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Etiqueta: derechos humanos

Piden a Alemania a poner fin a la militarización y a los envíos de armas a Israel

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Pablo Ruiz
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
www.derechoalapaz.org

Este jueves 11 de junio una delegación del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas entregó una Carta por la Paz en la Embajada de la República Federal de Alemania en Chile, ubicada en la comuna de Vitacura, en Santiago de Chile.

En la misiva el Observatorio manifiesta su preocupación por el incremento de la militarización en Europa y los vientos de guerra que los líderes europeos señalan que se podría producir en un futuro próximo y donde los países de Europa han aumentado significativamente su gasto militar al 2% del PIB para la OTAN y donde Alemania se ha propuesto, para el año 2029, destinar el 3,5 de su PIB para gasto militar.

En la carta que va dirigida a la embajadora alemana en Santiago, Susanne Fries-Gaier, también le manifiestan su rechazo al acuerdo que fue firmado con el gobierno alemán por la ex ministra de defensa chilena, Adriana Delpiano, “el que permitirá que Chile pase al nivel dos del sistema de catalogación con la OTAN” y agregan que “lamentablemente, la OTAN ha sido un instrumento de guerra y no queremos que nuestro país (Chile) esté involucrado con esta alianza militar”.

Así mismo, expresan su “solidaridad con el pueblo de Palestina” y rechazan “los ataques sistemáticos que viene realizando Israel contra su población, donde indirectamente son cómplices los países que siguen enviando armas al gobierno israelí; entre ellos, Estados Unidos y Alemania. Pedimos que Alemania deje de apoyar este genocidio”, señalan y expresan “nuestro rechazo a la represión que hay en Alemania contra manifestantes que se solidarizan con Palestina. Esto viola el derecho a la libre expresión, que constituye uno de los pilares de la democracia”.

La delegación del Observatorio pudo conversar en el lugar con Stefan Preuß, consejero político de la Embajada de Alemania en Chile, a quien se le señaló las preocupaciones expresadas en la misiva.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y candidata al Premio Nacional de Derechos Humanos, presente en la actividad, dijo que “están asesinando en Gaza a niñas y niños palestinos, a mujeres, y que este genocidio debe terminar”.

También la delegación conversó con Preuß sobre la importancia de que el gobierno de Alemania apoye la demanda del movimiento de derechos humanos chilenos para la entrega total de la ex Colonia Dignidad para que este lugar sea un sitio de memoria.

El tema nuclear

La carta entregada también menciona y rechaza la presencia de armas nucleares en Alemania donde, de acuerdo a DW, los expertos estiman que hay entre 15 a 20 bombas nucleares de los EEUU, del modelo B61, en la base aérea de Büchel en Renania-Palatinado, en el suroeste de Alemania.

El dirigente Pablo Ruiz, señaló que “el tema de una guerra nuclear en la actualidad nos debería preocupar a todos ya que sus consecuencias serán devastadoras y aunque estemos lejos de Europa sufriremos tarde o temprano sus efectos”, también dijo que “hace semanas denunciamos también, basados en un informe del OIEA, que Alemania tiene las capacidades para fabricar sus propias armas nucleares y estos nos debe preocupar”.

En tanto Félix Madariaga, vicepresidente de la Corporación 3y4 Álamos, se refirió a algunos temas preocupantes para Chile que han ocurrido desde que la exministra Delpiano firmó un acuerdo secreto con Alemania. «Expresamos nuestro rechazo al actual rol del gobierno alemán en la promoción de políticas que profundizan los conflictos y aumentan los riesgos de una confrontación nuclear. Los pueblos necesitan paz, no más guerra».

«Asimismo, rechazamos cualquier intento de involucrar a Chile en la OTAN mediante acuerdos cuyo contenido permanece oculto a la ciudadanía, como el convenio firmado por la ex ministra de Defensa, Adriana Delpiano. Chile debe ser un país comprometido con la paz y no con los promotores de la guerra”, concluyó Madariaga.

La carta entregada tiene la firma de Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; de Patricio Vejar, de la Comunidad Ecuménica Martin Luther King; de Hervi Lara, de la Red de Profesores de Filosofía de Chile (REPROFICH); de Carlos González y Félix Madariaga, de la Corporación 3 y 4 Álamos; de José Frias, del Comité de Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpué; y de Pablo Ruiz, del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas y de la Comisión de Paz, No Violencia y Desmilitarización de la Alianza CONVIDA-20.

El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile trabaja en alianza con SOA Watch de EEUU, con World BEYOND War, y con la International Peace Bureau (IPB) con oficina en Alemania.

Fotos: David Hormazabal

IDELA-UNA expresa solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Heredia, Costa Rica, 8 junio de 2026. El Consejo Académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), en sesión extraordinaria 02-2026 celebrada el 4 de junio de 2026, aprobó un pronunciamiento de solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y la continuidad de la represión contra quienes defienden los derechos colectivos de sus pueblos.

El Instituto manifestó su profunda solidaridad con las comunidades indígenas y afrodescendientes que continúan resistiendo en sus territorios, así como con las personas que han debido exiliarse tras sufrir persecución, encarcelamiento, desapariciones forzadas, despojo territorial y otras formas de violencia ejercidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pronunciamiento destaca la gravedad de la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, reconocido líder miskitu y defensor histórico de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, quien falleció bajo custodia estatal luego de permanecer casi tres años en condición de detención arbitraria y desaparición forzada.

Durante décadas, Rivera impulsó la defensa de la autonomía de la Costa Caribe, la protección de los territorios indígenas y la reivindicación de los derechos históricos de los pueblos originarios. Su detención se produjo después de denunciar ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en abril de 2023, la situación de violencia, invasiones territoriales y violaciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Para el IDELA, la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto de persecución política, criminalización de liderazgos indígenas y afrodescendientes, invasiones territoriales, desplazamientos forzados y exilio. Diversas organizaciones indígenas han advertido que estas acciones amenazan la supervivencia física, cultural y territorial de los pueblos originarios de la Costa Caribe.

El Consejo Académico también manifestó su preocupación por la situación de otras personas indígenas que permanecen privadas de libertad o desaparecidas. En particular, exigió prueba de vida y la liberación inmediata de Steadman Fagot Müller y de los guardabosques mayangnas Celso Lino Argüello, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno, Ever Bruno Palacio, Tony Bruno Smith y Olivier Bruno Palacio.

Acuerdos del pronunciamiento

Ante estos hechos, el Consejo Académico del IDELA acordó:

  • Condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución, el encarcelamiento y la muerte de personas que demandan el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

  • Demandar la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas en Nicaragua.

  • Exigir una investigación independiente que esclarezca las circunstancias que rodearon la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y establezca las responsabilidades correspondientes.

  • Exigir prueba de vida y la liberación inmediata de las personas indígenas actualmente desaparecidas o detenidas arbitrariamente.

  • Reiterar su solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, especialmente con quienes viven en condición de desplazamiento y exilio forzado en Costa Rica.

El Instituto expresó además un mensaje de acompañamiento a las comunidades indígenas exiliadas en Costa Rica, reconociendo el dolor y la incertidumbre que enfrentan, pero también la larga memoria de resistencia construida frente al racismo, la colonización y el despojo territorial.

Finalmente, el Consejo Académico afirmó que la memoria de Brooklyn Rivera continuará presente en las luchas por la autonomía, la defensa de los territorios, la justicia y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y de toda Abya Yala.

Pronunciamiento completo.

El frío como política pública

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

No está leyendo mal. Tampoco se trata de una imagen rebuscada o torcida. Un poco más al norte de nuestra región, en un imperio en decadencia que da sus últimos coletazos usando la fuerza como escudo, el frío se ha impuesto como política pública, donde prima el miedo, la violencia, el terror.

En la última semana se han intensificado las protestas contra una acción inhumana y criminal hacia las personas migrantes en Estados Unidos.

Abuso de autoridad, operativos racializados, instalaciones en malas condiciones y el uso de gas pimienta en forma indiscriminada contra grupos de personas migrantes en varias comunidades y Estados en aquel país, son algunas de las acciones que se reclaman.

Por sus siglas en inglés, el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) hace honor a su significado: hielo. Es hielo puro lo que se aplica como política migratoria desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025.

Como si esto fuera poco, el viernes anterior el Senado aprobó 70.000 millones de dólares para reforzar las acciones realizadas en esta ofensiva antihumana, lo que significa que crecerán las acciones como arrestos ilegales, desapariciones y brutalidad policial al mismo tiempo que aumentarán las voces de indignación sobre esta política del miedo. La tensión social y civil seguirá presente.

Algunos señalan que esta aprobación presupuestaria del Senado significa un triunfo político a una de las apuestas de campaña del presidente republicano. Otros enfatizan en los peligros de la implementación de una política basada en el odio racial, la fuerza y el poder desproporcionado.

Algo tiene este 2026. Algo turbio. Cruzamos su medianía. Confío en que somos más los que nos movemos desde el amor y la fuerza colectiva para acabar con este tipo de barbarie. Debemos accionarnos. Desde allí. No nos queda otro camino. Debemos terminar 2026 siendo otro mundo posible.

Impulsan Pacto Patriótico Costarricense entre sectores sociales y diputaciones de oposición

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Diversas organizaciones sociales agrupadas en la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) promueven la firma de un Pacto Patriótico Costarricense con diputadas y diputados de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el propósito de establecer una agenda común de defensa institucional, fortalecimiento democrático y promoción de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

La propuesta plantea una articulación entre sectores sindicales, agroalimentarios, ganaderos, indígenas, arroceros, ambientales, empresariales, estudiantiles, movimientos populares, organizaciones artísticas, religiosas, territoriales, académicas, colegios profesionales, cámaras de radio y televisión, pescadores y otros sectores sociales, representados por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES).

El documento señala que el objetivo principal es promover valores considerados fundamentales para el país, entre ellos la democracia, la paz social, el diálogo, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, la atención de las poblaciones empobrecidas y vulnerables, así como la defensa de instituciones públicas estratégicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Banco de Costa Rica (BCR).

Como marco de referencia, la propuesta adopta los principios contenidos en el documento denominado “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”, impulsado por el denominado Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa.

Entre los ejes planteados figura la defensa del Estado Social de Derecho, la institucionalidad democrática, la separación e independencia de poderes, el respeto a la Constitución Política y la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, se propone fortalecer los mecanismos de diálogo entre sectores sociales y representantes legislativos, de manera que las organizaciones puedan presentar iniciativas de ley y planteamientos para el ejercicio del control político desde la Asamblea Legislativa.

La propuesta incorpora además la defensa de la libertad de prensa, el derecho a la información, la libertad de reunión, la manifestación pacífica y la participación ciudadana como pilares esenciales de la democracia. También plantea el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

En materia de seguridad ciudadana, el documento promueve un combate frontal contra el crimen organizado, el fortalecimiento presupuestario del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y Seguridad Pública. Además, propone transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil sometida a controles democráticos y mecanismos de rendición de cuentas.

La iniciativa también plantea una visión preventiva de la seguridad basada en la promoción de la cultura de paz, el deporte, la educación, las expresiones artísticas y el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Uno de los apartados más extensos se refiere a la educación pública. El pacto propone avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, establecer una negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y revisar los modelos de construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.

En relación con la seguridad social, el documento plantea la defensa y fortalecimiento de la CCSS, la sostenibilidad de los regímenes de salud y pensiones, la definición del monto real de la deuda estatal con la institución y el establecimiento de mecanismos para su pago. Asimismo, propone medidas para reducir las listas de espera, enfrentar la escasez de especialistas y promover reformas que permitan un acceso más justo a los medicamentos.

La propuesta también incluye la revisión de la regla fiscal para identificar mejoras que permitan proteger la inversión social, así como el fortalecimiento gradual del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

En materia ambiental, el pacto plantea fortalecer el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), otorgar mayores competencias a los guardaparques, mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, proteger a personas defensoras de derechos humanos y ambientales, garantizar el acceso al agua potable mediante el fortalecimiento de las ASADAS y promover soluciones integrales para la gestión de residuos con enfoque de economía circular.

El documento incorpora además compromisos relacionados con los derechos de las mujeres, las personas cuidadoras, la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las poblaciones en condición de vulnerabilidad, la comunidad LGBTIQ+, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas migrantes y solicitantes de refugio.

Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la producción nacional y de la seguridad alimentaria. Entre las propuestas destacan el apoyo a la actividad agropecuaria, la mejora del acceso al financiamiento para productores, la creación de seguros agropecuarios accesibles, el fortalecimiento de los controles fitosanitarios y la búsqueda de alternativas al actual sistema de areteo del ganado.

La agenda también contempla reformas orientadas al combate contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la evasión y la elusión fiscal. Asimismo, promueve políticas de transparencia, acceso a la información pública, apertura de datos, interoperabilidad digital y transparencia algorítmica dentro de la institucionalidad pública.

Como parte de los acuerdos operativos, la propuesta establece mecanismos para que RENASES presente iniciativas legislativas y planteamientos de control político, así como la conformación de equipos técnicos y políticos integrados por representantes de las fracciones legislativas y de los sectores sociales.

El documento reconoce además al denominado Equipo Timón como instancia coordinadora de RENASES e interlocutora con las fracciones legislativas que decidan adherirse al pacto. Dicho equipo está integrado por representantes de ANDE, ANEP, APSE, SEC, SINAE, UNAG y UNDECA,

La propuesta contempla que la firma del Pacto Patriótico Costarricense se realice en la Asamblea Legislativa durante el presente mes de junio, mediante la adhesión de diputadas y diputados de oposición y representantes de las organizaciones sociales participantes.

Las máscaras engañosas de un país verde

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Frank Ulloa Royo

Costa Rica se ufana de su imagen internacional: país verde, democrático, garante de derechos humanos. Pero esa máscara, pulida para las vitrinas del mundo, se agrieta como porcelana vieja. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, la contradicción se vuelve aún más hiriente: el país que fue cogestor del Acuerdo de Escazú lo rechaza, profundizando su desprecio por la memoria ambiental que alguna vez lo distinguió.

Cuando la presidenta declara que la Agenda 2030 está superada y que estos temas son “una pérdida de tiempo”, cuando asegura que las mujeres y los niños “ya cuentan con todos sus derechos”, no solo niega la realidad: la reduce a un espejismo, un decorado de cartón que se desmorona con la primera lluvia.

Las cifras son contundentes y, al mismo tiempo, insuficientes. El INEC (2023) estimó que alrededor del 5 % de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizan algún tipo de actividad económica, unos 35 000 menores. Pero los sindicatos y maestros rurales advierten que la cifra oculta es mayor: 6–8 % en regiones agrícolas como Sarapiquí, Limón y Coto Brus, donde la migración nicaragüense y centroamericana es parte del tejido social.

Una maestra de Pocosol lo relataba con crudeza: cada tres o cuatro meses, las transnacionales o los subcontratistas despiden a los trabajadores de cosecha y las familias migran con sus hijos a otras regiones para recoger café o cortar caña de azúcar. Los niños abandonan la escuela —ni siquiera se llevan sus notas, como si la educación fuera un cuaderno olvidado en el barro— y se incorporan al trabajo. El ciclo se repite como una rueda oxidada que nunca se detiene. La inestabilidad laboral de los padres es el detonante del abandono escolar y de la incorporación temprana de los hijos al trabajo.

La deserción escolar en secundaria supera el 10 %, y en cantones rurales es aún mayor. Allí, la frontera entre estudio y trabajo se diluye: los niños que deberían estar en las aulas terminan cargando sacos de café más pesados que sus propios cuerpos, o cortando caña bajo un sol que parece castigarlos por haber nacido pobres. La estadística oficial apenas los roza, porque son invisibles: hijos de migrantes, sin registro, sin voz.

La contradicción es brutal: mientras la OIT y UNICEF insisten en que la erradicación del trabajo infantil es condición para el desarrollo humano, el discurso oficial lo minimiza, lo niega, lo oculta. Costa Rica firmó los Convenios 138 y 182 de la OIT, se comprometió con la Meta 8.7 de los ODS, y lanzó la Hoja de Ruta 2026–2030 para erradicar el trabajo infantil. Pero en la práctica, los compromisos internacionales se dejan de lado, y el país parece vivir de una imagen que poco a poco pierde sus máscaras, como un actor que ya ni siquiera se preocupa por fingir.

Al final, los niños migrantes agrícolas son tratados como marginales, como si fueran sombras que no merecen ser contadas. La retórica oficial se desentiende de ellos, mientras las cifras —ocultas, alarmantes— revelan que el trabajo infantil no es un residuo del pasado, sino una herida abierta en el presente.

Costa Rica abandona la hoja de ruta para ser un país libre de trabajo infantil, quizás se debate entre la apariencia y la realidad y mantengan algún maquillaje porque la más cara se le ha caído. Entre el discurso que presume derechos garantizados y la evidencia de miles de niños trabajando en plantaciones. Entre la firma de convenios internacionales y la negación política de la Agenda 2030. El país que se vende como ejemplo democrático carga con una deuda ética: reconocer y erradicar el trabajo infantil, especialmente en las comunidades migrantes que sostienen la agricultura, y recuperar el rumbo ambiental que hoy, en el Día del Ambiente, parece haber sido arrojado al basurero de la cultura de protección de los derechos humanos.

Guía de CEJIL destaca acceso a la información como herramienta clave frente a la crisis climática

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La publicación analiza los alcances de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subraya que la transparencia y el acceso a la información son condiciones indispensables para la justicia climática.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) puso a disposición la guía temática El acceso a la información climática y las obligaciones de derechos humanos, un documento que analiza los principales aportes de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre emergencia climática y derechos humanos.

La publicación forma parte de la serie El derecho internacional frente a la emergencia climática y busca acercar a personas, comunidades y organizaciones los estándares jurídicos desarrollados por la Corte IDH para enfrentar una crisis que ya afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación y la permanencia en los territorios.

CEJIL recuerda que la Opinión Consultiva reconoce que la emergencia climática es también una crisis de derechos humanos y establece obligaciones concretas para los Estados. Entre ellas destaca la necesidad de garantizar el acceso a información pública, clara, veraz y oportuna sobre las causas e impactos del cambio climático y sobre las medidas adoptadas para enfrentarlo.

La organización enfatiza que los incendios, las sequías y los eventos climáticos extremos continúan afectando a millones de personas en América Latina y el Caribe. Frente a estas amenazas, la información pública se convierte en una herramienta indispensable para la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y la exigencia de respuestas estatales eficaces.

Según destaca la guía, sin acceso a información adecuada las comunidades carecen de elementos para prepararse ante riesgos climáticos, participar en la toma de decisiones, exigir rendición de cuentas o acceder plenamente a la justicia. La información climática es presentada como una condición necesaria para la existencia de alertas tempranas, mecanismos efectivos de participación y procesos transparentes de formulación de políticas públicas.

El documento explica que el acceso a la información climática no constituye únicamente un derecho autónomo protegido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también una herramienta esencial para garantizar otros derechos fundamentales. Asimismo, señala que los Estados deben producir, recopilar, actualizar y divulgar información relevante utilizando la mejor evidencia científica disponible e incorporando los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales.

La guía desarrolla de manera detallada los principales estándares establecidos por la Corte IDH en materia de acceso a la información climática. Entre los temas abordados se encuentran las obligaciones estatales de transparencia activa, los mecanismos para responder solicitudes de información, la accesibilidad para distintos sectores de la población, el uso de nuevas tecnologías, los estudios de impacto ambiental y climático, los presupuestos destinados a la acción climática, la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia.

También examina la protección de personas defensoras de derechos humanos, las obligaciones de los actores privados respecto a la generación y divulgación de información ambiental, las restricciones legítimas al acceso a la información y las medidas necesarias para enfrentar la desinformación climática.

La publicación sostiene que fortalecer los sistemas de acceso a la información climática es una condición indispensable para enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos y para construir procesos democráticos más transparentes, participativos y responsables.

CEJIL señala que la guía busca facilitar la comprensión y aplicación de los estándares contenidos en la Opinión Consultiva OC-32/25, contribuyendo a que personas, comunidades y organizaciones dispongan de mayores herramientas para defender sus derechos y participar activamente en las decisiones relacionadas con la emergencia climática.

Descargue el documento completo desde SURCOS en el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/acceso-a-la-informacion-climatica-CEJIL.pdf

Convocan a acompañar procesos judiciales vinculados a la defensa de Palestina y al derecho a la protesta

Escrito en . Publicado en Portada, Solidaridad internacional.

La Red de Solidaridad con Palestina – Costa Rica hizo un llamado a organizaciones sociales, colectivos, estudiantes, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general para acompañar y observar diversos procesos judiciales relacionados con personas que enfrentan causas derivadas de manifestaciones en solidaridad con Palestina y de protestas contra el abuso policial.

La convocatoria enfatiza que la protesta social no constituye un delito y plantea la importancia de la presencia ciudadana en las audiencias como una forma de respaldar la libertad de expresión, el derecho a la protesta, los derechos humanos y las garantías democráticas.

Según la información divulgada, las actividades de acompañamiento se realizarán en el Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea, frente al Parque de Goicoechea, donde se desarrollarán varias audiencias y juicios durante junio.

La primera actividad corresponde a la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes realizado en el Estadio Nacional, luego de mostrar la bandera palestina. La convocatoria señala que este proceso se relaciona con acciones de solidaridad con el pueblo palestino.

Asimismo, para el martes 9 de junio está prevista la continuación del juicio de una persona detenida durante el mismo contexto, por manifestarse en favor de Palestina en las afueras del estadio.

Posteriormente, los días 24 y 25 de junio se realizará el juicio de personas detenidas durante una manifestación contra el abuso policial ocurrida en 2023.

La Red de Solidaridad con Palestina sostiene que el acompañamiento ciudadano y la observación pública constituyen herramientas importantes para la defensa de los derechos fundamentales y para garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con respeto a los principios democráticos y los derechos humanos.

Las personas organizadoras invitan a participar de manera pacífica y solidaria en las distintas jornadas programadas.

Cronograma de actividades

El sábado 30 de mayo se realizó la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes dentro del Estadio Nacional por mostrar la bandera de Palestina.

Martes 9 de junio – 7:30 p.m.
Continuación del juicio de una persona detenida durante el traspaso de poderes por manifestarse en favor de Palestina fuera del estadio.

24 y 25 de junio
Juicio de personas detenidas en la manifestación contra el abuso policial de 2023.

Lugar: Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea (frente al Parque de Goicoechea).

Unidades de la UCR rechazan la estigmatización territorial del Caribe Sur y piden revisar el lenguaje sobre crimen organizado

Escrito en . Publicado en Comunidad.

La Cátedra de Estudios de África y el Caribe, el Observatorio para la Acción Contra el Racismo (OBCRA) y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el uso de la denominación “Cartel del Caribe Sur” para referirse a una estructura criminal investigada por narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de armas.

Las unidades académicas consideran que esta forma de nombrar establece una asociación directa entre una región habitada y una organización delictiva, generando procesos de estigmatización territorial que afectan a comunidades enteras que no son responsables de las actividades criminales que ocurren en sus territorios.

Según el pronunciamiento, el Caribe Sur constituye un territorio diverso y plural, habitado por familias, personas trabajadoras, pueblos y organizaciones comunitarias que, en muchos casos, son precisamente quienes padecen las consecuencias de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Por ello, advierten que equiparar un territorio con una estructura criminal empobrece la comprensión pública del problema y contribuye a reforzar dinámicas de racialización, segregación simbólica y sospecha generalizada sobre las poblaciones que viven en la región.

Desde una perspectiva de derechos humanos, las entidades firmantes sostienen que trasladar simbólicamente la responsabilidad penal desde las personas involucradas hacia comunidades completas resulta especialmente preocupante. Señalan que las comunidades no son equivalentes al delito que las afecta y que, por el contrario, conviven con estas problemáticas, resisten su presencia y sufren sus impactos.

El documento enfatiza que las denominaciones utilizadas por instituciones públicas y medios de difusión no son neutrales, ya que influyen en la construcción de imaginarios sociales, pueden legitimar prejuicios y orientar políticas públicas. Asimismo, advierte que las narrativas estigmatizantes pueden restringir la participación y debilitar la voz pública de las comunidades afectadas.

Las tres instancias universitarias subrayan que este problema no se limita al Caribe Sur y sostienen que ninguna comunidad, barrio, cantón o región del país debe convertirse discursivamente en sinónimo de la violencia o del delito que ocurre en su territorio.

Por ello, hacen un llamado al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a los juzgados y tribunales penales, a la Sala Constitucional, a las oficinas de comunicación institucional y a los medios de difusión para que revisen sus prácticas discursivas y adopten terminología precisa, ética y no estigmatizante al abordar temas relacionados con seguridad, narcotráfico y crimen organizado.

Entre sus solicitudes concretas, plantean evitar denominaciones que identifiquen agrupaciones criminales con territorios o poblaciones específicas y promover lineamientos de comunicación institucional que diferencien claramente a las estructuras delictivas de las comunidades afectadas por su accionar. También llaman a prevenir la reproducción de discursos que fomenten el racismo, la segregación territorial, la criminalización de comunidades o el daño reputacional sobre poblaciones enteras.

Las organizaciones concluyen reiterando su solidaridad con las comunidades del Caribe Sur y con todas las poblaciones del país que enfrentan los impactos de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

Impulsan adhesiones a pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos impulsan una declaración internacional de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califican como un agravamiento de la violencia estructural, la represión y la intimidación contra distintos sectores sociales del país.

La iniciativa es promovida por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como personas defensoras de derechos humanos de distintos países. El pronunciamiento se suma a las recientes expresiones de preocupación internacional sobre la situación hondureña, entre ellas las denuncias formuladas por organizaciones de derechos humanos sobre masacres ocurridas en diversas comunidades y los llamados de organizaciones magisteriales centroamericanas a respetar la libertad sindical y el diálogo social.

Según las organizaciones convocantes, la situación afecta particularmente a comunidades campesinas, al movimiento estudiantil y al magisterio hondureño, sectores que enfrentan crecientes mecanismos de presión, represión e intimidación.

La declaración plantea la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos, así como de visibilizar las denuncias sobre violencia y vulneración de derechos que afectan a diversos sectores de la sociedad hondureña.

Las organizaciones impulsoras invitan a colectivos, organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos a adherirse al pronunciamiento internacional durante la presente semana, antes del lunes 8 de junio.

Formulario de adhesión:

https://forms.gle/D9EdmGs9F1PAHRPp7

El llamado se acompaña de las consignas:

¡Justicia para Karla López y cada víctima de la represión en Honduras!

¡No a las masacres y asesinatos selectivos en Honduras!

¡La defensa y promoción de los derechos humanos no tiene fronteras!

Centro de Amigos para la Paz invita a conferencia sobre el conflicto ruso-ucraniano desde una perspectiva de no violencia y derechos humanos

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

El Centro de Amigos para la Paz (CAP) y Ediciones Libres invitan a participar en una conferencia dedicada al análisis del conflicto bélico ruso-ucraniano, actividad que forma parte del ciclo de diálogos Geopolítica en tiempos de ruptura.

La conferencia se realizará el sábado 6 de junio de 2026 en las instalaciones del Centro de Amigos para la Paz, ubicadas en calle 15, entre avenidas 6 y 8, en San José. La actividad tendrá una duración aproximada de tres horas y estará abierta al público en general, tanto de manera presencial como a través de Facebook.

La exposición estará a cargo de Elías Chavarría Mora y se desarrollará en el marco del Ciclo de Diálogos y Análisis sobre el Escenario Global: Geopolítica en tiempos de ruptura, iniciativa que busca promover la reflexión crítica sobre los principales acontecimientos internacionales contemporáneos.

Según las organizaciones convocantes, el encuentro abordará los conflictos armados y las políticas imperialistas actuales desde los principios de la no violencia activa y los derechos humanos, valores que orientan el trabajo del Centro de Amigos para la Paz.

Las personas organizadoras señalan que este ciclo de diálogos forma parte de la labor política y educativa del CAP, así como de su posición pública en contra de la guerra y a favor de la construcción de la paz, la resolución pacífica de los conflictos y la promoción de una cultura de no violencia.

La actividad constituye una oportunidad para analizar las implicaciones geopolíticas de la guerra en Ucrania y debatir sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en un contexto marcado por conflictos armados, tensiones entre potencias y transformaciones del orden mundial.

Fecha: Sábado 6 de junio de 2026
Lugar: Centro de Amigos para la Paz, calle 15, entre avenidas 6 y 8, San José
Duración: 3 horas
Expositor: Elías Chavarría Mora