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Etiqueta: derechos humanos

Duelo y luto: 12 de octubre, nada que celebrar

Pronunciamiento

Este 12 de octubre, muchas personas hacen memoria de lo que fue el «mal llamado descubrimiento». Una fecha que se convirtió en tragedia para los Pueblos Indígenas de América y para los Pueblos Africanos, para nuestra población ancestral, contra quiénes se cometieron atroces atropellos, abusos, arrebato de sus Tierras/Territorios, pueblos que fueron abusados, esclavizados, vendidos, «usados como bestias de carga», mucho de eso se hizo en nombre de Dios y de las coronas europeas; que entonces, lo «justificaron diciendo que eran incivilizados y paganos».

Con la errónea idea de «descubrirlos», estos pueblos, pasaron a ser propiedad de dichos reinos europeos. Hoy se reconoce que hubo genocidio y que ningún Dios puede ser parte de eso, menos aún seguir hablando de esos hechos como «gloriosos» y de «importancia» para la humanidad; hasta los Papas católicos han pedido perdón de esa barbarie etnocida.

Después de 534 años, se continúa el arrebato, el abuso contra los Pueblos Indígenas y afrodescendientes y sus culturas, son como objetos de comercio etno-turístico y mano de obra barata y /o esclava: discriminación, racismo, maltrato, cárcel y persecución hasta el asesinato, cuando protestamos o nos revelamos. Esto ocurre en todos los países – Estados – que se crearon después de la «Conquista y la Colonia», con fronteras que borraron la organización y Gobernanza propias de estos Pueblos.

El mejor ejemplo lo tenemos en nuestra Costa Rica, donde los Pueblos Indígenas son violentados por defender y recuperar sus Tierras/Territorios, no se les reconoce sus Autoridades ni Culturas Propias, encarcelando y persiguiendo a quiénes luchan por sus derechos, ejemplo: en el 2019, asesinaron a Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI; y, en el 2020 asesinaron a Jehry Rivera Rivera, Brörán de Térraba, activista y luchador por los Derechos Indígenas; ambos crímenes quedan en la Impunidad; más aún con la Sentencia reciente del Tribunal de Pérez Zeledón que absolvió (dejó libre) al asesino confeso de Jehry, un terrateniente usurpador de tierras Indígenas, que había amenazado con matar Indígenas que «siguieran» luchando por recuperar sus tierras.

El 12 de Octubre es un día de duelo y silencio por todas las personas quienes fueron víctimas asesinadas, desaparecidas, abusadas y agredidas… no sólo con el genocidio de la Conquista y la Colonia, sino por todas las víctimas de las nuevas formas neocoloniales, del mismo sistema de muerte actual, vertical, machista, impositivo, patriarcal, voraz y violento, con sus gobernantes, jueces y empresarios y algunas cúpulas religiosas, quiénes, por «buenos negocios y ganancias» continúan conquistando, arrebatando, asesinando destruyendo y depredando la Madre Naturaleza, en todo el planeta, contra los Pueblos y personas que lo habitamos; las culturas y espiritualidades propias, como lo vemos aquí en Costa Rica y en el actual genocidio en Palestina.

12 de octubre: Nada que celebrar, una memoria triste, macabra, violatoria de todos los Derechos Humanos de todos los tiempos; sin justificación ni excusa.

Sólo la valentía y la resistencia de los pueblos que luchan, su fuerza y perseverancia, mantienen la esperanza de que un otro mundo es posible aquí y ahora. ¡¡Por eso seguimos!!

Ancestras y ancestros nos acompañan.

¡Berta, Sergio y Jehry Viven! junto a otras personas asesinadas por defender Derechos Humanos.

¡La Lucha Sigue y sigue!

Costa Rica, 12 de octubre 2024.

* Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI – Costa Rica.

* Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.

* Servicio Paz y Justicia Costa Rica – SERPAJ CR.

* Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia.- Red Ecuménica.

* Coordinación Comunidades Cristianas Costarricenses- COCRIC.

* Centro Amigos/as para la Paz – CAP.

* Justicia Paz Integridad de la Creación- JPIC.

* Centro Bíblico Claretiano “Para que Tengan Vida” – CBC.

* Comunidades Ecologistas La Ceiba- COECO – Ceiba – AT.

* Departamento Ecuménico de Investigaciones. – DEI.

* Universidad Bíblica Latinoamericana – UBL.

* Proyecto Tierra Encantada – Universidad Nacional – UNA.

