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Etiqueta: derecho

Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad

  • Estudio describe el mecanismo por el cual se logra una ‘‘concertación’’ de voluntades entre los tres poderes de la República

Manuel Antonio Solís Avendaño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR). Solís señaló que su texto es producto de la institucionalidad que representa la Universidad, desde la cual es posible contar con el espacio y soltura de la academia y producir investigación de este tipo, la cual puede ser base para lograr transformaciones necesarias. «Después puede ser difícil», advirtió el académico (foto: Anel Kenjekeeva).

“Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”, señaló el exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez al resumir lo descrito en el libro Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos), del investigador Manuel Antonio Solís, presentado el pasado 8 de agosto de 2018, en la Facultad de Derecho.

El documento de 500 páginas evidencia un sistema por el cual, desde hace décadas en Costa Rica, se logran concertar voluntades, a favor de partidos políticos específicos o de intereses personales concretos, entre los distintos poderes de la República.

El engranaje se revela a partir del estudio de los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por los diputados de la Asamblea Legislativa. Tales designaciones se realizan con procedimientos que cambian de forma constante y que se acomodan a los candidatos de preferencia.

El autor de la investigación, liderada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), señaló que los procesos para elegir a los magistrados son “perfectamente legales” e, incluso, calificados de procesos democráticos, pero advierte que también son procesos completamente incomprensibles para la ciudadanía.

¿Por qué se terminó eligiendo a quien no participó del proceso de elección?, ¿por qué el de mayor puntaje no queda electo?, ¿por qué los candidatos hacen lobby político para ser elegidos y qué negocian con los diputados en esos espacios?

Solís explicó que contrario a los procesos de elección popular, como las votaciones que se realizan para decidir quiénes ostentarán el poder ejecutivo y el legislativo (de las cuales todos nos sentimos de alguna manera orgullosos), las designaciones de los magistrados de la República reflejan un caudillismo y opacidad.

Portada del libro: Costa Rica: La democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos) (foto: Anel Kenjekeeva).

Además, el investigador advierte que de esa misma manera se eligen en Costa Rica al defensor o defensora de los habitantes y al contralor o contralora general de la República. Estos casos también quedaron documentados en la publicación.

Información reveladora en el momento preciso

El libro de Solís sale a la luz pública justo en un momento en que hay ocho nombramientos de magistrados pendientes, designaciones que serán resueltas por los actuales miembros de la Asamblea Legislativa. Este es un hecho relevante, señaló el exmagistrado Arroyo, pues quienes sean electos van a aplicar la Ley en Costa Rica, seguramente por los próximos 20 años.

El exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez denunció que el nuevo procedimiento de nombramientos que usará la actual Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa da un 40% del total del proceso selectivo a la entrevista. Arroyo consideró que este era un porcentaje muy amplio de uso subjetivo, el cual se ha utilizado en otras ocasiones para desvalorizar los criterios objetivos de la selección (foto: Anel Kenjekeeva).

En esta oportunidad, la Asamblea realizará las designaciones con, otra vez, un nuevo procedimiento, el cual le ha dado a una entrevista subjetiva el valor de 40%.

Tampoco este nuevo procedimiento cumple con los estándares internacionales que se siguen para proteger la independencia de los tres Poderes de la República.

El estudio, igualmente, logra profundizar en toda la institucionalidad costarricense; en particular, trabaja los límites de la llamada división de poderes y la reivindicación fundamental de la tradición liberal republicana desde el siglo XVIII.

La abogada y politóloga Sara Barrios Rodríguez cometó que la ciudadanía debe enterarse de quiénes son y cómo piensan los que se encargan de la aplicación de la justicia en el país; además, debe controlar y opinar sobre ello (foto: Anel Kenjekeeva).

Tres explicaciones

Manuel Antonio Solís, autor del libro e investigador del IIS-UCR, reconoce que toda esta construcción de vínculos entre los distintos poderes tiene su génesis en la lucha bipartidista entre el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, en los años 80 y 90.

De igual modo, advierte que este mecanismo es hijo de la apertura económica y de la Reforma del Estado que se promovió en los 90, en la cual hubo acuerdos entre las fuerzas del bipartidismo. Al respecto, en la presentación del libro se comentó que los nombramientos realizados en ese momento por la Asamblea Legislativa fueron casi de “uno para ti y otro para mí”.

