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Etiqueta: derechos colectivos

Recurso de amparo cuestiona concesión de la Terminal de Contenedores de Moín por falta de consulta a comunidades afrodescendientes

El ciudadano Marco Levy Virgo presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en el que denuncia la omisión del Estado costarricense de aplicar estándares internacionales de protección a los pueblos tribales afrodescendientes, en relación con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a la empresa APM Terminals.

En el escrito, Levy sostiene que la concesión fue otorgada sin consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades afrodescendientes de Limón, a pesar de que estas mantienen una identidad colectiva, modos de vida tradicionales y un vínculo histórico con su territorio, características que —según el recurso— las configuran como pueblo tribal conforme a los estándares interamericanos.

El documento detalla que la entrada en operación de la TCM ha generado impactos sociales y económicos profundos, entre ellos el desplazamiento laboral de mano de obra afrodescendiente, el cierre de operaciones de empresas privadas como Standard Fruit Company (Dole) y Chiquita Brands, y la reducción de actividades en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Estos procesos, afirma el recurso, agravaron el desempleo, la pobreza y las tensiones sociales en una región históricamente vulnerable.

Asimismo, se señala la afectación a actividades tradicionales como el turismo comunitario y la pesca artesanal, así como al tejido social ancestral de comunidades de Moín y zonas aledañas, sin que se hayan implementado medidas efectivas de mitigación o compensación.

El recurso argumenta que la ausencia de consulta no constituye una omisión formal, sino una violación estructural y sistemática de derechos colectivos, que perpetúa la discriminación contra la población afrodescendiente. En respaldo de esta afirmación, se citan instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido el derecho a la consulta de pueblos tribales afrodescendientes en proyectos de gran impacto.

El escrito también cuestiona lo que califica como una aplicación selectiva de los mecanismos interamericanos por parte del Estado costarricense, al recordar que el país sí solicitó una opinión consultiva a la Corte IDH en otros temas de derechos humanos, mientras no ha hecho lo mismo frente a los impactos del proyecto portuario en Limón.

Finalmente, el recurso solicita a la Sala Constitucional que declare la violación de los derechos fundamentales invocados, que se anulen los efectos lesivos de la concesión en lo que respecta a las comunidades afectadas y que se ordenen medidas de reparación integral, incluyendo la realización de una consulta adecuada y la compensación por los daños ya causados.

Contexto y antecedentes

La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín y sus impactos sociales, laborales y territoriales han sido abordados en diversas notas publicadas previamente en SURCOS, donde se ha documentado la situación histórica de exclusión que enfrenta la población afrodescendiente del Caribe, el debilitamiento de la institucionalidad pública portuaria y las transformaciones económicas que ha vivido la provincia de Limón en las últimas décadas.

En esos antecedentes se ha señalado la ausencia de procesos de consulta y participación efectiva de las comunidades afectadas, así como la persistencia de brechas estructurales en empleo, acceso a derechos y reconocimiento cultural. El recurso presentado ante la Sala Constitucional se inscribe en este marco más amplio de disputas por justicia social, derechos colectivos y reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, temas que han sido objeto de seguimiento informativo constante por parte de SURCOS.

Puede consultarse este enlace para una visión histórica del tema:

Cahuita no se divide: se defiende unido

Por Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Mensaje para toda la comunidad de Cahuita.

La carrera por el protagonismo siempre es de corto plazo:

Mucho ruido hoy, grandes consecuencias mañana.

Sobre la ZMT, el PRC y la Declaratoria Tribal de Cahuita, mi posición es pública desde hace más de 13 años, y todos los actores del tema la conocen.

Y lo repito: Ya ganamos la parte legal.

La Sentencia 25-029985 de la Sala IV ordenó a la Municipalidad de Talamanca realizar la Consulta Previa del PRC al Pueblo Tribal de Cahuita en 3 meses.

Ahora el reto no es discutir…

Es cumplir.

Y eso le toca a:

  • La Municipalidad
  • El Foro Tribal Afrocostarricense
  • La ADIC
  • Y especialmente a nosotros como comunidad.

 No repitamos la tragedia de Buenos Aires, Puntarenas.

En Buenos Aires, un cantón indígena, el divisionismo étnico se prestó para desvirtuar el derecho de consulta indígena, dejando como benefactor al Estado que hizo lo que le vino en gana, y a los indígenas con un saldo de:

  • dos muertos
  • decenas de heridos
  • manipulación política
  • comunidades enfrentadas

Todo comenzó igual que aquí:

Reuniones excluyentes, “sólo para ciertas etnias” (Bribri o Cabécar) y cada uno por separado “para mantener la pureza étnica”, usando así la identidad como arma.

Ese camino siempre termina mal.

El racismo disfrazado de “orgullo étnico” sigue siendo racismo.

Lo que pasó en Cahuita —negar entrada a vecinos por color de piel o por su ascendencia—

No es orgullo tribal.

No es cultura.

No es protección.

Es racismo, y Cahuita nunca ha sido un pueblo racista.

Aquí hemos convivido por generaciones:

Afrodescendientes, chinos, judíos, árabes, indígenas, mestizos y quienes llegaron con respeto y se integraron con amor.

Esa mezcla es nuestra verdadera fuerza.

La declaratoria tribal no es licencia para excluir:

La Declaratoria Tribal se creó para defender derechos, no para atacar a los vecinos.

