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Etiqueta: derecho

BUSSCO se reunió con presidente Solís y planteó sus principales demandas

Este pasado jueves 22 de octubre, los representantes del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) se reunieron con el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, en un acercamiento para realizar la entrega formal de las principales demandas del grupo, de manera que se inicie un debate para promover resultados tangibles a las problemáticas que enfrenta la clase trabajadora y el pueblo costarricense.

“Solicitamos que se reactivaran las mesas de análisis y resolución de las situaciones especiales entre el BUSSCO y la jerarquía de instituciones como el Ministerio de Educación, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica”, comentó Luis Chavarría, coordinador del BUSSCO y secretario general de UNDECA.

Asimismo, la organización presenta una agenda de temas relacionados con el ámbito económico, político y social y que aglutina los intereses inmediatos de los sectores sociales que representa el BUSSCO.

Entre los ejes de dicha agenda destacan la necesidad de establecer una política de salarios creciente, tanto para el sector privado como público, para lo cual consideran necesario cambiar la dinámica de las negociaciones salariales.

Otra temática que preocupa fuertemente a BUSSCO es la urgencia de establecer límites al aumento tarifario de los servicios públicos, a las excesivas tasas de interés por parte de los operadores de préstamos y tarjetas de crédito, así como el constante incremento de bienes de consumo, que deterioran la calidad de vida de los costarricenses.

“Consideramos que debe respetarse la libertad sindical, esto implica el derecho a huelga, a la libre sindicalización y a las negociaciones colectivas, por lo tanto, nos oponemos a los proyectos que se encuentran en la corriente legislativa que impulsan el salario único y el empleo público, los que atacan las convenciones colectivas y los acuerdos y normativas laborales”, agregó Chavarría.

También han definido de vital importancia, emprender acciones para el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, por el rescate de su autonomía, contra la privatización de los servicios, la eliminación de las listas de espera y la prestación de servicios públicos oportunos y de calidad. La temática de las pensiones no se quedó por fuera, pues el BUSSCO se opone a las reformas regresivas de dicho tema.

En materia de educación plantearon que es indispensable el desarrollo de programas, infraestructura, equipo y recurso humano en centros regidos por el Estado y están en contra de la educación dual y el primer empleo, iniciativas que se discuten en la Asamblea.

En el tema de impuestos consideran que la estructura tributaria y fiscal debe ser un instrumento de igualdad social y no están de acuerdo con las propuestas regresivas para la transformación del 13% de impuesto de ventas en 15% de Impuesto al Valor Agregado y rechazan el impuesto al salario.

De la misma forma BUSSCO pidió que se de apoyo efectivo a los campesinos; que las telecomunicaciones vuelvan a ser un patrimonio nacional; nuevas políticas de acuerdos comerciales que favorezcan a las mayorías y una mayor participación social en la administración de los medios de comunicación. Estas y otras fueron las propuestas de BUSSCO.

Si desea mayor información puede comunicarse con Luis Chavarría, secretario general de UNDECA al 8367-27-37

 

*Imagen tomada de Lente Global.

Enviado a SURCOS Digital por Comunicación UNDECA.

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Investigadora de la UCR participó en audiencia de la CIDH

Dra. Gabriela Arguedas

Para hablar sobre el tema de violencia obstétrica en CR

 

Andrea Marín Castro,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Investigadora de la UCR participó en audiencia de la CIDH
La violencia obstétrica en Costa Rica fue el tema de discusión en una de las sesiones temáticas que se llevaron a cabo en la CIDH (foto archivo ODI).

Como parte de una gestión colaborativa entre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (Ciem) de la Universidad de Costa Rica, la Dra. Gabriela Arguedas participó en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Esta es la primera vez que la UCR participa oficialmente en una audiencia de este tipo, en la que se discutió el tema de la violencia obstétrica en el país. La Dra. Arguedas presentó algunos resultados de las investigaciones que ha desarrollado el Ciem, relacionadas a este tópico.

“Este esfuerzo muestra el impacto positivo de conectar la investigación académica en el campo de la bioética, los derechos humanos y el género, junto con las acciones de demanda por la justicia social”, comentó Arguedas.

Durante la exposición, se dio información acerca de las distintas formas de violencia obstétrica que se han identificado, se habló sobre algunos casos específicos y se dio a conocer los lugares y las poblaciones más vulnerables ante esta problemática.

Se mencionó que en las diferentes etapas del embarazo, las pacientes sufren de distintas manifestaciones de violencia como falta de información, descalificación de lo que están sintiendo, aplicación inadecuada de técnicas obstétricas, entre otras.

“Según los estudios realizados por el Ciem, las mujeres que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad son aquellas de estrato socioeconómico más bajo, mujeres indígenas y migrantes, así como las niñas y adolescentes”, especificó Arguedas.

Así mismo, otro de los temas de preocupación que se expuso fue la situación de niñas víctimas de violencia sexual que quedan embarazadas, ya que no reciben atención especializada que tome en cuenta su condición de niñas víctimas de violación y violencia obstétrica.