Audiencia del 8 de agosto de 2018, en el miniauditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, durante la presentación del libro: “Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos)” (foto: Anel Kenjekeeva).

La reforma en los 90 al reglamento de nombramientos buscó profesionalizar de alguna manera este proceso y ser una respuesta al claro malestar dentro del Poder Judicial sobre estas designaciones. También, la misma apertura económica del país obligó a cambios solicitados por los organismos internacionales.

Sin embargo, en Costa Rica aún no hay una reforma clara en este sentido. Al respecto, los comentaristas de la investigación, la Dra. Sara Barrios y el exmagistrado Arroyo, aseguraron que solo una profunda transformación de la política dominante puede solventar estas repudiables relaciones entre los poderes de la República.

El llamado es a despertar una ciudadanía vigilante, que desde mucho sectores cuestione a los diputados sobre quiénes serán nuestros magistrados. En momentos de una gran discusión nacional sobre temas polémicos, es necesario saber qué piensa un futuro magistrado sobre el aborto o sobre el matrimonio igualitario. La abogada y politóloga Sara Barrios recordó que ningún sujeto (solo por el hecho de serlo) es objetivo y, ante esa realidad, la ciudadanía debe conocer a quienes le juzgan.

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Fuente original: https://www.ucr.ac.cr

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

UCR: ¿Es costarricense? La Escuela de Comunicación trabaja en un proceso de consulta a una comunidad transfronteriza

Federico Abrego, líder ngäbe en Sixaola (foto: Denis Castro Incera).

El diálogo con la población ngäbe es solicitado por la Asamblea Legislativa a la UCR a fin de llevar a cabo un proceso de consulta popular

A solicitud de la Asamblea Legislativa, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica (ECCC-UCR) está realizando un proceso de consulta popular a la comunidad transfronteriza Ngäbe-Buglé (compuesta por cerca de 3 000 habitantes en el distrito de Sixaola) sobre el proyecto Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza, expediente N° 20.554.

El Primer Poder de la República pidió el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, específicamente a su énfasis de Comunicación Social.

Tras un viaje corto que no supera las cinco horas desde San José, es fácil acercarse a la línea fronteriza. Apenas un puente que se cruza con tan solo elevar la mirada divide a Costa Rica y Panamá, es allí donde parte de la comunidad milenaria de los Ngäbe-Buglé habita. Para ellos las fronteras son un hecho reciente.

Durante todos sus años de escuela y colegio, los Ngäbe-Buglé cantaron el Himno Nacional de Costa Rica, pero no son portadores de la nacionalidad. Es incluso irónico preguntarles si son costarricenses, pues muy pocos lo son formalmente. Esta es una realidad que evidencia exclusión y que hereda dolor.

Para evitar la exclusión, los padres de Eusebio, de apellido Julián, le prohibieron hablar la lengua gnäbere, tradicionalmente conocida como guaymí, por eso, nunca la aprendió. Él, quien es actualmente asesor cultural de la comunidad y destacado en el Centro de Orientación Indígena (COI) de Sixaola, perdió su lengua, la cual ahora siendo adulto trata de recuperar.

Mujeres de la comunidad Ngäbe en Sixaola desean recuperar el conocimiento de sus prácticas ancestrales (foto: Denis Castro Incera).

El único documento que acredita su existencia es un carné de permiso de trabajo –ya vencido–, que lo tramitó su expatrono y que le supuso además un costo de $30, un precio elevado para una comunidad pobre que a ojos vistas se le deshacen los zapatos al caminar.

Como Eusebio existen miles de personas en la zona, quienes se debaten entre el ser y no ser costarricense, una condición que les limita el acceso a los derechos básicos de salud, educación y trabajo.

Un proyecto de ley para cedular a los ngäbes

El pasado 1.º de diciembre del 2018, un grupo de cerca de 40 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, de la Universidad de Costa Rica, ejecutó un total de seis talleres simultáneos, distribuidos en cuatro centros educativos.

La logística enorme del trabajo tenía por objetivo presentar a la comunidad indígena el proyecto de ley N° 20.554 que permitiría regularizar la situación de estos costarricenses sin nacionalidad.