Para consultar al Estado, no para pelear entre nosotros.

Para proteger la identidad afrodescendiente, no para expulsar a quienes han hecho de Cahuita su hogar durante décadas.

Nuestra guía debe ser esta: No hacerle al prójimo lo que no queremos que nos hagan.

Con esa simple verdad,

Cahuita seguirá avanzando unido, fuerte y digno.

No dejemos que el fanatismo nos robe lo que tanto nos ha costado ganar.

Solicitan intervención ante las acciones de DINADECO en el pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátá (Cabagra)

Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-de-unfpa-en-costa-rica-posiciona-liderazgo-de-mujeres-indigenas-y-migrantes/

El pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátá (Cabagra) solicita intervención de la Defensoría de los Habitantes y Sistemas de Naciones Unidas ante las acciones de DINADECO y los ocupantes ilegales de los territorios, pues el pasado 31 de enero de 2023 la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Karla Fabiola Romero Cruz, inició un proceso de intervención arbitrario en contra del territorio indígena de Cabagra, donde se tomaron decisiones, como la eliminación de los clanes bribris como requisito para ser considerado indígena en Cabagra. Además de apropiarse de las tomas de decisiones y del control de la asamblea general, así como de la conformación de sus integrantes, negando de esta forma el derecho de participación en los procesos de tomas de decisiones al pueblo de Cabagra y los derechos colectivos. 

Para más información ingrese en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/736459831302751/?mibextid=Nif5oz

 

Imagen ilustrativa, Semanario Universidad.

Celebran semana con más de 50 personas de comunidades campesinas, costeras e indígenas 15 años en la Defensa Comunitaria del Territorio

El programa Kioscos Ambientales está celebrando sus quince años junto con las comunidades que defienden sus territorios y los bienes comunes, por segundo año consecutivo organiza la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios que tendrá como eje los intercambios territoriales, generacionales y de saberes.

La actividad tendrá lugar del 13 al 16 de octubre en la Universidad de Costa Rica como sede central, y en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Participarán cerca de 50 personas, tanto población estudiantil y personal docente de la universidad, así como personas provenientes de distintas comunidades, tales como territorios indígenas de China Kichá, Salitre, Térraba, Crun Shurin, Bribri de Talamanca, Chomes, Guacimal, Guatuso, Los Chiles, Buenos Aires, Oreamuno de Cartago y Santo Domingo de Heredia.

El acompañamiento durante 15 años del Programa Kioscos Socioambientales a distintas comunidades del país ha evidenciado que los conflictos, tanto socioambientales como otros de índole territorial, por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas, aumentan y se recrudecen en un contexto nacional de múltiples violencias e impunidad, reflejo evidentemente de las políticas y gobiernos neoliberales que operan sobre nuestro país y en la región latinoamericana.

Defender los derechos humanos, colectivos y culturales, así como los bienes comunes de la naturaleza, ha sido la bandera que izan las organizaciones comunitarias, construyendo alianzas, visibilizando las problemáticas y la desprotección estatal y disputando discursos de odio, profundizados a través de medios de comunicación tradicionales y reproducidos por quienes guiñan con los intereses privados de unos pocos sectores con poder.

Por eso, desde Kioscos, en conjunto con las comunidades que acompañamos, desde el 2021 hemos intentado conmemorar desde el diálogo crítico, abierto y respetuoso, a esas defensoras y defensores que, desde su cotidianidad, crean procesos colectivos que buscan evitar que los rasgos coloniales y patriarcales acaben con la vida en los territorios.

Así nació la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios. El año anterior, la dedicamos a abordar temas de bienes comunes, migración, lucha por la tierra y por el territorio, este 2022, a partir de las reflexiones a lo largo del año con las organizaciones, se propone como eje central el tema de los intercambios generacionales y de saberes, de manera, que serán las personas jóvenes las participantes centrales de esta Semana, compartiéndonos sus inquietudes, preguntas, reflexiones y alternativas, que buscan continuar con la defensa territorial y el cuido de la vida y de los bienes comunes.

El jueves 13 se realizará el conversatorio Intercambios generacionales para la defensa comunitaria de los territorios, a las 6:00 pm en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCR. El viernes 14 se realizará un taller en el Edificio de Educación Continua de la UCR, en el que 20 estudiantes podrán participar (formulario para inscribirse es el siguiente: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXd6w8hff…/viewform…,) y el sábado 15 las personas de las comunidades tendrán 2 giras simultáneas a Santo Domingo de Heredia, para conocer e intercambiar experiencias en torno a la lucha por el Río Virilla, y a Cipreses de Oreamuno, en Cartago, para conocer a profundidad la realidad de esta comunidad frente a la desprotección y contaminación de las nacientes de agua con agroquímicos.

El foro del jueves es abierto a todo público. Desde Kioscos tenemos el gran interés de seguir fomentando espacios de articulación, encuentro, reflexión y diálogo, para aquellas personas defensoras de la vida y de sus territorios.

Informes con José Mora, coordinador del Programa Kioscos Socio ambientales UCR al tel. 2511-6221

Intercambios generacionales y de saberes en la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios

El acompañamiento durante 15 años del Programa Kioscos Socioambientales a distintas comunidades del país ha evidenciado que los conflictos, tanto socioambientales como otros de índole territorial, por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas, aumentan y se recrudecen en un contexto nacional de múltiples violencias e impunidad, reflejo evidentemente de las políticas y gobiernos neoliberales que operan sobre nuestro país y en la región latinoamericana.

