Etiqueta: derechos humanos

Crecen las muestras de solidaridad hacia Stella Chinchilla en redes y organizaciones sociales

Escrito en 14/01/2026. Publicado en Derechos.

Por Juan Carlos Cruz-Barrientos

La comunicadora y activista socioambiental Stella Chinchilla ha recibido en las últimas horas una amplia ola de respaldo público en redes sociales y plataformas digitales, luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra que diversos colectivos califican como un intento de criminalización del activismo.

Organizaciones sociales cierran filas

Uno de los pronunciamientos más difundidos proviene de SURCOS Digital, que publicó un comunicado firmado por múltiples organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. El texto señala que el señalamiento contra Chinchilla constituye “un acto de violencia simbólica y política contra una mujer activista que ha dedicado años a la defensa del ambiente y la democracia”.

Por su parte, el colectivo Bloque Verde advirtió que el caso refleja “una peligrosa tendencia a perseguir voces críticas mediante estrategias de intimidación”. Ambas declaraciones han circulado ampliamente en Facebook y X, generando cadenas de apoyo, debates públicos y llamados a reforzar la vigilancia ciudadana.

Diversas organizaciones de mujeres y agrupaciones feministas también se sumaron al respaldo, denunciando que las acciones contra Chinchilla constituyen violencia política y un intento de amedrentar a una mujer defensora de derechos humanos. Estos grupos reiteraron su compromiso de acompañarla y de mantener la vigilancia ante cualquier forma de hostigamiento.

Apoyo ciudadano en redes sociales

En su propio perfil de Facebook, Chinchilla ha agradecido la solidaridad recibida y ha insistido en que su caso no es aislado. En una de sus publicaciones, citada por medios nacionales, afirmó: “Gracias a todas las personas que me han escrito. No estoy sola y no nos van a callar”.

Usuarios de redes sociales han respondido con mensajes de respaldo, denunciando lo que consideran una campaña de desprestigio. Entre los comentarios más recurrentes destacan llamados a “no soltar a Stella” y a defender la libertad de expresión frente a prácticas de vigilancia estatal.

Diversos medios digitales han dado seguimiento al caso y han destacado la magnitud del apoyo recibido. La Teja reportó que Chinchilla ha utilizado sus redes para explicar su situación y que cuenta con una “amplia red de apoyo” que la respalda públicamente. AM Prensa, por su parte, subrayó que sus declaraciones han sido clave para denunciar lo que ella considera un montaje político en su contra.

Organizaciones exigen acción urgente de la Defensoría

En paralelo a las muestras de solidaridad, un amplio bloque de organizaciones sociales, colectivos feministas y personas defensoras de derechos humanos presentó una solicitud formal de acción urgente ante la Defensoría de los Habitantes. El documento advierte que el caso de Chinchilla evidencia la ausencia de un mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica.

Las organizaciones señalan que lo ocurrido con Chinchilla se inscribe en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho, aumento de la estigmatización y un clima de hostigamiento que, según denuncian, incluye agresiones provenientes de agentes estatales o estimuladas por el discurso gubernamental. La carta recuerda que desde 2017 se han presentado solicitudes formales para crear un mecanismo de protección y un protocolo especializado de investigación, sin que el Estado haya adoptado medidas concretas.

El pronunciamiento también cita recomendaciones internacionales, como las observaciones del Comité CEDAW sobre los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras, y los estándares reafirmados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2025, que obligan a los Estados a prevenir, proteger e investigar agresiones contra personas defensoras.

En este marco, las organizaciones solicitan a la Defensoría intervenir de inmediato en el caso de Chinchilla, impulsar la creación del mecanismo nacional de protección y promover un protocolo especial de investigación con enfoque de género. Advierten que la inacción estatal no solo incrementa los riesgos, sino que debilita la democracia en un contexto político preelectoral.

Un patrón claro: defensa del activismo y denuncia de persecución

Las publicaciones analizadas muestran coincidencias en varios puntos: rechazo a la criminalización del activismo socioambiental; señalamientos de misoginia y violencia política contra una mujer comunicadora; críticas a prácticas de vigilancia atribuidas a cuerpos de seguridad del Estado; y llamados a mantener la solidaridad y la presión pública.

La conversación digital continúa creciendo, y distintos sectores sociales insisten en que el caso de Stella Chinchilla debe ser observado con atención para evitar precedentes que afecten la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Un cierre marcado por el hostigamiento

La denuncia coincidió con la aparición de una campaña de recolección de firmas que, en cuestión de horas, sumó cientos de adhesiones antes de ser bloqueada por Google, un hecho que sus seguidores interpretan como parte del clima de hostigamiento que rodea el caso.

Ante la desinformación, la arbitrariedad y la manipulación política

Escrito en 14/01/2026. Publicado en Derechos.

Instituto Sindical de Formación Política

Pronunciamiento público

El Instituto Sindical de Formación Política, en cumplimiento de su compromiso histórico con la defensa de la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas y la verdad como bien social, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la creciente estrategia de desinformación, manipulación y arbitrariedad promovida desde instancias del gobierno y sectores abiertamente alineados con él.

Resulta alarmante que, sin pruebas claras ni procesos institucionales transparentes, se difundan reiteradamente acusaciones sobre supuestos complots de derrocamiento y planes de asesinato contra el presidente de la República, generando un clima de miedo, confusión y polarización social. Estas narrativas, lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, debilitan la confianza ciudadana, erosionan el Estado de Derecho y abren la puerta a prácticas autoritarias.

