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Etiqueta: derechos humanos

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Marcos Chinchilla Montes

Las encuestas de la UCR y de la UNA avizoraban un escenario positivo para el chavismo en las elecciones de ayer. Ganaron, esa es la democracia.

Para la institucionalidad pública costarricense y para el bienestar de su población, los resultados anuncian una debacle en todos los sentidos; el oficialismo tiene la capacidad política para seguir avanzando en la destrucción de la CCSS, del INS del decaído ICE; avanzar en el proyecto de jornadas de trabajo 4×3 que precarizará aún más el empleo; devastar el sistema de educación, la protección de la niñez, los sistemas de becas, pensiones, atención de las mujeres, de la población adulta mayor. El nuevo gobierno realizará ingentes esfuerzos por privatizar y mercantilizar los servicios eléctricos, de agua, salud, educación, loterías. La producción agrícola se verá aún más afectada arruinando no solo a miles de campesinos, sino también un estilo de vida vinculado con la tierra. Seguirá el pulso con las universidades públicas para desfinanciarlas y privilegiar aún más los negocios de las universidades privadas; buscan extinguir el pensamiento crítico y emancipador.

De la mano de la pobreza, el desempleo y el apagón educativo, el crimen organizado se seguirá extendiendo; se reforzará su instalación como un estilo de vida social que legitima e integra a poblaciones que han sido excluidas socialmente. Pero a su vez se utilizará como un mecanismo para legitimar la represión del Estado, en primera instancia hacia la delincuencia, luego hacia aquellas voces que critiquen el nuevo gobierno. Sin lugar a dudas, habrá violencia política; cuadros del chavismo no han tenido reparo de actuar en esos términos.

El cuestionamiento a la división de poderes será la tónica, y seguirá el ataque hacia el Poder Judicial, hacia el OIJ, contra la Contraloría General de la Repúblicas, las universidades públicas, contra la Asamblea Legislativa que no sea funcional.

Es presumible que la administración pública se instrumentalice con funcionarios serviles; que se refuerce una comprensión conservadora de las políticas sociales y de las mismas relaciones sociales; de la cultura como un todo.

Un sector económico en ascenso concentrará aún más la riqueza, depositando en el mercado las limitadas posibilidades de ascenso social.

Pudo haber sido peor, no alcanzaron las 40 diputaciones que querían; y eso en cierta medida, les cierra el paso a las reformas más violentas, aunque ya Laura nos advierte sobre una Tercera República de corte ultraneoliberal, conservadora y fascista.

En el 2019, el historiador costarricense David Díaz nos recordaba que llevábamos 37 años de resistencia contra el neoliberalismo, a lo que yo agregaba que habíamos sido sobrevivientes durante todo ese tiempo pues muchas personas no nos habíamos sometido a su proyecto socio cultural: la subjetividad del individualismo, del éxito como esfuerzo personal, de la competencia, de la mercantilización de todas las esferas de la vida, del consumo, de la negación de derechos, de la depredación de la naturaleza, de la negación de la solidaridad; del desprecio de las personas diferentes. Laura Fernández gana porque esa narrativa y esa subjetividad se han instalado exitosamente en casi el 50% de la población costarricense.

Como tantas veces a lo largo de la historia, la resistencia, la congruencia y la imaginación fueron y serán claves para seguir avanzando, adobadas con la reflexión crítica y fraterna que no nos la pueden robar. Claro que vienen tiempos duros, el conservadurismo, la violencia política y la aplanadora se seguirán extendiendo; pero desde nuestras trincheras tenemos claridad que seguiremos reivindicando todos aquellos derechos en los que creemos: la justicia y bienestar social, la distribución de riqueza, el reconocimiento a la diversidad humana, el respeto a los derechos de género, la justicia ambiental, los derechos culturales, la memoria. Tanta voluntad de emancipación que hemos construido y disfrutado.

Será fundamental encontrar espacios comunitarios e institucionales para articularnos y fortalecernos de manera conjunta, para indignarnos, para encontrar respuestas colectivas. Aún nos protege mucho de institucionalidad y hay que aprovecharla y defenderla.

Me complace que hayamos alcanzado siete diputaciones en el Frente Amplio, la van a tener dura, pero no se van a quedar en silencio; más sí cuentan con el apoyo de quienes defendemos la institucionalidad. Esperaría que las diputaciones del Partido Liberación Nacional, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana actúen con congruencia y sentido histórico.

Escribí estas reflexiones a propósito de las interrogantes que me hicieron llegar Marianela y Ana Rosa, que haciendo eco de sus años estudiantiles, siguen planteando preguntas instigadoras.

El triunfo de Laura Fernández y la continuidad del cambio político chavista, un desafío al sistema democrático y la institucional pública

Escrito en . Publicado en Elecciones.

German Masís

En agosto del 2023, señalábamos en un artículo titulado “No es sólo un cambio de Gobierno, es el inicio de un Cambio Social que podría cambiar el rumbo del país”, luego de la llegada al poder de Rodrigo Chaves y con él un nuevo grupo político y económico, el respaldo sostenido de buena parte de la población y un discurso polarizante, que se decía no eran elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que había iniciado, impulsado por algunos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos y que era necesario analizar y esclarecer.

