Ir al contenido principal

Etiqueta: derechos de los pueblos indígenas

Programa Pueblos Indígenas Agroecología y Buen Vivir. Universidad Nacional, Costa Rica – PRONUNCIAMIENTO

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Recientes eventos acaecidos en las últimas semanas alertan sobre amenazas latentes a la estabilidad, el buen vivir y al cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Costa Rica.

1. La defensora de los habitantes Catalina Crespo en declaraciones al periódico La Extra (https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479409/defensora-visita-salitre-y-se-espanta-con-lo-que-ve) censuró al movimiento de recuperaciones de tierra y territorio por la vía de hecho: “Esto es ilegal”. Esta toma de posición resulta de una visita a un grupo de personas reconocidas por su posición contraria y enemistad con los pueblos indígenas de la región, no solo del territorio de Salitre donde ocurrió la reunión. No se conoce que haya visitado otros grupos sociales para tener un panorama más amplio del conflicto.  Con esta manifestación parcializada Crespo se convierte en “defensora” de un grupo anti-indigenista.

2. La señora Crespo asume el discurso malintencionado de que los indígenas recuperadores de tierra son violentos. Sin embargo, se le recuerda a la Defensora que son los indígenas los que han sido asesinados y agredidos de muchas formas en los últimos 10 años. (80 agresiones en el año 2020 y 86 agresiones en 2021según reporta la organización Coordinadora de Lucha Sur Sur. Semanario Universidad, 7 julio, 2021)

3. Las declaraciones de la defensora ocultan el hecho de que la omisión del Estado en cumplir la ley indígena No. 6172 de 1977 es un acto de violencia que se prolonga por 45 años. El letargo del Estado costarricense es complaciente con las invasiones de no indígenas y además parece potenciar la compra y venta de tierras en territorios indígenas; El hecho fomenta la ilegalidad y la impunidad de delitos contra los derechos humanos. (Asesino de Jerhy Rivera confiesa crimen. https://semanariouniversidad.com/pais/presunto-asesino-de-indigena-jerhy-rivera-confiesa-el-asesinato-en-actividad-oficial-en-buenos-aires-donde-lo-aplauden-y-vitorean/ Seminario Universidad, 18 de agosto 2022).

4.  Las recuperaciones de hecho de los últimos doce años son un clamor desesperado de indígenas costarricenses ante la no aplicación de la ley que los lleva a hacer justicia por su propia mano. El movimiento indígena que realiza las recuperaciones de tierra/territorio está haciendo una acción que le concierne al Estado (Artículo 5 Ley Indígena 6172) pero enfrentando violencia, racismo y asesinatos.

5. El 9 de agosto, el presidente en ejercicio y su ministro de Justicia y Paz firmaron una directriz que busca crear una ruta para mejorar la atención de la población indígena de Costa Rica. Para tal fin se creó la Mesa Técnica Interinstitucional.  Sin embargo, su modo de operar es violatorio del derecho indígena. Dicha Comisión hizo una ronda de reuniones durante el presente mes de agosto del 2022 en los territorios indígenas del país en las cuales se permitió la participación y el protagonismo de personas terratenientes no indígenas, esa situación condujo al silenciamiento de los que debían ser escuchados, así como al descredito y desconfianza de que el producto de esas reuniones pueda “mejorar la atención de la población indígena”.

6. El Consejo de Mayores de Salitre (CODIAW), se abstuvo de participar de la reunión de su territorio por sentir “la amenazante presencia de personas no indígenas usurpadoras en diferentes territorios” en un mismo recinto; según manifestaron en su pronunciamiento público del 17 de agosto del 2022.

7. Denuncias similares se recibieron de las reuniones de la Mesa Técnica realizadas en los territorios Cabécar de Ujarrás y Bribri de Cabagra. En esas reuniones se impuso la voz de terratenientes no indígenas, ocupantes irregulares de territorios indígenas y fue silenciada la voz de representantes indígenas.

8. La reunión realizada en la noche del miércoles 17 de agosto del 2022 en la Escuela Rogelio Fernández, en Buenos Aires de Puntarenas, por parte de la Mesa Técnica y con la presencia del viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, fue escandalosa, repugnante y evidencia la amenaza latente a la vida, al derecho indígena y a la paz social del cantón de Buenos Aires. En esa reunión de trabajo un hombre de apellidos Varela Rojas confesó haber asesinado al líder indígena y defensor del ambiente Jerhy Rivera Rivera ante el aplauso de la mayoría de los convocados y la indiferencia de la mesa presidida por el viceministro de Paz. (https://semanariouniversidad.com/pais/comisionado-de-inclusion-social-estuvo-en-reunion-en-la-que-hombre-confeso-haber-asesinado-a-indigena-yehry-rivera/).

9. Instamos vehementemente al gobierno del presidente Chaves y su ministro de Justicia y Paz para que la definición de una política indígena se realice mediante la escucha y consulta exclusiva a los pueblos indígenas y sus organizaciones propias según sus culturas.

10. Las asociaciones de desarrollo indígena (ADI) lesionan la autonomía indígena, no son representativas y funcionan como una agencia del Estado en los territorios indígenas.  Tienen mucho poder y son espacios de clientelismo político. El presidente Chaves las calificó como “club de amigos” por su débil representación de los territorios. https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479170/-las-adi-son-un-club-de-amigos-

11) La acción del Estado debe apuntar a saldar la deuda de 45 años con los pueblos originarios. Debe ser prioridad absoluta del Estado costarricense la devolución de las tierras invadidas a sus legítimos dueños los indígenas que habitan sus territorios desde tiempos precolombinos.

Heredia, 24 de agosto del 2022

Recuperador de Crun Shurín a 12 años de la arrastrada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Por Pablo Sibar Sibar, líder indígena Brörán y defensor de derechos de los pueblos indígenas

Voy a decir lo que siento en estos 12 años que han pasado después de la arrastrada de la Asamblea Legislativa el día 9 de agosto 2010, ese día ahí estaba una Defensora que salió corriendo, dejándonos solos como siempre hemos estado… desde que nuestras tierras fueron invadidas.

Ahí a las 2 de la madrugada abrazados para poder repeler el frío de esa Ciudad fue que conversamos que habíamos agotado todas las vías para que el Estado Costarricense nos devolviera nuestras tierras y ni siquiera nos escuchaban.

Por lo que tomamos la decisión de no volver más a San José a reclamar nuestros derechos que los comenzamos a exigir en nuestros territorios con las recuperaciones de hecho y derecho, que nos arrastraran en nuestros territorios, es así que se empezó con las recuperaciones, hoy hemos recuperado una pequeña parte.

Pero cumpliendo los 12 años otra defensora nos cataloga de violentos y dice que no podemos recuperar, que los Derechos Humanos se tienen que respetar. Yo me pregunto: ¿y quién ha hecho que nuestros Derechos Humanos se respeten?, ¿no es la Defensoría que debería de exigirle al Estado que nos devuelvan las tierras y que nos dejen resolver lo interno entre nosotros? Pero nos siguen tratando como si no pensáramos, como seres inferiores.

En mis más de 40 años de lucha he escuchado a muchos gobiernos decir “vamos a solucionar los problemas”, pero todo ha continuado igual. Cuando dicen que las recuperaciones no se pueden hacer yo les digo que nos den la solución, a nosotras y nosotros no nos han dejado otro camino.

Hoy escucho al Presidente decir que las asociaciones son un club de amigos, pero llevamos años exigiendo que se cambien estas figuras que muchas solo daño le causan a nuestros territorios y no se hace nada. Algunos territorios llevamos años luchando porque se nos reconozca nuestras organizaciones propias sin lograr nada.