Advertimos que este tipo de discursos no son inocentes. Históricamente, en América Latina y en otras regiones del mundo, la invocación permanente de “enemigos internos”, “conspiraciones” o “amenazas al orden” ha sido utilizada para justificar la persecución política, el silenciamiento de voces críticas y la criminalización de la protesta social.

En este contexto, denunciamos de manera particular los intentos de desprestigiar, intimidar y silenciar a Stella Chinchilla, reconocida luchadora social, cuya trayectoria pública se ha caracterizado por el compromiso con las causas sociales, la justicia y la participación democrática. Rechazamos cualquier maniobra que pretenda convertir la crítica social y el disenso legítimo en delitos o amenazas al orden constitucional.

El Instituto Sindical de Formación Política recuerda que:

La crítica al gobierno es un derecho democrático, no un acto de conspiración.
La protesta social y la organización popular son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.
La libertad de expresión no puede ser condicionada por el miedo ni por campañas de difamación.

Exigimos al gobierno:

Responsabilidad política y ética en el manejo de la información pública.
Que cualquier denuncia grave se tramite por las vías institucionales correspondientes, con pruebas y respeto al debido proceso.
El cese inmediato de discursos y prácticas que fomentan la estigmatización de dirigentes sociales, sindicales y ciudadanos críticos.

Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, académicas y a la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes, informadas y unidas en la defensa de la democracia, la verdad y los derechos fundamentales. El miedo y la mentira no pueden convertirse en herramientas de gobierno.

La democracia se fortalece con más participación, más transparencia y más justicia social, no con la manipulación ni el silenciamiento.

¿Amenaza contra el presidente?

Escrito en 14/01/2026. Publicado en Derechos.

Rodrigo Cabezas Moya

El director de la DIS convoca a la prensa cuando hace esa denuncia ante el OIJ, contrario a los protocolos de este y otros países en donde un hecho de esa magnitud se maneja con protocolos estrictos y la población se entera después de que los organismos de investigación han hecho su trabajo y en la mayoría de los casos ya hay detenidos.

Se imputa a una comunicadora que ha difundido videos incómodos en muchos gobiernos y poco después de que publicara un video donde participó la candidata oficialista; se ve claramente cuando al final la prensa la busca para entrevistarla y una persona la toma del brazo y lo impide.

Coincide con la llegada de un presidente de un país vecino en donde no existen las garantías individuales, se construyó una mega cárcel en donde igual ingresan criminales que simplemente sospechosos quienes pueden permanecer años sin juicio alguno y que participa del lucrativo negocio del turismo carcelario. El mensaje de mano dura es obvio a tres semanas de las elecciones.

Aquí el oficialismo ya ha hablado de suspender garantías individuales en zonas conflictivas del país. ¿El próximo 1º de febrero encontraremos en las escuelas, en vez de jóvenes guías a policías o peor aún se suspenderán las elecciones por temas de seguridad?

¡Costa Rica despierta!

Solidaridad con Stella Chinchilla

Escrito en 14/01/2026. Publicado en Derechos.

Costa Rica, 13 de enero de 2026. Desde los colectivos, movimientos sociales y organizaciones aquí firmantes, alzamos la voz con profunda preocupación ante el señalamiento público y la exposición mediática que hoy enfrenta nuestra querida compañera, comunicadora y activista Stella Chinchilla. Lo que se intenta instalar en la opinión pública no es únicamente una acusación sin sustento probado: es un mensaje de amedrentamiento dirigido a quienes se atreven a incomodar al poder.

Stella es una mujer comprometida que ha puesto su voz, su tiempo y su cuerpo al servicio de causas colectivas: la defensa de la vida, del ambiente, de los territorios y de las comunidades históricamente ignoradas. Su trabajo como comunicadora nace desde el afecto, la cercanía y la convicción ética de qué informar y acompañar también es una forma de cuidar. Pretender vincularla con un delito gravísimo, sin indicios ni elementos verificables, constituye un acto de violencia política y simbólica que no podemos ni debemos normalizar.

Los supuestos “indicios” y los insumos de la denuncia que han sido filtrados públicamente no corresponden a un plan ni siquiera mínimamente creíble. Por el contrario, presentan rasgos burdos, prefabricados y carentes de rigor, y que carecen de lógica y seriedad. Resulta poco creíble que, en una época de tecnologías avanzadas y capacidades técnicas reales, se pretenda sostener una acusación de esta naturaleza a partir de audios y mensajes de WhatsApp. Subestimar de ese modo la inteligencia social resulta inaceptable.

Por otro lado, la actuación de cuerpos como la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la DIS ha sido reiteradamente cuestionada en contextos de conflicto socioambiental. En numerosas comunidades del país se ha documentado su presencia para el seguimiento de personas y colectivos considerados “incómodos”, mediante prácticas de vigilancia abiertas o poco transparentes. En ese sentido, no sorprende que esta denuncia surja en un contexto electoral y previo a la visita del presidente Nayib Bukele, en un intento por instalar la narrativa de que el encarcelamiento y la mano dura constituyen la solución a problemas estructurales como el narcotráfico y la violencia.