Investigadora de la UCR participó en audiencia de la CIDH2
La Dra Gabriela Arguedas del Ciem, presentó los resultados de algunas de sus investigaciones en el tema de violencia obstétrica (foto archivo ODI).

Para las peticionarias, no existe al interior de estado una política pública para prevenir la violencia obstétrica, ni legislación que promueva la protección de los derechos humanos de las mujeres en temas de salud reproductiva. De igual manera, se manifestó que los programas de estudio de las carreras de Ciencias de la Salud carecen de una perspectiva de género y derechos humanos, lo que contribuye a la normalización de esta problemática.

Por su parte, Lady Zuluaga, representante de Cejil, se refirió a las solicitudes que se le hacen al Estado costarricense en las que se incluye establecer una hoja de ruta para buscar una solución integral y duradera, abordar el tema con perspectiva de género, garantizar el acceso a la justicia y realizar modificaciones en materia legislativa y de política pública. De igual manera, vincular a la sociedad civil y a las víctimas de violencia obstétrica en la discusión de cualquier iniciativa.

Así mismo, se solicitó a la CIDH que en el comunicado final de la audiencia se exprese la preocupación por la situación de violencia obstétrica en Costa Rica y el impacto que ello tiene en la vida de las mujeres y sus familias e inste al Estado a tomar acciones prontas para abordar integralmente la problemática.

En su defensa, el Estado costarricense enumeró una serie de acciones y leyes que respaldan el trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos años. Así como el abordaje que se la da al tema desde las instituciones rectoras de la salud. Además se subrayó que los casos son aislados y que no pueden tomarse como una generalización de la problemática.

La Dra. María Eugenia Villalta, gerente médica de la CCSS, habló sobre el trabajo que han realizado, como la actualización de la guía de atención integral a las mujeres, niñas y niños, en el periodo perinatal, parto y postparto; la oficialización del manual de educación perinatal para mujeres gestantes y su familia, que se espera se empiece a implementar en el 2016.

También mencionó la implementación del Proyecto Mesoamérica, que ofrece atención integral a las y los adolescentes y el reglamento de la CCSS que asegura los derechos de la madre embarazada, entre otros.

Con la presentación en esta audiencia, el Ciem y el Cejil, pretenden poner en la agenda de discusión el tema de la violencia obstétrica en Costa Rica, para que sea un tema prioritario de análisis en los distintos sectores involucrados.

El video de la audiencia puede observarse en el siguiente enlace.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Asamblea de familias para informar sobre trámites y situación de proyectos de viviendas

Se invita a las familias de escasos recursos para que asistan este sábado 24 de octubre a las 9:00 a.m. a la Asamblea para conocer los trámites a seguir y la situación de los proyectos de viviendas, organizada por el Foro Nacional de Vivienda.

Se contará con la presencia del dirigente Orlando Barrantes.

 

*Todas las actividades del Foro Nacional de Vivienda son gratuitas.

 

Tomado de la página de Facebook Orlandö Barrantes

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Escuela de Comunicación y Defensoría de los Habitantes unen esfuerzos

Andrea Marín Castro,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Escuela de Comunicación y Defensoría de los Habitantes unen esfuerzos
Lidieth Garro y Montserrat Solano firmaron la carta de intenciones entre la ECCC y la Defensoría de los Habitantes (foto Anel Kenjekeeva).

Por medio de una carta de entendimiento, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes, acordaron impulsar el intercambio de conocimiento y búsqueda de espacios para promover y defender los derechos humanos.

Así mismo, este esfuerzo pretende crear acciones conjuntas para lograr una sociedad con mejores herramientas de comunicación y con un claro empeño de democratizar el acceso a la información.

La Dra. Lidieth Garro Rojas, directora de la ECCC manifestó que el acuerdo abre múltiples espacios de convergencia y de trabajo enriquecedores entre ambas instituciones, lo que dará como resultado el desarrollo de proyectos en distintas áreas.

“En el área de derecho a la comunicación y derecho a la información tenemos muchísimo en lo que podemos trabajar en conjunto. También tenemos mucho que aprender de la Defensoría en lo que tiene que ver con trabajo en comunidades y grupos”, expresó Garro.

Escuela de Comunicación y Defensoría de los Habitantes unen esfuerzos2
Montserrat Solano, destacó la importancia de que la Defensoría de los Habitantes tenga alianzas con otras instituciones para lograr la defensa plena de los derechos humanos (foto Anel Kenjekeeva).

Por su parte, la Mag. Montserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes destacó que el tema de derechos humanos necesariamente pasa por un tema de comunicación.

“La primera línea de defensa en materia de derechos humanos es la toma de conciencia por parte de las personas y por supuesto esta alianza nos permitirá avanzar en esa primera línea que es fundamental, particularmente con poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”, subrayó.

También resaltó que el objetivo común es el avance social a partir de la comunicación y tener una comunicación más respetuosa de la dignidad de las personas.