Defender los derechos humanos, colectivos y culturales, así como los bienes comunes de la naturaleza, ha sido la bandera que izan las organizaciones comunitarias, construyendo alianzas, visibilizando las problemáticas y la desprotección estatal y disputando discursos de odio, profundizados a través de medios de comunicación tradicionales y reproducidos por quienes guiñan con los intereses privados de unos pocos sectores con poder.

Por eso, desde Kioscos, en conjunto con las comunidades que acompañamos, desde el 2021 hemos intentado conmemorar desde el diálogo crítico, abierto y respetuoso, a esas defensoras y defensores que, desde su cotidianidad, crean procesos colectivos que buscan evitar que los rasgos coloniales y patriarcales acaben con la vida en los territorios.

Así nació la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios. El año anterior, la dedicamos a abordar temas de bienes comunes, migración, lucha por la tierra y por el territorio, este 2022, a partir de las reflexiones a lo largo del año con las organizaciones, se propone como eje central el tema de los intercambios generacionales y de saberes, de manera, que serán las personas jóvenes las participantes centrales de esta Semana, compartiéndonos sus inquietudes, preguntas, reflexiones y alternativas, que buscan continuar con la defensa territorial y el cuido de la vida y de los bienes comunes.

La actividad tendrá lugar del 13 al 16 de octubre en la Universidad de Costa Rica como sede central, y en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Participarán cerca de 50 personas, tanto población estudiantil y personal docente de la universidad, así como personas provenientes de distintas comunidades, tales como territorios indígenas de China Kichá, Salitre, Térraba, Crun Shurin, Bribri de Talamanca, Chomes, Guacimal, Guatuso, Los Chiles, Buenos Aires, Oreamuno de Cartago y Santo Domingo de Heredia.

El jueves 13 se realizará el conversatorio Intercambios generacionales para la defensa comunitaria de los territorios, a las 6:00 pm en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCR. El viernes 14 se realizará un taller en el Edificio de Educación Continua de la UCR, en el que 20 estudiantes podrán participar, y el sábado 15 las personas de las comunidades tendrán 2 giras simultáneas a Santo Domingo de Heredia, para conocer e intercambiar experiencias en torno a la lucha por el Río Virilla, y a Cipreses de Oreamuno, en Cartago, para conocer a profundidad la realidad de esta comunidad frente a la desprotección y contaminación de las nacientes de agua con agroquímicos.

Esperamos que puedan acompañarnos en el foro del jueves, que será una actividad abierta a todo público. Desde Kioscos tenemos el gran interés de seguir fomentando espacios de articulación, encuentro, reflexión y diálogo, para aquellas personas defensoras de la vida y de sus territorios.

La sociedad negada II: El cercamiento a nuestras esperanzas

El extremismo es resultado de la hipertrofia de la irracionalidad y esta hipertrofia se da cuando se está objetiva y emocionalmente inmerso y dominado por intereses materiales, que podrían ser en sí legítimos, sino trajeran consigo miseria y la injusticia a la mayor parte del país.

Ignacio Ellacuría

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Seguimos dando el prudente tiempo al gobierno que recién empieza, para que pueda amueblar la casa presidencial, preparar la documentación y proyectos de ley. Es así que como comentamos en el artículo anterior, podemos seguir reflexionando sobre nuestro contexto. Por esta razón nos preguntamos ¿Cuáles sociedades se encuentran al margen del proyecto dominante?

Empecemos por desnudar un falso principio, que la concentración de riqueza ordena nuestras sociedades, que premia el “esfuerzo”, es decir genera las legitimidades y relaciones que reconocen el “esfuerzo”. En cambio, lo que dicha concentración si evidencia son las formas y modos que reproducen la dominación y explotación en nuestras sociedades, pero también impiden el surgimiento o reproducción de otras lógicas que atenten ese monopolio del discurso del “esfuerzo”.

Una supuesta “meritocracia” que premia al más vivo, en detrimento de las personas que se quedan “dormidas”, es decir aquel que sabe cómo se mueven las cosas, a quien llamar o a quien citar, dista mucho de ese esfuerzo que representa el trabajo de tantas personas, que a partir de su fuerza mueven un país.

¿Por qué falso principio? Porque la concentración de riqueza, lejos de demostrar la idoneidad de algo, es precisamente la consecuencia de muchas acciones que van desde la privación de algo hasta el despojo violento de comunidades y de nuestros bienes comunes (naturales, sociales, culturales).

Este marco nos permite identificar que proyectos de sociedad se privilegia sobre otros, es decir leyes, políticas, discursos  y prácticas. En esta ocasión, no nos preocuparemos por aquellos que se imponen, sino a pensar sobre esas sociedades que desaparecen.

Siguiendo esto, podemos mirar nuestras comunidades campesinas que han sido devoradas por la expansión de monocultivos para la exportación en beneficio de la agroindustria y los mercados financieros. Esta voluntad de los sectores dominantes por la supuesta “tecnificación”, genera no sólo la destrucción del mundo rural y la migración a la ciudad, sino que la mezcla de ambos vulnera nuestra naturaleza, ya que el abandono de la tierra representa la  desprotección del bosque y de los ciclos de la vida.