Ese sábado se ejecutó uno de los pasos más relevantes en el proceso de consulta popular. El trabajo –impulsado desde distintos frentes políticos y ejecutado por la Escuela de Comunicación de la UCR– tiene la relevancia de marcar un procedimiento en una tarea que fortalece la democracia.

A partir de las trece horas de ese día, y con un caminar sin prisa, cientos de personas convocadas por sus líderes comunales se acercaron a las escuelas de Sixaola, la Palma, Daytonia y Margarita, para conocer sobre la propuesta legislativa.

Trabajo conjunto entre la comunidad Ngäbe y estudiantes de la Universidad de Costa Rica en Sixaola el pasado 1º de diciembre de 2018 (foto: Denis Castro Incera).

En las aulas, el grupo de estudiantes de Comunicación, debidamente preparados, presentó artículo por artículo el proyecto de ley. Antes del inicio de los talleres, los líderes ngäbe fueron quienes introdujeron la dinámica y presentaron los objetivos.

Costa Rica como país firmante desde 1992 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se comprometió a ofrecer “a los pueblos considerados indígenas, por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y cualquiera que sea su situación jurídica, todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

Pese a lo anterior, se ha avanzado poco en la cedulación de los ngäbe. De 1998 al 2002, un periodo tipo amnistía trató de regular la situación de la comunidad, pero pocos lograron sumarse. Posteriormente, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) intervino en la zona, organizó a la comunidad y dejó bases de trabajo. Hoy, la Universidad de Costa Rica es la institución que está dando seguimiento.

Sin embargo, incluso luego de ese proceso de décadas, si hoy a un ngäbe se le atiende por una enfermedad de emergencia en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no se podrá darle seguimiento en una cita posterior, por no tener cédula; lo mismo ocurre si deben parir, si deben aplicar por un puesto de trabajo o si deben inscribirse como estudiantes. La institucionalidad como un todo no ha sabido reconocerlos, por siglos Costa Rica los ha excluido y sigue haciéndolo.

El profesor Miguel Regueyra Edelman, coordinador del énfasis de Comunicación Social en la Escuela de Comunicación de la UCR, revela que hay testimonios de algunas mujeres a quienes –a punto de parir (con menos de ocho centímetros de dilatación)– se les negó la atención en los centros de salud, y se les subió una ambulancia para irlas a dejar al puente que separa a Costa Rica de Panamá. Un hecho que, sin embargo, ya no volverá a suceder.

La comunidad está informada que desde hace un mes y medio, aproximadamente, la CCSS modificó sus políticas de atención a la comunidad.

En el centro educativo de La Palma en Sixaola se realizó uno de los talleres informativos sobre el proyecto de ley que permitiría la cedulación de una comunidad de cerca de 3 000 personas (foto: Denis Castro Incera).

El profesor Regueyra destaca la relevancia de liderar el proceso de consulta, aunque esta no sea vinculante, como una oportunidad de incidir desde la academia en un proceso vivo que tiene como fin llevar la voz clara y contundente de la comunidad afectada hasta las curules de los diputados que tomarán la decisión sobre ellos.

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, encabezada por el diputado Enrique Sánchez Carballo, es la última encargada de llevar a buen puerto el proyecto de ley 20.554, el cual finalmente le otorgaría la nacionalidad costarricense a esta comunidad transfronteriza.

Varios años de conocernos

El proceso que llevó a esta primera consulta popular indígena se viene trabajando años atrás y ha conquistado los corazones de estudiantes universitarios que, generación tras generación, se comprometen a realizar acción social en la comunidad.

Esta vez, además, se realizó una reunión entre mujeres ngäbe, en la que ellas hablaron de la necesidad de volver a vestir sus ropas, de tejer sus bolsos y volver a hablar su lengua.

Una generación completa perdió siglos de historia y conocimiento cultural, por la urgencia de estandarizarse, a raíz de la exclusión que sufren en su cotidianidad; pero hoy ellas quieren rescatarlo. Para ello, la docente e investigadora, Yanet Martínez Toledo de la Escuela de Comunicación de la UCR, trabaja en facilitar el espacio para que ellas puedan proceder con el rescate de sus prácticas ancestrales.

Tareas para volver a saber cómo hacer chakeras (bolsos tejidos) y chaquiras (collares), recuperar su comida tradicional y hacer la costura de sus vestidos quedaron en la lista de la agenda de trabajo.

