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Etiqueta: derechos colectivos

Solicitan intervención ante las acciones de DINADECO en el pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátá (Cabagra)

Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-de-unfpa-en-costa-rica-posiciona-liderazgo-de-mujeres-indigenas-y-migrantes/

El pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátá (Cabagra) solicita intervención de la Defensoría de los Habitantes y Sistemas de Naciones Unidas ante las acciones de DINADECO y los ocupantes ilegales de los territorios, pues el pasado 31 de enero de 2023 la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Karla Fabiola Romero Cruz, inició un proceso de intervención arbitrario en contra del territorio indígena de Cabagra, donde se tomaron decisiones, como la eliminación de los clanes bribris como requisito para ser considerado indígena en Cabagra. Además de apropiarse de las tomas de decisiones y del control de la asamblea general, así como de la conformación de sus integrantes, negando de esta forma el derecho de participación en los procesos de tomas de decisiones al pueblo de Cabagra y los derechos colectivos. 

Para más información ingrese en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/736459831302751/?mibextid=Nif5oz

 

Imagen ilustrativa, Semanario Universidad.

Celebran semana con más de 50 personas de comunidades campesinas, costeras e indígenas 15 años en la Defensa Comunitaria del Territorio

El programa Kioscos Ambientales está celebrando sus quince años junto con las comunidades que defienden sus territorios y los bienes comunes, por segundo año consecutivo organiza la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios que tendrá como eje los intercambios territoriales, generacionales y de saberes.

La actividad tendrá lugar del 13 al 16 de octubre en la Universidad de Costa Rica como sede central, y en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Participarán cerca de 50 personas, tanto población estudiantil y personal docente de la universidad, así como personas provenientes de distintas comunidades, tales como territorios indígenas de China Kichá, Salitre, Térraba, Crun Shurin, Bribri de Talamanca, Chomes, Guacimal, Guatuso, Los Chiles, Buenos Aires, Oreamuno de Cartago y Santo Domingo de Heredia.

El acompañamiento durante 15 años del Programa Kioscos Socioambientales a distintas comunidades del país ha evidenciado que los conflictos, tanto socioambientales como otros de índole territorial, por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas, aumentan y se recrudecen en un contexto nacional de múltiples violencias e impunidad, reflejo evidentemente de las políticas y gobiernos neoliberales que operan sobre nuestro país y en la región latinoamericana.

Defender los derechos humanos, colectivos y culturales, así como los bienes comunes de la naturaleza, ha sido la bandera que izan las organizaciones comunitarias, construyendo alianzas, visibilizando las problemáticas y la desprotección estatal y disputando discursos de odio, profundizados a través de medios de comunicación tradicionales y reproducidos por quienes guiñan con los intereses privados de unos pocos sectores con poder.

Por eso, desde Kioscos, en conjunto con las comunidades que acompañamos, desde el 2021 hemos intentado conmemorar desde el diálogo crítico, abierto y respetuoso, a esas defensoras y defensores que, desde su cotidianidad, crean procesos colectivos que buscan evitar que los rasgos coloniales y patriarcales acaben con la vida en los territorios.

Así nació la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios. El año anterior, la dedicamos a abordar temas de bienes comunes, migración, lucha por la tierra y por el territorio, este 2022, a partir de las reflexiones a lo largo del año con las organizaciones, se propone como eje central el tema de los intercambios generacionales y de saberes, de manera, que serán las personas jóvenes las participantes centrales de esta Semana, compartiéndonos sus inquietudes, preguntas, reflexiones y alternativas, que buscan continuar con la defensa territorial y el cuido de la vida y de los bienes comunes.

El jueves 13 se realizará el conversatorio Intercambios generacionales para la defensa comunitaria de los territorios, a las 6:00 pm en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCR. El viernes 14 se realizará un taller en el Edificio de Educación Continua de la UCR, en el que 20 estudiantes podrán participar (formulario para inscribirse es el siguiente: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXd6w8hff…/viewform…,) y el sábado 15 las personas de las comunidades tendrán 2 giras simultáneas a Santo Domingo de Heredia, para conocer e intercambiar experiencias en torno a la lucha por el Río Virilla, y a Cipreses de Oreamuno, en Cartago, para conocer a profundidad la realidad de esta comunidad frente a la desprotección y contaminación de las nacientes de agua con agroquímicos.

El foro del jueves es abierto a todo público. Desde Kioscos tenemos el gran interés de seguir fomentando espacios de articulación, encuentro, reflexión y diálogo, para aquellas personas defensoras de la vida y de sus territorios.

Informes con José Mora, coordinador del Programa Kioscos Socio ambientales UCR al tel. 2511-6221

Intercambios generacionales y de saberes en la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios

El acompañamiento durante 15 años del Programa Kioscos Socioambientales a distintas comunidades del país ha evidenciado que los conflictos, tanto socioambientales como otros de índole territorial, por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas, aumentan y se recrudecen en un contexto nacional de múltiples violencias e impunidad, reflejo evidentemente de las políticas y gobiernos neoliberales que operan sobre nuestro país y en la región latinoamericana.

Defender los derechos humanos, colectivos y culturales, así como los bienes comunes de la naturaleza, ha sido la bandera que izan las organizaciones comunitarias, construyendo alianzas, visibilizando las problemáticas y la desprotección estatal y disputando discursos de odio, profundizados a través de medios de comunicación tradicionales y reproducidos por quienes guiñan con los intereses privados de unos pocos sectores con poder.

Por eso, desde Kioscos, en conjunto con las comunidades que acompañamos, desde el 2021 hemos intentado conmemorar desde el diálogo crítico, abierto y respetuoso, a esas defensoras y defensores que, desde su cotidianidad, crean procesos colectivos que buscan evitar que los rasgos coloniales y patriarcales acaben con la vida en los territorios.

Así nació la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios. El año anterior, la dedicamos a abordar temas de bienes comunes, migración, lucha por la tierra y por el territorio, este 2022, a partir de las reflexiones a lo largo del año con las organizaciones, se propone como eje central el tema de los intercambios generacionales y de saberes, de manera, que serán las personas jóvenes las participantes centrales de esta Semana, compartiéndonos sus inquietudes, preguntas, reflexiones y alternativas, que buscan continuar con la defensa territorial y el cuido de la vida y de los bienes comunes.

La actividad tendrá lugar del 13 al 16 de octubre en la Universidad de Costa Rica como sede central, y en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Participarán cerca de 50 personas, tanto población estudiantil y personal docente de la universidad, así como personas provenientes de distintas comunidades, tales como territorios indígenas de China Kichá, Salitre, Térraba, Crun Shurin, Bribri de Talamanca, Chomes, Guacimal, Guatuso, Los Chiles, Buenos Aires, Oreamuno de Cartago y Santo Domingo de Heredia.

El jueves 13 se realizará el conversatorio Intercambios generacionales para la defensa comunitaria de los territorios, a las 6:00 pm en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCR. El viernes 14 se realizará un taller en el Edificio de Educación Continua de la UCR, en el que 20 estudiantes podrán participar, y el sábado 15 las personas de las comunidades tendrán 2 giras simultáneas a Santo Domingo de Heredia, para conocer e intercambiar experiencias en torno a la lucha por el Río Virilla, y a Cipreses de Oreamuno, en Cartago, para conocer a profundidad la realidad de esta comunidad frente a la desprotección y contaminación de las nacientes de agua con agroquímicos.

Esperamos que puedan acompañarnos en el foro del jueves, que será una actividad abierta a todo público. Desde Kioscos tenemos el gran interés de seguir fomentando espacios de articulación, encuentro, reflexión y diálogo, para aquellas personas defensoras de la vida y de sus territorios.

La sociedad negada II: El cercamiento a nuestras esperanzas

El extremismo es resultado de la hipertrofia de la irracionalidad y esta hipertrofia se da cuando se está objetiva y emocionalmente inmerso y dominado por intereses materiales, que podrían ser en sí legítimos, sino trajeran consigo miseria y la injusticia a la mayor parte del país.

