Nosotros, los abajo firmantes, escritores y artistas salvadoreños, denunciamos ante la comunidad salvadoreña e internacional, la captura ilegal, inmoral e ilegítima del ciudadano salvadoreño-canadiense Carlos Bucio Borja, acaecida en el marco de las elecciones de presidente y asamblea legislativa este domingo 4 de enero de 2024, por parte de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Bucio Borja leía los seis artículos de la Constitución salvadoreña que prohíben y penalizan la reelección presidencial, tanto a quien trate de ejercerla como a quienes la apoyen. Además citó palabras de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, canonizado en 2018 por la Iglesia Católica. Esto sucedió en el centro de votación del Centro Escolar Concha viuda de Escalón, en San Salvador. En ese momento, alrededor de seis elementos de la PNC lo sacaron, le decomisaron sus documentos mientras activistas y militantes del Partido Nuevas Ideas lo ofendían y pedían su captura. Hemos sabido que será ingresado al centro de detención conocido como el Penalito, lugar donde son llevado los capturados en el marco del Régimen de Excepción, acusados de pertenecer a pandillas.
La relección presidencial en El Salvador es un hecho cuestionado al interior y exterior del país, sin embargo las elección se están realizando, el gobierno de Nayib Bukele, que controla todas las instituciones del Estado, hasta la fecha no ha derogado la Constitución de la República, tampoco han decretado que leerla públicamente sea un acto que subvierta el orden, o sea un acto subversivo, en ese sentido, que Carlos Bucio Borja haya sido capturado por leer la Constitución en un acto cívico, es una clara violación al derecho a la libertad de pensamiento y expresión; considerar lo anterior como un delito solo confirma que en El Salvador ya estamos viviendo una dictadura.
Hacemos el llamado a intelectuales, artistas, escritores, instituciones nacionales e internacionales y defensores de derechos humanos, a sumarse a esta denuncia y a evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador.
Firman
Otoniel Guevara, poeta. El Salvador José Antonio Domínguez, poeta y abogado. El Salvador Tania Molina, poeta, cantante, partera y artista circense. El Salvador Rainier Alfaro Bautista, poeta. El Salvador Alfonso Fajardo, poeta. El Salvador. Juana M Ramos, poeta, académica y escritora. El Salvador. Tony Peña, docente universitario. El Salvador. Jorge Haguilar, poeta y docente universitario. El Salvador. Moisés Ramos Guerra, cantautor. El Salvador. César Lazo, poeta, Honduras.
Este sábado 10 de febrero, desde las 12 p.m. hasta las 6 p.m., las instalaciones del DEI (100 metros al norte del «Mas x Menos» de Sabanilla de Montes de Oca) serán el escenario de un evento especial: el «Festival por la Paz para Palestina». El festival promete una jornada llena de solidaridad, cultura y actividades para toda la familia.
Entre las actividades destacadas se encuentran charlas informativas que abordarán diversos aspectos relacionados con Palestina, así como deliciosas opciones gastronómicas para disfrutar. Además, habrá actividades diseñadas para toda la familia.
Para obtener más información y estar al tanto de las actualizaciones del evento, puedes visitar la página oficial en Instagram: @palestinacostarica. Quedan invitados a esta iniciativa que busca promover la paz y la solidaridad, proporcionando a la comunidad costarricense una oportunidad única para aprender, compartir y mostrar apoyo a Palestina.
No cabe duda de que el territorio costarricense ha pasado de ser «puente» a ser bodega y centro de distribución, y que esto ha provocado que el Costa Rica empiece a ser fraccionado entre diferentes grupos narcos.
Tampoco cabe duda de que este creciente ingreso de bandas o carteles de la droga tienen un ligamen directo con sectores corruptos de la política de muy alto nivel, desde el ingreso a territorio nacional del capo de la droga mexicano Caro Quintero en 1985 cuando el expresidente de la República, Daniel Oduber Quirós, viajó junto a Quintero en un avión privado, y esto facilitó el ingreso del narcotraficante. La denuncia del exdiputado de entonces, Jimmy Zúñiga, y el «alboroto» no impidió el establecimiento del narco mexicano en el país.
Mucho antes, para la campaña electoral en la cual fue electo presidente, 1974-1978, recibió dinero del narcotraficante estadounidense Lionel James Casey. Todo salió a la luz cuando fue investigado por la Comisión Legislativa sobre el Narcotráfico, conformada en el período 1986-1990. En el segundo informe de la Comisión, se recomendó de forma enfática su renuncia a todos los cargos públicos que ostentaba.