Nos preguntamos si estábamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre las clases sociales y en particular del deterioro del sistema de partidos políticos y los sectores que los habían apoyado por varias décadas.

La ciudadanía había votado por el cambio político, y ya en el poder la Administración Chaves, mostró un giro hacia una orientación política caracterizada por:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas disruptivas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBIQ+, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros excesivos en la reivindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso populista del presidente y de las autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia muy efectiva en la intención de mantener su popularidad. (SURCOS digital, agosto 2023)

Era innegable que había un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y política del país, hacia una menos democrática, polarizada y menos respetuosa de los derechos humanos y esa ha sido la tónica.

El día de ayer, el resultado de las elecciones nacionales, confirmó el cambio sociopolítico vigente y el giro hacia una orientación más autoritaria y populista de parte del partido y la candidata triunfadora. En su discurso de la victoria la presidenta electa Laura Fernández, estableció los rasgos principales de su gestión en el marco de la continuidad del cambio y la afirmación de un estilo de gobierno confrontativo para los próximos 4 años, al enunciar que “el cambio será profundo e irreversible” e implicará cambios profundos en el sistema democrático, en ámbitos como:

“es un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad.

Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia, lo que se llamó la II República, que ha quedado en el pasado y a partir de mayo se instalará la III República.

Uno de los cambios más significativos, será la forma en que actúe la oposición al gobierno, que tiene que ser propositiva y leal a la ciudadanía, y no debe ser obstruccionista y saboteadora.

Con respecto a las leyes, el principio es sencillo, la ley que no sirve y se volvió obsoleta al desarrollo, se convirtió en un lastre al desarrollo, se modifica y deroga,

La III República, llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional, porque el pueblo exige acabar con la corrupción y con la ineficiencia del Estado.

Ella seguirá haciendo rugir la economía jaguar, multiplicando el desarrollo con libertad de empresa, de comercio, libertad que se acrecienta con la propiedad privada.

A los diputados les pidió actuar con prudencia y sabiduría, patriotismo, valentía y lealtad al pueblo, debe ser una bancada legislativa fructífera y guiada por el ejemplo del presidente.

Sobre el papel de la prensa, ésta debe ser auténticamente libre para cumplir su labor con objetividad y responsabilidad y no convertirse en moneda de truque para los dueños de los medios de comunicación que favorecen intereses económicos particulares”. (discurso de la presidenta electa, video canal 13,1-2-2026)

El planteamiento de la presidenta electa es claro y directo, “marcando la cancha” con tintes autoritarios a partir de la experiencia y la influencia del presidente y del movimiento político chavista que ahora tiene una base social propia, cuadros políticos con experiencia en la gestión del ejecutivo y el legislativo y con una cúpula económica amplia que ha sido favorecida con la participación en diversas actividades económicas.

Sin embargo, ésta propuesta hacia la eficiencia, la prosperidad, la libertad económica y el bienestar del pueblo, puede continuar dejando al margen a amplios sectores como la educación, la salud, el ambiente, el agro y los derechos humanos y plantando serios desafíos a la división de poderes, la labor fiscalizadora y el ejercicio legislativo; el panorama a partir de mayo, apunta a una centralización del poder y a la aplicación de prácticas coercitivas, que no augura grandes posibilidades de diálogo y la construcción de acuerdos frente a los problemas del país, pero eso es lo que habrá.

Contra la violencia sexual: un llamado a la responsabilidad pública

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Pronunciamiento público SEPROJOVEN y CASA RUAH

Como organización comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante cualquier discurso que relativice, normalice o justifique la violencia sexual, especialmente cuando involucra a personas menores de edad.

Las recientes declaraciones emitidas por una persona aspirante a un cargo de elección popular, en las que se presenta como “normal” una relación entre una adolescente de 15 años y un hombre adulto de 35 años, resultan alarmantes y contrarias a los principios de protección integral de la niñez y la adolescencia, reconocidos tanto en la legislación costarricense como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Este tipo de afirmaciones desconocen las evidentes desigualdades de poder que existen por razones de edad, género y posición social, así como los riesgos físicos, emocionales y sociales que enfrentan las personas menores de edad en estas circunstancias. Presentar estos vínculos como aceptables no solo invisibiliza la violencia, sino que debilita los mecanismos de protección, desacredita la palabra de las víctimas y reproduce patrones históricos de abuso y dominación.

Las declaraciones realizadas desde espacios de representación pública no son neutras ni privadas. Tienen consecuencias reales ya que influyen en la forma en que la sociedad percibe la violencia y pueden legitimar prácticas que atentan contra la dignidad y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Por ello, quienes aspiran a ocupar cargos públicos tienen una responsabilidad ética mayor en la manera en que se refieren a estos temas.

La violencia sexual contra personas menores de edad no puede reducirse a opiniones personales ni tratarse como casos aislados. Se trata de una problemática social estructural, vinculada a desigualdades históricas que colocan a niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad frente a personas adultas. Minimizar estas realidades contribuye a normalizar el daño y a mantener el silencio alrededor de situaciones que requieren protección y acción inmediata.