Ignacio Ellacuría

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Seguimos dando el prudente tiempo al gobierno que recién empieza, para que pueda amueblar la casa presidencial, preparar la documentación y proyectos de ley. Es así que como comentamos en el artículo anterior, podemos seguir reflexionando sobre nuestro contexto. Por esta razón nos preguntamos ¿Cuáles sociedades se encuentran al margen del proyecto dominante?

Empecemos por desnudar un falso principio, que la concentración de riqueza ordena nuestras sociedades, que premia el “esfuerzo”, es decir genera las legitimidades y relaciones que reconocen el “esfuerzo”. En cambio, lo que dicha concentración si evidencia son las formas y modos que reproducen la dominación y explotación en nuestras sociedades, pero también impiden el surgimiento o reproducción de otras lógicas que atenten ese monopolio del discurso del “esfuerzo”.

Una supuesta “meritocracia” que premia al más vivo, en detrimento de las personas que se quedan “dormidas”, es decir aquel que sabe cómo se mueven las cosas, a quien llamar o a quien citar, dista mucho de ese esfuerzo que representa el trabajo de tantas personas, que a partir de su fuerza mueven un país.

¿Por qué falso principio? Porque la concentración de riqueza, lejos de demostrar la idoneidad de algo, es precisamente la consecuencia de muchas acciones que van desde la privación de algo hasta el despojo violento de comunidades y de nuestros bienes comunes (naturales, sociales, culturales).

Este marco nos permite identificar que proyectos de sociedad se privilegia sobre otros, es decir leyes, políticas, discursos  y prácticas. En esta ocasión, no nos preocuparemos por aquellos que se imponen, sino a pensar sobre esas sociedades que desaparecen.

Siguiendo esto, podemos mirar nuestras comunidades campesinas que han sido devoradas por la expansión de monocultivos para la exportación en beneficio de la agroindustria y los mercados financieros. Esta voluntad de los sectores dominantes por la supuesta “tecnificación”, genera no sólo la destrucción del mundo rural y la migración a la ciudad, sino que la mezcla de ambos vulnera nuestra naturaleza, ya que el abandono de la tierra representa la  desprotección del bosque y de los ciclos de la vida.

Esto nos lleva a repensar el conflicto que viven los pueblos indígenas ante su voluntad de permanecer en sus territorios, lo cual ha reflejado el extremo al que llega el despojo,  ya que por un lado la indiferencia refleja la grave reducción de los pueblos indígenas a meros portadores del “folklore”, es decir sus formas y modos de ser en el mundo, no son reconocidas ni legitimadas.

Por esto la galopante impunidad ante los actos de violencia que procuran aterrorizar y desmovilizar a las personas indígenas en sus territorios.  Sin la intensión de escarbar mucho detalle, podemos remontar la agudización de estos actos desde el 2012 al presente.

La anulación de los derechos colectivos, es una muestra más de este cercamiento de la “ciudadanía”, es decir de esas sociedades que habitan los territorios y espacios públicos, erosión y reducción constante de los “servicios públicos” (salud, educación, cultura entre otros) , muestra el camino de la reconfiguración de la ciudadanía “real”, en donde el poder económico, es decir la propiedad, poder adquisitivo y la concentración de riqueza determina el grado de libertad y capacidad de autorrealización posible de los individuos y los sujetos colectivos.

Sumado a esto, la ofensiva por la revisión de todo lo que se pueda denominar “ideología de género” muestra una vez más el cercamiento que sufre la diversidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es decir una sociedad que estratifica los roles de género, privilegiando una supuesta “tradición” moral y un falso determinismo biológico, que esconde las relaciones de desigualdad que es fruto del poder de la dominación-esclavitud que enajena la voluntad de muchos a pocos.

Este es un vistazo hacia esas sociedades negadas, a cómo esas violencias estructurales se configuran para impedir su realización, establecen no sólo relaciones, sino también mecanismos para negar su existencia, desde la institucionalización se garantiza su invisibilidad. Tal vez, la muestra más clara de este proceso, es la ya mencionada oleada contra la “ideología de género”, que nos evidencia este proceso de negación en clave de retroceso.

¿Cómo llegamos a esto? Son muchas las trenzas de dominación que han estructurado nuestras sociedades, en ocasiones identificamos al capitalismo, patriarcado y el colonialismo, que se manifiestan desde la xenofobia, el racismo, machismo y otros más que tal vez han escuchado en otras ocasiones. Sin embargo, también son muchas las experiencias que han apuntalado hacia un compromiso por la liberación, desde la necesidad y la crítica han convertido su pensar-hacer en formas y modos instituyentes de otra cosa. Este será el centro de nuestra última entrega.

La democracia que tenemos. La que podríamos tener

Alberto Salom Echeverría

Después de celebrada la primera ronda del proceso electoral 2022, una prima envió al chat de la familia un conmovedor artículo de una persona nicaragüense, admirada por lo que vio el 6 de febrero en las calles costarricenses, día en el que se celebró la primera ronda de las elecciones. Esta ciudadana nicaragüense estaba como encantada por las cualidades que, en su opinión, exhibe el sistema político costarricense; pero a la vez la embargaba una enorme tristeza al comparar nuestro sistema democrático con lo que para ella es el remedo de democracia existente en el hermano país.

No la culpo. Nicaragua encierra en las cárceles a los opositores del gobierno, de cualquier signo ideológico, inclusive a héroes y heroínas de la Revolución Sandinista de julio del 79 que se jugaron la vida contra la tiranía somocista. En Nicaragua se ha vuelto a reprimir con violencia, como se hacía en tiempos del Somocismo, a los jóvenes, estudiantes, a las mujeres, ancianos, o a cualquier persona que se convierta en opositora beligerante del régimen de Ortega. En Nicaragua el sistema electoral está férreamente controlado por el gobierno, por lo que no existe libertad para formar partidos políticos como no sean turecas del oficialismo. La pobreza y la desigualdad allí siguen siendo flagelos que hieren hasta los más fuertes espíritus y destruyen a los más débiles o postergados, desde el punto de vista social y económico. En Nicaragua, en pocas palabras, la democracia no existe. Por todo eso y más comprendo las expresiones de halago hacia nuestro sistema democrático de la amiga de mi prima y su decepción respecto de su país. Pero ¿qué tan democrático es nuestro sistema político y nuestra convivencia ciudadana?

Los ingredientes que debe tener un sistema democrático

«La democracia exige que los derechos políticos y de las minorías se resguarden». «Luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia». “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”. Nelson Mandela. Primer presidente negro de Sudáfrica.

Cuando escribo sobre conceptos como es el de la democracia, me gusta inspirarme y traer a colación, pensamientos, frases de egregios o insignes ciudadanos que se hayan destacado en la vida por su ejemplo y coherencia. Nelson Mandela es en mi opinión uno de los más grandes líderes democráticos en el mundo contemporáneo. Mandela tuvo que soportar durante veintisiete años la cárcel a manos del segregacionismo blanco de su país. Su voluntad fue inquebrantable, nunca se doblegó. Por ello, su prestigio y su reputación crecieron como la espuma, hasta que se convirtió en el líder más connotado de todos los que lucharon contra la cruel represión de aquel sistema de “apartheid” de oprobio que imperó en Sudáfrica hasta tiempos muy recientes.

Me inspiro en Mandela, porque como se extrae de las tres citas que les he presentado, su concepción de la democracia trascendió lo puramente formal, para apuntar a los derechos humanos de primera generación, o sea los civiles y políticos de las personas, pero junto a ellos, los de la segunda generación que son, los económicos, sociales y culturales, valga decir, el derecho al trabajo, a una remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la educación, así como a un nivel de vida digno. Los de la tercera generación, son los derechos colectivos o de solidaridad. Todavía se ha destacado una cuarta generación de derechos que son el derecho a la paz, a la solución pacífica de los conflictos por medio de un tribunal internacional que intervenga contra los crímenes de lesa humanidad y, muy importante hoy en día, el derecho a un desarrollo sostenible y a preservar el medio ambiente natural y el patrimonio de la humanidad.