Solo quiero decir que me siento orgulloso de ser Brörán y recuperador, que las recuperaciones significan vida, sabiduría, esperanza; que podemos trabajar nuestra propia espiritualidad pero que nuestras recuperaciones también fortalecen a todas y todos los costarricenses, que son vida para toda la humanidad.

Así que espero todavía creer en un estado de derecho, que el Gobierno cumpla con devolvernos las tierras y nos permita una gobernanza propia, que existimos los pueblos indígenas y que merecemos respeto para seguir engrandeciendo este país que lo podemos convertir en la maravilla del mundo.

Ese es mi humilde comentario de hoy 12 años después de la cruel ARRASTRADA de la Asamblea Legislativa, donde lo único que pedíamos era que convocaran el proyecto de ley 14352.

 

Imagen: Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores del Pueblo Bröran. Foto de la UNED.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO – Acerca de la visita de la Defensora de los Habitantes al Territorio Indígena de Salitre, Cantón de Buenos Aires ¿Inconsistencia o cambio de posición de la Defensoría?

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

21 de julio del 2022

Los abajo firmantes, investigadoras e investigadores de las universidades públicas, expresamos nuestra preocupación por las opiniones emitidas por parte de la señora Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho a raíz de la visita que realizó al territorio Indígena de Salitre. Dicho evento, fue publicado por un diario nacional que la difunde bajo los titulares: “Defensora visita Salitre y se espanta con lo que ve” (8 de julio del 2022) y “Funcionarios de Defensoría ocultaron lamento indígena” (11 de julio del 2022)1. Posteriormente, esta acción fue objeto de otras publicaciones en la prensa nacional: “Defensora visita Salitre guiada por abogada condenada a cárcel por usurpar tierras indígenas” (11 de julio del 2022) y “Defensora de los Habitantes califica de ilegales las recuperaciones de los territorios indígenas” 2; el sindicato de la Defensoría también manifestó inquietud por las declaraciones de la señora Crespo3, así como varias organizaciones indígenas cuestionaron en diferentes publicaciones las declaraciones de la señora Defensora4. Luego, el diario vocero de esa visita, agregó un nuevo titular: “Denuncian a funcionarios de la Defensoría de los Habitantes”5 en la que se consignan denuncias hacia personas específicas de esa institución, según se afirma, por parte de la propia señora Defensora, apoyada en las acusaciones realizadas por las personas participantes en la reunión referida.

Ante esta situación consideramos imprescindible manifestarnos y señalar lo siguiente:

1. Los propios pueblos indígenas, los organismos internacionales, diferentes organizaciones no gubernamentales, y la Defensoría de los Habitantes han documentado y denunciado durante décadas y en repetidas ocasiones, la grave violación a los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, la cual ha venido escalando y agudizando a vista y paciencia de la institucionalidad pública y de las autoridades de todos los poderes de la República. Hay avances formales y normativos pero no hay resultados efectivos, ni en la solución de las situaciones urgentes, como lo son la recuperación de sus tierras y la legítima auto representación política, ni en los problemas estructurales e históricos de esta población.

La Ley Indígena 6172 de 1977, la firma del Convenio 169 de la OIT por parte de nuestro país, el voto a favor de la Declaración de la Naciones Unidad sobre el Derechos Indígenas adoptada en 2007 entre otras normativas han sido obviadas en nuestro país. Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han sido seguidas eficientemente por el Estado y ni siquiera la legislación general para las y los ciudadanos costarricense se aplica de la misma manera cuando se trata de personas indígenas.6

Hay en esta acción continuada, más que una desaplicación de la ley, una negación persistente de la condición de sujetos históricos y de sujetos de derechos de las personas y de los pueblos indígenas, que es en extremo preocupante.

2. En el caso de las recuperaciones de tierras en Salitre, es necesario considerar la insistencia y gestión indígena durante decenas de años para reclamar sus tierras por todas las vías legales posibles. Desde los años noventa los indígenas venían planteando procesos judiciales agrarios de reivindicación, que en algunos casos tardaban hasta 8 o 10 años en ser fallados en favor de la comunidad indígena. Luego sucedía que las órdenes de desalojo no se concretaban por múltiples razones de tipo administrativo y hasta político.

Las recuperaciones de tierras son acciones desesperadas que tienen una justificación en la desidia institucional, en la negación de acceso a la justicia, y en la presión histórica que los usurpadores no indígenas ejercieron para dominar en todas las esferas, y apropiarse de estas tierras impunemente. 

Después de una década de las primeras recuperaciones que se dan en el 2012 en Salitre, la intervención estatal ante este hecho continúa pendiente. El Plan RTI (Plan Nacional de Recuperación de Tierras Indígenas) elaborado por el INDER (Instituto de Desarrollo Rural) para atender esta problemática es todavía un documento que está en etapa de campo y no ha logrado hacer efectiva ninguna devolución territorial, después de más de 6 años de haberse iniciado.

De manera tal, que ni las acciones administrativas, ni las acciones legales emprendidas por los pueblos indígenas han tenido resultados contundentes, por lo que las recuperaciones territoriales se mantienen en el horizonte como la única posibilidad de resarcimiento de sus derechos territoriales, aunque esto signifique asumir riesgos contra la integridad de las personas indígenas. En consecuencia, las reacciones violentas de quienes ocupan ilegalmente el territorio, mientras permanezcan impunes, seguirán abonando a la profundización y extensión del conflicto, que lamentablemente ya ha cobrado la vida de dos líderes indígenas: Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera.

3. Según la ley – y lo han reiterado los tribunales de justicia en todas las jurisdicciones- los no indígenas no tienen derechos sobre las tierras indígenas, por eso el papel de un procurador de derechos de la ciudadanía, no es el de ponerse en favor de los usurpadores de tierras, sino en favor de quienes han reclamado por todos los medios, y no les ha quedado más que dirigir sus propias acciones para reivindicar sus derechos.

4. La Defensoría de los Habitantes ha sostenido hasta ahora una posición muy clara en ese sentido, haciéndoles ver a los habitantes no indígenas, que si tienen documentos de propiedad anteriores a 1977 tienen derecho a una indemnización, si por el contrario, adquirieron los terrenos después de 1977, estarían en condición de ilegalidad según la ley y lo que corresponde es el desalojo sin indemnización. Esta explicación la misma señora Defensora la comunicó a la señora Thais Vidal en el año 2020 bajo el oficio: DH-DIND-0176-2020, de manera que dos años después no es posible alegar asombro, ni desconocimiento de una situación que ya conocía y ante la cual había emitido un criterio institucional.

5. Es decir, la Defensoría no solo tiene conocimiento pleno de lo que sucede en los territorios indígenas, de los conflictos, los intereses en juego, las distintas informaciones y desinformaciones circundantes, sino también de los asesinatos, hostigamientos, criminalizaciones y las constantes amenazas de muerte que líderes y lideresas indígenas por parte de finqueros no indígenas, de personas contratadas por ellos o bien, de personas indígenas afines a sus intereses. La señora Defensora ha expresado públicamente que conoce bien esta la situación de los territorios.

6. La Defensoría de los Habitantes ha gozado del respeto y la confianza de lideresas y líderes comunitarios y de la población indígena, gracias al profesionalismo, objetividad, transparencia y coherencia con la que han actuado el personal especializado en derechos indígenas y algunos Defensores y Defensoras a la hora de emitir criterios, informes, alertas, recomendaciones, solicitudes y recordatorios a las instituciones públicas. Estas acciones las han realizado sobre la base de hechos ocurridos en los territorios, datos concretos y observaciones directas. Sin duda, su participación ha sido fundamental en varios momentos críticos en defensa de los derechos indígenas, labor, por cierto, claramente disminuida en los últimos cuatro años.

