Costa Rica participa activamente con su liderazgo en el continente
El estado de situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en América Latina forma parte de un proyecto de capacitación que participa la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica con entidades homólogas a través de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).
La intención no solo es que funcionarios/as de las Defensorías analicen los principales desafíos que enfrenta la población afrodescendiente de la región sino también que los participantes puedan reconocer los principales retos, problemas y afectaciones en cada país para un adecuado abordaje y protección.
El programa incluye el conocimiento del contexto histórico, económico y político de la población afrodescendientes con un enfoque de derechos humanos y su realidad actual, así como los instrumentos naciones e internacionales más relevantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el tema de la lucha por la tierra, territorios y recursos naturales y el estudio de casos puntuales en Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, entre otros.
Este esfuerzo de trabajo colaborativo entre la Defensoría de los Habitantes, la Asociación de Mujeres Afrocolombianas (AMUAFROC), la Articulación para el Decenio Afrodescendiente (ALDA) y RINDHCA, se propicia en el marco del proyecto de fortalecimiento de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe en el diálogo de seguimiento y evaluación de la agenda del Decenio Internacional Afrodescendiente, liderado por AMUAFROC.
Para la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Angie Cruickshank, esta cooperación es fundamental para fortalecer las líneas de acción e incidencia de las instituciones nacionales de derechos humanos de la región en la protección y promoción de los derechos de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
En febrero de 2020, Jehry Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente, la vida y los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinado durante un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo debido a la falta de justicia. En 2023, Juan Eduardo Barrera, quien confesó públicamente ser el autor del crimen, fue condenado a 22 años de prisión, pero el Tribunal de Cartago lo liberó tras una apelación de sus abogados. Este fallo dejó una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en Costa Rica.
Hoy, 16 de septiembre, nos encontramos en la recta final del juicio, un momento decisivo para Costa Rica. Es esencial solidarizarnos con Doña Digna Rivera y la Red de Mujeres Rurales, quienes han apoyado y vigilado todo el proceso judicial. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar que la muerte de Jehry no quede impune, retomando las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, proteger los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer las políticas ambientales que Jehry defendía con tanto fervor. La sociedad exige que los tribunales actúen con firmeza para hacer justicia en favor de quienes luchan por el ambiente y de las víctimas de un Estado racista que no protege sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú sigue siendo una deuda pendiente del Estado costarricense con la comunidad ecologista. Este tratado busca garantizar en América Latina y el Caribe el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, siendo el primero de su tipo en el mundo. En los últimos años, diversos territorios han sido escenario de conflictos y agresiones, lo que refleja las constantes amenazas a las personas indígenas defensoras de sus tierras en Costa Rica. La memoria de líderes como Sergio Rojas y Jehry Rivera sigue presente, así como las luchas en Salitre, Térraba y China Kichá, donde las personas indígenas enfrentan hostigamientos debido a la ocupación ilegal de sus tierras ancestrales por empresas y personas no indígenas.
La demanda de justicia por Jehry y por los pueblos indígenas continúa como un grito urgente que exige respuestas claras y acciones concretas para proteger sus derechos y territorios.
Se invita al público en general a conocer más sobre la problemática que sufren los pueblos indígenas a través del video disponible en la plataforma de YouTube:
El 13 de septiembre de 2024, el Programa Alternativas ofreció un análisis en vivo de las políticas públicas de igualdad de género en Costa Rica. La transmisión, que tuvo lugar a las 18:00 horas (UTC-6), se realizó a través de plataformas en línea como Facebook Live, YouTube y Spotify. Además, el programa fue retransmitido por diversas emisoras de radio, incluyendo 107.1 FM Radio Actual, Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía y Radio Revolución, garantizando así una amplia cobertura y accesibilidad a la discusión.
El panel estuvo conformado por tres destacadas expertas en el ámbito de la igualdad de género y políticas públicas. Las invitadas incluyeron a María Jesús Zamora Cruz, licenciada en Sociología y activista feminista; Irené Barrantes Jiménez, máster en política pública y género; y Vivian Solís Espinoza, especialista en derechos humanos y género.
El programa hace un acercamiento sobre el estado actual de las políticas de igualdad de género en Costa Rica, y destaca la importancia de este análisis en un momento de cambio global y nacional, asimismo, se hizo un llamado a la acción conjunta para enfrentar los retos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
María Jesús Zamora Cruz subrayó la importancia de continuar con la investigación y el activismo para asegurar que se respeten los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género. En su intervención, destacó el valor de las alianzas y redes de apoyo entre mujeres como una herramienta clave para fortalecer los esfuerzos hacia la igualdad de género. Durante su presentación, Zamora compartió datos reveladores sobre la situación de las mujeres en el Cantón de Poás, evidenciando que son mayoritariamente responsables de las tareas domésticas y de cuidado, sin recibir reconocimiento.
