Las Américas, 27 de septiembre de 2024. Ha transcurrido una década desde la detención y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, un centro de formación de docentes ubicado en Ayotzinapa, Tixla, estado de Guerrero, México. A lo largo de estos 10 años no ha habido justicia y los avances han sido posibles por la lucha inclaudicable de los padres y madres.
La investigación de la desaparición de estos jóvenes, un gravísimo caso de violencia estatal en México, en un primer momento fue dolosamente desviada para encubrir a los responsables. A pesar de las solicitudes de los padres y madres, de sus representantes y de las autoridades fiscales, no ha sido posible el acceso pleno a información militar indispensable para esclarecer los hechos y determinar el paradero de los jóvenes. Al respecto, en agosto de 2023 el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa fue claro en señalar que el ejército mexicano contó con información sobre la detención y desaparición de los estudiantes y a pesar de esto, decidió no actuar. Los expertos señalaron también la persistencia de mentiras y engaños para encubrir a los responsables y tergiversar la verdad de lo sucedido.
En este aniversario CEJIL se une a las voces que reconocen el inmenso coraje y valentía de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos que no han cesado en su búsqueda de justicia y en su clamor por recuperar a sus hijos. Con ellas y ellos, nuestra solidaridad.
De igual manera, expresemos nuestro reconocimiento a las organizaciones que acompañan a las familias en esta lucha: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Serapaz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Estas organizaciones han sufrido acoso e intentos de desprestigio por su labor de defensa de los derechos humanos.
La desaparición forzada es un crimen que no cesa hasta en tanto no aparezcan las personas o se esclarezca su paradero. Pero, sobre todo, es una herida que no se cierra, una espera que no termina, un dolor que no encuentra alivio. Por eso, en este 10 aniversario, retomamos las demandas de familiares y organizaciones:
A las autoridades encargadas de impartir justicia, exigimos el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la identificación, juicio y en su caso sanción, de todos los responsables, tanto en la esfera civil como militar. En este proceso es indispensable asegurar investigaciones independientes y rigurosas.
A las autoridades militares, demandamos la entrega de todos los archivos en su poder relacionados con este caso, pues está claro que tienen información que puede agilizar las investigaciones.
Y a quienes asumen el nuevo gobierno, le solicitamos vehemente que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de las familias y las organizaciones que las representan, especialmente garantizar la independencia de las investigaciones para que la verdad prevalezca en este caso. Es indispensable en el proceso que se reconozca y respete la legitimidad de la defensa de los Derechos Humanos y cesen los ataques a las organizaciones.
Finalmente, reiteramos la exigencia de que se determine el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. Les faltan a sus familias, le faltan a México, nos faltan a toda la humanidad.