño Briceño, periodista.

Sergio Reuben, catedrático UCR

Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario, presidente del Movimiento Diversidad.

Edgardo Araya Sibaja, abogado, ex diputado y ex candidato presidencial del Frente Amplio.

Diego Miranda Méndez, regidor en San José.

Mario Grant Sáenz, ingeniero civil, regidor en San José.

Susan Campos Ortega, contadora, regidora en Desamparados.

Mario Ruiz Salas, regidor en Montes de Oca.

José Alberto Castro Porras, regidor en Aserrí.

Paquita Cruz Villalobos, pintora, feminista.

Yolanda Bertozzi Barrantes, abogada.

Wilson Arroyo Oconitrillo, cantautor.

Oscar Jara Holliday, director CEP Alforja, presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL.

Rodolfo Ulloa Bonilla, sociólogo, asesor parlamentario.

Asdrúbal Marín Murillo, filósofo, profesor universitario.

Luis Roberto Zeledón Arias, asesor legislativo ANEP.

Virginia María Acuña Montero, coordinación Justicia Paz e Integridad de la Creación. JPIC C.R.

María Eugenia Román Mora, abogada, asesora parlamentaria.

Vernor Arguedas Troyo, matemático, catedrático jubilado UCR.

Gerardo Hernández Naranjo, politólogo, profesor universitario UCR.

Gustavo Oremanuno Vignet, luchador social.

Alejandro Delgadillo Solano, educador y abogado.

Juan Félix Montero Aguilar, educador pensionado.

Marcela Sánchez Cortés, payasa y actriz, regidora en Montes de Oca.

Ronald Arrieta Calvo, profesor universitario, regidor en Goicoechea.

Geovanna Sandoval Cambronero, técnica en servicio al cliente, regidora en La Unión.

Kattia Rodríguez Brenes, docente, regidora en Turrialba.

Oscar F. Boschini Sáenz, Comité Costarricense de Solidaridad con Venezuela y la Revolución Bolivariana.

Xiomara Esquivel Vargas, actriz y productora de artes escénicas.

Oscar Leiva Cerrato, consultor.

María Rocío Céspedes Rodríguez, profesora pensionada.

Sonia Solís Umaña, antropóloga, profesora pensionada UCR.

Dita Montiel González, estudiante universitaria.

Ana Isabel Robles Cascante, socióloga.

Rafael Angel Ugalde Quirós, periodista y notario público.

Fabio Cerdas Obando, escultor, pintor.

Oscar Barrantes Rodríguez, historiador.

Gerardo Mora Burgos, filósofo, catedrático pensionado, UCR.

Álvaro Fernández González, sociólogo.

Oscar Salas León, profesor jubilado UNA.

Luis Ángel Salazar Osés, sociólogo, profesor jubilado, UNA y UNED.

Circulo Bolivariano Yamileth Lopez – Costa Rica.

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).

Jaime Lobo Segura, matemático UCR.

Orlando Barrantes Cartín, dirigente Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).

Ariel Robles Barrantes, académico UNA.

César López Dávila, psicólogo, asesor sindical.

Álvaro Rojas Valverde, comunicador e historiador popular.

Saúl Umaña Barquero, abogado laboralista.

Adriana Laclé Murray, médica pensionada.

Jorge Lobo Segura, biólogo, catedrático UCR.

Vicky Borbón Pineda, Humanista.

Jesús Campos Méndez, dirigente sindical, presidente de la CTCR.

Walter Quesada Fernández, coplero, dirigente sindical.

Marielos Castro Umaña, educadora jubilada.

Alcides Monge Mora, cc: Gaus, comerciante.

Vera Sancho Mora, docente.

Asdrúbal Duarte Esquivel, profesor jubilado UCR.

Ana Georgina Ulate Chaves, trabajadora social.

Catalina Miranda Matamoros, técnica en masaje terapéutico.

Javier José Prada Ortiz, taxista.

Erika Maritza Álvarez Sandí, educadora.

Eduardo Guillén Gardela, regidor en Desamparados.

Oscar Madrigal Jiménez, abogado.

Marco Tulio Araya Barboza, periodista.

Marcela Naranjo Segura, regidora en Sarapiquí

Ricardo Araya Piedra, abogado.

Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical CTRN.

José Gabriel Rivas-Ducca, biólogo.

Jaime Cerdas Solano, docente.

Luis Antonio Ulloa Bonilla, empresario.

Olman Varela Durán, consultor en medio ambiente.

Gerardo Badilla Álvarez, técnico especializado química – farmacia.

Marlon Quesada Medina, ingeniero topógrafo.

Kattia Murillo Jiménez, ingeniera ambiental.

Daniel Torres Sandí, regidor en Moravia.

Erica Guevara Reyes, psicóloga.