Esto nos lleva a repensar el conflicto que viven los pueblos indígenas ante su voluntad de permanecer en sus territorios, lo cual ha reflejado el extremo al que llega el despojo,  ya que por un lado la indiferencia refleja la grave reducción de los pueblos indígenas a meros portadores del “folklore”, es decir sus formas y modos de ser en el mundo, no son reconocidas ni legitimadas.

Por esto la galopante impunidad ante los actos de violencia que procuran aterrorizar y desmovilizar a las personas indígenas en sus territorios.  Sin la intensión de escarbar mucho detalle, podemos remontar la agudización de estos actos desde el 2012 al presente.

La anulación de los derechos colectivos, es una muestra más de este cercamiento de la “ciudadanía”, es decir de esas sociedades que habitan los territorios y espacios públicos, erosión y reducción constante de los “servicios públicos” (salud, educación, cultura entre otros) , muestra el camino de la reconfiguración de la ciudadanía “real”, en donde el poder económico, es decir la propiedad, poder adquisitivo y la concentración de riqueza determina el grado de libertad y capacidad de autorrealización posible de los individuos y los sujetos colectivos.

Sumado a esto, la ofensiva por la revisión de todo lo que se pueda denominar “ideología de género” muestra una vez más el cercamiento que sufre la diversidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es decir una sociedad que estratifica los roles de género, privilegiando una supuesta “tradición” moral y un falso determinismo biológico, que esconde las relaciones de desigualdad que es fruto del poder de la dominación-esclavitud que enajena la voluntad de muchos a pocos.

Este es un vistazo hacia esas sociedades negadas, a cómo esas violencias estructurales se configuran para impedir su realización, establecen no sólo relaciones, sino también mecanismos para negar su existencia, desde la institucionalización se garantiza su invisibilidad. Tal vez, la muestra más clara de este proceso, es la ya mencionada oleada contra la “ideología de género”, que nos evidencia este proceso de negación en clave de retroceso.

¿Cómo llegamos a esto? Son muchas las trenzas de dominación que han estructurado nuestras sociedades, en ocasiones identificamos al capitalismo, patriarcado y el colonialismo, que se manifiestan desde la xenofobia, el racismo, machismo y otros más que tal vez han escuchado en otras ocasiones. Sin embargo, también son muchas las experiencias que han apuntalado hacia un compromiso por la liberación, desde la necesidad y la crítica han convertido su pensar-hacer en formas y modos instituyentes de otra cosa. Este será el centro de nuestra última entrega.

La democracia que tenemos. La que podríamos tener

Alberto Salom Echeverría

Después de celebrada la primera ronda del proceso electoral 2022, una prima envió al chat de la familia un conmovedor artículo de una persona nicaragüense, admirada por lo que vio el 6 de febrero en las calles costarricenses, día en el que se celebró la primera ronda de las elecciones. Esta ciudadana nicaragüense estaba como encantada por las cualidades que, en su opinión, exhibe el sistema político costarricense; pero a la vez la embargaba una enorme tristeza al comparar nuestro sistema democrático con lo que para ella es el remedo de democracia existente en el hermano país.

No la culpo. Nicaragua encierra en las cárceles a los opositores del gobierno, de cualquier signo ideológico, inclusive a héroes y heroínas de la Revolución Sandinista de julio del 79 que se jugaron la vida contra la tiranía somocista. En Nicaragua se ha vuelto a reprimir con violencia, como se hacía en tiempos del Somocismo, a los jóvenes, estudiantes, a las mujeres, ancianos, o a cualquier persona que se convierta en opositora beligerante del régimen de Ortega. En Nicaragua el sistema electoral está férreamente controlado por el gobierno, por lo que no existe libertad para formar partidos políticos como no sean turecas del oficialismo. La pobreza y la desigualdad allí siguen siendo flagelos que hieren hasta los más fuertes espíritus y destruyen a los más débiles o postergados, desde el punto de vista social y económico. En Nicaragua, en pocas palabras, la democracia no existe. Por todo eso y más comprendo las expresiones de halago hacia nuestro sistema democrático de la amiga de mi prima y su decepción respecto de su país. Pero ¿qué tan democrático es nuestro sistema político y nuestra convivencia ciudadana?

Los ingredientes que debe tener un sistema democrático

«La democracia exige que los derechos políticos y de las minorías se resguarden». «Luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia». “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”. Nelson Mandela. Primer presidente negro de Sudáfrica.

Cuando escribo sobre conceptos como es el de la democracia, me gusta inspirarme y traer a colación, pensamientos, frases de egregios o insignes ciudadanos que se hayan destacado en la vida por su ejemplo y coherencia. Nelson Mandela es en mi opinión uno de los más grandes líderes democráticos en el mundo contemporáneo. Mandela tuvo que soportar durante veintisiete años la cárcel a manos del segregacionismo blanco de su país. Su voluntad fue inquebrantable, nunca se doblegó. Por ello, su prestigio y su reputación crecieron como la espuma, hasta que se convirtió en el líder más connotado de todos los que lucharon contra la cruel represión de aquel sistema de “apartheid” de oprobio que imperó en Sudáfrica hasta tiempos muy recientes.