En el ámbito económico, expusieron las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a empleos dignos y remunerados. Tanto las asalariadas como las emprendedoras deben lidiar con la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, las condiciones laborales precarias y la falta de apoyo al comercio local. En el ámbito político, Zamora destacó los obstáculos que enfrentan las mujeres, como la violencia política, la subestimación de su trabajo y la priorización de candidaturas masculinas, lo que limita su participación y representación.
Irené Barrantes Jiménez aportó una perspectiva cultural, resaltando la necesidad de que las políticas públicas de igualdad de género se integren con las iniciativas culturales para ser más efectivas. Señaló la importancia de la voluntad política y el apoyo financiero para implementar cambios significativos en la política de género. Barrantes enfatizó la necesidad de pasar de una igualdad normativa a una igualdad sustantiva, que se refleja en la vida cotidiana de las mujeres. Hizo un llamado a las municipalidades a realizar diagnósticos similares al presentado por Zamora, con el objetivo de identificar las necesidades locales y promover la equidad de género en cada comunidad.
Por su parte, Vivian Solís Espinoza abordó la importancia de la voluntad política en la asignación de recursos y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Subrayó la necesidad de un acompañamiento técnico adecuado y de una rendición de cuentas efectiva en las municipalidades y otras instituciones gubernamentales. Solís hizo énfasis en que las municipalidades, como encargadas de ejecutar estas políticas a nivel local, deben seguir el mandato gubernamental y la normativa internacional suscrita por Costa Rica. Además, llamó a tomar acciones concretas para garantizar una implementación real y efectiva de las políticas públicas.
Este espacio concluyó con un llamado a la acción, destacando que la desigualdad de género es un problema profundamente arraigado y naturalizado en la sociedad costarricense. Para lograr un cambio real, es fundamental que tanto las instituciones como la sociedad civil trabajen en conjunto para implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género. Se resaltó la importancia de la sororidad, el autocuidado y la justicia integral en la lucha por los derechos de las mujeres, subrayando que, aunque el camino es complejo, la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados son esenciales para alcanzar una sociedad más equitativa.
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas,
Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas 13-IX-24 Fiesta de San Juan Crisóstomo
Con el paso del tiempo, los costarricenses hemos sido capaces de construir una sociedad cada vez más inclusiva que ofrece mayores oportunidades y mejor calidad de vida a: adultos mayores, niñez, población en condición de discapacidad y mujeres. Es decir, prácticamente la mitad de la población no poseía las mejores condiciones para desarrollarse plenamente.
En la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII surge la proclama de los derechos humanos universales, reivindicando la existencia del ciudadano, ante el poder del monarca. El pueblo pasa a ser el soberano, en vez de un rey o figura similar. Francia y Estados Unidos, luego Haití, avanzan en esa dirección, reconociendo la existencia de derechos inalienables para todas las personas, sustentados en la libertad y en un claro delineamiento de lo que serán las relaciones entre el individuo y el Estado. Un Estado que ya no es absolutista ni unipersonal, sino que será democrático y bajo el principio de delegación. Las personas decidirán cada cierto periodo quiénes serán sus gobernantes, y sobre ellos descansa velar por la consecución del Bien Común y el progreso de los pueblos a la luz de la doctrina democrática.
De manera que los derechos humanos en su conjunto, están asociados a los logros históricos de los pueblos de luchar por mejores condiciones de vida y que implica el reconocimiento del derecho a la vida y a la libertad en primera instancia, posteriormente al derecho a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y la promulgación de deberes por parte del estado de proveer derechos como el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno para la población, especialmente la más necesitada. A la luz de este nuevo contrato social que surge entre semejantes, también se adquiere conciencia para financiar un estado que brinde los servicios más elementales para que la sociedad en su conjunto, funcione y surja el respeto a la ley, a la libertad a poseer bienes propios.
Surge el pago de tributos como tal. En el caso de Costa Rica, inicialmente, tras la independencia, para financiar gastos militares, policiales, mantenimiento de aduanas y la burocracia encargada de ello. Posteriormente, a partir de 1850 en los gobiernos de Mora Porras y Castro Madriz, empieza a aparecer el financiamiento de la educación como uno delo rubores más importantes en los presupuestos del Estado, sea poder ejecutivo o incipientes municipios que surgen en comunidades más organizadas. Se requiere contratar maestros, pagarlos y darles un espacio físico donde impartir sus lecciones a niños y párvulos. Hasta antes de 1885, sólo primaria, una escuálida Universidad de Santo Tomás y el colegio San Luis Gonzaga. Luego, tras la reforma de don Mauro y ponerse en práctica las ideas de don Julian Volio Llorente, con mayor participación activa del estado en lo público, surgen otros liceos como Instituto de Alajuela, Liceo de Costa Rica, Liceo de Heredia, Liceo de Señoritas, y escuelas en los municipios cabeceras de provincia y otros. Hay una gran claridad entre los gobernantes de nuestra época, sobre la importancia de impulsar la educación, facilitar el acceso a ella de la mayor parte de la población y que a partir de ahí se garantice el disfrute de otros derechos para la población. Además una población más alfabetizada, aún en una sociedad agrícola como la nuestra, a fines del siglo XIX e inicios del Siglo XX, con una incipiente industria y actividad comercial, es mucho más productiva. En la década de los veinte, surge la secretaría de Salubridad Pública y algunas leyes en protección de los derechos de los trabajadores. Allí el magisterio nacional jugó un papel muy importante, pues descubrió que la calle es otro espacio de lucha para las propuestas y reformas, y pode avanzar de esa manera, en el desarrollo social del pueblo. Se descubre la fuerza de la unidad y poder arrancar al poder político ciertas conquistas, sea a través de la promulgación de leyes más justas o de la negociación franca y transparente. El pueblo avanza con mayor acceso a servicios de educación y de salud. En esos mismo años veinte -hace cien años- llega el turno por mejores condiciones laborales, consolidar una jornada ordinaria, un salarios mínimo y un régimen de protección social que garantice una mejor atención en la vejez, la maternidad y ante la enfermedad.
