Ir al contenido principal

Etiqueta: derechos ambientales

Tribunal Ambiental ordena restauración de manglar y bosque tras 15 años de lucha contra Hotel RIU en Guanacaste

Luego de más de quince años de denuncias, trámites y resoluciones incumplidas, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) resolvió dar con lugar a la denuncia ambiental contra el complejo Hotel RIU en Playa Matapalo, cantón de Carrillo, y ordenó la restauración del manglar y de áreas boscosas afectadas dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

La resolución —dictada en el expediente que se remonta al año 2009— reconoce como hechos probados la eliminación y relleno de ecosistemas de manglar, la alteración de vegetación arbórea y arbustiva, así como la modificación del curso de una quebrada, todo ello en zonas de dominio público y de protección especial.

De acuerdo con lo resuelto, y la información enviada a SURCOS por la Asociación Confraternidad Guanacasteca, el Tribunal estableció la responsabilidad solidaria de las empresas vinculadas al proyecto y de su representante, y ordenó eliminar los rellenos, devolver la zona a su estado original y presentar un plan técnico de restauración ecológica, con plazos concretos para su ejecución.

Un caso marcado por dilaciones y sentencias incumplidas

El fallo llega tras un prolongado proceso caracterizado por retrasos, a pesar de que la Sala Constitucional emitió al menos cuatro sentencias ordenando al Tribunal Ambiental dictar resolución definitiva en un plazo razonable, en apego al derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida.

En resoluciones reiteradas, la Sala advirtió sobre eventuales responsabilidades administrativas e incluso penales por desobediencia, ante el incumplimiento sistemático de lo ordenado. En uno de los episodios más recientes, incluso se dispuso testimoniar piezas al Ministerio Público para valorar la posible comisión del delito de desobediencia.

Las personas denunciantes y organizaciones ambientales han señalado que las dilaciones favorecieron, durante años, la consolidación de los daños ambientales, mientras el proyecto avanzaba y se anunciaban nuevas etapas constructivas en la zona.

Zona pública afectada y ecosistemas vulnerados

La documentación incorporada al expediente, incluyendo el plano oficial de la zona afectada, confirma que los daños ocurrieron dentro de la zona pública de la ZMT, en áreas identificadas como manglar, humedal y protección de cauces, ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección costera.

Los hechos probados incluyen la deposición de materiales de relleno, el enterramiento de mojones oficiales y la eliminación de cobertura vegetal, acciones que afectaron directamente funciones ecológicas esenciales y bienes de dominio público.

Vigilancia ciudadana y exigencia de cumplimiento

Organizaciones y personas denunciantes han señalado que, si bien la resolución representa un avance significativo, la verdadera prueba será su cumplimiento efectivo, por lo que han anunciado que se mantendrán vigilantes del proceso de restauración ordenado.

El caso es considerado emblemático por evidenciar las tensiones entre grandes proyectos turísticos, la institucionalidad ambiental y el derecho colectivo a un ambiente sano, así como las debilidades estructurales en la aplicación oportuna de la normativa ambiental.

Foro en vivo analizará la problemática del agua y el agronegocio en Costa Rica

La Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital invita a un espacio de reflexión y análisis crítico sobre uno de los temas más urgentes del país: la relación entre agua y agronegocios, sus impactos sociales y ambientales, y los desafíos para avanzar hacia una gestión justa y sostenible del recurso hídrico.

El foro en vivo “Agua y agronegocio en Costa Rica: problemática y desafíos” se realizará el miércoles 3 de diciembre a las 6:00 p. m., y será transmitido por Facebook Live de SURCOS Digital.

Participan:

  • Alberto Gutiérrez
    Geógrafo, docente e investigador de la Sede de Occidente y del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

  • Clara Ramin
    Integrante del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica. Candidata a doctorado por la Universidad para la Paz.

  • Silvia Echeverría
    Investigadora del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional.

El conversatorio es organizado por la Alianza por una Vida Digna junto con SURCOS Digital y busca contribuir a la discusión pública sobre el uso, acceso y administración del agua, en un contexto donde el avance del agronegocio genera tensiones, conflictos socioambientales y desafíos para la protección de los territorios y las comunidades.

La ciudadanía está invitada a conectarse y participar con sus comentarios y preguntas durante la transmisión.

Representantes de asociación y del Estado de la Nación dialogan sobre derecho a un ambiente sano

Comunicado

El ambientalista Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, envió una carta al programa Estado de la Nación para expresar su preocupación por lo que considera un retroceso sostenido en la garantía del derecho constitucional a un ambiente sano, debido a cambios recientes en la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

En su mensaje, Levy destaca el valor del trabajo del Estado de la Nación como instrumento público de análisis riguroso y denuncia que, en los últimos años, la Sala Constitucional ha comenzado a derivar asuntos ambientales al Tribunal Contencioso Administrativo, una vía lenta, costosa y poco accesible para comunidades y movimientos sociales. Esto, señala, limita gravemente la capacidad de defender derechos colectivos y facilitaría la destrucción acelerada de ecosistemas vulnerables.