7.Es ante lo anteriormente expuesto, que nos desconcierta conocer que la señora Defensora emita criterios inconsecuentes y contradictorios con el accionar previo, producto de una reunión en el Territorio Indígena de Salitre donde participaron personas no indígenas que tienen posesiones ilegales en tierras indígenas, cuyas acciones y reacciones organizadas, han desatado violencia, manifestaciones de odio, racismo y sufrimiento. Hostigan e incitan a la violencia, utilizando las redes sociales y algunos medios de prensa para desinformar a la población. Afirmar en ese contexto que las recuperaciones son ilegales es avalar a los usurpadores, revictimizar a quienes han sido agredidos y criminalizar a los defensores de los derechos indígenas.

En particular llama la atención que una de las personas activamente participante -según se dice en la noticia – fuera la señora Thais Vidal, quien fue condenada a tres años de cárcel por usurpación de tierras en Salitre (No. 2016-0321)7 – como es de conocimiento público – llegando al punto de declararse indígena “pluriétnica”8, para obtener su propósito. Dos peritajes culturales llegaron a las mismas conclusiones sobre la falta de legitimidad de documentos aportados por la señora Vidal, acerca de su identidad como indígena bribri y posteriormente la ADI de Ujarrás declaró que tampoco es cabécar. ( Véase Resolución de la Sala Constitucional N°20139-2014 que declara sin lugar Recurso de Amparo). En esas ocasiones, la señora Vidal cuestionó a los profesionales responsables porque sus dictámenes no la favorecen, incluyendo su apelación a la sentencia mediante recurso de casación, el cual la Sala III declaró sin lugar ( R 2017-000585).

Considerando los criterios antes expuestos, con todo respeto solicitamos a la señora Defensora de los Habitantes, que:

  • La Defensoría de los Habitantes conforme a su misión de tutelar los derechos en general y de los pueblos indígenas en particular y en su agenda como Defensora, se mantenga la acción consecuente que la ha caracterizado en la defensa y restitución de derechos de los Pueblos Indígenas, retomando con fortaleza las acciones que estén a su alcance para que se agilice el Plan RTI y todas las acciones institucionales necesarias para garantizar el saneamiento y la seguridad de los territorios indígenas. Así como se ejecuten acciones específicas para garantizar el acatamiento de la normativa nacional e internacional en materia indígena, un papel fundamental de la Defensoría.
  • Aclare la posición de la Defensoría de los Habitantes ante las dudas generadas por sus declaraciones, y en caso de que haya variaciones con el criterio histórico que ha mantenido la institución-, muestre los argumentos y datos que fundamentan un cambio tan importante.
  • En ese mismo sentido, respetuosamente le hacemos un llamado para que el conflicto que viven los pueblos y territorios indígenas por la violación de sus derechos, no sea utilizado para dirimir diferencias institucionales internas, que como es de dominio público, se vienen dando dentro de la Defensoría.

Nombre / Institución:

1. Xinia Zúñiga Muñoz. Investigadora. CICDE – UNED / Proyecto Conflictos Territoriales UCREA-UCR.

2. Denia Román Solano. Proyecto Conflictos Territoriales. UCREA / Esc. Antropología. CIAN UCR.

3. David Solís Aguilar. ProCultura, CICDE-UNED / FLACSO Guatemala.

4. Mauricio Alvarez Mora. Docente en las Escuelas de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y IDELA-UNA.

5. Jeffrey Peytrequín Gómez. Esc. Antropología UCR.

6. Rebeca Arguedas Ramírez. Académica UNED.

7. Andrea Cuenca Botey, Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades UNED.

8. Juan Antonio Gutiérrez Slon, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

9. Patricia Mora Castellanos. Escuela de Estudios Generales UCR.

10. Alberto Gutiérrez Arguedas, Sede de Occidente y CIEP, UCR.

11.Ma. del Carmen Araya Jiménez, CIAN-UCR.

12. Jorge Arturo Lobo Segura. Escuela de Biología, UCR.

13. Helga Arroyo Araya. Proyecto Conflictos Territoriales. UCREA / Esc. Psicología.

14. Alejandro Alvarado Alcázar, Escuela de Sociología, UCR.

15. Onésimo Rodríguez Aguilar, director, Centro de Investigaciones Antropológicas.

16. María E. Bozzoli Vargas, Proyecto Conflictos Territoriales UCREA/Esc.Antropop. CIAN. UCR.

17. Ana Lucía Calderón Saravia, asesora curricular, Centro de Evaluación Académica, UCR.

18. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.

19. Maritza Marín Herrera, Académica de la Escuela de Estudios Generales, UCR.

20. Vernon Soto Lugo. Docente de Ciencias biológicas en la Escuela de Estudios Generales, UCR.

21. Macarena Barahona Riera. Docente e investigadora de Escuela de Estudios Generales.

22. Sylvia Elena Solano Ulate. Docente de la Escuela de Estudios Generales, UCR.

23. María José Chaves Groh. Docente de la Escuela de Estudios Generales e investigadora en el CIEM, UCR.

24. Ángela Ramírez Guerrero. Docente en la Escuela de Estudios Generales, de la Universidad de Costa Rica.

25. Geanina Amaya Rodríguez. Docente de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.

26. César Moya Aburto, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

27. Carmen María Camacho Rodríguez, académica e investigadora jubilada (UNA, UCR, ICAP).

28. Verónica Jerez Brenes, docente, Escuela Estudios Generales, UCR.

29. Ernesto Cortes Amador, docente, Escuela de Antropología, UCR.

30. Silvia Rojas Herrera, académica, Escuela de Sociología, UNA.

31. Catalina Carrillo Vargas, académica IDESPO y Sede Brunca, UNA.

32. Mariana Porras Montero, docente de la Escuela de Trabajo Social, UCR.

33. Celia Barrantes Jiménez, docente interina Escuela de Antropología, UCR.

34. Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR/Proyecto Pueblos Originarios-Universidades Públicas-CONARE.

35. Vania Solano Laclé, docente de la Escuela de Antropología y coordinadora del proyecto EC-581 Observatorio para la acción contra el racismo, CIAN-UCR.

36. Francisco Javier Mojica Mendieta, Antropólogo Proyecto Pueblos Originarios-U Públicas-CONARE; docente posgrado en Antropología-UCR; Director de Revista Trama, ITCR.

37. Giovanni Beluche Velasquez. Coordinador del Programa de Humanidades de la UTN.

38. Zuiri Méndez Benavides, docente Escuela de Sociología y Programa Kioscos Socioambientales, UCR.

39. Luis Andrés Sanabria Zaniboni. Proyecto EC-518 Observatorio Bienes Comunes. Programa Kioscos Socioambientales, UCR.

40. José Antonio Mora Calderón. Docente Sede de Occidente y Coordinador de Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR.

