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Etiqueta: derechos comunitarios

Solicitan a Municipalidad de Belén no avalar urbanización por afectación a la comunidad y a los manantiales de La Gruta

Un grupo de habitantes de San Antonio de Belén gestionan ante el Concejo de la Municipalidad el cambio de acuerdos que permiten el desarrollo de una urbanización.

Con 324 firmas de apoyo señalan que el proyecto pretende construir una ciudad residencial para mil personas a partir de dos proyectos en la misma finca.

El grupo comunitario se opone, entre otras razones, porque se aprueban 18 pajas de agua para el proyecto a partir de que personal de la Municipalidad, mediante certificado entregado al urbanizador, cambiaron el uso del suelo a favor de este. También piden la demolición de la infraestructura construida en los años 90 por el finquero-urbanizador sobre los manantiales de La Gruta y donde se pretenden levantar las casas.

En la carta al Concejo Municipal de San Antonio de Belén se solicita específicamente rechazo a la disponibilidad de pajas de agua, así como la demolición de obras en la zona de protección.

Asimismo, se pide información amplia sobre el proceso y testimonio de piezas.

En la nota se indica:

“Los abajo firmantes, en nuestra condición de vecinos de la Asunción de Belén, recurrimos a ustedes con el mismo propósito que la vez anterior, pero con más fuerza, pues se nos han unido muchos vecinos de todos los barrios del distrito.

En esta nueva misiva, reiteramos nuestra rotunda oposición a que se aprueben nuevos proyectos urbanísticos en este distrito. El artículo 50 de nuestra Constitución Política nos garantiza el derecho a vivir en un ambiente equilibrado; es decir, sin hacinamiento, sin ruido, sin congestionamientos vehiculares, sin contaminación del aire y sin contaminación de nuestras aguas. Tenemos derecho a que el agua de consumo en La Asunción sea de excelente calidad y esté al alcance de todos; que nunca nos falte porque vaya a ser entregada a megaproyectos urbanísticos.

Con respecto al plan de veinte viviendas, el de la Sociedad El Camino Gerizim en Finca La Negra, y que cuenta ya con el aval de ustedes en lo que concierne al otorgamiento de pajas de agua, solicitamos se revoque ese acuerdo. El informe técnico en el que se basó presenta vicios, como el cambio de uso del suelo a favor del desarrollador y carece de los estudios que demuestren la tesis municipal de que los barrios del distrito y del cantón soportarían una mayor carga vehicular y una carga descomunal de aguas residuales. Además, les pedimos soliciten, a la mayor brevedad, una investigación judicial sobre el proceder de los funcionarios que han estado otorgando a empresarios urbanizadores certificados de uso del suelo que no corresponden con los señalamientos de nuestro Plan Regulador.

Nos hemos enterado de que en la misma propiedad, en la Finca La Negra, se pretende otro desarrollo, en esta ocasión una ciudad para 900 habitantes, con entrada y salida por Calle Zumbado al igual que su proyecto anterior, y para el cual ya ha sido elaborado, por los mismos funcionarios municipales, el informe técnico que otorgaría al mismo 165 pajas de agua si ustedes, señores regidores, lo aprobaran en el Concejo.

Con respecto a la pretendida ciudad, incluidos los dos proyectos urbanísticos en la Finca La Negra, decimos un NO ENÉRGICO Y CONTUNDENTE y manifestamos nuestra disposición a llegar a las últimas consecuencias si ustedes autorizaran las pajas de agua para este descabellado proyecto contiguo al sitio histórico de La Gruta y sus ricos manantiales.

Algunas de las razones para oponernos a la construcción de dicha ciudad son:

a-Que nunca ha existido control por parte de la municipalidad sobre el estado de dicha finca con predominio de Zonas de Protección y Zonas residenciales de Baja Densidad. Que tampoco han sido verificadas correctamente las medidas de las zonas de protección de nacientes, quebradas y demás humedales que afectan a la finca La Negra.

b-Que desde los años noventa comenzó a funcionar ilegalmente en Finca La Negra, sobre dichas zonas de protección, un ruidoso negocio de recreo y esparcimiento que ni el municipio, los cuerpos de policía, ni el Ministerio de Salud han querido fiscalizar y que hoy día constituye el sitio en el que se pretende la construcción de dicha ciudad. A este respecto solicitamos se nos remitan los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

c-Que a pesar de la denuncia de vecinos, la administración municipal de entonces otorgó el permiso de funcionamiento de forma irregular, siendo negligente con el acatamiento de la normativa ambiental que debe aplicarse a una propiedad como Finca La Negra, rica en humedales y zonas de protección. En este sentido solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable. En este sentido, hacemos llamar la atención de que aún hoy día permanecen sobre los fuentes y su área de protección las canchas de baloncesto, los ranchos para barbacoas, piscinas, sin que se hayan mandado a derribar dichas construcciones que dicen mucho del irrespeto a las disposiciones legales ambientales por parte del propietario que, además, a lo largo de los años ha venido eliminando árboles de especies forestales nativas. Y en todo esto, el ayuntamiento jamás ha intervenido.

