El pasado 9 de agosto en el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemoró en nuestro país el Sexto Aniversario del Desalojo Violento de la Asamblea Legislativa de un grupo de 28 manifestantes indígenas. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) se pronunció ante los medios de comunicación y la población en general sobre los eventos dados en esa fecha.
La lidereza indígena Luisa Bejarano Montezuma del Pueblo Ngöbe en Punta Burica, recuerda el desalojo como un momento simbólico que representa la violencia, el rechazo y la indiferencia discriminatoria con que el Estado y sus representantes tratan los temas de autonomía y de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro país.
Según los y las indígenas las propuestas de solución que ofrece el gobierno para manejar la situación de violencia en contra de sus comunidades, NO respeta los convenios internacionales a los que el país se ha comprometido en materia de Autonomía de los pueblos indígenas. Sergio Rojas, líder indígena Bribri denunció a La Cabuya que el proceso de consulta que ha implementado el gobierno en los últimos años no responde a las necesidades de las comunidades indígenas.
Para que en nuestro país exista paz social, es necesario que el Gobierno mejore el enfoque con que se relaciona con los pueblos originarios, que reconozca y proteja los derechos de esta población ante los abusos y actos violentos llevados a cabo en su contra, la mayoría impunes al día de hoy. También debe responder atentamente a la deuda histórica que tiene con las comunidades indígenas, reconociéndolas desde acciones afirmativas para honrar la reforma que se hizo hace casi un año, del Artículo primero de la Constitución Política, que establece el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica.
Los pueblos indígenas reivindican que deben gozar de autonomía para decidir qué se estudia en sus escuelas, sus formas de organización y toma de decisiones de acuerdo a sus costumbres, el manejo de sus bosques y ríos y a que se respeten los límites territoriales de sus comunidades.
Gustavo Oreamuno de la organización Ditsö y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, afirma que este es un tema de paz social en nuestro país. La recuperación del territorio ancestral y la protección de la vida es fundamental en la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Por esa razón son ellos y ellas quienes deben decidir sobre sus procesos de consulta, sobre sus tierras, educación y todo lo relacionado a su propio gobierno.
El sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos han implementado múltiples instrumentos legales con los que Costa Rica se ha comprometido a respetar los derechos de los pueblos indígenas, no obstante los gobiernos “de turno” no han asumido seriamente su responsabilidad para que en la práctica esos derechos se garanticen. Por el contrario, sus instituciones han servido de cómplices esto en forma de impunidad, cuando se han dado actos que violentan emocional y físicamente a personas indígenas.
El respeto a la dignidad de los pueblos indígenas pasa también por un tema de información y comunicación. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en los procesos de recuperación de tierras indígenas. Para el dirigente indígena Leonardo Buitrago el rol de los medios de comunicación tradicionales ha sido el de invisibilizar o tergiversar el tema indígena.
Desde La Cabuya queremos motivar a conocer los procesos de lucha y autonomía de los pueblos indígenas en nuestro continente. Denunciamos la forma en que la deuda que tiene el Estado con los pueblos indígenas, se sigue omitiendo o atendiendo desde el asistencialismo y nos unimos en un abrazo de lucha a las reivindicaciones de los pueblos indígenas en nuestro país y en la región.
Artículo 13. Comisión para el análisis de puesto de niñera para la atención del servicio de materno infantil y educación especial. Por medio de una Comisión Temporal se realizará un estudio en cuanto a las funciones y categoría de las personas que ejercen labores de asistente de aula en los distintos niveles, atendiendo a la población estudiantil en los centros educativos, conocidas como niñeras, con el objeto de definir y gestionar ante la Dirección General de Servicio Civil una categoría especializada para estas personas trabajadoras.
SEC, ANDE y SITRACOME con sumo placer comunican a todo el Magisterio Nacional, la feliz culminación de la lucha del artículo trece de la Convención Colectiva, por los derechos de las trabajadoras de los centros de educación especial, que vienen laborando en los puesto de niñeras en la atención del servicio materno infantil y educación especial, a las cuales se les tenía clasificadas como Trabajadoras de Servicio Civil Dos, Especialidad Atención de Menores, para ubicarlas en adelante en la clase de Asistente de Servicios de Educación Especial. Nueva clase de puesto que se crea mediante resolución DG-080-2017 de las ocho horas del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, cuya resolución fue publicada en Gaceta del día trece de julio de dos mil diecisiete.
