Para que la sociedad costarricense construya su destino con la justicia de su historia, en honor a los hombres y mujeres que han dado de sí sus mejores capacidades en la conquista de los derechos humanos del pueblo costarricense, debe saberse valorar a los costarricenses que murieron en la guerra civil, los que murieron en los combates, aproximadamente 2000 hombres, los que murieron en las emboscadas, como el crimen de Edwin Vaglio y Horacio Montiel que siendo prisioneros fueron sacados de la Penitenciaría Central y asesinados en el Cerro de la Muerte y encontrados sus cuerpos brutalmente golpeados en la carretera sur, La Cangreja de Cartago el 24 de Mayo de 1948, denunciados por Carlos Luis Fallas.
El 19 de diciembre de 1948 fueron sacados de la Penitenciaría Central, Carlos Luis Fallas, Adolfo Braña, Luis Carballo, Arnoldo Ferreto y Jaime Cerdas, para asesinarlos en el Parque de La Sabana, sin embargo, Olinda Cruz, esposa de Jaime Cerdas fue a solicitar la intervención de Monseñor Sanabria que pudo detener los asesinatos y fueron devueltos a la Penitenciaría.
No fue así con los prisioneros políticos que desde la cárcel de Limón fueron llevados en el tren por sus custodios y asesinados en la vuelta denominada el Codo del Diablo de Turrialba; el diputado Federico Picado Sáenz, Secretario de la Federación de Trabajadores de Limón, Octavio Sáenz Soto, dirigente de los trabajadores ferroviarios, Tomas Vaglio Sardi, empresario agrícola y dirigente de trabajadores agrícolas y campesinos, Lucio Ibarra dirigente obrero y Álvaro Aguilar militante del Partido Republicano y Narciso Sotomayor que desde Nicaragua había participado en la guerra civil en la Legión Caribe como tantos centroamericanos.
Una sociedad está enferma, cuando convive su presente entre muertos de fosas comunes y crímenes silenciados.
La sociedad democrática a nivel mundial expresa el repudio general a estas inhumanas situaciones, crímenes y violaciones a los derechos humanos ocultados de los textos educativos y de los panegíricos de los vencedores, no desaparecen las víctimas, todo lo contrario, las vuelve majestuosas en su dignidad humana y trascendentes, nos relatan el fin de una guerra civil desde sus fosas, a la espera de sus exhumaciones y justicias.
Las fosas del 48 están dispersas en los lugares de los enfrentamientos, donde fueron ultimados, muchos heridos fueron rematados, según los mismos vencedores en sinceros relatos de combatientes que custodia el Archivo Nacional y testimonios publicados. [Barahona. Documentos de 1948. Editorial Costa Rica]
Las víctimas del crimen del Codo del Diablo, un diputado electo, dirigentes del partido proscrito y dirigentes de los sindicatos proscritos, dan un terrible muestrario de esos días, los vencedores en sus fiestas de poder y gloria, cachuchas y buenos negocios, y los proscritos, diputados, dirigentes de partido y de sindicatos, en la cárcel, el destierro, y la muerte. Miles de trabajadores despedidos de las instituciones del estado por ser calderonistas o comunistas.
Cientos de costarricenses, hombres y mujeres en las cárceles de todo el país. Tribunales de Sanciones Inmediatas hechos para juzgar a los calderonistas y comunistas.
Son días de represión, sin garantías individuales, amenazados de invasión por parte de calderonistas por la frontera con Nicaragua.
Estas víctimas, que hoy conmemoramos los 77 años de sus asesinatos, se han convertido en la verdad oculta de los vencedores, son cadáveres que hablan y se defienden desde sus tumbas en el Cementerio Obrero, sus derechos violados, sus vidas segadas, sus compromisos con el pueblo trabajador, con un concepto de patria, superior, nos narran la injusticia y los derechos pendientes de una sociedad política y económica que en la mentira, el silencio, la tergiversación y el oportunismo, construyó un relato alterno de falacias, donde los derechos humanos de sus víctimas fueron ultimados en sus integridades físicas y morales.
La persecución, el pillaje, la vendetta, el escarnio público especialmente a las mujeres y los hombres, a maestras, a maestros, profesoras universitarias, profesores universitarios, empleados públicos, estudiantes, sucedió sin que fueron considerados oprobiosos y humillantes ante las consideraciones de derechos humanos y el trato cruel de los prisioneros políticos.
Estos crímenes conmocionaron las conciencias de muchos costarricenses exiliados en diferentes partes, las voces de José Albertazzi y su hija Alicia Albertazzi, Fernando Cerdas, en Guatemala, de Judith Ferreto Segura, Carmen Lyra, Manuel Mora Valverde, Alfonso, Eduardo, Claudia, Mora Valverde en México, a través de sus cartas se refleja el impacto moral y físico del destierro. De Carlos Luis Sáenz, Adela Ferreto y Corina Rodríguez en Panamá, Fernando Chaves Molina y el artista Manuel de la Cruz González desde Venezuela, en sus palabras tristes e indignadas: “Esta voz clara y limpia con que buscó, su anatema viril o tu orgullo infinito, sea protesta, indignación, presencia y grito, del horrendo crimen del “Codo del diablo. ¡¡De pie costarricenses!! ¡¡¡Atrás los mercenarios!!! Es imposible jamás olvidar Codo del Diablo, La Lucha, Tarbaca, El Tejar, San Isidro del General. Recuerda tus dolores y vive tu calvario.” (archivo Museo de la UCR). En el exilio de Manuel de la Cruz González y su testimonio, entendemos lo que habrán sufrido cientos de familias en el destierro, el exilio y el insilio. Ciudadanos que lucharon y resistieron por la defensa de las Garantías sociales, el Código de Trabajo y un nuevo Código Electoral.
En este aniversario de la muerte de estas víctimas, la sociedad debe repensar, y como en otros países sucede, pedir disculpas, a través de las autoridades institucionales, por el trato oprobioso del que fueron objeto tantos funcionario del estado, del magisterio nacional, de líderes sindicales y comunales, por lo inhumano del crimen de los prisioneros políticos, un resarcimiento público a sus descendientes.
Aún espera la conciencia lúcida y justa del pueblo costarricense que enarbola decencia y debe compensar el silencio y la complicidad en la corrupción en estos días de crisis de la vida política.
La memoria histórica enseña que solo con la justicia y la libertad se construye La Paz y se defienden los derechos humanos, los mártires del Codo del Diablo sostienen la esperanza.
Diciembre 2025
Afiche de la convocatoria del Partido Vanguardia Popular y la Juventud Vanguardista Costarricense para la conmemoración del aniversario del asesinato de los mártires del Codo del Diablo. Imagen aportada por la autora.
Mariana Ramos Castro, niña de ocho años, que acaba de terminar exitosamente su tercer grado, avanzando en el 2026 al cuarto grado, que se está formando en una escuela bilingüe, quien es muy destacada en deportes y gimnasia, asustó al presidente Rodrigo Chaves.
No asustó a cualquier persona, hizo temer al presidente que se identifica anímicamente con el animal depredador JAGUAR, que se comporta públicamente como un animal, imitando los rugidos del felino, tratando de asustar al público que le observa, que atentamente le sigue, y que también trata de imitarlo en sus zarpazos, agresiones y exabruptos verbales contra quienes le critican y se le enfrentan.
Se supone que con ese comportamiento animal el presidente es el hombre más valiente, y fuerte de Costa Rica, que con su rugido quiere imponerse.
Su imitación del animal Jaguar, con sus rugidos, me hace recordar, al héroe de mis años infantiles, Johnny Weissmüller, quien impulsó y representó en el cine a Tarzán de los Monos, quien también se comunicaba, “hablaba” con los animales, y emitía un alarido poderoso, un grito ululante, distintivo, el Grito de la Selva, cuando se lanzaba por los árboles o quería imponer su presencia. Johnny Weissmüller, era un nadador rumano, gran nadador, cuya figura le convirtió en un sex symbol de la pantalla grande en su época.