Me inspiro en Mandela, porque como se extrae de las tres citas que les he presentado, su concepción de la democracia trascendió lo puramente formal, para apuntar a los derechos humanos de primera generación, o sea los civiles y políticos de las personas, pero junto a ellos, los de la segunda generación que son, los económicos, sociales y culturales, valga decir, el derecho al trabajo, a una remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la educación, así como a un nivel de vida digno. Los de la tercera generación, son los derechos colectivos o de solidaridad. Todavía se ha destacado una cuarta generación de derechos que son el derecho a la paz, a la solución pacífica de los conflictos por medio de un tribunal internacional que intervenga contra los crímenes de lesa humanidad y, muy importante hoy en día, el derecho a un desarrollo sostenible y a preservar el medio ambiente natural y el patrimonio de la humanidad.

En suma, el sistema democrático, implica ciertamente un régimen en el que haya elecciones libres, informadas y competidas, de modo que todas las personas ciudadanas puedan concurrir sin restricción alguna a emitir su voto periódicamente. O sea, como se infiere claramente de la primera de las citas que les he presentado, un sistema en el que se resguarden los derechos políticos de todas las personas, pero con acento en los derechos políticos de las minorías. La razón es sencilla, los derechos de los grupos minoritarios pueden resultar ignorados por los grupos dominantes.

En Costa Rica, por ejemplo, esta discriminación fue contundente desde nuestra independencia hasta muy entrada e instaurada la vida republicana contra los desvalidos de los bienes de fortuna. Las minorías étnicas y las mujeres de manera connotada entre ellos han sido fuertemente dejadas en un papel cívico inferior al de los hombres; todos estos grupos de la sociedad se vieron siempre marginados de la participación del derecho a elegir, ser electos; las minorías también sufrieron en cuanto a que no disfrutaron por mucho tiempo del derecho de movilización en todo el territorio nacional e inclusive en lo concerniente a la libertad de expresión. Insisto, las minorías indígenas, los afrodescendientes, chinos y otras minorías étnicas, hasta tiempos muy recientes vivieron segregados de los derechos civiles y políticos que poseían en sí y para sí, solamente los acaudalados de los bienes de fortuna. Es decir, la democracia la habían construido únicamente para ellos mismos, como ocurría en la esclavitud. Todo lo que queda expresado, fue una realidad hasta la Constituyente de 1949, cuando se consagró en la Constitución de la República, para todos los ciudadanos, el derecho a poseer el voto democrático para elegir presidente o vicepresidentes de La República, a postularse para ser diputado, alcalde, regidor o aspirar a la libre movilidad de las personas en todo el territorio, y la plena libertad de expresión. Estas y otras conquistas y derechos civiles y políticos individuales se alcanzaron gracias a la lucha tesonera de las mujeres, de los afrodescendientes, de las poblaciones indígenas, de los chinos e italianos que habían sido traídos para incorporarse a la construcción del ferrocarril, en condiciones paupérrimas de semiesclavitud, desde fines del siglo XIX. Otro tanto ocurrió después con el resto de los derechos de segunda, tercera y cuarta generación. Nada de esto ha podido alcanzarse en ninguna parte del orbe, sin que medie la lucha de los pueblos por sus derechos.

La democracia es pues, un concepto que irradia luz a todos los aspectos fundamentales de la convivencia de los pueblos y naciones, para que se pueda forjar una cultura democrática trascendente y no solamente una forma de elegir a los representantes políticos y consagrar en la legislación el derecho a ser electos. La democracia real en consecuencia ha de ser integral, interactiva entre los diferentes aspectos de la vida en comunidad. Concierne a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos, muy en especial a las personas con discapacidad, a quienes la sociedad debe ofrecer plenas oportunidades y garantías para su desarrollo individual y social. No puede haber democracia sin la consagración de estos derechos individuales de primera generación, pero tampoco la habrá si una nación no es capaz de erradicar la pobreza, la desigualdad social, y dotar a todas las personas que conviven en una comunidad política, de un ambiente sano, en el que se combatan, hasta hacerlas desaparecer, las prácticas depredadoras de los bosques, exterminadoras de los animales y contaminadoras de los océanos, mares y ríos. El reto como puede verse es grande y desafiante para toda la humanidad. Costa Rica, país pequeño como es, tiene sin embargo una gran importancia en todo lo dicho, pero más en este último tema del ambiente. La tiene por todo lo que hemos hecho y forjado, aunque falta mucho por hacer, Costa Rica ha suscitado y despertado admiración en numerosas naciones de la tierra. Su importancia tiene mucho de simbólico.

¿Cómo es la democracia costarricense y cómo quisiéramos que fuera?

Puedo entender a las personas nacionales y especialmente extranjeras que consideran que tenemos un régimen político maravilloso, como la amiga nicaragüense de mi prima; de verdad puedo entenderla; sobre todo cuando lo compara con el sistema político de su país, Nicaragua; cuyas falencias y dolores tienen hondas raíces históricas, las que son alimentadas hoy por déspotas como Daniel Ortega, Rosario Murillo y su cohorte de sometidos seguidores. Puedo entenderla, aunque pretendo aportar en el sentido de relativizar ese “maravilloso sistema político” que muchos nos atribuyen. Eso no quiere decir que no lo valore o, “contrario sensu”, lo menosprecie. De ninguna manera. Aprecio lo que hemos conquistado y lo defiendo con pasión y convicción.

¿Qué defiendo de nuestro sistema político? Defiendo y valoro el régimen de libertades democráticas alcanzado algunas veces hasta con sangre, sudor y lágrimas. La dolorosa guerra civil de la década de los cuarenta, en la que murieron hermanos de un bando y otro, sirvió para asentar profundamente un régimen de libertad electoral, que requería renovación y ajustes. No es un mito, como es harto conocido antes de la guerra, “los votos de los contendores del 48” se contaban en Casa Presidencial. En cambio, tras la guerra, se afianzó la libertad electoral y la independencia de un Tribunal Supremo de Elecciones que nació entonces con independencia del poder ejecutivo.