Con la creación de esta nueva clase de puesto se vienen a establecer funciones específicas para esta clase de trabajadoras, resolviendo en definitiva una gran incertidumbre y abuso que se venía cometiendo contra las mismas al ponerlas a realizar funciones de conserjería que nos les correspondían. Así mismo, se logra un aumento en el salario base de estas funcionarias los que les generará una mejor calidad de vida.
*Imagen de portada con fines ilustrativos.
Enviado por Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.
Entre 2011 y 2014 se realizó el proceso ciudadano «La CCSS Que Queremos». En el documento final de este esfuerzo de formulación de política pública con participación ciudadana se incluye un conjunto de propuestas para resolver el tema de pensiones de la CCSS, esto, como parte de una solución integral a la crisis del sistema de seguridad social. En el marco del debate nacional en torno a los sistema de jubilaciones y pensiones SURCOS le invita a revisar el documento; puede visitar nuestro medio y navegar en él documento (hay vínculos internos que lo facilitan). Puede utilizar ctrl + F para navegar mediante la búsqueda de la siguiente palabra clave: pensiones.
Es importante tener presente que la mayor parte de las propuestas surgidas desde las comunidades y que tienen relación directa con este tema se concentran en los apartados 3, 4 y 5.
Este es el enlace directo a la sección de SURCOS donde encontrará el documento:
El Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (más conocida por sus siglas en inglés de CEDAW), dio a conocer el pasado 21 de julio sus observaciones finales al informe presentado por Costa Rica. El documento, disponible únicamente en inglés, es accesible en este enlace oficial de Naciones Unidas. La última comparecencia ante la CEDAW de Costa Rica corresponde a las observaciones finales que fueron hechas en el 2011 a los informes 5 y 6 presentados por Costa Rica de forma conjunta (véase Documento en español CEDAW/C/CRI/CO/5-6 de agosto del 2011).
La publicación de estas observaciones finales en esta última semana del mes de julio del 2017 coincide con un reportaje sobre la ausencia de mujeres en las papeletas presidenciales para las próximas elecciones a realizarse en Costa Rica en el 2018 (véase artículo del Semanario Universidad), así como con el exitoso estreno de la obra de teatro «Manuelita, la Libertadora del Libertador», que presentó este 28 de julio el talentoso y siempre innovador Teatro Espressivo: una original propuesta, de gira en América Latina, sobre la vida de quién fuese la compañera de vida de Simón Bolivar y mucho más (véase nota de La Nación).
El contenido de las recomendaciones finales hechas a Costa Rica en breve
El lector podrá apreciar mejor el alcance de las recomendaciones revisando el texto mismo antes señalado, disponible únicamente en inglés por el momento. A continuación, nos limitaremos a mencionar tan solo algunas de ellas.
Las limitaciones en cuanto al acceso a la justicia de las mujeres (Recomendación Número 9), en cuanto a la lucha contra estereotipos y prácticas discriminatorias (Número 14-15), contra la violencia de género (Número 17), y las deficiencias detectadass en materia de lucha contra la trata de mujeres (Número 21) preocupan profundamente al Comité de la CEDAW, entre muchos otros puntos. En el punto 23, recomienda que:
«the State party ensure that health care and social protection are available to women in prostitution, strengthen income-generating opportunities for women and provide exit programmes for women who wish to leave prostitution».
En materia de aborto, se lee que el Comité CEDAW recomienda a Costa Rica (punto 31):
«(a) Amend the Penal Code to legalize abortion in cases of rape, incest, or severe foetal impairment and decriminalize abortion in all other cases as well as provide women with access to quality post-abortion care; (b) Accelerate the adoption of technical guidelines for therapeutic abortion and conduct awareness raising campaigns to prevent stigmatization of women seeking abortion».
Sobre este último ámbito, remitimos al lector al artículo titulado «La gran deuda histórica de Costa Rica en materia de aborto», publicado el pasado 8 de marzo del 2017 por dos jóvenes y valientes juristas en el sitio de la Asociación Costarricense para el Derecho Internacional (ACODI).
