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Etiqueta: derechos humanos

Convocan manifestación pacífica “Sí a la paz” en San José

La Red de Solidaridad con Palestina convoca a la ciudadanía a participar en una manifestación pacífica bajo el lema “Sí a la paz”, con el propósito de expresar rechazo a la guerra y a la instalación de bases militares.

La actividad está abierta a todo público y se realizará este sábado 14 de marzo a las 5:00 p.m., con punto de encuentro en la Cancillería, Casa Amarilla, en San José.

Según la convocatoria, la manifestación forma parte de una iniciativa ciudadana que busca promover la paz y manifestar oposición a la guerra. La actividad iniciará a las 6:00 p.m. con una caminata, que partirá desde Casa Amarilla y concluirá en la tarima del TEC en San José, en el marco de las actividades de Amón Cultural.

La convocatoria también plantea la consigna “No al TLC con Israel”, en referencia al debate sobre ese tratado de libre comercio que impulsa el gobierno.

Las personas organizadoras indican que la actividad tiene carácter pacífico y abierto a la participación de toda la ciudadanía.

Informe internacional concluye que política de seguridad en El Salvador reúne elementos de crímenes de lesa humanidad

Un amplio informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES), concluye que las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad implementada en ese país reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

El estudio examina el impacto del régimen de excepción y otras medidas adoptadas en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño en los últimos años, y sostiene que diversas prácticas documentadas —incluidas detenciones arbitrarias masivas, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y persecución política— forman parte de una política estatal que cumple los criterios establecidos por el derecho internacional para esta categoría de crímenes.

El informe plantea que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una política sostenida que se desarrolló en un contexto de debilitamiento institucional y concentración del poder político.


Qué es GIPES y quiénes elaboran el informe

El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES) está integrado por especialistas internacionales en derecho internacional, derechos humanos, justicia penal internacional y análisis político.

El grupo desarrolla investigaciones independientes con el objetivo de analizar la compatibilidad de las políticas estatales con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional, así como aportar elementos para la rendición de cuentas frente a violaciones graves.

El informe publicado en 2026 constituye uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre las consecuencias institucionales, jurídicas y humanitarias de la política de seguridad aplicada en El Salvador durante los últimos años.


Un análisis del debilitamiento del Estado de derecho

El documento señala que las violaciones masivas a los derechos humanos no surgen de manera espontánea, sino que requieren de un contexto institucional que las permita.

Según el informe, en El Salvador se habría configurado un entorno caracterizado por:

  • debilitamiento de los contrapesos institucionales,

  • concentración del poder político,

  • debilitamiento de los controles judiciales y legislativos,

  • uso prolongado de medidas excepcionales.

En ese contexto, el régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022 se habría convertido en el instrumento central de la política de seguridad, con la suspensión prolongada de diversas garantías constitucionales.

El informe sostiene que este marco institucional permitió consolidar una estrategia de seguridad basada en detenciones masivas y amplias facultades policiales y militares.


Principales temas analizados en el informe

De acuerdo con su estructura y tabla de contenidos, el informe examina múltiples dimensiones del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.

Entre los principales temas analizados destacan:

Destrucción de contrapesos institucionales

Uno de los primeros apartados analiza cómo la concentración del poder político y el debilitamiento de instituciones clave facilitaron la implementación de medidas extraordinarias sin controles efectivos.

Régimen de excepción y detenciones masivas

El informe examina la política de detenciones masivas desarrollada en el marco del régimen de excepción, así como los efectos sobre derechos fundamentales como:

  • la libertad personal,

  • el debido proceso,

  • la presunción de inocencia.

El documento también señala problemas estructurales para garantizar procesos judiciales dentro de plazos razonables para las personas detenidas.

Tortura, muertes bajo custodia y desapariciones

El informe analiza denuncias relacionadas con:

  • tortura en centros de detención,

  • muertes de personas bajo custodia estatal,

  • desapariciones forzadas,

  • posibles fosas clandestinas dentro de centros penitenciarios.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de estas situaciones no han sido investigadas adecuadamente por las autoridades.

Restricciones a la prensa y persecución política

El documento también examina el impacto del régimen de excepción sobre el ejercicio de la libertad de prensa y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Según el informe, el contexto de persecución y hostigamiento ha llevado incluso al exilio de periodistas y ha generado restricciones al acceso a la información pública, lo que afecta el derecho ciudadano a conocer la actuación de las autoridades.


Crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional

Uno de los ejes centrales del informe es el análisis jurídico sobre la naturaleza de las violaciones documentadas.

El GIPES concluye que los hechos analizados reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad, en tanto formarían parte de una política estatal sistemática dirigida contra la población civil.

Según el informe, esta conclusión implica no solo responsabilidad internacional del Estado, sino también posible responsabilidad penal individual de quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron dichas políticas.


Recomendaciones del informe

El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones dirigidas tanto al Estado salvadoreño como a la comunidad internacional.

Recomendaciones al Estado salvadoreño

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • restablecer plenamente el Estado de derecho, incluyendo la independencia del poder judicial;

  • garantizar el acceso inmediato a información sobre personas detenidas y su situación jurídica;

  • investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia;

  • establecer un programa nacional de reparación integral para las víctimas, que incluya indemnización, atención médica y garantías de no repetición.

Recomendaciones a la comunidad internacional

El informe también plantea acciones dirigidas a organismos internacionales y Estados democráticos.

Entre ellas destacan:

  • apoyar investigaciones independientes sobre violaciones graves de derechos humanos;

  • aplicar mecanismos de jurisdicción universal cuando existan elementos para investigar a los responsables;

  • aplicar sanciones a individuos o instituciones implicadas en violaciones graves de derechos humanos.

Asimismo, el documento plantea que los Estados parte del Estatuto de Roma consideren la posibilidad de remitir la situación de El Salvador a la Corte Penal Internacional, para que se investiguen los hechos documentados en el informe.

También recomienda brindar protección internacional a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos que enfrenten riesgos por su trabajo de denuncia.


Una advertencia sobre el rumbo institucional

El informe concluye señalando que ningún modelo de seguridad puede considerarse exitoso si se basa en la violación sistemática de derechos humanos.

En ese sentido, plantea que El Salvador se encuentra ante una encrucijada histórica, en la que debe decidir entre profundizar un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente o reconstruir una política de seguridad ciudadana plenamente alineada con el respeto al Estado de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Le invitamos a descargar el informe desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/GIPES-El-Salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica-Informe-2026.pdf

Solicitan a la Defensoría analizar resolución constitucional y promover acciones para proteger derechos de población afrodescendiente de Limón

El ciudadano limonense Marco Levy Virgo presentó ante la Defensoría de los Habitantes una solicitud formal para que esa institución analice los alcances de la Resolución N.º 2025042454 de la Sala Constitucional y valore la promoción de acciones jurídicas destinadas a proteger los derechos de la población afrodescendiente de Limón, reconocida en Costa Rica como pueblo tribal.

La gestión se realizó mediante el oficio MLV-0084-2026, dirigido a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el cual se solicita la intervención de esa entidad para examinar el impacto jurídico de la resolución constitucional y para considerar eventuales acciones ante instancias internacionales de derechos humanos.

Solicitud de análisis y posibles acciones internacionales

En el documento, Levy Virgo plantea que la Defensoría evalúe la resolución de la Sala Constitucional desde la perspectiva de los derechos colectivos de la población afrodescendiente de Limón.

Asimismo, solicita que la institución valore la posibilidad de impulsar gestiones ante instancias internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el respeto de los estándares internacionales aplicables a pueblos tribales y comunidades culturalmente diferenciadas.

Según el planteamiento presentado, este análisis permitiría determinar si las decisiones institucionales adoptadas en el país han considerado adecuadamente los principios de consulta previa, participación y protección de derechos colectivos.

Mediación ante la Asamblea Legislativa

Además de la evaluación jurídica, la solicitud plantea que la Defensoría pueda ejercer un papel de mediación ante la Asamblea Legislativa, particularmente en relación con el proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.º 6043).

El planteamiento sostiene que la discusión de esta reforma debería considerar la consulta previa a las comunidades afrodescendientes del Caribe, en concordancia con los estándares internacionales que protegen a los pueblos tribales.

Antecedentes de gestiones institucionales

La solicitud presentada ante la Defensoría forma parte de una serie de gestiones realizadas en años recientes por el mismo autor ante distintas instituciones públicas.

Entre estos antecedentes se encuentra el oficio PEL-1878-2025, mediante el cual se realizaron consultas sobre decisiones estatales relacionadas con proyectos estratégicos en la región Caribe.

Posteriormente, mediante el oficio MLV-00129-2025, se plantearon nuevas interrogantes institucionales relacionadas con el reconocimiento de la población afrodescendiente de Limón como pueblo tribal y la eventual aplicación de mecanismos de consulta.

En respuesta a esas consultas, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) emitió el oficio CNC-ST-OF-0576-2025, en el cual se abordan aspectos jurídicos relacionados con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y la aplicación de normativa internacional en materia de pueblos tribales.

Estas comunicaciones forman parte del contexto institucional en el que se desarrolla el actual planteamiento ante la Defensoría.