Hace un año la estudiante Karina Elizondo Soto visitó por primera vez la zona, en el marco del mismo proyecto, esta vez regresa para consolidar una de las etapas más importantes: las sesiones informativas sobre el proyecto de ley.

Como ella, también hay estudiantes voluntarios de otras carreras, futuros químicos, informáticos y sobre todo comunicadores sociales siguen allí, en la línea fronteriza tratando de guiar un proceso para que los pueblos logren incidir su realidad social y en la vida política de Costa Rica.

DOCUMENTOS

LEY DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA NACIONALIDAD DE LA PERSONA INDÍGENA Y GARANTÍA DE INTEGRACIÓN DE LA PERSONA INDÍGENA TRANSFRONTERIZA Expediente N° 20.554 sobre

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Mujeres por Costa Rica: La educación es un derecho

El colectivo Mujeres por Costa Rica: madres, abuelas, tías, hermanas y muchas de nosotras educadoras, hacemos un llamado al Magisterio Nacional, en especial a las mujeres docentes y personal administrativo, para que pongamos fin a la situación de incertidumbre, a los temores y congojas que hemos vivido en los hogares costarricenses en estos más de setenta días de huelga.

Instamos como mujeres a nuestras conciudadanas para que pensemos en nuestros niños, niñas y adolescentes y pongamos de primero su interés y bienestar, como nos lo obliga no solo la ley sino nuestra naturaleza misma como mujeres y promotoras de paz.

Apelamos a su compromiso de respetar el derecho humano a la educación según la Declaración Universal de Derechos Humanos y a promover y garantizar la educación de las personas menores, según el tratado internacional de la Convención de Derechos del Niño de 1990.

Apelamos a la obligación que, como personas adultas tenemos, de poner primero el interés superior de las personas menores por sobre cualquier otro interés, según se expresa en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Esa normativa nos dice que cualquiera de nuestras acciones, públicas o privadas, que conciernan a una persona menor de dieciocho años, debe considerar de primero el interés y los derechos de la persona menor.

Por lo tanto, a la hora de decidir cualquier cuestión que les afecte, debemos como personas adultas en primera instancia proteger los derechos de las personas menores, respetar su desarrollo integral, procurar una vida digna, y velar por sus intereses.

De ahí que el derecho a huelga se debe respetar pero no puede estar NUNCA por encima del derecho superior de las personas menores, en este caso su derecho a la educación.

La huelga ha provocado serios daños a cientos de miles de estudiantes de escuelas y colegios públicos: desde el punto de vista social, hemos afectado mayoritariamente a las poblaciones más vulnerables y empobrecidas del país al retroceder su proceso educativo, así como desatender las necesidades alimenticias y la adecuada nutrición con el cierre de numerosos comedores escolares, sin considerar que para muchos de nuestros niños y niñas, la principal comida es la que obtienen en el centro educativo.

Con estas acciones lo que propiciamos es el aumento de la brecha social y la inequidad en nuestro país.

Desde el punto de vista ético, es necesario reconocer que la Educación es un derecho humano y un bien común y por lo tanto, la interrupción y el abandono del proceso educativo atentan contra los principios fundamentales de nuestra legislación en materia educativa de la que nos hemos sentido orgullosos como costarricenses.

Esos actos tienen consecuencias impredecibles en la formación ética de nuestros estudiantes quienes han sido sometidos a situaciones de estrés innecesarias, al negarles sus promedios de notas, al obstaculizar exámenes y actos cívicos, al incumplir deberes docentes y administrativos, al escuchar y leer manifestaciones consideradas como “bullying” contra autoridades nacionales.

Desde lo pedagógico, es clara la afectación de que tantos días de abandono requerirá de un gran esfuerzo que tendrá un impacto económico tanto sobre las maltrechas finanzas públicas como las de las familias.

Los procesos educativos tienen una secuencia y deben mantenerse en los tiempos programados, contando para ello con la orientación y el acompañamiento de las personas adultas asignadas por el Estado para cumplir con esa noble misión de educar personas. Requerimos por lo tanto, iniciar procesos de recuperación pedagógica lo antes posible.

Dado lo anterior hacemos un llamado a los funcionarios y funcionarias públicas del sector educación para que privilegiemos sobre cualquier otro interés, el interés principal de las personas menores.

