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Etiqueta: derechos humanos

Concejo Municipal de Montes de Oca repudia lenguaje violento de Rodrigo Chaves

Por amplia mayoría, el Concejo Municipal de Montes de Oca acordó repudiar “distintas intervenciones donde el presidente de la República, Rodrigo Chaves “instiga a grupos afines a él;  a ir a las calles, si la Sala IV declara inconstitucional la llamada «ley jaguar”. Lo cual, en su criterio, es una clara violación al juramento constitucional de “observar y defender la Constitución y las leyes de la República”, que puede conducir a un intento de rompimiento del orden constitucional.

En su acuerdo el Concejo Municipal de Montes de Oca insta al presidente de la República, a “respetar la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y a acatar estrictamente todas sus resoluciones, les sean o no favorables a sus intereses.”

Además, hacen un llamado a la población costarricense a no cometer acciones violentas contra quienes tengan ideas o posiciones contrarias a las suyas. Repudian la agresión a estudiantes, agricultores y mujeres que se manifestaban pacíficamente en Nicoya, por parte de turbas violentas afines al gobierno; así como la inacción de la Fuerza Pública que permitió tal agresión. Y se solidarizan con el rector de la Universidad de Costa Rica, don Gustavo Gutiérrez Espeleta y con las universidades públicas “que han sido objeto de una violencia verbal sin precedentes por parte del Poder Ejecutivo”. 

La moción que fuera aprobada por 5 votos a favor y 2 en contra, fue presentado por los regidores Jorge Mora Portuguez (Juntos), Marta Corrales (Somos), Enrique Sibaja (PLN), Jorge Espinoza (Gente) Kimberly Ortiz (Gente) y Jessica Mora (PUSC); y tuvo el apoyo del resto de regidurías y sindicaturas que así lo expresaron, a excepción de dos regidurías del PUSC que lo votaron en contra. 

A continuación, el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Montes de Oca

Fecha: 29-07-24

Moción de condena ha llamado a la violencia

Regidurías Proponentes: Enrique Sibaja, Marta Corrales y Jorge Mora Portuguez

Suscrita por: Kimberly Ortíz y Jessica Mora 

Considerando:

Primero. Que todas las autoridades electas democráticamente, hemos hecho el juramento de “observar y defender la Constitución y las leyes de la República” (Artículo 194 Constitución Política).

Segundo. Que dada su investidura, el presidente de la República, es el primero en ser llamado a respetar y valer este juramento constitucional, procurando que sus acciones y sus palabras no den cabida a duda alguna sobre su apego al mismo.

Tercero. Que, en días recientes, con suma preocupación, hemos visto distintas intervenciones donde el presidente de la República instigaba a grupos afines a él; a ir a las calles, si la Sala IV declara inconstitucional la llamada “ley jaguar”. Este llamamiento es un irrespeto inaceptable a la división de poderes; a la independencia del Poder Judicial y a sus competencias constitucionales, que deja abierta la posibilidad de un grave rompimiento constitucional.

Cuarto. Que esos discursos cargados de violencia han provocado ya agresiones físicas por parte de turbas violentas afines a la presidencia, contra estudiantes y agricultores que se manifestaban pacíficamente en la ciudad de Nicoya. Agresiones que se dieron a vista y paciencia de la Fuerza Pública que lejos de impedirlas se mofaban del pedido de ayuda que les hacían las personas agredidas. 

Quinto. Que ya en el pasado nuestro país ha conocido el horror de la existencia de grupos de choque y de turbas violentas que socavaron las libertas públicas y violentaron los derechos humanos fundamentales de opositores políticos y de la ciudadanía en general. Algo que nunca más debe volverse a permitir en nuestro país. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:

Primero. Manifestar nuestro más profundo repudio a las declaraciones del presidente de la República, que representan una clara violación a su juramento constitucional de “observar y defender la Constitución y las leyes de la República”

Segundo. Instar al presidente y al gobierno de la República a respetar la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y a acatar estrictamente todas sus resoluciones, les sean o no favorables a sus intereses.

Tercero. Hacer un llamado a la población costarricense a no caer en discursos provocadores y a no cometer acciones violentas contra quienes tengan ideas o posiciones contrarias a las suyas. El respeto al derecho ajeno es la paz. El diálogo, la generación de consensos y acuerdos es el único camino posible. 