Debate sobre derechos colectivos en el Caribe costarricense

La solicitud también se relaciona con una discusión más amplia sobre los derechos de la población afrodescendiente del Caribe costarricense, particularmente en relación con el reconocimiento de su identidad cultural, histórica y territorial.

En los últimos años, diversos sectores han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan garantizar la participación de estas comunidades en decisiones públicas que puedan afectar sus territorios, su desarrollo o sus condiciones de vida.

Desde esta perspectiva, la gestión presentada ante la Defensoría busca promover un análisis institucional que contribuya a clarificar el alcance de las resoluciones judiciales y de las decisiones administrativas relacionadas con estos derechos.

¿Por qué apoyar a Israel contra Irán?

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Irán posee un régimen político que es deplorable, repugnante. Es una república islámica, sea un estado confesional, dirigido por una teocracia basada en el libro sagrado del Corán y aunque celebra elecciones periódicas, la casta suprema de ayatolás orientan las decisiones fundamentales del régimen. Es un Estado teocrático que persigue a los homosexuales y mantiene a las mujeres en un sistema de semi-esclavitud patriarcal. Pretende, además, tener una bomba atómica para amenazar a los estados vecinos y en primer lugar a Israel. Su sistema restringe fuertemente las libertades, el disenso y rige una fuerte presencia de los aparatos coercitivos como la Guardia Republicana.

Es en esencia un régimen político que no gusta a los costarricenses y con el cual no simpatizamos.

Israel el otro contendiente en el conflicto debería ser muy diferente a Irán para contar con nuestro apoyo.

Veamos entonces como son los del otro lado.

Israel es un estado judío, lo cual puede interpretarse como que el estado es confesional, porque, aunque no formalmente, si privilegia y apoya la religión del judaísmo. Al ser un estado judío se puede interpretar que será solo para los judíos lo cual produce discriminación contra otros grupos (apartheid) y si se interpreta que es solo para los que practican el judaísmo lo convierte en un estado confesional. Aunque no existe un consejo supremo de ayatolas, en Israel el rabinato orienta todo lo referente a la familia y la ciudadanía. El primer ministro es electo en un sistema discriminatorio contra otros grupos sociales, especialmente contra los palestinos. El poder ejecutivo impulsa reformas para debilitar a los tribunales de justicia, en especial debilitar los poderes de revisión y supervisión del Tribunal Superior tratando de disminuir el papel del Poder Judicial. En Israel también hay restricciones severas a la libertad de expresión, a las movilizaciones de la sociedad civil, se cierran medios de prensa debido a razones de seguridad del Estado. Los críticos más radicales del régimen tienen que abandonar el país. El ejército y las agencias de seguridad y espionaje son instituciones con un poder exorbitante en a la vida nacional. El primer ministro que ejerce está sostenido por los partidos políticos religiosos más extremistas partidarios del exterminio de pueblos enteros. El genocidio contra el pueblo palestino es cotidiano y el fundamento ideológico principal del régimen es el Antiguo Testamento y la Torá. Israel posee la bomba atómica sin generar preocupación alguna del mundo.

Como se aprecia, ambos regímenes políticos en esencia, en el fondo, son semejantes: confesionales, autoritarios, violadores de los derechos humanos.

Sin embargo, una de las partes se une a la mayor potencia militar, que es expansionista, cuyo interés es apoderarse de las riquezas naturales del mundo e imponer sus posiciones a todos los países, incluso por la guerra.

¿Apoyamos a Israel o Irán con este tipo de regímenes políticos?

En estos instantes se trata de apoyar la paz, la resolución pacífica de las controversias y el respeto al derecho internacional y la soberanía de los países.

Parece ser la única salida para esta humanidad.

No se trata de buenos contra malos ni del mal contra el bien.

Ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán del 28 de febrero del 2026: reacciones oficiales en América Latina

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El ataque planificado por Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado este 28 de febrero del 2026, constituye un nuevo episodio que viene a  desestabilizar a la ya convulsa región de Oriente Medio y al mundo en general, con consecuencias imprevisibles. 

Con, a modo de respuesta, una amenaza hecha en su momento que Irán ha materializado desde el mismo 28 de febrero: se trata de una respuesta militar de su parte con un alcance regional, y que abarca no solamente a Israel sino a todos los Estados de la región en los cuales se encuentra una base militar norteamericana (Arabia Saudita, Bahrein, Catar, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Kuwait, Jordania y Omán). 

Las embajadas de Estados Unidos en la región, sus naves, sus empresas, sus turistas o simples nacionaes de igual manera pueden verse convertidos en blancos militares a partir del 28 de febrero y resulta bastante aventurado pretender estar en capacidad de proteger puntos tan dispersos, de posibles ataques por parte de Irán. Ello sin contar con actos violentos que se puedan dar contra legaciones diplomáticas de Israel y de Estados Unidos y contra sus empresas o grupos de turistas en muchas otras partes del mundo.

El observar si las capacidades militares persas logran penetrar en el suelo de Israel y en diversos otros puntos permitirá determinar si los decisores en Estados Unidos e Israel ponderaron y balancearon de manera correcta (o incorrecta …) los  enormes riesgos que conllevaba su accionar contra Irán. De igual manera, la amenaza de bloquear el flujo de carga naviera que pasa  frente a las costas de Irán es otra amenaza hecha en su momento por Irán, en caso de iniciar Estados Unidos hostilidades en su contra.

Ya en junio del 2025, tuvimos la oportunidad de analizar desde la perspectiva jurídica, la total ilegalidad de los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos en Irán, durante 12 días. Dicho sea de paso, en aquel episodio, misiles y drones enviados por Irán lograron burlar los sistemas de defensa de Israel pese a las «seguridades» dadas por algunos altos jefes militares en Israel (véase al respecto nuestra nota titulada «Irán  / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público», del 28 de junio del 2025). Y es que, como bien se sabe, en las confrontaciones modernas el recurso a drones (incluso comerciales de muy bajo costo) permite ahora a los ejércitos de un Estado ya sea:

– burlar de manera relativamente sencilla los sistemas de defensa de otro Estado (pensados para interceptar misiles, y no drones), ya sea;

– saturar el espacio con drones y misiles de poca carga y desgastar los sistemas de defensa antimisiles, para luego, enviar misiles con cargas mucho mayores en determinados puntos considerados estratégicos.

Estados Unidos e Israel: una necesidad urgente de desplazar la atención

No esta de más indicar que esta operación militar conjunta de Estados Unidos y de Israel permite a ambos Estados desviar la atención mediática  internacional y la de la comunidad internacional en su conjunto..

En el caso norteamericano, tanto el escándalo por los denominados «Epstein files» como la verdadera humillación sufrida el pasado 20 de febrero por el actual ocupante de la Casa Blanca ante el mundo y ante su propia opinión (al declarar la Corte Suprema totalmente ilegales los aranceles decididos de manera arbitraria al iniciar su gestión), han pasado a un segundo plano desde el 28 de febrero, lo cual resulta sumamente útil de cara a la contienda electoral del los «midterms» en Estados Unidos. No obstante, desde el punto de vista electoral, el apoyo popular (incluso dentro de su propio partido) a esta nueva aventura militar de Estados Unidos en Oriente Medio no pareceria darse para el actual ocurrente ocupante de la Casa Blanca, luego de cuatro dias de intensa confrontación con Irán, y con las primeras personas muertas y heridas (tanto en Israel como en las filas del ejército norteamericano). Esta nueva y costosa aventura militar, cuyos objetivos son incertos, es contraria a una promesa hecha y reiterada como candidato presidencial a sus correligionarios del actual ocupante de la Casa Blanca.

En el caso de Israel, esta operación militar conjunta con  Estados Unidos  permite a Israel desviar toda la atención del mundo:

– del drama indecible al que somete a la población civil palestina y al genocidio en curso en Gaza, tal y como confirmado por investigadores del Consejo de derechos Humanos de Naciones Unidas en el informe A/HRC/60/CRP.3 de septiembre del 2025  (Nota 1), así como;

– de la colonización a marcha forzada muy intensa que lleva a cabo en otro territorio palestino ocupado, Cisjordania, la cual fue objeto de un reciente comunicado de varios Estados condenándola de manera vehemente (véase comunicado del 23 de febrero colgado por la diplomacia de España). 

El hecho de posponer nuevamente una investigación independiente en Israel sobre las responsabilidades del actual pimer ministro y sus jefes militares al permitir el ataque del Hamás del 7 de octubre del 2023, teniendo información de sus servicios de inteligencia sobre los planes del Hamás que fue archivada, es otro aspecto muy positivo para el actual primer ministro israelí.

Es de notar que este 4 de marzo, el denominado Grupo de La Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica convocó a una reunión urgente con 35 Estados que han dicho presente, para considerar nuevas acciones de cara al genocidio en curso en Gaza (véase nota de prensa).

Algunas reacciones oficiales registradas en el continente latinoamericano

Las reacciones oficiales no se han hecho esperar por parte de Estados que condenan este ataque de Estados Unidos y de Israel y la respuesta de Irán iniciada el mismo 28 de febrero del 2026. 