La búsqueda de mejores condiciones de vida para la mayoría de la población, nunca ha sido una concesión graciosa de clase dominante alguna, sino que obedece a la legitima aspiración de los pueblos de buscar el Bien Común y emprender todas aquellas acciones que se consideren válidas. Surgen como una lucha contra la tiranía, en lo civil y lo político y luego se van configurando en lo económico, lo social, lo cultural. Mucho de lo cual queda plasmado tras la fundación de la Segunda República, en 1948, hasta la mitad de la década de los ochenta. Durante ese lapso las aspiraciones del pueblo costarricense, se han visto en mucho concretadas a través de la apertura de colegios y escuelas por todo el territorio nacional, la creación de clínicas y hospitales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y en el último cuarto del siglo veinte, la creación de sedes universitarias públicas y privadas que contribuyen a atender la brecha educativa en ese nivel, entre zonas rurales y urbanas, y la aparición de muchos puestos de salud, gracias a la estrategia Hospital sin Paredes. Así como brindar servicios de agua potable, letrinización, electricidad y telecomunicaciones a todo el país. Donde el Estado, para el servicio del sector privado, la producción y de la población, ha sido capaz de desarrollar diversas redes de servicios en rutas terrestres, cabotaje, y otras.
Durante todo ese periodo hemos disfrutado de gobernantes conscientes de esa ruta de crecimiento, desarrollo y bienestar y profundización de la convivencia democrática y la paz social.
Todo ello depende y dependerá de que NO DEJEMOS de invertir en lo social: salud educación, vivienda, alcantarillado, seguridad social. Los logros históricos que poseemos como pueblo costarricense, están fuertemente inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, en el pensamiento de pontífices como León XIII y Pablo VI. Esta exitosa cosecha no ha caído del cielo. Son fruto del esfuerzo de muchas décadas de apoyar y decidir sobre lo mismo, lo bueno, lo sano, lo justo. No nos debemos de cansar de preocuparnos por los demás, por los más desfavorecidos, los pobres, enfermos, inválidos y adultos mayores. Para eso pagamos impuestos y permitimos que parte de la riqueza que generamos, vayan a la atención de esas necesidades sociales para combatir la desigualdad y permite cerrar brechas de todo tipo.
Es decir, el edificio social construido con tanto esfuerzo, generosamente por varias generaciones, con grandes acuerdos nacionales, donde tejer esos acuerdos significa renuncia de alguien o algunos a algo, ha prevalecido sensatamente el fin último a perseguir; que es vernos todos como hermanos y forjar una patria en la que quepamos todos, que no se parezca mi país a un latifundio de gamonal. Llegar hasta aquí ha costado, y es por mucho, fruto del ahorro nacional. Estas condiciones no son inmóviles ni un regalo de nadie, o sea hay que cuidarlas y mantener los estándares de desarrollo social que hemos alcanzado con el paso del tiempo.
Pero si no hay inversión social, si no seguimos construyendo escuelas, buenas carreteras y atender la salud y la vejez como corresponde, veremos un marcado deterioro social. Que a su vez tendrá un impacto en las condiciones de equidad, seguridad, generación de empleo y búsqueda de oportunidades.
La incapacidad de llegar a acuerdos va a ser que aparezca el conflicto y la discordia. De ninguna manera debemos de permitir que ambos afloren en las relaciones entre las personas; con su insana y nada conveniente presencia, estamos a un paso que sea la violencia, el odio y la intolerancia quienes sustituyan las pacificas armas del diálogo y la paz social. Ello conduciría a una involución ante tanto progreso social que hemos logrado en la construcción de una sociedad más justa y solidaria; y el destructivo fantasma del retroceso estaría a la vuelta de la esquina.
Hoy preocupa imaginar, qué destino le espera a nuestra niñez y juventud, cuando en mi país, cada día 136 mujeres solicitan medidas cautelares ante la violencia intrafamiliar existente. Eso equivale vergonzosamente a más de 60 mil denuncias a año, dicho de otra manera, más de 5 por hora. ¡Qué horror! La degradación a la que nos estamos exponiendo en los últimos años, enciende las alarmas de que algo no lo estamos haciendo bien. Es penosa y descarnada expresión de una sociedad enferma, que pareciera irse quedando sin salidas.
