Ir al contenido principal

Etiqueta: derechos de las mujeres

Las mujeres no están solas: llamamos a la alianza institucional

Enid Cruz Ramírez

En estos días, muchas organizaciones de mujeres, colectivos feministas y comunidades a lo largo del país estamos alzando la voz contra el proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas durante cuatro días (la llamada jornada 4×3), sin pago de horas extra y con impactos graves en la salud, la vida cotidiana y los derechos adquiridos por las personas trabajadoras, especialmente las mujeres.

Que la institucionalidad camine con nosotras

En Costa Rica, durante décadas se ha levantado un entramado institucional robusto en materia de igualdad y equidad de género: comisiones de género en instituciones públicas, redes interinstitucionales de atención y prevención a la violencia contra las mujeres, políticas públicas específicas como el Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia (PLANOVI), Comisiones Municipales de la Mujer, y una Comisión Permanente de la Mujer en la Asamblea Legislativa.

Todas estas instancias existen, en teoría, para garantizar los derechos de las mujeres, prevenir las violencias estructurales y promover condiciones de vida dignas y equitativas.

Sin embargo, ante el actual debate sobre la propuesta legislativa para instaurar la jornada 4×3, una medida que implica trabajar 12 horas diarias durante cuatro días, sin reconocimiento de horas extra y con efectos negativos en la salud, la vida familiar, el tiempo de cuidado y la calidad de vida, el silencio institucional es ensordecedor.

El país ha invertido recursos humanos, económicos y políticos para crear un marco institucional que vele por la igualdad sustantiva. Pero la institucionalidad no puede ser solo ornamental ni técnica. Debe ser política. Debe alzar la voz cuando los derechos de las mujeres se ven amenazados por reformas regresivas que profundizan las desigualdades de género.

Cuando las mujeres luchan, las instituciones deben responder

Hoy no escribo solamente para denunciar la ausencia, sino para invitar a actuar. Este no es un llamado solo a la ministra o al INAMU, sino a todas las personas e instancias que alguna vez se han declarado aliadas de los derechos de las mujeres.

Es hora de pasar del discurso a la acción. De entender que la defensa de nuestros derechos no puede depender únicamente de las organizaciones sociales o del activismo de base: debe ser una responsabilidad compartida entre quienes habitamos las comunidades y quienes ocupan espacios institucionales.

La jornada 4×3 no es solo una propuesta técnica o económica. Es una amenaza que profundiza

desigualdades estructurales y precariza la vida, sobre todo de quienes históricamente han sostenido el país desde los márgenes: mujeres rurales, trabajadoras del sector informal, cuidadoras, migrantes, madres solas.

Si no logramos que el Estado escuche a estas voces, si no logramos que la institucionalidad responda, entonces estaremos fallando colectivamente.

Que el entramado institucional no le falle a las mujeres

Hoy hacemos un llamado firme y fraterno: necesitamos que cada comisión, cada red, cada oficina de género, cada voz con poder dentro del Estado se coloque del lado correcto de la historia. Que se sumen a esta defensa legítima, no desde la formalidad, sino desde la convicción.

Porque cuando los derechos de las mujeres están en riesgo, el silencio no es neutral: es cómplice.

Lo personal es político, y el trabajo también lo es.

¿Dónde está la voz del INAMU ante el proyecto de jornadas 4×3?

Por Enid Cruz Ramírez
Trabajadora social, activista por los derechos de las mujeres

En medio de una discusión nacional crucial sobre el futuro de las condiciones laborales en Costa Rica, llama profundamente la atención el silencio de la actual ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández y la presidenta ejecutiva del INAMU Yerlyn Zúñiga Céspedes, respecto al proyecto de ley que busca implementar la jornada laboral 4×3, es decir, 12 horas diarias durante cuatro días consecutivos, sin pago de horas extra.

El debate no es menor. Las implicaciones de este proyecto van mucho más allá de lo laboral: afectan la vida cotidiana, los derechos sociales, los tiempos de cuidado, el acceso a la educación y la salud integral de miles de personas, en especial de mujeres que viven en condiciones de desigualdad estructural, madres solas, mujeres trabajadoras informales, jefas de hogar, cuidadoras no remuneradas y mujeres de zonas rurales.

Desde una perspectiva interseccional, resulta urgente señalar que las condiciones laborales injustas no se distribuyen por igual: sus impactos se intensifican en las mujeres atravesadas por múltiples opresiones; género, clase, territorio, raza, edad, condición migratoria o discapacidad.