Cineforo de lucha indígena: En el marco del juicio por el asesinato de Jerhy Rivera

Este 17 de octubre del 2024, a las 5:00 pm en el auditorio 609 de Ciencias Sociales, UCR, se estará proyectando la película “La Princesa Mononoke”. Esta es una fábula animada que ilustra la lucha indígena por sus tierras, ante fuerzas extractivistas que buscan destruirlas, al igual que la importancia de la ecología. Esto, para generar reflexión alrededor de la lucha indígena, y el contexto actual del juicio por el asesinato del líder indígena Bröran de Térraba, Jerhy Rivera. 

Después, contará con un panel, conformado por los panelistas Zeidy Bruwä, indígena Ngäbe de Conte Burica, y coordinadora del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, Fanny Reyes Ortiz, indígena Bröran del territorio indígena de Térraba, parte del equipo directivo de la Red de Mujeres Rurales, y finalmente Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional público y derecho ambiental internacional de la UCR.

Este evento está organizado por la Red de Estudiantes de Sociología de Latinoamérica y el Caribe, y apoyado por varias entidades como Kioscos Socioambientales, y la Federación Ecologista.

Les invitamos a asistir a este enriquecedor evento para informarse y mantenerse al tanto con  la situación crítica de los pueblos originarios en Costa Rica.

El MAR exige ¡Justicia para Jehry, Sergio, Berta, Juan y todas las personas que defienden Abya Yala!

Desde el Movimiento de Afectados por Represas (MAR), expresamos nuestro repudio ante la reciente sentencia absolutoria de Juan Eduardo Varela, quien confesó públicamente el asesinato que cometió contra Jehry Rivera, defensor de los derechos del pueblo bröran y del río Grande de Térraba ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquis, en Costa Rica. Jehry fue asesinado en un contexto de creciente violencia contra los pueblos ancestrales de varias etnias de la zona sur de ese país, que luchan contra el despojo y las leyes coloniales, para la recuperación de sus tierras. De esta forma, la noche del 24 de febrero del 2020, una turba de más de cien personas llegaron a amenazar y violentar a las comunidades del territorio indígena de Térraba y en medio de ese ataque, Jehry fue asesinado.

Con profunda indignación, denunciamos la impunidad que rodea el asesinato de Jehry, así como el de Sergio Rojas, compañero bribri del territorio indígena de Salitre, también asesinado en Costa Rica en 2019 por defender su territorio ante las usurpaciones ilegales de no-indígenas y cuyo caso se archivó por supuesta falta de pruebas. La violencia en los territorios originarios de Costa Rica ha sido permitida y promovida por el Estado y los gobiernos de las últimas décadas de ese país, quienes han sido negligentes con su responsabilidad de sanear los territorios ancestrales y asegurar el derecho a la tierra y la justicia de los pueblos originarios.

La justicia es un derecho inalienable, y la falta de acción ante estos crímenes sólo fomenta un ciclo de violencia y despojo. Por esta razón, además nos sumamos a la exigencia de justicia en territorio hondureño para la compañera Berta Cáceres, defensora del río Gualcarque y los derechos del pueblo lenca, cuyo asesinato ocurrido el 3 de marzo del 2016, aún no ha encontrado justicia. Es bien sabido que el asesinato de Berta, fue un crimen planificado por los directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para silenciar la resistencia que mantenía el pueblo lenca ante la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarcas, proyecto promovido por dicha empresa. De esta forma, demandamos justicia para Berta y concretamente que se ratifiquen la sentencia condenatoria de los 7 responsables materiales de su asesinato, así como la sentencia condenatoria del expresidente de DESA, David Castillo, declarado coautor de este crimen por los tribunales hondureños desde el año 2021.

Además, exigimos que se desarrollen las investigaciones y procesos respectivos que aseguren haya justicia en torno el asesinato del compañero Juan López, defensor del río Guapinol ante la amenaza de la Minera Los Pinares Ecotek, quien también fue asesinado el pasado 14 de septiembre del presente año, en Honduras. Juan, al igual que Berta, fue crítico del modelo económico extractivista imperante en ese país centroamericano, en donde los gobiernos de las últimas décadas han priorizado y apoyado los intereses privados, por sobre el bienestar de las comunidades y de los ecosistemas.

Cabe destacar, que según los informes de los últimos años de Global Witness, en torno a los asesinatos de defensores del territorio en el mundo, señalan a América Latina como la región que registra el mayor número de asesinatos de estas personas. Así, en su último informe de septiembre del 2024, señalan que de los asesinatos registrados mundialmente, el 85% se llevaron a cabo en Latinoamérica, principalmente en Brasil, Colombia, Honduras y México.