No permitamos de ninguna manera, que nos inunde el sentimiento de derrota. Ese no es nuestro espíritu ni ese ha sido nuestro talante histórico. Eso sí, solo juntos podemos salir de allí y seguir construyendo.
Nuestra institucionalidad debe estar al servicio de la búsqueda del Bien Común, y como fin, debemos perseguirlo siempre y ahora. No claudiquemos, no tenemos ese derecho. Con el discernimiento espiritual que tenemos desde la fe, podremos retomar el camino. Debemos de ser capaces no sólo de ver las cosas, sino además de juzgar y actuar. Actuar con decisión y determinación desde cualquier espacio que ocupemos como ciudadanos.
Ante tan apremiante circunstancia, tal y como aconseja San Pablo, en la primera carta a los Corintios, ser indiferentes, no nos es lícito, no es una opción. Con sagacidad y humildad debemos retomar la ruta de la solidaridad que siempre nos ha hecho distintos.
Este 13 de septiembre de 2024, se llevará a cabo un análisis en vivo sobre las políticas públicas de igualdad de género en el país, con un panel de invitadas expertas en el tema. El evento será transmitido a las 18:00 horas (UTC-6) a través de plataformas en línea como Facebook Live, YouTube y Spotify.
Panel invitado:
María Jesús Zamora Cruz Licenciada en Sociología, investigadora social, gestora de proyectos y estudios de género, activista feminista.
Irené Barrantes Jiménez Máster en política pública y género, gestora cultural, artista plástica.
Vivian Solís Espinoza Máster en formulación, evaluación y gerencia de proyectos, especialista en Relaciones Internacionales con énfasis en derechos humanos y género.
Retransmisión: El evento también será retransmitido por varias emisoras de radio, como:
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presenta una denuncia ante la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, señalando un posible conflicto de interés de los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y Erick Méndez Monge, quienes forman parte de la sociedad responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health Consultors Novel y han sido nombrados interventores del CENDEISSS. ANEP solicita su remoción, la anulación de sus actos y una investigación exhaustiva.
A continuación, presentamos el documento de denuncia formal enviado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):
LA VERDADERA DEMOCRACIA ES LA DEL PLENO RESPETO A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS
San José, 11 de septiembre de 2024.
S.G. 21-25-3176-24
Licenciada
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
Presidenta Ejecutiva
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
ASUNTO: Denuncia.
Estimada señora:
Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Como es de conocimiento público, la organización que representamos ha venido generando una serie de gestiones en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante la Fiscalía, Contraloría General, auditoría interna, Defensoría, entre otras instituciones.
Así las cosas y siendo público y notorio que los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y el señor Erick Méndez Monge, forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health Consultors Novel, y que estos, a su vez, han sido nombrados por su autoridad como interventores del CENDEISSS, lo cual podría conformar un cuadro fáctico de un posible, pero inminente, conflicto de interés que impone a todas luces ser puesto a derecho, considerando que:
Los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y el señor Erick Méndez Monge (este último por extensión); forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health consultors novel, según consta en el Registro de la Propiedad.
Los funcionarios Dominique Guillén Femenias, Gerick Jiménez Pastor y Erick Méndez Monge, hasta donde entendemos, han sido nombrados como interventores del CENDEISSS, lo cual podría conformar un cuadro fáctico de un posible, pero inminente conflicto de interés.
Ese presumible cuadro fáctico que en principio podría conducir a la consolidación de un escenario de conflicto de interés, encuentra asidero en la siguiente prueba documental:
Sesión No. 9335 del 18 de mayo del 2023.
Oficio SJD-CJD-0002-2023 del 10 de mayo de 2023.
Oficio GG-CENDEISSS-0325-2023, con fecha del 15 de mayo del 2023,
Oficio INTERVENCIÓN-CENDEISSS-0014-2023, del 5 de junio y
Sesión No. 9347 del 19 de junio del 2023, en la cual la Junta Directiva de la CCSS, ratifica como interventores a Doctora Dominique Guillén Femenias y al Doctor Gerick Jiménez Pastor.
Los hechos supra evidencian un posible conflicto de interés de orden administrativo y ético, ya que al constituirse en interventores del CENDEISSS, sus funciones rozan con las funciones que tiene el área de bioética de esa unidad, pues ahí, entre otras cosas, se tramitan asuntos relativos a la aprobación de proyectos de investigación biomédica.
El Doctor Gerick Jiménez Pastor, es funcionario de la Dirección de Farmacoepidemiología, dependencia donde se tramitan aprobaciones de medicamentos.
Ambos casos al parecer presentan una relación con el quehacer institucional y a su vez no es descartable que formen parte de las presuntas actividades de la sociedad de responsabilidad limitada, cuyo nombre, es ahora de manejo público.