En Europa, se puede citar el comunicado oficial de Noruega, y en Oriente Medio, el comunicado oficial de Turquia, de Senegal (véase comunicado oficial) en cuanto al continente africano, o bien el comunicado oficial de Singapur o el comunicado oficial emitido por el vocero de la diplomacia de China, entre muchos otros textos de Estados que condenan oficialmente mediante su aparato diplomático, el uso de la fuerza entre Estados, en violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas de 1945.

En América Latina, entre muchos, podemos referir a nuestros estimables lectores a la reacción oficial de  Brasil (véase comunicado), o bien la de Chile (véase comunicado oficial) que claramente expresa que:

«El Gobierno de Chile expresa su preocupación por la grave escalada militar en el Medio Oriente y condena los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional«.

En igual sentido se pronunció Colombia (véase comunicado oficial), México (véase comunicado oficial) o bien Uruguay (véase comunicado oficial), comunicado en el que se indica que:

«El gobierno de Uruguay expresa su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos«.

El comunicado oficial de Costa Rica

En el caso de Costa Rica, es interesante indicar que, a diferencia de Brasil, de Chile, de Colombia, de Uruguay y de muchos otros Estados del planeta, se omite mencionar a Estados Unidos y a Israel en el comunicado oficial, publicado pasadas las 16:00 horas del 28 de febrero, que se lee de la siguiente manera (texto integral):

Costa Rica urge desescalada y diálogo en Medio Oriente

San José, 28 de febrero de 2026. El Gobierno de Costa Rica expresa su grave preocupación por la escalada de tensiones y las operaciones militares en el Medio Oriente. 

Costa Rica condena enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.

Costa Rica reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas y urge a la desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países de la región.

Comunicación Institucional

049-2026 CR ataque Medio Oriente 

Sábado 28 de febrero de 2026» 

Se puede considerar el texto bastante omiso al «urgir» por una desescalada en su título …sin mencionar la escalada inicial que constituye el ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel. De igual manera, el tercer y último párrafo texto de este comunicado oficial pareciera dar a entender de manera bastante evidente, que el «respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de Naciones Unidas» no aplican cuando se trata de Estados Unidos y de Israel. 

Un reciente análisis publicado en el sitio especializado de EJIL Talk precisa la ilegalidad total que constituye (sin discusión alguna) el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel perpetrado contra Irán el pasado 28 de febrero, a la luz de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. 

Es de notar que ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el delegado de Estados Unidos no encontró nada mejor que sostener que Estados Unidos actuó el 28 de febrero en … legítima defensa, invocando el Artículo 51 de la Carta de Naciones (véase texto de intervención). Al respecto, merece lectura la intervención del delegado de China durante la misma sesión urgente del Consejo de Seguridad, celebrada el mismo 28 de febrero por la noche en Nueva York (véase texto intregral).

La diplomacia de Argentina en resguardo de Israel (nuevamente) y la de Paraguay (nuevamente)

Finalmente, en el caso del comunicado oficial de Argentina, se apoya la acción conjunta de Estados Unidos e Israel y se condena a Irán (véase comunicado oficial): lo cual en nada debe sorprender dada la alineación de la diplomacia de Argentina a las posiciones de Israel y de Estados Unidos desde varios años, y facilmente comprobable revisando los votos de Argentina en Naciones Unidas a partir de diciembre del 2023. 

De igual manera, se pueden verificar las votaciones en las que Paraguay alinea sistemáticamente su voto con el de Israel en Naciones Unidas, por lo que el texto de su comunicado oficial tampoco debe mayormente sorprender (véase texto completo).

Ya habíamos tenido la opoprtunidad, al momento de analizar el otro ilegal bombardeo por parte de Israel de la capital de Catar, Doha, el 9 de septiembre del 2025 y el silencio de Argentina y de Paraguay, de indicar que:

«En  lo que respecta a Argentina y a Paraguay, su silencio con relación a lo ocurrido este 9 de septiembre del 2025 en Doha, confirma  – una nueva vez – su calidad de «fichas útiles» de Israel en América Latina y ello desde varios años: una posición oficial que se ha visto reflejada en varias votaciones en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gaza e Israel» (Nota 2). 

Es de notar que el sitio oficial de la diplomacia de Bolivia se ha mantenido mudo sobre lo ocurrido el 28 de febrero del 2026.

A modo conclusivo

Más allá del triste espectáculo que brindan las diplomacias argentina y paraguaya cuando se trata de evitar condenar a Israel cuando viola de manera grosera y flagrante el derecho internacional, lo cierto es que este ataque de Estados Unidos e Israel inicia un período incierto en el que al parecer, algunos decisores en Estados Unidos e Israel evaluaron de manera poco correcta la capacidad de respuesta militar de Irán. Y ello pese a las advertencias que los mismos Estados de la zona le hicieron ver a Estados Unidos semanas antes del 28 de febrero del 2026. En esta nota de prensa publicada en India el 3 de marzo del 2026, se hace ver la profunda frustración de varios Estados árabes con Estados Unidos, al exponerlos de manera irresponsable a los misiles de Irán, lo cual puede poner en tela de duda los acuerdos suscritos con el actual ocupante de la Casa Blanca durante su gira en Oriente Medio en el 2025..

Por otra parte, este editorial del New York Times advierte del lo riesgoso y costoso que puede significarle a Estados Unidos esta nueva aventura militar improvisada por el actual ocupante de la Casa Blanca.

Ya en el caso reciente de Groenlandia, se pudo observar un espectáculo raramente visto con pretensiones totalmente desapegadas de la realidad y del derecho internacional del ocurrente y algo errático ocupante de la Casa Blanca (Nota 3).

Estos mismos decisores en Washingthon y en Tel-Aviv además, obviaron al parecer las lecciones aprendidas en Irak (2003), Afganistán (2002), o Libia (2011): las intervenciones militares externas logran a veces decapitar a un régimen y derrocarlo, pero lejos de estabilizar la situación en un Estado, provocan un caos y una radicalización extrema de ciertos sectores políticos que hacen imposible un consenso nacional dentro de los Estados víctimas de este tipo de intervenciones. 

Cabe recordar que en el caso de la agesión militar sufrida por Irak en el 2003, y el caos total que siguió, Estados Unidos había invocado una legítima defensa denominada «preventiva«: un concepto legal inexistente en la Carta de Naciones Unidas. 

Desde el punto de vista de los derechos humanos, el comunicado oficial del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona (véase texto completo), alerta sobre el siguiente punto:

 «I have already warned that failing to do so risks an even wider conflict, that will inevitably lead to further senseless civilian deaths and destruction on a potentially unimaginable scale, not just in Iran but across the Middle East region«.

Notas

Nota 1:En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026), sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:

«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.

Este informe puede ser completado con el anterior informe  de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que: 

«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.

Nota 2: Véase BOEGLIN N.«Gaza / Israel: análisis del ataque de Israel a Qatar del 9 de septiembre, desde la perspectiva jurídica«, 14 de septiembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace

Nota 3: En el caso de Groenlandia, las recientes amenazas proferidas por el actual ocupante de la Casa Blanca para adquirir este territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Dinamarca «por las buenas o por las malas» demonstró su profundo desconocimiento de su parte de las reglas internacionales en la materia vigentes desde 1945. Por cierto, el pasado 22 de febrero del 2026, Groenlandia y Dinamarca, algo desconfiadas y precavidas, rechazaron la oferta de enviar un barco hospital a Groenlandia ofrecido por Estados Unidos (véase nota de The Guardian). Tuvimos la oportunidad de indicar en un breve análisis desde la perspectiva legal sobre este repentino apetito norteamericano por adquirir Groenlandia observado en estos primeros meses del 2026 (véase nota nuestra titulada «Groenlandia y Estados Unidos: aspectos desde la perspectiva jurídica internacional muy, pero muy, basicos …» ) que:

«no hay manera de sostener en este inicio del 2026  que Groenlandia está en venta o que puede ser adquirida. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades«.

De Venezuela a Davos. La línea roja del presidente Trump que altera las relaciones internacionales

Vladimir de la Cruz

¿Era previsible el ataque de Trump a Venezuela para sustraer al presidente Nicolás Maduro? La movilización militar que hizo Trump al Caribe sur, al frente de Venezuela, suponía una acción militar altamente planificada de mayor envergadura. Varios meses de planificación detallada al frente de las costas venezolanas para precisar lo que finalmente hicieron, una acción precisa para “extraer”, para “secuestrar”, para “sacar” a la fuerza al presidente Maduro.

Era una acción sumamente costosa para los Estados Unidos. No era un simple ensayo o práctica de los cuerpos militares que se organizaron para esa operación. Aparte de los medios de guerra movilizados supuso casi 15.000 efectivos también llevados y preparados para haber actuado en un posible desembarco, si les hubiera sido necesario, por empantanamiento de la acción de la “sustracción” del presidente Maduro.

Su salida no ha significado “descabezar” el Poder Ejecutivo de Venezuela. Ha quedado intacto debido a la estructura institucional y constitucional de su sustitución como presidente. De los miembros del Poder Ejecutivo ninguno hasta ahora ha cambiado. Tan solo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que en su condición, ha sustituido al presidente, como presidenta encargada, cargo que puede ejercer mientras Maduro del todo quede incapacitado de ejercer la presidencia. En este sentido a Maduro en Venezuela se le sigue considerando el presidente y a Delcy como la presidente Encargada, con todas las funciones de presidir el Poder Ejecutivo.