d-Que en el documento elaborado para que ustedes aprueben, o desaprueben, las 165 disponibilidades de agua potable, aparece un diseño del proyecto, entregado por el empresario urbanizador, donde claramente se aprecian las construcciones ilegales ubicadas dentro de Zonas de Protección. Solicitamos que la municipalidad de Belén utilice ese boceto en su poder, en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua a este proyecto urbanístico; asimismo, ordenen la demolición de la infraestructura existente en el lugar.

e-Que en este mapa que mencionamos, con el esbozo urbanístico, las torres de las casas para las 900 personas, los parqueos y calles aparecen dibujados sobre algunos bordes de las zonas de protección, y podría darse una invasión mayor si se aprobasen dichas construcciones. Que se trata de un diseño forzado, con calles que se estrechan de repente y pegadas completamente a las colindancias de otras propiedades sin que hayan sido constatadas sobre el terreno las distancias que debe haber a partir de los manantiales, quebradas y demás humedales, como hemos señalado en el punto A.

f-Que, lamentablemente, los técnicos de la municipalidad elaboraron dicho documento basados en las irregularidades señaladas en todos los puntos anteriores; por lo que de previo a valorar la aprobación de las Pajas de Agua Peticionadas, lo procedente es que se ordene la demolición de las estructuras que aparecen dentro de las áreas de protección de los cuerpos de agua existentes en dicho lugar.

h-Que ambos proyectos constituyen planes habitacionales para mil personas, que obviamente durante épocas festivas por la presencia de visitas, ese número será aún mayor y violentará, aún más, el derecho a la salud de los habitantes de la Asunción.

i- Que rechazamos cualquier intento de instalar sistemas de tratamiento de aguas negras en nuestros barrios donde las viviendas colindarían con estos, donde no habría controles como ha ocurrido históricamente en La Asunción y donde sus habitantes tienen derecho a respirar aire puro, sin olores fecales. Ya hemos tenido bastante con el relleno sanitario de la Uruca y los manejos inadecuados de las aguas negras.

j-Que previo al análisis de disponibilidades de agua para nuevos proyectos, se deben resolver los problemas ambientales señalados en el punto anterior.

k-Que rechazamos una nueva carga de aguas residuales vertidas en la Quebrada Las Bermúdez.

l-Que rechazamos cualquier intento de aumentar los ruidos por el estacionamiento y el tránsito vehicular dentro y fuera de Finca La Negra, vehículos que circularían por las estrechísimas calles ciegas de nuestros barrios.

ll-Que rechazamos cualquier intento por congestionar, aún más, las calles y carreteras del cantón, cuando a todas luces los mil vehículos de ambos planes de vivienda sumados a buses escolares, camiones repartidores y carros de los visitantes, impedirían la circulación de todos nosotros. Además de que esto sería nefasto para la economía del país y las emergencias médicas.

m-Que rechazamos cualquier intento por aumentar en nuestros barrios la contaminación del aire debido a la emisión de gases que generarían los vehículos de megaproyectos como estos.

Hacemos notar al Concejo Municipal, que resulta menos costoso para la Municipalidad de Belén no aprobar un proyecto de este tipo; pues de lo contrario implicaría un posterior proceso judicial de Lesividad que es muy complejo, extenso y oneroso, como lo ha sido el caso de los permisos constructivos de la urbanización Prados de Belén de la sociedad QUINTAELENA SOCIEDAD ANÓNIMA, en la cual se invade un humedal o lago ubicado en la Rivera de Belén.

Los acá firmantes estamos dispuestos a acudir a todas las instancias posibles para defender nuestros derechos en contra de este proyecto habitacional de Lagos de Belén, pues no permitiremos el otorgamiento de las aguas de nuestra comunidad a megaproyectos que, como estos, nos dejarían sin agua y, o, fueran a reducir los caudales de los acuíferos en momentos en que el líquido escasea en el mundo entero.