El Tarzán de los Monos, fue una figura de hombre blanco, que vivía en una región africana de pobladores negros, pigmeos, más pequeños que él. Era el símbolo de la civilización en aquellas comunidades “atrasadas”. Pero, a la vez el símbolo del colonialismo, del racismo, del imperialismo en las comunidades indígenas africanas.
El animal de Zapote, el Jaguar, con los “rugidos de jaguar” que hace el presidente Chaves, trata de imitar seguramente a Tarzán, y lo hace sentirse en una comunidad de seres atrasados, más animales que él, donde él con su ferocidad trata de imponerse, de meter miedo, de acobardar a quienes se le enfrenten. Lo hace sentirse como el Rey de esta selva, el Rey de los Monos o, mejor dicho, el Rey de los Jaguares, de este zoológico humano costarricense. Porque si él es un animal a todos nos ha de ver como animales. El Jaguar de Zapote quiere probablemente procura convertirse en un sex symbol de la pantalla grande costarricense.
El libro de Edgar Rice Burroughs seguramente es el libro de cabecera del Jaguar costarricense, que siendo Tarzán de origen rumano, el presidente Chaves lo imitó autodenominándose Jaguar en Zapote de Costa Rica. Quienes lo conocen de cerca me han dicho que en la intimidad, con cariño, lo tratan como el Dragón de Komodo de Monterán, un animal propio de Indonesia… donde él actuaba con la Ley de la Selva del Banco Mundial…
¿Qué asustó al Jaguar de Zapote y al Dragón de Komodo de Monterán? Palabras, expresiones, ideas, un pequeño relato de una niña de ocho años. ¿Qué dijo esa niña que tanto incomodó al Jaguar de Zapote y al Dragón de Monterán?
Las expresiones que dio la niña en una actividad enteramente privada, porque el Jaguar quiere dominar e interferir en toda la vida pública, la política y la vida privada de los costarricenses.
La niña, es a la vez la hija del candidato presidencial Álvaro Ramos y de su esposa Cristie Castro, ambos dedicados a sus hijos extraordinariamente y a tiempo completo, para formarlos de la mejor forma posible para la vida, con sentimientos humanistas, con vivencias democráticas, con valores de inclusividad, de respeto, de tolerancia, de libertad.
La niña No dijo mentiras. NO ha sido educada para eso. NO está marginada de la vida de sus padres, ni de la proyección política de su padre, el candidato Álvaro Ramos. Tampoco se le oculta que su padre es candidato del Partido Liberación Nacional, con el cual la niña, como todos los hijos e hijas de candidatos se identifican con los partidos políticos de los que sus padres participan. Sucede igual con los equipos de fútbol. La niña NO vive un entorno familiar de opresión para seguir políticamente a sus padres. Pareciera que por la reacción del Jaguar este ambiente no lo conocen en su casa, en su guarida en Monterán o en Zapote, donde ha de predominar la Ley del Más Fuerte, del más gritón, como se comporta el Jaguar en sus Guarida, con gritos…
Por todo lado lo decimos, y se dice, que el presidente Chaves es un ser autoritario, con características despóticas, tiránicas, dictatoriales. Decimos y advertimos a los costarricenses y ciudadanos que, de continuar su gobierno, ese es el camino proyectado de su candidata, quien ha dicho con claridad que necesitan gobernar sin controles administrativos y legales, que el Estado de Derecho en ese sentido no les permite gobernar, por lo que tienen que acabar con el Estado de Derecho, y con el Estado Social de Derecho, que es acabar con la Democracia.
La niña Mariana Ramos Castro, de ocho años, en la reunión en la que estaba su padre, el candidato, con quien se identifica, dijo lo siguiente: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, que Costa Rica está en el pico de la montaña al borde de caer. Costa Rica es un país, que ahora está entre el bien y el mal, con un presidente que es un dictador. Depende de nosotros, los liberacionistas, hoy estar diciendo: ¡Somos liberacionistas, vamos a derrotar al mal y vamos a ganar para tener el país que queremos!”.
Palabras similares dice el presidente Chaves constantemente contra todo el ordenamiento político, institucional, jurídico, contra los poderes públicos. También ataca y amedrenta personas y funcionarios públicos, a algunos colocándolos en vallas publicitarias como si fueran los delincuentes más perseguidos del país. ¿Acaso no dijo el Jaguar que todos los presidentes del pasado, desde 1949 hasta que llegó él, habían sido dictadores y tiranos que solo gobernaron para grupos económicos y financieros, y no para el pueblo?
Tamaño alboroto ha creado el felino de Zapote, aparte de los rugidos que pasa haciendo en su guarida de Monterán, por esa simple opinión expresada por una niña de ocho años, que le llama “dictador”.
No satisfecho con la libertad de opinión de la niña, que es una persona menor, ha obligado a que el Patronato Nacional de la Infancia, intervenga investigando a la niña, llevando a su familia y entorno familiar, a investigaciones administrativas, casi policiacas, al estilo nazi fascista, para determinar el daño en la formación y cuido de esa niña que se le ha causado, para determinar si el ambiente familiar que tiene Mariana es tóxico y lesivo a su condición de menor de edad y de mujer menor.
Por el comportamiento público del Jaguar es más probable que el ambiente tóxico y peligroso del Jaguar se viva en su guarida de Monteran, para sus familiares inmediatos, para su esposa, su hija y sus empleados, como la tensión que se vive entre los trabajadores de la guarida de Zapote.
Le ha faltado al Jaguar hacer o pedir públicamente que intervenga Procuraduría General de la República, que también tiene que hacerse presente en situaciones especiales de niños, que para él son como objetos, casi sexuales en algunos casos, que se altera, se excita, cuando una niña de ocho años le dice “dictador”, y que ante ese “exabrupto” le echa encima el Patronato Nacional de la Infancia a la niña y a su Familia, para valorar si vive en un entorno familiar hostil o peligroso, para la chiquita, casi amenazando con quitar esa niña de su familia, para entregarla a alguna institución “guardadora” de niños, o hasta para hacer negocios, si pudiera hacerlos, por la vía de gestionar adopción con esa institución, en una especie de trata de niños desarraigados de su hogar por razones políticas impuestas por el presidente, que se identifica emocional, sicológica, siquiátrica y cotidianamente con un animal, el jaguar, que por su naturaleza, es un animal depredador, lo que explica en mucho la condición que tiene el presidente de animal político depredador del Estado, de sus instituciones sociales, y de los valores democráticos nacionales.
Lo que ha quedado en evidencia pública es que el Jaguar presidente le tiene miedo a la opinión de una niña, lo que constituye un máximo acto de cobardía pedofílica del Jaguar, que fue excitado por las manifestaciones que le hicieron saber de esa niña, que seguro le hizo recordar su infancia, (¿y juventud tal vez?) reprimida, y quizá hasta abusada, que lo hizo reaccionar contra esa niña, que por la forma es actuar contra todos los niños de Costa Rica.
Si el acto del animal Jaguar no es cobardía Pedofílica, entonces debe ser de cobardía Pedofóbica, que es cuando se les tiene miedo a los niños, lo que hace al pedofóbico rechazar a los niños, por actos traumáticos sufridos en su niñez. Es un miedo anormal y persistente de la ansiedad que se le puede producir de criar niños, o de tenerlos a su alrededor, en su hogar o en el hogar presidencial, según se quiera ver, en todo Costa Rica.
El ataque a la niña por el presidente ha sido contra todos los niños, contra todas las personas pequeñas y menores del país. Ha sido un irrespeto total a ellos, a su integridad, a su formación democrática, a su libertad de crecimiento en sus hogares y en escuelas.
En las escuelas y colegios hay elecciones estudiantiles, de infantes, de menores de edad. Incluso hay regulaciones electorales, de estos procesos estudiantiles, al amparo del Tribunal Supremo de Elecciones.