41. Nathalia Vargas Umaña. Trabajadora Social, Gestora Sociocultural y activista feminista.

42. Mar Fournier Pereira. Docente Escuela de Psicología, UCR

43. Mariana R. Mora. Docente Escuela de Sociología UCR

44. Daniel Solano Ulate. Docente Escuela de Danza, Escuela de Música, UNA.

45. Marcelo Valverde Morales. Académico IDELA, UNA.

46. Luis Paulino Vargas Solís, investigador CICDE-UNED.

47. Ali García Segura. Bribri Talamanca. Investigador Facultad Ciencias y Letras UCR.

48. Paulo E. Coto Murillo, Investigador y docente, CICDE-UNED/ Posgrado de Sociología, UCR.

49. Mariano Saenz Vega, Investigador docente Ad-Honorem, UCR.

50. Anacristina Rossi, Profesora de Estudios Generales. Universidad de Costa Rica.

51. Priscilla Carballo Villagra, investigadora, CICDE-UNED.

52. Pablo Arturo Díaz González, investigador, CICDE-UNED.

53. David Arias Hidalgo, profesor-investigador ITCR-

54. Héctor Ferlini-Salazar, director de SURCOS, docente UCR.

55. Raquel Lafuente Chryssopoulos, profesora-investigadora Escuela de ingeniería en producción industrial, integrante del Consejo Institucional ITCR.

56. Evelyn Hernández Solís, Estadística de la Oficina de Planificación, ITCR.

57. Noemy Quirós Bustos, Coordinadora Centro de Investigación CEQIATEC, profesora-investigadora Escuela de Química, ITCR.

58. Roberto Cortés Morales, Director Escuela de Ingeniería en Computación, ITCR.

59. Isabel Ducca Durán, catedrática jubilada de la Universidad Nacional.

60. Carolina Quesada Cordero, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica.

61. Nora Garita Bonilla, catedrática jubilada, Universidad de Costa Rica.

Siguen más firmas…

1 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479409/defensora-visita-salitre-y-se-espanta-con-lo-que-ve. y https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479557/funcionarios-de-defensor-a-ocultaron-lamento-ind-gena

2 https://semanariouniversidad.com/pais/defensora-visita-salitre-guiada-por-abogada-condenada-a-carcel-por-usurpar-tierras-indigenas/ y https://delfino.cr/2022/07/defensora-de-los-habitantes-califica-de-ilegales-las-recuperaciones-de-territorios-indigenas

3 https://delfino.cr/2022/07/sindicato-de-la-defensoria-senala-a-catalina-crespo-por-reunirse-con-usurpadores-de-tierras-indigenas?s=09.

4 https://www.facebook.com/111882987093775/posts/555428809405855/

5 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479926/denuncian-a-funcionarios-de-la-defensor-a-de-los-habitantes

6 La Comisión impuso a Costa Rica la Medida Cautelar 321-12 desde el 2015 vigente hasta el momento. https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp. El país ha recibido la visita de dos Defensores de Derechos Indígenas, James Anaya (2011) y Francisco Cali Tzay (2020) quienes en sendos informes han expresado su preocupación por múltiples violaciones de derechos indígenas en nuestro país. Para mayor información véase https://www.sciencespo.fr/opalc/content/pueblos-indigenas-en-salitre-las-medidas-cautelares-solicitadas-costa-rica-por-la-cidh.html#:~:text=Las%20medidas%20cautelares%20constituyen%2C%20como,de%20la%20CIDH%3A%20la%20violencia

7Dictada a las 11 horas 56 minutos, del 20 de mayo de 2016, por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera. Sentencia de cárcel para Thais Vidal https://www.youtube.com/watch?v=DUF9jcySHBc). La señora Vidal, abogada de profesión, obtuvo ejecución condicional de la pena, lo mismo que su pareja el señor Carlos Gutiérrez Alpízar, abogado y exjuez agrario quienes compran ilegalmente una parcela en Cebror de Salitre a una persona que no era indígena bribrí, pero que de buena voluntad la comunidad indígena la había dejado habitar en el Territorio.

8 ADI de Ujarrás niega identidad indígena a Thais Vidal https://www.tvsur.co.cr/etiqueta/thais-vidal-salitre/

Respuesta de recuperadores y recuperadoras, defensores de derechos humanos a las últimas declaraciones de la Señora Defensora de los Habitantes

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Compartido por SURCOS por Pablo Sibar Sibar. 

Respuesta dirigida a la Defensora de los Habitantes Catalina Sancho Crespo, sobre sus últimas declaraciones presentadas a la prensa, se indica que contradice las labores de su cargo e ignora las posiciones que anteriormente ha defendido respecto a la problemática en los territorios de los pueblos indígenas del sur, donde los finqueros y usurpadores han provocado con anterioridad la muerte de líderes indígenas. Se cuestiona la reunión de la Defensora con personas que han usurpado y ejercido violencia en territorios indígenas, sabiendo de primera mano, la buena voluntad con la cual las comunidades indígenas afectadas han tratado el tema de la usurpación de sus tierras frente a las instituciones estatales y las leyes de este país a fin de lograr una solución pacífica. 

________________________________________________________________________

Defensoría de los Habitantes

Señora
Catalina Sancho Crespo
Defensora de los Habitantes de Costa Rica

REF: Respuesta de recuperadores y recuperadoras, defensores de derechos humanos a las últimas declaraciones de la Señora Defensora de los Habitantes.

Le saludo cordialmente en nombre de las recuperadoras y los recuperadores de territorios indígenas, defensores de nuestros derechos humanos. La presente se debe a sus fuertes afirmaciones en el diario La Extra (1), por la gravedad de estas (2), me veo en la obligación de contarle sobre nuestro proceso de recuperaciones.

Señora Defensora, justo donde usted se reunió en el Territorio Bribri de Salitre con la Señora Thais Vidal (3) fue donde la violencia en los territorios indígenas se exacerbó a partir del año 2012. La causa inmediata fue precisamente, que la Señora Vidal, siendo abogada y quien dice ser indígena pluriétnica, en aquel momento con su esposo Señor Carlos Gutiérrez Alpízar, abogado y exjuez Agrario, compraron ilegalmente una parcela en la comunidad de Cebror de Salitre a una persona no indígena, que de buena voluntad la comunidad había permitido habitar el área. Sobra señalar que como profesionales en derecho e incluso como Juez Agrario ambas personas (Señor Gutiérrez y Señora Vidal) conocían sobre la ilegalidad de comprar tierras dentro de un territorio indígena.

Además de la compra y posesión ilícita, estas dos personas demarcaron con cercas violentando los linderos de la parcela, hecho por el cual la Asociación de Desarrollo finalmente realizó gestiones para su desalojo. Desde entonces, esta pareja organizó un movimiento de muchos finqueros los cuales usurpan nuestros territorios, donde imponen violencia en contra de nuestros pueblos sembrando el miedo y terror.

Todo este contexto fue la razón por la que se conformó una mesa de diálogo mediada por la Defensoría de los Habitantes, el PNUD, Gobiernos de Pueblos indígenas del sur Buenos Aires y Pérez Zeledón. De esta forma se logró demostrar que ni la Señora Vidal ni el Señor Gutiérrez son indígenas ni tienen derecho alguno de posesión, por lo que posteriormente se logra su desalojo.

Además, ambos tuvieron causas abiertas por la Fiscalía donde fueron condenados por el delito de usurpación, condena que fue confirmada incluso por la Sala Tercera.

Señora Defensora, los pueblos indígenas siempre hemos contado con el acompañamiento técnico de la Dirección de Igualdad y no Discriminación, particularmente resaltamos la gran labor del Señor Álvaro Paniagua y la Señora Marjorie Herrera así como otras y otros funcionarios. Incluso, durante el inicio de su mandato, cuando usted respetaba el criterio técnico de dicha oficina, usted misma ha estado presionando al Ejecutivo para que asuma correctamente la situación sobre el proceso de saneamiento territorial mediante la expropiación y el desalojo de las personas no indígenas que tienen tierras o viven dentro de nuestros territorios. La Defensoría ya ha manifestado su preocupación pues en los últimos años, que ha estado en “marcha” el Plan RTI a cargo del INDER, no se ha retirado a ninguna persona no indígena de ninguna finca dentro de ningún territorio. También es un hecho conocido y validado por esta Defensoría que desde la “Arrastrada” en el 2010, no nos quedó otra opción que recurrir a las recuperaciones pacíficas por la vía de hecho y derecho, exponiendo nuestras vidas.