¿Qué ha dicho el INAMU?

El Foro Nacional de Mujeres del INAMU, instancia participativa y consultiva, sí se ha pronunciado en contra de la jornada 4×3. Sus argumentos son consistentes y reflejan una lectura feminista de las desigualdades sociales:

  • Afecta desproporcionadamente a las mujeres que realizan trabajo de cuido no remunerado.
  • Reduce el tiempo disponible para educación, participación social, autocuidado y vida familiar.
  • Viola derechos constitucionales relacionados con la salud, la protección a la familia y el trabajo digno.
  • Contraviene convenios internacionales que protegen a las personas trabajadoras, como los de la OIT.

Sin embargo, las actuales jerarcas del INAMU, no han emitido una postura clara y pública sobre el tema. Esta ausencia de voz institucional desde el INAMU genera confusión, resta legitimidad a la labor del Instituto y profundiza el desencanto social frente a la aparente desconexión entre las instituciones públicas y las realidades urgentes de las mujeres trabajadoras.

¿Por qué importa su postura?

El INAMU no es un actor cualquiera. Como ente rector en materia de igualdad de género, su papel es incidir en las políticas públicas para garantizar los derechos de todas las mujeres, particularmente las más vulnerabilizadas. En un contexto como el actual, donde la violencia patriarcal se expresa no solo en el ámbito doméstico, sino también en el mercado laboral, guardar silencio es políticamente grave.

La falta de posicionamiento ante una medida que representa un retroceso en materia de derechos laborales y justicia social es una forma de violencia institucional por omisión. El silencio no es neutral; es una forma de consentimiento pasivo ante políticas que reproducen la desigualdad.

¿A qué responde este vacío institucional? ¿Presiones políticas? ¿Falta de voluntad? ¿Un enfoque tecnocrático desconectado de la vida real de las mujeres?

Lo que está en juego

La eventual aprobación de la jornada 4×3 no es solo un tema técnico. Es una disputa ideológica sobre el tipo de país que queremos construir: uno que reconozca el valor del tiempo de vida, del descanso, del cuido, de la corresponsabilidad, o uno que normalice la explotación laboral como sinónimo de “eficiencia”.

Sabemos que las mujeres ya viven jornadas dobles y triples. ¿Cómo se supone que vamos a sostener familias, educarnos, cuidar, participar social y políticamente, si el Estado legaliza turnos de 12 horas sin pago adicional?

Urgimos una voz clara y comprometida

En tiempos donde lo estructural golpea la vida cotidiana de las mujeres, el silencio institucional es inaceptable. Se requiere con urgencia que la jerarca del INAMU, así como el propio gobierno, se posicionen de forma clara, crítica y con enfoque de derechos humanos y justicia de género ante este proyecto.

El cuido no puede seguir siendo invisible. El tiempo no es una mercancía. Y los derechos laborales no se pueden negociar como si fueran privilegios.

Costa Rica necesita un INAMU activo, no decorativo. Necesitamos una institucionalidad que se atreva a alzar la voz, aunque incomode.

Lo personal es político, y el trabajo también lo es.
#JornadaDigna #TiempoParaLaVida #4x3NoVa #INAMUHable

Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres convoca para el 1º de mayo

Comunicado

Les compartimos el formulario de participación a la movilización del 1 de mayo, esto porque queremos conformar una columna convocada desde la Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres.

También dentro del formulario pueden añadir los logos de sus organizaciones para acuerpar la convocatoria y realizar una publicación en redes sociales:

https://forms.gle/m5WppYuqgMx1JoXb9

Marzo o las narrativas de la ira

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

¿Cómo se organiza la ira colectiva y la cancelación? ¿Cómo se prepara un linchamiento virtual? ¿Cómo se desautoriza un movimiento de reivindicación por los derechos de las mujeres?

Acuda usted a hacer un ejercicio tan solo de observación (no participante si quiere) a las redes sociales y sus entuertos en lo que llevamos del mes.

A nadie le importan ya las más de 10 mujeres asesinadas en 2025 en Costa Rica. Nadie parece escandalizarse por esas cifras, que año con año aumentan y no se detienen.

Alguien preguntó, con intención malsana diría yo, ¿por qué no se habla de las muertes de hombres a manos de mujeres?