Obviamente, los hijos de los candidatos a cualquier puesto de elección popular están más identificados con sus parientes candidatos, y con los partidos de ellos.
¿Qué se puede esperar de hijos de candidatos a la Presidencia, como la hija del candidato Álvaro Ramos? Lo mínimo, identificación con su padre candidato, con lo que él piensa y con lo que se dice de sus principales contrincantes y de lo que se critica del gobierno, y del presidente de turno, sobre todo si se tienen todas las características de un déspota, un tirano, un dictador, un ser absolutamente autoritario.
El Tribunal Supremo de Elecciones debería salir en defensa de los derechos de los niños, del derecho al sufragio que se les enseña y se los posibilita, en la práctica, el mismo día de las elecciones, donde esos niños están claramente identificados con partidos y candidatos, incluso en contra de los que tienen sus padres, que les respetan esas opiniones.
¿Qué se puede pensar del presidente que actúa violentamente contra lo que dice una niña de él? ¿Y qué se puede pensar de un presidente que ante manifestaciones políticas de una niña le echa encima a ella y su familia toda la institucionalidad del Estado, pidiendo represión contra ellos y atemorizando a toda la población y ciudadanía?
Lo mínimo que se puede pensar es qué a su familia, la del presidente, la trata violentamente, sin ningún respeto, imponiéndoles a la fuerza sus opiniones, sin permitirles ningún tipo de libertad de pensamiento. Podemos entender por ello el descalabro que la educación nacional ha tenido en este gobierno.
Si alguien se debiera investigar en sus relaciones familiares y parentales es al presidente de la República, si él quiere ser el prototipo de los costarricenses.
¿Cuál es la imagen que el presidente proyecta con este escándalo en estas materias? La del machista, la del abusador, la del negacionista de derechos, la del dictador esposo, la del tirano padre, la del presidente macho cabrío despidiendo el olor hircino para marcar constantemente su territorio…en su casa, en la Casa Presidencial, que es la de todos los costarricense, y en todo el territorio nacional…por donde vaya en sus giras…
La reacción que ha tenido el presidente no es solo contra esa niña. Es contra todos los niños de Costa Rica, sin entender cuál es la situación real y actual de la niñez costarricense. Sin entender que los niños son personas, que se les educa para ser ciudadanos en el futuro no muy lejano para ellos.
No entiende el presidente que hoy los niños se educan, en sociedades democráticas como la costarricense, con criterios más amplios, respetándolos como personas pequeñas, con sus propios derechos y libertades.
El presidente parece que cree que está mandando en Costa Rica, como seguramente operaba laboralmente en Indonesia y en los países donde trabajó imponiendo programas…
A la niña del candidato Ramos hay que destacarla. Es un ejemplo para la niñez y los jóvenes, pero también para padres de familia y educadores.
La presidenta del Patronato Nacional de la Infancia fue clara: cuando le informaron de lo que había dicho la niña de ocho años, que llamó “dictador” al presidente, inmediatamente ella llamó al presidente, porque como bien dijo el Jaguar, eso le hubiera molestado, que no le hubieran informado.
Los problemas públicos, notorios y escandalosos que vive diariamente la niñez del país, especialmente la de zonas marginales, de pobreza y extrema pobreza, pero también la de zonas urbanas, pareciera que no son vistos, ni atendidos de ninguna manera por el Patronato Nacional de la Infancia. Los niños de la calle, los niños en la calle, los niños y niñas en abandono, los llamados ninis, los niños de la deserción escolar, los niños del trabajo infantil que se ha ampliado de forma esclavista en el país, en regiones campesinas y de trabajos agrícolas y urbanos, lo niños de ventas callejeras, los niños que abandonaron la escuela o el colegio, lo brutalmente hecho por el gobierno de quitar el subsidio de los comedores escolares, del transporte estudiantil, las niñas y menores de edad embarazadas, ¿Acaso el Patronato Nacional de la Infancia no tiene que interesarse en ellas? ¿Qué ha hecho el Patronato Nacional de la Infancia ante el gobierno que eliminó los programas educativos que tenían que ver con la educación sexual y afectiva de los niños? Lo que se había regulado y disminuido de embarazo adolescente en zonas costeras, como Guanacaste y Puntarenas se ha vuelto crítico nuevamente, a la vista y paciencia del silencioso y cómplice, en este sentido, Patronato Nacional de la Infancia.
Para el presidente esas palabras de la niña Mariana Ramos no fueron espontáneas, propias, no fueron improvisadas o naturales. Así las ve, porque cada ladrón juzga por su opinión. Las actividades de las mesas de prensa del presidente, de los miércoles, son exactamente montadas, con guiones hechos, con preguntas y respuestas preparadas, con las preguntas y las respuestas para sus invitados ya todas cocinadas… Por eso no puede entender que una niña tenga opinión propia.
La niña Mariana no ha cometido delito alguno ni infracción de ningún tipo para que se le investigue a ella, y a su familia, por medio de trámites judiciales o administrativos.
La legislación nacional de Familia la protege en sus derechos de costarricense, de persona menor costarricense, con los derechos y libertades que tiene, como todo ciudadano. La legislación internacional de niños, ratificada por Costa Rica también la protege. Los Tratados de Derechos Humanos que hemos ratificado también la cubren.
La participación política y electoral de un menor no está prohibida. El único impedimento que tienen los menores de 18 años, entre ellos Mariana, es el del sufragio para decidir la representación popular. Pero en imitación de ese proceso se les organizan elecciones “infantiles” para que así se expresen el mismo día de las elecciones.
La censura a las ideas y opiniones de Mariana no caben. No hay censura previa. Y lo que dijo no puede someterse más que a la libertad de pensamiento y de opinión que ella misma ha elaborado por la información que ha recibido diariamente en su casa, en la escuela, en la calle, en los medios de comunicación y en las redes sociales infantiles a las que puede tener acceso.
Los derechos de reunión, de examinar la conducta de los gobernantes, que implica la crítica y la adjetivación de su persona o función, son válidos para Mariana.
Y cuando, en una gira presidencial en una imagen totalmente lasciva, que fue publicada, el presidente pidió que le dieran o entregaran una niña, que la devolvería después… ¿qué hizo el Patronato Nacional de la Infancia, sobre todo por la mala fama, o sombra, que acompaña y trajo del Banco Mundial el presidente? ¿La foto lasciva que se publicó del presidente, con la niña que solicito, acaso no mostraba una poderosa pederastia política, una inclinación “erótica” hacia la niña?
¿En qué quedamos con la niña Mariana y el presidente? El Jaguar se manifestó como un cobarde ante la niña de ocho años. La cobardía política pedofílica del presidente ante la niña se expresó en su falta de valor, su alta incapacidad ante el miedo, el peligro o la adversidad, que le produjeron las palabras de la niña, de que le dijera “dictador”, lo que llevó al presidente a huir, a ocultarse en las enaguas de la institucionalidad que representa la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, para evitar la situación difícil de su condición de “dictador”, de cobarde político amparado a la fuerza institucional del Estado, porque ese calificativo de “dictador” le llegó a su intimidad, y para desde esa tribuna institucional, el Patronato Nacional de la Infancia, disfrazar su Cobardía Pedofílica, el placer, probablemente erótico, que también le produjo el que la niña lo llamara “dictador”, considerando que la pedofilia produce esa atracción en el rango de las edades de 6 a 14 años de los niños.
Bien pudo ser también, que el presidente mostrara su cobardía pedofóbica política de miedo o rechazo a los niños que tienen opinión política propia, que le haya recordado un episodio traumático cuando era niño.
El partido Liberación Nacional y sus padres no tienen por qué ocultarla del escenario que el Jaguar la quería sacar, del ambiente democrático electoral del país, que estamos viviendo… Hasta febrero, abril y mayo próximo, donde se define si avanzamos hacia mayor o menor democracia, hacia una democracia o seguimos el camino de la dictadura y del autoritarismo.