En suma, el sistema democrático, implica ciertamente un régimen en el que haya elecciones libres, informadas y competidas, de modo que todas las personas ciudadanas puedan concurrir sin restricción alguna a emitir su voto periódicamente. O sea, como se infiere claramente de la primera de las citas que les he presentado, un sistema en el que se resguarden los derechos políticos de todas las personas, pero con acento en los derechos políticos de las minorías. La razón es sencilla, los derechos de los grupos minoritarios pueden resultar ignorados por los grupos dominantes.

En Costa Rica, por ejemplo, esta discriminación fue contundente desde nuestra independencia hasta muy entrada e instaurada la vida republicana contra los desvalidos de los bienes de fortuna. Las minorías étnicas y las mujeres de manera connotada entre ellos han sido fuertemente dejadas en un papel cívico inferior al de los hombres; todos estos grupos de la sociedad se vieron siempre marginados de la participación del derecho a elegir, ser electos; las minorías también sufrieron en cuanto a que no disfrutaron por mucho tiempo del derecho de movilización en todo el territorio nacional e inclusive en lo concerniente a la libertad de expresión. Insisto, las minorías indígenas, los afrodescendientes, chinos y otras minorías étnicas, hasta tiempos muy recientes vivieron segregados de los derechos civiles y políticos que poseían en sí y para sí, solamente los acaudalados de los bienes de fortuna. Es decir, la democracia la habían construido únicamente para ellos mismos, como ocurría en la esclavitud. Todo lo que queda expresado, fue una realidad hasta la Constituyente de 1949, cuando se consagró en la Constitución de la República, para todos los ciudadanos, el derecho a poseer el voto democrático para elegir presidente o vicepresidentes de La República, a postularse para ser diputado, alcalde, regidor o aspirar a la libre movilidad de las personas en todo el territorio, y la plena libertad de expresión. Estas y otras conquistas y derechos civiles y políticos individuales se alcanzaron gracias a la lucha tesonera de las mujeres, de los afrodescendientes, de las poblaciones indígenas, de los chinos e italianos que habían sido traídos para incorporarse a la construcción del ferrocarril, en condiciones paupérrimas de semiesclavitud, desde fines del siglo XIX. Otro tanto ocurrió después con el resto de los derechos de segunda, tercera y cuarta generación. Nada de esto ha podido alcanzarse en ninguna parte del orbe, sin que medie la lucha de los pueblos por sus derechos.

La democracia es pues, un concepto que irradia luz a todos los aspectos fundamentales de la convivencia de los pueblos y naciones, para que se pueda forjar una cultura democrática trascendente y no solamente una forma de elegir a los representantes políticos y consagrar en la legislación el derecho a ser electos. La democracia real en consecuencia ha de ser integral, interactiva entre los diferentes aspectos de la vida en comunidad. Concierne a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos, muy en especial a las personas con discapacidad, a quienes la sociedad debe ofrecer plenas oportunidades y garantías para su desarrollo individual y social. No puede haber democracia sin la consagración de estos derechos individuales de primera generación, pero tampoco la habrá si una nación no es capaz de erradicar la pobreza, la desigualdad social, y dotar a todas las personas que conviven en una comunidad política, de un ambiente sano, en el que se combatan, hasta hacerlas desaparecer, las prácticas depredadoras de los bosques, exterminadoras de los animales y contaminadoras de los océanos, mares y ríos. El reto como puede verse es grande y desafiante para toda la humanidad. Costa Rica, país pequeño como es, tiene sin embargo una gran importancia en todo lo dicho, pero más en este último tema del ambiente. La tiene por todo lo que hemos hecho y forjado, aunque falta mucho por hacer, Costa Rica ha suscitado y despertado admiración en numerosas naciones de la tierra. Su importancia tiene mucho de simbólico.

¿Cómo es la democracia costarricense y cómo quisiéramos que fuera?

Puedo entender a las personas nacionales y especialmente extranjeras que consideran que tenemos un régimen político maravilloso, como la amiga nicaragüense de mi prima; de verdad puedo entenderla; sobre todo cuando lo compara con el sistema político de su país, Nicaragua; cuyas falencias y dolores tienen hondas raíces históricas, las que son alimentadas hoy por déspotas como Daniel Ortega, Rosario Murillo y su cohorte de sometidos seguidores. Puedo entenderla, aunque pretendo aportar en el sentido de relativizar ese “maravilloso sistema político” que muchos nos atribuyen. Eso no quiere decir que no lo valore o, “contrario sensu”, lo menosprecie. De ninguna manera. Aprecio lo que hemos conquistado y lo defiendo con pasión y convicción.

¿Qué defiendo de nuestro sistema político? Defiendo y valoro el régimen de libertades democráticas alcanzado algunas veces hasta con sangre, sudor y lágrimas. La dolorosa guerra civil de la década de los cuarenta, en la que murieron hermanos de un bando y otro, sirvió para asentar profundamente un régimen de libertad electoral, que requería renovación y ajustes. No es un mito, como es harto conocido antes de la guerra, “los votos de los contendores del 48” se contaban en Casa Presidencial. En cambio, tras la guerra, se afianzó la libertad electoral y la independencia de un Tribunal Supremo de Elecciones que nació entonces con independencia del poder ejecutivo.

Esa conquista la defiendo “a muerte”. Perdón por la expresión, la empleo solo para que se me entienda mi convicción, hoy soy enemigo de las guerras, soy pacifista convencido. Eso lo aprendí de Mahatma Gandhi. Es invaluable, además, la abolición del ejército; un mérito histórico de José Figueres Ferrer, sin importar de quien fuera la idea primigenia. “El mazazo al Cuartel Bellavista” fue un símbolo bellísimo que reflejó una realidad, una voluntad inquebrantable de buscar la paz imperecedera como resultado de la guerra. Y fue también un símbolo de la democracia que se deseaba, entre otras cosas, porque aquí no se pagan sueldos para “generalotes”, se usan, o deberían usarse los recursos para construir escuelas, hospitales y carreteras. Aunque nos equivoquemos y algunas veces nos olvidemos de ello, o algunos usen el dinero público con abuso, premeditación y corrupción.

Hay plena identificación de la inmensa mayoría de la ciudadanía costarricense, de la juventud, con el régimen público de gratuidad de la educación primaria y secundaria. El analfabetismo sobrevive apenas en un 3.2% de la población. Aunque estamos avisados de su deterioro. ¡Cuidado con ello! La democracia costarricense igualmente no se podría entender sin una seguridad social como la que tenemos y que, los ganadores de la guerra civil profundizaron con la universalización del seguro social. Su desgaste igualmente ha provocado que algunas personas se equivoquen creyendo que la solución es la privatización de algunos de los servicios de la “Caja Costarricense del Seguro Social”. Sin esa formidable conquista anterior a la guerra del 48, pero que se profundizó tras ella, estoy convencido que la democracia se derrumbaría; conste no soy, ni quiero ponerme catastrofista. Otro tanto se puede decir respecto del ICE. La conquista de la creación del ICE después del 48 fue algo extraordinario para la democracia. La energía eléctrica y la telefonía llegaron hasta los lugares más recónditos. Democracia pura. Hoy el ICE requiere un remozamiento en el funcionamiento a cargo de la energía, puesto que ya el mercado de la telefonía celular se abrió. Sin embargo, ha sido una célebre conquista de la democracia costarricense. Hay voces privatizadoras, pero no creo que sea la mayoría de la población.