Este hecho no ocurre en el vacío. Forma parte de un patrón cada vez más evidente de hostigamiento, estigmatización y persecución contra personas defensoras ambientales y sociales en Costa Rica, muchas de ellas señaladas, amenazadas o judicializadas por enfrentar intereses económicos y decisiones gubernamentales que ponen en riesgo bienes comunes. El mensaje es claro y profundamente peligroso: se puede montar cualquier denuncia sin mayor sustento y dañar gravemente la imagen pública de quienes se organizan, cuestionan o se oponen al poder.

Además, no es casual que hayan escogido a Stella Chinchilla como nuevo blanco de sus ataques. Su selección revela un componente profundamente misógino y patriarcal, coherente con un clima político que ha normalizado el ataque a las mujeres que piensan, cuestionan y se organizan. Atacarla a ella no es solo intentar silenciar su trabajo, sino amenazar de forma ejemplarizante a comunicadores independientes, activistas y ecologistas, y debilitar de paso a la oposición política y a la democracia costarricense.

Stella encarna el perfil que el autoritarismo prefiere atacar: mujer, madre soltera, luchadora, crítica y pensante. Golpearla a ella es intentar sembrar miedo en muchas otras; por eso nuestra respuesta debe ser colectiva, firme y sin concesiones.

Denunciamos que este clima ha sido alimentado por discursos y prácticas provenientes del propio poder político, que presentan a activistas y voces críticas como enemigas, obstaculizadoras o amenazas, debilitando la legitimidad de la defensa socioambiental y erosionando las bases democráticas del país.

Solicitamos a los medios de comunicación mayor rigor, responsabilidad y ética profesional, para que no se presten a este montaje, mantengan un enfoque balanceado y no pierdan de vista que esta acusación se inscribe en un patrón más amplio de acoso, descalificación y violencia contra periodistas, comunicadores y medios críticos.

Exigimos a las autoridades judiciales y políticas que se abstengan de utilizar el aparato institucional y mediático como herramientas de persecución y disciplinamiento social. Asimismo, demandamos el cierre definitivo de la policía política, ya sea en su versión DIS o UEI.

Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil, a las organizaciones nacionales e internacionales y a los organismos de derechos humanos a mantenerse alertas frente a esta escalada de criminalización del activismo.

Nuestra solidaridad con Stella. La abrazamos con el cariño que se le da a quien cuida, acompaña y quien no ha dejado de creer en la fuerza de lo común incluso en los momentos más duros. No está sola. Defender el ambiente, la vida y los derechos humanos no es un crimen. Criminalizar a quienes lo hacen sí lo es.

Bloqueverde

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)

Red de Coordinación en Biodiversidad

COECOCeiba-Amigos de la Tierra CR

Frente Eco Cipreses

La AEDIDH condena la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela

Escrito en 13/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Luarca (Asturias), 8 de enero de 2026

El 3 de enero de 2026 Estados Unidos consumó una agresión militar contra la R.B. de Venezuela, meticulosamente ejecutada por las fuerzas armadas de EEUU. Fue precedida por un despliegue naval y aéreo sin precedentes frente a las costas de Venezuela, el bombardeo de buques civiles venezolanos, la ejecución sumaria de sus tripulantes y el secuestro de al menos dos petroleros que habían salido de puertos venezolanos.

En la noche del 2 al 3 de enero de 2026 un centenar de aviones militares de los EEUU bombardeó varios objetivos estratégicos y militares de Caracas, causando más de 50 fallecidos, un número indeterminado de heridos y sumiendo en la oscuridad a la capital. Simultáneamente, un comando de helicópteros transportando unos 200 militares estadounidenses, aterrizó en las proximidades del palacio presidencial y secuestró por la fuerza al presidente de la nación y su esposa. Ambos fueron conducidos por sus secuestradores hasta Nueva York y acusados ante un tribunal local de narcotráfico y terrorismo.

Estos hechos constituyen una agresión militar directamente ordenada por el presidente de los EEUU, igualmente culpable de un crimen contra la paz, pues suponen la violación flagrante de los propósitos y principios que se proclaman en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, particularmente los principios de prohibición de la amenaza y uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política (art. 2.4) de Venezuela; de no intervención en los asuntos de la jurisdicción interna (art. 2.7) de Venezuela; y de arreglo pacífico de las controversias, de conformidad con el derecho internacional (art. 2.3). También se han violado las inmunidades e inviolabilidades que el derecho internacional reconoce a los jefes de Estado y de Gobierno en activo.

El derecho internacional de los derechos humanos ha resultado igualmente violado, en particular el art. 1 (común) de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todos los pueblos a su libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. El indisimulado propósito de los EEUU de adueñarse de los inmensos recursos petroleros y otras riquezas naturales del país, agravará aún más la penosa situación de los derechos humanos en la R.B. de Venezuela, tal y como ha sido descrita por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Misión ha llamado a mantener la atención en las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, tales como ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, la detención arbitraria de más de 900 presos políticos o el exilio de más de siete millones de venezolanos. Las autoridades venezolanas deberán responder de tales violaciones a los derechos humanos, incluso ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

El derecho humano a la paz, que la AEDIDH defiende a través del proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, de 30 de enero de 2023, (https://aedidh.org/wp-content/uploads/2023/02/DHP-30.1.2023-final.pdf) ha sido también seriamente violado, pues las personas y pueblos que sufren agresión, colonialismo, neocolonialismo y otros crímenes internacionales, “merecen una atención especial como víctimas de violaciones del derecho humano a la paz” (art. 2.3). La Declaración llama también a los Estados a obedecer “la obligación legal de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales» (art. 3.4); a abstenerse de “imponer sanciones unilaterales” (art. 3.5); y respetar “el derecho de todos los pueblos a la libre determinación” (art. 3.8). Por su parte, las víctimas de violaciones a los derechos humanos “tienen el derecho a la verdad, a una compensación, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición” (art. 7.7).