Porque a pesar de lo grave que resulta un solo asesinato, no es todavía un problema de salud pública como si lo son los femicidios, explicados por siglos de una matriz desigual y aniquiladora que no cede. Esta fue la respuesta que recibió la pregunta malintencionada.

La cultura de la cancelación y ahora el linchamiento, resulta un ejercicio interesante para analizar el fondo sociocultural en una sociedad como la costarricense.

La joven, que fue declarada primero desparecida y luego hallada con un hombre bastante mayor que ella, ha sido colocada en el centro de un debate sin pies ni cabeza, que solo explica la existencia de una base cultural bien arraigada en la psique nacional, en la que conservadurismos, adulto-centrismos y una moral religiosa fuerte, inciden en los juicios de valor emitidos al calor de una tecla o una pantalla.

No hemos aprendido gran cosa en estos temas. Pero si el linchamiento vociferante y la cancelación absoluta.

Eso sí.

El 8 de marzo pasado se reeditó la marcha que año con año despierta los más enconados comentarios: “que no son las formas”, “que las paredes no se rayan” “que el apoyo que las mujeres quieren no se gana de esa manera”.

Comentarios así niegan el significado de esta conmemoración de forma absoluta. Se invisibiliza la razón histórica que justifica el desarrollo de esta actividad. De más está decir que se conmemora, no se celebra, las reivindicaciones en materia de derechos para las mujeres, que a nivel global continúan pendientes. Mucho más en Costa Rica.

Una marcha así no debe ser justificada ni explicada, en un país que desata su ira contra las mujeres que la organizan o contra la joven que por dicha apareció viva y no corrió la suerte de las más de 10 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que llevamos de este 2025.

Un país así debería pagarse a ver. Para sanarse. Recuperarse. Ser ese referente de paz y de derechos que siempre ha dicho ser. Cambiar su ira por la comprensión de lo que le falta para llegar a abrigar la equidad como política y bandera.

A eso debería aspirar.

8M Nuestras luchas

Macarena Barahona Riera

Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades” Juana Inés de la Cruz

La huelga de trabajadoras de Nueva York en 1857 por mejores condiciones de trabajo, por disminuir la jornada laboral en la fábrica Cotton y donde mueren 129 mujeres, por un incendio provocado, del cual no pudieron escapar.

El tributo a ellas y la memoria de más de siglo y medio de luchas de las mujeres por mejorar la vida en toda sus dimensiones, fue el inicio levantado en su momento por Alexandra Kolontai en la Rusia revolucionaria, por Rosa Luxemburgo en la Internacional Socialista / víctima también de la violencia patriarcal fascista/, y es desde el año de 1975 que la Asamblea de las Naciones Unidas decide incluir esta fecha en las conmemoraciones mundiales.

Celebremos estos 50 años de Conmemoraciones del 8M, que ha ido creciendo en todo el mundo.

Revisemos su significado histórico y político, y a la vez, construyamos el reconocimiento mundial a las mujeres que pertenecen a la clase trabajadora, a las campesinas, las operarias, las burócratas, las de los diferentes gremios profesionales, técnicos, las asalariadas, a las mujeres migrantes que sobreviven a las guerras y a los desastres naturales y políticos.

Hace 168 años que estas mujeres, probablemente migrantes europeas (Nueva York es fundado por migrantes) pobres, valientes, como son las mujeres cuando emigran, ellas se organizan, ellas deciden luchar, se defienden de la voracidad del capitalismo, se reconocen portadoras y creadoras de riqueza, se dignifican ante nuestro presente donde las mujeres no se perciben a sí mismas como creadoras de capital, generadoras de la riqueza que nuestra clase oligarca guarda en paraísos fiscales, evadiendo los impuestos, para no compartir con la sociedad esa riqueza producto del trabajo de hombres y mujeres.

Empleo, salario, trabajo, producción, educación, arte, ciencia, de la mano de mujeres poderosas y débiles. De la mano de las trabajadoras que luchan por mejores condiciones de trabajo, de las maestras, de las docentes, de las trabajadoras del sector público que luchan por defender nuestro código de trabajo y garantías sociales de la voracidad de políticos y empresarios.

Reconocer y revalorar el trabajo de la campesina, de la obrera agrícola que corta la piña, empaca la yuca, lava el banano, planta las flores, ¿Tendrán todas seguro social?, ¿Tendrán salario mínimo? ¿Tendrán los meses de maternidad? ¿Tendrán sindicato?