Costa Rica cuenta además con energías limpias, como la eólica, la solar, la proporcionada por la presión del agua, la geotérmica. Se habla ahora de la hidráulica o cinética y la potencial. Los bosques desde los decretos primero y luego las leyes de los años setenta, constituyen otra conquista esplendorosa de nuestra democracia. Por ahora me quedo aquí.

¿En qué necesitamos mejorar?

Persiste un nivel alto de contaminación, proveniente de emanaciones de gases de las fábricas que todavía usan combustibles fósiles. El principal factor contaminante lo constituye el parque automotor que produce alrededor del 56% de las fuentes contaminantes del aire. Las regiones más contaminadas están localizadas principalmente en el área metropolitana, o en las principales ciudades de la ruralidad del país. Lo grave es que aún este porcentaje se incrementa anualmente, debido a que los camiones o vehículos de combustión fósil crecen en un 7.4% cada año. En el 2020, nuestro país registró emisiones de CO2 del orden de 7,818 megatoneladas, por lo que llegó a ocupar el lugar n.69 en un ranking de países contaminantes de CO2, entre 84 naciones ordenadas de menor a mayor. La huella ecológica no es sostenible para Costa Rica, pues según datos del 2019 (de ODI/UCR), representa un 8% más de lo que el territorio es capaz de reponer. Como todo lo anterior, todavía tenemos deficiencias graves en la gestión y producción de residuos, además de este, algunos de los principales problemas son: la escasez y contaminación del agua, la sobreexplotación de los recursos del mar, así como el uso excesivo de agroquímicos.

Otros males que no podemos dejar de mencionar que afectan decisivamente la democracia son: el ominoso y abominable incremento de la desigualdad social. Nos hemos convertido en uno de los países con más rápido incremento de la desigualdad en el mundo. La pobreza y desocupación siguen representando un peso descomunal para la economía costarricense, la que acumula un déficit fiscal que venía siendo mayor del 7% del PIB; en el 2021, afortunadamente descendió a un 5.18%, el más bajo por cierto de los últimos tres años, según datos del Ministerio de Hacienda. Veremos si somos capaces como nación de disminuirlo, hasta que deje de representar un serio problema para nuestras finanzas.

Ciertamente, no hay democracia sin elecciones limpias, competidas y un TSE independiente del ejecutivo. Pero una democracia se robustece si el desarrollo no solamente hace crecer el Producto Interno Bruto anualmente, sino sobre todo si la distribución de la riqueza permite que cada vez porcentajes más altos de la población dejen la pobreza y pobreza extrema y adquieran niveles de vida confortables y sobre todo con justicia social. La corrupción, aunque ha mejorado, según el índice de percepción de esta (IPC), medido por Transparencia Internacional, Costa Rica se colocó en el año 2021, en el lugar 39 entre 180 naciones. La corrupción continúa afligiendo a la ciudadanía, sobre todo porque un porcentaje muy alto de los casos denunciados (90%) no llegan a juicio. La corrupción lacera y carcome las entrañas de la Patria, casualmente porque destruye la democracia.

Para concluir diré, que muchas personas sentimos que la división de poderes, principio esencial de una democracia, desde que los hubiese escrito el varón de Montesquieu, se ha debilitado. Al Poder Legislativo llega mucha gente mal preparada, alguna gente se postula a la presidencia tan solo para incrementar su opción para ir a la Asamblea Legislativa. El contrabando y otras acechanzas son verdaderas amenazas para los poderes del Estado nacionales y locales y provocan que la democracia trepide y la ciudadanía pierda fe en ella.

Nuestra democracia sigue teniendo solidez institucional, pero existe la percepción generalizada de que no hay una ruta clara para el desarrollo. Es indispensable apuntalar en la población la idea de lo imprescindible que resulta un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza, con el ambiente, con los ecosistemas, con la vida. Solo por una ruta como esta podremos vigorizar nuestras instituciones democráticas y superar el subdesarrollo. Espero que la patriota nicaragüense comprenda la integralidad del concepto de la democracia. ¿Es complejo construir este concepto? Más compleja es la realidad democrática que todo hombre y mujer honrada pretende forjar.

 

Publicado en www.larepublica.net/noticia/la-democracia-que-tenemos-la-que-podriamos-tenery

Compartido con SURCOS por el autor.

Las mentiras de otros nos hacen más fuertes. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Pablo Sibar Sibar, Indígena Bröran/territorio de Térraba, Buenos Aires

Hace once años que nos arrastraron y desalojaron violentamente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde estábamos pidiendo que se aprobara el Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos indígenas. Después de lo cual acordamos que lo mejor era venir a recuperar nuestras tierras por la vía de hecho y por la ley que nos asegura ese DERECHO.

Hoy estoy en nuestra recuperación en Crun Shurín, disfrutando el paisaje, del río, después de estar sembrando ayotes y revisando muchos de los cultivos que estamos sembrando. Estoy junto con mi hijo tomándonos un rico chocao (bebida indígena).

Reviso el teléfono y me encuentro un Facebook que me enviaron con un reportaje del señor Camilo Rodríguez dedicado a la señora Hilda Granados, en el que la señora hace las mismas declaraciones de siempre, defendiendo sus posesiones ilegales dentro del territorio indígena de Térraba.

Recuerdo que hace años hice un programa con el señor Rodríguez para una reunión que se llevó a cabo en Costa Rica sobre Bosques Tropicales y Pueblos Indígenas, en el que expuse los graves problemas que vivimos los indígenas costarricenses y las constantes violaciones a nuestros derechos humanos individuales y colectivos. Ese programa lo hicimos de manera similar a muchos otros en espacios de radio y de televisión, foros y actividades, en las que tanto otros compañeros y compañeras indígenas como yo, hemos participado para que el resto de la sociedad costarricense sepa cómo vivimos, porqué vivimos así y cuáles son las causas de nuestros problemas.

Hemos expuesto con claridad la causa de la violencia en nuestros territorios y por dicha cada vez más personas y hasta instituciones entienden que estas son nuestras tierras con plenos e irrenunciables derechos. Por eso, como defensor de los derechos de los pueblos indígenas que ha luchado por más de 40 años, a veces se me hace difícil aceptar que en pleno siglo XXI haya periodistas como Greivin Moya y Camilo Rodríguez que usan su poder informativo solamente para destruirnos con información totalmente parcializada y mintiendo, faltando a la verdad sin escrúpulos. Me parece que no les falta capacidad para leer y entender lo que dice la Ley indígena, lo que dice el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y lo que dicen los documentos y sentencias de la Sala I, que deberían estudiar antes de arremeter contra nuestros pueblos originarios. Pero parece que puede más su mala saña contra la gente indígena y su falta de profesionalismo.

En estos años de lucha hemos topado con muchas barreras, como hace once años que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa. Me han perseguido, tirado carros encima, me han dado pedradas; nos han asesinado a dos defensores del derecho indígena y hoy el periodista Rodríguez me dice “precarista” de mi propia tierra, de una tierra que está dentro de los límites reconocidos jurídicamente como territorio indígena de Térraba. Me pregunto ¿dónde quedó la ética de estos señores para hacer periodismo? ¿Cuáles son los anteojos con los que nos están mirando? ¿A quién buscan complacer con su trabajo completamente alejado de la realidad?

Además, dice claramente don Camilo que el Obispo Gabriel Enrique Umaña le pidió que le ayude con esa investigación, mientras por otro lado el Obispo le contestó al Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, una carta en la que dice que él no tiene ninguna participación en los conflictos de los indígenas, porque el es un siervo de Dios. Entonces no entiendo cómo el Obispo se declara “siervo de Dios” y el periodista dice que le está pidiendo ayuda a él.