Por esta razón, hacemos un llamado a la comunidad internacional a presionar a los gobiernos de la región, para exigir que los asesinatos de quienes defienden los derechos humanos, el territorio y las comunidades no queden en impunidad, y que se tomen medidas inmediatas que garanticen la seguridad de quienes aún resisten en nuestros países.

A todos los pueblos en resistencia: Unámonos para exigir justicia por Jehry, Juan, Berta y cada una de las personas asesinadas por defender los derechos humanos y la vida.

¡Justicia para Jehry, Sergio, Berta, Juan y todas las personas que defienden Abya Yala!

Lucha por la mejora en el monto de pensión e información del Régimen No Contributivo

Contexto:
Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.

Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión
La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.

Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125
La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.

Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP
Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.

Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele
La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.

El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.

Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.

En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.

En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.

Un año de barbarie

Oscar Madrigal

Desde el inicio de nuestra lucha entendimos que el terrorismo no era una forma revolucionaria de acercar a las masas al socialismo.

Las acciones terroristas con ejecutadas, por lo general, por un pequeño grupo clandestino que ejecuta acciones pequeñas para asesinar a miembros del ejército o políticos, con el fin de provocar miedo en la población. Desde esta perspectiva, las luchas de masas, las luchas populares no son terrorismo, aunque en ese combate se puedan producir explosiones o ajusticiamiento de esbirros y saboteadores. Las acciones de violencia política no pueden catalogarse de terrorismo.

Sin embargo, su uso se generalizó desde el 11 de setiembre de 2001 y se aplica -según los intereses de los estados- a muchas acciones que son resistencia y lucha política de los pueblos oprimidos.

Por otra parte, el terrorismo más peligroso y letal es actualmente el Terrorismo de Estado. Tan condenable como el de pequeños grupos, el terrorismo de estado es más brutal porque se ejerce generalmente como defensa nacional o defensa del estado por lo que se legitiman la tortura, las desapariciones, el espionaje colectivo o la eliminación selectiva de todos aquellos que puedan ser considerados enemigos del Estado.

En los juicios contra la dictadura de los militares argentinos, éstos argumentaron que la brutal represión se hizo para defender al Estado de las acciones de los subversivos o guerrilleros; la justicia argentina condenó a la cúpula militar argumentando que el Estado no tiene el derecho de actuar ilegalmente, aunque sea para defender la legalidad. El Estado no puede violar los derechos humanos para defenderlos, el Estado de Derecho se defiende conforme a las leyes y la constitución.

Este día se cumple un año de barbarie, de un genocidio pocas veces visto en las últimas décadas de historia. Me llama la atención que los bombardeos y ataques que realizan los que la prensa llama grupos terroristas están dirigidos contra las bases militares e infraestructura militar de Israel, mientas que los bombardeos de Israel -que supuestamente no es terrorista- se dirigen contra hospitales, escuelas, barrios, fábricas, carreteras, de manera indiscriminada y sin importar lo que ellos llaman daños colaterales. El resultado hasta hoy es de 45.000 muertos, 10.000 desaparecidos, en su mayoría niños, niñas y mujeres en Gaza y varios miles de muertos ahora en Líbano.

La guerra de Israel está dirigida por Netanyahu, con orden de captura internacional por la Corte Internacional de Justicia, que es un corrupto condenado por la propia justicia israelí, junto a una camarilla de ultraderecha, ultra nacionalista y racista que ha perdido todo sentido de la razón y los límites. Una camarilla, que, por mantener su impunidad, está acabando con el mismo pueblo israelí, alejando sus fuentes productivas y sembrando traumas de guerra que dejarán solo mentes enfermas dentro de los jóvenes y del pueblo de Israel.

Netanyahu y su camarilla están desquiciados y totalmente fuera de control. Ese engendro se le escapó de las manos a EEUU y la OTAN.

A ningún país le sirve o interesa que esa zona del Cercano Oriente se convierta en un conflicto generalizado solo porque la camarilla de Israel esté interesada en llegar hasta su propia inmolación. Las consecuencias serían desastrosas, no solo por el petróleo sino por el comercio mundial en general.

Según parece el mundo se está hartando de Netanyahu y su camarilla racista. Ya empezó Macron negándose a entregarle más armas a Israel y el gobierno de Biden y Harris parece endurecer sus posiciones.