Foto extraída de artículo de prensa titulado «Costa Rica sería demandada por violar derechos humanos» del 2015.
Recomendaciones sobre la imperiosa necesidad de proteger de manera mucho más efectiva a las mujeres indígenas y afrodescendientes (Número 37), así como a las mujeres migrantes (Número 39), constituyen señalamientos que, en el pasado, Costa Rica ha recibido por parte de otros órganos de Naciones Unidas, sin lograr avances notables.
El Comité de la CEDAW reitera además su recomendación hecha a Costa Rica en el 2003 sobre medidas temporales especiales (Recomendación Número 13). Sobre el mismo ejercicio realizado en el 2003 ante el Comité de la CEDAW por Costa Rica, remitimos al lector a esta publicación muy completa de la ONG internacional OMCT.
El punto de las medidas temporales especiales pareciera no lograr mayores avances, como muchos otros. En sus observaciones finales del 2011 (véase texto), ya se leía que (punto 17):
«El Comité recomienda al Estado parte que ponga en marcha nuevas iniciativas para contribuir a que se comprenda mejor el concepto de medidas especiales de carácter temporal y promover su aplicación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, como parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer, en particular en beneficio de los grupos desfavorecidos de mujeres, en ámbitos como la salud, la educación y el empleo».
La importancia de los informes alternativos
A diferencia de lo que ocurre con otros informes presentados por Costa Rica ante órganos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, los integrantes del Comité de la CEDAW pudieron tener acceso a informes alternativos preparados por entidades de la sociedad civil. Se trata de información no estatal que los integrantes de órganos de tratados siempre aprecian: en algunos casos, desdicen formalmente lo sostenido por las autoridades, en otros, evidencian lagunas y vacíos que los Estados intentaron eludir en su informe de cumplimiento.
En este preciso caso, se trata de los informes de la Coalición feminista para el avance de los derechos de las mujeres (véase documento completo) y de la ONG IBFAN – International Baby Food Action Network, así como de un informe proviniente de estudiantes del American University Washington College of Law. En el 2003, para un ejercicio similar de Costa Rica, se publicó por parte de la coordinadora denominada Agenda Política de Mujeres un muy detallado Informe Sombra (véase texto completo).
Para esta sesión del 2017, la Defensoría de los Habitantes elaboró un informe también denominado «alternativo» (véase texto completo), lo cual plantea algunas interrogantes: la Defensoría de los Habitantes, al igual que otros órganos fiscalizadores del Estado costarricense, forma parte del mismo Estado.
En efecto, la palabra «alternativa» sugiere informes que permitan a los expertos que sesionan en un órgano internacional de tratados tener una visión de los problemas distinta de la oficial, conocer en detalle las limitaciones de las medidas tomadas por el Estado, y cotejar datos y estadísticas oficiales con los de entidades civiles. Es deseable que cada vez que un Estado presenta un informe de cumplimiento, las ONG hagan ver la otra parte de realidad que no siempre se deja entrever en los datos oficiales aportados: por ejemplo, indicar que para que una ley sea efectiva, debe aprobarse su respectivo reglamento es algo que permite apreciar mucho mejor los alcances de las reformas legales. En ese sentido, es altamente recomendable que las ONG de Costa Rica presenten informes propios e independientes cada vez que Costa Rica es llamada a comparecer en Naciones Unidas en materia de derechos humanos ante uno de estos órganos de tratados (Nota 1). La información adicional que puedan producir entidades estatales especializadas es por supuesto valiosa, en particular cuando se trata de instituciones nacionales de derechos humanos. No obstante, y como apuntado anteriormente, no deberían usar la palabra «informe alternativo».
Informe del Estado y observaciones finales al informe: una divulgación integral necesaria
Nótese que las observaciones finales del Comité de la CEDAW a este informe de Costa Rica son pocamente divulgadas, como ocurre a menudo con otros señalamientos que emanan de órganos internacionales. Esperemos que su versión en inglés sea prontamente traducida al español y que las ONG difundirán ampliamente su contenido: y ello de manera integral.
En efecto, a diferencia de lo externado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (véase texto del comunicado de prensa con fecha del 7 de julio reproducido al final de esta misma nota), los integrantes del Comité de la CEDAW no se limitaron a felicitar y alabar a Costa Rica.