Según su planteamiento, esta tendencia judicial se suma a otros factores —como mayores presiones territoriales y socioambientales— que agravan la situación del país en materia ambiental, pese al mandato preciso del artículo 50 de la Constitución Política.

Respuesta del Estado de la Nación: reconocimiento, apertura y evidencia disponible

En respuesta al mensaje, Karen Chacón Araya, investigadora del Estado de la Nación, agradeció la observación y compartió el capítulo Armonía con la naturaleza del Informe Estado de la Nación 2025, donde se evalúa el desempeño ambiental de Costa Rica durante 2024 e inicios de 2025.

Chacón señaló que los hallazgos presentados en el informe son más amplios que los expuestos durante la presentación oficial, e incluyen investigaciones relacionadas con degradación de ecosistemas, gobernanza ambiental, presiones socioeconómicas y cambios institucionales relevantes.

Además:

  • Puso a disposición el informe completo y cada uno de sus capítulos a través del enlace oficial:
    https://estadonacion.or.cr/informes/

  • Subrayó que estos estudios son un insumo para la discusión informada, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.

  • Agradeció las sugerencias enviadas por Levy, asegurando que se tomarán en cuenta para la futura agenda de investigación del programa.

Un tema que requiere atención nacional

Con el intercambio, queda definido que existe un debate abierto y necesario sobre el papel de las instituciones judiciales en la protección de derechos ambientales y sobre los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia de gobernanza ecológica.

Mientras tanto, el llamado desde la sociedad civil es a vigilar los retrocesos, a fortalecer la justicia ambiental y a asegurar que la evidencia científica —como la contenida en el Informe Estado de la Nación— contribuya a decisiones públicas que protejan los ecosistemas, las comunidades y los bienes comunes.

Imagen: https://ojoalclima.com

Gobierno de Nicaragua otorga concesión minera en la Reserva de Biosfera de Río San Juan

Comunicado

Fundación del Río denuncia que el régimen Ortega-Murillo ha otorgado una nueva concesión minera de capital chino, denominada lote “La Mónica”, a la empresa Thomas Metal Sociedad Anónima. Esta concesión, de 47,410 hectáreas, abarca territorios de los municipios de El Castillo y Bluefields, dentro de la Reserva de Biosfera Río San Juan y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz.

El pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley 1248, Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el Decreto Ejecutivo 01-2007 que regulaba las áreas protegidas del país a través de su Reglamento. Esta nueva legislación legaliza las actividades mineras dentro de estos territorios de áreas protegidas, evidenciando los intereses extractivos y el desmantelamiento del marco ambiental promovido por la dictadura.

Consideramos importante advertir que esta concesión marca la apertura de un nuevo distrito minero en el país, particularmente en el sureste de Nicaragua. La concesión industrial otorgada estaría vinculada a zonas donde ya se había permitido y promovido la minería artesanal ilegal por parte de instituciones del régimen. Esta situación incrementa el riesgo de expansión de la actividad minera ilegal, así como la posibilidad de que se otorguen nuevas concesiones industriales en la región. Además, la concesión podría generar conflictos territoriales con otras empresas debido a su posible superposición con concesiones forestales y de monocultivos previamente autorizadas en la misma área.

Debido a la falta de transparencia y de estudios ambientales y sociales impide conocer con certeza los impactos que puede generar esta nueva concesión minera. Sin embargo, advertimos sobre posibles procesos de expropiación que enfrentarán las familias en los municipios de El Castillo y Bluefields, incluyendo cooperativas de cacao, empresas de monocultivo de palma africana, cacao y plantaciones forestales. Esta concesión también podría intensificar las invasiones a la Reserva Biológica Indio Maíz, como resultado del desplazamiento en su zona de amortiguamiento. A ello se suman los riesgos de contaminación y degradación ambiental, que variarán según se trate de minería a cielo abierto o subterránea.

En las próximas semanas, Fundación del Río, en colaboración con Expediente Abierto, presentaremos un análisis sobre los intereses mineros chinos en Nicaragua. Este estudio permitirá comprender con mayor profundidad el alcance de las concesiones otorgadas por el régimen Ortega-Murillo y sus implicaciones socioambientales.

Nuevamente muerte masiva de peces en el río Ciruelas, Miramar

Sospechan de aguas vertidas por mina cercana

Este miércoles 30 de julio, vecinas y vecinos de Miramar denunciaron una nueva muerte masiva de peces, camarones, cangrejos y otras especies en el río Ciruelas, desde el sector conocido como El Salto, justo a la salida de la mina Bellavista, tal como ya había ocurrido en abril pasado.

El evento habría ocurrido entre la noche del martes y madrugada del miércoles, pues los testimonios señalan que fue hasta la mañana cuando comenzaron a notar la mortandad en el río. 

En un audio difundido por chats locales, el alcalde de Montes de Oro, Anthony Fallas Jiménez, indicó que desde el Comité Municipal de Emergencias y el Consejo de Coordinación Institucional se nombró una comisión para remitir esta nueva denuncia a las autoridades competentes: SINAC, Ministerio de Salud y OIJ. Además, informó que el OIJ ya había visitado la Municipalidad días atrás, como parte de la investigación sobre el evento reportado en abril.