Denunciamos la agresión militar del 3 de enero de 2026 porque precipita aún más a la comunidad internacional en un abismo de incertidumbre, conflicto y desestabilización regional y mundial, un desorden internacional sin reglas que responde a la ley del más fuerte y a las pretensiones imperiales de los EEUU, que ya ha amenazado a otros países de la región como Colombia, Panamá, Cuba, México, incluso Groenlandia. Es un precedente peligrosísimo que nos devuelve a la guerra fría y al pasado intervencionista de los EEUU, alejándonos aún más de la paz en el mundo. Nos interpela a reclamar a nuestros gobiernos una reacción coordinada en defensa del multilateralismo y del derecho internacional, del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos sin distinciones, incluido el derecho humano a la paz.

En cuanto a Venezuela, reiteramos junto a la Misión internacional independiente de determinación de los hechos que las autoridades deben liberar inmediatamente a todos los presos políticos, así como respetar los derechos humanos y libertades fundamentales internacionalmente reconocidos y aceptados por Venezuela. En particular, las autoridades venezolanas deben restablecer el Estado de derecho, asegurar la independencia del poder judicial y respetar las libertades públicas, incluida la libertad de prensa, que permitan la celebración de elecciones libres y democráticas bajo supervisión de las Naciones Unidas, de modo que el pueblo venezolano pueda ejercer su derecho de libre determinación, eligiendo en libertad a sus representantes políticos en el más breve plazo posible.

Un visitante indeseable

Escrito en 13/01/2026. Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El poder siempre ha querido perpetuarse, pasar a la posteridad. Es un rasgo muy común de la condición humana, que en el fondo revela su fragilidad e impotencia frente al paso del tiempo y la muerte inexorable. Faraones y grandes caciques nos legaron sus pirámides-tumbas; reyes y emperadores sus castillos y palacios; cardenales y papas sus catedrales cargadas de oro y arte; y los presidentes de la modernidad han querido ser recordados por sus grandes obras de infraestructura, museos, bibliotecas, universidades, o proezas diplomáticas.

Vivimos sin embargo una época tan degradada –desde el punto de vista civilizatorio- que un tiranillo de cuarto mundo quiere pasar a la posteridad legando una “mega-cárcel”. Y hay quien lo admira y quiere imitar (sin decir nombres).

La humanidad ha tenido, desde siempre, serios problemas de qué hacer con los diferentes, los delincuentes, los locos, los disidentes y rebeldes, los marginados y pobres. Es lo que el criminólogo italiano de última generación –Alessandro De Giorgi-, llama el problema de la “excedencia”, los que en una sociedad salen sobrando, los que no logran sentarse a la mesa del reparto.

Las soluciones humanistas y democráticas han propuesto estrategias de reconocimiento de derechos e integración, de atención e inclusión social para esos sectores. Al contrario, las “soluciones” autocráticas, meramente represivas, han recetado desde hace siglos, el encierro o el abierto exterminio. Ese fue el dilema que enfrentó la camarilla nazi con los campos de concentración primero, y los hornos asesinos casi inmediatamente después. Esta es la “solución” de Donald Trump y otros líderes europeos persiguiendo, expulsando y aniquilando migrantes que buscan mejores condiciones de vida. Este es también el camino elegido por el genocida gobierno israelí para deshacerse del pueblo palestino.

Hoy sabemos, a pesar de la persecución y censura a medios de comunicación y activistas de derechos humanos, que en El Salvador hay más de cincuenta mil presos, la gran mayoría detenidos arbitrariamente, sin juez ni defensa, sin juicio ni sentencia, sin debido proceso. Por desgracia, no podemos saber cuántos están muriendo, porque la maquinaria represora del gobierno ha eliminado todo tipo de vigilancia y control externos. Contemplar a un presidente de Costa Rica (otra vez sin decir nombres), con pose de oficial de las SS haciendo recorrido de reconocimiento a presos semidesnudos y hacinados en la mega-cárcel bukeliana, es de lo más bochornoso y patético que nos ha tocado vivir.

Esta “salida” al problema de la violencia social es una confesión abierta de total fracaso político. Se ha fracasado en la construcción de instituciones democráticas, se ha fracasado en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, se ha fracasado en una redistribución justa de la riqueza y se ha fracasado en dar escuela y trabajo a las nuevas generaciones.

Pero además, más temprano que tarde se sabrá el precio que ha pagado Bukele para bajar las tasas de homicidios en el hermano país centroamericano. Sus acuerdos subterráneos con los líderes mareros, sus tratativas con el crimen organizado y las corruptelas personales que lo han enriquecido cada vez más. Cuán sostenible es esta respuesta también lo sabremos muy pronto.

En todo caso, no es válido aprovecharse del miedo legítimo de la gente para imponerle ilusorias salidas a problemas profundos, que atañen al régimen de capitalismo salvaje dominante y sus políticas de exclusión y miseria para amplias mayorías de la población. Mientras esto no se resuelva, en pocos años, habrá otros 100 mil jóvenes salvadoreños en la más absoluta marginalidad y violencia. ¿Qué se le ocurrirá al tiranillo salvadoreño?, ¿tirarlos al mar?, ¿exportarlos como esclavos a Arabia Saudita?