Si todavía pesara alguna duda sobre la capacidad de la niña para tener opinión propia, bien podría someterse ella con el presidente a una comparación científica de la Inteligencia Emocional, y de la Inteligencia Emocional Política, que la niña evidentemente si la tiene, con la que el presidente no la muestra.
Si se quiere ir más allá, podría hacerse una comparación de los Coeficientes Intelectuales del presidente y de la niña. Por la forma con que hemos visto actuar al presidente pienso que en ambos temas es débil.
El aprendizaje, la memoria, la comprensión verbal, la capacidad espacial, la rapidez de procesamiento, la motivación interesada, el alto rendimiento escolar y expresión oral destacada de Mariana, que desde los tres años lee, como su padre que empezó a los dos años y medio la ruta de su éxito intelectual, probablemente supere en mucho al presidente, comparando las edades mentales con las cronológicas como se hace en estas pruebas.
Comparativamente, el presidente no calza en esta posible comparación por su baja expectativa para lograr objetivos mínimos, como lo ha demostrado en su gestión gubernativa.
La niña Mariana se ganó un sitio de honor en esta Campaña Electoral. En ella se defiende a la niñez costarricense en todas sus libertades y derechos. En ella está, toda la niñez nacional, el futuro del país, así como en una semilla hay un árbol.
Mariana, me recuerda a Marianne, la figura que personifica, además de símbolo nacional de Francia, a la República Francesa, a la Revolución Francesa, a la mujer patriótica, fogosa, guerrera, pacífica, representante del pueblo, los que simbolizan el cambio de régimen, de gobierno autoritario, en aquella época monárquico, por el democrático republicano. Marianne es el símbolo de la Madre Patria, de la Madre que protege a todos los hijos de la República.
¡Bravo Mariana Ramos Castro! ¡Defendamos a Mariana y a los niños costarricenses de cobardes políticos, de pedófilos o pedófobos políticos, como el Jaguar de Zapote!
El brutal desalojo de 70 familias de la comunidad de Chorreras en San Carlos ha ocasionado el dolor y la precariedad de esas familias y, lo que es peor, la denuncia de la desaparición de siete menores puesta en el Patronato Nacional de la Infancia. El paradero de estas criaturas se ignora, pues el terror perpetrado durante el desalojo provocó su huida.
Compartimos imágenes de algunas viviendas de la comunidad desalojada.
Pedimos su firma antes 20 diciembre para exigir el respeto a los derechos humanos.
El ciudadano Marco Levy Virgo presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en el que denuncia la omisión del Estado costarricense de aplicar estándares internacionales de protección a los pueblos tribales afrodescendientes, en relación con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a la empresa APM Terminals.
En el escrito, Levy sostiene que la concesión fue otorgada sin consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades afrodescendientes de Limón, a pesar de que estas mantienen una identidad colectiva, modos de vida tradicionales y un vínculo histórico con su territorio, características que —según el recurso— las configuran como pueblo tribal conforme a los estándares interamericanos.
El documento detalla que la entrada en operación de la TCM ha generado impactos sociales y económicos profundos, entre ellos el desplazamiento laboral de mano de obra afrodescendiente, el cierre de operaciones de empresas privadas como Standard Fruit Company (Dole) y Chiquita Brands, y la reducción de actividades en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Estos procesos, afirma el recurso, agravaron el desempleo, la pobreza y las tensiones sociales en una región históricamente vulnerable.
Asimismo, se señala la afectación a actividades tradicionales como el turismo comunitario y la pesca artesanal, así como al tejido social ancestral de comunidades de Moín y zonas aledañas, sin que se hayan implementado medidas efectivas de mitigación o compensación.
El recurso argumenta que la ausencia de consulta no constituye una omisión formal, sino una violación estructural y sistemática de derechos colectivos, que perpetúa la discriminación contra la población afrodescendiente. En respaldo de esta afirmación, se citan instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido el derecho a la consulta de pueblos tribales afrodescendientes en proyectos de gran impacto.
El escrito también cuestiona lo que califica como una aplicación selectiva de los mecanismos interamericanos por parte del Estado costarricense, al recordar que el país sí solicitó una opinión consultiva a la Corte IDH en otros temas de derechos humanos, mientras no ha hecho lo mismo frente a los impactos del proyecto portuario en Limón.
Finalmente, el recurso solicita a la Sala Constitucional que declare la violación de los derechos fundamentales invocados, que se anulen los efectos lesivos de la concesión en lo que respecta a las comunidades afectadas y que se ordenen medidas de reparación integral, incluyendo la realización de una consulta adecuada y la compensación por los daños ya causados.
Contexto y antecedentes
La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín y sus impactos sociales, laborales y territoriales han sido abordados en diversas notas publicadas previamente en SURCOS, donde se ha documentado la situación histórica de exclusión que enfrenta la población afrodescendiente del Caribe, el debilitamiento de la institucionalidad pública portuaria y las transformaciones económicas que ha vivido la provincia de Limón en las últimas décadas.
En esos antecedentes se ha señalado la ausencia de procesos de consulta y participación efectiva de las comunidades afectadas, así como la persistencia de brechas estructurales en empleo, acceso a derechos y reconocimiento cultural. El recurso presentado ante la Sala Constitucional se inscribe en este marco más amplio de disputas por justicia social, derechos colectivos y reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, temas que han sido objeto de seguimiento informativo constante por parte de SURCOS.
Puede consultarse este enlace para una visión histórica del tema:
Quizá por estas latitudes nuestras hay noticias que pasan desapercibidas.Es que la ocupación y la preocupación por los destinos de un país como Costa Rica nos ha hecho pensar mucho en lo doméstico y restarnos la mirada periférica hacia el contexto internacional.
Este año, no debemos olvidarlo, asumió en su segunda magistratura el republicano Donald Trump. Recordemos que una de las promesas de campaña que a la larga le llevó al poder fue “acabar con el problema de la inmigración hasta volverla 0”.
Para ello, la campaña de persecución, detención y deportaciones masivas debía ser feroz.Y sí que lo ha sido.En la memoria, triste memoria, nos quedará como país haber contribuido a servir como destino de vuelos de deportados que fueron a parar a la zona sur del país en condiciones de hacinamiento y violencia institucional.
En lo que el teatro doméstico se alista para una de las contiendas más importantes de su historia democrática, en algunas ciudades de Estados Unidos se escenifican acciones de resistencia contra la maquinaria migratoria y represiva que Donald Trump ha ordenado lanzar contra los cuerpos de las personas migrantes y sus familias.
Recién la semana pasada un artículo publicado en el sitio digital Revista Crisis, detallaba las estrategias de autodefensa vecinales y comunitarias ensayadas en sitios como Chicago, una de las ciudades con mayor población latina en aquel país.
Las acciones consistían en talleres de formación, entrenamientos colectivos y herramientas de comunicación ingeniosas destinadas a luchar contra las detenciones masivas y las deportaciones.
El poder de la organización está allí, en la gente.Pienso en eso y es inevitable no pensar en la incapacidad que ha mostrado la oposición en Costa Rica para derrotar al oficialismo y su autoritarismo legitimado.Pienso en cierto ADN que se perdió y es necesario recuperar con sentido colectivo y liberador.
Si los migrantes en Estados Unidos están logrando resistir y combatir el odio, pienso que hay un resquicio de esperanza que proponga terminar con esta pesadilla política y dedicarnos de inmediato a reconstruir el proyecto de país que somos.Refundarnos. Salir del fondo.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Como bien es sabido, cada 10 de diciembre se celebra en todo el mundo el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De cara a esta importante celebración, el tema posee una relevancia particular en esta recta final del 2025 en la que se puede observar, en Centroamérica así como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan so pretexto que «frenan» sus pretensiones o «complican» sus proyectos políticos.