Virginia Ramírez Cascante, docente universitaria.

Melania Monge Rodríguez, educadora jubilada.

Lupita Chaves Salas, educadora jubilada.

Erika Henchoz Castro, periodista.

Yadira Martita Brenes, traductora.

Rosa Alvarado Avellán, profesora jubilada.

Iris Zumbado Zumbado, periodista.

Rubieth Jaén Angulo, docente jubilada.

Ileana Monge Serrano, educadora y empresaria.

Elisa Donato Monge, socióloga.

Alicia Eugenia Vargas Porras, educadora jubilada UCR.

María Eugenia Rojas Rodríguez, docente jubilada.

Mirta González Suárez, psicóloga y escritora, catedrática emérita UCR.

Sofía Alejandra Guillén Pérez, economista, asesora.

Bruno Merino Martínez, empresario.

Marcony Lacayo Elizondo, indígena Maleku de Guatuso, conciliador titulado por Los Mayores.

Reinier Canales Medina, dirigente campesino.

Claudio Ansorena Montero, economista.

María Pérez Iglesias, escritora.

José Luis Callaci Leguizamo, consultor, analista político.

Dulce Umanzor Alvarado, abogada.

Violeta Duarte Fonseca, pensionada.

María Elia Rodríguez, filóloga pensionada.

Ivonne Lepe Jorquera, ingeniera.

Rafael Angel Rivas Ducca, consultor de negocios.

Adriano Corrales Arias, escritor.

Hannia Mora Zamora, microbióloga.

Alejandra Espinoza Arias, corredora de seguros.

Luis Guillermo Serracín Fuentes, maestro de obras.

Ignacio Dobles Oropeza, psicólogo, profesor UCR.

Flor de Lis Monestel Corrales, trabajadora social.

Ernesto Luna Palma, sociólogo.

Italo Fera Fallas, sociólogo.

María Ignes Monestel Corrales, abogada.

Laura Gómez Vázquez, decoradora de interiores, regidora en Tibás.

Ricardo Hernández Mora, profesor de química en secundaria.

Aristides Mena Mena, pensionado.

Roy Jiménez Oreamuno, politólogo y economista.

Eliohonay Arias Valverde, médico emergenciólogo.

Lidieth Uribe Loría, microbióloga.

Damaris Rodríguez Lara, ingeniera agrónoma, docente jubilada.

Osvaldo Calvo Rodríguez, agricultor.

Laura Hall Moore, educadora.

Milton Guerrero Poveda, profesor ciencias económicas.

Natalia Solano Vargas, técnica en ciencias médicas – laboratorista.

Jonatán González Díaz, educador.

Paulino Madrigal Rodríguez, abogado, consultor ambiental.

Saúl Castañeda Salazar, director del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana.

María Bejarano Monge, administradora de empresas.

Celina Beatriz Castro Zúñiga, Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas.

Fernando Martínez Montoya, oficinista.

Carlos Luis Aguilar Garro, ingeniero agroquímico y agrónomo.

Juan Carlos Cruz Barrientos, comunicador social.

Eduardo Ureña Solano, programador de computadoras.

Edison Valverde Araya, Movimiento Buen Vivir CR, CaminantedelSur.Com

Fernando Francia, comunicador.

Sandra Paniagua Paniagua, médica.

Grace Prada Ortiz, historiadora, docente pensionada.

José Valverde Fuentes, oficinista.

Ismael Salas Cortés, artesano.

Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.

Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.

Enrique Sandoval Núñez, abogado.

Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.

Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.

Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.

Jorge Martínez Díaz, agricultor.

Marielos Giralt Bermúdez, filósofa, profesora universitaria.

Ricardo Ascanio Sánchez, empresario librero.

Flory María Montoya Hernández, docente.

Millaray Villalobos Rojas, antropóloga.

Carlos Cruz Chavez, profesor universitario.

Ana Lorena Dávila Cubero, trabajadora social.

Carmen Brenes Sáenz, administradora pública, pensionada.

Rodrigo Quesada Solís, ingeniero.

Natalia Fernández Román, médica.

Oscar Morera Madrigal, médico.

José Daniel Fernández Román, estudiante.

Daniel Guillermo Fernández Morales, abogado.

Sonja Amarú Schumacher Fernández, estudiante.

Vladimir Quesada Santamaría, arquitecto.

Daniela Oca Varela, médica.

Margarita Varela Quesada, comerciante.

Alejandra Oca Varela, educadora.

Rashida Shajide Farah Guzmán, médica.

Karen Adriana Carranza Blanco, médica.

Alexis Oca Ramírez, técnico electrónica.

Ismael Salas Cortés, artesano.

Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.

Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.

Enrique Sandoval Núñez, abogado.

Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.

Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.

Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.

