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Etiqueta: derechos humanos

Adolfo Pérez Esquivel: “Trump y Netanyahu son genocidas y criminales de lesa humanidad”

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, advierte sobre una escalada global de guerras, invasiones y violaciones al derecho internacional, señalando directamente a los gobiernos de Estados Unidos e Israel como responsables de graves crímenes contra la humanidad. En su pronunciamiento, denuncia el impacto de estas acciones sobre los pueblos, cuestiona el silencio de organismos internacionales y hace un llamado urgente a la conciencia global para detener la violencia y defender la paz como fruto de la justicia.

SURCOS transcribe el texto de Adolfo Pérez Esquivel:

Donald Trump y Benjamin Netanyahu son genocidas criminales de lesa humanidad.

El mundo se encuentra sacudido por GUERRAS, INVASIONES, BLOQUEOS, MUERTE, HAMBRE Y DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, provocados por gobernantes irresponsables que atentan contra la vida de las personas y de nuestra “Casa Común”. Privilegian el capital financiero y el poder económico de dominación, y se olvidan de Dios, de los valores, la ética y la responsabilidad con la vida de los pueblos.

Desconocen y violan todos los Tratados Internacionales, despreciando lo que tanto costó construir a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial para restablecer el equilibrio y la convivencia entre los países del mundo.

Preocupa ver que los organismos internacionales, bajo presión o complicidad, guarden silencio o no tengan la capacidad de poner límite a la crueldad. Recuerdo a Martin Luther King cuando decía que no le dolía tanto el accionar de los “malos” como el silencio de los “buenos”.

¿Cómo puede ser que durante más de 64 años Estados Unidos mantenga el bloqueo a Cuba y lo refuerce actualmente con la flota naval impidiendo el suministro de petróleo y recursos necesarios para la Isla, provocando graves dificultades energéticas que afectan la salud y la alimentación de la población, y sea una permanente amenaza para su soberanía? Cuba, que no es un peligro —por el contrario, es un país solidario con los que menos tienen— está en riesgo frente a la agresión de Estados Unidos.

Trump y Netanyahu, en su delirio guerrerista, actúan por “suspensión de conciencia”, en el juego de la guerra piensan que es lícito y justo matar, no asumen la responsabilidad de la gravedad de sus acciones. Hannah Arendt llega a la impresionante conclusión sobre Adolf Eichmann en la Segunda Guerra Mundial, cuando señala al jerarca nazi como una nueva especie criminal: HOSTIS GENERIS HUMANI, es decir, el que comete crímenes en circunstancias que le hacen imposible saber que obra mal.

Trump ordena la invasión de Venezuela y secuestra al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Celia Flores; los llevan prisioneros a Estados Unidos para ser juzgados y condenados antes del juicio. Impone el bloqueo a Venezuela y cierran su espacio aéreo, violando todos los Tratados Internacionales, dañando la vida y la soberanía del país.

Es indignante que el presidente de Estados Unidos secuestre a 6200 niños migrantes, separados por la fuerza de sus familias e internados en cárceles, violando los derechos de la infancia. Hago un llamado al Congreso de Estados Unidos para que intervenga y que los niños y niñas vuelvan con sus familias.

Es urgente que el pueblo de Estados Unidos ponga límites a los abusos de poder de Trump. En diversos Estados levantan su voz contra el genocidio en Gaza y la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Se extiende la guerra regional, y es urgente reclamar la suspensión de los ataques contra el Líbano, que desde el conflicto ha provocado más de 3000 muertes y la matanza de más de 100 niñas en un colegio en Minab por los bombardeos.

El movimiento judío en Israel NO EN NUESTRO NOMBRE reclama y exige terminar la guerra contra Palestina. Hay muchas iniciativas y acciones a escala mundial, como la Flotilla Global Solidaria a Gaza.

La Corte Penal Internacional dio orden de captura internacional para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien acusa de genocida en la Franja de Gaza.

Trump y Netanyahu creen en el poder de las armas, no en el diálogo, el derecho y la razón, quieren imponer al mundo sus intereses geopolíticos y hegemónicos. Estados Unidos utiliza el veto en la ONU para impedir la condena a Israel.

La resistencia de los pueblos aumenta día a día en defensa de la vida, de su soberanía e identidad; buscan construir un nuevo amanecer, SABIENDO QUE LA PAZ SE CONSTRUYE COMO FRUTO DE LA JUSTICIA Y EL DERECHO DE LOS PUEBLOS.

La guerra desatada contra Irán por Estados Unidos e Israel es una ofensa a la humanidad: en el tiempo que lleva la guerra han asesinado a más de 3000 personas en Irán y ponen en peligro la vida planetaria, frente a la amenaza de una posible GUERRA NUCLEAR.

Trump, en su suspensión de conciencia, busca mantener la hegemonía mundial a través de la fuerza, imposiciones económicas y aranceles, frente a otras potencias emergentes que reclaman un nuevo orden mundial. Equivocó el camino; eligió el peor de todos: la guerra, donde todos pierden. Está preocupado por los números, costos y pérdidas económicas en la guerra, y olvida que detrás de los números hay rostros de hombres, mujeres, niños y niñas que reclaman un lugar digno en la vida.

Le pido al presidente Trump que mire su vida espiritual, si la tiene; que no olvide que la violencia y las muertes contra los pueblos ofenden a Dios y a toda la humanidad, y que lo que siembra, recoge.

El Papa Francisco, en su incansable prédica por la paz, sabía de las consecuencias de la escalada bélica y decía que el mundo ya se encuentra en la Tercera Guerra Mundial, que va aumentando a cuentagotas, y que la humanidad está frente a la amenaza de una posible guerra nuclear. Hay que hacer todo lo posible para evitarla y llamar a la conciencia de los responsables; pide orar y actuar, y saber que LA PAZ ES EL CAMINO.

El preámbulo de las Naciones Unidas es muy claro:
“Nosotros, los pueblos del mundo, queremos la paz…”

No olvidarlo y defender el derecho de los pueblos se hace urgente.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz 1980
Presidente Honorario SERPAJ

Obispos llaman a soluciones integrales en Crucitas sin sacrificar la vida ni la naturaleza

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje sobre la situación de Crucitas, en Cutris de San Carlos, en el que advierte que la problemática no es únicamente ambiental o social, sino una crisis socioambiental compleja que exige respuestas integrales. Desde la Doctrina Social de la Iglesia, los obispos llaman a no normalizar la minería ilegal ni sus impactos, a fortalecer la presencia del Estado y a promover soluciones basadas en el bien común, el diálogo participativo, la dignidad humana y el cuidado responsable de la creación.

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre la realidad de Crucitas, Cutris de San Carlos:

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social,
sino una sola y compleja crisis socioambiental.” (Laudato Si´, 139)

Ante la realidad presente en Crucitas, distrito de Cutris de San Carlos, Zona Norte de nuestro país, deseamos ofrecer una palabra de orientación que brota de nuestra misión pastoral y de la Doctrina Social de la Iglesia, mirando al bien integral de la persona humana y de la creación.