Para ello instamos a cada persona a que se reintegre a su trabajo y cumpla con su deber de procurar una mejor educación.

Unamos esfuerzos para recuperar la educación pública como promotora de la movilidad social y base de la democracia costarricense, en el marco de una cultura de paz.

 

Imagen ilustrativa tomada del video ¿Qué dicen realmente los programas de educación para la afectividad y sexualidad integral del MEP?

Enviado por Erika Henchoz.

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Derecho y monocultivo: efectos omitidos de la piña en Costa Rica

Derecho y monocultivo efectos omitidos de la pina en Costa Rica

Este jueves 7 de junio a las 6 p.m. Auditorio Abelardo Bonilla, Estudios Generales, UCR se realizará el Conversatorio: Derecho y monocultivo: efectos omitidos de la piña en Costa Rica.

Expositores:

  • Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público, UCR
  • Xinia Briceño, activista y líder comunal de Milano, Siquirres

 

 

Tomado de la página de Facebook Asociación Estudiantes Derecho.

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Foro: Acceso a Ciudadanía para la población Ngäbe-Buglé

  • Voceras y voceros de la comunidad Ngäbe-Buglé dialogarán por el reconocimiento de su ciudadanía

Foro Acceso a Ciudadania para la poblacion Ngabe Bugle

Los derechos humanos del pueblo indígena Ngabe-Buglé son violentados día a día, debido a su restricción de acceso a ciudadanía, lo cual les impide acceder a becas, servicios de salud especializados, espacios de representación política y respuesta jurídica efectiva. El proyecto de ley 20.554 en la Asamblea Legislativa busca regularizar su ciudadanía, dotándoles de todos los derechos y deberes que les devienen.

El martes 5 de junio a las 3:30 p.m. realizaremos un foro con los voceros y voceras de la comunidad, discutiendo sobre su actual condición migratoria. Dicho foro se realizará en Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa, en el cual se le exigirá al Gobierno de Costa Rica soluciones inmediatas y sostenidas a la problemáticas que viven todas estas familias, quienes son extranjeras en su propia tierra.

Organizado por Soy de Aquí

 

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Conversatorio de semana UCR: «Sexualidades, Cuerpos, Control y Derecho»

  • Organizado desde la Carrera de Derecho de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente

Conversatorio de semana U

Este próximo martes 24 abril a la 1 p.m. en el Auditorio de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente se estará llevando a cabo el conversatorio «Sexualidades, Cuerpos, Control y Derecho«, un diálogo que problematiza los diferentes controles normativos jurídico-sociales que se ejercen sobre las personas, una visión crítica e interdisciplinaria que va más alla del derecho.

Los expositores y expositoras han tejido sus experiencias desde la resistencia, y han contribuido a la lucha por la reivindicación, reconocimiento y promoción de los derechos humanos de todas las personas.

Entrada abierta y gratuita a toda la población.

Expone:

  • Juan Gómez Meza
  • Irené Barrantes Jiménez
  • Jorge Chaves Aguilar
  • Daniela Loaiza Durán
  • Victoria Rovira Hernández
  • Larisa Arroyo Navarrete

 

Enviado por Luis Alberto Soto.

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Municipalidad de San Rafael atenta contra el recurso hídrico de habitantes del Valle Central

Comunicado CONCEVERDE

 

La municipalidad de San Rafael de Heredia, que se vive echando flores por ser adalides, según ellos, en la defensa del ambiente, DE NUEVO fue condenada por la Sala Cuarta por violentar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esto mediante la resolución Nº 2017-017353 del 31 de octubre del 2017.

La condena surgió por un recurso de amparo que presentaron vecinos de San Rafael de Heredia, organizados en el colectivo CONCEVERDE, por considerar que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Municipalidad de San Rafael estaban poniendo en peligro el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central al dar pajas de agua la primera y permiso para que se fraccionara la segunda, a una finca en Concepción de San Rafael, sin contar con estudios científicos que determinaran con certeza de que no se estaría violentando ese recurso.

Aun cuando el Alcalde trató de que la Sala Constitucional se tragara el cuento de que los recurrentes presentaron argumentos falsos, la Sala no lo hizo caso y lo condenó, al igual que al gerente de la ESPH, por violentar el artículo 50 constitucional y además de ordenar pagar costas, daños y perjuicios, ordenó a la Municipalidad no otorgar permisos en el fraccionamiento cuestionado hasta que se tenga la certeza que no se éste impacto el recurso hídrico subterráneo.