Esa conquista la defiendo “a muerte”. Perdón por la expresión, la empleo solo para que se me entienda mi convicción, hoy soy enemigo de las guerras, soy pacifista convencido. Eso lo aprendí de Mahatma Gandhi. Es invaluable, además, la abolición del ejército; un mérito histórico de José Figueres Ferrer, sin importar de quien fuera la idea primigenia. “El mazazo al Cuartel Bellavista” fue un símbolo bellísimo que reflejó una realidad, una voluntad inquebrantable de buscar la paz imperecedera como resultado de la guerra. Y fue también un símbolo de la democracia que se deseaba, entre otras cosas, porque aquí no se pagan sueldos para “generalotes”, se usan, o deberían usarse los recursos para construir escuelas, hospitales y carreteras. Aunque nos equivoquemos y algunas veces nos olvidemos de ello, o algunos usen el dinero público con abuso, premeditación y corrupción.

Hay plena identificación de la inmensa mayoría de la ciudadanía costarricense, de la juventud, con el régimen público de gratuidad de la educación primaria y secundaria. El analfabetismo sobrevive apenas en un 3.2% de la población. Aunque estamos avisados de su deterioro. ¡Cuidado con ello! La democracia costarricense igualmente no se podría entender sin una seguridad social como la que tenemos y que, los ganadores de la guerra civil profundizaron con la universalización del seguro social. Su desgaste igualmente ha provocado que algunas personas se equivoquen creyendo que la solución es la privatización de algunos de los servicios de la “Caja Costarricense del Seguro Social”. Sin esa formidable conquista anterior a la guerra del 48, pero que se profundizó tras ella, estoy convencido que la democracia se derrumbaría; conste no soy, ni quiero ponerme catastrofista. Otro tanto se puede decir respecto del ICE. La conquista de la creación del ICE después del 48 fue algo extraordinario para la democracia. La energía eléctrica y la telefonía llegaron hasta los lugares más recónditos. Democracia pura. Hoy el ICE requiere un remozamiento en el funcionamiento a cargo de la energía, puesto que ya el mercado de la telefonía celular se abrió. Sin embargo, ha sido una célebre conquista de la democracia costarricense. Hay voces privatizadoras, pero no creo que sea la mayoría de la población.

Costa Rica cuenta además con energías limpias, como la eólica, la solar, la proporcionada por la presión del agua, la geotérmica. Se habla ahora de la hidráulica o cinética y la potencial. Los bosques desde los decretos primero y luego las leyes de los años setenta, constituyen otra conquista esplendorosa de nuestra democracia. Por ahora me quedo aquí.

¿En qué necesitamos mejorar?

Persiste un nivel alto de contaminación, proveniente de emanaciones de gases de las fábricas que todavía usan combustibles fósiles. El principal factor contaminante lo constituye el parque automotor que produce alrededor del 56% de las fuentes contaminantes del aire. Las regiones más contaminadas están localizadas principalmente en el área metropolitana, o en las principales ciudades de la ruralidad del país. Lo grave es que aún este porcentaje se incrementa anualmente, debido a que los camiones o vehículos de combustión fósil crecen en un 7.4% cada año. En el 2020, nuestro país registró emisiones de CO2 del orden de 7,818 megatoneladas, por lo que llegó a ocupar el lugar n.69 en un ranking de países contaminantes de CO2, entre 84 naciones ordenadas de menor a mayor. La huella ecológica no es sostenible para Costa Rica, pues según datos del 2019 (de ODI/UCR), representa un 8% más de lo que el territorio es capaz de reponer. Como todo lo anterior, todavía tenemos deficiencias graves en la gestión y producción de residuos, además de este, algunos de los principales problemas son: la escasez y contaminación del agua, la sobreexplotación de los recursos del mar, así como el uso excesivo de agroquímicos.

Otros males que no podemos dejar de mencionar que afectan decisivamente la democracia son: el ominoso y abominable incremento de la desigualdad social. Nos hemos convertido en uno de los países con más rápido incremento de la desigualdad en el mundo. La pobreza y desocupación siguen representando un peso descomunal para la economía costarricense, la que acumula un déficit fiscal que venía siendo mayor del 7% del PIB; en el 2021, afortunadamente descendió a un 5.18%, el más bajo por cierto de los últimos tres años, según datos del Ministerio de Hacienda. Veremos si somos capaces como nación de disminuirlo, hasta que deje de representar un serio problema para nuestras finanzas.

Ciertamente, no hay democracia sin elecciones limpias, competidas y un TSE independiente del ejecutivo. Pero una democracia se robustece si el desarrollo no solamente hace crecer el Producto Interno Bruto anualmente, sino sobre todo si la distribución de la riqueza permite que cada vez porcentajes más altos de la población dejen la pobreza y pobreza extrema y adquieran niveles de vida confortables y sobre todo con justicia social. La corrupción, aunque ha mejorado, según el índice de percepción de esta (IPC), medido por Transparencia Internacional, Costa Rica se colocó en el año 2021, en el lugar 39 entre 180 naciones. La corrupción continúa afligiendo a la ciudadanía, sobre todo porque un porcentaje muy alto de los casos denunciados (90%) no llegan a juicio. La corrupción lacera y carcome las entrañas de la Patria, casualmente porque destruye la democracia.