Desde el punto de vista de la ciencia de la comunicación, es de señalar la habilidad con la que las autoridades diplomáticas valoran una parte las observaciones finales hechas por el Comité de la CEDAW, sin tan siquiera mencionar las demás y mucho menos los alcances de algunos señalamientos.
A modo de conclusión
Como es sabido, Costa Rica arrastra una deuda en materia de derechos humanos cada vez más pesada. El caso de la sentencia del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Fecundación in Vitro (FIV), que Costa Rica desacató durante más de dos años, evidenció las resistencias institucionales en la materia: tuvimos la oportunidad de reseñarlas con ocasión del nacimiento de la primera bebé procreada mediante la FIV en Costa Rica, quién nació el pasado 8 de marzo del 2017 (Nota 2).
Ante esta situación que mantiene irresueltos los reclamos y las reinvindicaciones de varias entidades, estas comparecencias en Naciones Unidas por parte del Estado costarricense deberían de servir de base para relanzar el debate sobre álgidos temas de la agenda nacional en materia de derechos humanos. Teniendo claro que justo después de su comparecencia, el Estado siempre buscará presentar la parte más conveniente y favorable de los informes que emanen de una entidad internacional y que es menester completar la información presentándolos de manera completa. Esta misma sensación de disonancia informativa se pudo verificar en el 2016, con relación esta vez a las observaciones finales hechas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) al informe presentado por Costa Rica (véase nuestra nota al respecto publicada en DerechoalDia), ejercicio en el que se presentó un «informe alternativo» proveniente de la misma dependencia estatal precitada (Nota 3).
Nota 1: Se trata de los siguientes órganos de tratados que revisan los informes periódicos sobre cumplimiento que deben presentarles los Estados Partes: el Comité de Derechos Humanos (CCPR), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité contra la Tortura (CAT), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), el Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) y el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED). Al no haber firmado ni ratificado la convención correspondiente, Costa Rica no debe comparacer ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW).
Nota 2: Véase nuestra breve nota, publicada en el sitio de Ius360 y disponible aquí.
Nota 3: Para este ejercicio del 2016 de Costa Rica ante los miembros del CDH, se presentó un informe «alternativo» elaborado por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (véase informe), lo cual plantea algunas interrogantes en la medida en que se trata de un órgano adscrito al aparato estatal. Desde el punto de vista terminológico, se recomienda no usar el adjetivo «alternativo» para este tipo de documentos, sino denominar este tipo de informes como lo que son: «Informe de una Institución Nacional de Derechos Humanos» (usando el léxico consagrado como tal en la materia en Naciones Unidas).
Documento de interés:
Comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, con fecha del 7 de julio del 2017
JULIO 07, 2017 03:42 PM
El CEDAW felicita a Costa Rica por los progresos alcanzados en la eliminación de discriminación contra la mujer
Ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos Esfuerzos significativos en materia de créditos para las micros, pequeñas y medianas empresas.
Los expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) felicitaron Costa Rica por los progresos alcanzados, específicamente la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos y los esfuerzos significativos en materia de créditos para las micros, pequeñas y medianas empresas. Además, la Presidenta del Comité reconoció todos los esfuerzos de Costa Rica e instó al país a considerar las recomendaciones del Comité en aras de mejorar las condiciones de las mujeres costarricenses.
También, los expertos del Comité alabaron la metodología utilizada para presentar el informe y la sinceridad con la que la delegación se refirió a los desafíos imperantes en el contexto actual para el avance de la implementación de las recomendaciones. En la defensa del sétimo informe sobre el cumplimiento por parte de Costa Rica de los compromisos estipulados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, el Director de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Christian Guillermet, la Magistrada Doris Arias; la Directora General de Áreas Estratégicas del INAMU, Yolanda Delgado y el Coordinador del Programa Sectorial de Género del Ministerio de Agricultura, Robin Almendares, respondieron las diversas consultas planteadas por los expertos del Comité relativas a los primeros dieciséis artículos de la Convención.