Aunque todavía se desconoce la causa exacta de esta nueva contaminación, la mina Bellavista —ubicada en la parte alta de Miramar— ha sido señalada en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades en su operación y posibles impactos ambientales.

Antecedentes

Desde su instalación, la mina Bellavista ha sido objeto de denuncias y cuestionamientos durante casi dos décadas. En 2007, tras la ruptura de la geomembrana en el área de la pila de lixiviación, ocurrió el deslizamiento que colapsó la planta de ADR (recuperación por adsorción-disorción) o planta de recuperación de oro, bodegas aledañas y el laboratorio, vertiendo miles de litros de agua cargada de lixiviados sobre el cauce del río Ciruelas, contaminándolo por completo y provocando una devastación sin precedentes.

En 2009, el Comité Ambiental de Miramar denunció que  la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation abandonó el sitio y alertó sobre el riesgo de contaminación al río Ciruelas con cianuro y metales pesados. A lo largo de los años, distintas organizaciones y personas de la comunidad han advertido sobre impactos ambientales, irregularidades en auditorías y ausencia de certificaciones y evaluaciones rigurosas. En 2023 se presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud por posible contaminación del río y además, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria a la Mina Bellavista por contaminación con plomo en la sangre de trabajadores.

En octubre de 2024, el diputado Carlos Andrés Robles solicitó una inspección exhaustiva del proyecto, tras conocer la denuncia del exsupervisor de la mina, Diego Leonardo García, quien advirtió sobre el uso de piletas sin impermeabilización, posibles filtraciones al acuífero y afectaciones al río Ciruelas. Este mismo año, Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura, denunció también que la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (COMIMA) lleva más de 10 años sin funcionar, sin actas ni seguimiento, y ante la solicitud de reactivarla, SETENA alega que no es posible bajo el argumento de que el expediente está «secuestrado» como parte del Caso Comején.

La minería en Miramar, en sus diversas formas —legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea— ha generado impactos socioambientales profundos y acumulativos, convirtiendo la zona en un verdadero «Territorio de Sacrificio». Una investigación reciente de la UCR revela que más del 31,86 % del cantón de Montes de Oro está concesionado para minería subterránea de oro, incluyendo su área urbana.

Llamado comunitario

Dayana Rojas, de la Asociación Civil Pro Natura, expresó:

“Es realmente preocupante que ocurra un nuevo evento de contaminación en el cauce del río y todavía no se tengan respuestas sobre los eventos de marzo-abril. Respecto a la articulación interinstitucional desde el gobierno local nos llama la atención que se siga dejando por fuera la participación de la Dirección de Aguas que podría dar una guía y acompañamiento importante sobre cómo proceder, además vemos que las denuncias ciudadanas colocadas en el SITADA siguen sin ser atendidas después de 3 meses, probablemente dirán que ya pasó mucho tiempo y cierren esas denuncias, como en casos anteriores.

En la Asociación recibimos información de vecinos del río (que por razones de seguridad nos han solicitado guardar el anonimato) denunciando supuestos vertidos desde la empresa minera durante los días feriados y fines de semana, cuando hay aguaceros fuertes y el río tiene buen caudal; este fin de semana largo no fue la excepción. 

En la comunidad hay mucha indignación y molestia porque no se le ha dado prioridad a esta situación recurrente; el OIJ está haciendo sus investigaciones y esperamos que eso marque una diferencia, sin embargo eso no exonera de responsabilidad al resto de instituciones que deben velar por la calidad del recurso hídrico, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el cumplimiento de la legislación vigente, lamentablemente a lo largo de los años hemos visto como cada denuncia termina siendo archivada, ignorada, minimizada o  “resuelta” de manera mediocre a nivel institucional, por decir lo menos.

Sin embargo, alentamos a la comunidad a seguir denunciando todas esas situaciones irregulares que violentan nuestros derechos, nos enferman y comprometen la integridad y calidad de los bienes comunes para las generaciones presentes y futuras.

Fotos y videos en este enlace.

Silenciando la participación “La difamación”

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En la última década hemos asistido al aumento de un tipo de demandas judiciales principalmente que tiene como objetivo limitar e intimidar a la participación pública. Estos procesos recurren a las instancias judiciales no como una herramienta para reivindicar una demanda de buena fe, sino para limitar la expresión de otros.

Estas acciones involucran procesos largos y extremadamente costosos, logrando la desmovilización de personas lideresas e intimidando a otros actores.

El principio detrás es convertir el sistema judicial en un arma para intimidar, restringir el interés público y convertir asuntos de interés público en disputas técnicas de derecho privado.

Estas acciones están dirigidas especialmente a colectivos de defensa de derechos humanos, del ambiente y a periodistas, con el fin de «castigar» su labor crítica ante las acciones que emprenden corporaciones y Estados.

Por esta razón, les invitamos a revisar estos artículos que profundizan esta tendencia que estamos viviendo en nuestros países, así como esta infografía para aportar conceptos e invitarles a seguir debatiendo este tema.