Recordamos que la protección de la niñez y la adolescencia es un asunto de interés público y una obligación indeclinable del Estado y de toda la sociedad. No puede quedar sujeta a criterios morales individuales ni a interpretaciones que desconozcan

el enfoque de derechos, la evidencia técnica y los estándares internacionales de protección. La integridad y el bienestar de las personas menores de edad constituyen un límite ético y jurídico que no admite relativizaciones.

Reiteramos nuestro compromiso con la prevención y erradicación de toda forma de violencia sexual, así como con la construcción de entornos seguros que garanticen protección efectiva, atención oportuna y acceso a la justicia. Defender los derechos de la niñez y la adolescencia no es una postura ideológica; es una responsabilidad colectiva y una condición básica para una sociedad democrática y justa.

Como organización, hacemos un llamado a las autoridades, a los actores políticos y a la ciudadanía a asumir una postura clara, informada y coherente con los derechos humanos. La dignidad de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad incuestionable en cualquier discurso o proyecto político.

31 de enero de 2026, Costa Rica

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados exige responsabilidad ética frente a la violencia sexual contra personas menores de edad

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Las organizaciones de sociedad civil, instancias académicas y colegios profesionales que formamos parte de la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de Niñas, Niños y Personas Adolescentes en Costa Rica expresamos nuestra profunda preocupación ante declaraciones públicas recientes que relativizan, justifican o normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad.

Resulta especialmente alarmante que, desde aspiraciones a cargos de representación o desde cualquier posición de liderazgo público, se sostengan discursos que desconocen sentencias judiciales firmes y que niegan la condición de persona menor de edad a niñas y adolescentes, reproduciendo narrativas que banalizan relaciones profundamente marcadas por la desigualdad de poder, la coerción y la violencia.

Este tipo de afirmaciones no solo contradicen el ordenamiento jurídico costarricense —incluido el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Relaciones Impropias N.º 9406 y el marco penal vigente— sino que también vulneran los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado costarricense ha asumido, entre ellos el principio de protección integral, el interés superior de la persona menor de edad y el deber reforzado de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia sexual establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El carácter inválido e improcedente de todo consentimiento sexual declarado por una persona menor de 18 años está debidamente regulado en Costa Rica por vía del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”, instrumento conocido como Protocolo de Palermo, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.º 8315 del 4 de noviembre de 2002, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo forma parte del ordenamiento jurídico costarricense y rige sobre todo lo relacionado con la validez o no del consentimiento sexual para actos donde la parte actuante sea menor de 18 años de edad.

Como sociedad, debemos ser claros e irreductibles: no existe consentimiento válido en relaciones sexuales entre personas adultas y personas menores de edad, y cualquier intento de presentarlas como “normales” constituye una forma de legitimación simbólica de la violencia sexual. Estos discursos tienen efectos reales y dañinos, pues refuerzan la impunidad, desalientan la denuncia, revictimizan a quienes han sobrevivido a estas violencias y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar protección y justicia.

Quisiéramos enfatizar que toda persona que ejerza o llegue a ejercer funciones de servicio público —particularmente en espacios de influencia legislativa o de formulación de políticas públicas— debe demostrar la capacidad de ajustar sus concepciones, discursos y actuaciones al marco de derechos de la niñez y la adolescencia. La función pública exige un compromiso ético ineludible con la dignidad humana, el Estado de derecho y la protección de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad.

Reafirmamos que la protección de niñas, niños y personas adolescentes frente a la violencia sexual no es una cuestión ideológica, partidaria ni opinable. Es una obligación jurídica, ética y democrática. Costa Rica ha construido, con enormes esfuerzos históricos, un marco de protección que no puede verse erosionado por discursos regresivos que normalizan la violencia y desconocen la evidencia, la ley y la experiencia de las personas sobrevivientes.

Desde la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados, reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de derechos, con la prevención de todas las formas de violencia y con la exigencia de que quienes aspiren a ejercer poder público actúen con responsabilidad, conocimiento y respeto irrestricto por los derechos humanos de niñas, niños y personas adolescentes.

El cuidado, la protección y la dignidad de las personas menores de edad deben ser un mínimo ético compartido en cualquier proyecto de país.

Personas sobrevivientes de violencia sexual llaman a votar con ética y responsabilidad

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Pronunciamiento de personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia de cara a las elecciones 2026

Costa Rica, enero 2026

Desde el Movimiento de Valientes de Costa Rica, iniciativa conformada por personas sobrevivientes de violencia sexual vivida en la infancia y/o adolescencia, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las declaraciones del candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña.

Villalobos, abogado de profesión, fue defensor legal de un pastor evangélico condenado en noviembre de 2022 a 35 años de prisión por abuso sexual, violación calificada y tentativa de violación contra una persona menor de edad. Resulta especialmente grave que el candidato haya afirmado públicamente que la víctima de 14 años “no era una niña” y que existía una supuesta “relación normal” entre el agresor y la persona menor de edad.