Los miembros del Comité realizaron preguntas exhaustivas a la delegación costarricense en los temas de paridad de género, violencia doméstica, datos desagregados, coordinación interinstitucional, acceso a la justicia, aplicación de la normativa internacional en la legislación interna, mecanismos de seguimiento de las recomendaciones del comité, capacitación en cuestiones de género de distintos grupos de profesionales, acceso a la educación y la salud.
La Ministra Mora, en su calidad de jefa de la delegación, hizo una actualización de los avances en las normativas, políticas y acciones del Estado para propiciar la igualdad y equidad de género y para potenciar y proteger los derechos de las mujeres. El Embajador Guillermet se refirió a la articulación interinstitucional para la implementación de los Objetivos de Desarrollo de Sostenible (ODS) y la representación de las mujeres en el Servicio Exterior de Costa Rica.
La Magistrada Arias hizo uso de la palabra para aclarar las dudas sobre la aplicación de los tratados en la legislación sobre violencia doméstica y el tema de acceso a la justicia.
Por su parte, la señora Delgado explicó varias de las iniciativas que se están ejecutando en Costa Rica para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y las acciones orientadas específicamente a las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y migrantes. El señor Almendares comentó acerca del rol de las mujeres rurales en los procesos de planificación territorial y los derechos que han adquirido en la tenencia de tierras.
La Ministra Mora agradeció los comentarios del Comité y expresó su profunda convicción sobre cómo un cambio en el mundo de las mujeres se traduciría en un cambio del mundo; enfatizando que los cambios deben realizarse de manera estratégica; y para eso es necesario contar con retroalimentación.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Victorias históricas de la lucha feminista empiezan a revertirse
Andrea Méndez Montero, Periodista,
Oficina de Divulgación e Información
El movimiento feminista está regenerándose y vuelve a surgir con fuerza, ahora protagonizado por generaciones jóvenes.
“En retroceso” es como la directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica, Monserrat Sagot, describe en este 8 de marzo el estado de los derechos de las mujeres en la sociedad.
“Hubo un periodo en el que había mucho que celebrar, en el Siglo XX hubo cambios muy importantes para las mujeres…pero en el Siglo XXI nos encontramos en un contexto muy poco alentador” afirmó la Doctora en Sociología.
Según Sagot, el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, su incorporación masiva en el mundo educativo y su participación en puestos labores de toma de decisiones fueron victorias de una lucha histórica que hoy empieza a revertirse.
La situación nacional y mundial, evidencia el resurgimiento una realidad social permeada por muchas desigualdades como son el acoso sexual, la violación de derechos laborales y condiciones de mercado que limitan el desarrollo de las mujeres.
Dra.Monserrat Sagot, Directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica.
Dichos aspectos desencadenan situaciones que según Sagot, ya no pueden ser ignorados, como es la tendencia al empobrecimiento de las mujeres en toda América Latina o la mayor afectación de esta población ante problemáticas sociales generalizadas.
Muestra de eso es que el porcentaje de desempleo femenino en Costa Rica sea del 11,2% frente a un 6,7% de desocupación masculina o que durante los últimos cinco años, se haya reportado un incremento del 80% en los asesinatos de hombres en Honduras frente a un 263% de decesos de mujeres.
“Cada vez hay más restricciones y grupos oponentes que antes no se atrevían a actuar de una manera tan misógina y ahora lo hacen abiertamente… estamos viviendo una batalla cultural por lo que significa ser mujer y ser una ciudadana plena” enfatizó la investigadora.
Aseguró que tal como ocurrió en el Siglo XIX, este retroceso ha hecho que las mujeres reaccionen, evidenciando su convergencia y actitud de lucha por medio de acciones de denuncia y movilización.
“Todo nos indica que después de vivir un periodo de logros y de relativa pasividad, el movimiento de mujeres está regenerándose y volviendo a surgir con mucha fuerza. Ya no es algo que pueda pasar desapercibido”, señaló Sagot.
Sagot enumera los derechos sexuales y reproductivos, la violencia en sus diferentes formas y el acceso a los recursos, como las principales batallas que en este momento deben dirigir la lucha feminista, dentro del que vuelve a evidenciarse la ausencia de un reconocimiento real de las mujeres como seres humanos.