Ante tales circunstancias y siendo que existe documentación probatoria sobre el presunto conflicto de interés, estamos formalizando ante su autoridad la presente denuncia relacionada con los tres funcionarios supra, solicitándole en el marco de la ética, transparencia, la asertividad y la rendición de cuentas, que caracteriza a la ANEP, lo siguiente:
La remoción de los funcionarios Guillén, Jiménez y Méndez, de todo tipo de funciones relacionadas con las actividades registradas por la empresa constituida por ellos.
Anular todos los actos realizados por estos en su condición de interventores del CENDEISSS, y,
Ordenar las investigaciones pertinentes que determinen las sanciones correspondientes para estos funcionarios de tan alto nivel, por este presunto grado de conflicto de interés según las leyes aplicables.
Sin otro particular, se suscribe,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
cc.: Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
cc.: Licda. Vilma Campos Gómez, Gerente General, CCSS.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) ha emitido un pronunciamiento sobre las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, realizadas el pasado 28 de julio de 2024. En la sesión ordinaria No. 15-2024 del Consejo de la Facultad, llevada a cabo el 2 de septiembre de 2024, se abordaron los hechos relacionados con la elección y las controversias posteriores. Según los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro resultó ganador con el 51,95% de los votos (6.408.844 votos), mientras que Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, obtuvo el 43,18% de los sufragios (5.326.104 votos) con el 97% de las actas escrutadas. Sin embargo, indica el comunicado, el CNE aún no ha publicado las actas desglosadas por mesa de votación para corroborar estos resultados.
Por su parte, la oposición ha cuestionado los datos oficiales y ha presentado aproximadamente 24 mil actas recolectadas por voluntarios, que representan un 81,7% del total. Según el conteo opositor, González Urrutia habría ganado con el 67% de los votos frente al 30% de Maduro. El Panel de Expertos de la ONU emitió un informe preliminar en el que afirma que el CNE «no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad» esenciales para unas elecciones creíbles. Además, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convalidó los resultados el 22 de agosto de 2024, lo cual fue rechazado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que señala la falta de imparcialidad tanto del tribunal como del CNE. La OEA instó a que se publiquen las actas de la elección desglosadas por mesa y que se realice una verificación imparcial de los resultados. Desde que se conocieron los resultados oficiales, se han registrado protestas masivas dentro y fuera de Venezuela exigiendo transparencia en el conteo de los votos. Estas manifestaciones han sido reprimidas por el gobierno, resultando en 27 personas fallecidas, cerca de 200 heridas y más de 2.400 detenidas hasta la fecha, dice el documento enviado a SURCOS.
La comunidad internacional ha llamado al gobierno venezolano a cesar la violencia contra la población civil disidente y a garantizar la transparencia electoral, situación que no se ha resuelto hasta ahora.
El escrito del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales de la UNA expresa que la crisis política en Venezuela se atribuye a un deterioro de las instituciones democráticas, influenciado tanto por el modelo populista del chavismo como por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Esto ha exacerbado la polarización política y la crisis económica, lo que ha forzado a unos 7,7 millones de venezolanos a abandonar el país, muchos en busca de mejores condiciones de vida o para huir de la persecución política. En Costa Rica, para 2023, se reportaron 29.400 venezolanos, de los cuales solo 11 mil han logrado regularizar su estatus.
Acuerdos del Consejo de la Facultad En respuesta a este complejo escenario, el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA acordó los siguientes puntos:
Instar al gobierno de Venezuela y al Tribunal Supremo de Justicia a detener la represión y la persecución política contra los líderes de la oposición, así como a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión de la población civil que exige el desglose de las actas por mesa de votación. Acuerdo firme y unánime.
Ratificar la importancia de que los partidos políticos respeten la voluntad popular y que el CNE ponga a disposición las actas de todas las mesas de votación para un conteo transparente. Acuerdo firme y unánime.
Instar a los gobiernos extranjeros a no reconocer a ningún candidato como ganador hasta que los resultados finales sean corroborados por los datos de las actas. Acuerdo firme y unánime.
Solicitar al Consejo Universitario de la UNA que se pronuncie oficialmente sobre la situación en Venezuela, exigiendo el respeto a la voluntad popular y a los derechos humanos. Acuerdo firme y unánime.
Fomentar la discusión informada sobre procesos electorales en la Facultad de Ciencias Sociales, reconociendo que la transparencia y la democracia son esenciales para la convivencia pacífica y el respeto al estado de derecho en América Latina. Acuerdo firme y unánime.
Comunicar este pronunciamiento a toda la comunidad universitaria y a las autoridades pertinentes, incluyendo al Dr. Arnoldo André Tinoco, Canciller de la República de Costa Rica. Acuerdo firme y unánime.
Este acuerdo fue firmado por la Dra. Marta Sánchez López, presidenta del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, y «refleja el compromiso de la Universidad Nacional con los valores de soberanía, democracia y derechos humanos».
Información compartida con SURCOS por el profesor Carlos Carranza.