Estas afirmaciones desconocen una sentencia judicial firme y reproducen discursos que minimizan, justifican y normalizan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, contradicen la legislación costarricense, los estándares internacionales de derechos humanos y los principios básicos de protección integral de la niñez y la adolescencia. Por eso, el debate sobre su permanencia o renuncia a la candidatura no es un asunto personal ni partidario, sino una cuestión de responsabilidad política, ética y jurídica.

En el proceso judicial, los tribunales establecieron con claridad que la víctima tenía 14 años cuando iniciaron los abusos y que el agresor utilizó su rol como pastor, la confianza de la familia y la situación de vulnerabilidad de la persona menor de edad para cometer los delitos. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación y por la Sala Tercera de Casación Penal.

Este caso se suma a preocupaciones más amplias que, como personas sobrevivientes, tenemos frente a la posible continuidad del proyecto político impulsado por Rodrigo Chaves y actualmente representado por Laura Fernández y las candidaturas a diputaciones del Partido Pueblo Soberano.

El 5 de marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica. En ella, organizaciones de la sociedad civil denunciaron retrocesos graves durante el actual gobierno, con impactos directos en poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. No se trata de hechos aislados, sino de patrones de debilitamiento institucional, regresión normativa y abandono de obligaciones estatales.

Bajo este gobierno se eliminó la educación integral para la sexualidad en el sistema educativo, se han promovido discursos regresivos en materia de derechos sexuales y reproductivos, y se han aplicado políticas de austeridad que han reducido la capacidad del Estado para prevenir la violencia, atender a las víctimas y garantizar justicia.

La educación sexual integral salva vidas. Permite que niñas, niños y adolescentes reconozcan situaciones de violencia y facilita la denuncia temprana. Su eliminación aumenta la vulnerabilidad de las personas menores de edad y contradice los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica. A esto se suma una drástica reducción de la inversión pública, que pasó del 21,2 % del PIB en 2022 al 9,3 % en 2025. Este recorte ha afectado directamente la protección social, la educación, la salud y la cultura, debilitando la garantía de derechos básicos.

Estos retrocesos evidencian un debilitamiento serio del Estado de derecho. Instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia han visto profundizada su inacción. Los recortes en políticas sociales y de protección a la niñez han aumentado la desprotección, la impunidad y el abandono de las personas sobrevivientes.

La eventual continuidad de este proyecto político, a través de la candidatura de Laura Fernández, amenaza con profundizar aún más este deterioro institucional. No se trata solo de una elección, sino del riesgo de consolidar un modelo de Estado que tolera discursos que relativizan la violencia sexual y que incumple de forma reiterada sus obligaciones nacionales e internacionales en derechos humanos.

Denunciamos también la exclusión histórica de niñas, niños y adolescentes indígenas de políticas públicas fundamentales, como la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024–2036 presentada por el actual gobierno. Costa Rica necesita con urgencia un enfoque intercultural, equitativo y libre de discriminación.

Garantizar justicia para niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual exige respuestas estructurales. La imprescriptibilidad total de estos delitos es una demanda basada en la desigualdad de poder, las barreras reales de acceso a la justicia y el deber reforzado del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violencias. Esta exigencia es aún más urgente en un contexto donde discursos políticos minimizan la gravedad de estos crímenes.

La defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes requiere hoy una posición clara y firme, que rechace cualquier intento de justificar la violencia sexual y coloque la protección integral y la prevención en el centro de la acción pública.

Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía comprometida con los derechos humanos de la niñez y la adolescencia a votar con ética y con información. Salgamos a votar contra el continuismo y dejemos claro que no vamos a tolerar que un proyecto político que minimiza la violencia sexual y encubre a agresores se mantenga en el poder.

¡Venimos Valientes y NO nos vamos a callar!

Una deriva peligrosa

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En menos de un mes, las fuerzas federales del orden en materia migratoria comandadas por el gobierno del Republicano Donald Trump han asesinado a tiros a dos ciudadanos de aquel país, que interponían sus cuerpos en sendos operativos antiinmigrantes en la convulsa ciudad de Minneapolis.

La indignación es evidente y miles de personas de todas las edades han protagonizado desde hace ya varias semanas, acciones de protesta para solicitar que el gobierno de Donald Trump retire a sus subordinados dados los acontecimientos. El segundo fallecido recién el sábado anterior, fue desarmado antes de ser abatido a tiros en otra acción desmesurada y autoritaria.

De nuevo y una vez más, la administración republicana ha salido al paso y en defensa de sus funcionarios policiales. Esta vez las palabras iniciales de la Administración Trump enfatizaban en que Alex Pretti, el hombre asesinado, constituía un peligro, era un terrorista local y tenía como objetivo derramar sangre.

Los materiales audiovisuales que abundan como testigos de este hecho demuestran lo contrario: una jauría de policías migratorios se abalanza sobre el hombre que en ese momento defiende una mujer a la que segundos antes esas mismas fuerzas le había rociado gas pimienta para inmovilizarla. El forcejeo, la lucha de Pretty contra la policía migratoria y los tiros, todo, todo quedó evidenciado y socializado miles de veces en las distintas redes sociales.