El 29 de noviembre de 2016 en el seno del Consejo Nacional de Rectores-CONARE, el Presidente de entonces, Dr. Alberto Salón Echeverría, firmó la “Declaración de Principios para la Evolución Consciente de la Madre Tierra”, avalada por CONARE y acogida por el Consejo Indígena Madre Tierra y la Fundación Gaia, como marco conceptual e instrumento para la reflexión y el compromiso de las y los estudiantes universitarios, con la creación de una nueva consciencia planetaria, en la cual cada persona sea responsable de vivir una vida en armonía con la naturaleza, su esencia y su comunidad.
El 12 de diciembre de 2016, CONARE comunica el acuerdo firme (sesión N° 34-16-celebrada el 06 12 16- publicado mediante oficio del 12 12 16 y firmado por Eduardo Sibaja Arias, Director OPES) de apoyar el tema de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de esta manera, coordinar el aporte de las universidades públicas al desarrollo del proyecto Senderos de Paz Madre Tierra y apoyar el proceso para solicitar a la Presidencia de la República el decreto ejecutivo de declarar el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Enviado a SURCOS Digital por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, UNA.
Una exposición fotográfica documental que refleja las situaciones cotidianas de vulnerabilidad que vive la población adulta mayor con respecto al cumplimiento de sus derechos.
Estas situaciones fueron registradas por las personas participantes del Observatorio de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores de AGECO.
SEDE: Colegio de Periodistas
Fecha: Del 28 de noviembre al 15 de diciembre, 2016
Hora: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Sabana Este, 100 metros al sur de la SodaTapia.
«Los Derechos que vivimos como Personas Adultas Mayores».
En la presente Administración, bajo la presidencia ejecutiva de la doctora Ana Teresa León, el PANI ha venido desarrollando importantes esfuerzos de trabajo en prevención y educación, áreas donde se suele invertir poco, pese a que son precisamente las que brindan los mejores resultados a largo plazo
El Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional (UNA) comunica a la opinión pública su posición acerca del recorte presupuestario a la inversión en niñez aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
El Estado costarricense ha tenido una deuda histórica con los recursos que se deben destinar por Ley al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pues o estos se entregan incompletos, o son recortados o se entregan tardíamente, perjudicando directamente la sostenibilidad, oportunidad y calidad de los servicios que esta institución brinda a la niñez y a la adolescencia de todo el país.
Los recursos con los que cuenta el PANI no sirven únicamente a los importantes servicios que brinda esta institución, sino que además permiten financiar a numerosas organizaciones que brindan servicios de alimentación, cuido, hospedaje y atención integral a personas menores de edad en todo el país.
En la presente Administración, bajo la Presidencia Ejecutiva de la Doctora Ana Teresa León, el PANI ha venido desarrollando importantes esfuerzos de trabajo en áreas preventivas y educativas, donde se suele invertir poco, pese a que son precisamente estas acciones las que suelen brindar los mejores resultados a largo plazo.
Tal como la evidencia resultante de varios estudios internacionales demuestra, la educación a padres y madres de familia logra resultados significativos en el desarrollo a largo plazo de la niñez y la adolescencia, incidiendo en una menor presencia de conductas delictivas.
Los niveles de retorno que muestra la inversión en niñez y adolescencia son muy grandes, puesto que se estima una proporción de 10 dólares por cada dólar invertido, lo que representa una costo-efectividad del 1000%, lo cual implica un factor clave en el desarrollo humano del país como un todo.
Como lo han venido indicando diversos organismos internacionales, la inversión en niñez es una de las más eficaces y estratégicas que existen, por cuanto tiene implicaciones sistémicas; es decir, que impactan en diversos aspectos del país, tales como su nivel de educación, salud, empleo, crecimiento económico, competitividad y bienestar general.
Por el contrario, la no inversión en niñez es una genuina hipoteca del futuro que pasa facturas elevadísimas a aquellos países que toman esta clase de decisiones, puesto que tendrán múltiples implicaciones relacionadas con la fractura del desarrollo nacional. Esto implica una visión del desarrollo que no contempla al ser humano y que ignora a la niñez como ciudadana sujeta plena de derechos.
Mientras los niveles de pobreza general en el país afectan a cerca de una quinta parte de toda la población (según las estimaciones más conservadoras), lo hacen a un nivel de cerca de una tercera parte con respecto a la población infantil, lo cual tiene consecuencias nefastas en todos los aspectos del desarrollo humano de esta población. Un niño no puede crecer ni desarrollarse adecuadamente en medio de la miseria.