Llama la atención que quiénes oponían ayer la protección del ambiente al desarrollo económico, de manera errónea, se unieron hoy a quienes hoy oponen los derechos humanos a lo que denominan la «gobernabilidad«: desde el pasado 21 de enero, estos sectores han encontrado en la Casa Blanca a un líder que comulga con esta lectura y que emula a otros líderes populistas en muchas otras partes del mundo.
La lectura de la intervención titulada «Los derechos humanos bajo ataque» del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas este 10 de diciembre (cuyo texto ha sido escasamente divulgado en grande medios de prensa, pese a estar contenido en un comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas – véase enlace), resulta muy recomendada: en particular el llamado que hace a sostener y a defender a organizaciones sociales y a pequeñas comunidades y líderes que, desde diversas latitudes, alzan la voz en defensa de los derechos humanos y del ambiente.
En materia de cambio climático, desde julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a una solicitud de Chile y de Colombia, emitió una opinión consultiva sobre cambio climático y derechos humanos, que ofrece una útil guía a los Estados en esta compleja y delicada materia (Nota 1).
El 10 de diciembre del 2024
Precisamente, el año anterior, el 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en el año 2024.
En efecto, se conmemoraron exactamente 30 años desde el asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes. Cabe precisar que en el 2024, la única entidad costarricense que sí consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos ecologistas asesinados en 1994, fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural«, constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes – e indignantes – del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron el fallecimiento de estas cuatro personas a finales de 1994 e inicios de 1995 en el caso de una de ellas.
Un 10 de diciembre del 2025 … inédito e insólito
Este 10 de diciembre del 2025 fue precedido por el anuncio desde Israel que firmó con Costa Rica un tratado bilateral en materia comercial (TLC), y que además, se planea abrir una oficina con estatuto diplomático en Jerusalén por parte de Costa Rica (véasenotade prensa Swiss Info del 8 de diciembre del 2025).
El anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea algunas interrogantes muy válidas, al estar Costa Rica dispuesta a fomentar el intercambio comercial con un Estado:
– acusado de cometer un genocidio en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con bombardeos aéreos indiscriminados y desproporcionados sobre Gaza que no han cesado;
– cuya primera autoridad (en este caso su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la justicia penal internacional de La Haya desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra; y
– que continúa prohibiendo la entrada de alimentación, agua, medicamentos y de material médico de urgente necesidad, en cantidades suficientes para las numerosas familias palestinas en Gaza que ahora deben enfrentar la llegada de las lluvias, del frío y del viento. A ese respecto, las imágenes desgarradoras de este reportage de la televisión española y este otro reportage de la televisión belga difundidos el pasado 12 de diciembre así lo hacen ver, así como las tomas contenidas en este reportage de la cadena catarí AlJazeera difundido este 15 de diciembre.
¿Cómo se podrá calificar a un Estado que, a sabiendas que la lluvia y el frío se instalan en Gaza, no permite la entrada masiva de la ayuda humanitaria que requieren urgentemente familias palestinas con numerosos niños desnutridos y descalzos, mal abrigados, viviendo en carpas plásticas desde meses?
Este 15 de diciembre del 2025, la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó un enésimo intento por parte de Israel de intentar restarle validez a las demandas que enfrenta ante la CPI por sus acciones militares insensatas en Gaza (véase texto de la decisión). El 17 de octubre del 2025, la Sala de lo Preliminar había rechazado otro enésimo intento de Israel en aras de restarle validez jurídica a las órdenes de capturas emitidas contra dos de sus dirigentes, siendo uno de ellos su actual Primer Ministro (véase texto de su decisión). Nuestros estimables lectores podrán revisar por sí mismos la casi nula difusión de ambas decisiones de la CPI en los grandes medios de prensa internacionales.
Con relación a la idea de establecer una oficina de Costa Rica en Jerusalén con estatuto diplomático, se trata de una verdadera provocación: tanto para el mundo árabe y más generalmente para el mundo musulmán, como para una gran parte de la opinión pública internacional indignada por el genocidio en curso en Gaza desde hace más de dos años. De materializarse esta iniciativa, estaríamos observando a una irreconocible Costa Rica, actuando en abierta violación al consenso internacional existente sobre el hecho que Jerusalén no puede ser considerada como la capital de Israel.
Desde la perspectiva de los derechos humanos y de la imagen internacional que proyecta desde muchos años Costa Rica, la reacción de la Relatora Especial sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, no se hizo esperar: véase nota con su tweet, publicada en el medio digital Delfino.cr. En el mes de julio del 2025, tuvimos la ocasión de analizar las insólitas sanciones tomadas en su contra por la actual administración norteamericana, muy molesta con el contenido de su tercer informe sobre el genocidio en curso en Gaza (Nota 2).
Tuvimos la ocasión de explicar con anterioridad el riesgo que significaría para Costa Rica este TLC con Israel (véase enlace a conferencia auspiciada por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras / ANDE en septiembre pasado y conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas / IIJ de la Facultad de Derecho de la UCR, así como un muy completo foro específico sobre este TLC con Israel auspiciado esta vez por Alianza por una Vida Digna y el medio SurcosDigital).
No está de más referir a la demanda interpuesta ante la justicia internacional de La Haya por Palestina contra Estados Unidos en septiembre del 2018, aún pendiente de resolución, en razón del traslado de su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén (véase texto de la demanda). Tratándose de Estados Unidos, tampoco está de más indicar la felicitación a Costa Rica recibida inmediatamente por parte de Estados Unidos tras el anuncio hecho en los primeros días de diciembre del 2025 de un TLC con Israel (véase mensaje posteado en redes sociales)
Más allá de los aplausos oficiales que recibe cualquier Estado por parte de la actual administración norteamericana cuando pacta con Israel algún tipo de acuerdo, remitimos a nuestros estimables lectores a esta muy completa infografía realizada desde la radio universitaria de la UCR y a una entrevista que tuvimos al respecto en el programa radial de Interferencia la semana anterior (audio).
Esta complacencia súbita con Israel ha tenido repercusiones casi simultáneas, al observarse al aparato diplomático de Costa Rica cambiar repentinamente su voto en resoluciones sobre Oriente Medio adoptadas en esta primera semana de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas: véase al respecto esta muy detallada nota elaborada por el medio digital Delfino.cr. Este 12 de diciembre, una resolución de la misma Asamblea General acogiendo la opinión consultiva de la justicia internacional del 2024 condenando la ocupación y la colonización israelí del territorio palestino, reunió 139 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones, que incluyen la abstención de la delegación costarricense (véase video y nota del medio Delfino.cr): además de insólita, la nota de Delfino.cr refiere a la ausencia de explicaciones dadas por parte del aparato diplomático costarricense.
Resulta oportuno referir a la mofa presidencial a la que remite este artículo de julio del 2025 publicado en el Semanario Universidad : pareciera ser la única de un Jefe de Estado en ejercicio relativizando el drama indecible que se vive en Gaza. En el penúltimo informe disponible sobre la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 4 de diciembre del 2025) se lee que se ha superado la cifra de 70.000 personas fallecidas en Gaza y de casi 171.000 personas heridas, muchas de ellas graves y desprovistas de atención hospitalaria debido a la destrucción de la red de hospitales en Gaza por parte de Israel:
«According to the MoH in Gaza, between 26 November and 3 December, 11 Palestinians were killed, 16 were injured and 20 bodies were recovered from under the rubble. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by the MoH, to 70,117 fatalities and 170,999 injuries. According to the MoH, the total number includes 299 fatalities who were retroactively added between 21 and 28 November after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH reported that since the ceasefire, 360 Palestinians were killed, 922 were injured and 617 bodies were retrieved from under the rubble«.
Se considera que con la llegada de las lluvias y la baja sustancial de las temperaturas en Gaza, muchos familias palestinas en Gaza que viven en un campo de ruinas, bajo carpas de plástico, con una alimentación deficiente desde más de dos años, verán a muchos de sus seres queridos más vulnerables fallecer en las próximas semanas debido al frío y a la humedad que azotan a Gaza. Las imágenes impactantes de este reportage publicado por la televisión belga el 12 de diciembre así lo hace ver. El precitado informe de Naciones Unidas pues ser completado con el último informe al 11 de diciembre del 2025 (véase enlace), que detalla el nivel de violencia y las muertes ocasionadas por Israel entre un informe y otro.