La deriva autoritaria sigue su curso en Estados Unidos y su resonancia en otros contextos no deja de preocupar. Concretamente en el caso costarricense, en el que en medio de su convulso clima electoral algunos candidatos presidenciales y legislativos han aceptado a viva voz su deseo de limitar las libertades individuales en una pretendida lucha contra la violencia que se ha instalado en el país desde hace tres años de forma consecutiva.

Esa expresión de interés debe ser leída con cuidado en un momento en el que el lenguaje populista pareciera ganar la partida al diálogo y la sensatez. No más hace pocas horas, una persona candidata presidencial invitó al principal financista de la campaña republicana Elon Musk a invertir en el país. No es poca cosa ni es un acto fortuito. El personaje de marras, multimillonario, es fiel suscriptor de las tesis republicanas en varios temas.

De la misma forma en el tema migratorio, el grueso de las propuestas de los partidos en la contienda electoral apunta mayoritariamente a un enfoque basado en el control y la securitización, abandonando la tradición del país basada en una observancia a la hospitalidad, los derechos humanos y el reconocimiento del papel que la población migrante ha desempeñado en materia económica, social y cultural.

El próximo domingo 1 de febrero Costa Rica se presenta ante las elecciones más importantes en muchas décadas. Se define una vía que potencie el diálogo y la discusión de ideas para sacar al país de su crisis o por el contrario una peligrosa deriva autoritaria podría instalarse como gestión gubernamental. La decisión es ciertamente difícil pero la sensatez podría ser ese vehículo moral que saque a la sociedad costarricense del problema en que ella misma se ha metido.

¡Por la libertad de expresión y la protección del activismo en Costa Rica!

Escrito en . Publicado en Derechos.

Servicio de Paz y Justicia ─ Costa Rica

El pasado 13 de enero de 2026, fue de conocimiento público el señalamiento contra Stella Chinchilla Mora por presuntamente motivar un atentado contra el presidente de turno de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

Desde el Servicio de Paz y Justicia ─ SERPAJ-CR, expresamos nuestro rechazo y profunda preocupación ante lo que consideramos un uso desproporcionado del aparato estatal para silenciar voces críticas.

Stella es una comunicadora social, activista por DDHH, vicepresidenta del Centro de Amigos para la Paz ─ CAP, a quién conocemos y extendemos nuestra solidaridad ante esta situación. Stella es conocida no sólo por Movimientos Sociales costarricenses e internacionales, sino también por sectores de poder por su activismo con su “cámara callejera” que ha denunciado e informado en múltiples ocasiones. Solo en su canal de YouTube, desde el 2009, Stella acumula más 1300 videos sumando más de medio millón de vistas.

La impronta activista de Stella es fácilmente verificable. La trayectoria documentada de Stella es testimonio de un compromiso ético con la denuncia social y la transparencia informativa. Su «cámara callejera» no es un arma, es una herramienta de visibilización ciudadana.

Denunciamos que la acusación contra Stella es un mecanismo simbólico de amenaza para quienes adversan al actual Gobierno. El show derivado de este hecho es una cortina de humo que pretende implantar en la colectividad un “enemigo” y así encuadrar al Gobierno actual como un “mártir” que requiere a toda costa la defensa de la ciudadanía y al mismo tiempo justificar la violación a Derechos Humanos.

La acusación contra Stella no es un hecho aislado, es una narrativa que, mediante la amenaza, busca instalar el miedo en quienes ejercen su derecho a la disidencia. Estas acciones pretenden la polarización, paralizar conciencias críticas y convertir al activismo en un supuesto peligro para la seguridad nacional. Cuando se utiliza el discurso público para señalar a activistas como «enemigos», directamente se alienta una escalada de hostilidad que afecta la convivencia democrática.

Desde SERPAJ-CR denunciamos que la guerra y la amenaza son dos de las más graves expresiones de violencia individual y colectiva. Tanto la guerra como la amenaza buscan (y en muchos casos logran) paralizar la conciencia, polarizar, amedrentar, aterrorizar, destruir, desestabilizar.

Las acciones contra Stella impactan, exacerban y envalentonan a quienes ciegamente siguen al actual gobierno, su candidata presidencial y adeptos. Alinean y nublan conciencias que se movilizan precipitadamente y generan una escalada violenta contra toda persona que manifieste críticas.

La criminalización al activismo es un mecanismo de control social y político que opera contra Movimientos Sociales, opositores o personas comunes que no coinciden con el discurso y Agendas del oficialismo. En varios gobiernos este mecanismo ha judicializado activistas y líderes como estrategia de desgaste y paralización de conciencias. El actual gobierno ha sido altamente eficiente en incitar a muchas personas a defenderle desmedidamente. Sin importar si la disidencia viene de la familia, el vecindario o el trabajo, cualquier opinión crítica al gobierno es tachada de “enemiga” del pueblo.

En el SERPAJ-CR alertamos gran preocupación ante la estrategia del gobierno actual encaminada no solo en criminalizar al activismo, la libertad de expresión y pensamiento crítico, sino en victimizarse desde un discurso altamente populista para justificar el ejercicio del poder autoritario, delictivo y violento. Con el agravante de haber implantado en un sector ciudadano la idea de defender al oficialismo a toda costa y con “mano dura” de cualquier opinión disidente.