La carta de entendimiento se firmó este miércoles 14 de octubre, en el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, en la que estuvieron presentes representantes de la ECCC y de la Defensoría de los Habitantes.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Ley de radio y tele, por una democracia en expansión

Ante la discusión por una ley de radio y televisión que refleje las nuevas dinámicas tecnológicas que afectan y moldean modos y usos radiodifusión

Luis Andrés Sanabria Zaniboni (Ciudadano)

 

Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Ryszard Kapuściński

 

Ante la discusión por una ley de radio y televisión que refleje las nuevas dinámicas tecnológicas que afectan y moldean los modos y usos de la radiodifusión, así como una pertinente estructura fiscal de estas actividades, es importante preguntarnos además ¿por qué defender una ley participativa?

Partiendo de lo obvio, que la ley actual de radio no tiene la capacidad de reflejar toda la revolución en las infocomunicaciones de los últimos 60 años, lo cual hace evidente la necesidad de un marco jurídico distinto, también es cierto que el Estado no sólo debe ampliar y representar en su estructura jurídica la regulación tecnológica y fiscal pertinente, sino también reconocer e incluir de manera protagónica a la ciudadanía en la planeación, diseño, discusión, formulación e implementación de ese mismo marco.

En los últimos 60 años, no solamente las infocomunicaciones han representado una revolución, sino también la emergencia de diversos actores a lo largo y ancho de las sociedades, donde han denunciado la crisis de representatividad, propiciada a través de los monopolios de los canales de expresión, donde difunden solo una forma de ver, sentir e interpretar, lo cual lleva a un secuestro e invisibilización de la diversidad.

Estas décadas han representado así mismo la historia por la reivindicación de la diversidad y el derecho a la comunicación, entendiendo una parte como la necesidad de democratizar los criterios de acceso y participación en igualdad de oportunidades en la elaboración de la agenda temática de las sociedades, en la producción-intercambio-debate de mensajes-ideas. Lo que en definitiva es un proceso por la búsqueda de una sociedad más equitativa, solidaria y justa.

Una ley de radio y televisión que represente los tiempos actuales, debe partir de la construcción de espacios donde las distintas visiones tienen cabida en la formulación de este marco jurídico, y procure aplacar y desentramar las visiones dominantes, facilitando los espacios y prácticas para garantizar el respeto y promoción de las diversos contenidos y expresiones de las sociedades.

Esto nos exige la construcción de algo más allá de lo que normalmente los grandes medios comprenden como “derecho a la expresión” enarbolado detrás del temor a sanciones, sino avanzar hacia la construcción del “derecho a la comunicación”, que incluye no sólo la libertad de expresión, sino también a investigar, recibir y difundir, para garantiza los espacios que permiten a los diversos sujetos decidir cómo recibir y difundir sus propias manifestaciones.

Es necesario visibilizar que un nuevo proyecto de radio y televisión es algo más allá que un espacio de discusión técnica, sino también político, donde las diversas manifestaciones sociales y culturales deben reivindicar la conquista del derecho a la comunicación como espacio democratizador en nuestras sociedades orientado al pluralismo informativo y cultural.

Por esta razón, cualquier proceso de ley de radio y televisión debe ser participativo, porque en definitiva es el lugar donde se facilita los espacios y prácticas que permitan la democratización del acceso a los medios de comunicación, en su uso, contenido, diversidad y promoción.

Debemos ser claros, la comunicación no es una mercancía, es un bien público, donde se desarrolla un proceso en el cual creamos, aprendemos, reconstruimos e interactuamos nuestras identidades, los medios comerciales son sólo una manifestación más de este proceso, y desde la perspectiva del derecho a la comunicación no se puede ni debemos permitirles que determinen los alcances de una ley en términos de su democratización o contenido, por esta razón mejor póngale la firma a la participación protagónica.

*Imagen con fines ilustrativos.

Fuente Semanario Universidad.

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Bio-medicalización: tecnociencia y mercado contra la salud

No Gracias Logo

Por nmurcia

El otro día reflexionábamos sobre la necesidad de re-conceptualizar la idea de “progreso médico”. La tesis es que es necesario exponer, explicar y hacer atractiva una idea alternativa para generar esquemas de desarrollo y de pensamiento, alrededor de la medicina y los sistemas de salud, distintos a los actuales.

Para empezar, criticando elementos que convencionalmente se han asociado a dicho concepto pero que han sido pervertidos por el sistema económico, el mercado y la propia cultura predominante: el desarrollo tecnológico, la prolongación de la vida, la atención centrada en el paciente, la eliminación del riesgo o, sin ser exhaustivos, la medicalización de la salud.

Se trataría de desentrañar lo que de ideología hay detrás de elementos aparentemente neutrales para poderlos -precisamente- politizar y, por consiguiente, debatir. Esta sería la única manera de romper el actual y destructivo consenso en lo esencial (y disenso en lo periférico) que existe en las propuestas políticas, de uno y otro color, sobre cómo organizar los sistemas sanitarios, que es casi equivalente a decir, sobre cómo “ponerles límite” (algo parecido pasa con la idea de crecimiento económico, aceptada, ampliamente como el único instrumento capaz de generar bienestar social y que solo ha sido impugnado desde la ecología política con conceptualizaciones tan provocativas y necesarias como el de-crecimiento).