Es contradictorio lo que usted ahora manifiesta en prensa Señora Defensora, “que estamos olvidados”, pues como dije anteriormente, la Defensoría de los Habitantes ha sostenido una posición técnica clara con los habitantes no indígenas, haciéndoles ver que si tienen documentos de propiedad anterior a la ley del 1977 tienen derechos a la expropiación pero si los adquirieron después solo les corresponde el desalojo simple, sin ninguna indemnización. Todo esto consta en el Informe Anual de Labores 2020-2021 de la Defensoría de los Habitantes, de particular atención la página 96.

Le pregunto por qué la Señora Defensora de los Habitantes acude a una reunión con personas que las y los habitantes indígenas hemos denunciado por agresiones, amenazas, discriminación, usurpación, y otros delitos. Denuncias que no se reciben en muchas ocasiones o se tramitan discriminatoriamente en todas las oficinas judiciales, ahora incluso atentado por una persona que ostentando el cargo de Diputada de la República, la Señora Sonia Rojas, afirma ser indígena cuando no es reconocida como tal en ningún por ningún pueblo indígena. Siempre hemos reclamado el respeto a nuestro derecho de acceso a la justicia y la Defensoría de los Habitantes siempre dio acompañamiento a estos tratos discriminatorios.

Señora Defensora, usted le dio cobertura mediática incluso con fotografías en el sitio de la visita, dejando en claro su interés figurativo más allá de la resolución real del problema o incluso dejando de lado el análisis de riesgo de violencia que dicha acción podía provocar.

Usted miente al afirmar desconocimiento de la situación real de tierras e incluso de problemas internos que enfrentamos los territorios del sur, porque usted si ha tenido reuniones con nosotras y nosotros. En la Asamblea Legislativa usted reconoció que fue a darle las condolencias a la Madre de Jehry, y ahora se alía con quienes provocaron el contexto de su muerte. Usted está propiciando la violencia en contra de nuestros territorios al reunirse con el sector reconocido por propiciar agresiones armadas incitar a la violencia creando más odio y racismo contra nuestros pueblos (4).

En su visita a Salitre, Diario La Extra afirma que en dichas reuniones se conversó sobre separar de su cargo e incluso iniciar investigaciones contra funcionarios como la Señora Marjorie Herrera y el Señor Álvaro Paniagua. Es lamentable escuchar que la persona que ostenta el cargo de Defensora de los Habitantes, lejos de querer fortalecer la institución y respetar su investidura, busca al contrario alejar a las únicas personas dentro de la Defensoría con la capacidad técnica y la experiencia suficiente para conocer realmente la situación de los derechos indígenas. A ambos tengo muchos años de conocerlos y solo sé que son defensores de los derechos indígenas. Derechos, que como usted sabe, han sido olvidados, pisoteados y violentados por los que tienen la autoridad para garantizarlo.

Se hace absolutamente necesario conocer con la profundidad y dimensión adecuada, la situación de nuestros pueblos y los problemas que afrontamos. Siempre he abogado por nuestra autodeterminación y he dicho que los problemas nuestros los arreglamos nosotros, respeten nuestro derecho de autodeterminación y déjennos solucionar nuestras diferencias, porque mientras los de la Capital sigan sembrando nuestras diferencias será muy difícil encontrar una solución.

Señora Defensora, su rol es buscar la solución y mediar para que se nos devuelvan las tierras, por favor haga todo lo que esté a su alcance en esa ciudad que a nosotras y nosotros se nos hace tan difícil llegar. Yo le garantizo que si las tierras fueran nuestras y se respetaran todos nuestros derechos, donde nosotros tengamos nuestra propia autonomía, los problemas serían menores porque uno de los grandes problemas que enfrentamos es la intromisión desde afuera queriendo ser los salvadores, pero esa práctica discriminatoria lo único que logra es fomentar más el odio y racismo.

En nuestras recuperaciones hay vida, esperanza y espiritualidad se siente un buen vivir para vivir bien y esto lo que garantiza la vida para las siguientes generaciones, que no sufran todos los atropellos que hemos vivido nosotros.

Esperando su respuesta, se despide un recuperador de hecho muy orgulloso y defensor de los derechos indígenas.

Pablo Sibar Sibar
Indígena Brörán del Territorio Indígena Térraba
Beneficiario MC 321/12 CIDH

CC:

-Naciones Unidas
Señor Francisco Cali Tzai, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Señora Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Señora Ana Maria Upegui, OHCHR Costa Rica.

-Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH
Comisionada Esmeralda Arosema de Troitiño, Relatora para Pueblos Indígenas.
Comisionado Carlos Bernal Pulido, Relator para Costa Rica.
Sra. Fernanda Alves dos Anjos, Coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales.

-Autoridades Estatales
Señora Natalia Díaz, Ministra de la Presidencia de la República.
Señor Ricardo Sossa, Comisionado de Inclusión Social de la Presidencia de la República.
Señora Diputada, Presidenta Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos Asamblea Legislativa.

-Forest Peoples Programme.

-Front Line Defenders.

Notas:

1 Diario La Extra, “Defensora visita Salitre y se espanta con lo que ve”, nota del 8 de julio del 2022.

2 Delfino CR, “Defensora de los habitantes califica de «ilegales» las recuperaciones de territorios indígenas”, nota del 11 de julio 2022.

3 Semanario Universidad, “Defensora visita Salitre guiada por abogada condenada a cárcel por usurpar tierras indígenas”, nota del 12 de julio 2022.

4 Semanario Universidad, “Sindicato de la Defensoría de los Habitantes reclama a Defensora por avivar conflicto en Salitre exponiendo a indígenas y luego salir del país”, nota del 15 de julio 2022.

5 Diario La Extra, “Denuncian a funcionarios de la Defensoría de los Habitantes”, nota del 18 julio 2022.

La lucha de los pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

La colectividad ciudadana de un país no puede aspirar a un desarrollo sostenible y justo, ni puede por tanto vivir feliz, mientras esa nación no cuente con reglas claras de convivencia y, además, todas las personas desde su niñez temprana se eduquen en una cultura de respeto a las diversas minorías étnicas que perviven a lo largo de todo el territorio.

En Costa Rica lo primero, es decir las reglas claras con respecto a los derechos de las minorías, tras mucho trabajo, se han venido por fin estableciendo mediante leyes y decretos en diferentes gobiernos. Aunque todavía falta mucho. Hoy me propongo hacer un recuento, el cual no pretendo que sea exhaustivo, de algunas de estas conquistas consagradas en nuestra legislación relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, nadie puede pasar por alto que, aun cuando los derechos alcanzados son significativos e importantes, subsiste una resistencia a respetar y aceptar la legislación aprobada, por parte de personas no indígenas que, invaden recurrentemente sus propiedades, agreden y asesinan a los pobladores indígenas, atropellan sus derechos, ante la complaciente connivencia, en muchas ocasiones, de autoridades de policía, jueces y hasta el desdén de funcionarios públicos responsables de garantizar los derechos alcanzados por los pueblos indígenas.