Este 10 de diciembre, una ONG de renombre como Amnistía internacional circuló un comunicado de prensa (véase texto completo) sobre la justicia sin la cual toda iniciativa de paz en Gaza es ilusoria: una seria limitante que ya habíamos señalado al adoptarse por parte del Consejo de Seguridad la insólita resolución 2803, el pasado 17 de noviembre del 2025 (Nota 3).
Con relación a las ocurrentes iniciativas de Costa Rica relativas a Israel, cabe recordar que en noviembre del 2024, en plena cumbre mundial sobre ambiente realizada en Bakú (Azeirbadján), Costa Rica anunció la firma de un sorprendente Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental: véase comunicadooficial de las autoridades ambientales de Costa Rica del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel. Pocos día después, Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas: véase al respecto este artículo publicado en el semanario costarricense de Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar algún tipo de explicaciones.
¿Será que, a raíz de la firma de este TLC con Israel anunciado el pasado 8 de diciembre, Costa Rica será objeto de alguna campaña de discrédito y de boycott en su contra, así como de sus productos de exportación?
Un pequeño detalle en una votación reciente sobre prohibición de la tortura muy pocamente divulgado
La pregunta anterior cobra particular relevancia si consideramos que en materia de derecho internacional de los derechos humanos, un episodio muy poco referenciado por las grandes agencias de noticias que cubren a Naciones Unidas, tuvo lugar el pasado 20 de noviembre del 2025: en efecto, como ocurre cada tres años, se votó la resolución trienal en el seno de la IIIa Comisión de de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos (véase texto de la resolución).
Por primera vez en los últimos decenios, se contabilizaron en este mes de noviembre del 2025 un total de 169 Estados votando a favor y … votaron en contra Argentina, Estados Unidos e Israel. De estos tres Estados, únicamente Estados Unidos procedió a explicar su voto en contra con argumentos algo risibles si no se tratara de un tema tan grave en materia de derechos humanos (véase texto). Se registraron además 4 abstenciones que deberían de interpelar a muchos: Burundi, Papua Nueva Guinea, Nicaragua y Rusia.
Este detalle (véase recuadro) de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en medios informativos: resulta llamativo que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. ¿No interesará realmente ya a nadie que hayan Estados objetando la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes?
Usualmente, este resolución trienal de la Asamblea General de Naciones se adopta por consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, tal y como ocurrió en ejercicios similares en el 2022 (véase texto), en el 2017 (véase texto) y en el 2014 (véase texto).
En febrero del 2025, en un informe publicado por una ONG en Israel (véase informe completo), se leía:
«By disregarding the extended evidence from human rights organizations submitted to Israel courts and authorities, and allowing abuses and torture to persist, the State creates an environment of impunity where these acts are normalized, further exacerbating human rights violations. The lack of accountability for perpretators further underscores the systemic nature of the issue, with victims facing ongoing violations and no legal recourse» (p. 20).
Nótese que en el 2002, con relación a la prevención de la tortura, Estados Unidos fracasó, y lo hizo estrepitosamente, en Naciones Unidas en su intento por frenar a como diera lugar la adopción de un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de 1984 (véase nota de prensa del New York Times y texto del Protocolo): un instrumento internacional finalmente adoptado en diciembre del 2002 (véase resolución) con una abrumadora mayoría de 127 votos a favor y tan solamente 4 votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau. Sobre el detalle de las negociaciones en Naciones Unidas, lideradas exitosamente por Costa Rica desde 1991 y ello de manera ininterrumpida, remitimos a nuestros estimables lectores a esta publicación del 2004. en particular el Capítulo II a páginas 41-73. En la página 265 se puede apreciar el cambio de posición de Israel durante la tramitación de este valioso instrumento universal entre noviembre y diciembre del 2002.
Un poco de historia: el 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La emblemática fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la elaboración de una multitud de tratados y de sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones, a adaptar sus regulaciones internas, en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos o instigarlos. Al respecto, en el año 2024, fue el 4 de diciembre que el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue reconfirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «, precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: al respecto, la casi nula difusión en medios de prensa internacionales de estos informes en diciembre del 2024 plantea interrogantes muy válidas. El informe de Human Rights Watch dado a conocer de igual manera el 19 de diciembre del 2024 conoció la misma suerte en cuanto a su difusión.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido a una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 4).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ha visto reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado.
En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principal interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, así como llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído:
– en el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes periódicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados por el Estado en su informe oficial, o a dar a conocer situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. Podemos citar como ejemplos recientes, este informe alternativo presentado por organizaciones civiles colombianas en el 2024 y este otro por organizaciones peruanas en el 2023 así como este informe presentado desde El Salvador en el 2022, y menos recientes, este voluminoso informe de 250 páginas producido por varias ONG en México en el 2017, este informe de un colectivo de ONG guatemaltecas del 2010 y este informe del 2009 producido por una reconocida ONG en Argentina cuya presentación explicita el objetivo que debería perseguir todo informe alternativo (Nota 5).
– en el caso de los mecanismos no convencionales, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Tuvimos hace unos meses (septiembre) la ocasión de explicar que el deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica responde en gran parte al no acatamiento por parte de Costa Rica de recomendaciones internacionales en una nota titulada precisamente:
«El grave deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica, síntoma de un «modelo de desarollo» que hace caso omiso de varios instrumentos internacionales. ¿Hasta cuando?»
En el mes de noviembre del 2025, se denunció la colocación de vallas en la ciudad de Puntarenas contra un renombrado científico costarricense y un abogado especializado en el litigio ambiental, sin que a la fecha las autoridades logren dar con los responsables de esta clara incitación al odio en contra de ambas personas (véase nota del Semanario Universidad). En agosto del 2025, el sorprendente embargo de la cuenta bancaria de un ecologista de renombre costarricense evidenció el nivel de creatividad de algunos bufetes corporativos (véase nota de Delfino.cr y nota del Semanario Universidad). Ambos casos ponen en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad de quienes en Costa Rica, tienen el valor de alzar la voz en defensa del ambiente, y su total desprotección por parte del Estado costarricense.
Más recientemente (diciembre del 2025), nos referimos a la dramática situación que deben enfrentar personas indígenas oriundas de Nicaragua en Costa Rica, en una nota titulada:
«Mujeres indígenas miskitas en Costa Rica: breve análisis a raíz de una emisión radial».
De algunos otros lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informe del Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 6) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero en realidad muy recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informe de la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es del mes de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Finalmente, el informe oficial de Costa Rica con relación a sus obligaciones en materia de derechos de las personas con discapacidad presentado en el 2023 (véase informe) detalla una serie de regulaciones y planes oficiales… cuya efectividad suele constituirse en un verdadero desafío para personas costarricenses con algún grado de discapacidad. Salvo error de nuestra parte, no se tiene registro en el caso de Costa Rica, de un informe alternativo similar al que fue presentado por un colectivo de ONG de México en el 2019 (véase informe).
Imagen internacional vs. agenda muy descuidada en materia de derechos humanos
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, defensa de los derechos laborales, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que con ocasión de este 10 de diciembre del 2025, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzaron la voz para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una vergonzosa inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad.
En mayo del 2025 una ONG especializada en el litigio interamericano hizo ver las graves violaciones de la normativa internacional a las que Costa Rica se prestó, al aceptar vuelos en proveniencia de Estados Unidos con personas en situación migratoria irregular (véase enlace).