¿Está pensando EEUU y la OTAN en un recambio en la cúpula israelí?

Netanyahu y su grupo manifestaron que en 4 semanas acabarían con Hamás en Gaza, pero ya pasó un año y la guerra se ha extendido a otras regiones. El pueblo palestino no desaparecerá, al contrario, la solidaridad y el apoyo de todo el mundo lo ha respaldado.

Palestina será libre, y ello cada vez está más cerca.

La 3ª Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia sale de Costa Rica y llega a El Salvador para promover la no violencia 

Siguiendo las redes de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia se pudo notar como ya integrantes de la 3ª Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia, procedentes de países como Costa Rica, Ecuador, España, Guadalupe, Honduras e Italia, han arribado a El Salvador este 3 de octubre. Acompañados por Rafael de la Rubia, coordinador general del evento, este encuentro marca el cumplimiento en el recorrido de esta marcha global, que busca promover la paz y la no violencia en diferentes regiones del mundo. 

La marcha tiene como objetivo involucrar a las comunidades locales, fomentando el diálogo y la concientización sobre la importancia de construir sociedades pacíficas. «Es un esfuerzo colectivo que resalta la necesidad urgente de una cultura de paz en el mundo», destacó la organización en su llegada a El Salvador.

La organización recorrerá diversos países, cada uno aportando su perspectiva única y experiencias en la lucha por un futuro libre de conflictos y violencia. En El Salvador, la población local recibió con entusiasmo a los marchantes, quienes traen consigo un mensaje de esperanza y unidad en la búsqueda de un mundo más pacífico.

Recordando que, este mes de septiembre que pasó los eventos fueron acá en Costa Rica, donde se pudieron observar muchas actividades, entre ellas cine foros, charlas, club de lectura y la gran marcha el 2 de octubre, se insta también a estar pendiente a las redes sociales donde hay oportunidades de participar en conferencias virtuales.

Le invitamos a ver las fotos compartidas por la FEUNED en Facebook, y observar lo que fue el encuentro acá en Costa Rica en la galería de abajo. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1114228193838249&id=100057532364919&mibextid=ox5AEW&rdid=1yR5VpH8BkubL8A8

Conversatorio sobre Palestina este jueves 3 en la UCR

Este conversatorio contará con la participación de tres personas expertas:

  • Mag. Wajiha Sasa, Cónsul Honoraria de Palestina ante Costa Rica.
  • Dr. Nicolás Boeglin, experto en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y conflictos.
  • MSc. Javier Johanning, docente e investigador de la ECP, CIEP y OPI.

El evento es organizado por el Observatorio de la Política Internacional y la Escuela de Ciencias Políticas (ECP). La actividad promete ser un espacio de reflexión y análisis sobre la situación de Palestina a nivel internacional.Este jueves 3 de octubre de 2024, se llevará a cabo un conversatorio titulado «Palestina. 76 años de Nakba: Apartheid y Genocidio». El evento se realizará en el Auditorio Plaza de la Autonomía de la UCR a las 2:00 p.m.

Chile: Presentan querella contra Fuerzas Especiales por agresión a Alicia Lira en la marcha por los derechos humanos

Félix Madariaga Leiva

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Durante la mañana del martes 24 de septiembre, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Alicia Lira, llegó hasta el centro de justicia junto a su abogado, el reconocido defensor de derechos humanos, Alberto Espinoza, para presentar una querella contra Fuerzas Especiales de Carabineros, debido a la agresión sufrida durante la tradicional romería al cementerio general, que este año se realizó el domingo 8 de septiembre.

Las graves agresiones, con gases lacrimógenos en su rostro y un golpe que la hizo caer al suelo y desmayarse durante algunos minutos, se produjeron mientras se desarrollaba en completa normalidad el acto central de la romería, de la que Alicia Lira es una de las organizadoras.

Fue aproximadamente a las 12 horas cuando un piquete de Fuerzas Especiales de Carabineros, junto a un carro lanzaguas y dos carros lanza gases, que se encontraban a unos 100 metros detrás del escenario, comenzaron a acercarse de forma amenazante hacia el lugar donde se desarrollaba el acto político-cultural, tratando de avanzar por Recoleta hacia el sur, pasando por un costado del escenario, lo que fue impedido por un grupo de personas que se encontraban en el lugar., momento en que Alicia Lira se acercó a ellos para mostrarles el documento que autorizaba la actividad, y haciendo caso omiso de su solicitud de retirarse, respondieron con extrema agresividad, por lo que tuvo que ser trasladada junto a otras personas hasta el SAR de Recoleta para su atención.