Nayib Bukele es una viva ofensa a la tradición democrática costarricense. Es un sujeto indeseable que sin pudor alguno nos visita para tratar de influir en un proceso electoral en el que se quiere manipular, una vez más, el miedo a la violencia delictiva para tapar los problemas de fondo que siguen esperando auténticas soluciones.

Matar un ruiseñor dos veces

Escrito en 11/01/2026. Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Ni siquiera hemos traspasado la mitad de este primer mes de 2026 y ya el sabor agrio del odio y la intolerancia nos ha avisado que no vinimos de paseo a este año. Que, si 2025 fue complejo a nivel global, 2026 se encargará de superarlo con creces.

“Quien mata un poeta tiene las manos sucias dos veces” he leído en tantos lugares en redes sociales los últimos días.

Pareciera que la consigna es castigar de forma ejemplarizante para que la gente deje hacer a la policía migratoria estadounidense su trabajo: cazar migrantes como ratas y expulsarlos de un país absolutamente desquiciado, moralmente destruido.

“Quien mata a una poeta tiene las manos y su corazón sucios las veces que sean” me atrevo a decir.

La tarde del 7 de enero la poeta y activista Reneé Nicole Macklin Good fue asesinada a sangre fría por un funcionario del Servicio de Migración en Estados Unidos en Minneapolis.

Si. La metáfora se cuenta sola. Las siglas en inglés de este departamento son ICE, que también significa hielo, frialdad. Las manos de ese funcionario están llenas de hielo, de odio, de resentimiento. Así como las manos de otro oficial de las fuerzas del orden de Estados Unidos que, a pocos metros de ese lugar en mayo de 2020, asesinó a George Floyd en otro episodio de injusticia racial que todos y todas recordamos.

“No puedo respirar” dijo Floyd en ese momento …” está bien amigo, no estoy enojada contigo” diría Reneé. Ambas frases, las últimas dichas por ambos antes de fallecer.

El resentimiento visceral que muestran los agentes migratorios quizá provenga como reacción a una actitud colectiva que se ha viralizado ya en varios Estados en los que ICE ha pretendido ejecutar operativos cazamigrantes.

Un día sí y otro también se han observado escenas de defensa y resistencia de la ciudadanía y de activistas por los derechos humanos, que interponen sus cuerpos para que estos no puedan accionar contra los de los migrantes. Empujones, gritos, resistencias son las principales estrategias. Y en muchos casos han conseguido su objetivo: liberar a los migrantes de sus captores.

Reneé interpuso su cuerpo desde su vehículo, hasta donde fueron dos funcionarios a detenerla. Uno de ellos percutió su arma de reglamento en tres ocasiones y de frente, causándole la muerte. Se escucha en el video que circula que alguien dice “Maldita Zorra” al tiempo que suenan los balazos. Un médico pretendió atenderla de emergencia, pero fue apartado por los funcionarios de ICE. Los calificativos de Donald Trump y su equipo hacia la poeta incluyeron “terrorista” y “de ideología de izquierda”.

Lo demás, lo que usted sienta y piense se lo dejo a su criterio.

En la novela de Harper Lee “Matar un ruiseñor” se relata la historia de racismo durante los años 30 del siglo anterior. Un joven negro es acusado de manera injusta de violación de una mujer blanca. En el caso de Reneé las justificaciones disonantes y sin sentido de una supuesta defensa de los funcionarios ante un posible ataque de parte de ella, retratan de cuerpo entero la decadencia de un sistema migratorio corrupto, xenofóbico, racista y criminal.

A pesar de todo esto, mantengo una luz de esperanza en que este 2026 rectifique su rumbo. No solo porque lo creo así sino porque entiendo el riesgo civilizatorio de darle poder a un demente sin control. Confío en la resistencia desde el arte como lo hacía Reneé, como lo hacemos tantos y tantas alrededor del mundo. Confío en que ese Ruiseñor vuelva a respirar y cantar en medio de tanto caos.

Mujeres indígenas lideresas hacen un llamado urgente por la democracia y la paz

Escrito en 11/01/2026. Publicado en Elecciones.

Nosotras, mujeres indígenas lideresas de distintos territorios indígenas de Costa Rica, hacemos un llamado urgente y, sobre todo, con gran responsabilidad.

Conscientes de que los anteriores gobiernos no han sido perfectos y que han tenido desaciertos, lo cierto es que no nos hemos visto en situaciones alarmantes como las que con este gobierno nos ha tocado vivir.

Como mujeres defensoras de la vida de cada mujer, de la vida de nuestros pueblos, de la niñez, del ambiente, de la cultura y de la coexistencia del ser humano, sentimos la obligación de hacer un llamado a salir a votar por la democracia, por la paz, por el diálogo y la buena convivencia, aspirando a tener un país donde la niñez indígena tenga oportunidad de estudiar, los jóvenes indígenas tengan oportunidad de contar con recursos para estudios superiores, y donde las mujeres indígenas y sus familias se sientan seguras dentro de sus territorios.

Que las mujeres indígenas puedan expresar sus pensamientos y propuestas sin gritar, que encuentren espacios para debatir con conciencia y capacidad, que seamos auténticas y que la fuerza de las abuelas guíe a cada una para tomar decisiones por este país que urge seguir viviendo en paz y democracia.

Texto escrito por Elides Rivera y Doris Ríos.

Documento responsabiliza a las autoridades ante supuesta desaparición de menores por desalojo

Escrito en 10/01/2026. Publicado en Derechos.