En la entrada anterior reflexionábamos sobre una estrategia -demonizada por la izquierda y la derecha-, el racionamiento, que nos parece imprescindible rehabilitar.

En efecto, la izquierda, en su anticuada visión de la salud como producto exclusivo de la medicina y la innovación científica, ataca la idea de racionamiento porque implica no financiar algunos “avances” médicos o infraestructuras sanitarias y “eso es de derechas”. En sanidad, como la salud es un derecho, no valen límites.

A este respecto vale la pena destacar la interesante respuesta de Mercedes Pérez, en la más que intensa entrevista de Enrique Gavilán a ella y a Juan Gérvas, a propósito de su último libro, “La expropiación de la salud”: “El derecho a la salud en sí mismo es tan absurdo como el derecho a la inteligencia, la bondad, la felicidad o la belleza”.

Pero la derecha también ataca el racionamiento (el “serio”) porque implica poner límites al mercado mediante restricciones a la introducción de nuevas tecnologías o la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias. No hay nada que guste tanto y genere tantos beneficios a la industria farmacéutica, tecnológica o de la construcción como una sanidad pública expansiva. Para la derecha, el racionamiento solo vale para algunas cosas, como los recursos humanos, la atención primaria o la salud pública. Para las nuevas tecnologías o la construcción de nuevos hospitales, ni hablar de racionamiento. Eso va contra el desarrollo económico (de algunos, claro).

Hoy profundizaremos, un poco, en otro concepto esquivo como es el de medicalización de la salud.

De la biomedicina a la medicalización

La medicalización es un concepto utilizado hoy en día casi exclusivamente en su acepción más negativa pero su significado original era ambiguo. Fue empleado en sociología por primera vez en los años 70 y se ha descrito como “definir un problema en términos médicos, como enfermedad o alteración, y/o la utilización de una intervención médica para tratarlo” (Peter Conrad).

Los historiadores establecen el inicio de la medicalización en los siglos XVIII y XIX cuando se comenzó a aplicar el conocimiento científico a la medicina. En estas primeras décadas de expansión del conocimiento médico -basado en la ciencia y no en la especulación como hasta entonces-, la medicalización de dolencias como el “dolor en el flanco” (apendicitis) o de la enfermedad sagrada “morbus sacer” (epilepsia) aportó evidentes ventajas al ser humano. Es decir, inicialmente, los aspectos positivos de la medicalización superaban ampliamente los negativos. Para algunos autores, esta primera fase se correspondería con lo que se ha llamado específicamente “biomedicina”.

En los años 70 comienzan a surgir las primeras voces críticas con el proceso medicalizador biomédico. La antipsiquiatría de Szasz aludía a como los psiquiatras se habían convertido en jueces que establecían lo que era o no un comportamiento “normal”. Illich hablaba del imperialismo médico, su excesiva influencia social y como la medicina se había transformado en la principal amenaza contra la salud. En sociología, se introduce el concepto de “medicalización” en los años 70 (Zola) para examinar la dinámica de expansión de la institución médica y estudiar los procesos de construcción de la autoridad profesional a través del diagnóstico médico, sustituyendo a antiguas formas de clasificar las “desviaciones” como la religiosa o la penal. El mismo Zola escribió: “la medicina se ha convertido en el nuevo repositorio de la verdad, el sitio donde son realizados los juicios finales y absolutos por parte de expertos supuestamente neutrales y objetivos. Y esos juicios son realizados en nombre de la salud“.

Estas dos primeras fases de medicalización, -la que hemos denominado biomedicina y la que viene definida por su expansión (que podríamos denominar, propiamente, medicalización)- se basaron, evidentemente, en el avance científico pero su principal agente, sin duda, era la profesión médica. Los médicos eran los mediadores y gestores principales en la selección, evaluación y aplicación del conocimiento biomédico a la clínica, por ello, los máximos responsables del fenómeno de medicalización de la vida y, lógicamente, los protagonistas de los dardos de la crítica desmedicalizadora de Szasz, Illich o Zola. En esta fase, que podría corresponder a las décadas existentes entre el final de la II Guerra Mundial y los años 80, los aspectos positivos de la medicalización siguen imponiéndose a los negativos, aunque éstos últimos son cada vez más evidentes.

De la medicalización a la bio-medicalización

Sin embargo, el proceso sufre un cambio dramático desde los años 90 y, sobre todo, en la primera década de este siglo gracias a la emergencia y protagonismo de nuevos instrumentos de medicalización como la industria farmacéutica y la tecnociencia. La importancia adquirida por estos nuevos y (más) poderosos vectores medicalizadores coincide con la pérdida de protagonismo de la profesión médica en el proceso. La medicalización habría entrado en una nueva dimensión y los médicos pasan a ser un engranaje más, un mero “target” de las campañas de marketing de la industria, junto con pacientes y ciudadanos. La industria farmacéutica y tecnológica introduce elementos propios de la sociedad de consumo y transforma la institución social de la medicina en el gigantesco mercado de la salud que es hoy en día.