¿Sabemos desde la academia y la cultura política, las condiciones de vida de la clase trabajadora, de las mujeres responsables de sus familias, cuidadoras del presente y el futuro, conocemos sus necesidades, sus esperanzas?

Los derechos humanos de las mujeres son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo, el derecho al trabajo, derecho a la participación política, derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales y derechos reproductivos.

Nuestro mayor reto es el derecho a la no violencia, a la paz en la sociedad y en cada familia costarricense para erradicar las muertes y agresiones.

Luchar en contra de la violencia, es defender la democracia, es luchar por La Paz, es construir desarrollo, es el futuro para que las mujeres puedan ser libres. Y en menor desigualdad en todos sus derechos.

Las luchas son también por un pensamiento feminista, que incorpore los aportes de las mujeres, que sea descolonizado, donde la sabiduría de los pueblos originarios y afrodescendientes sea conocimiento y ciencia, donde la naturaleza y el agua tenga derechos, donde las academias e instituciones de salud y de educación eliminen desigualdades.

Las mujeres debemos crear nuestro propio algoritmo, ser solidarias, sororarias, cocuidarnos, sabias de nosotras, Macarena Barahona Riera

8M luchas de las mujeres 50 años de Conmemoraciones del 8M Día Internacional de la Mujer mujeres derechos violencia coeducarnos y reconstruirnos democráticamente, horizontalmente en la libertad y el valor de las obreras de Nueva York de hace 168 años que recordamos cada 8M desde hace cincuenta años!

¡Ni una menos!

Imagen: Invitación al conversatorio acerca de los 50 años de reconocimiento del día por los derechos de las mujeres. Puede ver la nota aquí.

Bitácora de un sufragio

Alejandra Espinoza Arias

Comparto un trabajo hecho en honor a mi abuela, a todas las abuelas que defendieron el voto femenino y a todos los hombres y mujeres que han creído en utopías.

Hoy 8 de marzo solo deseo un día inclusivo donde hombres y mujeres caminemos juntos, de la mano, amando y respetando nuestras diferencias, siempre de cara al sol.

Le invitamos a ver y escuchar Bitácora de un sufragio.

No hay democracia sin las mujeres: Un Llamado a fortalecer la protección y la justicia para las Mujeres

Sábado 8 de marzo, 2025 Costa Rica.

Comunicado

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Costa Rica enfrenta una preocupante y creciente crisis de violencia contra las mujeres, evidenciada en un alarmante aumento de los femicidios. Solo en los dos primeros meses de este 2025, el país ha registrado un tercio de los femicidios ocurridos durante todo el año 2024.

Esta situación de emergencia nacional nos exige un compromiso colectivo de todas las instituciones, sociedad civil y actores clave para frenar esta violencia y proteger a las mujeres en todo el país, porque sin las mujeres no hay democracia y sin democracia no podemos fortalecer la justicia social en Costa Rica.

Es evidente el debilitamiento de las políticas públicas que ha dejado en desamparo a cientos de mujeres que hoy temen por su vida. Datos oficiales del INEC en su informe sobre femicidios (2024) muestran que la tasa pasó de 0.97 en 2022 a 1.00 en 2024, lo que significa un incremento del 69.49% de femicidios con una alarmante inacción estatal.

Según datos del Semanario Universidad (2023) las mujeres en el sector agroalimentario representan el 15.6% del sector, no obstante, el acceso a tierra para mujeres solo representa un 8.1%, si pensamos en el sector laboral, la reducción de derechos persiste, en el país la participación laboral de mujeres para el 2020 se redujo en un 46%. CEPAL (2020) y para el 2024 la brecha salarial en mujeres fue del 33% respecto los hombres.

Las cifras son claras hay un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, el número de femicidios ha aumentado, y muchas mujeres aún viven bajo el temor constante de ser víctimas de violencia. La realidad nacional refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas existentes, garantizar que los recursos sean destinados de manera efectiva y crear nuevas estrategias de prevención que involucren a la sociedad en su totalidad.

Es esencial reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de la protección de las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), así como fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, garantizando que las políticas de prevención, protección y sanción  estén bien implementadas y sean accesibles a todas las mujeres, en especial a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres trabajadoras del sector público y privado, mujeres del campo, mujeres en el trabajo informal y las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar.

Por lo anterior, desde las organizaciones sociales, productivas, académicas, grupos de la sociedad civil y comunidades, hacemos un llamado a una acción conjunta, centrada en soluciones reales y sostenibles. Un llamado urgente para que el gobierno de Costa Rica garantice protección y justicia para las mujeres.