Una carta dirigida a la Presidencia de la República, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a la Defensoría de los Habitantes denuncia la supuesta desaparición de siete personas menores de edad tras el desalojo de 77 familias en la comunidad de Chorreras, cantón de San Carlos, ocurrido a finales de noviembre pasado (en la imagen una de las casas de la comunidad).

El documento —remitido también a instancias nacionales de protección de derechos humanos— advierte que la desaparición de las personas menores se habría producido en el contexto de un operativo calificado como violento, desproporcionado y carente de planificación, en el que participaron distintas autoridades estatales, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Fuerza Pública y la Policía de Migración.

Las personas firmantes recuerdan que la niñez es responsabilidad directa del Estado costarricense, independientemente de su origen social o situación habitacional, y subrayan que Costa Rica ha ratificado instrumentos internacionales clave como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros convenios que obligan a garantizar la protección integral de las personas menores.

La carta identifica con nombre y número de identificación a las siete personas menores presuntamente desaparecidas y señala que, a varios días de interpuesta la denuncia, no existía información clara sobre su paradero, pese a la gravedad del caso. Según se expone, no figuraban en registros oficiales del PANI, albergues, Migración ni informes públicos, lo que incrementó la preocupación de familiares, comunidades y organizaciones sociales.

El texto recoge además testimonios de personas de la zona, quienes describen escenas de pánico durante el desalojo: presencia policial fuertemente armada, uso de amenazas, cierre de caminos y huida de familias —incluidas personas menores— hacia el río San Juan, ante el temor de detenciones o encarcelamientos. Un abogado penalista citado en la carta califica el operativo como una acción inédita en el país por su nivel de violencia y desorden.

Las personas y organizaciones firmantes responsabilizan a las autoridades ejecutoras y a quienes ordenaron el desalojo por el terror provocado, especialmente en la niñez, y advierten que la supuesta desaparición no puede desligarse del clima de miedo generado durante el operativo. Asimismo, exigen una respuesta clara y urgente del Estado y anuncian que, de no obtenerla, elevarán el caso a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.

A continuación, se reproduce íntegramente la carta enviada a las autoridades, tal como fue recibida por SURCOS.

SURCOS comparte la carta con firmas tal como fue enviada a la Presidencia de la República, al PANI y a la Defensoría de los Habitantes.

San José, 9 de enero 2026

Presidencia de la República
Defensoría de los Habitantes
Patronato Nacional de la Infancia

Quienes suscribimos esta denuncia, personas físicas, organizaciones sociales y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, acudimos a las máximas autoridades de la República, del Patronato Nacional de la Infancia y de la Defensoría de los Habitantes porque consideramos muy grave la supuesta desaparición de siete personas menores a raíz del brutal desalojo de 77 familias en la comunidad de Chorreras en San Carlos.

Quisiéramos recordar el compromiso adquirido frente a todo el país, el 8 de mayo de 2022, por el señor Rodrigo Chaves Robles cuando afirmó: “Si el Estado no puede garantizar la seguridad de sus habitantes, hemos fracasado como país, y el fracaso no es admisible para quien sirve a la Patria con amor”. La mejor expresión del amor social es el respeto a los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye el gran salto cualitativo de la Humanidad después de los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial.

Universales significa que no tienen nacionalidad, clase social, edad, rango, color de piel u origen étnico. Esos siete infantes eran y son responsabilidad del Estado costarricense. Sus nombres y número de identificación son:

Alondra González Dávila – 6-0553-0829

Dilan Gael González Dávila – 2-1053-687

Jacksón Rivera Dávila – 210300445

Liam Daniel Rivera Dávila – 211100547

Balbino Steven Rivera Dávila – 1-2242-0425

Pamela Rivera Dávila – 2-0907-0060

Julíeth González Dávila – YR2022-26288

También traemos a colación la ratificación que Costa Rica ha realizado de:

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)(1989): El principal tratado internacional de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes, ratificado por Costa Rica en 1990.
Protocolos Facultativos de la CDN:
1. Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000).
Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (1998): Protege a los niños de la sustracción internacional y garantiza el respeto de los derechos de custodia y visita.

Por estas razones, esperamos una respuesta digna de los marcos legales que protegen a la niñez en nuestro país.

10 de diciembre

Día Internacional de los Derechos Humanos

Siete menores aterrorizados y desaparecidos en Costa Rica

por brutal desalojo en San Carlos

Exigimos al gobierno costarricense respeto a los Derechos Humanos

A finales de noviembre, nos conmovió y nos dolió mirar y escuchar los videos que circularon a raíz del desalojo de más de 70 familias de la comunidad de Chorreras en San Carlos. ¡Cómo nos hubiera encantado ver al MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía) con la misma diligencia y operatividad para el caso de la tala ilegal en Gandoca Manzanillo!

Hoy, 11 de diciembre, se nos ha mezclado el dolor con el estupor y la indignación al leer en el Semanario Universidad la noticia: Denuncian supuesta desaparición de siete menores costarricenses tras el desalojo de más de 77 familias en Chorreras. Según la noticia, el PANI recibió la denuncia de la desaparición de siete menores de edad desde el 4 de diciembre y el martes, es decir el 16, se “participaría en una reunión interinstitucional sobre el caso”. Doce días después de puesta la denuncia. ¡Cuánta celeridad para atender un caso de tal magnitud y gravedad!