Desde SERPAJ-CR:

  • Convocamos a Movimientos Sociales, Colectivos y Medios de Comunicación Alternativos a pronunciarse en contra de la criminalización a Stella y activistas, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

  • Hacemos un llamado a espacios de lucha social para construir redes de protección y cuidado colectivo que nos permitan enfrentar incitaciones a la violencia que buscan dañarnos y paralizar a las generaciones que apenas crecen.

  • Instamos a la ciudadanía a no ceder ante discursos que promueven el odio o la división.

Les gusta Bad Bunny

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Y se entusiasman con Dua Lipa, pero también con Malpaís, Taylor Swift, Drake, Olivia, Eminem, Maluma, E-hoy, Clean Girl, y más. Siguen el fútbol y se ilusionan (o desilusionan) con la Sele, con el Barcelona, con el Real Madrid, con Messi y con Keylor. Son una generación que nació y se desarrolla en un país donde, para un buen número, el «pura vida» ha sido una marca. Donde los sicarios solo estaban en canciones de Rubén Blades y el narcotráfico letal era solo una noticia originada en Colombia. Donde nunca había que pensarlo dos veces para salir a cualquier hora de la noche o el día, y donde no existe temor de ser vapuleado por un militar con cara de asesino.

Con el respeto ganado, me dirijo a los que fueron mis estudiantes y también estudiantes de tantos miles de docentes de escuelas, colegios y universidades, que han constituido un sistema educativo mayormente gratuito, que valora la libertad y las iniciativas individuales, que sustenta, en fin, una juventud para la cual la cultura está a la mano, y, algunos dirán, en el infaltable celular. A esa juventud que no concibe lo que es prestar un «servicio militar» para un ejército depravado. Que sabe que en su tierra existe un sistema de garantías constitucionales, que respeta sus derechos humanos, su libertad de movimiento y de reunión, su libre expresión, su derecho a servicios de salud, a la educación, a la justicia, a elegir y ser electo, su privilegio a respirar libertad.

Ustedes, muchachas y muchachos, que casi nunca han tenido que salir de su juvenil burbuja para enfrentar especiales retos democráticos, por sentir que su independencia personal no está en peligro, les tengo una oportuna advertencia. Porque este profesor amigo conoció lo que era vivir bajo una dictadura como la de Pinochet en Chile, no puedo dejar de pasar por alto, evidentes amenazas que se han anunciado para esta adorada Costa Rica. Les cuento que para un tico es muy difícil describir cuánto se degradan emocionalmente las personas sometidas por un gobierno que, sin ton ni son, se le ocurre derogar, por el tiempo que sea, las sagradas garantías individuales. Y es que, si las normas constitucionales fuesen las responsables del deficiente manejo de la seguridad ciudadana, ¡y no las deplorables condiciones sociales que sufren los que han sido lanzados al barril de la miseria extrema!, la candidata presidencial del oficialismo, propone repetir en nuestra Patria, los abusos perpetrados por los dictadores en Chile, Nicaragua y El Salvador. Regímenes que secuestran de sus íntimas viviendas a «presuntos delincuentes», sin órdenes judiciales pertinentes, y sin dejar rastros formales de sus acciones, ni de los desenlaces de sus violaciones. Para ellos, el “toque de queda”, sinónimo de “suspensión de garantías” es representativo de una nueva legalidad, la legalidad de los sátrapas.

Por eso le hablo a usted joven que valora su libertad, sus derechos, su independencia, ¡su vida!, y lo invito a que piense un instante en las consecuencias de esa propuesta arbitraria, nacida en el seno de los que aspiran perpetuarse en el poder para cambiar profundamente la nación que parecen querer destruir.

Cuando se suspenden las garantías constitucionales “por regiones”, como propone Laura Fernández, Nogui Acosta, y otros, específicamente en comunidades miserables de Limón, Puntarenas y el valle central, inevitablemente «pagarían justos por pecadores», pues la «ley de la selva» se aplica a diestra y siniestra, con el pretexto perverso de apresar “a delincuentes”, que por supuesto, no han sido juzgados.

Pienso que quizá otros temas de la campaña electoral no puedan competir con Bad Bunny o Maluma, pues por ahí andan sus gustos, pero jóvenes costarricenses, este asunto si debería merecer de parte de ustedes, momentos de reflexión, pues se estaría dando un paso muy peligroso hacia una Costa Rica mucho menos democrática, y de paso, más violenta.

Por fortuna, su voto es decisivo para evitar que algo semejante pudiese suceder.

La locura del continuismo (hacia la demencia nacionalsocialista)

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Guillermo Murillo Castillo
Abogado

En la presente campaña, ha surgido una enorme disputa entre quienes defienden el Estado Social de Derecho instaurado en Costa Rica y quienes defienden un estilo autoritario de poder sustentado en la figura del actual presidente de la república, al cual, se pretende bajo la figura del mal llamado “continuismo” centralizar ese poder destruyendo el Estado que conocemos.

