Ante la discusión por una ley de radio y televisión que refleje las nuevas dinámicas tecnológicas que afectan y moldean modos y usos radiodifusión
Luis Andrés Sanabria Zaniboni (Ciudadano)
Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Ryszard Kapuściński
Ante la discusión por una ley de radio y televisión que refleje las nuevas dinámicas tecnológicas que afectan y moldean los modos y usos de la radiodifusión, así como una pertinente estructura fiscal de estas actividades, es importante preguntarnos además ¿por qué defender una ley participativa?
Partiendo de lo obvio, que la ley actual de radio no tiene la capacidad de reflejar toda la revolución en las infocomunicaciones de los últimos 60 años, lo cual hace evidente la necesidad de un marco jurídico distinto, también es cierto que el Estado no sólo debe ampliar y representar en su estructura jurídica la regulación tecnológica y fiscal pertinente, sino también reconocer e incluir de manera protagónica a la ciudadanía en la planeación, diseño, discusión, formulación e implementación de ese mismo marco.
En los últimos 60 años, no solamente las infocomunicaciones han representado una revolución, sino también la emergencia de diversos actores a lo largo y ancho de las sociedades, donde han denunciado la crisis de representatividad, propiciada a través de los monopolios de los canales de expresión, donde difunden solo una forma de ver, sentir e interpretar, lo cual lleva a un secuestro e invisibilización de la diversidad.
Estas décadas han representado así mismo la historia por la reivindicación de la diversidad y el derecho a la comunicación, entendiendo una parte como la necesidad de democratizar los criterios de acceso y participación en igualdad de oportunidades en la elaboración de la agenda temática de las sociedades, en la producción-intercambio-debate de mensajes-ideas. Lo que en definitiva es un proceso por la búsqueda de una sociedad más equitativa, solidaria y justa.
Una ley de radio y televisión que represente los tiempos actuales, debe partir de la construcción de espacios donde las distintas visiones tienen cabida en la formulación de este marco jurídico, y procure aplacar y desentramar las visiones dominantes, facilitando los espacios y prácticas para garantizar el respeto y promoción de las diversos contenidos y expresiones de las sociedades.
Esto nos exige la construcción de algo más allá de lo que normalmente los grandes medios comprenden como “derecho a la expresión” enarbolado detrás del temor a sanciones, sino avanzar hacia la construcción del “derecho a la comunicación”, que incluye no sólo la libertad de expresión, sino también a investigar, recibir y difundir, para garantiza los espacios que permiten a los diversos sujetos decidir cómo recibir y difundir sus propias manifestaciones.
Es necesario visibilizar que un nuevo proyecto de radio y televisión es algo más allá que un espacio de discusión técnica, sino también político, donde las diversas manifestaciones sociales y culturales deben reivindicar la conquista del derecho a la comunicación como espacio democratizador en nuestras sociedades orientado al pluralismo informativo y cultural.
Por esta razón, cualquier proceso de ley de radio y televisión debe ser participativo, porque en definitiva es el lugar donde se facilita los espacios y prácticas que permitan la democratización del acceso a los medios de comunicación, en su uso, contenido, diversidad y promoción.
Debemos ser claros, la comunicación no es una mercancía, es un bien público, donde se desarrolla un proceso en el cual creamos, aprendemos, reconstruimos e interactuamos nuestras identidades, los medios comerciales son sólo una manifestación más de este proceso, y desde la perspectiva del derecho a la comunicación no se puede ni debemos permitirles que determinen los alcances de una ley en términos de su democratización o contenido, por esta razón mejor póngale la firma a la participación protagónica.
*Imagen con fines ilustrativos.
Fuente Semanario Universidad.
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