Los pueblos indígenas seguiremos en nuestras luchas que son nuestro pleno derecho. En un día como hoy, celebrar el Día internacional de los pueblos indígenas, sólo tiene sentido si redoblamos trabajo para volver, recuperar, sembrar y disfrutar de las tierras que nunca debieron dejar de ser nuestras. Lo que esos periodistas y otras personas posiblemente esperan es que claudiquemos, pero tenemos la fuerza espiritual y la memoria con toda la dignidad, para que la arrastrada de hace once años, y todas las injusticias que han seguido sucediendo a nuestros pueblos, continúen alentando con fuerza los procesos de recuperación. Esas recuperaciones son nuestra vida, la esperanza para nuestras futuras generaciones y para la existencia misma de nuestros pueblos y culturas milenarias, ahora mismo y el futuro.

¡LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!
¡SERGIO Y JEHRY VIVEN Y VIVEN!

Individualismo versus cuido mutuo: un proyecto sociocultural en declive en Costa Rica

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Durante 40 años seguidos, el proyecto sociocultural en marcha en Costa Rica validó un esquema basado en la actitud individual como base para la construcción de su modelo socioeconómico: se apeló al éxito como fin último de la acción social y muchas concepciones relacionales e identitarias fueron modificadas: del usuario de los servicios del estado se pasó al concepto de cliente, del micro empresario al emprendedor, del trabajador al colaborador.

La creencia en una estructuración societaria organizada de esta manera supuso una serie de condiciones contenidas en las formas de respuesta de las personas ante coyunturas y contingencias: responsabilidad, orientación, criterio.

Por otro lado, el sentido de colectividad, ese al que podríamos acudir hoy bajo la premisa del cuido mutuo, solo fue y es apelado desde la maquinaria industrial de la comunicación de masas y la polifonía de las redes sociales.

La épica de la gloria deportiva, por ejemplo, siempre fue propicia en todos estos años para conjuntar de nueva cuenta esa comunidad imaginada y activar los dispositivos de una identidad nacional que aunque frágil y repleta de remaches, aún funcionaba. Hoy ni siquiera la apelación a la sangre roja del costarricense pareciera tener sentido. Pero en realidad poca cosa pareciera tener sentido en una experiencia fallida de comunidad como la que estamos experimentando durante estos días.

En otras reflexiones sobre la noción de comunidad ampliada y su resquebrajamiento en el caso costarricense, hemos adelantado que existen hoy otras figuras que aglutinan y dan sentido de comunidad: el número de tarjetahabientes que existen en el país se asemeja o supera inclusive al total de la población nacional. Si esto no es una forma de denominar esa otra colectividad basada en la organización del mercado, ya nada podría explicar el comportamiento aparentemente errático endosado preliminarmente a una falta de responsabilidad individual.

Desde el proyecto civilizatorio puesto en marcha a partir de los años ochenta en Costa Rica, la pertenencia a una base social común solicitó peajes de entrada: éxito individual, capacidad de consumo, competencia rampante, a toda costa, a cualquier costo.

De esta manera, una comunidad real y sustentada sobre valores como la protección, la horizontalidad y el apoyo fue disuelta del discurso y las prácticas cotidianas.

Por ello cuando acciones organizativas y orgánicas desde lo colectivo se han levantado, han sido opacadas y silenciadas. Algunas enfrentadas desde la fuerza del estado, otras instrumentalizadas como las de ciertos derechos de poblaciones y comunidades específicas. En los últimos años una subjetividad política joven trató de levantarse, pero rápidamente fue estigmatizada y procesada por un discurso academicista y adultocéntrico que la descalificó ad-portas.

Los derechos colectivos están hoy más que nunca conculcados y truncados. El derecho legítimo a manifestarse fue proscrito. Los defensores de la territorialidad indígena son amenazados permanentemente y en los últimos dos años han sido asesinados dos líderes en medio de una inacción gubernamental sin precedentes. Y una vez más las poblaciones migrantes han sido utilizadas como chivo expiatorio de los males sociales, económicos y sanitarios que aquejan al país.

El discurso ha sido hábil para responsabilizar a la población de una tremenda desidia para acatar órdenes sanitarias y guardar un comportamiento ejemplar. Pero ni lo uno ni lo otro ha sido evidenciado con vehemencia para hacer ver la responsabilidad de los actores económicos, las hegemonías y sus presiones hacia la acción gubernamental.

Es claro que luego de décadas de una permanente individualización de la experiencia colectiva puesta en marcha por la maquinaria comunicativa y cultural hegemónica, la noción de cuido mutuo a partir de una acción personal responsable, fracasó absolutamente. Y ha fracasado porque sencillamente no hay colectividad imaginada que cuidar.

En el año 2020 el politólogo francés Bertrand Badie mencionaba en una entrevista para la Revista Nueva Sociedad, que la humanidad había transitado en un periodo de tiempo muy corto en tres extinciones visibles: la de la crisis financiera de 2008; la del espionaje planetario que supuso la eliminación de las libertades y la extinción sanitaria, a partir de 2020. Para el caso costarricense, en específico, se ha abierto una clausura de un proyecto de sociedad iniciado en el siglo XIX y que el rasgo sociocultural homogenizante de los últimos cuarenta años se ha encargado de diluir. Asistimos a nuestra propia extinción y en eso continuamos siendo creativos y excepcionales.

O como diría Roque Dalton: «País mío, no existes».

Tomarán décadas para volver a levantar de nuevo una idea solidaria e incluyente de ese país en el que todos y todas nos sintamos pertenecientes. Y esta no es una tarea de la postpandemia: es urgente iniciarla ya.

 

Imagen tomada de https://elsoldeoccidente.com

La Constitución Política de MIDEPLAN

“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)

Manuel Hernández

La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.

Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.

Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.

La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?

¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?

¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?

¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?

A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.

Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.

Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.

Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.

29/01/2021

El Derecho de la función pública del enemigo

“Quien gana la guerra determina lo que es norma, y quien la pierde ha de someterse a esa determinación” (G. Jakobs)

Manuel Hernández

En el complejo ciclo de desarrollo y consolidación del neoliberalismo económico, particularmente en los dos últimos años, acicateado por la crisis económica y fiscal del país, los poderes político-corporativos hegemónicos concertaron una potente y rabiosa legislación que trastoca los derechos individuales y socava los derechos colectivos de ciudadanía social de las personas que laboran en la Administración Pública.

Este ciclo comporta un deslizamiento gradual de la democracia hacia el autoritarismo político, que ha tenido un giro violento en estos dos años, que termina derrumbando las reglas pactadas de la institucionalidad democrática.

En este artículo se ensaya un análisis del contenido y alcances de esta legislación emergente y de excepción, que configura la categoría que denomino el Derecho de la función pública del enemigo.

Se utiliza esta categoría, derivada de la teoría del Derecho penal del enemigo (G. Jakobs), para examinar, desde un punto de vista crítico, esta legislación emergente y permanente, cuya imposición determina un giro de tuerca que consuma una reestructuración global del modelo o subsistema de las relaciones de trabajo de la Administración Pública. Una nueva institucionalidad, regresiva y de carácter autocrática, que coloca a los sindicatos en un serio predicado, comprometiéndolos a asumir un histórico desafío.

1.- La necesidad y pertinencia de una superestructura política-jurídica funcional al modelo de acumulación capitalista neoliberal

Aproximadamente, desde hace unas cuatro décadas, en nuestro país, se viene de manera progresiva, paso a paso, aunque no de manera rígidamente lineal, pero si en la misma dirección, aguijoneado por el Consenso de Washington (1989), desarrollando y consolidando el neoliberalismo económico.

Este modelo corresponde a una ya prolongada fase de reestructuración o ajuste estructurales del modo de producción capitalista, que responde a las nuevas exigencias de acumulación y explotación, no sólo de la fuerza de trabajo, sino también de los recursos de la naturaleza.

Este modelo de acumulación está radicado en la globalización de la economía y la producción, la financiarización de la economía, la automatización, la desregulación de los mercados, incluyendo la flexibilización del “mercado” de trabajo, la reestructuración de los procesos de producción, la reducción del déficit fiscal, del gasto público y la privatización de los servicios públicos (Williamson).