Cuarto. Repudiar la agresión a estudiantes, agricultores y mujeres que se manifestaban pacíficamente en Nicoya, por parte de turbas violentas afines al gobierno, así como la inacción de la Fuerza Pública que permitió tal agresión.

Quinto Manifestar nuestra solidaridad con el rector de la Universidad de Costa Rica don Gustavo Gutiérrez Espeleta y con las universidades públicas que han sido objeto de una violencia verbal sin precedentes por parte del Poder Ejecutivo.

Sexto. Instruir a la secretaría del gobierno local para que se difunda este comunicado a través de los medios oficiales de la Municipalidad; así como enviarlo a todos los demás gobiernos locales del país para que se pronuncien en el mismo sentido; a los medios de comunicación; al gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.

Sétimo. Se solicita dispensa de trámite de comisión, Se declare en firme y publíquese.

Es todo.

Estudiantes y activistas solicitan a la Universidad de Costa Rica apoyo en el voto de censura contra la ministra de Educación

Comunicado

En un acto de compromiso con la educación pública y los derechos humanos, un grupo de estudiantes, activistas y representantes estudiantiles han entregado una carta formal al Consejo Universitario y a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica.

La misiva solicita que la institución académica más prestigiosa del país manifieste su apoyo al voto de censura contra la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de julio. Además, se insta al Poder Ejecutivo a proceder con su destitución inmediata.

La carta, firmada por Tiryth Vindas Campos, estudiante de Historia, y Luis Fernando González Marín, estudiante de Ciencias Políticas, en conjunto por otras 22 personas estudiantes, argumentan que la gestión de la ministra ha sido deficiente y perjudicial para el sistema educativo costarricense.

A continuación, se detallan los puntos clave expuestos en el documento:

1. Negligencia en la Administración de Pagos y Beneficios Laborales: La ministra Müller ha fallado en asegurar el pago de componentes salariales esenciales a los trabajadores del Magisterio Nacional, incluyendo aumentos por costo de vida y pagos por lecciones impartidas. Esta negligencia ha dejado a más de 37,000 trabajadores del sistema educativo sin compensación adecuada, acumulando más de 60,000 reclamos pendientes.

2. Apoyo a Recortes Presupuestarios que Comprometen la Educación Pública: La ministra ha respaldado una propuesta para recortar 65 mil millones de colones del presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para 2025. Este recorte afecta directamente el financiamiento educativo, debilitando la infraestructura, programas de bilingüismo, nivelación académica y educación tecnológica, en detrimento de miles de estudiantes y docentes.

3. Falta de Transparencia y Planificación en la «Ruta de la Educación»: A pesar de haber sido anunciada hace dos años, la «Ruta de la Educación» carece de un plan detallado y coherente. La ausencia de una estrategia clara ha generado incertidumbre entre docentes, estudiantes y padres de familia, reflejando una falta de liderazgo y visión por parte de la ministra.

4. Declaraciones Inadecuadas sobre Problemas Críticos como el Acoso Escolar: Comentarios simplistas por parte de la ministra, como que «un niño, una niña, o un joven con buena autoestima no se deja afectar por el bullying», evidencian una falta de comprensión sobre la complejidad del acoso escolar y minimizan las experiencias de las víctimas, además de ignorar la necesidad de enfoques integrales para abordar estos problemas en las escuelas.

5. Impacto Negativo en los Derechos Humanos y Desarrollo Social: La gestión de Müller ha resultado en un deterioro significativo en la calidad y accesibilidad de la educación, derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Costa Rica. La infraestructura educativa en decadencia, el incremento en la exclusión escolar y la falta de inversión en áreas críticas son evidencias de una administración que ha fallado en proteger el derecho a una educación de calidad.

6. Respaldo de la Comunidad Educativa y Otros Sectores: Diversos sectores, incluyendo el Concejo Municipal de Montes de Oca, sindicatos, federaciones estudiantiles y académicos de la Universidad Nacional (UNA), han expresado su descontento con la gestión de la ministra y han solicitado su renuncia. Este apoyo refleja una preocupación generalizada por el estado de la educación en el país y la incapacidad de la administración actual para abordar los desafíos del sistema educativo.