Un alto militar estadounidense lo había declarado ante una pregunta que le hicieron, sobre si los venezolanos se darían cuenta de cuando iniciaban sus acciones militares. De manera simple lo dijo: se darán cuenta cuando en ese momento no puedan comunicarse, porque interrumpirían todo tipo de comunicaciones en el territorio venezolano.

¿Era creíble ese ataque? Parecía dudoso. Parecía más una acción de amedrantamiento, orientada a provocar una “renuncia” del presidente Maduro. Parecía una operación de presión y amenaza para provocar el cambio en la dirección del Poder Ejecutivo venezolano, lo que no se produjo, y no se iba a producir.

¿Nocturna o diurna esa acción militar? Obviamente nocturna. Ventaja total para los atacantes, no solo por la tecnología usada, por los medios de guerra empleados, por las ventajas que da la nocturnabilidad en el ataque, sobre la base de que los atacados están en ese momento más a la “defensiva”, en cierta forma “desarmados” por estar descansando o durmiendo, por la sorpresa que puede producir el ataque nocturno difícil de localizar, si se han inutilizado redes eléctricas, radares y medios de detección de aeronaves, especialmente, sean helicópteros y aviones de apoyo.

Ventaja también para los atacantes en cuanto en las acciones de guerra. La iniciativa la tiene la aviación, en todas sus formas, por la capacidad de destruir infraestructura, de provocar incendios y demolición de edificios, que obliga a distraer fuerzas locales en atender esas emergencias. A esta capacidad se sumaba la del alcance en disparo que tenían los buques de guerra que tenían al frente de Venezuela, en posibilidad de apoyar una acción terrestre que no fue necesaria realizar.

¿Esperaba Trump algún apoyo local efectivo y público a su acción militar en Venezuela? Probablemente esperaban algo de apoyo, al menos en la “captura”, “secuestro”, “rapto”, “sustracción” que hicieron de Maduro. La realidad inmediata no tuvo ningún apoyo. Nadie en Venezuela, por más que no quisieran a Maduro, iba a movilizarse a favor de esa acción militar estadounidense.

La oposición política a Maduro, hasta ese momento, era en el escenario político y electoral. Con bajos y altos. Los altos para la oposición cuando ganaron algunos procesos electorales fundamentales, como fue la elección de la Asamblea Nacional, en manos mayoritaria de la oposición, sin que eso significara nada desde el punto de vista del poder real, efectivo. Los otros poderes del Estado y la totalidad de las instituciones estatales seguían en manos de Maduro y el madurismo. Más lograron cuando en paralelo convocaron a la Asamblea Constituyente que en la práctica se convirtió en una Asamblea Nacional Bis, debilitando la original, que fue de nuevo retomada por el Madurismo.

No ha habido durante todo el período de la V República, desde 1999 hasta hoy un solo evento de resistencia militar a los gobiernos de Hugo Chavez, desde 1999 hasta el 2013, ni al de Maduro desde el 2013 hasta el 2025.

Durante el período del presidente Chavez era fuerte la vida política y electoral, sostenida especialmente por las reformas y grandes proyectos sociales importantes que él impulsó, y por las condiciones del presidente Chavez que lo destacaba como el líder y político más importante de toda Venezuela, sobre la oposición política y sobre sus propios seguidores. En mi opinión, en ese período, no había un líder político como él.

Durante el período del presidente Maduro se debilitó su presencia como líder nacional. Las últimas dos elecciones principalmente mostraron esta debilidad, que implicó que se cuestionaran esos procesos electorales en su favor, provocando el desconocimiento de su investidura por gran cantidad de países, al mismo tiempo que otra igual cantidad de países le reconocieran como presidente.

En la realidad política nacional e internacional Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela, para todos los efectos internacionales, como el venezolano. Lo sucedido el 3 de enero no le ha quitado ese reconocimiento de su investidura. Al contrario, se lo ha fortalecido. Lo que se produjo el 3 de enero fue un acto personalizado del presidente Trump contra el presidente Maduro, aprovechando la fuerza militar que el presidente estadounidense, en su fuero ejecutivo puede usar. No pudo declarar la guerra a Venezuela porque requería el apoyo legislativo de los diputados y congresistas que no se lo daban.

Trump, para detener a Maduro, y actuar en el plano internacional, con el matonismo con que lo está haciendo, acudió a una reformulación inicial de su política de seguridad nacional, estableciendo la lucha contra el narcotráfico como una lucha de carácter antiterrorista y, como lucha antiterrorista la puso en la mira de las acciones que se pueden realizar, bajo esta óptica, con el Ejército de los Estados Unidos. De esta manera, justificó su accionar en la movilización para ir a capturar, sin que hubiera una orden internacional puesta en INTERPOL, para capturar a Nicolás Maduro como líder del narco, del narco tráfico, o de una organización narcoterrorista, que la crearon bajo el nombre de Cartel de los Soles, organización que ha servido para involucrar a otros dirigentes políticos venezolanos, como Diosdado Cabello, que sigue siendo el dirigente político y militar más destacado en este momento en la Venezuela post maduro. Sobre Maduro y sobre Cabello el presidente Trump había puesto recompensas de 50 y 25 millones de dólares.

Aún con esa calificación estadounidense que hacía Trump de Maduro no le autorizaba internacionalmente para actuar como lo hizo. Por la legislación internacional los presidentes gozan de inmunidad en este sentido.

Cuando ha habido necesidad de extraditar narcotraficantes a Estados Unidos se ha hecho con base a tratados de extradición de Estados Unidos con esos países. Tratados que Estados Unidos aplica solo en su favor. Cuando Costa Rica trató de extraditar un agente de la CIA, John Hull, que había vivido en Costa Rica, y había cometido actos sujetos de ser juzgado en Costa Rica, John Hull huyó del país a los Estados Unidos y ningún proceso de extradición se pudo aplicar y ejecutar, por el amparo que recibió Hull en Estados Unidos, y por la debilidad, también, de los gobiernos de Costa Rica, que no mantuvieron la presión de la extradición. Por otra parte, Estados Unidos no se sujeta a organismos judiciales internacionales, ni ha aprobado Convenios y Tratados de Derechos Humanos.

El pretexto inicial de Maduro como la principal figura de la organización narcoterrorista, como la califica Estados Unidos, del Cartel de los Soles, se calló cuando en el Tribunal donde fue presentado Maduro, para sus trámites acusatorios y defensivos, se eliminó ese pretexto. Ahora invoca otros pretextos, que tampoco le corresponde aplicarlos en defensa de los venezolanos, como son el origen del nacimiento de Madura, si fue en Colombia o en Venezuela, y la demostración palmaria de las actas del proceso electoral último que no ha presentado oficialmente, justificando su triunfo electoral, mientras la oposición política ha exhibido copias de ellas demostrando su triunfo.

Ha quedado claro que lo que le interesa a Trump en Venezuela son los pozos petroleros, la diversa riqueza natural que tiene Venezuela. De manera más precisamente le interesa el control de las relaciones internacionales de Venezuela, especialmente las que tiene con Cuba, Rusia, la República Popular China e Irán, y en estas relaciones lo que corresponde a las exportaciones venezolanas de petróleo. En esto Trump ha sido claro.

Según él, ha recuperado el petróleo que se le ha robado a Estados Unidos. ¿Pero, dónde están los pozos petroleros para habérselos robado: en Venezuela o en Estados Unidos? En Venezuela, claro está. Y claro es que también las riquezas naturales de los países les pertenecen a esos países. Obvia Trump que desde la presidencia de Carlos Andrés Pérez se había producido la nacionalización del petróleo sujetando así a las empresas extranjeras a esa nacionalización, en su producción y comercialización. Por eso también Trump se interesa en Groenlandia.

En esta dimensión inserta los recursos minerales, de Groenlandia, de Ucrania y Venezuela, como parte de su concepto de seguridad nacional, así como el control de las rutas comerciales que le puede significar el control del Canal de Panamá, y el control del norte de Groenlandia por el movimiento internacional que tiene hoy, resultado del deshielo, como ruta comercial del Artico, que para Trump favorece a China y a Rusia. Son las líneas rojas estratégicas de su gobierno, control de rutas y de recursos naturales.

Tampoco Trump descuida México y Canadá. Insiste en territorios y riquezas de estos países.

En el caso de América Latina también queda claro que el continente en su conjunto es parte de esta visión geopolítica y de control estratégico de Trump. Ya no hay Política de Buena Vecindad. Hay política de agresividad y de intervencionismo donde sea necesario, y de establecimientos de Protectorados donde pueda hacerlo.

Trump no tiene problema de reconocer que su actuación corresponde a una nueva redefinición de la Doctrina Monroe, la cual está acompañada de las Políticas del Destino Manifiesto, del Gran Garrote, de la Diplomacia de las Cañonera, de la Doctrina Truman de la post guerra mundial, de la de los golpes de estado y establecimiento de dictaduras y tiranías en Latinoamérica.

Y si se trata de Derechos Humanos tampoco se puede confiar en Estados Unidos. No ha firmado las siguientes Convenciones: la de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; para reprimir la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena; el de la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales; el del derecho del mar; la de la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencias de minas antipersonal y sobre su destrucción, (a ésta se opone).