Ahora es el mercado (farmacéuticas y multinacionales de la homeopatía y otras pócimas, industrias tecnológicas y de la alimentación, aseguradoras privadas, asociaciones científicas médicas) el principal promotor de la medicalización, el afán de lucro el principal objetivo, y la innovación, la investigación científica y la publicidad sus principales motores. Esta nueva fase, responde a dinámicas más complejas determinadas fundamentalmente por la capacidad de las nuevas tecnologías -como la genética, la bioinformática o la farmacología- para expandir el mercado de la salud y, por tanto, para definir lo que es o no objeto de la medicina, es decir, sustanciar el progreso médico. Este es el periodo que algunos autores denominan bio-medicalización y es también el momento en el que los aspectos negativos de la medicalización superan con mucho los positivos (aunque ambas tendencias, obviamente, siguen conviviendo).

No es casualidad que el momento de máxima expansión del proceso de medicalización coincida con el lamentable papel de actor secundario que ahora tienen los médicos en la asistencia sanitaria, poco más que agentes de ventas de medicamentos, servicios médicos o tecnologías (Gavilán lo llama el síndrome del cajero automático). Los médicos podrían ser la única esperanza de la sociedad en la enconada lucha entre el sistema económico y la salud, y el mercado lo sabe. Por eso es fundamental su neutralización, y por eso hay tantos recursos destinados -en el mejor de los casos- a garantizar su silencio y su docilidad y –en el peor- su colaboración.

Definitivamente, la perspectiva clínica -con sus problemas pero mucho menos dañina que la biomedicalizadora- ha sido sustituida por la hedonista, la estética/cosmética o la del bienestar; también por la molecular, la genética o la de la biometríca.

Con tantos datos y con tantos deseos ¿para qué queremos un juicio clínico?

Para que hayamos llegado a la fase de bio-medicalización han tenido que suceder cambios trascendentales en las esferas económica y política así como en los sistemas de generación (tecnociencia) y evaluación del conocimiento biomédico (es muy interesante a este respecto la descripción que se hace de las reformas (neo)liberales de las agencias reguladoras de medicamentos y tecnologías, como la FDA o la EMA, a favor de los intereses de la industria, desde los años 80, en la muy recomendable monografía “Unhealthy Phramaceutical Regulation” de Davies y Abraham).

La que Echevarría llama revolución tecnocientífica, uno de los impulsores de la bio-medicalización, ha instaurado una modificación radical de los objetivos de la ciencia, de los modos de organización de la investigación y de los criterios de valoración de sus resultados, introduciendo la empresarialización, la competencia, el marketing y la informatización de la actividad científica biomédica como factores determinantes.

Las nuevas subjetividades médicas

La conjunción de mercado y tecnociencia ha expandido las áreas susceptibles de ser medicalizadas -a través de tecnologías como la biología molecular, la biotecnología, la genómica, el big-data o los trasplantes- y ha hecho posible no solo el control sino la transformación del ser humano, por primera vez, “desde dentro hacia fuera”.

Las soluciones biomedicalizadoras ya no tienen como primera finalidad luchar contra las enfermedades sino procurar la salud mediante la optimización del bienestar y la mejora de las capacidades humanas, lo que Callahan llama “la medicina del perfeccionamiento”:

“El sueño del progreso médico no tiene ningún objetivo final lógico ni ninguna limitación intrínseca… La ausencia de cualquier meta definida es precisamente el combustible que alimenta toda la empresa” (Callahan, 1998, pag 52).

Esta otra cita también es esclarecedora:

“El sueño del progreso en medicina tiene dos objetivos que podríamos llamar tradicional y utópico. El objetivo tradicional ha consistido en curar o aliviar condiciones físicas o psicológicas que causaran muerte, dolor, sufrimiento o pérdida de alguna característica del funcionamiento humano. Lo “normal” era el objetivo en la búsqueda de la salud. El objetivo utópico es el uso del conocimiento médico para satisfacer el deseo de las personas de trascender los problemas físicos y psicológicos que dificultan el camino en la búsqueda de objetivos distintos a la mejora de la salud. El fin es conseguir una salud óptima para lo que no es suficiente el adecuado funcionamiento del organismo sino que se persigue un impulso añadido que procure otras metas más allá” (Callahan, pag 51-52).

Por ejemplo, los biomarcadores moleculares están creando nuevas subjetividades médicas al determinar nuevas categorías de personas en riesgo (por ej. pre-alzheimer), nuevas formas de monitorización del riesgo (test genéticos) e imponer nuevos comportamientos ante el riesgo (mastectomía u ooforectomía profilácticas). La psicofarmacología cada vez más persigue objetivos cercanos a la cosmética emocional.

En el interesante primer capítulo de la monografía “Reimagining (bio)medicalization, pharmaceuticals and genetics” titulado ” “Moving Sideways and Forging Ahead: Reimagining “-Izations” in the Twuenty-First Century“, que nos ha servido de inspiración para esta entrada, Susan Bell y Anne Figert describen otro ejemplo: el primer medicamento “raza específico” aprobado por la FDA, el BiDil (isosorbida e hidralazina en una combinación de dosis fija).

La investigación científica que conduce a la aprobación de BiDil se realizó por razones comerciales solo en la población afroamericana, por lo que la eficacia del fármaco en otras razas es desconocido. En un más que lúcido comentario en el Annals of Family Medicine, Brody y Hunt apuntan el peligro existente de que los médicos abonen, con la utilización de este medicamento, las teorías que defienden que las diferencias raciales son genéticas, por tanto, objetivas y no (socialmente) construidas.

La bio-medicalización de la raza es una despolitización de las desigualdades raciales:

“¿En qué medida la identificación de un rasgo genético específico que se correlacione con la respuesta terapéutica positiva conseguirá expandir el mercado?… Los médicos de familia deberían ser muy precavidos antes de ofrecer apoyo a esta manera de hacer “avanzar” el conocimiento médico”.

Bio-medicalización y neoliberalismo

Esto nos lleva al último punto de esta reflexión. Como hemos señalado, los médicos han sido, hasta ahora, los principalmente aludidos por los críticos de la medicalización. Movimientos como el llamado empoderamiento del enfermo, la antipsiquiatría, la atención primaria y comunitaria, las teorías de los determinantes sociales de la salud, la prevención cuaternaria o el desarrollo del consentimiento informado han sido reacciones defensivas (políticas, profesionales, sociales y éticas) contra el poder del médico y la expansión de la medicina individualística que iba de su brazo.

Segura y Repullo lo explican bien cuando señalan el conflicto histórico latente que siempre ha existido entre una perspectiva clínica centrada en el beneficio individual y otra más holística que percibió las “limitaciones de la clínica frente a las dimensiones sociales de los problemas de salud” y proponía priorizar acciones de índole política y comunitaria sobre los enfoques más individualistas.

Sin embargo, tras Alma Ata -el último intento serio de reforma política de los sistemas sanitarios-, continúan, “el cambio político neoliberal de los años 80 hace emerger, para quedarse, la centralidad política y económica del individuo”

El movimiento crítico hasta ahora desplegado, evidentemente, no ha sido capaz de detener el proceso biomedicalizador que -a diferencia del anterior, derivado de la expansión de la biomedicina, que iba de la mano de una profesión todavía comprometida socialmente- proviene de una superestructura política, económica y cultural que denominamos neoliberalismo, cuyo principal elemento de transformación es el mercado.

Ya no es el poder médico el que expropia la salud (en esto no estamos de acuerdo con Gérvas y Pérez) sino el sistema económico de la mano de la innovación tecnológica y la tecnociencia. Ya no valen las estrategias de (auto) defensa, por tanto, “dominio dependientes” (tradicionalmente procedentes de la propia medicina y/o alrededores, como la bioética) sino que son necesarios movimientos mucho más amplios que impliquen a toda la sociedad.

En realidad, como reclamaba Berwick recientemente en un Editorial del JAMA (ya comentado), denunciando la confiscación de la riqueza de las naciones por los sistemas sanitarios, hace falta una auténtica revolución ciudadana: “El cambio requerirá la voluntad política colectiva de los afectados por la confiscación: los trabajadores que quieren proteger a sus familias, los emprendedores que quieren sobrevivir en una economía competitiva, los ciudadanos informados que quieren salud y no solo procedimientos y los profesionales que desean un trabajo que añada significado a sus vidas“.

El verdadero enemigo de la salud no es la enfermedad sino el sistema económico.

 

Abel Novoa

 

Enviado a SURCOS Digital por Rafaela Sierra.

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UCR impulsa el derecho a la comunicación mediante la Acción Social

UCR impulsa el derecho a la comunicación mediante la Acción Social
Conversatorios, talleres y sesiones de trabajo, formaron parte de la agenda de actividades de la Semana de la Acción Social y el Derecho a la Comunicación (foto Hilda Carvajal Miranda).

Hilda Carvajal Miranda,

Periodista Vicerrectoría de Acción Social

 

En el marco del debate sobre una nueva ley de medios de comunicación en el país, la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica organizó la Semana de la Acción Social y el Derecho a la Comunicación.

El derecho a la comunicación implica no solo el derecho de libertad de expresión individual y colectiva y el derecho de recibir información, sino también producir, divulgar y convertir la información en conocimiento a través del uso y gestión de las frecuencias.

Las actividades contaron con la participación del Dr. Carlos Leavi Gardoni, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina y secretario de Extensión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, en la misma universidad.

El intercambio de experiencias aportó en el posicionamiento del derecho a la comunicación como un enfoque de trabajo con las comunidades, mediante acciones de vinculación entre la universidad y la sociedad.

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El Dr. Carlos Leavi Gardoni, participó en todas las actividades de la Semana de la Acción Social y el Derecho a la Comunicación, así como en entrevistas en programas del sistema radiofónico universitario (foto Natalia Flores Barquero).

Leavi, quien también es director de la revista Extensión en Red y miembro fundador de la radio comunitaria Radio Ahijuna, relacionó el tema del derecho a la comunicación con el papel de las universidades públicas en las trasformaciones sociales. Además, participó en programas del sistema radiofónico universitario y en campañas audiovisuales por el derecho a la comunicación.

El Dr. Leavi indicó que “la universidad se juega un desafío y es que estamos en tiempos de transformación, incluso el rol del Estado se ha transformado, respecto de generar cada vez más acceso a derechos. Antes se luchaba por la libertad, ahora se lucha por la democratización, que implica la lucha por el acceso a derechos”.

Durante la Semana de la Acción Social y el Derecho a la Comunicación se realizaron conversatorios abiertos al público, un taller para responsables y colaboradores de proyectos de Acción Social y sesiones de trabajo con instancias universitarias y organizaciones sociales relacionadas con el campo de la comunicación.

En total, 85 personas participaron de los distintos espacios ofrecidos para el intercambio de conocimientos, los cuales permitieron reflexionar sobre el rol de la Acción Social y su vínculo con las comunidades, para lograr las transformaciones que la sociedad requiere.

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En total, 85 personas participaron de las actividades organizadas durante la Semana de la Acción Social y el Derecho a la Comunicación (foto Natalia Flores Barquero).

Para Leavi, esas transformaciones pasan por el reconocimiento de la relevancia de la Acción Social, que conjuga los saberes académicos y populares. “Acción Social es el vínculo con las comunidades, que tienen unos saberes populares que deben ser entrelazados con los saberes producidos académicamente. No creemos que unos sean superiores a otros, sino que en todo caso, son lugares de encuentro a través de proyectos, iniciativas y experiencias de Acción Social. No suele ser en la docencia, ni en la investigación donde más se enriquece ese vínculo, sino en la Acción Social con las comunidades”.

Asimismo, se hizo énfasis en el rol del Estado como garante de los derechos humanos y el rol de las universidades públicas como instituciones que deben colaborar en la construcción de políticas públicas que garanticen el acceso a derechos humanos.

Precisamente, el acceso al derecho a la comunicación es el punto medular por el que un grupo de más de 80 organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil han venido impulsando el Proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión, que se presentaría por iniciativa popular; es decir mediante la recolección de 154.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas costarricenses que lo respalden.

La nueva propuesta de ley, se enfoca en una serie de principios fundamentales que incluyen: el derecho humano a la comunicación, la libertad de expresión e información, la diversidad cultural, la prohibición de la censura previa, la protección y promoción de la producción nacional y el uso eficiente de un recurso escaso como el Espectro Radioeléctrico, propiedad de toda la ciudadanía costarricense.

Si desea más información sobre la Ley Participativa de Radio y Televisión, puede encontrarla en Facebook o en el Sitio Web del proyecto.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Mil trescientos noventa millones de colones para la Policía Penitenciaria

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras

Comunicado de Prensa

 

En la tarde de hoy martes 14 de abril, la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, aprobó una partida de ¢1.390.663.320 millones, para que el Estado haga frente a una parte de una deuda que mantiene con la Policía Penitenciaria.

La deuda aproximada a unos ¢2.300.000.000 millones se generó por espacio de unos 14 años, dado que las distintas autoridades Penitenciarias y del Ministerio de Justicia y Paz, abusando del régimen de disponibilidad que rige en este cuerpo policial, obligaban a todos  los policías a presentarse al menos una vez por mes a laborar en su tiempo libre.

Valga decir también, que a este cuerpo penitenciario, abusando de este mismo concepto de disponibilidad, antes del ingreso de la UNT al sistema penitenciario, se les obligaba a laborar jornadas extenuantes, muchas veces superiores a las 17 horas.

La UNT se propuso garantizar el derecho al descanso de este cuerpo policial, encontrando eco en las autoridades penitenciarias de la Administración anterior y ahora con el Gobierno actual, que debemos reconocer ha hecho esfuerzos por respetar el derecho al descanso y ahora por honrar la deuda que se tiene por el abuso cometido con el régimen de disponibilidad.

La UNT estará vigilando para que en los debates parlamentarios que restan, por el término  de un mes, se respete el destino que la Comisión de Hacendarios le ha dado a esta partida.

Con este pago al menos se hace un poco de justicia con todas las carencias y atropellos que por más de dos décadas han sufrido las y los policías penitenciarios.

 

Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional Trabajadoras y Trabajadores.

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Movimiento social latinoamericano se pronuncia en contra de la criminalización de la protesta en Costa Rica

Asamblea de SINTRAJAP

En un comunicado enviado a SURCOS Digital por SINTRAJAP, se manifestó que el movimiento social de nuestro país ha venido sufriendo abusos de poder por parte de las autoridades oficiales para intimidar a la población y evitar así que participen en acciones de protesta en contra de las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo.

Este abuso de poder es reprobado en todo el mundo, porque limitan la participación ciudadana y minan el fortalecimiento de las democracias.

Ante el hecho de que en este momento se está realizando un juicio mediatizado e injustificado en contra de 24 trabajadores y trabajadoras, limonenses, que sin fundamento alguno pretenden que sean condenados, SINTRAJAP inicio la denuncia internacional de estos hechos y envió un pronunciamiento de varias organizaciones del movimiento social latinoamericano condenando estas acciones.

 

Texto de la declaración

Pronunciamiento Oaxaca-México

Marzo de 2015

 

Nosotros, los participantes del Encuentro Mesoamericano de Contrapartes de la Fundación Rosa Luxemburg – MEXICO, en conocimiento de las denuncias realizadas por SINTRAJAP (Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios), sobre prácticas condenadas internacionalmente de criminalización de la protesta que se han venido realizando en Costa Rica en contra de sus afiliados y de las Organizaciones Sociales que luchan por la defensa de sus derechos y territorios, condenamos y denunciamos ante la opinión pública, en nuestros países, las acciones injustificadas de criminalización que se están realizando por el Gobierno Costarricense en contra de Trabajadores y ciudadanos Limonenses, en razón de sus legítimos derechos de protestar ocurridos en abril del 2010.

Rechazamos cualquier tipo de condenatoria que se pudiera pretender y lo entendemos como un medio para intentar intimidar e impedir la legítima participación de los pueblos en el desarrollo y enriquecimiento de sus democracias.

Firmamos en la Ciudad de Oaxaca – México el 28 de marzo de 2015

 

*Para ver las firmas del pronunciamiento siga el enlace:

PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA EN COSTA RICA. OAXACA – MEXICO

 

Enviado a SURCOS Digital por Liroy Pérez Pérez.

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Estudiantes y profesores “devuelven sonrisa”a población en riesgo social

Estudiantes y profesores “devuelven sonrisa”a población en riesgo social
Estudiantes y profesores de odontología realizan un procedimiento de rutina a un niño de Pérez Zeledón. Foto: cortesía Dra. Madeline Howard.

Sonrisas fuertes y sanas han regresado a 8.306 niños, jóvenes y adultos de poblaciones en riesgo social, gracias al esfuerzo de una gran cantidad de estudiantes y profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes desde el 2011 desarrollan el programa Devuélveme la Sonrisa.

Este proyecto se ha encargado de llevar atención e información bucodental a escuelas, colegios y espacios comunales en zonas como Los Guido, Alajuelita, Piedades de Santa Ana y Riojalandia de Puntarenas, entre otras.

Para este año el programa tiene un ingrediente adicional: ya no será una iniciativa exclusiva de Odontología, sino que también se integrarán estudiantes y académicos de las facultades de Letras, Enfermería y Derecho, con el fin de que la felicidad que se lleva a la población beneficiada no sea provocada solo por dientes sanos, sino también por entretenimiento, creatividad y conocimientos en defensa de sus derechos.

La exdecana de Odontología y creadora de esta iniciativa, Dra. Madeline Howard, comentó que hace cuatro años esa entidad creó para sí el lema “Una facultad con corazón”. De ahí salió la idea para mejorar la calidad de vida de miles de personas. En el 2012, “Devuélveme la Sonrisa” fue declarada de “Especial interés institucional” y desde el año pasado comenzó a expandirse hacia zonas rurales, específicamente dentro de las sedes del Pacífico (Puntarenas) y del Atlántico (Turrialba), para dar mayor amplitud a su cobertura.

“Con este programa estamos poniendo en práctica lo que dice el estatuto orgánico de la UCR, que la Institución debe ayudar al bien común, o bien lo que el rector señala, que la Universidad debe dar esperanza principalmente a las almas de personas maltratadas”, comentó Howard.

Solo el año pasado, el costo del programa superó los 5,4 millones de colones, cifra que comercialmente podría rondar los 40 millones de colones, con procedimientos como extracciones, sellantes, resinas, amalgamas y otros, estimó la exdecana.

Este año, la integración de Derecho, Letras y Enfermería permitirá crear actividades diversas en las salidas que la UCR organice a diferentes comunidades. Entre ellas destacan talleres para mejorar la vida de quienes los reciban y sus relaciones interpersonales, técnicas de comunicación y actividades sobre la importancia del cuerpo, todo ello mediante cuentos, poesías y otros recursos literarios. En una de esas historias aparecieron personajes originados de animales provenientes del trópico húmedo nacional, que alientan a los niños a cuidar su salud bucodental.

En cuanto al tiempo que destinan los estudiantes de las facultades mencionadas, la Vicerrectoría de Docencia (VD) ha otorgado una carga académica para la práctica que los universitarios realizan en estas visitas. En el 2014, la VD, la Vicerrectoría de Acción Social y la Rectoría aportaron más recursos para financiar este proyecto. Además, el grupo de asesoría comunicacional La Estación, compuesto por estudiantes y profesores de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, ha aportado de forma gratuita sus conocimientos para la promoción del programa.

Devuélveme la sonrisa cuenta también con el apoyo de empresas como Colgate – Palmolive, que ha hecho importantes donaciones económicas para compra de sillas de atención para pacientes y otros equipos. Televisora de Costa Rica y otras entidades particulares también han colaborado con esta causa.

Estudiantes y profesores “devuelven sonrisa”a población en riesgo social2

Enviado a SURCOS Digital por Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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