UCR reitera compromiso ambiental de la Institución

La Universidad de Costa Rica (UCR) tiene un compromiso con la conservación del ambiente y las luchas socioambientales en nuestro país y con el planeta. (Foto: Anel Kenjekeeva, OCI)

María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista

En concordancia con el compromiso que desde siempre ha tenido la Universidad de Costa Rica (UCR) con las grandes luchas en pro del ambiente y el resguardo de la conservación de los recursos naturales y su sostenibilidad en nuestro país, el Consejo Universitario instó a la Administración para que, a partir de este año, cada 7 de diciembre se realicen actividades para rendir un homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El objetivo de este acuerdo se centra en recuperar la memoria histórica institucional las luchas socioambientales, pues para el Órgano Colegiado, esta Casa de estudios superiores tiene el deber ético y moral de recordar y rendir homenaje a las personas defensoras ambientales que perdieron sus vidas en la lucha por el derecho humano a vivir en armonía con el medio ambiente.

La Universidad reconoce que a pesar del prestigio internacional de nuestro país por promover la sostenibilidad y conservación del ambiente, las personas defensoras de los derechos humanos ambientales están expuestas a riesgos, como amenazas, hostigamiento, persecución, estigmatización, aislamiento social, violencia física o política e incluso la muerte.

Desde 1975 en Costa Rica se han registrado asesinatos vinculados a disputas ambientales, muchos de los cuales aún siguen impunes. Entre las personas que han perdido su vida por esta causa figuran: Olof Nicolás Wessberg (1975), Antonio Zúñiga Obando (1990), Óscar Quirós (1992), Jorge Aguilar (1992), Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández (1994), David Maradiaga Cruz (1995), Kimberley Blackwell (2011), Jairo Mora Sandoval (2013), Diego Armando Saborío González (2014), Sergio Rojas Ortíz (2019) y Yehry Rivera Rivera (2020).

La Universidad de Costa Rica ha sido baluarte en el compromiso y respeto de los derechos humanos ambientales y en la promoción del estudio y la comprensión de estos complejos procesos sociales, políticos, económicos y ambientales. Además, ha brindado el acompañamiento a los líderes ambientalistas y organizaciones protectoras de los recursos naturales, así como a las comunidades para el respeto y la defensa de sus derechos.

Fuente: https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/ucr-reitera-compromiso-ambiental-de-la-institucion.html

Yo por el futuro, voto por el agua – CODECE convoca conversatorio con candidaturas en Escazú

Martes 21 de noviembre a las 6:30 pm.

Una oportunidad para conocer de cerca parte de la propuesta en temas ambientales de las candidaturas a la Alcaldía de Escazú 2024.

Acompáñenos presencialmente en el Salón Comunal de Barrio Santa Teresa o por medio de la transmisión de Facebook live.

Enlace: https://fb.me/e/1FIxXHesb

SURCOS compartirá la transmisión en la página de Facebook Live.

Férrea travesía sobre el oasis del pacífico centroamericano. ¿Sustentable?

Juan Francisco Campos

Este mes de octubre, se cumplen 16 años de que, a pesar de la histórica gesta de nuestro pueblo contra el Tratado de libre comercio adoptado por empresarios y políticos apátridas, quedó demostrado que, en la campaña del referéndum, estos actores, fueron capaces hasta de usar herramientas típicas del terrorismo de Estado1,2; a fin de imponer su aprobación y con ello, abrir el camino para “arrasar con nuestras soberanías”. Por ejemplo, creándole facilidades a cualquier inversionista para exigir privilegios o demandarlos según sus propios intereses en paneles internacionales; ante los cuales, los Estados son fijos perdedores, pues para empezar no más su defensa, deben pagar exorbitantes sumas de dinero (W. Antillón, 2023)3. En consecuencia, todo habitante honrado de este país y que vivió esa experiencia confiando en el respeto a sus derechos civiles y políticos, conoce que, aún con el resultado de ese referéndum (un empate técnico), quienes desde entonces controlan los poderes de la República, de tal forma legitimaron el principal instrumento destructor de las bases del desarrollo nacional del presente siglo.

Sin lugar a dudas una experiencia que no obstante el crudo desenlace que tuvo, cada 7 de octubre, nos permite, aún a solas, sentirnos agradecidos con todos y cada uno de los participantes de buena fe y quienes, sin reservas, con sus múltiples y variados aportes de la ciencia, el derecho, la cultura, el conocimiento popular y sobre todo el gran calor humano; contribuyeron así a generar un ambiente o quizás movimiento social, nunca antes vivido. Uno de tantos aportes, fue presentado por parte del oceanógrafo físico Guillermo Quirós Alvarez, por medio del cual, muchos ciudadanos conocimos con profundidad que, este país es territorialmente más grande y rico de lo que se ha enseñado durante años en el sistema educativo; es decir, ocultado. Las concurridas conferencias magistrales en los auditorios universitarios, estarán por siempre presentes en nuestra memoria, alimentando la reflexión y avance del conocimiento; la ruta más certera para debelar y continuar trabajando contra las múltiples falacias incrustadas a todo nivel en la educación y el marco legal costarricense. Su tema central se refería a nuestras riquezas marinas y el piso oceánico asociado4,5.