Alicia Lira se refiere a la querella presentada afirmando que “hoy venimos a presentar una querella junto al abogado Alberto Espinoza, para dar cuenta de la situación que vivimos el 8 de septiembre durante la romería al cementerio general, que es un homenaje a las miles de víctimas de la dictadura civil y militar y que este año vivió la criminal represión de Carabineros, que en lo personal significó golpes y ser rociada con gas pimienta lo que me dejó por varios minutos sin respiración, por lo que tuvieron que llevarme a un centro de urgencia para ser atendida”, y agrega que “no podemos dejar que esto que quede impune, una agresión sin ninguna provocación en medio de un acto cultural de derechos humanos en el que carabineros buscó provocar e interrumpir el acto en el que estaban participando agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura y sitios de memoria. Gente que fue a escuchar el discurso de homenaje a nuestros seres queridos”.

El General Yáñez será formalizado el 1 de octubre

Alicia Lira también se refirió a la formalización del general Director de Carabineros Ricardo Yáñez, que se realizará el 1 de octubre, por su responsabilidad en la omisión de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social en octubre de 2019, afirmando que “esperamos que no haya ninguna dilatación y que sea formalizado, es una vergüenza. Y aquí quiero ser muy clara y separar aguas entre Carabineros, lo que es el alto mando – que es Ricardo Yáñez – que ha usado la institución para esconderse de la justicia, para burlar la justicia y lamentablemente a veces ha recibido el apoyo del gobierno. Yáñez no tiene moral ante sus hombres y menos ante la gente porque es responsable de las violaciones a los derechos humanos que hubo desde el 18 de octubre en adelante; pero también es responsable en esta querella que hemos presentado hoy, porque mandata en la forma de actuar de las fuerzas especiales y quiero ser enfática: estamos hablando responsablemente y nos referimos específicamente a las Fuerzas Especiales, ellos son los que han mantenido la violencia, no Carabineros.

Por su parte, el prestigioso abogado de derechos humanos Alberto Espinoza se refirió a la confianza que tienen en que la querella prosperará en los tribunales de justicia, señalando que “hemos presentado esta acción criminal con la firme expectativa de que finalmente se logre establecer la efectividad de los hechos que estamos denunciando, es decir, la conducta brutal que tuvieron funcionarios de fuerzas especiales de carabineros sin mediar provocación alguna en un acto pacífico que se desarrollaba en conmemoración del 11 de septiembre de 1973, en un acto autorizado por la autoridad política, que contaba con todos los permisos para su realización y que fue interrumpido violentamente. Estamos frente a un delito de apremios ilegítimos que está tipificado en el código penal y que también está tipificado en el derecho internacional de los derechos humanos como una norma de la Jus Cogens la prohibición de los tratos inhumanos degradantes y crueles, esa es la situación que estamos denunciando ante los tribunales en la persona de Alicia Lira. Carabineros son funcionarios públicos, son agentes del Estado y en esa condición deben responder”.

Lanzan investigación sobre criminalización a mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras

29 de septiembre de 2024.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) acaban de lanzar el capítulo dedicado a Honduras de la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México”. Esta es la segunda de tres publicaciones que reflejan los resultados de un trabajo de investigación sobre la criminalización a mujeres que defienden derechos humanos en Mesoamérica, un fenómeno constante y cada vez más creciente en la región.

La defensa de derechos humanos en Honduras: un escenario propicio para la criminalización

Entre 2017 y 2022, el Registro mesoamericano de agresiones a defensoras de la IM-Defensoras documentó un total de 284 agresiones que de forma individual, colectiva o hacia organizaciones o grupos, criminalizan el actuar de las defensoras de derechos humanos. De éstas, 102 fueron detenciones arbitrarias y 182 se relacionaron con el inicio de causas o procesos penales o administrativos.