La campaña política que ha polarizado al país como nunca en la historia reciente, se ha sustentado por la violencia del discurso del actual gobierno, continuado en el proceso electoral por quienes pretenden imponer este estilo autocrático como “solución” a los problemas del país. Esto lo hacen a través de campañas de miedo y amenaza a quienes les adversan, quienes automáticamente si intentan debatir o criticar su estilo de hacer política se transforman en “los malos”, “los corruptos”. Esto porque para los seguidores del estilo violento y fascista adoptado por el presidente actual, se consideran a sí mismos “los buenos” los elegidos” y se sienten superiores a cualquier persona solo por el hecho de “pertenecer a este grupo que sigue a un “líder” que lo único que hace es atacar con insultos sin resolver los problemas de fondo.

El nacionalsocialismo, mejor conocido como “régimen nazi”, representó la aspiración de un grupo político que busca en sí la concentración del poder en una figura, que exalte los valores nacionales de una forma racista y que considere enemigo a quienes se lo opongan. Se sustenta en el odio hacia el otro, en la Alemania Nazi todo el que no era de “sangre pura” (arios) alemana no merecía derechos, llegando incluso a considerarlos como “no humanos”, bajo este régimen sufrieron los judíos, los comunistas, los testigos de jehová, los sindicalistas, los gitanos entre otros grupos, además de los propios alemanes que se atrevían a criticar este estilo político.

Los llamados del partido “Pueblo Soberano”, se sustentan en contenidos como el obtener “40 diputados” con el fin de cambiar el orden constitucional e institucional de Costa Rica y concentrar el poder en un “líder supremo” al cual nadie debe cuestionar y el cual puede determinar qué hacer y qué no hacer en el país, bajo una perspectiva de estado policiaco que maneje a su interpretación el derecho penal (y otros derechos).

Aunado a esto repiten y repiten el tema de la “inseguridad” y como una solución, la construcción de una “mega cárcel”, el eliminar facultades al Poder Judicial e imponer desde casa presidencial que se hace y que no, eliminar controles y rendición de cuentas al líder supremo y su grupo (ya lo intentaron hacer con el pago de una póliza con dineros del estado), además del dominio absoluto de entidades autónomas, incluidas las universidades públicas (control den pensamiento mediático y crítico), control electoral, control de los medios de comunicación y vigilancia a la ciudadanía para que no se salgan del guion impuesto.

Muy similar al estilo de la Alemania nazi, el partido Pueblo Soberano y otros partidos satélites como “Unidos Podemos” representado por Natalia Díaz, tratan de llevarnos a la locura del pensamiento y aplicación del nacionalsocialismo, a través de la discriminación, el racismo, el miedo y la violencia contra sus opositores.

Visto lo que sucede, se trae a colación, lo que nos fue advertido por el Doctor en Derecho Javier Llobet Rodríguez en su libro “Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945)”, del cual se busca ilustrar el camino que lleva Costa Rica de no detenerse en las urnas el 1 de febrero de 2026, valorando algunas similitudes.

El camino por el cual se abrió paso el nacismo en Alemania viene orquestado por la crisis económica y social, inflación, altas tasas de desempleo y escaso apoyo a la democracia, antes de que el nacionalsocialismo llegase al poder había una tendencia al autoritarismo y a la dictadura. Se suma a esto el miedo que los sectores de la derecha alemana tenían del bolcheviquismo y de la toma del poder por los comunistas. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, página 61).

Estos fenómenos sociales en la actualidad costarricense se asimilan al guion de la Alemania nazi, puesto en escena por el presidente Rodrigo Chaves Robles con el fin de transformarse en el único interlocutor y representante del descontento del pueblo, para levantar su imagen y la de su grupo, este en ningún momento se detuvo a solucionar los problemas sociales, políticos, jurídicos y económicos del país. Lo que sí ha hecho es buscar culpables, ponerle rostro de “enemigo” a cada problemática para aparentar ser “el único líder” capaz de combatir a estos “enemigos”. Luego vendió su idea repetida todos los días y allanó el camino para llevar a cabo su plan de extrema derecha, hoy bajo la bandera del partido “Pueblo Soberano”.

Desde ya, nos anuncian suspensión de garantías individuales, justificada en el “aumento de la criminalidad” (algo que ya viene en aumento galopante en la actual administración) y que el continuismo amenaza con “combatir” de esa forma. Además de criminalizar a cualquier persona o medio que se atreva a cuestionar sus “ideas”. En la Alemania Nazi, se dio una ordenanza que fue fundamental para la consolidación del proyecto político de Adolfo Hitler: la Ordenanza del Presidente del Reich para la protección del Pueblo y el Estado (aprobada el 27 de febrero de 1933), que limitó la libertad de prensa y la libertad de reunión con fines políticos (…) Con la ordenanza quedaron sin vigencia derechos como el de la inquebrantabilidad de la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia, correo, telégrafos y teléfonos, el derecho a la libertad de expresión del pensamiento y la garantía de la propiedad. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 63-65).