Defensoría presentó coadyuvancia a acción de inconstitucionalidad
La Defensoría de los Habitantes presentó una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en contra del artículo 13 del Código Municipal, por considerar que la modificación de dicha norma disminuyó las garantías institucionales para la consolidación de oficinas municipales dirigidas al aseguramiento, protección y promoción de los derechos de las mujeres y, por ende, es regresivo de los derechos de esta población.
Esta Defensoría considera que todas las acciones estatales deben ajustarse al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos derivadas de los instrumentos jurídicos ratificados, y debe procurar acciones para el cumplimiento de las observaciones finales y recomendaciones emitidas por los órganos de Tratado.
En materia de infraestructura y políticas institucionales para el avance de los derechos de las mujeres, las Oficinas Municipales de la Mujer se constituyen en un medio accesible y disponible para ellas en toda su diversidad y en todas las regiones del país, como una expresión de una democracia consolidada. Se trata de instancias que fortalecen los mecanismos nacionales para el adelanto de los derechos de las mujeres cuyas acciones contribuyen, en el ámbito local, a multiplicar las acciones y responsabilidades ejercidas por el INAMU a nivel nacional, con la coordinación interinstitucional.
La Defensoría estima que parte de las acciones generadas desde las Oficinas Municipales de la Mujer han coadyuvado a los esfuerzos que a nivel nacional debe implementar el INAMU y el resto de las instituciones que ostentan responsabilidades derivadas del ordenamiento jurídico, y de las acciones contenidas en la Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2018-2030 y Política Nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades.
Es por eso que, el fortalecimiento de estas oficinas propicia la generación de indicadores específicos respecto a la vigencia de los derechos de las mujeres en el ámbito local, así como la recopilación de datos, permite la coordinación interinstitucional para asegurar que todas las entidades involucradas trabajen de manera coherente hacia los objetivos de igualdad de género, desde el ámbito local.
También ayuda a la construcción de acciones para atender la resistencia cultural y los prejuicios de género existentes que pueden influir en la implementación y monitoreo de políticas públicas con perspectiva de género, brindan capacitación continua para el funcionariado público y las organizaciones de la sociedad civil a nivel local en temas de género y derechos de las mujeres, facilita la participación activa de la sociedad civil, especialmente de organizaciones de mujeres, para proporcionar un monitoreo independiente y constructivo de las políticas de género y de la gestión de los servicios institucionales en materia de derechos de las mujeres, especialmente en violencia de género, promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos asignados y permite facilitar el acceso a mecanismos efectivos de denuncia y respuesta a las necesidades de todas las mujeres.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Entrevista a Pablo Ruiz, miembro del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile; de la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza CONVIDA-20, y parte de la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN.
EI: A 51 años del golpe de estado en Chile ¿cómo evalúa la situación de los derechos humanos en el país?, ¿seguimos teniendo justicia en la medida de lo posible?
PR: en primer lugar señalar que a 51 años del golpe de Estado, los familiares y las agrupaciones de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos siguen luchando por conocer toda la verdad y lograr justicia total, lo que demuestra que se ha avanzado lentamente desde el retorno a la “democracia” desde 1990 hasta hoy. Muchos familiares han muerto sin obtener justicia, muchos familiares de detenidos desaparecidos aún desconocen el destino de los suyos.
El año pasado el gobierno lanzó un Plan Nacional de Búsqueda de quienes sufrieron desaparición forzada y desde el anuncio hasta hoy no han habido resultados concretos, no hay equipos nuevos que estén operando, buscando a nuestras y nuestros detenidos desaparecidos, no hay avances en la identificación de los restos óseos que están en manos del Servicio Médico Legal, lo que demuestra que todo ha seguido en la “medida de los posible”.
Sería muy largo responder cómo estamos en materia de derechos humanos. Sólo quisiera agregar algunos hechos importantes: han seguido registrándose casos de tortura, abuso policial, desaparición forzada; siguen existiendo presos políticos, chilenos y mapuches, en las cárceles; aún hay muchas familias sin acceso a la vivienda, a un trabajo digno, siguen las largas listas de espera en los hospitales. En otras palabras, sigue existiendo desigualdad en Chile.
En la marcha por los Derechos Humanos del pasado 8 de septiembre, la policía volvió a reprimir, lanzando incluso gases lacrimógenos a los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.
EI: Y sigue la Constitución de 1980…
PR: Claro que continua y es una vergüenza que Chile, que se declara un país democrático, siga siendo regido por la Constitución de 1980 impuesta por la dictadura encabezada por Pinochet. Si bien es cierto, hubo posibilidades de cambiarla, los poderes reales, la derecha, la oligarquía, y muy posiblemente las agencias estadounidenses, realizaron una enorme campaña del terror, desinformativa, psicológica, con un alto financiamiento, para confundir e influir en la población para que rechazara la primera y mejor propuesta constitucional. El interés de los grandes poderes es que se mantenga la desigualdad y el modelo neoliberal que garantiza sus privilegios y negocios.