Quiero decir con lo expresado que, desde mi óptica, la cultura de respeto y tolerancia carece de arraigo y por tanto de consistencia entre una gran parte de la ciudadanía costarricense. Si lo afirmado por mí es cierto, como con fundamento en hechos creo que lo es, advierto que ello vulnera como nada la solidez del nuestro sistema democrático. En efecto, desde el punto de vista politológico, no hay verdadera democracia sin una cultura de tolerancia hacia las etnias y poblaciones minoritarias que habitan el territorio, ya sea desde antes de la conquista española o más recientemente.

Hago un inventario pues de lo que tenemos en materia de leyes, convenios y decretos. Costa Rica tiene ya un amplio bagaje de leyes mediante las que se han reconocido los derechos de los pueblos indígenas. El conocido periodista costarricense, Msc. Eduardo Ulibarri, en calidad de Embajador permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014), presentó un informe ante ese honorable “Foro”, en el cual destacó: “…además del Convenio 169 de la OIT, del que somos Estado Parte, [existe] el artículo 76 de la Constitución Política que establece la obligación del Estado de velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales y la Ley Indígena de 1977 y su Reglamento que ha procurado hacer efectivos esos derechos. También hemos apoyado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desde su desarrollo y adopción.” Y continuó diciendo que: “Existe, además, una importante jurisprudencia en materia de derechos de los pueblos indígenas, especialmente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en temas tan diversos como el derecho a la tierra y la propiedad comunal, el acceso al agua potable y el derecho a la salud, por ejemplo. Igualmente, la Defensoría de los Habitantes, institución nacional de derechos humanos independiente, ha realizado un importante trabajo en la materia…” (Cfr. Ulibarri B, Eduardo. “Derechos de los Pueblos Indígenas.” Informe ante la Asamblea General de NNUU. 21 de octubre, 2013)

El propio Ulibarri afirma en este artículo que (parafraseo), el marco jurídico que establece derechos y la jurisprudencia que se haya dejado sentada por la Sala Constitucional, devienen insuficientes para proteger los derechos de las comunidades indígenas, mientras no existan políticas y acciones estatales que velen por su cumplimiento efectivo. (Ibid.) Por mi parte he expresado un criterio más exigente aún; puesto que, además de lo anterior, considero crucial que una sociedad avance en su nivel cultural inculcando, desde temprana edad, una formación civilista en la ciudadanía; lo que equivale al desarrollo en todas las personas de valores sólidos de tolerancia y respeto, así como una educación sustentada en el principio de igualdad entre todos los seres humanos, indistintamente de su nivel social, su etnia, sus creencias políticas, religiosas, su género o sus preferencias sexuales. Todos somos iguales en dignidad y poseemos el mismo derecho a tener oportunidades para una buena salud, una educación de primera calidad, obtener empleo y aspirar a un desarrollo con bienestar para toda la sociedad y para cada individuo; lo expresado, equivale al derecho a un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza y el medio ambiente, con justicia social, equidad y paz.

Uno de los más importantes requisitos de esa cultura integral civilista, es el imperativo de que cualquier proceso de desarrollo que afecte de una u otra manera la integridad de los territorios de los pueblos indígenas, debe merecer obligatoriamente la consulta con las mismas comunidades indígenas que vayan a resultar afectadas. Algo tan básico, no es sino hasta el 2018 que se estableció por medio de la directriz gubernamental No. 017-MP-MJP, el imperativo de la consulta indígena previa para el sector público, con el fin de comenzar el “Proceso de construcción participativa e intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024” (Cfr, Presidencia de la República. “Pueblos Indígenas Participan Activamente en Construcción de su Política Pública.” 15 de octubre del 2021.)

Este mecanismo de validación adquirió plena actualidad, a raíz del Proyecto Hidroeléctrico de Diquís, el cual se desarrollaría en una parte importante del territorio indígena sin haber consultado a esos pobladores, cuyas vidas se han desarrollado ahí desde “siempre”. Fue a raíz del conflicto que se produjo con los pueblos originarios de aquel territorio que, se buscó establecer una fórmula para normar el derecho a la consulta previa. En aquel momento, no existía una reglamentación siquiera para encausar el diálogo social y la consulta previa. No es por mera casualidad que esta reglamentación no existía. Ha prevalecido en la cultura nacional un enorme menosprecio hacia la cultura de las poblaciones indígenas. Tan es así que varias de las 18 etnias que provienen de los pueblos originarios, están a punto de extinguirse: sus lenguas en algunos casos han desaparecido o están casi por desaparecer debido a que, principalmente, a los párvulos el sistema educativo nacional no les ha ofrecido la posibilidad de aprender su lengua vernácula. El Embajador Ulibarri reconoció que fue hasta julio del 2013, que el Ministerio de Educación aprobó una reforma mediante la que se reconoció como lenguas maternas de los pueblos indígenas de Costa Rica, la Cabécar, Bribri, Ngöbe, Buglé, MaleKu, Teribe y Boruca.

Sin embargo, las matanzas e invasiones a los territorios autónomos de los pueblos originarios han continuado por parte de los no indígenas. Todo ello sigue ocurriendo, no obstante que, el país cuenta con la Ley Indígena de 1977, así como con los demás decretos y directrices emitidas más recientemente por diferentes gobiernos para proteger los bienes de los pueblos originarios y sus propias vidas ¿Cuál es la razón que justifique semejante desaguisado? No encuentro otra causa o explicación que no sea la discriminación, el menosprecio, hijo de los prejuicios de la cultura dominante contra las diferentes culturas de pueblos indígenas, a las que sometieron salvajemente para extraerles sus riquezas y pertenencias; primero fueron los colonizadores españoles y posteriormente las diferentes élites políticas y económicas de criollos mestizos que, en lo medular han gobernado Costa Rica desde la Independencia hasta el presente.

También, los pueblos originarios, sus diferentes etnias han sufrido el despojo de sus tierras de forma ininterrumpida durante la colonia, y después durante todo el período de la Independencia hasta el presente. Muchos debieron refugiarse en las montañas de Talamanca, por ejemplo, para no ser objeto de la esclavitud, o ser reducidos a las “mitas” y “encomiendas”, o al “yanaconazgo.” “Mita” era el trabajo de los indios en las minas, la “encomienda” por su parte en la agricultura y ganadería, y el “yanaconazgo” era un sistema de reclusión forzada que se aplicaba a los indios rebeldes. Los habitantes originarios, que hacían gala en muchos casos de un respeto sagrado por la naturaleza y el medio ambiente, fueron obligados a renunciar a sus valores culturales, a su cosmovisión, a sus creencias religiosas, a su idiosincrasia. Como dijera el poeta Arturo Agüero Chaves en su celebre poema: “Nicoya”, muchos fueron muertos por no renegar [de sus dioses y creencias] en las aguas del bautismo del cristianismo.

Toda esta tradición centenaria de maltrato, asesinato y despojo de las tierras ha penetrado en la ideología de muchos blancos invasores, por lo que la lucha de los indígenas no se torna fácil. Todavía se sigue irrespetando la ley indígena No.6172 de 1977, la cual reconoce oficialmente la propiedad y tenencia de los territorios indígenas en el país, basada en los derechos ancestrales de estos pueblos. Estos territorios miden cerca de 350.000 hectáreas, lo que constituye más o menos el 7% del total, estimado en poco más de 5 millones doscientas diez mil hectáreas.