Tampoco se tragó el cuento los magistrados, de que un proyecto de 36 viviendas llevado a cabo en igual número de lotes, no pondría en peligro el recurso hídrico, como alegó el Alcalde, en tanto para éste esos desarrollos no son de alta densidad. Y es que en la Municipalidad junto con desarrolladores y vendedores de lotes, tienen la costumbre para burlar requisitos ambientales, llamar desarrollos constructivos que son verdaderas urbanizaciones, como desarrollos de fraccionamientos simples aun cuando el impacto ambiental es el mismo de una urbanización y aún peor ya que no lleva sistema de tratamiento de aguas negras y residuales.

Esperamos en CONCEVERDE que cambie el actuar de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y su Alcalde, para que algún día se merezcan cualquier galardón ambiental, pero sobre todo para que algún día dejen de atentar contra el recurso hídrico de los habitantes de San Rafael y en general del Valle Central.

 

Por CONCEVERDE: José Fco. Alfaro Carvajal. Cédula105180468.

Teléfono: 8815 9954.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por CONCEVERDE.

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Manifestación en la Clínica Carlos Durán

El pasado 28 de agosto, las comunidades del área de Zapote, Catedral, San Sebastián y San Francisco, quienes asisten a la Clínica Carlos Durán, se manifestaron ante la falta respuestas y el colapso en los servicios de salud de esta Clínica; exigieron a la Dra. Sáenz, que se comprometa con las comunidades.

Manifestacion en la Clinica Carlos Duran2

Compartido por Leda Méndez.

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Organizan manifestación para recuperar Clínica Dr. Carlos Durán

  • Vecinos y vecinas de Zapote, San Francisco, San Sebastián y Catedral

 

La Clínica Dr. Carlos Durán es un centro que concentra 10 EBAIS y además un segundo nivel de atención (laboratorio, emergencias, rayos X, etc.), lo que causa condiciones de hacinamiento y saturación de servicios. En farmacia por ejemplo, los y las trabajadoras comen entre las cajas de las bodegas por falta de espacio.

El actual edificio de CEDESO (al frente), pertenecía anteriormente a la clínica, sin embargo, ahora se utiliza únicamente para administrativos (as) e incluso las piscinas son usadas por funcionarios (as), cuando antes eran de provecho para dar rehabilitación a diversas poblaciones.

Es por esto que tras una lucha de más de 10 años, la comunidad manifiesta haberse cansado de las promesas incumplidas y de esperar a que como afirmó en algún momento la antigua presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, se lleve a cabo el traslado del primer nivel de atención y otros servicios a un edificio que pertenece a la institución y se encuentra cruzando la calle.

Por esta razón la comunidad decidió manifestarse este próximo 28 de agosto a las 6 a.m. frente a la Clínica Carlos Durán para exigir el derecho a la salud.

 

*Imagen tomada de www.panoramio.com

Compartido en grupo de WhatsApp que organiza conmemoración de la lucha contra el TLC.

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Honduras: El asedio, a la vida universitaria

  • “El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del ser humano, el progreso social y la liberación nacional…así como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar su sistema político, social o económico”. (Código de ética periodística de la UNESCO, 1983)

 

Ronnie Huete Salgado (*)

Periodista y defensor de DD.HH

 

Latinoamérica, 13 de agosto de 2107. Tres estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), marcan el primer referente de estudiantes condenados en un tribunal de justicia en Latinoamérica, por defender la educación pública superior como un derecho universal.

Ante este acontecimiento, el asedio contra la vida en la Máxima Casa del Conocimiento en Honduras, fundamenta el dogma de la persecución, iniciado en los universitarios, Sergio Ulloa, Cesario Padilla y Moisés Cáceres.

La deformación de los acontecimientos en Honduras es una agenda que persiste en fomentar la apología del odio. En menos de tres meses dos asesinatos recorren en el imaginario colectivo de la opinión pública nacional e internacional, y lo vinculan con el conflicto de la UNAH.