Ahora, al cumplirse un nuevo aniversario de esa gesta patriótica, quebrantada con tan infame imposición imperialista en complicidad de los siervos menguados del país, y cuyos resultados hoy el pueblo padece con mayor crudeza; es oportuno y justo apuntar también que, a partir de entonces y quizás paradójicamente, nuestros sueños de prosperidad se multiplicaron y son una invaluable motivación en la eterna lucha por un país efectivamente mejor. Territorio donde no exista segregación social o económica alguna, y sí, donde la vida digna y saludable para todos sus habitantes, sea una realidad fundamental garantizada; y no la ficción perpetua como acertadamente se percibía al analizar aquello de que, los políticos pasan “programando nuestro desarrollo de espaldas al mar”. Claro está y como siempre sucede en este bregar, también se han multiplicado los bribones de la política escenificada durante cada campaña electoral y que, con referencia a esos conocimientos, proponen la prosperidad de su futuro gobierno o mejor dicho la de sus financistas, a partir de la explotación de las riquezas marinas; puntualmente citan el domo térmico. Un tema aparentemente poco conocido por la Nación, sin embargo y como ya se dijo, en estudio hace más de cincuenta años por parte de gringos, franceses, alemanes y japoneses; y vale creer que jamás de gratis, así como que, la pobreza y pobreza extrema de nuestros pescadores artesanales no obedece a un castigo divino.

En ese mismo orden, es conocido que, por parte de científicos nacionales, se han dado a conocer nuevas investigaciones sobre dichos recursos, las cuales, ratifican que, en Costa Rica, bajo las aguas del Océano Pacífico poseemos, por ejemplo, lo que el Dr. Jorge Jiménez (2016) y su representada Mar Viva6, titula: “El Domo Térmico de Costa Rica: Un oasis de productividad frente a las costas del Pacífico Centroamericano”. Sobre esto mismo, Quirós, G. 2007 lo señala como un “Extraño acoplamiento entre la atmósfera y el océano en nuestros territorios marinos. Según esa investigación, “entender la posición y extensión del Domo, es de gran relevancia para su manejo y conservación”, pues se trata de un fenómeno oceanográfico de alto dinamismo cíclico, en el cual confluyen diferentes corrientes marinas y vientos, especialmente los alisios. Específicamente se le describe como una zona que está “…en constante expansión, contracción y desplazamiento, dependiendo de la etapa del año”. Por ejemplo, durante el período de máxima extensión, el núcleo cubre parte de las aguas jurisdiccionales de todos los países centroamericanos y abarca un área aproximada a cinco veces el territorio continental costarricense.

En cuanto a la biodiversidad, también se le describe como compleja y abundante, donde cohabitan “…desde algas microscópicas hasta grandes especies marinas, como el calamar gigante (Dosidicus gigas) y la ballena azul (Balaenoptera musculus)” que, entre sus características, es parcialmente descrita como el animal más grande del Planeta y en peligro de extinción. Además, parte de la depredación que la afecta, es ocasionada por el tráfico marítimo a través del Domo; zona confirmada como un espacio de su alimentación y alumbramiento. Otras de las riquezas biológicas de dicha zona, es la alta productividad del atún aleta amarilla, tanto como la presencia de delfines y cinco especies de tortugas, entre ellas la Baula, cuya existencia está en peligro crítico de extinción.

De manera que, acerca del Domo Térmico de la Región centroamericana y lo que a nuestro país pertenece y compete, comprendemos que se trata de una zona marina inmensamente rica en biodiversidad, pero abandonada por las autoridades nacionales. Situación que le ha generado severos daños ambientales, producto de los impactos sin regulaciones ni controles de la pesca ilegal aparentemente por parte de flotas extranjeras, tráfico de diferente tipo, muerte violenta de especies en peligro de extinción, contaminación por plásticos, etc. Por lo tanto, sin ningún manejo acorde con nuestra legislación (de paso también en vías de regresión) ni seguimiento a los daños ambientales que soporta. Es decir, esas mismas condiciones contrapuestas, parecen conformar su principal debilidad a nivel de una zona muy frágil, la cual, si nuestras autoridades fueran o quisieran ser realmente consecuentes con las políticas ambientales de su “liderazgo mundial” ahora también en temas oceánicos; esta zona debería declararse bajo algún estatus de área protegida. Claro está que, estas categorías, para los fanáticos del “mercado libre” siempre serán obstáculos; en lenguaje criollo: “cuellos de botella” a eliminar. Nos preguntamos, cuál será la intencionalidad real por parte del gobierno de Costa Rica con respecto al Tratado del Mar7, al anunciar como apuntaremos luego, que está próximo a ser ratificado; si en dicho Tratado, se contempla la obligación de reforzar el rigor de la Evaluación de Impacto Ambiental, y las acciones más recientes sobre el tema, se han dado severamente al revés (Ejemplo: D.E. 43898-2023).