Además, la convención contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios; el de la represión y el castigo del crimen del Apartheid; el Protocolo de Kioto; los Estatutos del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

No ha ratificado los siguientes Convenios: el de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, para reducir o eliminar la liberación de sustancias químicas nocivas al ser humano y el medio ambiente; el de Basilea sobre control transfronterizo de desechos peligrosos; el de la diversidad biológica; el de los Derechos del Niño.

Asimismo, no ha firmado el de Libertad Sindical y de protección del derecho de sindicación; el de Derecho de sindicación y negociación colectiva; el de la edad mínima de admisión al empleo; contra la delincuencia organizada transnacional; contra la tortura; y el de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Tampoco ha ratificado el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, que prohíbe todo ensayo de armas nucleares; los protocolos facultativos de las convenciones sobre los derechos del niño, relativos a la participación de niños en conflictos armados, y el de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía; ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales.

Estados Unidos declaró, en 1985, que se separaba de la jurisdicción y no acataría las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, que ha servido para solucionar controversias entre Estados, al igual, en el 2002, del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, para enjuiciar criminales de guerra y genocidas.

Mientras los Estados Unidos no ratifique estos convenios y actúe bajo los lineamientos del gran garrote, de las cañoneras y de la nueva doctrina Monroe, no se puede creer en los buenos propósitos que pregona.

Con Venezuela Trump advirtió que su línea roja en las relaciones internacionales no tiene límites, más que lo que le indica su moral, como lo ha dicho.

Si se trata de presencia en organismos internacionales, Trump ha planteado el retiro de los Estados Unidos en más de 50 organismos, que afecta por sus repercusiones a muchos países, miembros de ellos, y por los alcances que tienen en el significado de las relaciones internacionales. Incluso ha cuestionado la existencia del organismo de las Naciones Unidas, promoviendo su Junta de la Paz o Consejo de la Paz, más como un organismo privado de potencias y 26 países “fundadores” que lo quieran integrar y someterse a las directrices que desde allí imponga Trump. Es parte del diseño estratégico y geopolítico de los Estados Unidos hoy.

La reunión de Davos, hace pocos días, ha puesto de relieve el inicio de un nuevo proceso de reordenamiento de las relaciones internacionales, donde la Unión Europea se fortalece o tiende a perecer. Tampoco era previsible el matonismo diplomático de Trump en Davos, ni creíble su desplante ante los principales políticos europeos, a quienes les tendió un felpudo y no una alfombra roja.

Carta abierta para firmar exige designación técnica, transparente y comprometida con los derechos de las mujeres en el INAMU

Diversas personas y sectores han puesto en circulación una carta abierta dirigida a la presidenta electa Laura Fernández Delgado, mediante la cual solicitan que el próximo nombramiento de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y ministra de la Condición de la Mujer responda a criterios técnicos, transparencia y compromiso con la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.

La carta, que se encuentra abierta a firmas mediante un formulario digital, subraya que esta designación constituye una decisión estratégica para la democracia y para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, en coherencia con el mandato legal del INAMU y con los compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

El documento enfatiza que la persona que asuma la presidencia ejecutiva del Instituto debe contar con idoneidad técnica incuestionable, experiencia comprobada en gestión pública, conocimiento en políticas públicas, liderazgo, solvencia ética y capacidad de articulación interinstitucional. Estos atributos son considerados indispensables para ejercer la rectoría en materia de igualdad de género y garantizar la continuidad y fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La carta advierte que el nombramiento ocurre en un momento particularmente relevante, debido al proceso de reorganización institucional que atraviesa el INAMU. Esta etapa es considerada determinante para fortalecer la capacidad del Estado de responder a las demandas urgentes en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres, o bien, en caso contrario, podría debilitar una institucionalidad construida a lo largo de años.

En este contexto, se plantea la necesidad de que dicho proceso se desarrolle con transparencia, respeto al marco legal y comunicación clara con el personal y la ciudadanía, resguardando la memoria histórica, el conocimiento técnico acumulado y la estabilidad de los equipos de trabajo. Asimismo, se destaca la importancia de que cualquier transformación institucional se realice mediante procesos de diálogo interno que fortalezcan la legitimidad y la confianza pública.

El documento también resalta la importancia de establecer canales de diálogo genuino con los distintos actores del Estado y, de manera especial, con las organizaciones de mujeres, reconociendo que esta articulación es fundamental para la eficacia de las políticas públicas y la legitimidad democrática.

Finalmente, la carta reafirma que el INAMU constituye una conquista democrática y una herramienta esencial para garantizar la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia y el respeto a la dignidad de las mujeres, por lo que el nombramiento de su nueva jerarca debe responder a criterios técnicos, transparencia y compromiso con los derechos humanos.

Las personas interesadas en respaldar esta solicitud pueden firmar la carta abierta mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/1FJPXduYjGD3EcvY7

Imagen: UCR

Por la Vida y la Justicia

Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios
”.
Mateo. 5:9

La solidaridad
es la ternura
de los pueblos”

José Martí.

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, levanta su voz con espíritu cristiano y corazón solidario, ante la difícil situación que vive el pueblo cubano como consecuencia del bloqueo (embargo) impuesto por los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al asedio energético y financiero que afecta la vida cotidiana de millones de personas.

Como iglesia del Señor, hablamos desde el Evangelio de Jesucristo, que nos llama a amar al prójimo y a defender la dignidad humana. Cuando falta la energía eléctrica en hospitales y hogares, cuando se dificultan las transacciones financieras para adquirir medicinas, alimentos o combustible, no estamos hablando de cifras ni de discursos, estamos hablando de familias, de personas mayores, de niños y niñas que sufren, entre muchos otros aspectos.

La Palabra de Dios nos recuerda: “Aprended a hacer el bien; buscad la justicia, socorred al oprimido” Isaías. 1:17. Hoy entendemos que buscar la justicia también implica denunciar aquellas medidas que, directa o indirectamente, incrementan el sufrimiento de los pueblos. Ninguna nación debería ver limitada su capacidad de acceder a recursos básicos que garantizan la vida y el bienestar de su gente.

El asedio energético afecta la producción, el transporte, los servicios de salud y la educación, entre otras cosas. El cerco financiero dificulta pagos internacionales, compras esenciales y cooperación humanitaria. Estas realidades no son abstractas; tienen rostro humano. Y el Evangelio siempre tiene una palabra cuando la dignidad humana es puesta en riesgo.

Recordamos también el testimonio de la iglesia primitiva: “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas” Hechos. 2:44. El espíritu cristiano es un espíritu de compartir, de acompañar, de tender la mano, no de cerrar puertas. El apóstol Pablo exhorta: “No se trata de que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que haya igualdad” 2 Corintios. 8:13-14. Esa igualdad comienza con condiciones justas que permitan a cada pueblo desarrollarse sin cargas desproporcionadas.

Como Iglesia Metodista Wesleyana en Costa Rica, expresamos nuestra solidaridad fraterna con el pueblo cubano, especialmente con las iglesias y comunidades de fe que continúan sirviendo en medio de la adversidad.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para promover caminos de diálogo, respeto mutuo y soluciones pacíficas.

Invitamos a las congregaciones a orar por Cuba y por todos los gobernantes, para que Dios conceda sabiduría y espíritu de reconciliación.

Reafirmamos que toda política debe poner en el centro la vida humana y el bienestar de los más vulnerables.

Creemos en un Dios de justicia y misericordia. Creemos que los muros pueden caer y que los conflictos pueden transformarse en oportunidades de encuentro. Creemos que la paz no es debilidad, sino valentía.

Que el Señor nos encuentre del lado de la compasión, del lado del diálogo, del lado de la vida.

Él te ha declarado lo que es bueno:
hacer justicia, amar misericordia…
Miqueas. 6:8.

Rev. Nidia Fonseca Rivera
Presidenta IMWC

Rev. José A. Amesty Rivera
Vice-Presidente IMWC

20 febrero, 2026

La cuestión cubana desde la óptica del humanismo

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introito

Durante décadas, una abrumadora mayoría de países de todos los continentes ha votado en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo poner fin al embargo estadounidense contra Cuba. No obstante, Estados Unidos se ha mostrado irreductible y cada vez, pone oídos sordos a la casi totalidad de las naciones del mundo, ha interpuesto el poder de veto en las Naciones Unidas, para sabotear el levantamiento del embargo. Tal pode de veto únicamente lo poseen cinco poderosas naciones de la Tierra. Así las cosas, el poderoso imperio del norte americano, mantiene el arbitrario y cruel bloqueo económico con el que ha pretendido, hasta ahora con infertilidad, someter a Cuba bajo su égida. No lo ha conseguido y cada vez se desprestigia más ante los ojos del mundo, su causa imperial.

O sea que, las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas están llenas de un altísimo valor moral y político; pero desdichadamente no son jurídicamente vinculantes.

Con toda seguridad, el actual bloqueo que ha puesto el acento en el impedimento de la entrada de petróleo a Cuba es el más duro de todos, dada la ideología oscurantista del presidente Trump y su espíritu belicista e inhumano. Para Washington el bloqueo funciona, además, como un instrumento de presión política, un símbolo de oposición al modelo cubano, para que surta efecto negativo principalmente sobre los países de América Latina; es una señal hacia otros gobiernos considerados hostiles contra los EE. UU. De ahí que, su eficacia real es discutible, pero sigue teniendo un valor estratégico.

Impacto humanitario

Desde el punto de vista ético y humanitario, el bloqueo afecta principalmente a la población civil, ya que dificulta el acceso a medicamentos, a financiamiento y a la necesidad de obtener alta tecnología. Por lo tanto, el bloqueo limita directamente el desarrollo económico. Es por todas estas razones, que millones de personas en todo el mundo consideran que, el bloqueo contra Cuba es incompatible con los principios de derechos humanos que los Estados Unidos dice defender: una clara contradicción del gobierno estadounidense entre el discurso y su práctica histórica.

Desde una mirada racional y democrática, el mundo pide mayoritariamente el fin del bloqueo, pues como se dijo no ha conseguido los objetivos políticos que se ha propuesto, y más bien aísla moralmente a los EE. UU. Aunque, sí a provocado daños sociales contra la población cubana en general, en especial contra la población de ancianos, personas enfermas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, amén de la niñez. Sin embargo, esa política con toda su crueldad y daño social producido es la que pesa más debido a que la política interna y los intereses estratégicos en particular del gobierno de Trump poseen mucho mayor importancia en el balance interno de la política estadounidense que, el consenso internacional.

Un poco de historia en torno a la política exterior de los EE. UU en América Latina

Es algo sorprendente, desde que los Estados Unidos alcanzó su libertad frente al Imperio colonial británico, en 1776, la nación del norte de América ha invadido o intervenido militarmente en más de cien ocasiones a otros países o territorios fuera de sus fronteras.

Es muy importante observar que antes del comunismo y de Karl Marx, ya los estadounidenses le habían arrebatado a su vecino México, más de la mitad de su actual territorio, entre 1846 y 1848. Nicaragua fue invadida en el siglo XIX, Haití en 1915, Filipinas en 1898, Panamá en 1903 y años subsiguientes, así como los países del Caribe y Centroamérica repetidamente durante el siglo XX. Es decir, el expansionismo estadounidense precede al socialismo y al marxismo. Quiere decir que, la ambición de los EE. UU por extender su imperio por todo el mundo, no nace como una lucha contra el comunismo, sino como una política imperial temprana. Cualquiera que sepa algo de historia reconoce esta realidad palmariamente.

Entre los siglos XX y XXI los Estados Unidos ha intervenido de forma directa o indirecta en América Latina, en casi toda la región. Intervenciones militares directas se produjeron en ese transcurso en México, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Panamá y Granada. Mediante golpes y desestabilizaciones la historia del subcontinente latino registra los siguientes países: Guatemala 1954, Chile 1973, Brasil 1964, Argentina 1976, Bolivia más recientemente, Honduras 2009 y Venezuela en varias ocasiones. La última fue la que se acaba de producir en enero de este año. O sea, más de 20 países latinoamericanos se han visto afectados directa o indirectamente por la política imperial estadounidense. En otras palabras, América Latina ha sido conocida como zona de influencia de Los Estados Unidos o como se le llama también despectivamente “su patio trasero”.

La compleja relación de los Estados Unidos con Cuba. ¿Por qué el bloqueo y la invasión?

Desde mi óptica hay cuatro razones principales:

a) La primera estriba en que, desde los inicios del siglo pasado, los gobiernos de Los Estados Unidos consideraron el Caribe como “el mare Nostrum”, un espacio estratégico en su política de desplazar a las potencias europeas de América Latina, tarea que comenzó en realidad, desde mediados del siglo XIX. A la primera independencia de Cuba del colonialismo español, los Estados Unidos hicieron su aporte completamente interesado político, militar y económico. Esta fase culminó con la guerra “hispano estadounidense de 1898, en que Estados Unidos salió victorioso. Como lo acabo de afirmar, su aporte no fue de gratis, sirvió para que en adelante se inmiscuyera dentro de la Isla antillana, un tutelaje a la naciente República mediante la famosa “Enmienda Platt”. Por medio de este “tratado”, los estadounidenses obligan a que la Enmienda se introduzca plenamente en la Constitución cubana, otorgándole al imperio la potestad de intervenir militarmente en la Isla, e inclusive crearon bases navales, como la que todavía mantienen en Guantánamo.

b) La Revolución Cubana de 1959. Cuba llevó adelante tras el triunfo revolucionario de 1959, una reforma en lo político, jurídico, económico y militar de gran calado:

– nacionalizó empresas extranjeras propiedad de inversionistas estadounidenses, Cuba rompió los lazos de dependencia que la ataban a los EE. UU y abrió el camino para consolidar una verdadera independencia del gobierno del Norte imperial. Todas estas políticas quebrantaron las relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países, puesto que Washington intentó proteger por todos los medios, los poderosos intereses de las grandes empresas estadounidenses frente a las medidas expropiatorias por parte del gobierno revolucionario.

c) La Invasión de Bahía de Cochinos. Con el propósito de apoyar a la contrarrevolución de los cubanos que habían migrado a Miami huyendo de la Revolución, la CIA estadounidense, preparó una invasión de carácter militar, entrenando y avituallando a las tropas, dándoles armamento y apoyándolos con la aviación. En principio, todo el plan fue aprobado por el gobierno del “demócrata” John F: Kennedy, pese a que en el último momento restringió en gran medida la aviación con la que se pensaba bombardear la Isla. Cuba siempre fue bombardeada, pero no en la intensidad con la que, originalmente se había comprometido Kennedy. La invasión de Bahía de Cochinos terminó en un fracaso total para la contrarrevolución de los cubanos de Miami y para el propio gobierno de los EE. UU.

d) El bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Con el bloqueo se pretendía desanimar a la población de la Isla y provocar una rebelión interna. Esto fue reconocido por documentos oficiales desclasificados de la CIA de los Estados Unidos.

Hoy el bloqueo impuesto por Trump se concentra con prioridad en impedir el ingreso de petróleo, con lo que, Cuba se encuentra seriamente desabastecida para alimentar la flotilla vehicular, se ha paralizado gran parte de la industria, los hospitales y la población está experimentando una gran escasez, privación de medicinas, ropa, alimentos, etc. El golpe principal se ha orientado a paralizar el Transporte, la Electricidad, los Hospitales y la producción; una forma moderna de asfixia económica inhumana porque está afectando a la población civil, antes que nada.

Conclusión

El castigo que desde principios de los sesenta la ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, por todo lo expresado no es únicamente contra el gobierno, es contra toda la población. Por lo consiguiente, aunque es un tema ideológico, es por encima de todo una cuestión humanitaria.

No obstante, todo el inmenso historial represivo e inhumano de los Estados Unidos, desde que adquirió el estatus de República al independizarse del imperio colonial británico en 1776, hay todavía gente que se atreve a proponer con cinismo que, la culpa de todos los efectos ampliamente demostrados del bloqueo contra el pueblo y el gobierno de Cuba no proviene únicamente de los diferentes gobiernos estadounidenses, sino que es responsabilidad del régimen cubano.

Se pretende de esta manera como se dice coloquialmente, “tapar el sol con un dedo”, lo que como sabemos solo le ocurre a la persona que interpone su dedo entre sí misma y el astro que nos ilumina y nos da calor. Absolutamente a nadie más que esté dispuesto a conocer la verdad del magnicidio que se viene cometiendo contra Cuba y que hoy endurece el desgobierno de Trump, se le puede engañar.

Pregunto, solo para efecto de demostración, cuántos países que tengan el tamaño y una población parecida a los 11 millones de personas que habitan la Isla cubana, podrían soportar un embargo tan cruel y avasallador como el que desde la década sesenta del siglo pasado, viene imponiendo el gobierno estadounidense. ¿Alguno lo podría soportar? Aún más, ¿Cuántos países podrían mantenerse de pie, y con la dignidad que ha tenido el pueblo cubano ante una intervención tan intensa e inhumana como la que perpetra Trump contra Cuba?

Debe tenerse presente además que, el intervencionismo estadounidense alcanza hoy, aparte de Cuba, a todo aquel país, sea el que sea, que intente auxiliar a la Isla proporcionándole petróleo, medicamentos, comida, ropa y un largo etcétera. Al país que haya deseado brindar solidaridad a Cuba, se le recetan castigos económicos, y puede ser que hasta de carácter militar. O sea, que Trump y sus acompañantes oligarcas, con harta irresponsabilidad frente a toda la humanidad estarían dispuestos a desatar una guerra de carácter universal, si la ayuda proviniese de una potencia como China o Rusia. Ya Trump ha lanzado estas amenazas contra China, Rusia, México y la misma Venezuela. La humanidad decide a quien le brinda solidaridad.

Pronunciamiento en contra del bloqueo petrolero a Cuba

Costa Rica siempre ha inspirado su política exterior en la defensa irrestricta del Derecho Internacional y el Derecho Humanitario. Guiados por estos principios, y secundando lo expresado por las Naciones Unidas: “Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los Derechos Humanos”, los abajo firmantes levantamos la voz condenando el inhumano bloqueo que, en contra de la voluntad reiteradamente expresada de la casi unanimidad de los pueblos del mundo, mantiene el gobierno norteamericano en contra del pueblo de Cuba. Este brutal bloqueo afecta la vida cotidiana en todos sus aspectos, especialmente en la salud, educación, actividades laborales y alimentación de niños, jóvenes y ancianos indiscriminadamente. Razón por la cual exigimos el inmediato y total levantamiento del bloqueo que, desde hace más de 60 años y actualmente recrudecido por la administración de Trump, impone el gobierno estadounidense, contra la voluntad de su propio pueblo.

  1. Dr. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo. Exministro de Cultura, Juventud y Deportes.
  2. Rodrigo Alberto Carazo Zeledón. Exdefensor de los habitantes, actualmente miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2023-2026).
  3. Sergio Alfaro Salas. Abogado. Ex Embajador de Costa Rica. Ex Ministro de la Presidencia 2014-2018. Exdiputado.
  4. Julieta Dobles. Poeta. Premio Nacional de Cultura Magón.
  5. Alfonso Chase. Poeta y ensayista, Premio Nacional de Cultura Magón.
  6. Manuel Monestel. Cantautor. Premio Nacional de Cultura Magón.
  7. Arabella Salaverry Pardo. Escritora. Premio Nacional de Cultura Magón.
  8. Ronald Bonilla. Poeta. Premio Nacional de Cultura Magón.
  9. José Manuel Arroyo Gutiérrez. Abogado. Exmagistrado y exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
  10. Dr. Alberto Salom Echeverria. Politólogo. Exdiputado. Exrector de la Universidad Nacional.
  11. Dra. Yamileth González. Historiadora. Exrectora de la Universidad de Costa Rica.
  12. Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Biólogo. Exrector de la Universidad de Costa Rica.
  13. Roberto Villalobos. Arquitecto. Exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  14. Gloria Valerín Rodríguez. Exministra de la Condición de la Mujer y exdiputada.
  15. Patricia Mora Castellanos. Socióloga, exdiputada, exministra de la Condición de la Mujer, expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), presidenta e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  16. Rocío Alfaro Molina. Filósofa y socióloga, diputada e integrante de la Comisión Política y de la Secretaría de las Mujeres del Frente Amplio.
  17. Ariel Robles Barrantes. Educador, diputado, excandidato presidencial e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  18. José María Villalta. Abogado, diputado electo del Frente Amplio. Exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio.
  19. Máster Sofía Guillén Pérez. Economista y diputada de la República.
  20. Jonathan Acuña Soto. Economista, diputado, secretario general e integrante del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del Frente Amplio.
  21. Antonio Ortega Gutiérrez. Sociólogo, diputado e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  22. Vianey Mora Vega. Socióloga y educadora, diputada electa del Frente Amplio.
  23. María Eugenia Román Mora. Abogada, asesora parlamentaria, diputada electa del Frente Amplio.
  24. Gerardo Vargas Varela. Agricultor, exsacerdote, exdiputado del Frente Amplio.
  25. Suray Carrillo Guevara. Abogada, exdiputada del Frente Amplio.
  26. Dr. Henry Mora Jiménez. Economista, exdiputado del PAC, Expresidente de la Asamblea Legislativa.
  27. Luis Gerardo Arce Valverde. Historiador, Premio Fernando Soto Harrison de la Universidad de Costa Rica.
  28. Gustavo Campos Alfaro. Regidor Municipal de Montes de Oca.
  29. Eduardo Gardela Ramírez. Comunicador, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Desamparados.
  30. Brandon Guadamuz Villalobos. Trabajador Social, máster en cooperativismo, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de San José.
  31. Lic. Rodolfo Ulloa. Sociólogo. Fiscal Nacional del Frente Amplio.
  32. Dr. Walter Antillón. Jurista. Premio Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.
  33. Dr. Roberto Salom. Sociólogo. Exvicerrector de Acción Social y exvicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  34. Lic. Sebastián Vaquerano López. Exembajador.
  35. Lic. Vladimir de la Cruz. Historiador.
  36. Dr. Rafael Cuevas. Escritor y director de la Revista Nuestra América.
  37. Oscar Castillo. Cineasta y actor.
  38. Leonardo Perucci. Actor y director de Teatro y TV.
  39. Eduardo Ceregatti Madrigal. Cineasta, exdirector de La Pensión.
  40. Ana Istarú. Poeta y actriz.
  41. Rodrigo Durán Bunster. Arte escénico. Narrativa.
  42. Ivette Guier Serrano. Ceramista.
  43. Abel Guier. Músico.
  44. Adriana Mora Rey. Directora de arte.
  45. Guadalupe Urbina. Cantautora.
  46. Bernal Villegas. Músico.
  47. Esteban Monge Flores. Cantautor.
  48. Álvaro Fernández González. Sociólogo, músico.
  49. Dr. Freddy Pacheco León. Biólogo.
  50. Albino Vargas Barrantes. Dirigente sindical
  51. Dr. Francisco Enríquez. Historiador. Exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  52. Dr. Daniel Camacho. Sociólogo.
  53. Dra. Macarena Barahona. Socióloga.
  54. Lic. Rafael Ugalde. Abogado y periodista
  55. Doctora Elisabeth Cook Steike. Teóloga. Rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana
  56. Dr. Jaime Delgado. Filósofo.
  57. Dra. Elsa Tamez. Teóloga.
  58. Dr. Sergio Reuben Soto. Economista.
  59. Lic. Melania Agüero Echeverría. Psicoanalista y artista.
  60. Lic. William Venegas. Profesor universitario. Crítico de cine.
  61. Dr. Plutarco Bonilla. Filósofo. Teólogo.
  62. Dra. Silvia Regina de Lima Silva. Teóloga. Directora Departamento Ecuménico de Investigaciones.
  63. Carlos Guillermo Madriz. Director. Productor de documentales.
  64. Dr. Miguel Sobrado. Sociólogo.
  65. Lic. Carlos Monge Meneses. Educador. Agricultor.
  66. Lic. Manuel Arguedas Castro. Profesor jubilado Universidad Nacional.
  67. Marta Elena Rodríguez González. Dirigente social, exdirectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), directiva de la Unión de Empleados de la CCSS.
  68. Luis Chavarría Vega. Secretario General de la Unión de Empleados de la CCSS (UNDECA).
  69. Dr. Miguel Picado. Teólogo e historiador.
  70. Dr. German Chacón. Historiador. Cátedra Manuel Mora UNED.
  71. Vernor Arguedas Troyo. Matemático, catedrático UCR
  72. Mirta González Suárez. Psicóloga, escritora, catedrática emérita UCR
  73. Oscar Madrigal Jiménez. Abogado y Notario.
  74. Fabio Chaves Castro. Trabajador del ICE pensionado, expresidente de ASDEICE, excoordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT).
  75. Dr. Gerardo Hernández Naranjo. Politólogo, profesor asociado Universidad de Costa Rica.
  76. Lic. Francisco Villegas Villalobos. Exregidor municipal en el cantón de Belén, presidente del Partido Independiente Belemita (PIBE).
  77. Alejandro Sura. Sociólogo y abogado, exdirigente sindical del ICE, presidente de la asociación de pensionados del ICE.
  78. Ricardo Segura Ballar. Ingeniero, exdirigente sindical del ICE.
  79. César López Dávila. Educador y psicólogo, dirigente social.
  80. Roberto Zeledón Arias. Asesor legislativo sindical.
  81. Nancy Piedra Guillén. Socióloga, profesora catedrática UCR.
  82. Juan Carlos Valverde Campos. Profesor.
  83. Nia Salas. MBA Colectiva Profesionales para la Ciudadanía.
  84. Roy Palavicini Rojas. Teólogo, antropólogo.
  85. Sebastián Pérez Carmona. Militante Frente Amplio y activista social/político.
  86. Lic. Sary Montero. Trabajadora social.
  87. Natalia Serrano Álvarez. Comunicadora social. DEI
  88. Peggy Quesada Chamorro. Psicóloga social – DEI
  89. Anne Kevenhörster. Geógrafa – DEI
  90. Julieta Montoya – Psicóloga Social – DEI
  91. Gerardo Mora Burgos. Profesor. Filósofo, catedrático pensionado UCR.
  92. MSc. Hannia Franceschi Barraza. Trabajadora social, profesora e investigadora universitaria jubilada
  93. Gerardo Contreras Álvarez. Historiador, catedrático UCR
  94. David Contreras Mora. Analista de sistemas, regidor suplente del Frente Amplio en la Municipalidad de San José
  95. Fidel Barrera Romero. Sociólogo, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Heredia
  96. Reinier Canales Medina. Luchador social de la Zona Sur, presidente de la Asociación para la defensa de los usuarios de los servicios públicos (ADUSP)
  97. Juan Carlos Durán Castro. Dirigente sindical sector salud
  98. José Daniel Berrocal Miranda. Regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Heredia
  99. Fernando Chironi Kaufman. Comunicador
  100. Victoria Eugenia Borbón Pineda. Licenciada en Orientación, Red de Educadores Humanistas.
  101. Rosa María Muñoz Varela. Licenciada en Educación, Red de Educadores Humanistas.
  102. Emilia Sibaja Álvarez. Licenciada en Computación Educativa, Red de Educadores Humanistas.
  103. Luis Diego Ugarte Castro. Artesano. Movimiento Humanista.
  104. Carol Ma. Fernandez. Estudiante Universidad Bíblica Latinoamericana
  105. Nadia Alvarado Molina
  106. Alexandra Bula Madrigal
  107. Héctor Ferlini-Salazar, comunicador
  108. Antonio Trejos Mazariegos. Abogado, asesor parlamentario y municipal, diputado electo del Frente Amplio
  109. Edgardo Araya Sibaja. Abogado, exdiputado, diputado electo del Frente Amplio
  110. Alejandro Vargas Chinchilla. Politólogo, secretario general de la Juventud del Frente Amplio (JFA)
  111. Reyna Casco Núñez. Politóloga, presidenta de la Juventud del Frente Amplio (JFA)
  112. Margarita Salas Guzmán. Comunicadora, ex Comisionada Presidencial de Asuntos LGBTIQA
  113. Prof. Juan Félix Montero Aguilar. Luchador social
  114. Jesús Campos Méndez. Dirigente sindical del sector de transportistas
  115. Felipe Arguedas Gamboa. Ingeniero agrónomo, exviceministro de Agricultura y Ganadería
  116. Ulises Araya Chaves. Profesor de Estudios Sociales y Cívica, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Belén
  117. Priscilla Vindas Salazar. Politóloga, diputada del Frente Amplio
  118. Anacristina Rossi. Novelista y profesora de la Universidad de Costa Rica.
  119. Harold Villegas-Román. Ex viceministro de Trabajo y Economía Social, docente e investigador Universidad de Costa Rica
  120. Mauricio Castro Méndez. Investigador y docente de la UCR
  121. Rafael Barrantes. Tec. Eléctrico. Administrador de las páginas, La Voz Bolivariana Internacional y Conaicop Costa Rica
  122. José A. Amesty Rivera. Teólogo y articulista. Venezolano en Costa Rica
  123. Edgar Rodríguez Sancho. Presidente, Asociación de Arte y Cultura de Montes de Oca
  124. German Urbina Pastora. Ingeniero en Computación
  125. Valeria Navas Castillo, periodista
  126. Dr. Santiago Chaves Aguilar. Profesor e Investigador. Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada UCR
  127. Sofía Cortés Sequeira. Docente e investigadora UCR. Subsecretaria General Partido Frente Amplio.
  128. Marcelo Prieto Jiménez. Ex-rector de la Universidad Técnica Nacional, ex-diputado, ex-Presidente Ejecutivo del INA, ex-Embajador.
  129. Sigrid Segura Artavia. Geógrafa, especialista en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, diputada electa del Frente Amplio
  130. Pablo Zúñiga Morales. Abogado
  131. Marta Arauz Mora. Abogada y notaria. Diputada de mandato cumplido 2014 – 2018
  132. Margarita Penón Góngora, ex primera dama y ex diputada
  133. Karla Ruíz Hidalgo, M.Sc. Biotecnóloga y facilitadora comunitaria
  134. Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social
  135. Seidy Salas Víquez. Comunicadora Social
  136. Mariana Cruz Carrillo. Politóloga
  137. Felicia Echeverría Hermoso. Agricultora orgánica. Ex gerente del Programa Nacional de Agricultura Orgánica
  138. Sharo Rosales. Comunicadora. Presidenta de la Asociación del Seminario Bíblico Latinoamericano
  139. Doctor José de la Victoria Araya Guillén. Teólogo
  140. Walter Benavides. Cantautor, compositor y productor
  141. Lic. Marcos Chinchilla Montes. Trabajador Social
  142. Guillermo Lizano (Pele Lizano). Dirigente comunal y ex regidor de Cartago
  143. Deyanira Sequeira. Profesora honoraria de la UNA
  144. Mercedes Ulibarri Pernús. Luchadora social, de familia cubana
  145. Dorisa Ballestero González. Ex vicealcaldesa de Barva por el Frente Amplio
  146. Walter Coto Molina. Expresidente Asamblea Legislativa, ex profesor UCR, abogado, empresario
  147. José Eduardo Álvarez Araya. Informático, economista y abogado, asambleísta FA, expresidente ACODEHU
  148. Sharon Montoya Azofeifa. Psicóloga y docente de Psicología
  149. Rosa Adolio Cascante. Economista, docente universitaria, ex viceministra de educación, expresidenta de FONABE y CONAPE, ex directora de programas de equidad del MEP, ex directora del SINAES
  150. Miguel Ángel Herrera Cuarezma. Ciudadano
  151. Stefano Battaini Miranda. Psicólogo y activista en derechos humanos y de otros animales, ecologista
  152. Italo Fera Fallas. Sociólogo, dirigente de OS por lucha socio ambiental
  153. Joselyn Sáenz Núñez. Politóloga, abogada, diputada electa del Frente Amplio
  154. Marcela Naranjo Segura. Integrante del Partido Frente Amplio, exregidora en la Municipalidad de Sarapiquí, representante de Heredia en la CP del FA
  155. Martín Rodríguez Espinoza. Comunicador, secretario de Comunicación del Partido Vanguardia Popular (PVP)
  156. Alejandro Delgadillo Solano
  157. María del Mar Chavarría Soto. Psicóloga, bailarina y docente
  158. Sergio Erick Ardón Ramírez. Arquitecto, exdiputado de izquierda
  159. Master Lázaro Amoroso Rodríguez
  160. José María Gutiérrez Gutiérrez. Profesor emérito Universidad de Costa Rica
  161. Esteban Beltrán Ulate. Profesor universitario
  162. Vinicio Chacón Soto. Periodista
  163. Luis Diego Rojas Ávila. Profesor de Filosofía MEP, Lic. Derecho, Bach en Filosofía, Bach en educación.
  164. Andrea Ruiz Hidalgo. Artista profesional especializada en Cerámica
  165. Francisco Duarte-Martínez, MSc. Microbiología
  166. Ignacio Dobles Oropeza. Psicólogo social. Escritor
  167. Víctor Valembois, Dr.
  168. Oscar Barrantes Rodriguez. Historiador y analista político
  169. Rigoberto Aguilar Solís. Luchador social
  170. Alexander Bustamante Ampié. Abogado, docente, exfiscal nacional APSE 2003-2005
  171. Marta Lanuza Laguna. Empresaria
  172. Milagro Solis. Activista por los derechos humanos y Secretaria General del Partido Pueblo Unido
  173. Marta Eugenia López Subirós. Socióloga, demógrafa y política económica
  174. Xiomara Esquivel Vargas. Actriz y productora de artes escénicas, integrante de la PCOA-Costa Rica
  175. Jorge Arturo Montoya Alvarado. Historiador, profesor universitario
  176. Lic. Walter I. Hernández Vargas
  177. María José Monterroso Solís. Gestora de Recursos Naturales
  178. Eduardo de la Serna. Biblista
  179. Emma Martínez Ocaña. Teóloga y Psicoterapeuta
  180. Antonio Naranjo S. Empresario
  181. Antonio Atienza. Trabajador de la administración pública local de Andalucía
  182. María Dolores Meñaca, Profesora de Química
  183. Dr. Hermann Guendel. Filósofo y ensayista, académico UNA – UNED
  184. Jesús Galafate Puerto. Profesor jubilado
  185. Karla Chaves Brenes. Comunicadora y emprendedora
  186. Juan Carlos Mendoza García. Expresidente de la Asamblea Legislativa, exrepresentante permanente y embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas
  187. Jorge Orlando Bermúdez Hidalgo. Abogado
  188. Marjorie Jiménez Castro. Cátedra José Martí, UCR
  189. Mario Solera. Músico
  190. Andrés Mora Ramírez. Investigador y docente, Instituto de Estudios Latinoamericanos, UNA
  191. Msc. Byron Renato Barillas Girón. Sociólogo y criminólogo
  192. Evelyn Sánchez Granados. Psicóloga, emprendedora, ex embajadora de Costa Rica en Cuba
  193. Luis Ángel Salazar Oses. Profesor jubilado de Filosofía y Educación de la UCR y la UNED
  194. Licenciado Daniel Vartanian. Economista
  195. Licenciada Sonia Pineda. Bibliotecologa
  196. Licenciada Olga Parrado. Trabajadora Social
  197. Mainier Barboza Soto. Magister en Teología, licenciado en Educación
  198. Doctor Fabio Villalobos. Médico
  199. Rafael Ángel Sánchez Rojas. Profesor pensionado
  200. Gerardo Quirós Jiménez. Licenciado en Ciencias Políticas, ex funcionario de la Asamblea Legislativa

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“La solidaridad es la ternura de los pueblos”. 
—José Martí

Quienes han firmado y expresado de múltiples formas su solidaridad con el hermano pueblo cubano, son herederos de quienes manifestaron su apoyo al Apóstol Martí, en su visita a Costa Rica. Quienes hoy desde Cuba enfrentan las inhumanas medidas impuestas por el gobierno de Trump, son los legítimos herederos del Apóstol. Quienes, desde Costa Rica, han firmado este pronunciamiento, lo son también. Porque la Patria Grande es UNA. A todas y cada uno de ustedes, mi eterna e imperecedera gratitud.

—Arnoldo Mora Rodríguez.

Si usted desea adherirse a este pronunciamiento puede enviar su nombre y calidades al siguiente correo: Periodico.SURCOS@surcosdigital.com