El neoliberalismo se sustenta en una lógica de acumulación por desposesión (Harvey), que tiene por objetivo reconstituir la hegemonía del capital en el proceso de producción y reproducción social, recurriendo a la mayor explotación posible de los recursos de la humanidad en su conjunto, que requiere menos derechos de libertad, derechos sociales, canales de mediación entre el capital y el trabajo y menos democracia (Noguera Fernández).

Estas políticas implican que el Estado asuma el “imperativo de la austeridad” (Luistig); en síntesis, más Mercado y menos Estado, el mantra de la ideología neoliberal, la esencia de la nueva Lex Mercatoria.

Pero este modelo de acumulación exige necesariamente una superestructura política- jurídica que fisiológicamente le sea funcional; es decir, de un conjunto de aparatos ideológicos de dominación (los famosos AIE de Althusser), que se adecuen a esta fase de desarrollo del capitalismo y aseguren el cumplimiento normativo y coactivo de aquellos objetivos.

En Costa Rica, esta superestructura política-normativa se empezó a gestar desde las primeras cartas de intenciones firmadas con el FMI (1982, 1984), la saga de los PAES 1, 2 y 3, firmados con BM, todos con la rúbrica socialdemócrata del PLN (1985, 1989, 1995), la aprobación del TLC (2007), la aprobación de los 22 comités para la adhesión de Costa Rica a la OCDE, dentro de cuya agenda destaca la reestructuración del empleo público y la Administración Pública.

Más reciente, en el último par de años, bajo el pretexto de la crisis fiscal, se aprobó aceleradamente una legislación “laboral”, con un núcleo duro que se basa en dos caras de la misma moneda: la desposesión de los derechos laborales de las personas que trabajan en la Administración Pública, y el menoscabo de sus derechos colectivos de ciudadanía.

Esta legislación emergente, excepcional, de excepción no temporal, sino permanente, que se articula en ese devenir del proceso de profundización de las reformas estructurales, tiene como sustrato la construcción ideológica del funcionario público antisocial forjada por los poderes fácticos.

Resulta aquí didáctica la siguiente afirmación de Chomsky:

“Cuando se trata de construir un monstruo fantástico siempre se produce una ofensiva ideológica, seguida de campañas para aniquilarlo. No se puede atacar si el adversario es capaz de defenderse: sería demasiado peligroso. Pero si se tiene la seguridad de que se le puede vencer, quizá se lo consiga despachar rápido y lanzar así otro suspiro de alivio.”

Esta cita de Chomsky refleja muy bien el proceso doméstico de construcción social y representación cultural del funcionario público, como enemigo de la ciudadanía, cuya violenta campaña, política y mediática, para destruir sus derechos individuales y de ciudadanía social, ha sido intensa y visceral en estos años.

Partiendo de esta construcción cultural negativa, el discurso político y mediático entronizado transfiere convenientemente la responsabilidad de la crisis fiscal a los funcionarios públicos, estigmatizados como parias que sacrifican los recursos públicos, “secuestradores de quirófanos”[1]; cuyos discursos destilados en cicuta llegan al extremo de desacreditarlos y tratarlos como hordas de acosadores sexuales y sátiros de menores de edad.[2]

En esta coyuntura, esa legislación que se promulgó responde a una combinación de varios factores: a la radical defensa, desde aquella racionalidad neoliberal, de la agenda de los intereses económicos del poder corporativo hegemónico, a la irracionalidad visceral de los sectores ultraderechistas y antidemocráticos, y también a una buena dosis de ignorancia política.

Lo cierto es que a merced de la crisis económica y fiscal, esos espurios intereses han encontrado un terreno fértil para empoderar su agenda y amalgamar una legislación de excepción, permanente, fundida principalmente en dos leyes, y una más que estaría próxima a ser también ley de la “República”, de la República oligárquica corporativa de ellos, a saber: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018), Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020) y (Proyecto) Ley Marco de Empleo Público (que por el curso vertiginoso de los acontecimientos y el alto grado de consenso político concitado, me adelanto a ponerle, no el número de ley, pero si el año de promulgación: 2021).

Estas tres leyes de amplio espectro (que en este artículo de opinión asumo como tales) vienen a la postre a configurar el tridente neoliberal que denomino: el Derecho de la función pública del enemigo, que disciplinan, no solo el régimen de las condiciones de empleo, sino, además, la actividad principal de los sindicatos en el ámbito de la Administración Pública.

2.- La configuración del Derecho de la función pública del enemigo

Antes de desarrollar el contenido y alcance de esta propuesta que planteo, es pertinente advertir que esta denominación la tomé prestada de la teoría del derecho penal del enemigo (G. Jakobs, 1985), cuya trasposición al derecho laboral, particularmente al ámbito del derecho de la función pública, mutatis mutandi, resulta jurídicamente sostenible.[3]

Esta teoría tiene un potencial expansivo (García Amado), que permite utilizarla como categoría critica de análisis, que facilita la comprensión de los (dis)valores antidemocráticos y juicios políticos que impregnan las leyes que de seguido se examinarán.

La configuración de este anunciado régimen jurídico de excepción de la función pública se basa en una legislación de tres patas:

2.1.- El disciplinamiento del desempeño, la productividad laboral y las remuneraciones de las y los funcionarios públicos

En uno de los contextos económicos más difíciles de nuestra historia republicana, con una fuerte resistencia social, se promulgó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018).

Esta ley tiene una impronta neoliberal incuestionable, compuesta por tres ejes: materia tributaria, regla fiscal y remuneraciones de las y los funcionarios públicos.

Tratándose de este último eje, la ley, por una parte, diseñó un nuevo modelo para disciplinar la gestión del desempeño de los servidores, y por otra parte, una regulación de contención de sus remuneraciones.

El modelo de evaluación de desempeño ordena la actividad laboral y la productividad de los funcionarios, quienes quedan sometidos, manu militari, a un esquema rígido, jerarquizado, unilateralista, vinculado al cumplimiento de una rigurosa métrica de índices y metas cuantitativas, que no necesariamente garantiza el mejoramiento de la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, disciplinó sus remuneraciones, porque nominalizó y congeló, ad perpetuam, los sobresueldos y complementos salariales.

La legislación produce una desvalorización de la fuerza de trabajo y un estancamiento de largo plazo de las remuneraciones, que de manera gradual perderán su valor real adquisitivo; en un círculo nada virtuoso, porque su efecto contradictorio causará una reducción de la demanda agregada y la contracción de los niveles de consumo.

A la vez, este régimen se complementa con las medidas extraordinarias que contempla la Regla Fiscal, que se aplicarán a partir de 2022, que producirán un congelamiento total de los salarios, con el consecuente empobrecimiento de amplias capas de funcionarios y funcionarias.

Podemos afirmar que esta ley consiste en una herramienta de política económica y fiscal, en una técnica de sujeción de la organización de la prestación de la fuerza de trabajo, la productividad y el control de las remuneraciones de los servidores públicos; además de las ostentosas restricciones que impone en materia de negociación colectiva de los salarios.

2.2.- El disciplinamiento del conflicto colectivo y la huelga en los servicios públicos

A consecuencia de las protestas sociales y la huelga general convocada por los sindicatos, a finales de 2018, contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo movimiento se extendió hasta por tres meses, se produjo una violenta y comatosa reacción de las patronales, los partidos políticos y el Gobierno.

La protesta social fue reprimida e impulsó frenéticamente un proyecto de ley, tendiente a reformar el Código de Trabajo, en materia de huelga, en una nueva escalada de estigmatización y hostilidad contra las personas funcionarias públicas.