EI: ¿Cuál cree que es la señal que está dando el gobierno de Gabriel Boric al permitir que su Ministra de Defensa se reúna con destacados generales del Comando Sur de los Estados Unidos y se firme, además, un acuerdo de “cooperación” en materias de seguridad y otros temas estratégicos para la defensa del país?
PR: La señal para Estados Unidos y el mundo es que nuestro país sigue bajo el mandato estadounidense y que somos dependientes de ellos, tanto a nivel económico como político. Para nosotros, es una vergüenza que Chile, que su Ministra de Defensa y que el gobierno, se reúnan y firmen acuerdos militares de “cooperación” con el Comando Sur, con los Estados Unidos, que es uno de los principales responsables del golpe de Estado en Chile. Es una vergüenza, además, porque Estados Unidos sigue siendo el mismo de antes, el que ayer conspiró contra Salvador Allende, que entrenó a los agentes de la DINA y la CNI, hoy sigue conspirando y atacando a naciones hermanas. Sigue la militarizando del mundo, siguen las guerras, y Estados Unidos es responsable.
EI: ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos en América Latina y dónde están desplegadas?
PR: Se estima que en América Latina existen más de 70 bases militares y no me refiero únicamente a las típicas, como la que existe en Guantánamo – contra la voluntad de Cuba – o la que existe en Honduras, en Soto Cano, o las que existen en Colombia. También consideramos bases a todos los radares, a los acuerdos para usar pistas de aterrizaje; la base NAMRU-6 en Perú que hace investigación de enfermedades infecciosas y que representa un peligro para todo el continente. También existe presencia militar y la base en las Islas Malvinas por parte de Reino Unido, la OTAN. Existe una fuerte presencia militar estadounidense y ejercicios militares conjuntos permanentes. A esto debemos sumar que EE.UU. sigue dando entrenamiento a militares y policías en la nueva Escuela de las Américas, la que actualmente se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés). También existe la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), que opera en El Salvador, y donde se forman policías, fiscales y jueces de América Latina. En fin, de distintas formas EEUU sigue manteniendo su influencia y hegemonía en nuestro continente como el “gran hermano” que se siente.
EI: Cambiando de tema, ¿Cómo se podría resolver el conflicto entre palestinos e israelíes para alcanzar la paz?
PR: Este tema es muy complejo, ya que el Estado de Israel fue creado en territorios del pueblo palestino. Entonces, la única solución es que Israel devuelva todas las tierras que son palestinas, libere a todos los prisioneros palestinos, y cese la violencia contra la población. Para que esto ocurra, Israel debería dejar estas tierras, debería comprar o llegar a acuerdos con otros países para disponer de territorios, en otra parte del mundo, para establecerse, y sin duda es un ese es un escenario muy complejo.
La otra alternativa, es que pudieran convivir pacíficamente en los territorios asignados por la ONU, que entregó, en 1947, una parte de las tierras palestinas a Israel. Para eso deben llegar a un acuerdo y lo principal, debe cesar la violencia contra el pueblo palestino y la acción de los colonos israelí que se han ido apropiando de territorios que habían sido asignados a los palestinos.
Ha sido muy triste, muy desgarrador, la guerra contra el pueblo palestino. Han sido asesinados principalmente mujeres y niños. En este conflicto, Estados Unidos es responsable ya que financia y envía armas al ejército israelí.
EI: ¿Qué piensas del conflicto entre Ucrania y Rusia?
PR: Nosotros lamentamos esta guerra provocada entre dos pueblos que han sido hermanos. Comenzó el 2014, cuando Estados Unidos apoyó e instigó un golpe de Estado en Ucrania, las nuevas autoridades comenzaron a perseguir a la población lingüística y culturalmente rusa en el Donbás, y a pesar de que se firmaron los acuerdos de Minsk, el 2014 y 2015, para cesar la violencia y donde se comprometían a dar autonomía a esta zona, siguieron asesinando a ucranianos-rusos, incluyendo a muchos niños. El gobierno ucraniano no respetó los acuerdos. A eso, debemos sumar que Ucrania se fue militarizando y que tiene la intención de ingresar a la OTAN, que quiere tener armas nucleares. Toda esta situación fue vista como amenaza por Rusia y finalmente se desencadenó la guerra que dura hasta el día de hoy.
Esta guerra ha sido provocada, detrás de ella se encuentra Estados Unidos, hay intereses geopolíticos, económicos, de dominación. Por un lado, y desde mucho antes, se tiene la intención de destruir a Rusia, de debilitarla, de ponerla de rodillas, y para este plan se está usando a Ucrania. Por otro lado, Estados Unidos, ha logrado mediante las sanciones, que Europa deje de comprar gas y petróleo a un precio muy económico a Rusia y comprárselo a ellos. La guerra ha beneficiado también al Complejo Militar Industrial de los Estados Unidos. Estados Unidos no quiere una Rusia con poder ni menos que Europa vaya creciendo. Algo parecido, está ocurriendo contra China que EE.UU. también quiere destruir.
Tanto Estados Unidos como la OTAN están muy involucrados en la guerra en Ucrania contra Rusia. Pedimos un alto al fuego y negociaciones de paz ahora.