Durante más de veinte años, la zona ha sufrido las consecuencias de la minería ilegal: deforestación, contaminación de fuentes de agua, deterioro del tejido social, violencia e inseguridad. Esta realidad no puede normalizarse ni perpetuarse. El abandono del territorio y la ausencia de soluciones eficaces han provocado dolor en muchas familias y han expuesto la riqueza natural a graves daños. La indiferencia no es una opción moralmente válida.

Al mismo tiempo, la Iglesia recuerda que el desarrollo auténtico no puede construirse sacrificando la casa común ni poniendo en riesgo la vida y la salud de las comunidades. La experiencia histórica y los principios del Magisterio de la Iglesia nos enseñan que el progreso económico debe estar siempre subordinado a la dignidad humana, al destino universal de los bienes y al cuidado responsable de la creación.

En su Encíclica Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI dejaba en claro el equilibrio que debe existir en la relación del hombre con el ambiente natural: “El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad. Cuando se considera la naturaleza, y en primer lugar al ser humano, fruto del azar o del determinismo evolutivo, disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios, que el hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades -materiales e inmateriales- respetando el equilibrio inherente a la creación misma. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú intocable o, al contrario, por abusar de ella. Ambas posturas no son conformes con la visión cristiana de la naturaleza, fruto de la creación de Dios”, n. 48.

Por ello, invitamos a que cualquier decisión que se tome sea fruto de un diálogo amplio, transparente y participativo, donde se escuche a las comunidades locales, a expertos independientes y a todos los sectores involucrados. Se requiere un discernimiento serio que considere no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos ambientales, sociales y culturales a corto, mediano y largo plazo.

La superación de la minería ilegal y de la violencia asociada exige una presencia efectiva del Estado, políticas públicas claras, alternativas laborales sostenibles y un compromiso real con la legalidad. Enfrentar el crimen no puede implicar decisiones que pongan en riesgo irreversible el patrimonio natural que pertenece a todos.

La Iglesia no es instancia técnica ni política, expresa sí la conciencia ética que recuerda que toda decisión debe orientarse al bien común. Animamos a las autoridades y a la sociedad costarricense a buscar soluciones integrales que protejan la vida, restauren el orden, promuevan oportunidades dignas de trabajo y salvaguarden la riqueza natural que hemos recibido como don y responsabilidad.

Que este momento sea ocasión para renovar el compromiso con un desarrollo verdaderamente humano, solidario y sostenible, donde la justicia, la paz social y el cuidado de la creación caminen siempre unidos.

En San José a 14 de abril del 2026.

Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Bartolomé Buigues Oller
Obispo de Alajuela
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Carta advierte que proyecto sobre pensión mínima “intocable” debilitaría la protección total de las jubilaciones

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Una carta dirigida a la Defensoría de los Habitantes plantea una crítica de fondo al proyecto de ley expediente N.° 24.940, denominado “Ley para Adoptar una Pensión Mínima Intocable”, al considerar que, lejos de fortalecer los derechos de las personas pensionadas, abre un portillo para que sus ingresos puedan ser afectados por acreedores.

El documento, firmado por Francisco Guevara Matarrita, expresa preocupación por el enfoque del proyecto impulsado con participación de la Defensoría, señalando que el debate no es meramente técnico, sino estructural: se trata de definir si Costa Rica mantendrá la inembargabilidad total de las pensiones como principio jurídico o si avanzará hacia un modelo que permita su afectación parcial.

Según el análisis expuesto, la iniciativa sustituye el principio de indisponibilidad de las pensiones —históricamente protegido en la legislación— por un esquema de disponibilidad parcial regulada. En este modelo, aunque se establece un monto mínimo protegido, el resto de la pensión quedaría expuesto a posibles embargos o afectaciones, lo que implicaría un cambio sustantivo en su naturaleza jurídica.

El documento advierte que este giro representa una transformación profunda del sistema de protección social, ya que la discusión dejaría de centrarse en si la pensión puede ser tocada o no, para pasar a determinar cuánto puede afectarse sin generar rechazo social. Este desplazamiento, se afirma, debilita la barrera que históricamente ha protegido estos ingresos.

La carta también cuestiona la coincidencia entre este proyecto legislativo y recientes criterios de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que, según el autor, apuntan hacia una reinterpretación del régimen de inembargabilidad, acercándolo a una lógica de mínimo vital similar a la del salario, en lugar de mantener su carácter de protección plena.

En este sentido, se recuerda que el artículo 984 del Código Civil establece que las pensiones, jubilaciones y beneficios sociales no pueden ser embargados por acreedores, dado su carácter alimentario y su función de garantizar la subsistencia de personas que, en muchos casos, no cuentan con otras fuentes de ingreso.

El autor señala que presentar esta norma como una disposición obsoleta resulta incorrecto, ya que su contenido fue reafirmado mediante reformas posteriores, lo que evidencia una decisión legislativa consciente de mantener ese nivel de protección.

Asimismo, se advierte que trasladar a las pensiones la lógica del salario mínimo inembargable implica mezclar regímenes jurídicos distintos, lo que podría abrir la puerta a interpretaciones que reduzcan la protección de estos ingresos en la práctica.

El documento reconoce la existencia de situaciones problemáticas relacionadas con rebajos excesivos o condiciones económicas difíciles para personas pensionadas, pero sostiene que la solución no debe consistir en debilitar la inembargabilidad, sino en reforzar los mecanismos de control frente a abusos y garantizar condiciones dignas de vida.

Finalmente, la carta hace un llamado a la Defensoría de los Habitantes para que revise su posición respecto al proyecto y se coloque claramente del lado de la protección integral de las pensiones, entendidas como un elemento fundamental de la dignidad en la vejez.

SURCOS le invita a leer el documento completo en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-14-Defensoria-de-los-Habitantes-Exp-N.°-24.940-Ley-para-Adoptar-una-Pension-Minima-Intocable-1.pdf

UNA rechaza rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), según el artículo 2, inciso 2.9., de la sesión ordinaria 16-2026, celebrada el 9 de abril de 2026, que dice:

PRONUNCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ANTE EL ROMPIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS PLENAS ENTRE COSTA RICA Y CUBA.

La Universidad Nacional expresa su profundo rechazo a la decisión del Gobierno de Costa Rica de romper relaciones diplomáticas plenas con la República de Cuba y ordenar el retiro del personal acreditado en ambas embajadas; esta medida constituye una ruptura significativa en una relación histórica que se remonta al siglo XIX, cuando se establecieron los primeros vínculos culturales y económicos entre ambas naciones, incluyendo la creación de la primera colonia agrícola cubana en 1891, en La Mansión de Nicoya, bajo el liderazgo del mayor general Antonio Maceo.

A lo largo del siglo XX, estos lazos se consolidaron mediante relaciones diplomáticas formales desde 1907, pese a interrupciones como la de 1961, las relaciones fueron restablecidas plenamente en 2009 ante un nuevo contexto geopolítico. La actual decisión, justificada en la situación de derechos humanos en Cuba, requiere ser contextualizada considerando factores como el prolongado bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, cuyo endurecimiento ha limitado gravemente el acceso a combustibles, alimentos y bienes esenciales.

Cuba es un país cuyo pueblo enfrenta, además de su situación política, una grave crisis humanitaria, marcada por profundas carencias en servicios de salud, condiciones higiénicas, acceso a suministros esenciales y alimentación, producto de presiones externas. En este contexto, la decisión no solo resulta desacertada, sino éticamente cuestionable, al debilitar los canales de cooperación, diálogo y apoyo internacional que son indispensables para aliviar el sufrimiento de la población, comprometiendo así los principios de solidaridad y responsabilidad internacional que históricamente han orientado la política exterior costarricense.

La Universidad Nacional, recordando los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en particular los relativos a la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias y la promoción del respeto universal de los derechos humanos, reconoce que la situación de los derechos humanos constituye una preocupación legítima de la comunidad internacional y un principio fundamental de la política exterior costarricense. Al mismo tiempo, reafirma que el tratamiento de dichas preocupaciones debe realizarse mediante instrumentos diplomáticos, canales de diálogo y mecanismos de cooperación internacional, de conformidad con las prácticas del multilateralismo contemporáneo y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

La diplomacia es una herramienta fundamental para promover cambios, apoyar procesos y acompañar transiciones en materia de derechos humanos. El cierre de una embajada limita los canales de cooperación, diálogo y apoyo internacional, lo cual afecta directamente los principios de solidaridad y responsabilidad internacional que han guiado históricamente la política exterior costarricense.

Además, preocupan las declaraciones públicas que acompañaron la medida, pues retoman retóricas propias de la Guerra Fría y trivializan un ámbito tan sensible como la política exterior, tradicionalmente caracterizada por la neutralidad, la solución pacífica de los conflictos, el multilateralismo y la diplomacia activa.

La Universidad Nacional reafirma que Costa Rica, como nación de vocación humanista y respetuosa de la autodeterminación de los pueblos, no puede renunciar a los principios que le han otorgado reconocimiento: defensa del derecho internacional, cooperación regional, promoción de la paz y compromiso con los derechos humanos.

En virtud de lo anterior, la Universidad Nacional insta a las autoridades nacionales a valorar la reactivación de canales diplomáticos y la utilización de foros multilaterales que faciliten el entendimiento, la cooperación y la resolución pacífica de diferencias. Asimismo, reafirma el papel de la cooperación académica, científica y cultural como instrumentos de diplomacia pública y del conocimiento, esenciales para fortalecer los vínculos entre naciones.

Renunciar al diálogo es renunciar a la posibilidad de incidir en la realidad, por ello, Costa Rica debe mantenerse fiel a su vocación histórica y demostrar que incluso en escenarios complejos, la diplomacia sigue siendo su herramienta más poderosa. La hermandad entre Costa Rica y Cuba, construida a lo largo de más de un siglo, merece ser honrada mediante políticas exteriores que privilegien la paz, la cooperación y los valores que han guiado nuestra historia nacional.

Los pueblos no son solo símbolos, discursos, ni escenarios en disputa, son seres humanos. Y a las personas no se les abandona en nombre de principios que, en la práctica, dejan de protegerlas.

Dr. Braulio Sánchez Ureña
Presidente

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Conferencia Episcopal llama a la paz y respalda mensaje del Papa León XIV

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un pronunciamiento público en el que expresa su respaldo al Papa León XIV y manifiesta preocupación por el contexto internacional actual, reiterando el llamado a la paz, la justicia y la fraternidad entre los pueblos.

Transcripción del texto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica:

La Conferencia Episcopal de Costa Rica
A la Opinión Pública

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestamos nuestra plena comunión con el Santo Padre, el Papa León XIV y lamentamos con profunda preocupación las declaraciones dirigidas en su contra por parte del Presidente de los Estados Unidos de América Donald J. Trump, en las últimas horas.

Tal y como él mismo lo dijo a los periodistas durante el vuelo hacia Argelia, su servicio no responde a intereses políticos, sino a la proclamación del Evangelio, así como a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos.

El Sucesor de Pedro, con toda la Iglesia, está llamado a servir a Dios, a la verdad y a la paz. En su insistencia vehemente por la paz no hay más interés que la justicia y el amor, especialmente hacia los miles de inocentes que siguen siendo las grandes víctimas en las guerras abiertas actualmente en el mundo.

Como enseña el magisterio de la Iglesia y han reiterado los pontífices a lo largo de la historia, la guerra, toda guerra, es siempre una derrota para la humanidad porque conlleva la destrucción de la fraternidad humana.

Unidos de nuestro corazón al Santo Padre, que recién el pasado sábado 11 de abril en la Vigilia por la Paz nos recordaba que “la verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, elevamos a Dios nuestra plegaria por la reconciliación de la familia humana:

“La guerra divide, la esperanza une, la prepotencia pisotea, el amor levanta, la idolatría ciega, el Dios vivo ilumina. Basta un poco de fe, una pizca de fe, para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia. ‘Nada puede atarnos a un destino que ya está escrito’. ‘¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!’”. (Papa León XIV)

San José, lunes 13 de abril, 2026

Obispos de Costa Rica

Carta por la no-proliferación nuclear en Alemania

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Sr. António Guterres
Secretario de las Naciones Unidas

Las personas y organizaciones que firmamos esta carta queremos expresar lo siguiente:

1 – Hemos tomado conocimiento que el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, señaló que el mundo podría pasar de 9 a 25 ó 30 países con armamento nuclear, sin decir de qué países se trata. Sin embargo, según un informe de la OEIA, de marzo de 2025, Alemania ha alcanzado las capacidades, científicas, técnicas, y manufactureras para producir sus propias armas nucleares. La proliferación de nuevas armas nucleares es un hecho muy grave y viola los esfuerzos del Tratado de No-Proliferación Nuclear. No podemos olvidar que Alemania encabezó dos guerras mundiales que la humanidad guarda en su memoria.

2 – Expresamos nuestra profunda preocupación por este informe de la OEIA que consigna que Alemania tiene la capacidad de fabricar armas nucleares en un corto plazo si así lo quisiera. Sumado a esto están las declaraciones de políticos alemanes que expresan la necesidad de que Alemania cree el ejército más fuerte de Europa lo cual es imposible sin armas nucleares. Varios gobiernos de Europa, incluido Alemania, hablan cada vez más de la necesidad de preparar a su población para una posible guerra nuclear. Consideramos que estas declaraciones son irresponsables, provocadoras, y llaman a prepararse para la guerra nuclear.

3 – Por estas razones llamamos a la ONU, a la OEIA, a la Comunidad Internacional, a las organizaciones internacionales, a exigir el fin y desmantelamiento de las capacidades que tiene Alemania para construir sus propias armas nucleares. Alemania debe respetar el Tratado de No-Proliferación Nuclear. Al mismo tiempo, debe exigir el retiro de las armas nucleares estacionadas en Büchel por Estados Unidos.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile

Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), Honduras

ACHIPEM Nacional, Chile

Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – Comosoc

Mesa Ecuménica por la Paz – MEP, Colombia

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAWChile

Grupo de investigación y Editorial Kavilando, Colombia

Red Interuniversitaria por la Paz -REDIPAZ- Colombia

Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile

Comité Monseñor Romero México

Comisión de Paz. No Violencia y Anti Militarización, Alianza CONVIDA20

Comité de DD.HH. y Ecológicos de Quilpué, Chile

Comité Oscar Romero-Sicsal Chile

Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica

Servicio Paz y Justicia, SERPAJ-Chile

Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil

Festivales Solidarios, Guatemala

SOS Ribahorza, España

Colectivo Raíces de Resistencia, Chile

Coordinadora Latinoamericana en Bélgica

CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Chile

Fundación Escuela de Paz, Colombia

Red de Solidaridad con Palestina. Costa Rica

Colectivo de Educación Pedagógica Totlahtol Yoltok, México

SERPAJ-PY, Paraguay

Casa del Caribe-Inc. Barahona/Rep. Dominicana

Montreal for a World Beyond War, Canadá

Mass Peace Action, USA

Campaign for Peace, Disarmament and Common Security, USA

Mouvement de la Paix, France

Global Women United for Peace against NATO, USA

ATTAC Hungary, GWUAN, Hungria

Fundación Espacio Sostenible, Chile

International Peace Bureau (IPB), Germany/International

European Peace Project, Netherlands/Germany

Women for Peace – Finland

World BEYOND War

Firmas individuales: Alicia Lira, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile; Stella Calloni, periodista, Argentina; Julio Yao, Presidente Honorario, Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP); María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH de Paraguay; Pablo Ruiz, periodista, Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, Chile; Eduardo Bustamante, Colombia; Luis Ángel Cespedes R, Centro Cuáquero de Amigos para la Paz CAP, Costa Rica; Mariella Tapella, El Salvador; Maritze Trigos Torres, Colombia; María Elena López Gallardo, Sicsal, México; Fernando Rule Castro, Argenntina; Rafael Vilar, España; Hervi Lara Bravo, Chile; Juan Mastrantonio, Chile; Jordi Valle Celma, Catalunya; Núria Assens Mampel, España; José Enrique González Ruiz, México; Shaira Sepúlveda Acevedo, Chile; Jorge Andrés Forero González – Achiote Comunicaciones, Colombia; Roger Chaves G., Costa Rica; Meryam Sánchez Arguijo, Costa Rica; Sebastián Pérez Carmona, Costa Rica; Sonia Ulate Fallas, Partido Vanguardia Popular, Costa Rica; Yamileth Monterrey López, Costa Rica; José Alberto Montero Castro, México; Luis Alberto Grubert Ibarra, Colombia; Sandra Salazar, Costa Rica; José Alberto Amesty Rivera, Costa Rica; Andreu Ginestet, Alemania; Felix Madariaga, Chile; Klaus Helms, Germany; Ludo De Brabander, Vrede vzw, Belgium; Norha Ossa Hoyos, Colombia; Pippa Bartolotti, UK; Judith Kelly, USA; Mary Girard, CA; Ali Álvarez, observatório de derechos humanos de los pueblos, Brasil; Teti Casagrande Montesi, Italia; Laura Carreño, Chile; Juan Enrique Prieto Urzúa, Movimiento Humanista, Chile; Ricardo Soberón Garrido, Perú; Robert Austin Henry, Australia; Viviana Canibilo Ramírez, Australia; Andrés Figueroa Cornejo, periodista, Chile; Julin Acosta, Rep. Dominicana; Nydia Leaf, United States; Luis Romero Wamani, Servicio Paz y Justicia, Argentina; Dianne Blais, USA; Sima Kassaie-van Ooyen, Deutschland; Stefan Kytzia, DE; Matyas Benyik – ATTAC Hungary Association; Kristina Magnusson, Suecia; Yves Simón, United States; Isabelle Casel, Germany.

Enlace para firmas:
https://docs.google.com/forms/d/19kc_5bGW6jDq9DPlLTHSym1nxIxuLNFwGLkhs5hK0Aw/preview

Foto de Referencia: Alemania, protesta contra las bombas nucleares. www.deutschland.de

Frente al repliegue de derechos: la interseccionalidad como estrategia política

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Rodrigo Campos Hernández

Las recientes decisiones en materia de política exterior y derechos humanos en Costa Rica no son hechos aislados. Forman parte de un proceso más amplio de reconfiguración política que exige ser comprendido en toda su complejidad.

El momento político que atraviesa Costa Rica no puede ser leído únicamente como una sucesión de decisiones aisladas en materia de política pública o política exterior. Lo que estamos presenciando es, más bien, una reconfiguración del campo político y simbólico en el que históricamente se han sostenido las luchas por los derechos humanos en el país.

En este contexto, el debilitamiento de espacios internacionales de diálogo en materia de derechos, el desplazamiento de prioridades hacia agendas de seguridad y la erosión progresiva del lenguaje de derechos humanos no afectan a un solo grupo en particular. Sus efectos son múltiples, acumulativos y profundamente interrelacionados.

Es aquí donde la interseccionalidad deja de ser una categoría descriptiva para convertirse en una necesidad política.

No estamos frente a luchas separadas. Las afectaciones que hoy experimentan las personas LGBTIQ+, las mujeres, las personas trabajadoras, las poblaciones migrantes o quienes dependen de la educación y la salud públicas no ocurren en compartimentos estancos. Son expresiones diversas de una misma transformación estructural que redefine prioridades, redistribuye poder y reorganiza las condiciones de inclusión y exclusión en la sociedad.

Insistir en respuestas fragmentadas frente a procesos que son, en sí mismos, estructurales, no solo resulta insuficiente, sino que contribuye —aunque sea involuntariamente— a la reproducción de las mismas condiciones que se pretende transformar.

La interseccionalidad, en este sentido, no debe entenderse como una suma de identidades o como un catálogo de reivindicaciones particulares, sino como una forma de comprender la realidad que permite identificar los puntos de convergencia entre distintas formas de desigualdad y, a partir de ello, construir estrategias comunes.

Esto implica un desafío inmediato para las organizaciones sociales: abandonar el sectarismo como forma de posicionamiento político.

El sectarismo fragmenta, debilita y limita el alcance de cualquier lucha. En cambio, la articulación —aunque más compleja— amplía la capacidad de incidencia, fortalece la legitimidad y permite disputar el sentido de lo público desde una base más amplia.

No se trata de diluir las demandas específicas de cada grupo, sino de reconocer que ninguna de ellas puede sostenerse plenamente en aislamiento.

La historia reciente de Costa Rica ha demostrado que los avances en derechos han sido posibles cuando distintas fuerzas sociales, institucionales y políticas han logrado converger, aun en medio de diferencias. Hoy, frente a un escenario que tiende a reconfigurar esas conquistas, esa lección adquiere una renovada vigencia.

La interseccionalidad, entonces, no es solo un marco analítico. Es una estrategia.

Una estrategia que exige diálogo, apertura, capacidad de escucha y, sobre todo, voluntad de construir en común.

Si el momento actual se caracteriza por la reorganización de la hegemonía, la respuesta no puede ser la dispersión de las resistencias.

Debe ser, por el contrario, su articulación consciente, sostenida y estratégica.

Hoy más que nunca, las organizaciones sociales están llamadas a dar un paso adelante:

• a reconocerse mutuamente,

• a construir agendas compartidas,

• a coordinar acciones más allá de sus diferencias,

• y a asumir que ninguna lucha será suficiente si se libra en soledad.

El tiempo que viene no admite fragmentación. Exige claridad, compromiso y acción colectiva.

Costa Rica – Estados Unidos: algunos apuntes con relación al reciente «acuerdo migratorio» sobre deportaciones vía aérea

Escrito en . Publicado en Derechos.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El 24 de marzo del 2026, se anunció la firma de un convenio migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica para acoger en Costa Rica a unas 25 personas semanalmente, deportadas por los servicios migratorios de Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad y esta nota de CNN). 

En esta nota del New York Times sobre el mismo tema, se puede apreciar una fotografía que debería de interesar a los especialistas en materia de lenguaje corporal de un Jefe de Estado. Una búsqueda de las fotografías desde mayo del 2022 en las que la máxima autoridad costarricense recibe a un(a) funcionario(a) de otro Estado permitiría saber si no estamos ante una verdadera «première» en la gestual presidencial en Costa Rica de la administración (2022-2026).

El 27 de marzo del 2026, un editorial de La Nación refirió a la total opacidad con respecto a lo suscrito con la representante de Estados Unidos de paso en la capital costarricense en estos últimos días del mes de marzo del 2026 (véase editorial). A pocas horas de editado el texto en La Nación, se hizo público el texto integral, reproducido al final de esta nota del Semanario Universidad (texto en inglés).

Una breve precisión desde el punto de vista del derecho internacional público

Desde la perspectiva del derecho internacional público, hay que tener claro que dos Estados pueden pactar en un acuerdo bilateral cuestiones relacionadas a la migración o al traslado de personas de un territorio a otro y no hay ninguna regla internacional que lo pueda impedir. En una materia como la migratoria, el ordenamiento jurídico internacional reconoce a cada Estado un amplio margen de maniobra para regular internamente de manera libre y soberana las condiciones de entrada y estadía en su territorio. 

En el caso de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Costa Rica no obstante, mientras el primero no está sometido a obligaciones internacionales al no haber ratificado una gran cantidad de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, Costa Rica es un Estado que sí ha ratificado la mayoría de los tratados existentes en materia de derechos humanos, sean de carácter universal, sean de carácter regional. 

El caso el más emblemático es posiblemente el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en 1969 en la capital costarricense, que Costa Rica fue el primer Estado en ratificar en 1970, y que a la fecha, Estados Unidos se resiste a ratificar, así como Canadá (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En cambio, un tratado internacional sobre derechos humanos que ni Costa Rica ni Estados Unidos han tan siquiera optado por firmar es la Convención de Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares (véase texto y estado oficial de firmas y ratificaciones), y que constituye, en el caso de Costa Rica, un persistente lunar con relación a la imagen internacional que intenta proyectar en materia de derechos humanos. Este lunar explica en gran parte el sistema de explotación laboral que sufren muchos trabajadores migrantes en Costa Rica, y ello en muy distintos sectores de la economía costarricense (Nota 1).

En ambos casos (Estados Unidos y Costa Rica), de firmar un acuerdo migratorio bilateral, las regulaciones internas vigentes en cada uno de estos dos Estados sobre garantías fundamentales deben respetarse, en el entendido que las que derivan del ordenamiento jurídico costarricense se ven reforzadas y (a veces) completadas por las obligaciones internacionales que establecen instrumentos internacionales aplicables en la materia, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya está conociendo de casos de personas deportadas «a la fuerza» desde Estados Unidos a Centroamérica (Nota 2).

Costa Rica: alineación con Estados Unidos y El Salvador

Como bien se sabe, las actuales autoridades costarricenses se han mostrado muy cercanas a Estados Unidos en los últimos años, y más aún desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, el 20 de enero del 2025. En febrero del 2025, sin mayor consulta (ni mayor preparación ni anticipación…), aceptaron recibir un primer vuelo con unas 200 personas deportadas desde Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad). 

Además de este acuerdo migratorio sobre deportaciones semanales anunciado el pasado 24 de marzo, hay que recordar que el 7 de marzo, Costa Rica anunció desde Miami integrar una «coalición militar» liderada por Estados Unidos: se trata de una iniciativa tomada (nuevamente) sin mayor consulta, y que examina el juez constitucional costarricense desde hace unas semanas (véase nota del medio digital Delfino.cr). 

Este anuncio sobre lo que podríamos denominar «aventuras militares abreviadas» costarricenses recuerda otro en el 2003 en el que Costa Rica apareció oficialmente en una «coalición militar» en guerra contra Iraq liderada por Estados Unidos: al respecto merece lectura (y relectura) el voto 9992 del 8 de septiembre del 2004 de la Sala Constitucional (véase texto completo) en el que el juez constitucional le ordenó al Poder Ejecutivo ser mucho más consistente con la tradición pacífica y de neutralidad de Costa Rica, y con un sinnúmero de declaraciones dadas a conocer en diversos foros internacionales, exigiéndole tramitar el retiro inmediato de Costa Rica de esta coalición, al señalar en el «Por tanto» que:

«por ser contrario a la Constitución Política; al sistema internacional de la Organización de Naciones Unidas y al derecho internacional aceptado por Costa Rica, se anula el acuerdo del Poder Ejecutivo del diecinueve de marzo del dos mil tres, relacionado con el conflicto bélico contra Iraq, y todo acto o actuación relacionado con este. Proceda el Gobierno de la República a hacer las gestiones necesarias para que el Gobierno de los Estados Unidos de América excluya a nuestro país de la lista de países «aliados» de la «Coalición» o «Alianza», que consta en la página web de la Casa Blanca«.

Es de notar que pese a ser una decisión del 8 de septiembre del 2004, el 17 de mayo del 2006, el nuevo jefe de la diplomacia costarricense desde unos pocos días le solicitó nuevamente a Estados Unidos retirar de forma definitiva a Costa Rica de la precitada «coalición» (véase su carta reproducida en este cable confidencial filtrado de la embajada de Estados Unidos en Costa Rica – cable Wikileaks). Cabe recordar que la administración costarricense correspondiente al período (2002-2006) se mostró a veces extremadamente anuente a aceptar solicitudes de Estados Unidos, y ello en muy diversos ámbitos (Nota 3).

En otro campo, el pasado 20 de marzo del 2026, Estados Unidos entregó a Costa Rica personas fallecidas y otras heridas a raíz de una intercepción (cuyos detalles se desconocen) de una lancha sospechosa de transportar droga en el Océano Pacífico (véase nota de CRHoy del 20 de marzo): se ignora si las modalidades plasmadas en el acuerdo de patrullaje conjunto de 1999 en el Océano Pacífico entre Estados Unidos y Costa Rica (véase texto) han sufrido modificaciones recientes que permitan ahora intercepciones de este tipo, causando heridas y hasta la muerte de los tripulantes de estas lanchas. A nuestros estimables lectores, nos permitimos plantearles la siguiente pregunta; ¿a partir de cuantos muertos costarricenses entregados por Estados Unidos estiman que se llevará a cabo algún tipo de investigación independiente al respecto? Este comunicado de la ONG Human Rights Watch del 31 de marzo del 2026 denuncia la total ilegalidad de estos ataques norteamericanos a naves sospechosas de transportar droga en alta mar, sea en el Pacífico, sea en el Caribe, en abierta violación a todas las reglas internacionales existentes al capturar una tripulación e incautar cargamentos de droga en alta mar. 

Siempre en marzo del 2026, fue el 18 de este mes que Costa Rica anunció oficialmente cerrar su embajada en Cuba: se trata de un gesto que si bien se presentó como una decisión soberana de Costa Rica, no deja de sorprender al no haber ningún otro Estado en América Latina en haber tomado semejante decisión (Nota 4). Dos semanas antes, Ecuador se limitó a declarar «persona non grata» al embajador de Cuba en Quito, sin dar mayores motivaciones (véase nota de prensa del 4 de marzo), ni anunciar formalmente suspender las relaciones diplomáticas. Es de recordar que en una votación en Naciones Unidas realizada en octubre del 2025 sobre el levantamiento del embargo a Cuba, Costa Rica optó por abstenerse, cuando llevaba muchos años votando a favor de dicho levantamiento (Nota 5). Poco tiempo después de anunciar su decisión Costa Rica, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas hizo un llamado vehemente a los integrantes de la comunidad internacional para ayudar urgentemente a Cuba desde el punto de vista médico y hospitalario ante la profunda crisis humanitaria existente (véase comunicado del 28 de marzo del 2026). Anteriormente, fue el 13 de febrero del 2026 que desde el portal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se alertó sobre la inminencia de dicha crisis humanitaria (véase comunicado oficial). Dejamos a cada uno/a de nuestros lectores hacerse una idea de la imagen que proyecta Costa Rica en el plano internacional al romper unilateralmente las relaciones diplomáticas con Cuba en plena crisis humanitaria y hospitalaria.

En la región centroamericana, la cercanía de Costa Rica ha sido mucho mayor con las actuales autoridades de El Salvador, cuya política represiva de «mano dura» ha dado lugar a un reciente informe por parte de un equipo internacional de juristas que recomienda realizar gestiones ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la reiteración de crímenes de lesa humanidad en El Salvador (véase nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y texto completo de este voluminoso y muy completo informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SurcosDigital).  Se recomienda la lectura de este documento, en particular por parte de quienes alaban la política de «mano dura»  de El Salvador en Costa Rica. Como se recordará, el Estatuto de Roma de 1998 fue ratificado por El Salvador tan solo en el año 2016, convirtiéndose en el último Estado de América Latina en haber ratificado este importante instrumento (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Al cumplirse en marzo del 2023 un año de reconducción automática del «estado de emergencia» en El Salvador, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ya había advertido de lo anómalo de reconducir esta emergencia sin aportar justificación alguna. (véase comunicado oficial). En julio del 2024, varios expertos de Naciones Unidas exigieron levantar estas prórrogas automáticas al estado de emergencia (véase carta conjunta) señalando en su conclusión que: 

«En vista de las observaciones anteriores, instamos al Gobierno de su Excelencia a que revise y reconsidere los Decretos Nos 803, 804 y 928 a la luz del hecho de que algunas de sus disposiciones socavarían gravemente las garantías esenciales del debido proceso y los derechos esenciales de las personas investigadas y procesadas y las expondrían al riesgo de ulteriores violaciones, incluyendo torturas y desapariciones forzadas. Alentamos al Gobierno de su Excelencia a garantizar que sólo las conductas de «naturaleza verdaderamente terrorista» puedan ser identificadas como tales en la legislación y la práctica de los Estados. Si bien reconocemos la amenaza concreta que las maras, pandillas y otros grupos criminales representan para la seguridad pública en El Salvador y reconocemos que el derecho internacional de los derechos humanos, a través de sus cláusulas de limitación y derogación, permite a cualquier Estado hacer frente temporalmente a situaciones complejas de seguridad, reiteramos que en situaciones en las que parecería no ajustarse a la definición de terrorismo, las disposiciones del derecho común deben prevalecer para respetar los principios de necesidad y proporcionalidad y deben ser compatibles con el principio de seguridad jurídica«.

En septiembre del 2025, fueron congresistas norteamericanos los que alertaron sobre la ilegalidad de enviar desde Estados Unidos a personas a las cárceles en El Salvador, dado el maltrato que reciben las personas privadas de libertad y los actos de tortura que sufren, ampliamente documentados (véase carta). 

Desde entonces, la declaratoria de estado emergencia ha sido reconducida en modo «automático» en El Salvador de manera ininterrumpida, permitiendo abusos de toda clase por parte de sus fuerzas de seguridad.

Haciendo a un lado estos y muchos otros cuestionamientos hechos a El Salvador en los últimos tiempos en materia de derechos humanos, en enero del 2026 los mandatarios de Costa Rica y de El Salvador colocaron la primera piedra de una «megacárcel » en Costa Rica (véase nota de la DW). 

No está de más señalar que los órganos de la policía de El Salvador combinan desde varios años reconocimiento facial, inteligencia artificial y geo localización, modernas herramientas contratadas a una empresa israelí de seguridad (véase artículo de El Faro del 2023). En mayo del 2025, se informó de un interés similar en temas de seguridad por parte de las actuales autoridades ecuatorianas, también adeptas de una política de «mano dura» (véase nota oficial de la Cámara Marítima de Ecuador). Este 27 de marzo del 2026, un comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas  alerta sobre el hostigamiento que reciben activistas y organizaciones indígenas en Ecuador (véase comunicado).

El hostigamiento y las intimidaciones que han sufrido activistas, periodistas, integrantes de organizaciones sociales e intelectuales críticos en El Salvador desde hace varios años son muy similares a los que sufrieron sus homólogos en Marruecos (véase nota de Amnistía Internacional sobre el uso del programa informático israelí Pegasus del 2021 contra la prensa en Marruecos). Esta otra nota de prensa publicada en Argentina sobre el «descubrimiento» por parte de las actuales autoridades brasileñas de datos privados de unos 30.000 brasileños, albergados en una nube electrónica en Israel, confirma el mismo origen de este tipo de tecnología avanzada.

Cabe indicar que este  el 1ero de marzo del 2026, el New York Times informó  (véase nota) de una demanda contra Panamá por prestarse para acoger vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos.

El precedente del 2025

Con relación a la deportación desde Estados Unidos a Costa Rica de personas, debe precisarse desde ya que no se trata de repatriar a nacionales de Costa Rica capturados por las autoridades migratorias de Estados Unidos, como sí es el caso de:

– Venezuela (donde ya ascienden a más de 20.000 las personas oriundas de Venezuela deportadas por Estados Unidos – véase nota de febrero del 2026 de Prensa Latina), o bien de; 

– Colombia (véase nota de prensa de un vuelo repatriando a colombianos de febrero del 2026). 

– Ecuador (véase nota de prensa de abril del 2025).

De lo que se trata en este caso, es de remitir a Costa Rica a personas que son deportadas por vía aérea desde Estados Unidos y que son de otras nacionalidades que la costarricense. En febrero del 2025, tres vuelos desde Estados Unidos a Panamá deportaron un total de 299 personas, según este comunicado de la ONG Human Rights Watch, condenando esta cuestionable práctica.

No está de más señalar que, en el caso de Costa Rica, se cuenta con un precedente judicial bastante reciente  del 2025: en esta ocasión, el juez constitucional condenó al Poder Ejecutivo costarricense por privar a más de 200 personas deportadas desde los Estados Unidos en febrero del 2025 (entre las cuales 79 menores de edad), de su derecho a la libre circulación, manteniéndolas privadas de su libertad en condiciones inadecuadas, al haber aceptado su deportación a suelo costarricense. Ya en marzo del 2025, la misma Defensoría de los Habitantes había denunciado esta situación totalmente anómala luego de ir a visitar a estas personas (véase nota del Semanario Universidad). Otro informe de organizaciones de la sociedad civil (véase documento)  enlistó (ver página 15) varios requerimientos de carácter urgente al Estado costarricense ante el «limbo legal» en el que se encontraban estas 200 personas en Costa Rica (véase comunicado de CEJIL). 

Esta anomalía evidenció lo solícito y lo extremadamente hacendoso que es el actual Poder Ejecutivo costarricense para responder a solicitudes provenientes de Estados Unidos

En su voto 19485-2025 del 24 de junio del 2025 (véase texto completo), los jueces de la Sala Constitucional señalaron que:

«En virtud de lo expuesto, se desprende con claridad que desde el momento de su llegada a Costa Rica el día 20 de febrero de 2025, las personas amparadas fueron privadas de su libertad de forma ilegítima -incluyendo, en un inicio, a 79 personas menores de edad-, sin haber cometido delito o inclusive tener una presunción de una falta migratoria dentro del territorio nacional, ni una condición irregular en el país que facultara a las autoridades de migración a restringir la libertad de una persona extranjera que ingresa ilegalmente al país, durante el tiempo racionalmente indispensable  para hacer efectiva su expulsión y deportación. No puede perderse de vista que estas personas ni siquiera ingresaron al país irregularmente, sino que, de forma expresa y soberana, el propio Gobierno costarricense consintió su ingreso por razones humanitarias«. 

En esta misma sentencia también se indica que:

«No se individualizó su condición de ingreso, sino que se adoptaron decisiones de carácter general, sus documentos de viaje fueron retenidos y la explicación de la necesidad de la privación de libertad por encontrarse en condición de tránsito, así como supuestamente para garantizar su propia seguridad, no se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático de Derecho. Tampoco se explica en los informes, ni se deriva de forma alguna de las regulaciones migratorias, que lo actuado se sustentara en lo dispuesto en alguna ley. Tratándose de una situación sui generis y novedosa, se carecía de una regulación legal que respaldara la privación de libertad. Debió, por ende, en aplicación del principio pro libertatis permitir que este grupo de personas gozaran de su libertad sin restricciones de ninguna clase.

Es especialmente preocupante haber constatado que una parte importante de las personas a quienes se restringió su libertad eran niños y niñas, con lo que se agudiza la situación de vulnerabilidad propia del grupo, ya de por sí tributarios de una protección especial, en su condición de migrantes. A todas luces, por parte de las autoridades costarricenses recurridas, la privación de libertad es arbitraria y excesiva, con lo cual corresponde estimar este extremo del recurso». 

Es de recordar que ninguna de las personas deportadas a Costa Rica en el 2025 eran oriundas de América Latina: en efecto, entre estas 200 personas deportadas desde Estados Unidos, se encontraban, según se señala en esta misma sentencia, personas oriundas de China, Armenia, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Afghanistán, Vietnam, Georgia, Jordania, Kazajistán, Irán, Ghana, Kirguistán, Congo, Nepal, Yemen, Angola, India, Pakistán y Tajikistán.

La expresión “extremadamente solícito y hacendoso” usada con anterioridad en este texto, cobra particular interés al revisar con detenimiento la ubicación geográfica de Costa Rica con relación a la lista de Estados de los que son nativas estas 200 personas.

A modo de conclusión

Como se puede apreciar, el marco legal aclarado al Poder Ejecutivo en el 2025 por el juez constitucional obliga ahora a las autoridades de Costa Rica a cambiar las modalidades al materializarse en el futuro un segundo vuelo con personas deportadas desde  Estados Unidos a suelo costarricense.

Se mantiene no obstante la pregunta de saber si Costa Rica no perpetúa y le da continuidad a una situación atentatoria a los derechos de estas personas: en efecto, muchas de ellas son capturadas en Estados Unidos de manera arbitraria y sin muchas veces conocer de los cargos que se les imputan, y sin haber sido objeto de un procedimiento en el que puedan presentar algún tipo de descargos. Con relación a la ilegalidad de estas y muchas otras decisiones de la actual administración norteamericana, este reciente compendio alerta sobre el irrespeto a decisiones judiciales en su contra (Nota 6).En este breve análísis publicado en Estados Unidos por el sitio especializado JustSecurity, se señala que el vuelo del 15 de marzo del 2025 a destinación de El Salvador con personas oriundas de Venezuela  capturadas en Estados Unidos fue objeto de una solicitud urgente de un juez norteamericano de suspenderlo de inmediato, solicitud ignorada por el Poder Ejecutivo norteamericano.

Se mantiene también la interrogante sobre el punto de saber qué es lo que recibirá Costa Rica a cambio de satisfacer esta repentina solicitud de Estados Unidos. En el 2025, se pudo observar que, luego de aceptar un vuelo con personas deportadas en febrero del 2025, Costa Rica fue objeto de aranceles determinados de manera unilateral por Estados Unidos en materia comercial similares a los de los demás Estados de Centroamérica y República Dominicana, con excepción de Nicaragua (véase nota de la BBC de abril del 2025).

Cabe señalar que, salvo error de nuestra parte, no se tiene información actualizada sobre el paradero exacto de cada una de las 200 personas que llegaron a Costa Rica en el 2025, ni se sabe si el Poder Ejecutivo entregó a quince días de emitida dicha sentencia del juez constitucional, un informe detallado individualizando los datos correspondientes de cada una de estas personas, tal y como solicitado. 

En este comunicado de prensa del 24 de marzo del 2026 de la Defensoría de los Habitantes, se indica únicamente que:

«Mediante un informe emitido el 11 de Febrero del 2026 por el Coordinador Policial de Paso Canoas, se confirmó que, de las 200 personas deportadas de Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario asistido, de los cuales 59 eran personas adultas y 51 personas menores de edad. Además, 34 personas egresaron del CATEM-Sur tras presentar solicitudes de refugio, de las cuales 27 eran personas adultas y siete personas menores de edad. También, el informe reportó a 56 personas que realizaron salidas voluntarias del CATEM-Sur, (34 personas adultas y 22 personas menores de edad)«.

Esta información de seguimiento pormenorizada e individualizada sería de sumo interés, en aras de observar si una vez puestas en libertad en Costa Rica, las personas que se quedaron en Costa Rica lograron integrarse, o bien emigraron luego a otro destino de su libre escogencia o bien… volvieron, ya sea desde Costa Rica, ya sea desde otro lugar,  a emprender la ruta para entrar nuevamente a Estados Unidos.

– – Notas – –

Nota 1: Recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la Caja Costarricense del Seguro social (CCSS)? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores, personas migrantes en situación irregular en su inmensa mayoría.  

Nota 2: En octubre del 2025, la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos ordenó a El Salvador medidas provisionales con relación a un ciudadano deportado hacia El Salvador desde Estados Unidos en un vuelo realizado el 15 de marzo del 2025  (véase decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Nota 3: En este otro cable filtrado Wikileaks del 2005,  se hace ver la anuencia del canciller costarricense de la administración 2002-2006 a  suscribir un Acuerdo Bilateral de Inmunidad (ABI) con Estados Unidos de manera que Costa Rica no pueda entregar a la justicia penal internacional de La Haya a nacionales norteamericanos responsables de cometer genocidios, crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad. En este otro cable del 2005, se hace ver el entusiasmo del titular costarricense de finanzas con respecto al Taatado de Lire Comercio con Estados Unidos (TLC). En este otro cable de enero del 2006, se menciona el «estado de pánico» del titular costarricense de la cartera de comercio exterior ante las sanciones previstas en Estados Unidos, de no adoptarse en Costa Rica el TLC con Estados Unidos y una propuesta de «creative accounting» para seguir beneficiando de ciertos fondos norteamericanos de su parte. Con respecto a las denominados ABI que Estados Unidos intentó obtener de los Estados de Centroamérica, véase al respecto BOEGLIN N.,  «A diez años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: breves reflexiones desde una perspectiva latinoamericana», Revista del Poder Judicial, 107, marzo del 2013, pp.13-21. Texto disponible aquí.  Véase también sobre el caso particular de Costa Rica un artículo del ex canciller de Costa Rica, Bruno Stagno Ugarte en el período (2006-2010): STAGNO B.,  «Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008” in BOEGLIN N., HOFFMAN J & SAINZ-BORGO J., (Editores), La Corte Penal Internacional: una perspectiva latinoamericana, 2014, Universidad para la Paz,  pp. 303-330). Texto integral disponible aquí.

Nota 4: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica del 18 de marzo del 2026 se lee como sigue:

«Cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y retiro de personal diplomático de Cuba en Costa Rica

San José, 18 de marzo de 2026. El Gobierno de Costa Rica ha tomado la decisión de proceder al cierre de la Embajada de Costa Rica en la República de Cuba, para lo cual ya han iniciado los trámites diplomáticos y administrativos necesarios. 

De igual manera, se le ha solicitado al Gobierno de Cuba retirar a su personal diplomático acreditado en Costa Rica. Sin embargo, podrá permanecer en Costa Rica el personal consular y administrativo necesario para la prestación de servicios a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica.

Por su parte Costa Rica, en la medida de lo posible, prestará servicios consulares para ciudadanos costarricenses residentes en Cuba desde el Consulado de Costa Rica en la Ciudad de Panamá.

La medida se toma ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, según lo reportan diversas organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil que han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al Gobierno cubano.

A esta situación se suma el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. La escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas, que han generado un contexto humanitario cada vez más complejo que afecta directamente al bienestar del pueblo cubano.

El país continuará observando atentamente la evolución de la situación en Cuba.

Comunicación Institucional

076-2026 Cierre de la Embajada de CR en Cuba 

Miércoles 18 de marzo de 2026″

Nota 5: Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exija su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo: se trata posiblemente de la medida unilateral de Estados Unidos contra un Estado mas longeva (adoptada en febrero de 1962), y que ha demostrado ser un fracaso total al no debilitar mayormente al régimen cubano desde entonces y consolidarlo como tal, y al afectar gravemente la vida diaria de las familias cubanas, causando el exilio de muchas de ellas. Un reciente reportage de la cadena Al Jazeera detalla de una manera muy completa el drama que significa para muchas familias cubanas el tener a algunos de sus integrantes padeciendo de enfermedades graves, ante la falta de material médico moderno que Estados Unidos impide sea exportado hacia el sistema hospitalario y de salud de Cuba (véase enlace). No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. En noviembre del 2023, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado (Ucrania) optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que logra ejercer Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (20 de enero del 2025).

Nota 6: Sobre las numerosas «Executive Orders» firmadas en la Casa Blanca que terminan siendo declaradas ilegales por los mismos tribunales norteamericanos, pero que el Poder Ejecutivo norteamericano mantiene vigentes, véase este interesante compendio realizado por autores del sitio JustSecurity, y titulado «The “Presumption of Regularity” in Trump Administration Litigation (4th edition)«.

Una sustancia peligrosa

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En la edición de 2023 de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, el país invitado fue El Salvador. Un día antes de la inauguración y de manera oficial, el gobierno homenajeado solicitó a los organizadores del evento sacar del programa la obra titulada “Sustancia de Hígado”, primer libro publicado por Michelle Recinos, escritora de aquel país.

Di con ese libro el año pasado y en estos días de descanso me dispuse a leerlo y conocer de primera mano el motivo de la censura previa.

Escrito con un lenguaje llano, directo, coloquial, el libro fusiona en 9 cuentos la realidad con la ficción y muestra la transversalizalización de la violencia en la vida cotidiana de una sociedad que bien podría ser la costarricense en la actualidad, aunque sus referencias apuntan a exponer cómo es producida desde entornos gubernamentales, privados, en organizaciones de sociedad civil, en la empresa privada.

Justamente fue el relato “Barberos en huelga” el que produjo el enojo del gobierno salvadoreño ya que en este se relataban abusos a derechos humanos por parte del Estado. Una clara muestra donde la ficción emula y supera la realidad.

No quisiera adelantarme a un escenario posible en el caso costarricense. Pero ya fue anunciado por la presidenta electa la puesta en práctica del “modelo Bukele” para contrarrestar la ola de homicidios que casualmente se dispararon en los últimos cuatro años.

Fue precisamente la aplicación de la mano dura en aquel país la que detonó la vulneración directa e indirecta de los derechos humanos de personas sin ningún vínculo con las organizaciones criminales.

Que este escenario ficcional no se convierta en una dura realidad en Costa Rica. A vigilar, monitorear y evidenciar cualquier intento por vulnerar las garantías civiles de personas inocentes.

Esa es tarea de todos, de todas.

¿Por qué hoy más que nunca debemos defender los derechos humanos?

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Instituto Sindical de Formación Política

Hoy los derechos humanos están bajo ataque directo. No es un discurso exagerado: es la realidad que viven millones de personas en el mundo.

Gobiernos que se presentan como democráticos persiguen la libertad de prensa, silencian voces críticas y manipulan la información. Se castiga al periodista, se intimida al que denuncia y se premia al que calla.

El derecho internacional es ignorado cuando no conviene. Las grandes potencias actúan con impunidad, mientras los países más pequeños guardan silencio o se subordinan.

Las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación, violencia y exclusión. Mucho discurso, pocos cambios reales.

Mientras tanto, los derechos de la clase trabajadora son debilitados: salarios injustos, precarización del empleo, persecución sindical y abandono de las condiciones laborales dignas. Se gobierna para el capital, no para el pueblo.

En nuestra región, la situación es aún más preocupante. Gobiernos como los de El Salvador y Costa Rica han claudicado frente a políticas antiinmigrantes impulsadas por los Estados Unidos. Se criminaliza a quienes migran por necesidad, se les trata como enemigos, y se abandona toda noción de solidaridad.

Se violan garantías individuales, se debilita la soberanía y se instala una peligrosa lógica: mano dura contra los débiles y sumisión frente a los poderosos.

Por eso, hoy más que nunca, defender los derechos humanos es una tarea urgente. No es un tema lejano: es la defensa de la dignidad, del trabajo, de la justicia y de la democracia real.

Cuando un derecho se pierde, lo pierde todo el pueblo.

Y cuando el pueblo pierde, ganan los mismos de siempre.