Aquel constructo social del funcionario público, transmutado en enemigo de la sociedad, quedó reflejado en el discurso de uno de los más enconados diputados promoventes del proyecto:

“(…) La víctima de esa utilización [de la huelga] fue la gente, que hemos dicho en reiteradas ocasiones perdió operaciones quirúrgicas, tratamientos contra enfermedades graves, gente que no pudo llegar a su trabajo porque no bastándoles el uso de la huelga, se inventaron que el bloqueo era una especie de instrumento paralelo. Lo que hemos hecho ha sido devolverle a la ciudadanía la condición constitucional que nuestros padres y abuelos fijaron en la ley suprema del país:”

La contrarreforma laboral, consumada en la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020), en términos generales, por un lado, estableció sustanciales restricciones al ejercicio del derecho de huelga en determinados servicios públicos, y por otra parte, generalizó la prohibición de la huelga, a expensa de una concepción indiscriminada de los servicios esenciales, que no se adecua a los pronunciamientos de los órganos de control de OIT.

La ley constituye un autoritario dispositivo de control social que priva a los sindicatos de la principal medida de poder de presión colectiva de las y los trabajadores.

2.3.- El disciplinamiento de la relación de empleo y la autonomía colectiva

No obstante el impacto de grueso calibre causado por aquellas dos leyes, la superestructura jurídica-política necesaria no estaba todavía completa, perfeccionada; requiriéndose para esto, es decir, para consolidar “el bloque histórico” (Gramsci), además, una regulación totalizante de la relación de empleo público y la prohibición absoluta del derecho de negociación colectiva en la Administración Pública.

Este imperativo normativo, en el marco de adhesión del país a la OCDE, y ahora en la coyuntura de la crisis profundizada por la pandemia de la Covid-19, convertida en justificante para solicitar otro préstamo a FMI, se pretende cumplimentar con la aprobación definitiva de la Ley Marco de Empleo Público (Exp. N° 21336).

Esta nueva iniciativa, para honrar sus compromisos con uno de los comités de OCDE, la presentó el Poder Ejecutivo en 2019 y está actualmente dictaminada por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, a la espera del trámite de las mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El proyecto tiene 4 objetivos cardinales inescindibles: político, fiscal, (anti) sindical y otro enfocado en la reestructuración y reorganización de la Administración Pública[4].

El primer objetivo, de carácter político, tiende a una mayor concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, que se instrumenta con las múltiples y exorbitantes competencias que se le atribuyen a MIDEPLAN.

MIDEPLAN sufre una metamorfosis y transforma en un supraministerio, que tendrá bajo su dominio centralizado y absoluto la gobernanza política y la regulación normativa de los principales componentes de la relación de empleo público, prácticamente en todo el ámbito de la Administración Pública, que enerva todo espacio a la negociación colectiva.

El segundo objetivo, de carácter fiscal, se instrumenta particularmente con el esquema de salario único global; que ya la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas nominalizó y congeló los sobresueldos y complementos salariales, por lo que podría considerarse la antesala del salario global.

El tercer objetivo del proyecto es de orden antisindical, porque excluye del ámbito de la negociación colectiva, todos aquellos componentes de la relación de empleo, incluidas las remuneraciones, cuya regulación le compete en exclusiva y de manera excluyente al nuevo monstruo político MIDELEVIATAN, con un poder soberano sobre las condiciones laborales de los mortales servidores públicos.

Esta proscripción de la negociación colectiva en la función pública hunde sus raíces en la dogmática administrativista del Siglo XIX, que tiene su antecedente en la Filosofía del Derecho de Hegel, que reduce a la persona/funcionaria pública a un status de servidumbre, sometida a un régimen estatutario, cuya relación de empleo la determina unilateralmente el Estado, excluyendo absolutamente cualquier participación de los actores que representen sus intereses.[5]

Así, con esta tercera pata de la mesa, se estaría consolidando el ciclo de regulación neoliberal del trabajo en la función pública -que no significa necesariamente que con la Ley Marco de Empleo Público se vaya a cerrar este ciclo-, mediante la constitución de un poder-ministerio hegemónico, que regimienta la relación de empleo, complementado por la prohibición generalizada de la huelga y la negociación colectiva en la Administración Pública.

3.- Alcances e implicaciones del Derecho de la función pública del enemigo

Ese arpón normativo de tres puntas, clavado en el corazón de la función pública, da lugar, de acuerdo con la terminología de Lévi-Strauss y Durkheim, a un “hecho social total”, por las implicaciones que en su conjunto produce este régimen en el tejido político, social, jurídico e institucional.

Entonces, tenemos que en un período de tiempo muy corto, a ritmo de una legislación motorizada (Carl Smith), se está armando este excepcional Derecho de la función pública del enemigo, conformado por un tridente neoliberal, de tres potentes y filosos picos: la Ley de Finanzas Públicas, la contrarreforma legal en materia de huelga y la virtual aprobación de la Ley Marco de Empleo Público; salvo que algo extraordinario sobrevenga y se descubra la vacuna que nos salvaguarde de esta implosión neoliberal.

Se puede sostener que este disciplinamiento totalitario de la relación de empleo público, y el encierro normativo en el que se está metiendo a los sindicatos, privados del ejercicio de las acciones colectivas que le son inherentes, corresponde a una “explosión neofascista” (Cornel West), que simboliza al funcionario público como enemigo del bien común, que legitima que sea meritorio de una legislación de excepción, en términos de “defensa social”, opuesta a la legislación laboral, incluso a la legislación administrativa ordinaria.

En realidad, la construcción de ese patrón del otro, como enemigo de la sociedad, del orden público, del bien común, no es nada novedosa de este siglo XXI, cuyos antecedentes se remontan a los fascismos de la década de los 30 y 40 del siglo pasado, que contemporáneamente asumen renovadas expresiones matizadas por el neoliberalismo económico.

De esta forma, se construye una nueva forma de cohesión social del poder, basada en una “nueva forma de obediencia” y control social construido por las clases dominantes, que favorece la conformación de un Estado penal policial, “que reprime duramente las resistencias que puedan surgir como fruto del malestar social ocasionado por la pérdida de derechos, a la vez que genere miedo, para evitar que se reproduzcan.” (Noguera Fernández)

Esta nueva subjetividad del trabajo, encarnada en el enemigo, legitima que las funcionarias públicas sean excluidas del ordenamiento jurídico, “la expulsión de la ciudadanía del trabajo” (Pérez Rey y Adoración Guamán), mediante la imposición de un régimen autoritario diseñado para destruir sus derechos y combatir a las organizaciones gremiales que representan sus intereses, limitando o privándolas de sus derechos de representación y las funciones colectivas que le son esenciales, sin las cuales los sindicatos quedan reducidos a simples caricaturas jurídicas asociativas, desposeídos de todo poder social, gremial y contrahegemónico.

Esta regulación normativa de excepción, producida en corto plazo, obedece a una estrategia de choque, que forma parte del proyecto neoliberal, la cual marca una ruptura del ordenamiento, liquida el pacto político y social, en una suerte de quiebre constitucional totalmente incompatible con el sistema democrático y los derechos fundamentales.

En definitiva, este totalitario régimen estatutario, ex lege, institucionaliza un nuevo modelo, o más propiamente un subsistema de relaciones laborales de la Administración Pública, pero con consecuencias disciplinares que trascienden la “fabrica” pública y se extienden en su conjunto al sistema de relaciones laborales, como un “hecho social total”.

Este modelo define “una nueva matriz de disciplinamiento laboral más eficiente”, afincada en una “red de dispositivos” normativos de control o mecanismos heterónomos de dominación social, que fortalecen el poder de dirección patronal, refuerzan la relación asimétrica de trabajo, repelen toda manifestación del conflicto social y suprimen cualquier cauce de mediación democrática entre el Estado-Patrono y sus servidores.

Pero no olvidemos que todo “campo” de dominación contiene espacios o reductos de resistencia. Como señala Foucault: “Donde hay poder, hay resistencia.”

Por último, este modelo de relaciones laborales en la función pública, representa un serio desafío para los sindicatos, que no queda la menor duda que se están jugando la piel y el presente.