Dos personas de San Carlos describen el horror de lo sucedido en la comunidad de Chorreras:

“…la activista Susan Rodríguez, del Observatorio Ciudadano de La Fortuna, afirmó que, después del operativo, siete menores costarricenses no aparecen en ningún campamento, albergue, lista del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Migración o informe oficial y que hoy su paradero es completamente desconocido”. Esa desaparición se dio a la vista y paciencia de funcionarios de los ministerios de Ambiente y Energía (MINAE), de Seguridad Pública, de Salud, de la Policía Profesional de Migración y de la Fuerza Pública quienes, de acuerdo con los testimonios, actuaron con violencia sin acatar las normas y cuidados que requieren las personas menores, adultas mayores, con necesidades especiales y las mujeres.

Así lo puntualizó un abogado penalista: “Francamente yo no había visto en Costa Rica una acción de este tipo. Sencillamente llegó la policía con cualquier cantidad de perreras, fuertemente armada, encañonaron a todo el mundo, los hicieron sacados de las casas y les dijeron ‘salgan porque vamos a derribar las casas’. En esa confusión que se generó, al no hacerlo de forma planificada ni resguardando las garantías básicas de las personas, cerraron los caminos”.

“La gente se asustó porque creyeron que los iban a detener o mandar a la cárcel y muchas personas, incluyendo niños, optaron por buscar el río (San Juan); mucha gente se montó en botes y salió asustada huyendo”^[1].

Responsabilizamos a todas las autoridades involucradas en ese operativo del terror provocado sobre todo en las personas menores de edad, pues la desaparición no se puede desligar de ese terror implantado, del irrespeto de las garantías básicas y de los derechos humanos. Tanto las autoridades ejecutantes del desalojo como quienes lo ordenaron y lo permitieron deben dar cuentas del irrespeto a los derechos humanos.

Exigimos una respuesta clara de esas autoridades y veremos los procedimientos pertinentes para elevar este caso a los organismos nacionales e internacionales pertinentes.

¿Cómo quedarnos indiferentes frente a esto: “En este momento es que no se sabe si algunos niños tomaron un bote, no se sabe qué pasó, si se ahogaron en el río, si están detenidos por la policía en el lado de Nicaragua, o si están escondidos; no sabemos nada”?

Gobierno de Costa Rica:

¡Respete los Derechos Humanos de la niñez y sus familias!

Firmas que suscriben

A nivel personal

Albertina Alfaro Chinchilla
Alejandra Bonilla Leiva
Alejandra Martínez Gamboa
Alejandro Augusto García Valerio
Allen Cordero Ulate
Allisson Villalobos
Amsi Mariana López Valverde
Ana Cecilia Jiménez Arce
Ana Franzen

Andrea Brenes Gómez

Andrea Cordero
Ángel Hernando Sánchez

Angélica Alvarado Barrantes

Angie Loría Arroyo
Ann Marie Saidy
Aroon Abarca Guillén
Blanca Arce López
Bruno de Jesús Coto Barboza
Carlos Cabezas Mora
Carlos Luis Martínez Méndez
Carlos Manuel Muñoz Jiménez

Carmen María Chacón Mora
Carmen María Rojas González

Carolina Soto
Casilda Sancho
Catarina Goldoni Ruíz
Cecilia Castillo Nanjarí

Christopher Castillo
David Morera Herrera
Digna Rivera Navas

Edison Valverde Araya
Elí Ortiz Torres

Fabiola Bernal Acevedo

Fedra Brenes Sánchez
Félix López Zambrana

Flora de los Ángeles García Zamora
Gabriela Mayorga López
German Masís Morales
Gerardo Cerdas Vega
Gerardo Cruz Zuchini
Gerardo Vázquez Gamboa
Giselle Arce Fonseca

Gloriana Carranza Bonilal

Grace Serrano Corea
Guadalupe Urbina Juárez

Guiomar del Rocío Martín Tedman
Guiselle Gómez Hernández

Héctor Ferlini-Salazar
Henry Mora Jiménez
Hernán Arroyo Calderón
Idalía Mirjana Morales Alfaro

Irené Barrantes Jiménez
Isabel Ducca Durán

Ivonne García Bueso

Jahaira Jarquin
Jesenia Cid

Jimena Alejandra Vargas Forero
Jorge Amador González

José Alberto Amesty Rivera
José Joaquín Meléndez González
José Mario Villalobos Corella

Juan Martín Escuza Cervera
Julieta Dobles Izaguirre
Julieta Rodríguez Arias
Karina Vargas Espinoza
Katherine Rodríguez Oreamuno
Kattia Isabel Castro Flores

Kendra Hall Fune
Kimberling Martinez

Laura Carolina Garrigues Herrera

Ligia Barrantes Cartin
Luis Alberto Salas Sarkís
Luis Ángel Céspedes Rodríguez

Luis Carlos Bonilla Soto

Luis Mario Solano Víquez

Luis Paulino Vargas Solís

Madeline Kiser
Marbella Martin Fragachán

Marcela Dumani Echandi

Marcela Naranjo Segura

María Cecilia Mora Camacho

María Elena Amen Castillo

María Elena López
María Gabriela Soto Muñoz

María Trejos Montero
Maricela del Carmen Fernández Zambrano
Marielos Muñoz Solórzano
Maya Álvarez Aravena