Entre las causas estructurales de la efervescencia de la criminalización en Honduras, la investigación identifica el Golpe de estado de 2009 como un punto de inflexión en la deriva autoritaria, conservadora y extractivista del país. A partir de 2009 se multiplicaron los proyectos extractivistas, se aprobaron leyes para privatizar servicios públicos, bienes naturales y territorios ancestrales y comunitarios; se llevaron a cabo reformas de las leyes penales para facilitar la criminalización; se profundizó en la militarización, la corrupción y la cooptación del sistema de justicia por parte de intereses empresariales y familias de terratenientes. El fraude electoral de 2017 fue otro momento clave, generando una oleada de represión y criminalización y consolidando una narco-dictadura con ex-presidentes, como Juan Orlando Hernández, que han sido extraditados a Estados Unidos y condenados a prisión por delitos graves vinculados al narcotráfico. En este contexto, defensoras de la tierra y el territorio, especialmente indígenas y garífunas vinculadas al COPINH y la OFRANEH; integrantes del movimiento estudiantil y defensoras de los derechos de las mujeres han sido las que han sufrido más el impacto de la criminalización.

Misoginia y racismo como componentes fundamentales de la criminalización

La investigación se llevó a cabo a través de entrevistas y grupos focales con defensoras criminalizadas y con abogadas con experiencia en estos casos, las cuales en muchas ocasiones también acaban siendo criminalizadas. Las defensoras entrevistadas identificaron como principales causas de la criminalización el avance del neoliberalismo, el desarrollo capitalista voraz, la corrupción, autoritarismo y conservadurismos de los gobiernos de sus países, así como las violencias estructurales racistas y misóginas que siguen imperando en la región. Por ello, uno de los objetivos de este estudio es comprender desde una perspectiva interseccional los patrones e impactos específicos y diferenciados que, por su condición de género, la criminalización tiene sobre los cuerpos, las vidas, las luchas y los entornos comunitarios y familiares de las defensoras.

Construida desde la colaboración y participación de las defensoras y redes de defensoras de derechos humanos de Honduras, México y Nicaragua, la investigación también refleja cómo, pese a todo, las defensoras siguen resistiendo y persistiendo en sus luchas.

México: A 10 años de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, nos siguen faltando 43 

Las Américas, 27 de septiembre de 2024. Ha transcurrido una década desde la detención y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, un centro de formación de docentes ubicado en Ayotzinapa, Tixla, estado de Guerrero, México. A lo largo de estos 10 años no ha habido justicia y los avances han sido posibles por la lucha inclaudicable de los padres y madres.

La investigación de la desaparición de estos jóvenes, un gravísimo caso de violencia estatal en México, en un primer momento fue dolosamente desviada para encubrir a los responsables. A pesar de las solicitudes de los padres y madres, de sus representantes y de las autoridades fiscales, no ha sido posible el acceso pleno a información militar indispensable para esclarecer los hechos y determinar el paradero de los jóvenes. Al respecto, en agosto de 2023 el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa fue claro en señalar que el ejército mexicano contó con información sobre la detención y desaparición de los estudiantes y a pesar de esto, decidió no actuar. Los expertos señalaron también la persistencia de mentiras y engaños para encubrir a los responsables y tergiversar la verdad de lo sucedido.

En este aniversario CEJIL se une a las voces que reconocen el inmenso coraje y valentía de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos que no han cesado en su búsqueda de justicia y en su clamor por recuperar a sus hijos. Con ellas y ellos, nuestra solidaridad.

De igual manera, expresemos nuestro reconocimiento a las organizaciones que acompañan a las familias en esta lucha: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Serapaz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Estas organizaciones han sufrido acoso e intentos de desprestigio por su labor de defensa de los derechos humanos.

La desaparición forzada es un crimen que no cesa hasta en tanto no aparezcan las personas o se esclarezca su paradero. Pero, sobre todo, es una herida que no se cierra, una espera que no termina, un dolor que no encuentra alivio. Por eso, en este 10 aniversario, retomamos las demandas de familiares y organizaciones:

A las autoridades encargadas de impartir justicia, exigimos el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la identificación, juicio y en su caso sanción, de todos los responsables, tanto en la esfera civil como militar. En este proceso es indispensable asegurar investigaciones independientes y rigurosas.

A las autoridades militares, demandamos la entrega de todos los archivos en su poder relacionados con este caso, pues está claro que tienen información que puede agilizar las investigaciones.

Y a quienes asumen el nuevo gobierno, le solicitamos vehemente que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de las familias y las organizaciones que las representan, especialmente garantizar la independencia de las investigaciones para que la verdad prevalezca en este caso. Es indispensable en el proceso que se reconozca y respete la legitimidad de la defensa de los Derechos Humanos y cesen los ataques a las organizaciones.

Finalmente, reiteramos la exigencia de que se determine el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. Les faltan a sus familias, le faltan a México, nos faltan a toda la humanidad.