EI: ¿Cómo llegamos a este momento en que la presencia militar de Estados Unidos en América Latina se justifica mediante el combate a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo?
PR: Mi pensamiento es que Estados Unidos siempre va tener o encontrar un pretexto para seguir militarizando y controlando el mundo. En teoría, nos quiere supuestamente ayudar y proteger, pero realmente no hay más que su intención de mantener su dominio, hegemonía, el destino manifiesto. Tanto las drogas, el crimen organizado, como el fenómeno del terrorismo son posibles por la presencia del modelo neoliberal que destruye y deshumaniza a la persona.
EI: ¿Qué esfuerzos se están realizando para detener la militarización del continente?
PR: Existen muchas organizaciones en todo el mundo que trabajan por la paz. Entre ellas está el Consejo Mundial por la Paz, la Red Internacional No a la Guerra No a la OTAN, la Alianza CONVIDA-20 o el Servicio Paz y Justicia por toda América Latina, que realizan acciones para denunciar la militarización, para oponerse al gasto militar, para oponerse a la guerra y promover una cultura de paz. Es una vergüenza que nuestros países y en todo el mundo se gasten enormes sumas de dinero en armas para la muerte mientras, no hay trabajo, no hay hospitales, no hay buena educación, hay niños y personas viviendo en la calle. Queremos un mundo en el que podamos vivir como hermanos y recordando a Víctor Jara, tenemos El Derecho de Vivir en Paz.
Foto Archivo: Pablo Ruiz al lado izquierdo del ex sacerdote Roy Bourgeois fundador en Estados Unidos del movimiento contra la Escuela de las Américas (2015).
Hace más de 40 años las comunidades de Río Jiménez sufren el impacto en todas las dimensiones de su vida, a razón de que el Estado costarricense les niega el derecho humano que les ampara de contar con vías de tránsito en estado óptimo para movilizarse, de manera segura, sin exponer diariamente sus vidas y salud integral.
El Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) manifiesta su solidaridad y respaldo a las gestiones de denuncia y propuesta impulsadas por la Comisión Comunal Pro Asfalto de la Ruta 811, la cual ha sido conformada con participación de representantes de diferentes comunidades para responder y ser voz de todas las comunidades afectadas, tales como Irlanda, Santa Maria, Santa Rosa, La Lucha, Escocia, La Ligia y muchas más de Río Jiménez y aledañas a dicha Ruta.
“Hacemos eco de las propias voces de mujeres y hombres que se unen en esta justa lucha”, señala MTC:
*Es una ruta de máxima importancia en una zona productora de piña y banano, de producción agrícola y ganadera. Nos hemos visto afectados desde hace más de 40 años por las pésimas condiciones de esta vía. En el verano es un polvazal que afecta la salud, incluso de adultos mayores y de niños con problemas respiratorios, el aseo de la ropa y de las casas que tienen que limpiar día y noche para disminuir dichas afectaciones. Además, en el invierno es un barreal que afecta el diario vivir de todas las familias para movilizarse a trabajar, a los centros de estudios, a los servicios de salud, a la iglesia o ir al supermercado.»
«Siempre hemos tratado de que nos pavimenten esa calle. Hasta el momento ya está aprobada una parte, esperemos en Dios que el trayecto de la comunidad de Inanda y La Ligia si sea tomado en cuenta porque también se encuentra en demasiado mal estado. Demasiados años de espera.»
«Pues hemos dado una lucha constante al organizarnos en nuestras comunidades de Guácimo con los pueblos vecinos. Hemos asistido a sesiones municipales, mandado cartas a Casa Presidencial, al CONAVI, al MOPT, a diputados, a la misma municipalidad. También nos reunimos para analizar el problema y presentar propuestas de solución. Hemos regado nuestra voz por diferentes medios de comunicación.*
«(…) ya no quieren ingresar los colectivos ni las ambulancias, el transporte público está pensando en retirarse, también empresarios y agricultores ven dañados sus camiones, carros, bicicletas y motos totalmente desbaratadas. Está afectando de mil formas el diario vivir de muchas familias, donde las más pobres que son las más afectadas.»
“Todavía se encuentra nada más en papel, hay que verlo hecho realidad y necesitamos que se solucione también la segunda parte de esta ruta ya que lo presupuestado por JAPDEVA solo cubre la primera parte.»
«Y entonces, estamos en la lucha haciendo un esfuerzo para organizarnos, fortalecemos y estar ahí vigilantes. Y si es necesario, definiremos otras medidas de presión que nos permita la Constitución para buscar una solución, una respuesta al problema social, de salud y de todo tipo que nos afecta.»
*Vamos a seguir en esta lucha que comenzamos hace más de un año, el 7 de marzo del 2023, hasta que sea una realidad.»
Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que se pronuncien en solidaridad con esta lucha y exijan al Estado cumplir con sus obligaciones en defensa de los Derechos Humanos de las comunidades de Río Jiménez, Guácimo.