El Estado costarricense, en tanto firmante y ratificador de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se compromete a invertir el máximo posible de sus recursos y esfuerzos para garantizar el cumplimiento de todo los derechos establecidos en este instrumento jurídico internacional de acatamiento obligatorio.
Pese a los esfuerzos realizados, según la Comisión de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Estado costarricense se mantiene en mora en el cumplimiento de los derechos de esta población, donde la inversión reflejada en los presupuestos es una condición necesaria para avanzar en su realización efectiva, de manera que al recortarse los recursos hacia la niñez y la adolescencia se está dando la espalda a los Derechos Humanos de esta población vital del desarrollo nacional presente y futuro.
Por todo lo anterior, concluimos que:
No se justifica que un tema de tanta importancia como es la inversión en niñez y adolescencia, que debería incluso ser considerado sagrado por todas sus múltiples y delicadas implicaciones, aún no cuente con todo el respaldo político necesario para responder a las obligaciones legales, sociales y éticas que este involucra, razón por la cual exhortamos a las señoras y señores diputados a enmendar este gravísimo error en que se ha incurrido al recortar tales recursos, y proceder a devolverlos con prontitud a la niñez, que los requiere con urgencia.
Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA-UNA)
***Mayores detalles con Ana Arguedas, directora del INEINA, teléfono 2562-6465 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
El trabajo académico articulado con egresadas de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional-UNA, ha generado la edificadora oportunidad de realizar programas radiales en Talamanca, con el objetivo de divulgar los resultados de un proyecto que aborda los Derechos de la Madre Tierra y los Derechos de los Animales; esto como alternativa para construir un pensamiento comunitario educador y transformador.
La entrevista radial a la académica del CIDE-UNA, Dra. Marisol Vidal Castillo, fue realizada por la educadora Amelia Buitrago Marín, co-aprendiente de la Maestría en Educación Rural Centroamericana y educadora en servicio de la Escuela Bernardo Brüg.
En este espacio otorgado por la emisora cultural, fue posible compartir lo que demanda pensar la vida asumiendo los Derechos de la Madre Tierra.
En el encuentro se entregó al Director de la Escuela Bernardo Drug-Talamanca, Licenciado Ignolio Nercis (Egresado de la UNA) y a un grupo de niños y niñas el módulo educativo. Asimismo, se compartió la experiencia de trabajo de campo desarrollada en las escuelas: Manuel Antonio y Tárcoles durante el año 2015 y 2016, donde participaron 30 niños y niñas en edades que van de los 6 a los 12 años de edad.
Se espera poder realizar otros programas educativos radiales en el 2017, incorporando las voces de los investigadores e las investigadoras infantiles; así como colegas educadoras de ambas escuelas que forman parte de este valioso proyecto.
Enviado a SURCOS Digital por Msc. Efrain Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Con la conferencia “Derechos sexuales, reproductivos y religión en Costa Rica”, que abrió el XVI Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad“Creencias religiosas y derechos humanos en América Latina y el Caribe”, realizado en la Universidad Nacional (UNA) en agosto pasado, la académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA, Laura Fuentes, puso en evidencia lo que llamó la “acometida religiosa contra el derecho individual en la salud sexual y reproductiva”.
Para Fuentes -quien también fungió como secretaria ejecutiva del Congreso- el estado confesional, es decir, la declaración expresa de que la religión del estado costarricense es “Católica, Apostólica y Romana”, se convierte en justificación para exigir una legislación “acorde con los principios cristianos”, lo que le otorga a estos un peso considerable en las decisiones en el sistema jurídico y el sistema legislativo, en detrimento de derechos humanos sexuales y reproductivos, protegidos en convenciones internacionales. La idea –estima- es “resacralizar”, mediante las leyes, el control de la reproducción “género-sexualizada”, así como un concepto de familia reproductor del modelo heterosexual.