Es fundamental que se continúe promoviendo la educación sobre igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres desde una edad temprana, y que los sistemas de justicia respondan de manera ágil y efectiva a los casos de violencia, asegurando que las víctimas reciban la protección, reparación y justicia, porque la violencia de género no solo es un problema de seguridad, sino también de justicia social.

Debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad.

En Costa Rica la democracia no existe sin las mujeres, no podemos permitir que se normalice la violencia y que se retrocedan derechos humanos conquistados para las mujeres en su diversidad. Exigimos acciones concretas en que puedan salvar vidas y justicia para todas las víctimas de femicidio, con reparación integral para sus familias.

Nos sumamos a las demandas de los diferentes movimientos de mujeres en Costa Rica, a marchar en todo el país este 8 de marzo, por los derechos humanos de las mujeres, porque la lucha contra la violencia género, es una tarea de todos y todas.

Solo mediante acciones concretas y presencia real del Estado, desde un enfoque integral, que involucre a la familia, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, podremos garantizar un Estado de bienestar, un país realmente democrático.

¡Por una Costa Rica sin violencia y con justicia para todas las mujeres!

Los derechos de las mujeres son derechos humanos

La violencia sexual lesiona los derechos humanos de todas las personas que la viven. La dignidad, como principio fundamental para la garantía del respeto por los derechos de todas las personas, requiere la seguridad de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Este debe ser el fin primordial de las instancias públicas encargadas de velar por la promoción, protección y garantía de derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa es el órgano parlamentario encargado de llevar adelante las tareas de control político y legislación para erradicar los patrones culturales y sociales de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en contra de cualquier persona, independientemente de su condición social. Asimismo, la perpetración de la violencia no distingue de posiciones políticas ni clase social, siendo especialmente grave y tortuosa para las sobrevivientes cuando la comete una persona en posición de poder y notoriedad pública.

En días recientes se conoció que el Ministerio Público investiga al diputado del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, miembro de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, por el delito de abuso sexual en contra de persona mayor de edad. Si bien se reconoce el derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso que le asiste a cualquier persona en las instancias judiciales, no se puede omitir que los procedimientos penales por delitos de violencia sexual también acarrean una enorme carga de revictimización, estigmas, prejuicios y costos personales para las personas denunciantes.

Tener una vida libre de violencia es un derecho humano. Por ello, las personas y organizaciones que suscribimos este manifiesto solicitamos públicamente al diputado Alvarado Muñoz abandonar su puesto como miembro permanente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa hasta tanto no se esclarezcan los hechos alrededor del grave delito por el cual se le investiga.

Consideramos que la violencia sexual es sumamente grave, y es deber de la institucionalidad apoyar a las denunciantes y no someterlas a situaciones de revictimización frente a sus presuntos agresores. Aunado a lo anterior, Costa Rica atraviesa una dolorosa espiral de violencia machista que demanda a las personas en puestos de representación popular brindar un ejemplo respetuoso de la dignidad, integridad y seguridad de todas las personas.

La Comisión de Derechos Humanos es un espacio en el cual se debaten asuntos que inciden directamente en el derecho a vivir una vida libre de violencia, razón por la cual no resulta apropiado ni pertinente que una persona cuestionada por aparentes delitos sexuales sea parte de este órgano vital.

Finalmente, se hace un llamado para todas las personas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a alzar su voz y denunciar. Romper el silencio es el primer paso para acabar con el encubrimiento y la impunidad. Asimismo, se insta a la sociedad en general a respaldar a las personas denunciantes de cualquier caso de abuso y violencia, con el fin de que se sientan fortalecidas y acompañadas en sus procesos de denuncia y sanación.