El desinterés por los derechos humanos por parte de algunos sectores en Costa Rica se ve agravada por una narrativa de algunos decisores políticos, tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados precisamente a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Si en materia de desempeño ambiental, las autoridades ambientales no dudan un momento poner a disposición del público el informe – texto integral – sobre desempeño ambiental de Costa Rica en el 2023 elaborado por la OCDE (véaseenlace), ¿ qué será lo que inhibe a poner en línea un informe sobre desempeño en materia de derechos humanos de Costa Rica elaborado desde algún órgano de Naciones Unidas?
Con relación a mecanismos no convencionales, es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también altamente probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y con relación a mecanismos convencionales, es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023; así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, enviadas en diciembre del 2023 (véase observaciones). Es de notar que en el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
Cabe precisar que el punto de contacto dentro del aparato estatal costarricense con los mecanismos convencionales (y no convencionales) a través del cual se tramita toda la correspondencia con éstos, recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 18 Estados (el último en haberlo hecho siendo Bahamas en junio del 2025, antecedido por Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 18 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas e inventivas fichas (Nota 7).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 11 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre, en particular en estos días en los que se conmemoraron 31 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamen de la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 8) por lo ocurrido hace 31 años en la capital costarricense.
Finalmente, el hecho de anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea la siguiente interrogante en este mes de diciembre del 2025: el fomento del intercambio comercial con un Estado acusado de cometer un genocidio en Gaza, cuya primera autoridad (su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra…¿acaso no coloca a Costa Rica en abierta violación a la obligación que tiene de prevenir el crimen de genocidio que deriva de la convención de 1948 sobre la prevención y sanción de genocidio a la que es Estado Parte? ¿Acaso no contraviene con otra obligación que es la de respetar pero también de «hacer respetar» el derecho internacional humanitario, derivada de los convenios de Ginebra de 1949 y del mismo Estatuto de Roma de 1998 que crea la CPI? ¿Acaso no hace a un lado la imagen tradicional que se ha tenido de un Estado que fomenta el diálogo, el derecho internacional humanitario, la justicia internacional y la limitación del comercio de armas? Para la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, la decisión de Costa Rica es equivocada (véase su mensaje en redes sociales).
En este día internacional de los derechos humanos, y tomando en consideración la pérdida de la imagen internacional sufrida por Costa Rica observada en los últimos meses, así como la crisis aguda que vive el sector turismo (el cual depende mucho de la percepción que se tenga en el exterior de Costa Rica), nos permitimos reiterar a nuestros estimables lectores una pregunta un poco más general, que titulaba este artículo nuestro publicado en ElMundo.cr en su edición del 11 de agosto del 2025:
«¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?«
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Derechos humanos y cambio climático: breves reflexiones con relación a la Opinión Consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio«, edición del 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«, 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: una insólita resolución 2803 adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, analizada desde una Costa Rica totalmente omisa», 17 de noviembre del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas«, DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 5: Se lee en la primera página que: «En tal sentido, este documento resulta complementario del que fuera enviado al Comité de Derechos Humanos (en adelante Comité) en su 96º período de sesiones, en ocasión de llevarse a cabo la pre-sesión para la evaluación del Estado argentino. En efecto, este informe alternativo tiene como finalidad ampliar y actualizar la información contenida en aquél documento, de manera de proporcionar al Comité nuevos elementos para que pueda realizar un análisis más completo sobre los factores que inciden en el goce de los derechos contenidos en el PIDCP en la Argentina. Por otro lado, se aporta información relevante sobre algunas de las cuestiones consideradas prioritarias por el Comité en su documento de fecha 25 de agosto de 2009 (CCPR/C/ARG/Q/4)«.
Nota 6: Véase al respecto BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país«, Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 7: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en el mes de marzo del 2020, véase una acérrima crítica dada a conocer, y cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 8: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (véase el punto 202) que:
«… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación«.
Diversas organizaciones sociales anunciaron la realización de una conferencia de prensa el lunes 15 de diciembre a las 6:00 p.m. en la Sala de Conferencias de la Asamblea Legislativa, con el fin de exponer públicamente su oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica e Israel, firmado por el Gobierno el pasado 8 de diciembre.
Según la convocatoria emitida por la Red de Solidaridad con Palestina CR, el acuerdo comercial se firma en un contexto internacional marcado por graves señalamientos contra el Estado de Israel. El comunicado recuerda que este país enfrenta acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, así como una orden de captura contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.
Las organizaciones señalan además que el anuncio gubernamental de instalar en Jerusalén una oficina de innovación tecnológica con “estatus diplomático” contradice la política internacional histórica de Costa Rica, que trasladó su embajada a Tel Aviv en respeto a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el estatus especial de Jerusalén. Citan particularmente la Resolución ES-10/L.22 (2017) y la Resolución 181, que consideran a Jerusalén una ciudad con régimen internacional (corpus separatum).
En ese sentido, sostienen que abrir una oficina diplomática en Jerusalén equivaldría, en los hechos, a un movimiento no reconocido internacionalmente, y una acción que podría deteriorar las relaciones con países árabes y musulmanes.
Durante la conferencia se presentarán las acciones políticas, sociales y parlamentarias que distintas organizaciones y diputaciones impulsarán para evitar la aprobación y ratificación del TLC en la Asamblea Legislativa. También se dará a conocer un documento dirigido a los candidatos presidenciales, solicitándoles asumir públicamente un compromiso de rechazo al tratado.
La Red de Solidaridad con Palestina CR y la Plataforma de Lucha contra el TLC con Israel reiteran su llamado a asistir a la actividad y a mantenerse informadas las personas y organizaciones interesadas en el análisis crítico del proceso de aprobación del acuerdo comercial.
La Defensoría de los Habitantes, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó el día de hoy un primer componente de la iniciativa “Observatorio Nacional de Derechos Humanos” (ONADH), un instrumento pionero que permitirá contar con información articulada, oportuna y basada en evidencia para identificar vulnerabilidades, monitorear riesgos y fortalecer la gobernanza en derechos humanos en Costa Rica.
Durante el evento se expusieron los principales avances del proceso, incluyendo el diseño conceptual, normativo y tecnológico del Observatorio; el fortalecimiento de capacidades institucionales en gestión de datos y evaluación de políticas públicas; y la creación colaborativa de un dashboard (tablero de datos) que constituye el primer componente tecnológico del proyecto.
La Defensora de los Habitantes Angie Cruickshank Lambert expresó “El ONADH es una iniciativa prioritaria de mi gestión como Defensora de los Habitantes. Es uno de mis compromisos fundamentales ante el Poder Legislativo y ante la sociedad costarricense y pretende ser una herramienta estratégica para fortalecer la capacidad institucional de registro, visualización y monitoreo de información así como el análisis integral de vulneraciones y amenazas a los Derechos Humanos de las y los habitantes”
Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el PNUD. Además, ha sido apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo y el Equipo de Estado de Derecho, Seguridad y Derechos Humanos del PNUD.
Sandra Sosa Cárcamo, representante residente del PNUD en Costa Rica, indicó que “El Observatorio Nacional de Derechos Humanos se consolida como un instrumento clave para identificar brechas, fortalecer el análisis basado en evidencia y orientar políticas públicas más inclusivas y efectivas, en línea con la Agenda 2030. Para el PNUD es un honor acompañar técnicamente esta iniciativa que impulsa la promoción y protección de los derechos humanos”
En la primera etapa del proyecto, las personas usuarias podrán acceder al sitio web de la Defensoría de los Habitantes www.dhr.go.cr donde encontrarán una sección que contiene información general y material audiovisual del ONADH así como un primer avance del tablero de datos con información relevante de 3 dimensiones prioritarias para el desarrollo humano: salud, educación y seguridad ciudadana. Esta plataforma es de acceso público y gratuito, lo que contribuye a la transparencia y a la participación ciudadana.
En etapas posteriores, el Observatorio incorporará nuevas dimensiones e indicadores que serán útiles para el monitoreo y análisis de datos estratégicos, pero también esta iniciativa pretende acompañar el diseño de políticas públicas para que tomen en cuenta el estado de situación de los Derechos Humanos de todas las personas del país, considerando sus diversidades. Asimismo, se abrirán espacios de colaboración con instituciones públicas, academia, organizaciones sociales y organismos internacionales para garantizar su sostenibilidad y ampliar su impacto.