Derechos lesionados
La expositora coincide con el presidente de ALER Costa Rica, el filósofo Jerry Espinoza, en que uno de los ejemplos es la declaratoria de inconstitucionalidad de la fecundación in vitro por parte de la Sala Constitucional, la cual –advierten- se basa en la “Instrucción Donum Vitae”, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano en 1987. Según el argumento religioso, la concepción inicia con la unión del óvulo y el espermatozoide y “a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de persona principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida”.
El criterio médico es diferente. Científicamente, a la unión de los gametos femenino y masculino se le denomina fecundación o fertilización, la que puede producirse en el seno materno o en laboratorio (in vitro); mientras tanto, la concepción ocurre, mucho después, cuando el óvulo fecundado se adhiere al endometrio.
Pero el peso del argumento religioso prevaleció, aún cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en contra de Costa Rica en 2012, obligando al país a reparar los perjuicios causados a las parejas afectadas y a implementar nuevamente el procedimiento médico.
El sistema legislativo impidió que el país cumpliera. Con más de 700 mociones, legisladores cristianos frenaban cualquier avance jurídico, alegando que la Fertilización in vitro implicaba la pérdida de embriones, considerados seres humanos, según el argumento religioso.
De manera que para 2016, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos impidió la anulación de un decreto de la administración del presidente Solís, que legalizó nuevamente la fecundación in vitro en Costa Rica, ya eran 60 parejas las que vieron lesionado su derecho humano a la procreación, durante años de enfrentamientos entre argumentos religiosos y derechos humanos.
Otros atropellos al derecho individual en salud sexual y reproductiva son la negativa al acceso al aborto terapéutico en casos de diagnóstico de embarazo como malformación incompatible con la vida extra-uterina, la anticoncepción de emergencia, que aún continúa sin registro en país, y los derechos de las parejas del mismo sexo. A mediados de 2000, el proyecto de Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo, fue archivado ante la oposición liderada por la Iglesia católica y las Iglesias evangélicas. Y el nuevo proyecto de “Ley de sociedades de convivencia”, enfocado a otorgarles derechos patrimoniales, acumula más de mil mociones en contra de parte de los legisladores evangélicos.
Pánico moral acalla a ticos
Es a esos legisladores a quienes el filósofo Alberto Rojas, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, llama “los cuatro jinetes de la cristiandad”, quienes quieren imponer una determinada versión del cristianismo, que perjudica derechos fundamentales, como fue el caso de la procreación mediante la fecundación in vitro y el de las uniones civiles de personas del mismo sexo, entre otros.
“Estos diputados sienten que ellos son la voz de una población con valores cristianos que adversa estos temas y su misión es impedir que lleguen a convertirse en leyes o política pública”.
No obstante, el académico estima que muchas personas reproducen el discurso oficial pero piensan y practican otra cosa. El altísimo porcentaje de prácticas sexuales fuera del matrimonio, el porcentaje de divorcios, la bajísima tasa de fecundidad, el porcentaje de matrimonios civiles no católicos; la posición de madres y padres frente a las clases de afectividad y sexualidad en los colegios y la muy lenta pero constante aceptación cotidiana de las personas de otra orientación sexual son indicadores –según Rojas- de que los costarricenses viven su vida a partir de otros valores o a partir de un cristianismo muy matizado, que no tiene nada que ver con los discursos oficiales.
La razón del distanciamiento entre lo que dicen y lo que hacen -en criterio del experto- está en el temor de ser socialmente rechazados y moralmente castigados, es decir de ese “pánico moral” que los acalla, de lo cual se aprovechan los “cuatro jinetes de la cristiandad”.
Hacia un estado secular
Como dijo Jerry Espinoza, presidente de ALER Costa Rica, el país es el único en América Latina que mantiene en su Constitución Política que el estado tiene una religión.
Avanzar hacia la laicidad del Estado, según Fuentes, podría contribuir a limitar el poder de la religión en el ámbito político, siempre y cuando cambien las prácticas políticas “contaminadas”, ya que actualmente los políticos afianzan su legitimidad en las iglesias y no en la soberanía del pueblo.
Lo que apunta al control directo sobre el cuerpo es lo que no pasa. Por ejemplo, una niña embarazada producto de una violación no tiene derecho al aborto terapéutico. “Hay cosas negociables y otras no. Hay núcleos duros del fundamentalismo cristiano”.
***Mayores detalles con la académica Laura Fuentes 2562-4062 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