Debo insistir, no es sino hasta muy recientemente que, se empezó a amojonar, es decir, a poner límites en los territorios indígenas, para proteger a los pueblos originarios de las constantes invasiones de grupos no indígenas. Ello ha sido fruto en gran parte, de la misma lucha de los pueblos indígenas, apoyados por la intervención de organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, y por los relatores de las Naciones Unidas. Para lograrlo, el gobierno nacional, debió echar mano del INDER, de las mismas organizaciones indígenas, y en ocasiones del Ministerio de Seguridad Pública. En el 2012, se comenzó con el pueblo de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas. Posteriormente, en 2013, se tramitaron decretos encaminados a asegurar los límites del Territorio Indígena de Matambú, la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó y seguidamente el Territorio Indígena de Zapatón.

Por otra parte, en el reciente informe de la Administración Alvarado Quesada, el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, rindió cuentas de lo actuado en cuatro años (2018-2022) por esta administración con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Se produjo una alta inversión en conectividad en las distintas poblaciones, coordinando con instituciones como el ICE y FONATEL. También se trabajó en temas de vivienda específicamente para atender las necesidades de estos pueblos. Randall Otárola da cuenta de que se construyeron viviendas respetando la cultura y los derechos identitarios de los indígenas, o sea valorando las formas de convivencia de estas culturas ancestrales. Fue entonces que se emitió la directriz a la que se hizo alusión líneas arriba. Esta hace referencia al mecanismo general de consulta, se fortalece el Plan RTI para la devolución de las tierras que pertenecen a los pueblos originarios usurpadas por los blancos. Hubo apoyo además en la construcción de infraestructura en colegios, liceos y de manera importante en temas de salud. Todo lo cual representó una inversión de más de sesenta mil millones de colones durante los cuatro años. El viceministro insistió en que todos estos planes implicaron la incorporación de las dirigencias de las diferentes etnias indígenas en la elaboración del Plan de Desarrollo para los Pueblos Indígenas.

Para Randall Otárola, el mecanismo de consulta a los pueblos indígenas constituyó una prioridad de la administración y considera que “…la consulta representó un hito en el cumplimiento de los derechos de estos pueblos.” (Cfr. Otárolla, Randall. “Informe de la Presidencia de la República.” 2021-2022. San José, Costa Rica.) La fase de consulta previa implicó un proceso participativo, libre e informado, para facilitar el diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Se visitaron 24 territorios para la construcción de Planes de Consulta, de acuerdo con el “Mecanismo General de Consulta Indígena”, aprobado en el 2018. Este proceso dio lugar a la elaboración del borrador y el documento final de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024. El trabajo para la elaboración del borrador de la Política Pública fue liderado por el mismo Randall Otárola en su calidad de viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, según Decreto No. 40.993; contó para cumplimentar la tarea con el apoyo del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), así como con representantes de Naciones Unidas. Todo el proceso se realizó en forma mancomunada con líderes de las poblaciones indígenas y tratando de garantizar los derechos de estas poblaciones, según convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica; de manera muy especial se ampararon en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (Cfr. presidencia.go.cr “En Kéköldi inicia Histórica Consulta de Política Pública para los Pueblos Indígenas.” 17 de setiembre 2021).

Empero, sin menosprecio a estos esfuerzos recientes, el hostigamiento contra las poblaciones indígenas, sean estos bribris, cabécares, ngöbes o malekus no ha logrado controlarse, con lo que seguimos lamentando muertes y constantes violaciones a los derechos humanos. Este ha sido el caso de Jerhy Rivera, dirigente indígena térraba, quien fuera asesinado en el 2020 de cinco disparos contra su humanidad. En la misma región, el 18 de marzo del 2019, fue víctima de otro crimen el líder indígena Sergio Rojas. Ambos habían sido objeto de constantes amenazas de muerte.

La recientemente fundada Asociación para el desarrollo sostenible y sustentable Madre Tierra, ha incursionado en el territorio maleku de San Rafael de Guatuso, por iniciativa de la profesora Noemy Mejía (de extracción maleku), para unir los esfuerzos en el desarrollo de “ecocomunidades” con la población autóctona. La comunidad decidió iniciar los esfuerzos mediante la reforestación de la cuenca del río que la abastece de agua. En este caso también, invasores blancos invadieron partes del territorio maleku, provocando una gran deforestación arriba de la naciente con lo que acarrearon un grave daño desatando una considerable disminución del agua que consume la comunidad.

Este es el día a día de infortunio y desasosiego que padecen muchas comunidades indígenas en nuestro país. Aunque ha mejorado la actitud de algunas autoridades, la sociedad costarricense en su mayor parte permanece impasible ante las amenazas y delitos contra los derechos humanos y la propiedad de los primeros pobladores de estas tierras, cuyos ancestros estuvieron aquí mucho antes del descubrimiento, la conquista y colonización española.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Alerta Temprana – Agreden a menor cabécar y amenazan con nuevo ataque en el Territorio Cabécar de China Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

  • El menor cabécar Alonso Fernández Zúñiga, miembro de familia recuperadora cabécar de Kono Jú, fue amenazado por Leandro Rivera Venegas.
  • Recuperadoras/es Cabécares emiten alerta temprana sobre posible nueva agresión de la familia Rivera Venegas.

Comunicado:

El miércoles 13 de abril 2022, poco antes de las 6:00 p.m el joven cabécar Alonso Fernández Zúñiga de 18 años fue interceptado por Leandro Rivera quien le agredió físicamente y amenazó con un arma blanca. 

Posteriormente, Leandro Rivera Venegas amenazó sobre un nuevo ataque por parte de su familia contra el Pueblo Cabécar de China Kichá que se encuentra recuperando tierras-territorios. 

Advertimos a la comunidad nacional e internacional, así como al Gobierno costarricense sobre esta alerta temprana. Cualquier agresión o atentado contra la vida del Pueblo Cabécar es responsabilidad del Estado costarricense. 

Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú. 
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego.
Recuperadoras y recuperadoras de Sa Ka Keirö Kaska.

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

Enlace a publicación en Facebook: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/497760745172662/

Nuevas amenazas de muerte contra recuperadoras (es) cabécares de China Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur:

Comunicado

– Un sujeto de apellido Morales, con vínculos personales con la familia Rivera Venegas y con antecedentes penales, amenaza a recuperadores (as) cabécares de China Kichá.

Jueves 14 de abril 2022. Según fuentes confiables un sujeto que responde al apellido Morales, dentro del Territorio Cabécar de China Kichá declaró que con él las cosas eran diferentes. Dijo que él sí se encontraba armado y dispuesto a asesinar a cualquier persona recuperadora de China Kichá. Las declaraciones fueron realizadas el día de ayer miércoles 13 de abril en horas de la noche.

El sujeto de apellido Morales es reconocido en el Territorio por su relación sentimental con una integrante de la familia Rivera Venegas, es importante recalcar que el sujeto cuenta con antecedentes penales por distintos delitos.

Morales vive en la comunidad de Pejibaye, en las cercanías del Territorio Cabécar de China Kichá y ha sido visto cerca de la pulpería y el bar de la comunidad de China Kichá.

Alertamos a la opinión pública nacional e internacional, además de las autoridades estatales correspondientes. Denunciamos también que el puesto de la Fuerza Pública en la comunidad de China Kichá es deficiente, y por la escalada de agresiones de los últimos meses se pone en evidencia que no cumple con su objetivo de velar por el mantenimiento del orden público.

Reiteramos que cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado costarricense.

Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego.
Recuperadoras y recuperadoras de Sa Ka Keirö Kaska.

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios! Fuente: https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur/posts/498289631786440

Sergio Rojas Ortiz 1960-2019 / Jerhy Rivera Rivera 1974-2020

Escrito en . Publicado en Derechos.

Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, fue un líder fundamental en la defensa de los Derechos, cosmogonía y modos de vida de los Pueblos Originarios que habitan Costa Rica. Sergio fue clave en los procesos de recuperación de tierras-territorios ancestrales, acciones que son una respuesta a las décadas de violencia estructural contra los Pueblos Originarios.

Otro de los grandes líderes de los pueblos originarios fue Jerhy Rivera Rivera específicamente del sector de Térraba. Ambos líderes mencionados anteriormente comparten el hecho de que sus muertes siguen impunes en cuanto no se han castigado a los causantes de sus fallecimientos. 

Si desea observar el video, ingrese en el siguiente enlace: https://fb.watch/bPjAoCAQSQ/

Berta Cáceres, defensora ambientalista hondureña. Se cumplen 6 años de su brutal asesinato

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Manu Mediavilla, colaborador de Amnistía Internacional

En la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, cuatro hombres armados dispararon a Berta Cáceres, valiente defensora de los derechos medioambientales e indígenas, en su casa de La Esperanza, en el sur occidental de Honduras. Berta falleció a consecuencia de los disparos poco después de la medianoche en un día aciago para el activismo social. Hoy se cumplen seis años de su asesinato.

¿Qué defendía Berta Cáceres?

Berta Cáceres fue una prominente líder indígena de Honduras, cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, que es un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de esa zona del noroeste hondureño.

Berta no fue la única defensora de los derechos humanos asesinada aquel año debido a su trabajo pacífico. Y, desde entonces, han muerto violentamente centenares de defensores y defensoras más. Los responsables rara vez son llevados ante la justicia, lo que da pie a que continúen los ataques. Honduras, el país natal de Berta, sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

Berta Cáceres fue una mujer indígena Lenca y una de las defensoras medioambientales más conocidas de Honduras. © Goldman Environmental Prize. (Amnistía Internacional).

¿Quién mató a Berta Cáceres?

El pasado 5 de julio de 2021, el Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpable a David Castillo (exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos DESA S.A. y responsable del proyecto) como coautor intelectual del asesinato de Cáceres, tras un juicio en el que se presentaron 62 pruebas para acreditar sus vínculos con los autores materiales del asesinato y con las siete personas ya condenadas en 2018. Castillo es la octava persona condenada por la muerte de Cáceres. Anteriormente fueron condenados tres sicarios y cuatro personas vinculadas a DESA y al Ejército.

Pero la sentencia de David Castillo sigue pendiente, lo que llevó al COPINH a protestar el pasado 12 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial aclaró en su cuenta oficial de Twitter que el tribunal “está en proceso de redacción de la sentencia condenatoria”.

En COPINH se considera una «victoria popular» la declaración de culpabilidad de Castillo, cuyos vínculos con personas ya condenadas por el asesinato de Berta Cáceres quedaron acreditados en el juicio, así como su conocimiento de un fallido primer intento de acabar con su vida. La activista sufrió una persecución constante durante años, que obligó a parte de su familia a abandonar Honduras durante varios meses y a ella misma a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar un posible secuestro.

“La activista sufrió una persecución constante durante años, que obligó a parte de su familia a abandonar Honduras durante varios meses y a ella misma a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar un posible secuestro.”

Incluso así, su discurso firme y su capacidad movilizadora lograron que el conflicto se visibilizara en el exterior, lo que movió a algunas compañías internacionales –como la china Sinohydro o la Corporación Financiera Internacional adscrita al Banco Mundial– a retirar sus inversiones. Y en Honduras, como subraya su hija Laura Zúñiga, “su vitalidad, su compromiso y su valentía siguen vivos en nosotros”, porque “no está muerta, está multiplicada” y sigue “presente en cada una de las personas que continuamos con la lucha”. Convertida ya en un auténtico símbolo de la comunidad lenca, remarca: “mi madre me dejó muchas enseñanzas y toda su fuerza. Las personas que luchan por la vida, nunca mueren”.

Desde Amnistía Internacional, su directora para América, Erika Guevara-Rosas, ha insistido en que “las autoridades hondureñas deben poner fin a la impunidad», porque “no habrá nunca una completa justicia para Berta hasta que todos los que participaron en el crimen, incluidos los que lo planearon, sean llevados ante la justicia».

Berta Cáceres fue galardona con el Premio Goldman, el mayor reconocimiento del mundo para medioambientalistas. © Goldman Environmental Prize. (Amnistía Internacional).

Berta Cáceres, Premio Goldman y Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia

Berta recibió el Premio Goldman (el mayor reconocimiento del mundo para medioambientalistas, el denominado Nobel Verde o Nobel de Medioambiente) en 2015, un año antes de su asesinato. Y en el 2021, a título póstumo, el Parlamento Europeo le otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, un galardón que comparte junto a personalidades como Nelson Mandela.

El informe de Global Witness revela que tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 tuvieron lugar en América Latina. Unas 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su tierra y el planeta. A nivel mundial, se registraron 227 ataques letales, lo que supone un incremento por segundo año consecutivo. Honduras es el quinto país del mundo donde más personas defensoras de la tierra y del medioambiente fueron asesinadas durante el 2020, con 17 asesinatos.

10 frases por las que Berta Cáceres será siempre recordada

Berta Cáceres fue una prominente defensora de los derechos humanos. En la imagen, junto a gente de su pueblo. © Goldman Environmental Prize. (Amnistía Internacional).
  • «Y creo que en todo eso también hemos aprendido a que pese a que es muy duro, muy doloroso, hemos aprendido también a luchar con alegría. A luchar con alegría, con esperanza, con fe. Hemos aprendido a luchar en diversidad. Hemos aprendido a luchar con musica, con ceremonias, con espiritualidad. Donde nos acompañan nuestros ancestros y ancestras, nuestros Nahuales, nuestros espíritus. Eso es. Creo que eso es lo que nos alienta. Y saber que aquí no hay otro planeta de repuesto. Solo hay uno».
     
  • “Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca, yo sabía lo duro que iba a ser. Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río”.
     
  • “Vos tenés la bala… Yo la palabra… La bala muere al detonarse… La palabra vive al replicarse”.
     
  • “Lo que nos inspira no son los premios, sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo”.
     
  • “Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar”.
     
  • “¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.
     
  • “¡Los pueblos indígenas somos fuertes! A pesar de 522 años de opresión, de esclavitud, de exterminio. ¡Existir hoy como pueblos quiere decir haber demostrado la fuerza que tenemos!”.
     
  • “No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas”.
     
  • “El reconocimiento de los derechos de las mujeres no es un favor: es una obligación del Estado”.
     
  • “De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta…”.

 

Publicado en https://www.es.amnesty.org/

El conflicto indígena en Costa Rica: usurpación, asesinatos y corrupción

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se comparte el video documental «El conflicto indígena en Costa Rica: Usurpación, asesinatos y corrupción» del colectivo NO PASA NADA. Gracias al apoyo por la lucha de los derechos de los Pueblos Originarios, así como la confianza y coordinación con la CLSS para la producción del material.

En el 2021 inició una investigación para intentar exponer, desde la perspectiva de algunos pueblos indígenas, la complicada situación que viven hoy ante la inacción del gobierno costarricense. 

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios! 

Para acceso al video siga el siguiente vínculo https://www.facebook.com/111882987093775/posts/462755805339823/

La plataforma “NO PASA NADA” es 100% independiente y se encuentra disponible en: https://www.patreon.com/nopasanadaofi…