El evento fue realizado en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa durante la mañana del miércoles 10 de diciembre del 2025 y contó con la participación de representantes de la sociedad civil, de instituciones públicas, del Sistema de Naciones Unidas, del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica, de Diputados y Diputadas de la República, así como funcionarios y funcionarias de la Defensoría de los Habitantes.
Con el ONADH, Costa Rica avanza hacia una iniciativa más robusta de monitoreo, prevención y respuesta, reforzando la protección de los derechos humanos como pilar fundamental de la democracia.
En medio de la devastación, los sindicatos sudaneses han sido golpeados con una violencia doble: la que arrasa la vida cotidiana y la que destruye las estructuras colectivas de defensa de los trabajadores y las trabajadoras.
Frank Ulloa Royo
Las sedes sindicales han sido atacadas, los dirigentes perseguidos y las organizaciones desarticuladas por el fuego cruzado y la represión.
Allí donde antes había espacios de solidaridad obrera, hoy quedan ruinas y silencios. Sin embargo, en comunidades sitiadas y en barrios desplazados, persisten pequeños núcleos de resistencia que intentan sostener la vida con lo mínimo: alimentos compartidos, redes de apoyo, memoria de lucha.
La guerra no solo mata cuerpos, también intenta borrar la voz organizada de los trabajadores y las trabajadoras: la voz del pueblo. Por eso la solidaridad internacional debe levantarla de nuevo. Sin embargo, este tema no es parte de la agenda sindical internacional.
Un tema fuera de agenda
Sudán, país joven y vasto, que se desangra en una guerra civil que ha convertido su territorio en un mapa de desplazamientos y dolor.
Más de 150.000 muertos, millones de personas obligadas a huir, comunidades enteras atrapadas en condiciones de asedio: la mayor crisis humanitaria del planeta ─junto a la del pueblo de Palestina─ se desarrolla ante nuestros ojos, y sin embargo el mundo parece mirar hacia otro lado.
Las cifras son frías, pero detrás de ellas laten historias de hambre, violencia extrema y un colapso institucional que amenaza con borrar la dignidad de un pueblo.
Las calles de Darfur y El Fasher han sido testigos de matanzas tan atroces que hasta los satélites registran la huella del horror.
Otro genocidio
Genocidio no es una palabra exagerada: es la realidad que se impone cuando la vida humana se convierte en desecho y la indiferencia internacional en cómplice.
Como decía José Martí, “África no está tan lejos”. Lo que ocurre en Sudán nos toca directamente, porque la violencia contra un pueblo es violencia contra todos.
Nuestra América no puede permanecer muda: la sangre derramada en Jartum y Darfur es también un llamado a la solidaridad en toda nuestra región.
La indiferencia que hoy condena a Sudán al silencio es la misma que mañana puede justificar la represión contra trabajadores y comunidades en nuestro continente.
La guerra en Sudán nos recuerda que la barbarie no tiene fronteras. El hambre que devora a millones de sudaneses es la misma hambre que acecha a campesinos desplazados en América Latina y que caminan como sombras por nuestro continente.
La represión que destruye sindicatos y organizaciones en África es espejo de las amenazas que enfrentan nuestras luchas obreras. La violencia extrema que arrasa con la memoria de un pueblo es la misma que intenta borrar la historia de resistencia en nuestras tierras.
Por eso, desde Rel UITA levantamos la voz, de la misma manera que reaccionamos contra la barbarie de la oligarquía y los militares en Birmania (Myanmar) y el genocidio israelí en la Franja de Gaza.
No podemos aceptar que el genocidio en Sudán se convierta en un espectáculo invisible. La solidaridad sindical y popular debe cruzar océanos, debe unir las luchas de trabajadores africanos y latinoamericanos en una misma bandera de dignidad.
Sudán es un espejo que nos devuelve la imagen de lo que ocurre cuando la vida se desprecia y la memoria se borra.
Defender Sudán es defendernos a nosotros mismos. Denunciar este genocidio es afirmar que la humanidad no se divide en continentes, sino que se une en la resistencia contra la barbarie.
El día lunes, 8 de diciembre del año en curso, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica Manuel Tovar firmó en Tel Aviv, un tratado de comercio exterior con el Estado genocida de Israel.
Mientras el gobierno de Rodrigo Chaves desarrollaba con las autoridades israelíes el proceso de negociaciones de este tratado, el gobierno de ese país, encabezado por Benjamín Netanyahu, sin compasión alguna, masacraba con distinto tipo de artillería a la población civil de Gaza.
Distintos medios y cadenas de comunicación han indicado que esta es la «guerra» más televisada del mundo, ya que se podían ver las imágenes en vivo de edificios y casas que se destruían marcadas por densas nubes de humo, polvo y fuego. También se veían personas, niños, mujeres, ancianos moviéndose sin rumbo cierto ante el horror de que una bomba o disparo les cegara la vida. El fuego inclemente de la aviación y la artillería israelí destruía hospitales y escuelas, sin importar quien estaba adentro. El pretexto más utilizado es que ahí habría combatientes de Hamas. Pero realmente lo que ha habido en Gaza no ha sido una guerra sino un genocidio deliberado y minuciosamente planificado.
Hoy, cuando Gaza todavía padece la incertidumbre de un dudoso alto al fuego, se ven los terribles resultados de las acciones genocidas del gobierno de Netanyahu y de su ejército: Más de 70.000 muertos de la población civil. Mujeres, ancianos y alrededor de 20.000 niños masacrados. Y, según Naciones Unidas, el 92 % de las viviendas en Gaza están destruidas y más de medio millón de personas están en riesgo de hambruna.
No por casualidad, la Comisión Internacional Independiente sobre los territorios palestinos ocupados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó recientemente que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, al mismo tiempo que ha demandado a Israel «a cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para poner fin a tal atrocidad y castigar a los responsables».
La comisión de la ONU sustenta la acusación del genocidio israelí en que este Estado ha cumplido cuatro de los cinco actos que configuran el carácter genocida de un Estado. «Al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas» definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, concluyó el informe de la comisión especializada de la ONU que ha investigado lo ocurrido desde el 7 de octubre de 2023 en ese territorio palestino asediado.
Mientras tanto la República de Sudáfrica inició el 29 de diciembre de 2023, un proceso contra el Estado de Israel, conocido oficialmente como Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel). Este proceso se refiere a violaciones por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el derecho internacional en relación con los palestinos de la Franja de Gaza. La presentación de Sudáfrica coloca los cargos en lo que describe como «el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus setenta y cinco años de apartheid, sus cincuenta y seis años de ocupación beligerante del territorio palestino y su bloqueo de Gaza de dieciséis años».
La población civil gazatí ahora son las víctimas de un verdadero holocausto perpetrado por un Estado encabezado por un nuevo Hitler, el genocida Netanyahu.
Todavía no hace mucho tiempo el Estado costarricense brillaba en Naciones Unidas y otros escenarios internacionales, como un país pequeño, pero con un fuerte liderazgo en materia de derechos humanos. Hoy, especialmente, a raíz de las políticas de la administración Chaves Robles, se ha erosionado significativamente ese prestigio.
En el presente, la política exterior de Costa Rica tiene como epicentro Washington y no San José. Se siguen los dictados de Trump y de Marco Rubio. Cero independencia. Cero autonomía. Cero dignidad.
Porque si realmente hubiera dignidad en este gobierno no se estaría suscribiendo un TLC con Israel, sino que se hubiese seguido el camino de Colombia que a raíz de la actuación de Israel en Gaza, rompió relaciones con ese Estado genocida.
Ahora cabe esperar que el respeto de los derechos humanos y la dignidad prevalezcan en la Asamblea Legislativa para evitar que este tratado lleno de sangre e ignominia sea ratificado.