Para concluir diré, que muchas personas sentimos que la división de poderes, principio esencial de una democracia, desde que los hubiese escrito el varón de Montesquieu, se ha debilitado. Al Poder Legislativo llega mucha gente mal preparada, alguna gente se postula a la presidencia tan solo para incrementar su opción para ir a la Asamblea Legislativa. El contrabando y otras acechanzas son verdaderas amenazas para los poderes del Estado nacionales y locales y provocan que la democracia trepide y la ciudadanía pierda fe en ella.

Nuestra democracia sigue teniendo solidez institucional, pero existe la percepción generalizada de que no hay una ruta clara para el desarrollo. Es indispensable apuntalar en la población la idea de lo imprescindible que resulta un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza, con el ambiente, con los ecosistemas, con la vida. Solo por una ruta como esta podremos vigorizar nuestras instituciones democráticas y superar el subdesarrollo. Espero que la patriota nicaragüense comprenda la integralidad del concepto de la democracia. ¿Es complejo construir este concepto? Más compleja es la realidad democrática que todo hombre y mujer honrada pretende forjar.

 

Publicado en www.larepublica.net/noticia/la-democracia-que-tenemos-la-que-podriamos-tenery

Compartido con SURCOS por el autor.

Las mentiras de otros nos hacen más fuertes. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Pablo Sibar Sibar, Indígena Bröran/territorio de Térraba, Buenos Aires

Hace once años que nos arrastraron y desalojaron violentamente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde estábamos pidiendo que se aprobara el Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos indígenas. Después de lo cual acordamos que lo mejor era venir a recuperar nuestras tierras por la vía de hecho y por la ley que nos asegura ese DERECHO.

Hoy estoy en nuestra recuperación en Crun Shurín, disfrutando el paisaje, del río, después de estar sembrando ayotes y revisando muchos de los cultivos que estamos sembrando. Estoy junto con mi hijo tomándonos un rico chocao (bebida indígena).

Reviso el teléfono y me encuentro un Facebook que me enviaron con un reportaje del señor Camilo Rodríguez dedicado a la señora Hilda Granados, en el que la señora hace las mismas declaraciones de siempre, defendiendo sus posesiones ilegales dentro del territorio indígena de Térraba.

Recuerdo que hace años hice un programa con el señor Rodríguez para una reunión que se llevó a cabo en Costa Rica sobre Bosques Tropicales y Pueblos Indígenas, en el que expuse los graves problemas que vivimos los indígenas costarricenses y las constantes violaciones a nuestros derechos humanos individuales y colectivos. Ese programa lo hicimos de manera similar a muchos otros en espacios de radio y de televisión, foros y actividades, en las que tanto otros compañeros y compañeras indígenas como yo, hemos participado para que el resto de la sociedad costarricense sepa cómo vivimos, porqué vivimos así y cuáles son las causas de nuestros problemas.

Hemos expuesto con claridad la causa de la violencia en nuestros territorios y por dicha cada vez más personas y hasta instituciones entienden que estas son nuestras tierras con plenos e irrenunciables derechos. Por eso, como defensor de los derechos de los pueblos indígenas que ha luchado por más de 40 años, a veces se me hace difícil aceptar que en pleno siglo XXI haya periodistas como Greivin Moya y Camilo Rodríguez que usan su poder informativo solamente para destruirnos con información totalmente parcializada y mintiendo, faltando a la verdad sin escrúpulos. Me parece que no les falta capacidad para leer y entender lo que dice la Ley indígena, lo que dice el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y lo que dicen los documentos y sentencias de la Sala I, que deberían estudiar antes de arremeter contra nuestros pueblos originarios. Pero parece que puede más su mala saña contra la gente indígena y su falta de profesionalismo.

En estos años de lucha hemos topado con muchas barreras, como hace once años que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa. Me han perseguido, tirado carros encima, me han dado pedradas; nos han asesinado a dos defensores del derecho indígena y hoy el periodista Rodríguez me dice “precarista” de mi propia tierra, de una tierra que está dentro de los límites reconocidos jurídicamente como territorio indígena de Térraba. Me pregunto ¿dónde quedó la ética de estos señores para hacer periodismo? ¿Cuáles son los anteojos con los que nos están mirando? ¿A quién buscan complacer con su trabajo completamente alejado de la realidad?

Además, dice claramente don Camilo que el Obispo Gabriel Enrique Umaña le pidió que le ayude con esa investigación, mientras por otro lado el Obispo le contestó al Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, una carta en la que dice que él no tiene ninguna participación en los conflictos de los indígenas, porque el es un siervo de Dios. Entonces no entiendo cómo el Obispo se declara “siervo de Dios” y el periodista dice que le está pidiendo ayuda a él.

Los pueblos indígenas seguiremos en nuestras luchas que son nuestro pleno derecho. En un día como hoy, celebrar el Día internacional de los pueblos indígenas, sólo tiene sentido si redoblamos trabajo para volver, recuperar, sembrar y disfrutar de las tierras que nunca debieron dejar de ser nuestras. Lo que esos periodistas y otras personas posiblemente esperan es que claudiquemos, pero tenemos la fuerza espiritual y la memoria con toda la dignidad, para que la arrastrada de hace once años, y todas las injusticias que han seguido sucediendo a nuestros pueblos, continúen alentando con fuerza los procesos de recuperación. Esas recuperaciones son nuestra vida, la esperanza para nuestras futuras generaciones y para la existencia misma de nuestros pueblos y culturas milenarias, ahora mismo y el futuro.