La reforma pretendida al sistema penal costarricense, pondría a cualquier ciudadano bajo un régimen que, se sustentaría en una figura que decide quien es “bueno” y quien es “malo”, como ya se ha visto, despreciando el derecho como tal y dejando las decisiones en la figura de una persona y su grupo, quienes de acuerdo a lo que crean “impartirían justicia”, así fue en la Alemania nazi, así se plantea ahora, donde se engaña al pueblo llamándole “el soberano”, pero sus actuaciones y decisiones no son tomadas en cuenta, solamente deben acatar lo que se les dicte según quien gobierne, sin controles ni apelaciones a su dictado. Se decía que el Führer era el portador de la voluntad popular, siendo independiente de todos los grupos, asociaciones e intereses. Se afirmaba que no era un órgano estatal, sino era más bien el portador de la voluntad popular comunitaria, de modo que en su voluntad aparecía la voluntad del pueblo. Se indicaba que él hacía que simple sentimiento del pueblo se convirtiese en su voluntad consciente. Se señalaba que el Fürher unía en él mismo el poder del soberano del Reich, de modo que cualquier poder público en el Estado se deducía del poder del Fürher. Se decía que no era el Estado como unidad impersonal el portador del poder político, sino que lo era el Fürher como ejecutor de la voluntad comunitaria popular. Todo ello llevaba a que se sostuviera que el poder del Fürher no estaba sometido a garantías y controles, sino era independiente, exclusivo e ilimitado. Es importante anotar que esto estaba relacionado con la existencia del llamado mito de Hitler, que partía de una imagen heroica de éste y de la infalibilidad del mismo en la toma de decisiones, lo mismo de la consideración de que Hitler conducía a Alemania hacia una mayor prosperidad. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, pág. 142).

Cuando en campaña se pide una mayoría legislativa (40 diputados) para “reformar el estado y concentrarlo en una persona con poder, se siente el eco de lo que hizo Adolfo Hitler, nos narra así el doctor Llobet: Luego del nombramiento de Hitler como Canciller, de común acuerdo con este, Paul von Hindenburg (presidente de Alemania) convocó a nuevas elecciones al Reichstag (cuerpo legislativo alemán), las que se llevaron a cabo el 5 de marzo de 1933, en un ambiente de terror desatado por los nacionalsocialistas en la calle… los nacionalsocialistas obtuvieron (…) 288 escaños, mientras que los nacionalistas, sus socios de coalición (…) 52 escaños. Con ello lograron en conjunto 340 escaños de un total de 647, obteniendo así una mayoría absoluta del Reichstag, pero no los votos necesarios para una mayoría calificada de dos tercios, necesaria para una Ley de autorización o de Plenos Poderes, como la que en definitiva llegó a ser aprobada por el Reichstag, bajo la presión de los nacionalsocialistas. (…) Aunque la constitución de Wimar nunca fue derogada expresamente, la ley dejó sin vigencia la misma, esto al indicarse que las leyes aprobadas por el gobierno podían separarse de lo establecido en la constitución del Reich. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 68 y 69).

Visto lo anterior, la derecha extrema apela por tener mayoría absoluta en el congreso, lo cual es difícil para un solo partido, siendo que , tienen partidos que siguen esta línea y a los cuales necesita que la gente vote, con el fin de lograr sus objetivos de dominación, por lo cual no se debería votar por ellos, como es el caso de los partidos “Unidos Podemos”, “Nueva República”, “Avanza”, “Aquí Costa Rica Manda”, “Progreso Social Democrático” (partido que llevo a Rodrigo Chaves a la presidencia, el partido que debería hablar de continuismo, no uno nuevo como “Pueblo Soberano”), “Alianza Costa Rica Primero” y” Esperanza y Libertad”. Muy cercanas a estas posiciones se encuentra también la Unidad Social Cristiana. Cabe destacar que este proceso lo inició el Partido Acción Ciudadana, que además trajo al actual presidente de la República, quien ha continuado y profundizado la ruta que dejo este partido, hoy escondido tras la cortina llamada “Coalición Agenda Ciudadana”.

Con estos aspectos básicos compartimos parte de la conclusión del doctor Llobet en lo que al tema nos ocupa: “…El régimen no reconocía derechos fundamentales y desconocía no solamente el carácter de ciudadanos, sino incluso de personas, de sectores completos de la población (…). Esto llevó a un estado de deshumanización que implicó no solamente el trato degradante y la tortura de millones de personas, sino también su asesinato planificado conforme a métodos industriales. (…). … la voluntad del Fürher, que a través del principio del Fürher llevaba a la eliminación de la independencia judicial. La voluntad del Fürher se constituía en la fuente máxima del Derecho y la base de la arbitrariedad total en la Alemania nazi, ya que implicaba que la misma imperaba sobre el derecho que hubiera sido publicado formalmente. Esto significaba en definitiva la autorización de vías de hecho, sin base legal alguna… (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 581 y 582).

Las similitudes y los síntomas están en la Costa Rica actual, toca defender en las urnas la democracia, las libertades individuales y colectivas y el respeto por los derechos humanos, civiles, sociales y políticos de toda la ciudadanía costarricense a través del voto en las urnas por partidos contrarios al mal llamado “continuismo” y sus afines.

El futuro de la Patria está en nuestras manos. ¡Salgamos a votar por partidos que defienden el Estado Social de Derecho!