Hace menos de tres meses que ante el CELAC y la UE8, el presidente Rodrigo Chaves discurseaba reiterando su “inquebrantable compromiso y respeto” con los derechos humanos, el sistema democrático de gobierno y la economía de mercado. También que, “Costa Rica considera que la protección ambiental, por su impacto y magnitud, es uno de los retos que nos supone mayor compromiso y unidad”. Esto así dicho, es acorde con lo que el gobierno se propuso al iniciar su gestión, compromiso y respeto inquebrantables con el mercado, mientras con la protección del ambiente sólo supone (no tiene certeza completa) un mayor compromiso. Pero su falaz discurso fue más amplio: “…celebramos la reciente adopción del Tratado de Alta Mar, que Costa Rica suscribirá en setiembre durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Invitamos a los países de la región a lograr las 60 ratificaciones que se requieren para su entrada en vigor”. En igual sentido, hizo alusióna que, Costa Ricaapoya la iniciativa Global Gateway, mediante la cual, se procura impulsar la “inversión en proyectos sostenibles y de alta calidad” para fortalecer la lucha contra el cambio climático”. Que se une al llamado de más de 20 países, varios miembros de la CELAC y de la Unión Europea; para implementar una Prórroga Precautoria al inicio de la minería de suelos marinos, hasta tanto no se pueda asegurar la protección efectiva del ambiente marino, como lo requiere la Convención del Mar. Que producto de ese compromiso, el próximo año el país será sede de un evento temático de alto nivel sobre acción oceánica, buscando impulsar los resultados de la Conferencia de 2025, de la cual somos coanfitriones, junto con Francia. En principio la intensión parece buena, pero más clara, es la decisión política de desarrollar este tipo de minería de grandes riesgos ambientales; cuestión de tiempo y estrategia de mercado.

Ironía. En ese llamado e invitación a ratificar, determinamos como lo más evidente, una insólita conducta en faltar a la verdad, dado que el compromiso real es quizás lo que más se oculta, pues en la práctica, el Gobierno de Costa Rica no ha sido congruente con sus acciones respecto a los compromisos adquiridos para la ratificación de otro Tratado, el Tratado Regional conocido como Acuerdo de Escazú9,10. Este instrumento, en la actualidad está vigente gracias a la voluntad efectiva de ratificación por otros países como nuestros propios vecinos Panamá y Nicaragua, sin Costa Rica. De manera que, por lo que representa el nombre de este Tratado para los habitantes del municipio de Escazú y de toda Costa Rica, decimos que, los escazuceños deberían demandar un resarcimiento del gobierno actual. Obsérvese también que, los propósitos de este Acuerdo denotan una real progresividad según su objetivo de: “…garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales…” (Artículo 1). Constituye el primer instrumento internacional, a nivel global, en tutelar los derechos de los defensores de derechos humanos. A la vez que, “se reconocen principios democráticos fundamentales y se procura abordar uno de los desafíos más importantes de la región: el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada. También es un tratado de derechos humanos” (A. Bárcenas, ex secretaria Ejecutiva de CEPAL)11.

De las anteriores referencias, si no fuera por los hechos con los que procuramos contextualizar sobre la situación ambiental que enfrenta el país y con ello sustentar el ejercicio de la denuncia pública, se podría caer en el error de creer que las políticas públicas ambientales de Costa Rica, están orientadas según lo divulga principalmente su gobierno, a impulsar la “sostenibilidad de alta calidad” honrando compromisos ambientales de nivel internacional. Nada es así, y como dice el adagio popular: “para muestra basta un botón”. Es conocido públicamente y aunque no lo suficiente, la entrada en operación de la actividad denominada Transporte marítimo de corta distancia, mediante un ferri de carga entre Costa Rica y El Salvador. En este caso, por parte de la corporación panameña Blue Way con socios alemanes, representada en Costa Rica por Transmares, y el uso del buque Blue Wave Harmony de bandera panameña.

Consecuentemente, está a la vista que iniciaron un nuevo negocio privado al que llaman proyecto pionero, no obstante, con onerosos costos estatales al menos en Puerto Caldera e instalaciones aledañas, obras próximas a ser “modernizadas”; según declaraciones del jerarca más recientemente nombrado al frente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)12. Al inferir sobre esta actividad de trasporte también en aspectos como: el tiempo que tardó en ejecutarse entre treinta y cuarenta años, las deficiencias divulgadas por diferentes actores sobre Puerto Caldera e inclusive el informe de la Contraloría General de República en cuanto a la  administración del mismo, la aparente destitución del anterior presidente ejecutivo de Instituto, contradicciones entre ventajas y desventajas con respecto al transporte alternativo, características del buque, etc.; no se auguran beneficios comerciales y mucho menos impactos ambientales positivos para la Nación costarricense, pero los concesionarios una vez más se llevarán todo. Mientras tanto, los habitantes de Caldera observan cada vez mas cerca su inminente desalojo costero y desamparo; para ellos no llegará la millonaria modernización que ya demandan los concesionarios del Puerto.