Jorge Martínez Díaz, agricultor.

Flory María Montoya Hernández, docente.

Ana Tristán Sánchez, jubilada.

María Magdalena Cano Valle, docente.

Marcos Chinchilla Montes, profesor UCR

Dan Abner Barrera Rivera, académico de la UNA

José Eduardo Medina Guevara, ciudadano.

Nidia Fonseca Rivera, profesora de secundaria.

Dagmar Facio Fernandez, ciudadana.

José Amesty, ciudadano.

Laura Arias Cabrera, ciudadana.

Leda Méndez Arias, abogada.

Sonia Salazar Quirós, ciudadana.

Paulo Barrera Rivera, sociólogo

Marianela Espinoza Vega, docente MEP.

Marco Antonio Umaña Vargas, agricultor.

Jiddu Rojas Jiménez, profesor de filosofía y master en estudios latinoamericanos.

Rudolf Wedel Schweichler, fotógrafo, profesor, UTN.

Marlin Oscar Ávila, ciudadano.

Antonieta Fernández Quirós, abogada.

Víctor Madrigal Sánchez, profesor Escuela Ecuménica UNA.

José Varela Arguedas, técnico en telecomunicaciones.

Hernán Alvarado Ugarte, jubilado.

Ana Isabel Gardela Ramírez, periodista.

Hernán Tasies Guido, ciudadano.

Ana Lucía Cabal Antillón, docente jubilada.

Marta Eugenia López Subirós, socióloga.

José Francisco Alfaro Carvajal, ciudadano.

Suy Wong Ugalde, traductora, activista por los derechos humanos.

Allan Guzmán Delgado, ciudadano.

Luis Del Valle Carazo, médico jubilado.

Isabel Calvo González, académica.

Giovanni Beluche Velásquez, sociólogo.

Carlos Humberto Herrera, trabajador de la construcción.

Gustavo Campos Alfaro, Frente Amplio.

German Urbina Pastora, ingeniero en computación.

Gerardo Vargas Varela, sacerdote católico, ex diputado del Frente Amplio.

Ulises Araya Chaves, estudiante de Enseñanza de los Estudios Sociales.

Otto Ureña Badilla, pensionado.

Juan Carlos Bermúdez, administrador.

José Rafael Jiménez, administrador de empresas.

Víctor Madrigal Sánchez, UNA, EECR.

Hannia Franceschi Barraza, trabajadora social, profesora universitaria jubilada.

Sergio Rodriguez, ciudadano.

Luis Fernando Astorga Gatjens, periodista y educador.

María Elena Fournier Solano, extensionista universitaria, presidenta y fundadora de la Asociación Conservacionista YISKI.

Axel Hernández Fajardo, catedrático jubilado de la Universidad Nacional.

Marta Chacón Mora, ciudadana.

Isabel Ducca Durán, socióloga y filóloga.

Alejandra Ducca Durán, socióloga.

Ana Franzen, defensora de Derechos Humanos Internacional, miembro de honor de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos.

Álvaro Vega, sociólogo.

Andrés Mora Ramírez, coordinador de la maestría en Estudios Latinoamericanos, UNA.

Marino Marozzi Rojas, economista.

Oscar Mario Solano Aguilar, médico, profesor universitario.

Dr. Jaime Delgado, catedrático UNA

Edgar Mora Guerrero, ciudadano cédula 202901140

José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor universitario catedrático

Alejandra Cartín Leiva, psicóloga

Cristóbal Montoya, profesor UCR jubilado, expresidente Colegio de Ingenieros Agrónomos

Carlos Luis Chacón Salas, luchador social

Daniel Acuña Lizano, ciudadano

Antonio Ortega Gutiérrez, secretario general del Frente Amplio

Mauricio Jiménez Alvarado, educador, dirigente sindical

Marielos Álvarez Fernández, catedrática UNA. Jubilada

Carlos Alberto Ulloa Bonilla, ciudadano

Ana Virginia Ortiz Ortiz, administradora de empresas turísticas

Juan Guillermo Ortiz Ortiz. ciudadano pensionado

Eugenia Salazar Aguilar, abogada

Walter Benavides Hernández, compositor, productor y cantautor

E. Danilo Pérez Zumbado, académico pensionado UNA

Dr. Celso Vargas, profesor Instituto Tecnológico de Costa Rica

Gilberth Salas Hidalgo, ciudadano

Lic. Antonio Cabal Trejos, abogado independiente

Aurelia Trejos París, artista, compositora, actriz emérita

Andro Zeledón Castro, artista audiovisual

Marielos Azofeifa Víquez, educadora y administradora jubilada

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo, catedrático UNA

Olga Prieto Cruz, socióloga

Carlos Jaime Soley

 

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Enviado por Rodolfo Ulloa Bonilla.

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