Las personas firmantes de la carta hacen un llamado urgente a la Universidad de Costa Rica para que asuma un rol proactivo en esta situación por lo que solicita que la UCR:

1. Apoye públicamente el voto de censura contra la ministra de Educación y exija su destitución.

2. Promueva un diálogo social inclusivo, considerando la situación crítica actual marcada por ataques a las instituciones públicas y derechos fundamentales.

3. Retome el «Pacto Nacional por la Educación Pública», en coordinación con el Magisterio Nacional, Federaciones Estudiantiles, Universidades Públicas y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Este pacto busca una serie de objetivos cruciales, como:

○ Declarar una emergencia nacional educativa.

○ Asegurar el presupuesto educativo del 8% del PIB anual.

○ Implementar políticas educativas y curriculares vigentes.

○ Mejorar la calidad de la infraestructura educativa y servicios asociados.

○ Fortalecer la educación superior pública y su financiamiento.

○ Asegurar condiciones laborales dignas para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.

Las personas firmantes destacan la importancia de que la Universidad de Costa Rica, como baluarte de los derechos humanos y la educación de calidad, lidere con el ejemplo y tome una posición clara en apoyo a estas demandas. La participación activa de la universidad es vista como crucial para avanzar en la protección de la educación pública y los derechos constitucionales en Costa Rica.

SURCOS comparte la carta enviada a las autoridades de la Universidad de Costa Rica:

Imagen UCR con fines ilustrativos.

Tribunal Internacional de Opinión juzgará caso Palestina

Comunicado

Este sábado 27 de julio de 2024 se realizará la sesión del Tribunal Internacional de Opinión – Trino (conocido también como TIO) para pronunciarse frente a las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Palestina, cometidas a partir del 7 de octubre de 2023.

La audiencia, que será pública, se desarrollará de manera virtual y será transmitida en vivo. En ella participarán magistrados de varios países latinoamericanos que han estado sesionando de manera permanente desde hace tres meses.

El trabajo del TRINO servirá como material para el esclarecimiento de la verdad sobre graves violaciones a los Derechos Humanos realizadas en la franja de Gaza, y se constituye en un instrumento para la formación responsable de la opinión pública nacional e internacional, determinando de manera extrajudicial la responsabilidad política de dichas violaciones.

Como resultado de la sesión del Tribunal se producirá un fallo, que será inapelable y se notificará en estrados judiciales. Se divulgará a la opinión pública internacional por todos los medios disponibles.

Transmisión mediante YouTube de TRINO a partir del inicio de la sesión:

https://youtube.com/watch?v=J7428kHxXMM

Esta es la programación con hora en Greenwich y en Colombia:

Marcha del Orgullo de junio 2024 – video

Video y texto de Voces Nuestras

En Costa Rica, la celebración del orgullo LGBTIQA+ alcanzó un nuevo récord este año con una marcha histórica en las calles de San José. Esta manifestación masiva se llevó a cabo un día después de que el presidente Rodrigo Chávez, destituyera a la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa, por apoyar una declaratoria de interés cultural para la marcha.

La marcha no solo fue un rotundo éxito en términos de participación, sino que también posicionó consignas políticas en apoyo a Palestina y contra todas las formas de violencia machista y patriarcal.

El pasado 30 de junio, las principales calles de San José, Costa Rica, se llenaron de colores, música y consignas políticas. La 15ª edición de la Marcha del Orgullo fue un evento que combinó celebración y reivindicación, en conmemoración del orgullo y los derechos de la población sexualmente diversa.

Se estima que más de un millón de personas participaron en esta marcha histórica, incluyendo familias y organizaciones de la sociedad civil. La multitud diversa llenó las calles con su presencia y sus voces.

Sin embargo, la marcha fue más que celebración. Hubo demandas de un compromiso genuino con los derechos humanos y la igualdad para todas las personas. La protesta fue también crítica con el presidente Rodrigo Chaves, quien tan solo un día antes de la marcha destituyó a dos figuras de su gabinete por declarar este evento de interés cultural, además de señalar sin fundamento que no contaba con los permisos para su realización.