Por otra parte, nos genera atención especial el hecho de que, tanto en los reportajes periodísticos observados a favor o en contra de la actividad, como en las publicaciones oficiales sobre el tema, no se logra determinar si previo a la entrada en operación del buque IMO-9007283 en su ruta (La Unión – Caldera), se cumplieron regulaciones ambientales de algún tipo13,14, a fin de prevenir sus impactos ambientales y consecuentemente los daños. Tomemos en cuenta que, en apariencia, la ruta de la embarcación en algún porcentaje significativo surca sobre el Domo Térmico de Costa Rica. Además, debe prestarse atención, que se trata de un buque viejo (32 años), pues según los organismos internacionales la vida útil de éstas naves se estima entre 25 y 30 años; entró en operación un 7 de octubre de 1991, aproximadamente a los 10 años empezó a recibir reparaciones y ha cambiado de nombre tres veces; entre otras características15.Y para mejor muestra, algo más: por nuestras funciones consultivas, hace ya tres años en visita a las instalaciones de la Setena, coincidimos en tiempo y espacio con una visitante al parecer también con igual oficio, quien, con enojo, reclamaba el atraso en dar respuesta a alguna consulta suya. Tipo de gestión que, la institución denomina consulta técnica. En la mayoría de casos, se presentan por parte de los proyectistas, para que la institución les oriente acerca de si lo que se proponen desarrollar, debe cumplir con alguno de los procesos de viabilidad ambiental que administra la Setena.

También, a consecuencia de la situación presenciada dado el tono de la inusual reclamación y las trifulcas internas al atender el caso, nos interesamos a la vez en conocer su desenlace. No fue fácil, pero en alguna medida se logró y damos gracias a las normas que dispusieron el derecho ciudadano de acceso a la información pública. Resultando, primero que el atraso lo generaba una controversia en cuanto a si la actividad de transporte de carga marítima y subrayo de este mismo proyecto del ferri centroamericano, requería o no, cumplir con la evaluación de impacto ambiental según la normativa en la materia y obligaciones de la Setena. Al parecer, a un profesional técnico sin rango de mando, le habían asignado analizar y preparar el criterio sobre la consulta, y si bien lo había cumplido, al ser firmado por sus jefaturas, dicho criterio no coincidía con lo pretendido por ellas; razón por la cual se le exigía cambiarlo. En síntesis, tal funcionario había fundamentado que la actividad debía gestionar la viabilidad ambiental antes de operar. No conocimos por parte de quien o quienes, pero la realidad fue que, el criterio del técnico se cambió y la Setena, terminó respondiendo a la interesada que su actividad no requería evaluación de impacto ambiental. Aunque confuso, mediante el oficio SETENA-DA-Educa-0310-2020 se le indicó: “…al tratarse de una ruta marítima, ya al no estar legislado el tema ante la SETENA, no es de aplicación someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, para la obtención de viabilidad (licencia) ambiental”. Actuación claramente contraria al principio precautorio. Finalmente, este caso, nos permitió conocer de otros, tanto oficiales como privados, en que, bajo el mismo procedimiento, se exonera la obligación del proceso de Viabilidad Ambiental.

En conclusión y según los hechos, la declaración explícita de “compromiso inquebrantable con la economía de mercado” por parte del gobierno de Costa Rica, no es menos que una declaración de tipo belicista. Pues a través de ella, ahora sin contemplaciones éticas y mucho menos morales bajo las que se han especializado, se procura culminar la imposición del proyecto histórico neoliberal y extractivista por excelencia; al acecho de su Patrimonio Natural y social hace aproximadamente cuatro décadas. El Estado Social de Derecho y de Servicio Público, así como las reservas de recursos naturales son su principal presa. La multiplicación de indicadores negativos en todos los órdenes de la vida nacional, exhiben tanto a lo interno como internacionalmente, la gran crisis a que se ha conducido nuestro país. Por ejemplo, la violencia extrema, inequidad, precariedad del trabajo asalariado y hasta trabajo esclavo, desempleo, graves deficiencias en servicios públicos básicos como en la educación y salud, abandono de la producción agrícola de alimentos básicos, contaminación, sobreexplotación de recursos naturales, creciente endeudamiento del Estado y desfinanciamiento del presupuesto nacional, autoritarismo, criminalización de la protesta social, etc.; son únicamente una parte de la situación.

Y si bien la extensión del territorio costarricense es relativamente pequeña, a nivel internacional logró ser reconocido como un territorio privilegiado por la naturaleza gracias a la abundancia de ecosistemas de elevada biodiversidad (megadiverso) y posición global; pero también es cierto que, esta característica históricamente fue acompañada de eficientes políticas públicas sobre protección y conservación ambiental. De manera que, ambos atributos permitieron forjar a la vez liderazgo mundial en materia del ambiente. Un liderazgo que indiscutiblemente y para bien del país, le ha generado significativas donaciones económicas, pero que quizás, el mayor dividendo es la creciente visitación turística internacional; sin lugar a duda promocionada con eficiencia publicitaria. No obstante, no se vislumbra en el horizonte que estas ventajas sigan la misma tendencia, si tomamos en cuenta que parte de las riquezas naturales que conforman el atractivo que se publicita, son presa directa e indirecta de la economía de mercado proclamada por el presidente Chaves; aunque su ministro de Ambiente y Energía por otro lado, se equivoque o mienta al haber declarado que, el país se propone desarrollar la Economía Circular16.

El Domo Térmico con su inmensa biodiversidad, así como los yacimientos de hidrocarburos y minerales presentes en el suelo marino de nuestro territorio, hoy día constituyen riquezas de incalculable valor económico pero que, por su ubicación en territorio altamente frágil, los costos ambientales de una posible explotación pueden ser iguales o superiores. Y si bien, según se dice, ha existido explotación pesquera a nivel extractivo y sin controles legales ni técnicos; es claro que, en esta ausencia de beneficios para el país, el Océano carga con los daños ambientales directos de tal explotación, más los de la contaminación acarreada por los cursos de agua provenientes del territorio continental. Es decir que, por lo que representa el territorio marino costarricense en el Océano Pacífico como espacio de alta fragilidad y los daños ambientales que ahí se dan; toda nueva obra o actividad que en el mismo territorio se desarrolle sin las mínimas regulaciones técnicas y legales, no hacen más que acelerar su destrucción ecológica.

En línea con lo anterior, se debe contemplar el proyecto bajo el cual se puso en operación el Ferri La Unión – Caldera, de cuyo buque a pesar de que no hemos tenido acceso a los últimos reportes de mantenimiento, la ficha técnica es reveladora de que aparentemente su vida útil está caduca. Por lo tanto, los potenciales impactos ambientales negativos del llamado proyecto “pionero”, presenta adicionales riesgos o amenazas que merecen cuanto antes y aunque ya esté en operación, urgentes medidas de corrección y más. Por consiguiente, en vista de que ya se demanda del Estado una millonaria inversión en la modernización de Puerto Caldera, más urgente parece la sustitución del barco, si en algo se desea simular a una actividad pionera de “Inversión en proyectos sostenibles y de alta calidad para fortalecer la lucha contra el cambio climático”.

Facilitar el desarrollo de nuevas actividades comerciales privadas, exoneradas del instrumento de la evaluación de impacto ambiental en zonas de alta biodiversidad dentro del territorio costarricense; no sólo multiplica las amenazas contra especies de la fauna marina en peligro de extinción, sino que, también representa un desacato infraganti de los principios del derecho ambiental, como el precautorio y la no regresión.

Así como el Domo Térmico de Costa Rica es sorprendente por su enorme biodiversidad y obvia riqueza natural que concentra, parece mayor la de los yacimientos de níquel, cadmio, metales preciosos, gas natural y petróleo detectados en el suelo marino del mismo territorio oceánico según los estudios de referencia. Sin embargo, tanto por la política económica del gobierno Chaves Robles y su asociado compromiso de apertura a la inversión extranjera, como por el contexto internacional y la crisis energética que atraviesa el capitalismo occidental, donde este presidente identifica a sus socios; la perspectiva socioambiental para Costa Rica es sombría, las banderas de alerta más calificadas del país por parte de la ciencia y organizaciones ambientales ya están izadas. No las dejemos bajar ni a media asta.

Referencias

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Memorándum_del_miedo

2. https://www.elpais.cr/2017/09/07/no-debemos-olvidar/

3. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/8/31/cuando-la-sed-por-el-conocimiento-y-la-pasion-por-la-justicia-desembocan-en-el-servicio-a-los-demas.html

4. https://groups.google.com/g/baproees/c/F5F-vSiRcvQ

5. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2016/03/18/territorio-sumergido-por-descubrir.html

6. Jiménez, J.A. 2016. El Domo Térmico de Costa Rica: Un oasis de productividad frente a las costas del Pacífico Centroamericano. Fundación Mar Viva.

7. https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/diez-cosas-sobre tratado-altamar/

8. https://www.elpais.cr/2023/07/18/la-propuesta-de-costa-rica-en-cumbre-ue-celac-discurso/

9.https://www.elpais.cr/2023/02/01/costa-rica-retrocede-en-legislacion-ambiental-al-sepultar-acuerdo-de-escazu/

10. https://surcosdigital.com/ambiente-y-ecosistemas-ausente-en-primer-informe-de-rodrigo-chaves/

11. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a6049491-a9ee-4c53-ae7c-a8a17ca9504e/content

12. https://incop.go.cr/noticias/mensaje-bienvenida-pteejecutivo_brauliovenegasdijeres/

13. https://www.imo.org/es/About/HistoryOfIMO/Paginas/Default.aspx

14. https://www.boletinpatron.com/convenio-solas/

15. https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Sea_Anatolia

16. https://www.meic.go.cr/comunicado/1217/costa-rica-traza-su-ruta-hacia-un-futuro-circular-conoce-la-estrategia-nacional-de-economia-circular.php

ANEP crea primera Comisión Política de Asuntos Socio Ambientales

ANEP. La creación de esta comisión busca potencializar la participación en temas ambientales de nuestra organización, como ya se hizo con el Frente Ecologista Eco Cipreses en la defensa del agua en la zona norte de Cartago, donde se logró la prohibición a nivel nacional del agroquímico clorotalonil por la contaminación a mantos acuíferos.