Maylin Karlson Flores

Miguel Barrios Gutiérrez.
Minor Corrales Gamboa

Miranda Sequeira Guzmán

Naomi Jiménez Jarrett

Natalia Caro Bernal

Nicole Scott Fonseca
Nidia Fonseca

Ninoska Varinia Pineda Ordoñez

Noah Phillips Álvarez
Nubia Ordónez Ugalde
Nuria Calvo Fajardo
Nuriet Sandí Morales
Olman Bolaños Ortiz
Olman Bolaños Vargas
Orlando Barrantes Cartín
Patricia Blanco Picado
Paz McLean Pérez
Rafael Barrantes
Rafael Isaac Gutiérrez Ramírez
Ricardo Sánchez Andrés
Rocío Ramírez Varela
Roger Chaves Grijalba
Rosa María Soto Quesada
Ruth Martínez Carrillo
Ruth Vindas Benavides
Sandra Vergara
Sharo Rosales Arce
Shi Alarcón-Zamora
Sileny Vásquez Orozco
Silvia Regina de Lima Silva
Sofia Gutiérrez Guido
Sonia Ulate Fallas
Susan Rodríguez Calvo
Suy Wong Ugalde
Tyronne Esna Montero
Wilson Arroyo
Ximena del Rio Urrutia
Yajaira Rojas Jiménez
Yamileth Monterrey López
Yasy Morales Chacón

Organizaciones o colectivos

Agrupación Universitaria Raíz UCR
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
Asociación de Estudiantes de Sociología UCR
Asociación de Mujeres por los Derechos en Guanacaste Alza tu Voz-Carrillo, Guanacaste
Asociación Ecoturística Barra del Colorado.
Buen Vivir-CR
Casa del migrante
Coalición Feminista
Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera
Comisión Vertiente Atlántica
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT-Costa Rica)
Consejo Iriria Sätkök-Organización Autónoma del Territorio Ancestral Yäbamï Dí kàtá, conocido como Cabagra
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
Feministas en Resistencia
Frente Ecologista Universitario (FECOU)
Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS)
Grupo de seguimiento Agenda CEDAW
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
Juventud Vanguardista Costarricense
Luciérnagas Sobre Ruedas
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Mujeres en Lucha Social
Mujeres peladoras y procesadoras de camarón barra del colorado
Observatorio Ciudadano
Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)
Partido Vanguardia Popular (PVP)
Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD)
Sindicato Unitario de la Uned

España

SOS Ribagorza

Honduras

Hedme Castro – ACI Participa

Christopher Castillo -ARCAH

Ecuador

Sisa Pacari – Pueblo Saraguro

Venezuela

Unión Evangélica Pentecostal Venezolana

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Guatemala Hugo Garrido Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Honduras Coordinador General Christopher Castillo de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG Guatemala; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC.

[1] Pomareda, F. (2025, 10 de diciembre). Denuncian supuesta desaparición de siete menores costarricenses tras el desalojo de más de 70 familias en Chorreras

Iglesia Presbiteriana de Venezuela condena la violencia, llama a la paz y defiende la soberanía

Escrito en 09/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Desde su identidad cristiana y su compromiso histórico con la dignidad humana, la vida, la justicia y la paz, la Iglesia Presbiteriana de Venezuela (IPV) emitió un comunicado oficial en el que rechaza de forma contundente la violencia y la intervención militar contra el territorio venezolano, y expresa su solidaridad con el pueblo ante los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026.

En el documento, la Iglesia señala que toda acción que genere muerte es contraria al Evangelio y a la práctica cristiana, por lo que manifiesta su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia y destrucción del territorio nacional.

Asimismo, declara inaceptable la intervención militar y el bombardeo por parte del Gobierno de los Estados Unidos, calificando estos hechos como una tragedia que ha vulnerado la dignidad del pueblo venezolano, su soberanía y su derecho a la autodeterminación.

La Iglesia Presbiteriana de Venezuela expresa su profundo dolor por las numerosas víctimas civiles y militares producto de esta acción, manifestando acompañamiento espiritual a sus familias y reconociendo el sufrimiento que hoy recae sobre el país.

El comunicado advierte que se trata de una situación grave que trasciende las fronteras nacionales, ya que afecta a la región y al mundo, al revertir principios fundamentales del derecho internacional y atentar contra la dignidad de los pueblos.

En un llamado amplio, la Iglesia dirige sus oraciones y su disposición de servicio al pueblo de Venezuela, al pueblo de los Estados Unidos y a los pueblos del mundo, así como a las iglesias y al gobierno venezolano, con el fin de contribuir al restablecimiento de la paz, la soberanía, la unidad y el amor cristiano.

De igual forma, invita a todas las comunidades de fe a mantener una práctica constante y consciente de oración, clamando con esperanza al Dios de la vida y de la historia, y a desarrollar acciones pastorales de apoyo a la salud emocional, física y a las necesidades básicas de la población, según las posibilidades de cada comunidad. También llama a participar activamente en todo esfuerzo que defienda la soberanía nacional dentro de un marco de diálogo, justicia y paz.

Como Iglesia cristiana, la IPV hace un llamado a mantener la calma y la confianza en Dios, recordando que la paz verdadera proviene de la justicia y del respeto a la vida.

Finalmente, expresa su agradecimiento a las personas, organizaciones religiosas, organizaciones civiles e instancias internacionales que han manifestado su solidaridad, ánimo y apoyo incondicional al pueblo venezolano y a la Iglesia Presbiteriana de Venezuela frente a los acontecimientos recientes.

El comunicado es suscrito por la Junta Coordinadora de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela.