El titular del Instituto Nacional de Migración de México (INM), Francisco Garduño, reveló que los connacionales repatriados desde Estados Unidos tras el inicio del gobierno de Donald Trump han llegado esposados a territorio mexicano, al menos durante los primeros vuelos que aterrizaron en el país.
Puede leer la nota en LaJornada:
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informó que la Sala Constitucional acogió parcialmente las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como «Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público».
Según declaraciones de Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, y Rafael Mora Solano, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la organización, la resolución restituye derechos laborales que habían sido modificados por dicha normativa.
«Las anualidades tendrán que seguirse reconociendo tal y como se venían aplicando antes de la ley 9635», manifestó Vargas Barrantes, quien calificó la resolución como un logro para las personas trabajadoras del sector público.
Por su parte, Mora Solano explicó los alcances de la resolución: «La sala está acogiendo parcialmente estas inconstitucionalidades y está diciendo que en el caso de las anualidades tienen que volverse a pagar como se pagaban antes». Detalló que quienes recibían el pago de forma porcentual volverán a ese esquema y que el reconocimiento se hará en el momento en que se cumpla el año laboral, no hasta junio como establecía la ley impugnada.
Según los representantes sindicales, otro aspecto relevante de la resolución es que se restablece el derecho a negociar convenciones colectivas en instituciones públicas, incluyendo aspectos salariales.
La ANEP indicó que está preparada para ayudar a su afiliación afectada a recuperar los derechos que les fueron limitados y extendió una invitación a personas trabajadoras no afiliadas para que se acerquen a la organización con el fin de iniciar los procesos correspondientes.
El sindicato había liderado protestas contra esta ley durante tres meses y argumentó ante la Sala Constitucional que la normativa violaba derechos humanos. Los representantes sindicales adelantaron que informarán sobre otros aspectos contemplados en la resolución próximamente.
La Comisión Comunal Pro-Asfaltado de Ruta 811 informó que el Consejo Municipal de Guácimo confirmó que el próximo martes 25 de marzo se dará reinicio al trabajo de asfaltado del tramo 70460 de la Ruta 811.
Como garantía el presidente municipal acompañará ese reinicio.
Además, la alcaldesa se comprometió a darle mantenimiento inmediato al tramo 70170 mientras se puede presentar el proyecto de asfaltado.
En 15 días el Concejo Municipal convocará a distintas instituciones para buscar recursos.
La dirigencia del Comité señala: “Dado que habíamos convocado a una manifestación pacífica si no nos daban respuesta concreta y precisa, la movilización se suspende por sentido común. Pero públicamente advertimos que, si el 25 no reinician los trabajos, el miércoles 26 de marzo nos estaremos movilizando para una protesta pacífica. Ya no vamos a permitir más excusas baratas y falta de voluntad. Las comunidades exigimos respeto”.
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) emitió un comunicado en el que repudia la represión ejercida por fuerzas de seguridad durante una manifestación de personas jubiladas en Argentina.
En el documento, SERPAJ exige al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich que respeten el derecho a la protesta y les recuerda que «los Estados tienen la obligación de garantizar derechos, no violarlos».
Según la organización, cada miércoles la población jubilada sufre violencia durante sus manifestaciones. El comunicado señala que, en esta ocasión, al contar con el acompañamiento solidario de diversos sectores e hinchadas de varios clubes de fútbol, se desplegó un operativo policial de gran magnitud que dejó como resultado numerosas personas golpeadas, gravemente heridas y detenidas.
SERPAJ manifiesta que esta situación genera dudas sobre la existencia de un Estado de derecho y de un sistema democrático representativo en el país. La organización exige que el Estado nacional disponga los medios necesarios para encarcelar y enjuiciar a quienes considera responsables materiales y políticos de lo que califican como una grave violación a los Derechos Humanos.
El comunicado concluye con la frase «Nunca Más es Nunca Más», emblema de la organización fundada por Adolfo Pérez Esquivel, -Premio Nobel de la Paz 1980-, y que este año cumple 45 años de existencia.
Las Américas, 11 de marzo de 2025. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala para que proteja los derechos del periodista José Rubén Zamora. La defensa del periodista presentó un amparo ante la Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ el 15 de noviembre de 2024, para evitar su regreso a la prisión, sin embargo, la Corte no dio respuesta.
El 4 de marzo de 2025, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones anuló todas las actuaciones desde el 17 de octubre de 2024 del juez Erick García, del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal. Como consecuencia, quedó sin efecto la orden que otorgó medidas sustitutivas al Sr. Zamora el 18 de octubre de 2024 y el día de ayer volvió a la prisión Mariscal Zavala.
En respuesta, la defensa pública del Sr. Zamora en Guatemala presentó un amparo ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones el 5 de marzo, el cual aún está pendiente de resolución. El 10 de marzo de 2025 a las 10:00 de la mañana estaba previsto que se realizara un pleno de Cámara de Amparo y Antejuicio, donde se discutiría la solicitud del Sr. Zamora para frenar su encarcelamiento, pero a última hora fue suspendido. El juez Erick García en audiencia dispuso que el Sr. Zamora regresara de inmediato a prisión.
Preocupa mucho el señalamiento realizado por el juez Erick García durante la audiencia, de que tanto él como su equipo habían recibido amenazas. Como muestra de esta presión, los querellantes adhesivos de la Fundación contra el Terrorismo realizaron publicaciones en la red social X afirmando que el juez sería “un recluso más”.
La detención del Sr. Zamora ha sido considerada arbitraria y una violación del derecho internacional por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA) y un amplio número de estados a nivel global. Según el análisis del GTDA y numerosas organizaciones internacionales, el proceso en su contra se ha caracterizado por múltiples violaciones de sus derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. El regreso a la prisión del Sr. Zamora solo reitera esta arbitrariedad.
Nos preocupan las afectaciones a la salud del Sr. Zamora que el regreso a la prisión implica. Hacemos un llamado al Estado de Guatemala de seguridad, salud e integridad en la prisión.
También instamos al Estado de Guatemala para que asegure que los procesos legales contra el mismo se lleven a cabo con celeridad y de conformidad con el derecho internacional. El Sr. Zamora lleva más de 20 meses esperando que se celebre la audiencia de etapa intermedia en este caso.
Finalmente, hacemos un llamado al Estado de Guatemala para que garantice la independencia judicial e investigue las amenaza en contra de operadores de justicia independiente.
La comunidad internacional continuará monitoreando la situación de derechos humanos, de la justicia y del Estado de derecho en Guatemala.
FIRMAN
American Jewish World Service
Article 19
Be Just
Center for Justice and International Law (CEJIL)
CIVICUS
Cyrus R. Vance Center for International Justice
Due Process of Law Foundation
Guatemala Human Rights Commision
Impunity Watch
Latin America Working Group
Lawyers without borders
Washington Office on Latin America
SURCOS comparte el comunicado enviado a nuestra redacción por la Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811.
Sábado 8 de marzo, 2025 Costa Rica.
Comunicado
Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Costa Rica enfrenta una preocupante y creciente crisis de violencia contra las mujeres, evidenciada en un alarmante aumento de los femicidios. Solo en los dos primeros meses de este 2025, el país ha registrado un tercio de los femicidios ocurridos durante todo el año 2024.
Esta situación de emergencia nacional nos exige un compromiso colectivo de todas las instituciones, sociedad civil y actores clave para frenar esta violencia y proteger a las mujeres en todo el país, porque sin las mujeres no hay democracia y sin democracia no podemos fortalecer la justicia social en Costa Rica.
Es evidente el debilitamiento de las políticas públicas que ha dejado en desamparo a cientos de mujeres que hoy temen por su vida. Datos oficiales del INEC en su informe sobre femicidios (2024) muestran que la tasa pasó de 0.97 en 2022 a 1.00 en 2024, lo que significa un incremento del 69.49% de femicidios con una alarmante inacción estatal.
Según datos del Semanario Universidad (2023) las mujeres en el sector agroalimentario representan el 15.6% del sector, no obstante, el acceso a tierra para mujeres solo representa un 8.1%, si pensamos en el sector laboral, la reducción de derechos persiste, en el país la participación laboral de mujeres para el 2020 se redujo en un 46%. CEPAL (2020) y para el 2024 la brecha salarial en mujeres fue del 33% respecto los hombres.
Las cifras son claras hay un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, el número de femicidios ha aumentado, y muchas mujeres aún viven bajo el temor constante de ser víctimas de violencia. La realidad nacional refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas existentes, garantizar que los recursos sean destinados de manera efectiva y crear nuevas estrategias de prevención que involucren a la sociedad en su totalidad.
Es esencial reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de la protección de las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), así como fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, garantizando que las políticas de prevención, protección y sanción estén bien implementadas y sean accesibles a todas las mujeres, en especial a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres trabajadoras del sector público y privado, mujeres del campo, mujeres en el trabajo informal y las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar.
Por lo anterior, desde las organizaciones sociales, productivas, académicas, grupos de la sociedad civil y comunidades, hacemos un llamado a una acción conjunta, centrada en soluciones reales y sostenibles. Un llamado urgente para que el gobierno de Costa Rica garantice protección y justicia para las mujeres.
Es fundamental que se continúe promoviendo la educación sobre igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres desde una edad temprana, y que los sistemas de justicia respondan de manera ágil y efectiva a los casos de violencia, asegurando que las víctimas reciban la protección, reparación y justicia, porque la violencia de género no solo es un problema de seguridad, sino también de justicia social.
Debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad.
En Costa Rica la democracia no existe sin las mujeres, no podemos permitir que se normalice la violencia y que se retrocedan derechos humanos conquistados para las mujeres en su diversidad. Exigimos acciones concretas en que puedan salvar vidas y justicia para todas las víctimas de femicidio, con reparación integral para sus familias.
Nos sumamos a las demandas de los diferentes movimientos de mujeres en Costa Rica, a marchar en todo el país este 8 de marzo, por los derechos humanos de las mujeres, porque la lucha contra la violencia género, es una tarea de todos y todas.
Solo mediante acciones concretas y presencia real del Estado, desde un enfoque integral, que involucre a la familia, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, podremos garantizar un Estado de bienestar, un país realmente democrático.
¡Por una Costa Rica sin violencia y con justicia para todas las mujeres!
Comunicado
En el marco del 8M – Día Internacional de las Mujeres – manifestamos nuestra preocupación por la situación de vulnerabilización que sufren en Honduras las defensoras de Derechos Humanos Hedme Castro, directora ejecutiva de la organización ACI-participa y la periodista Wendy Funez, directora del medio de comunicación digital Reporteros de Investigación.
Lo anterior frente a las sistemáticas acciones violentas contra su integridad profesional y emocional por parte del funcionario Samuel Varela, director de Aduanas de Choluteca y candidato a la alcaldía en el actual momento de elecciones internas en el ámbito nacional.
Dicho funcionario impulsa una campaña mediática a nivel de redes sociales tendiente a socavar y deslegitimar su legítimo accionar; en especial al unirse para exigir justicia por el asesinato del defensor ambiental Juan López, coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa Colón (CMDBCPT), acribillado el 14 de setiembre, 2024, y cuyo crimen permanece en impunidad.
Reiteramos nuestro reconocimiento a nivel nacional e internacional al conjunto de acciones impulsadas por las defensoras Hedme Castro y Wendy Funez en su trayectoria impecable y coherente en favor de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables, desde sus respectivos campos.
Instamos al Ministerio Público a actuar como corresponde para detener esta ola de violencia institucional, ejercida por dicho funcionario público.
A su vez, tenemos la certeza de que las autoridades correspondientes actuarán a favor de la justicia y garantizarán la seguridad física y reparación del daño emocional que han recibido ambas compañeras, en un contexto político que debe ser favorable para el pleno ejercicio de los Derechos Humanos dentro de un sistema político que se autodenomina socialista democrático.
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)
Casa El Migrante, Derechos Humanos (Costa Rica)
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
El miércoles 5 de marzo de 2023 a la 1:00 pm hora de Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública para conocer de primera mano información actualizada sobre la situación de derechos humanos en Costa Rica.
Organizaciones de sociedad civil expondrán sus preocupaciones sobre temas como seguridad ciudadana, violencia contra las mujeres, niñez, pueblos indígenas, población LGBTQ, ambiente y ataques a la independencia judicial. El Estado deberá responder ante las denuncias y atender las recomendaciones que le haga la Comisión.
Este espacio fue solicitado por Alianza de Mujeres costarricenses, Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH), Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cooperativa Sulá Batsú, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Grupo de trabajo de Agenda CEDAW , IRCA Casa Abierta, Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), MULABI, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) y Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD).
Vale la pena destacar que no es usual que Costa Rica sea llamada a rendir cuentas sobre la situación general de los derechos humanos, en una audiencia pública de la CIDH. Por lo general, el Estado acude cuando se trata de casos concretos, pero no para atender temas generales de deterioro de sus condiciones. En este sentido, Costa Rica está siguiendo la tendencia regional de los gobiernos autoritarios que observamos en la región.
Para seguir la Audiencia:
DÍA: miércoles 5 de marzo
HORA: 1:00 (CR) /2:00 pm (Washington DC).
TRANSMISIÓN: en vivo a través de las redes sociales de la CIDH.
REGISTRO PARA ASISTIR POR ZOOM:
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_GOXVRXDUQyehgA5Wrzl32w#/registration
El martes 4 de marzo de 2025 a la 3:00 pm hora de Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública para conocer de primera mano información actualizada sobre la impunidad y los obstáculos a los que se enfrenta la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Guatemala. El Estado deberá responder a las denuncias hechas y atender las recomendaciones que haga la Comisión.
Este espacio fue solicitado por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de detenidos y desparecidos de Guatemala, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, la Guatemala Human Rigths Comissión y representantes de los casos Mujeres Achi y Masacre de la cumbre de Alaska.
Para seguir la Audiencia:
DÍA: martes 4 de marzo
HORA: 15:00 (GT) /16:00 pm (Washington DC).
TRANSMISIÓN: en vivo a través de las redes sociales de la CIDH.
REGISTRO PARA ASISTIR POR ZOOM:
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_zJGUS-GEQYCcY0AU_H4_hQ#/registration