Este desafío lo tendrán que asumir los sindicatos, de una vez, con pensamiento crítico, en tiempo real, con la finalidad de construir una estrategia alternativa que resista el furioso embate y se restablezca la supremacía del Estado Social y Democrático.

1° de enero de 2021

[1] /La Nación, 27/09/2018

[2]/ La Nación, 27/11/2020

[3]/ Günther Jakobs opone el derecho penal del ciudadano, al derecho penal del enemigo. Esta teoría, que se ancla en la filosofía de Kant, sostiene que en la sociedad existen individuos que por la sola peligrosidad de las actividades que realizan, se justifica un trato penal represivo de excepción e intenso, como enemigos que hay que separar de la comunidad, protegiéndola frente a ellos. A estos individuos el Estado no debe tratarlos como personas, sino combatirlos como enemigos. Esta teoría ha sido utilizada eficazmente para combatir el terrorismo, la inmigración y los movimientos de resistencia contras las políticas neoliberales.

[4]/ En un artículo titulado “Los objetivos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público” desarrollé este tema, publicado en Surcos Digital, el 20/12/2020.

[5]/ En un artículo titulado “La dogmatica de la Procuraduría General en materia de negociación colectiva en la función pública”, publicado en el Semanario Universidad, de 10/12/2020, analicé el contenido y alcances de la concepción autocrática de relación estatutaria que encierra el proyecto de ley.

 

Memorando de OIT destruye Ley Marco de Empleo Público

Manuel Hernández

En atención a una consulta formulada por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, que tramita el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, Expediente N° 21336, el Departamento de Normas Internacionales y de Gobernanza de OIT, rindió el correspondiente Memorándum Técnico.

I.- Contenido del memorando técnico

El informe de OIT contiene varias observaciones y recomendaciones generales, amén de estrictos señalamientos puntuales acerca de varios artículos de ese proyecto, sin dejar pasar inadvertidas las múltiples deficiencias de técnica legislativa que discurren a lo largo del sibilino texto.

Habrá oportunidad para comentar y discutir más profundamente este calificado informe del organismo internacional, pero por ahora, de manera preliminar, podríamos hacer una síntesis, muy acotada, de las contundentes observaciones generales de este memorial, sistematizándolas en cuatro categorías:

1.- En primer lugar, el informe advierte serias inconsistencias en las normas transitorias del proyecto, relacionadas con la certeza jurídica de las situaciones amparadas y su aplicación en el tiempo, particularmente todas las normas concernientes a las remuneraciones, incluyendo el mecanismo de reajustes salariales.

Además, señala cuestionamientos en materia de derechos adquiridos o en curso de adquisición.

El memorando recomienda revisar las normas transitorias y las asociadas, con la finalidad de evitar controversias aplicativas y conflictos de respeto de los derechos adquiridos.

2.- En segundo lugar, el informe destaca que el proyecto no se refiere a los derechos colectivos, particularmente la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.

Se recomienda, por mínimo, incluir una referencia de los derechos colectivos de las y los servidores y sus organizaciones sindicales, que podría ser un reenvío a las disposiciones normativas pertinentes, normas que efectivamente contiene el propio Código de Trabajo.

Sugiere que se aclare la articulación entre el nuevo mecanismo de fijación de las remuneraciones (la denominada “columna salarial global”) y los procesos de negociación colectiva actualmente aplicables en el sector público, de manera que se cumpla el Convenio N° 98 OIT.

3.- El memorando reconviene el esquema de gobernanza del régimen de empleo público, centralizado en MIDEPLAN, que tampoco contempla espacios de consulta con las organizaciones de las personas servidoras públicas, en los asuntos que son de su legítimo interés.

Recomienda, sin perjuicio de los procesos directos de negociación colectiva, que el proyecto comprenda mecanismos de consulta con estas organizaciones, o que se haga la remisión a las correspondientes fuentes normativas, de conformidad con los principios de libertad sindical, Recomendación N° 113 OIT y Convenio N° 151 OIT (aun no ratificado).

Asimismo, tratándose de la desvinculación por reorganización forzosa de servicios, el informe insta revisar si la correspondiente norma del proyecto, configura una causal de desvinculación por motivos económicos, y en consecuencia, recomienda que se incluya un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretenda cesar personal por motivos económicos y estructurales.

4.- Por último, pero no por esto menos importante, el memorando subraya que el proyecto omitió aspectos sustantivos en materia de igualdad y no discriminación, tales como medidas a favor de las mujeres, por ejemplo, para corregir la brecha salarial, y servidores pertenecientes a pueblos originarios.

La OIT previene revisar la redacción del texto, con el propósito que se garantice, de manera plena y efectiva, el derecho de igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación, conforme los convenios números 100, 111, 156 y 159 OIT, ratificados por CR.

Hasta aquí el condensado resumen de las observaciones generales que desarrolla el fundamentado memorando de OIT, del cual se puede desprender que no se tratan de señalamientos puntuales, peccata minuta, sino de cuestionamientos estructurales, que trastocan la propia identidad del proyecto, los cuales jamás podría subestimar el Gobierno y la Asamblea Legislativa, no sólo porque las rigurosas observaciones las realizó el organismo internacional especializado en la materia, ajustándose a su consolidada doctrina jurisprudencial, sino, además, porque las censuras están radicadas en la inobservancia de aquellos derechos fundamentales.

II.- Alcances e implicaciones del memorando técnico OIT

El informe de OIT viene así a confirmar la consistente posición de los sindicatos, que denunciaron el carácter autoritario, excluyente, discriminatorio y antisindical del Proyecto Marco de Empleo Público, redactado en los consistorios secretos de OCDE y el BANCO MUNDIAL, que dejó en estado de absoluta interdicción la libertad sindical, la negociación colectiva y los mecanismos de consulta y participación de los sindicatos en las cuestiones que son de su legítimo interés.

Entonces, se trata de un proyecto que desconstitucionaliza la libertad sindical y la negociación colectiva en la función pública, que por un lado, colisiona frontalmente contra la legislación internacional del trabajo, como lo constata inobjetablemente el Memorando de OIT, y por otro lado, no se adecua a los estándares de los ordenamientos democráticos modernos.

Es pertinente recordar que en el texto original del proyecto se reconoció el principio de negociación colectiva:

“Artículo 3.- Principios rectores

Son principios rectores del empleo público:

(…) Principio de negociación colectiva: El derecho de negociación colectiva corresponde a empleadores y sus organizaciones por una parte y las organizaciones de personas trabajadoras por otra (sindicatos, federaciones y confederaciones), de conformidad con el artículo 688 y siguientes del Código de Trabajo.”

Tan regresiva y fundamentalista es la nueva versión importada del proyecto (texto sustitutivo), acuñada por aquellos organismos internacionales, que intencionalmente se volaron esa mención expresa del principio de negociación colectiva, que remitió al artículo 688 y ss del Código de Trabajo.

Precisamente, el memorando de OIT destaca la carencia, por lo menos, de un principio que reconozca el derecho de negociación colectiva, mención que como ya se explicó, contenía el texto original, pero que en el sustitutivo fue suprimida de un solo teclazo.

No queda la menor duda que este informe de OIT propicia un severo golpe de martillo, en seco, al controvertido proyecto de ley, que lo manda, por la vía rápida, a alguna unidad especializada de cuidados muy intensivos.

En definitiva, el memorando técnico de OIT no deja piedra sobre piedra, y no le queda otra alternativa al Poder Ejecutivo, que no sea retirar, por segunda vez, ese desaguisado de la turbulenta corriente legislativa, y por tanto, en apego a los principios democráticos de diálogo social y consulta, discutir oportunamente con los legítimos actores sociales el impresentable proyecto, con el objetivo, por una parte, de modernizar y fortalecer la prestación de los servicios públicos y por otra parte, salvaguardar los derechos fundamentales de las y los servidores públicos, salvo que se prefiera que el periplo de esa accidentada iniciativa legislativa termine su infausta suerte en un contenedor frigorífico.

28/07/2020