Aún no existe un dictamen oficial de parte de las autoridades responsables, de efectuar las investigaciones pertinentes, que definan la causante de los asesinatos.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los intereses oscuros que realmente delinean las acciones de las autoridades del Alma Mater, motivan a que los mercenarios de la información destruyan el imaginario colectivo de las masas.

Cuando la razón y el humanismo dejan de existir en la toma de decisiones en la máxima casa de estudios, desde las altas esferas del odio, aniquilan la universalidad del pensamiento para la que fue creada la UNAH en 1848, involucionando en un terrorismo universitario.

Desde el principio de la crisis de 2017 en la UNAH, la comitiva del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), aconsejaron utilizar la vía del dialogo bajo este contexto universal del pensamiento, sin embargo, este raciocinio de ambos organismos fue desvirtuado con respuestas abruptas desde la alta jerarquía universitaria.

Nuevamente el Ombudsman de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, realiza una nueva recomendación, recurrir al Consejo Nacional de Educación, una instancia creada en Honduras por la ley fundamental de educación para garantizar el derecho humano a la educación de toda persona en Honduras.

Derecho humano que ha sido fuertemente violentado con la expulsión de 20 estudiantes universitarios, como una medida arbitraria dictaminada desde la rectoría y con el agregado de imputaciones judiciales desde los tribunales de justicia de este país.

Por tal motivo el Ombudsman hondureño fue contundente al expresar que, si ellos no encuentran la solución a la problemática, en los próximos días, es necesario que se asuma y se tome una decisión de Estado.

A casi tres meses de haber iniciado esta crisis de 2017, los acontecimientos van desde enfrentamientos entre estudiantes y la Policía Nacional, y algunos comunicadores sociales, hasta el asedio contra el Padre Jesuita Ismael Moreno.

Y es que la utilización de mercenarios dentro de la UNAH, para agredir físicamente y perseguir a los estudiantes y a las personas que allí se encuentran, no solo se resume en lo físico, puesto que los ataques mediante un reducido sector de la prensa, comprueba el precio que tiene el desinformar a la población.

Tanto los mercenarios de la información como los que atacan físicamente, se suman a los misteriosos ataques que se han perpetuado en los alrededores de la UNAH.

El pasado viernes 11 de agosto según información de un estudiante, un universitario que está siendo objeto de criminalización desde las altas esferas universitarias, fue víctima de un atraco y amenazado con un arma de fuego, despojándole de su celular.

Este hecho se efectuó dentro de las instalaciones de la universidad, ese mismo día, el atacante fue perseguido por los estudiantes que allí se encontraban, y la acción del atracador fue el de dispararles con arma de fuego en mano.

Por razones de seguridad no se revela el nombre de la fuente, sin embargo, aseguró que en donde se realiza la huelga de hambre que lleva 47 días, todas las noches son vigilados por vehículos desconocidos sin número de placa y con vidrios poralizados.

Son tres los estudiantes que mantienen la huelga de hambre y que han tenido relevos, por recomendaciones de la doctora Ligia Ramos, quien voluntariamente evalúa la salud de los estudiantes.

Por tal motivo la huelga de hambre se mantiene gracias a los relevos que han hecho los estudiantes, según las recomendaciones médicas, no obstante, aunque esta forma de acción es totalmente pacifica, es amedrentada utilizando técnicas que remarcan el fascismo.

Según informes de los propios estudiantes, los edificios de la UNAH, se encuentran cerrados como otra medida de presión y protesta, lo que ha resultado en la ausencia de clases durante los dos últimos meses.

Debido a esta acción, las autoridades del Alma Mater, publicaron un comunicado asegurando que no pagaran el salario de los docentes, puesto que no han impartido sus cursos según correspondía en el calendario académico y la rectoría los acusa de cómplices en la huelga que lidera el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).

La persecución también ha llegado a los docentes de la UNAH, quienes tendrán que enfrentarse a no recibir su próximo salario, puesto que la crisis es agudizada por dictamines fuera de orden en una nación cuasi incivilizada.

Sumado a esta persecución, recientemente fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia 15 estudiante universitarios del Centro Universitario Regional Litoral del Pacifico, quienes ahora enfrentan cargos judiciales en su contra por hacer uso del derecho universal de la protesta.

En total son 44 los universitarios judicializados, y que enfrentan a la justicia de Honduras como si se tratase de delincuentes comunes.

Mi persona, también está siendo víctima de criminalización por hacer uso del libre ejercicio del periodismo cuando el 24 de mayo hice cobertura periodística internacional de una acción de protesta en el edificio administrativo de la UNAH, sin embargo, fui víctima de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, robo y privación injusta de mi libertad y ahora se me imputan cargos.

Ser periodista y corresponsal internacional en Honduras, alejado de los lineamientos producidos por las altas esferas de la UNAH, lo puede llevar a la cárcel o incluso a la muerte.

En el último mes he sido objeto de seguimiento de parte de vehículos extraños, en las avenidas de Tegucigalpa, así como la intervención constante de mi teléfono celular, aunque ya interpuse una denuncia contra las personas que me torturaron y robaron el 24 de mayo de 2017 en la UNAH, aún no he tenido una respuesta contundente del Ministerio Publico de este país centroamericano.

A través de la Secretaria de Seguridad, mantienen una instancia llamada el Mecanismo de Protección de periodistas y defensores de derechos humanos, sin embargo, la protección de la misma solo se ha reducido a analizar mi caso para hacer un diagnóstico, desde hace casi tres meses de ocurridos estos hechos que atentaron contra mi vida.

En uno de los considerandos de la Carta Universal de los Derechos Humanos menciona “que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”

Tal descripción bajo el contexto universal de los derechos humanos, confirman que en Honduras existe una barbarie, cuyo epicentro es la máxima casa de estudios. La guerra de baja intensidad persiste, ahora desde la casa universal del conocimiento.

La filosofía pragmática, de conseguir el poder y el dinero acosta de lo que fuese, es el perfecto reflejo que brilla en el Estado fallido de Honduras.

Tras esta intensa etapa de crisis, es sumamente necesaria la praxis de la filosofía humana, para el servicio de la humanidad, rescatando los valores morales que enaltecen la honestidad y el amor al prójimo. La universidad es la responsable del óptimo desarrollo de la humanidad que habita Honduras.

La paz es necesaria para fortalecer los valores democráticos, sin embargo, en donde se desarrolla el conocimiento, a través de la universalidad del pensamiento, es decir la UNAH, se encuentra en una constante riña con la paz, puesto que la filosofía pragmática es la oscuridad que es inseparable de las actuales autoridades.

 

(*) Ronnie Huete es Licenciado en periodismo (UNAH) con Maestría en Cooperación al Desarrollo y elaboración de proyectos, estudió presencial en la Universidad Politécnica de Valencia, España y se ha desempeñado como docente universitario de la UNAH y otras universidades privadas. En 2010 vivió en Florianópolis, Brasil, regresando a Brasil el primer semestre de 2012 en la ciudad de São Paolo. en 2008 viajó por Centroamérica, para luego en 2013 desplazarse a California, EUA. En Julio de 2015 viajó hacía Washington D.C. y luego tuvo una corta estadía en Nueva York, terminando en el Estado de Florida. En 2016 produjo un programa radial en el Condado de Orage, California.

Actualmente se encuentra en Honduras, en donde estudiaba su segunda licenciatura en sociología, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, sin embargo, fue víctima de criminalización y persecución judicial por parte de las autoridades universitarias, por lo que está tomando fuertes medidas de seguridad, ya que su vida corre peligro.

El 24 de mayo de 2017, el periodista Ronnie Huete Salgado, se encontraba en el edificio administrativo de la UNAH, en donde realizaba cobertura periodística internacional para la agencia brasileña de prensa desacato.info, sin embargo, fue torturado, despojado de su celular y privado de su libertad por elementos de la seguridad privada de la UNAH, para luego ser encarcelado. Actualmente posee medidas sustitutivas a la prisión y es víctima de persecución como resultado del trabajo que desempeña como periodista en su país natal Honduras.

Cualquier atentado o amenaza para el autor de este artículo es responsabilidad de quienes representan y gobiernan el Estado de Honduras y o los que menciono en el presente artículo.

El autor de este artículo es corresponsalía voluntaria para la Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red , el portal http://desacato.info editado en Florianópolis, Brasil, rebelion.org, http://conexihon.hn , criterio.hn, www.hondurastierralibre. Entre otras agencias de prensa internacional para la cual trabaja de forma independiente (freelance) y que cuyas publicaciones son efectivas en España, México, Argentina, entre otros países de América Latina.

 

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