Ahora bien, nos permitimos hacer notar que el delito de invasión de área de protección tipificado en el artículo 58 de la Ley Forestal reza: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.”

Cabe indicar que en el artículo 34 de la Ley Forestal se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.”

Por estas y otras consideraciones que nos reservamos, es que les solicitamos que la municipalidad de Belén, previo a aprobar la disponibilidad para dicho proyecto, utilice el boceto mencionado anteriormente que tiene en su poder, y que en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a siquiera discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua para este proyecto urbanístico lo siguiente:

Solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable.

Solicitamos se nos remita los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

De conformidad al artículo 281 del Código Procesal Penal, En caso de que el Concejo Municipal tenga en la información disponible en la actualidad, información que permita arribar a que existe algún tipo de Invasión de Áreas de Protección conforme al los artículos 34 y 58 de la Ley Forestal, en estos terrenos donde se pretende ubicar este proyecto Lagos de Belén, respetuosamente solicitamos se testimonien piezas al Ministerio Público a fin de investigar este delito”.

Presentan libro: “30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”

  • Conversatorio sobre contextos latinoamericanos de violencia contra personas defensoras de la naturaleza

San José, Costa Rica.- Este próximo lunes 7 de diciembre, a las 5:00 pm, se presentará el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. Esta realidad no tiene nada que ver con la imagen idílica de las postales turísticas, de país verde y de paz con la que se vende a Costa Rica en el exterior.

La presentación del libro será un conversatorio ––que se transmitirá vía redes sociales–– entre destacadas activistas de toda la región Latinoamérica, como lo son Karin Nancen (Uruguay), presidenta de la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional; Silvia Riveiro (México), investigadora directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC); Esperanza Martínez (Ecuador), especialista en Derechos de la Naturaleza de Acción Ecológica; y Tatiana Roa (Colombia), de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia.

Nuestro país es parte de la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde 2012. Casos como el de Jairo Mora (2013), Sergio Rojas (2019) o Yehry Rivera (2020) son parte de estas lamentables estadísticas.

Según el prólogo del libro, este “es un esfuerzo por sistematizar una fracción de la criminalización pues se ha construido a partir de las mismas fuentes y voces de personas defensoras”. Además, “es un ejercicio de memoria histórica en construcción y que necesariamente debe seguir alimentándose y sobre todo aclarándose y tratando de lograr justicia y acabar con la impunidad ante la mayoría de casos”.

Los autores aseguran que “es importante señalar que sí hay destacados logros ambientales en nuestro país y existen también externalidades y costos humanos sobre cada uno de estos avances. En ese sentido, este panorama de criminalización tiene un peso importante a la hora de hablar de éxitos, indicadores y políticas ambientales.”

La criminalización se puede definir “como un proceso de acciones y estrategias realizadas por instancias estatales y privadas, que buscan la estigmatización, denigración, intimidación, deslegitimación y la desmovilización de las luchas socioambientales y territoriales”. Se puede manifestar como formas sutiles de prejuicios, hasta elaborados dispositivos mediáticos y político-jurídicos, conformando un ciclo de violencia socio ambiental.

El libro sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas contra más de 36 activistas procesados por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.

La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas y fue compilado por la periodista Fabiola Pomareda. Es una publicación de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), realizada con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo en México, el Centro Investigaciones en Estudios Políticos (CIEP) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Heinrich Böll en El Salvador.

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Comunidades buscan mayor oportunidad de participación en temas del recurso hídrico

En relación con la toma de decisiones importantes para varias comunidades en el tema del recurso hídrico, que compete a distintas instituciones, organismos, organizaciones comunales, etc., varias comunidades reclaman la atención de las organizaciones sociales que tienen entre sus objetivos la defensa de los derechos ambientales y comunitarios.

Los intereses y diferencias que existen entre algunos dirigentes, para ponerse de acuerdo en relación con un tema tan importante, de cómo generar beneficios a los pobladores y no buscar el beneficio particular.

En este momento se están organizando nuevamente a las comunidades de la zona costera de Santa Cruz, pues quieren revivir el proyecto de NIMBOYORES, PROYECTO REGIONAL que básicamente requieren el recurso hídrico para los hoteles y además que serán las comunidades quienes pagaran la mayor parte de los costos de estudios.

El conflicto de intereses no puede determinar el avance de comunidades que necesitan mejorar sus condiciones actuales en temas del recurso hídrico y las decisiones no pueden ser tomadas por un solo actor en un trabajo donde hay muchos más actores.

 

Información enviada a SURCOS por Francisco Dávila Valle.