El mandatario también es criticado por su oposición al Proyecto de Ley para prohibir las terapias de conversión, una forma de tortura moderna que pretende cambiar la naturaleza y orientación sexual de las personas.

El Proyecto de Ley fue presentado desde 2018 y cuenta con el respaldo de organizaciones científicas y de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, aún así Chaves junto al partido conservador Nueva República han detenido el avance de esta iniciativa.

Esta es una producción de Yade Montiel y Karlo Bérmudez para Voces Nuestras.

El 27 de julio se reunirá el Tribunal Internacional de Opinión (TRINO) para pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza

Expertos de seis países latinoamericanos darán su veredicto sobre la crítica situación en Oriente Medio

Comunicado

El próximo sábado 27 de julio de 2024 se realizará el Tribunal Internacional de Opinión – Trino (conocido también como TIO) para pronunciarse frente a las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Palestina, cometidas a partir del 7 de octubre de 2023.

La audiencia, que será pública, se desarrollará de manera virtual y será transmitida en vivo. En ella participarán magistrados de varios países latinoamericanos que han estado sesionando de manera permanente desde hace tres meses.

El trabajo del TRINO servirá como material para el esclarecimiento de la verdad sobre graves violaciones a los Derechos Humanos realizadas en la franja de Gaza, y se constituye en un instrumento para la formación responsable de la opinión pública nacional e internacional, determinando -de manera extrajudicial- la responsabilidad política de dichas violaciones.

Como resultado de la sesión del Tribunal se producirá un fallo, que será inapelable y se notificará en estrados judiciales. Se divulgará a la opinión pública internacional por todos los medios disponibles.

Igualmente, se compulsarán copias del veredicto a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al secretario general de la ONU, António Guterres, a Human Rights Watch y a Amnistía Internacional, entre otros organismos.

El TRINO, cuyo presidente es el Dr. Luis Bernardo Díaz Gamboa, contará con la participación de magistrados de Colombia, Argentina, Brasil, Guatemala, Chile y México.

En este grupo interdisciplinario de magistrados se encuentran defensores de derechos humanos, académicos, sindicalistas y reconocidos juristas como: Lurdinha Ginetti, de Brasil; Ixkik´ Chajal Siwan, del pueblo Maya K´iche´; Alicia Cabezudo, de Argentina; Guido Asencio, de Chile, Andrés Eduardo Forero Sandoval, de México.

Por Colombia están Clara Inés Domínguez García, Eduardo Kronfly, Camilo Andrés Rodríguez, Cristian Ibarra, Daniel Bernal y Jaime Araujo Rentería, expresidente de la Corte Constitucional.

El fiscal de la sesión será Carlos Meneses, de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), y el defensor será el abogado German Guevara, reconocido litigante.

Hasta el momento han confirmado su participación como partes e intervinientes: el embajador de Palestina en Colombia, Rauf Al Malki; el representante a la Cámara, Pedro José Súarez Vacca; el médico y periodista, Víctor de Currea-Lugo; el escritor Jorge Restrepo Fontalvo, el representante del Instituto de Estudios Humanitarios (IEH), José Pascual Mora; el experto en el tema Pedro Pablo Salas, y el académico Gustavo Zuluaga, entre otros.

El TRINO (que es apoyado e impulsado por la Facultad de Derecho y por el Grupo de Investigación Primo Levi, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC) es una instancia socio jurídica de la sociedad civil que ofrece un foro especializado para el análisis y la emisión de opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas, éticas, económicas, sociales, pedagógicas y culturales de relevancia internacional.

Su origen se encuentra en el Tribunal Russell, también conocido con el nombre de Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, que se realizó para juzgar los crímenes de Estados Unidos en Vietnam en el año de 1966; posteriormente hubo otros Tribunales Russell para juzgar dictaduras en el Cono Sur de América Latina.

Para ver la audiencia completa vía YouTube haga clic aquí: Tribunal Internacional de Opinión – Caso Palestina

Puntarenas recibió al Peace Boat, un viaje global con voces de paz y testimonios de sobrevivientes

SURCOS comparte el comunicado oficial:

Este jueves 27 de junio arribó a Puntarenas “El Barco de la Paz” en su viaje #117 por el mundo

El Peace Boat o Barco de la Paz, es un crucero con capacidad para 1800 personas que recorre el mundo promoviendo la paz, la abolición de las armas nucleares, los derechos humanos y la sostenibilidad.

La ONG internacional Barco de la Paz, fundada en Japón en 1983, tiene el estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU.

En Costa Rica, las actividades del viaje #117 del Barco de la Paz fueron organizadas conjuntamente entre la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED), la Universidad para la Paz (UPAZ) y la Asociación Mundo sin Guerras y sin Violencia con el evento «Un viaje global con el Barco de la Paz: Voces de paz, testimonios y perspectivas de sobrevivientes», realizado en la sede de Puntarenas de la UNED.

Las palabras de bienvenida de este insigne barco y sus activistas a nuestro país -con una mención especial y homenaje a sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki – estuvieron a cargo de la viceministra de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional de Costa Rica, Lydia María Peralta; la vicealcaldesa de Puntarenas, Adriana Quesada Mora; la jefa de la sede de Puntarenas de la UNED, Sindy Scafidi Ampié; la profesora de la Universidad para la Paz, Stephanie Knox Steiner; y el presidente de la Asociación Mundo sin Guerras y sin violencia, Giovanni Blanco Mata.

Posterior a la recepción, la coordinadora internacional del Barco de la Paz, Sumiko Hatakeyama, se dirigió a las personas asistentes y reconoció la imagen y símbolo que brinda Costa Rica al mundo por haber abolido el ejército y por su contribución en temas ambientales. Posterior a sus palabras, se desarrollaron dos foros: uno con testimonios personales de dos sobrevivientes de las bombas atómicas – Toshiko TANAKA de Hiroshima y Tadayoshi OGAWA de Nagasaki – y otro con testimonios de personas ucranianas sobre la situación actual en su pais.

Para cerrar el primer foro, Mary Dickson, sobreviviente de las pruebas de armas nucleares en los Estados Unidos, narró: “entre 1951 y 1992, Estados Unidos utilizó 928 bombas nucleares en sus ensayos en el sitio de pruebas en Nevada. La lluvia radioactiva tuvo consecuencias trágicas duraderas y de gran alcance en miles de personas que han sufrido graves problemas de salud, daños genéticos e incluso han muerto a consecuencias de la irradiación nuclear”.

En el segundo foro, las jóvenes ucranianas expusieron sus historias y compararon su vida antes y después del inicio de la actual guerra en su país, incluida su decisión de compartir sus perspectivas en el Barco de la Paz para generar consciencia sobre la guerra y pedir un alto al fuego en Ucrania.

Una vez concluido los foros, la delegación del equipo organizador se reunió con la Sra. Hatakeyama del Barco de la Paz para buscar formas de continuar trabajando conjuntamente en pro de la paz, afianzando acuerdos para el futuro.

El Barco de la Paz partió el mismo 27 de junio hacia México, dejando una estela de esperanza por un mundo mejor y un futuro en paz en el cual las armas nucleares hayan sido abolidas permanentemente.

Nicaragua: Pueblos indígenas se encuentran ante un posible “etnocidio”, denuncian ONGs ante la CIDH

11 de julio de 2024.- En el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas denunciaron la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua que desde el año 2018, se ha intensificado debido a un proceso de colonización que, sumado a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”. 

En la audiencia participaron Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo; Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) y de la Fundación del Río; Tsáitami Ordóñez, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y autoridades de la CIDH.

Según el testimonio de Tininiska Rivera, el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del gobierno de autoridades indígenas paralelas. Ello, con el fin de anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal. Asimismo, el régimen no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual deja a 304 comunidades vulnerables a invasiones. 

Inversión extranjera oxigena al régimen 

El Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Esto ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, mientras estos últimos enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos. Sumado a esto, los ataques a comunidades indígenas por colonos armados han aumentado exponencialmente, con 643 casos de violaciones de derechos humanos registrados en los primeros seis meses de 2024. 

Entre los años 2007 y 2022, el sector minero ha recibido $2.524 millones de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano. “Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López. 

En este sentido, el Relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan expresó su preocupación por la «respuesta desvergonzada» de países de la región que son considerados «campeones de los derechos humanos», pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el «caso de Canadá». Todo esto, pese al conocimiento de los abusos y sufrimientos masivos y generalizados en Nicaragua.   

“Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, sostuvo Bulkan, y agregó que es importante «que los Estados y la comunidad internacional no continúen realizando negocios con Nicaragua”. 

Por su parte, el Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este.

“Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables… por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal. 

Impunidad persistente 

El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección, explicó Camila Ormar, abogada de CEJIL. 

Líderes, defensores y defensoras indígenas enfrentan criminalización y persecución. El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran 4 guardabosques Mayangna condenados ilegalmente a cadena perpetua y los liderazgos indígenas Nancy Henríquez y  Brooklyn Rivera, de quien, a la fecha, no se conoce el paradero. 

Asimismo, las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual, psicológica y física. Entre 2018 y 2023, se documentaron 35 casos de violaciones sexuales, y en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres en 15 comunidades. Los colonos secuestran a mujeres y niñas, sometiéndolas a violencia y utilizándolas para reclamar tierras. 

Por su parte, Tsáitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad, expuso que también hay corrupción en los puestos de salud y centros de educación. “Se brinda atención preferencial a quienes tienen carnet del partido oficialista o a colonos… y la desconfianza en las autoridades de salud, los altos niveles de corrupción y el temor a represalias impiden que las comunidades presenten denuncias directamente”, alegó.

Frente a este contexto, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense: 

  • El cumplimiento íntegro de las medidas de proteccióna favor de 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, así como la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos. 
  • Garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones provocados para el despojo de su territorio, cesando también todo tipo de criminalización.
  • Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, velando particularmente por el saneamiento de sus territorios.

Finalmente, llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, a las empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas, asegurando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades. 

La audiencia completa se puede revisar en la página web de la CIDH: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/default.asp?S=190 

 

Imagen: Imagen: https://www.servindi.org

Estreno en Vivo de «Cantos de Batalla»

Profana Latinoamérica

El próximo sábado 27 de julio a las 7 de la noche, La Colmena Gastronomía y Cultura será el escenario del estreno en vivo del álbum «Cantos de Batalla». Este proyecto musical, lanzado el mes pasado, construye una memoria histórica del movimiento ecologista costarricense a través de la recopilación de pregones que han caracterizado distintas campañas en los últimos años.

«Cantos de Batalla» es una obra única compuesta al ritmo de tambores e inspirada en la defensa de los bienes comunes y los derechos humanos. Estos pregones de lucha, nacidos desde la irreverencia y el amor a la ecología y a la vida, han resonado en las calles de Costa Rica, fortaleciendo la resistencia ambiental con la fuerza y magia del tambor. A lo largo de más de 30 años, estos cantos han sido fundamentales para fomentar y alegrar la resistencia que ha permitido a Costa Rica alcanzar importantes victorias ambientales, como la prohibición de petroleras, la minería a cielo abierto, el maíz transgénico y la construcción de represas en los ríos Térraba y Pacuare.

Este evento también rinde homenaje a los 30 años del asesinato de los dirigentes ecologistas Óscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante, integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO). «Cantos de Batalla» es un tributo a su legado y a la lucha que hemos sostenido durante todos estos años en defensa de la vida.

El concierto contará con la participación de destacados músicos:

  • Fabián Pacheco:composición, voz, djembé, ronroco, caracola
  • Oscar Jiménez:guitarra, charango, quijongo guanacasteco y coros
  • Fernando Calvo:bajo eléctrico y coros
  • Mila Acuña:tambora, tambor alegre y coros
  • Anyul Arévalo Acosta:tambor alegre y coros
  • Joseph Jiménez:djembé, tambor chico, tambor llamador, campana, agogó, triángulo, güira y coros
  • Javier Alvarado Vargas:dirección musical, guitarra, guasá y coros

Además, contaremos con la presencia de invitados especiales:

  • La Voz Nativa
  • Luz María Romero

La producción del concierto está a cargo del Colectivo Cantos de Batalla y la productora Profana Latinoamérica. Las entradas tienen un valor de 7 mil colones y pueden adquirirse llamando al 6431 4978.

¡No te pierdas esta oportunidad única de celebrar la música y la resistencia ecologista costarricense en un evento inolvidable!

Política Trans: Reflexiones desde la práctica política de Dayana Hernández

Foto tomada de la nota del Semanario Universidad.

Observatorio de Bienes Comunes

Cómo forma de celebrar y revindicar la práctica política de Dayana Hernández, les compartimos esta infografía que desarrollamos a partir de una entrevista que le realizaron durante el 2021 desde «Distintas latitudes» la periodista Karla Pérez, si gustan pueden leer la entrevista compelta aquí 

Este material procura ofrecer algunas dimensiones como forma de invitación a profundizar qué es la política desde la experiencia de las personas trans, sus contextos, desafíos y esperanzas que procuran denunciar y revindicar en la búsqueda de construir su calidad de vida, pero más allá de eso, esos mundos donde quepamos todas las personas.

Esperamos este material, contribuya a seguir profundizando sobre el pensamiento y práctica política de las personas Trans, para construir espacios inclusivos, solidarios, colaborativos y afectivos para seguir luchando y construyendo esos mundos.

Nota del Semanario Universidad sobre Dayana Hernández.

Información desclasificada sobre la DINA: «una fuerza policial tipo Gestapo» en Chile

El 18 de junio de 1974, el registro oficial de la dictadura militar chilena publicó el Decreto 521 sobre la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta responsable de algunos de los crímenes de derechos humanos más emblemáticos del régimen. Para conmemorar el 50º aniversario de la creación oficial de la DINA se publica una colección curada de documentos desclasificados de la CIA, la DEA, el FBI y el Departamento de Estado, junto con registros chilenos clave, que reflejan la historia de las horribles atrocidades contra los derechos humanos y los crímenes terroristas de la DINA.

El decreto firmado por el general Augusto Pinochet y otros miembros de la junta militar estableció oficialmente la DINA con el «propósito de producir requerimientos de recolección de inteligencia para la formulación de políticas, planes y adopción de medidas requeridas para la seguridad y el desarrollo del país», pero la medida también incluía tres artículos secretos que facultaban a la DINA a operar como una fuerza de policía secreta para vigilar, arrestar, encarcelar y eliminar a cualquier persona considerada opositora al régimen. El nuevo decreto dio «bendición legal/oficial a una organización que ya está plenamente activa», informó el agregado de Defensa de Estados Unidos a Washington. Otros miembros del ejército chileno consideraron la orden de la junta como «los cimientos sobre los que se construirá una fuerza policial tipo Gestapo».

La DINA fue creada como una organización militar fuera de la cadena de mando militar, reportando directamente a Pinochet como jefe de la junta. Como decían los artículos secretos del decreto, la nueva Dirección de Inteligencia Nacional era la «continuación de la Comisión DINA» creada en noviembre de 1973, sólo ocho semanas después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Para cuando se inauguró oficialmente, la DINA ya era la fuerza de seguridad más temida de Chile, si no de toda América Latina. «Hay tres fuentes de poder en Chile», le informó un oficial de inteligencia chileno a un agregado militar estadounidense a principios de 1974: «Pinochet, Dios y la DINA».

Como principal organismo del aparato represivo del régimen, la DINA se hizo tristemente célebre por sus centros secretos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de cientos de civiles y actos de terrorismo internacional. La siniestra fuerza de la policía secreta, según un informe especial del Senado basado en documentos aún clasificados de la CIA, llegó a tener 3.800 oficiales, operativos y personal administrativo —la cifra está mal escrita en el informe como 38.000— con un presupuesto anual de 27 millones de dólares. Según ese estudio, la DINA «se estableció como un brazo de la presidencia, bajo el control directo del presidente Pinochet». El director de la DINA, coronel Manuel Contreras, según la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, «ha reportado y recibido órdenes únicamente del presidente Pinochet».

A medida que expandía sus operaciones, DINA también recibió apoyo organizativo de la CIA. En febrero de 1974, Pinochet pidió personalmente al subdirector de la CIA, Vernon Walters, que ayudara a la DINA en su «período formativo». Walters organizó un almuerzo para Contreras en la sede de la CIA en Langley, Virginia, a principios de marzo de 1974. A mediados de 1975, la CIA incluyó brevemente al director de la DINA en su nómina como un activo pagado.

Obtenido de una página de la Universidad George Washington.

Compartido con SURCOS por Gerardo Hernández Naranjo.