¡LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!
¡SERGIO Y JEHRY VIVEN Y VIVEN!

Individualismo versus cuido mutuo: un proyecto sociocultural en declive en Costa Rica

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Durante 40 años seguidos, el proyecto sociocultural en marcha en Costa Rica validó un esquema basado en la actitud individual como base para la construcción de su modelo socioeconómico: se apeló al éxito como fin último de la acción social y muchas concepciones relacionales e identitarias fueron modificadas: del usuario de los servicios del estado se pasó al concepto de cliente, del micro empresario al emprendedor, del trabajador al colaborador.

La creencia en una estructuración societaria organizada de esta manera supuso una serie de condiciones contenidas en las formas de respuesta de las personas ante coyunturas y contingencias: responsabilidad, orientación, criterio.

Por otro lado, el sentido de colectividad, ese al que podríamos acudir hoy bajo la premisa del cuido mutuo, solo fue y es apelado desde la maquinaria industrial de la comunicación de masas y la polifonía de las redes sociales.

La épica de la gloria deportiva, por ejemplo, siempre fue propicia en todos estos años para conjuntar de nueva cuenta esa comunidad imaginada y activar los dispositivos de una identidad nacional que aunque frágil y repleta de remaches, aún funcionaba. Hoy ni siquiera la apelación a la sangre roja del costarricense pareciera tener sentido. Pero en realidad poca cosa pareciera tener sentido en una experiencia fallida de comunidad como la que estamos experimentando durante estos días.

En otras reflexiones sobre la noción de comunidad ampliada y su resquebrajamiento en el caso costarricense, hemos adelantado que existen hoy otras figuras que aglutinan y dan sentido de comunidad: el número de tarjetahabientes que existen en el país se asemeja o supera inclusive al total de la población nacional. Si esto no es una forma de denominar esa otra colectividad basada en la organización del mercado, ya nada podría explicar el comportamiento aparentemente errático endosado preliminarmente a una falta de responsabilidad individual.

Desde el proyecto civilizatorio puesto en marcha a partir de los años ochenta en Costa Rica, la pertenencia a una base social común solicitó peajes de entrada: éxito individual, capacidad de consumo, competencia rampante, a toda costa, a cualquier costo.

De esta manera, una comunidad real y sustentada sobre valores como la protección, la horizontalidad y el apoyo fue disuelta del discurso y las prácticas cotidianas.

Por ello cuando acciones organizativas y orgánicas desde lo colectivo se han levantado, han sido opacadas y silenciadas. Algunas enfrentadas desde la fuerza del estado, otras instrumentalizadas como las de ciertos derechos de poblaciones y comunidades específicas. En los últimos años una subjetividad política joven trató de levantarse, pero rápidamente fue estigmatizada y procesada por un discurso academicista y adultocéntrico que la descalificó ad-portas.

Los derechos colectivos están hoy más que nunca conculcados y truncados. El derecho legítimo a manifestarse fue proscrito. Los defensores de la territorialidad indígena son amenazados permanentemente y en los últimos dos años han sido asesinados dos líderes en medio de una inacción gubernamental sin precedentes. Y una vez más las poblaciones migrantes han sido utilizadas como chivo expiatorio de los males sociales, económicos y sanitarios que aquejan al país.

El discurso ha sido hábil para responsabilizar a la población de una tremenda desidia para acatar órdenes sanitarias y guardar un comportamiento ejemplar. Pero ni lo uno ni lo otro ha sido evidenciado con vehemencia para hacer ver la responsabilidad de los actores económicos, las hegemonías y sus presiones hacia la acción gubernamental.

Es claro que luego de décadas de una permanente individualización de la experiencia colectiva puesta en marcha por la maquinaria comunicativa y cultural hegemónica, la noción de cuido mutuo a partir de una acción personal responsable, fracasó absolutamente. Y ha fracasado porque sencillamente no hay colectividad imaginada que cuidar.

En el año 2020 el politólogo francés Bertrand Badie mencionaba en una entrevista para la Revista Nueva Sociedad, que la humanidad había transitado en un periodo de tiempo muy corto en tres extinciones visibles: la de la crisis financiera de 2008; la del espionaje planetario que supuso la eliminación de las libertades y la extinción sanitaria, a partir de 2020. Para el caso costarricense, en específico, se ha abierto una clausura de un proyecto de sociedad iniciado en el siglo XIX y que el rasgo sociocultural homogenizante de los últimos cuarenta años se ha encargado de diluir. Asistimos a nuestra propia extinción y en eso continuamos siendo creativos y excepcionales.

O como diría Roque Dalton: «País mío, no existes».

Tomarán décadas para volver a levantar de nuevo una idea solidaria e incluyente de ese país en el que todos y todas nos sintamos pertenecientes. Y esta no es una tarea de la postpandemia: es urgente iniciarla ya.

 

Imagen tomada de https://elsoldeoccidente.com

La Constitución Política de MIDEPLAN

“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)

Manuel Hernández

La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.

Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.

Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.

La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?

¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?

¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?

¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?

A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.

Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.

Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.

Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.

29/01/2021