Suscriben,

Elizabeth Odio Benito, cédula 4-0078-0585
María Amalia Matamoros Landázuri, cédula 4-0145-0213
Marco Zúñiga Badilla, cédula 1-1740-00858
Roxana Víquez Salazar, cédula 1-0418-1237
Karla Salguero Moya, cédula 1-0748-0133
Julia María Ardón Morera, cédula 2-0386-0415
Mari Paz Matamoros Matamoros, cédula 4-0189-0362
Amanda Arroyo Cabezas, cédula 1-1656-0001
Yamileth Astorga Espeleta, cédula 1-0540-0192
Mauro Fernández Acuña
Yalile Chan Jiménez, cédula 1-0567-0078
Gabriela Saborío de la Espriella, cédula 1-0572-0355
Guillermo Arroyo Muñoz, cédula 1-0444-0252
Nerina Carmona Castro, cédula 1-0616-0754
Ana Cecilia Castro Calzada, cédula 1-0561-0190
Yara Mourelo González, cédula 2-0382-0947
César Castro Azofefia, cédula 1-1542-0195
Irene Salazar Carvajal, cédula 1-0733-0462
Sergio Iván Alfaro Salas, cédula 2-0464-0844
Nidia Molina Sibaja, cédula 2-0393-0669
Gerardo Hernández Naranjo, cédula 1-0677-0083
Vivian Solís Espinoza, cédula 1-1032-0333
Xinia Herrera Durán, cédula 2-0344-0672
Laura Astorga Carrera, cédula 1-0914-0100
Ana Beatriz Fernández González, cédula 1-0625-0678
Ana Zulema Jiménez Soto, cédula 1-0488-0193
Marta Solano Arias, cédula 1-0453-0311
Ana Helena Chacón Echeverría, cédula 1-0567-0359
Leda Zamora Chaves, cédula 2-0433-0362
Ricardo León Gómez, cédula 3-0445-0638
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1-0483-0426
María Cecilia Aguilar Lara, cédula 2-0252-0321
Wendy Vásquez Pessoa, cédula 3-0364-0290
Carla Ramírez Brunetti, cédula 1-0648-0825
Cristina Salas, cédula 2-0388-0960
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Marlene Mora Camacho, cédula 1-0402-1336
Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 1-0468-0075
Rocío Abarca Sánchez, cédula 7-0160-0677
Luz María Chacón León, 2-0336-0097
Margarita Bolaños Arquín, cédula 1-0407-0764
Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 1-0399-0589
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762
María José De la Mata Mora, cédula 1-1131-0257
Norman José Solórzano Alfaro, cédula 2-0405-0106
Nelsy Saborío Rodríguez, cédula 1-0630-0624
Jenny Castro Acuña, cédula 1-0649-0965
Haydée Hernández Pérez, cédula 1-0559-0946
Claudia Vargas Medal, cédula 155827353415
Georgina Hidalgo Rojas, cédula 2-0325-0498
Sylvia Mesa Puluffo, cédula 8-0090-0464
Ariane Garnier, cédula 1-0624-0634
Syndell Bedoya Rivera, cédula 1-0584-0088
Gabriela Delgado Hidalgo, cédula 1-0963-0626
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6-0161-0193
Nuria Gamboa Mora, cédula 1-0533-0375
Thais Aguilar Zúñiga, cédula 1-0587-0972
Grettel Andrade Cambronero, cédula 1-0953-0838
Rubieth Jaén Angulo, cédula 5-0148-0959
Ericka María Álvarez Ramírez, cédula 2-0532-0025
Damaris Solano Murillo, cédula 5-0193-0665
Sandra Cartín Herrera, cédula 2-0343-0634
María Flor Abarca Alpízar, cédula 2-0285-0063
Nidia García Zamora, cédula 4-0171-0744
Rosa Alvarado, cédula 1-0403-1030
Ana María Botey Sobrado, cédula 1-0473-0692
Yamileth González García, cédula 2-0246-0555
Sonia Marta Mora Escalante, cédula 1-0412-1470
Elizabeth Briceño Jiménez, cédula 1-0721-0134
Jane Seglau Earle, cédula 8-0061-0877
Ana Leonor Saravia Vivas, cédula 1-0838-0916
Alma Aisemberg Saravia, cédula 1-1852-0879
Rebeca Eugenia Quesada Guell, cédula 1-0555-0138
Adriana Sequeira Gómez, cédula 1-1093-0980
Gloriela Brenes Murillo, cédula 1-0741-0195
Sary Montero Cabezas, cédula 2-0259-0860
Lorna Chacón Martínez, cédula 2-0481-0863
Silvia Monge Retana, cédula 1-0737-0490
Daniela Cordero Ardon, cédula 4-0183-0087
América Ardón Apuy, cédula 2-0632-0903
Catalina Obregón, cédula 1-0753-0231
Sara Schifter Sharatt, cédula 1-0313-0051
Dunia Espinoza Esquivel, cédula 1-0847-0569
Seidy Salas Víquez, cédula 1-0864-0094