En 1992, el ejemplar N0 410 de la revista Rumbo se tituló “Cómo se reparten los bienes de Oduber”. En esta edición, se hizo un recuento del patrimonio que mantenía el expresidente al fallecer. Se narra que tenía más de ¢800 millones en cuentas bancarias. Poseía fincas cuya extensión sobrepasaba las dos mil hectáreas, en las que hubo alguna vez una centena de caballos árabes. El origen de tantas riquezas es confuso, teniendo en cuenta que fue burócrata casi toda su vida. (Semanario Universidad)
Luego se dieron muchos casos de carteles de la droga financiando campañas electorales de candidatos a la Presidencia de la República, a puestos en la Asamblea Legislativa, alcaldías, regidurías en municipalidades y se dieron casos de encarcelamiento de algunos (no todos) que ocuparon esos cargos y trabajaban para los narcos. Igual jueces, policías, agentes del OIJ y fuerzas policiales especiales.
Lo último, narcotraficantes investigados, se pasearon por los pasillos de la Asamblea Legislativa para hablar «de negocios» con diputados y diputadas.
Menciono todo esto para ilustrar que el tema del narcotráfico y la corrupción política viajan de la mano, trabajan juntos y mientras financien campañas electorales y el Tribunal de Elecciones sea cómplice por inacción, esto seguirá sucediendo.
Hoy, dicen que con «gran preocupación», los representantes de los diferentes poderes de la República, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se reúnen para desarrollar una «estrategia» de seguridad para enfrentar la creciente ola de asesinatos producto de la guerra por territorios de diferentes grupos narcotraficantes.
El problema de esto es que el VERDADERO problema, el de fondo no se atacará y se implementarán propuestas de más cárceles (privadas), represión, limitación de derechos humanos y ampliación de periodos carcelarios que significarán para el Estado costarricense una enorme carga económica que ellos sí están dispuestos a sacrificar.
¿Y cuál es el verdadero problema, el de fondo?, el desempleo, la pobreza, el hambre, la miseria, el congelamiento salarial, la falta de vivienda, la corrupción, el saqueo de las arcas del Estado mediante el fraude político empresarial, la evasión y elusión al Fisco, el contrabando, la exoneración de impuestos de forma privilegiada a los sectores empresariales más grandes, etc, etc.
En Costa Rica, hoy, en pleno inicio de 2024, más de 160 mil jóvenes no estudian ni trabajan porque se cierran las puertas para hacerlo. Hablamos de jóvenes de entre 15 y 24 años, de ellos el 50% tienen bachillerato y más de 8 mil son profesionales, esto según la más reciente Encuesta Continua de Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. Este crecimiento, del 27%, se da en comparación entre octubre y diciembre del 2022 y el mismo periodo del 2023. Este terrible dato es solamente entre jóvenes, no adultos y adultos mayores, lo que en conjunto da resultados catastróficos para este país.
Y usted, que tiene la gentileza de leerme se preguntará, ¿Que tiene que ver una cosa con la otra?, pues todo.
¿A manos de quién van a parar esos miles de jóvenes desempleados, en qué van a trabajar, cómo van a sobrevivir y llevar alimentos a sus familias?
Si a esos datos le agregamos los miles de jóvenes que NO tienen acceso a las universidades, o lo que ni siquiera terminan la primaria y/o la secundaria, tendremos una bomba de tiempo entre manos.
¿Quiénes son los responsables?, los únicos responsables de esto son los políticos corruptos que han gobernado este país en los últimos 50 o 60 años, esos que recortan a la educación, a la vivienda, al desarrollo agroindustrial. Los que mediante corrupción saquean las arcas del Estado, los que estafan al Estado, los que mismos que hacen amigos de los negocios oscuros de los casinos, del lavado de dinero y tráfico de seres humanos y prostitución. Los mismos que para llegar a un cargo público compran votos y/o son financiados por grupos de narcos.
Una opción verdadera, honesta. Propuestas reales, concretas de desarrollo del país NO hay en estos momentos en el país, todas son falsas o superficiales.
El peligro es lo que salga de esa Asamblea Legislativa, todas las propuestas serán represivas y abusivas contra los derechos humanos, la privatización de cárceles como negocio de algún tagarote, más policías, y otras graves propuestas.
Este 1 de febrero, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) emitió un comunicado a partir de la decisión de la Sala IV donde se anunció que el proyecto de Jornadas 4/3, el que mataba la histórica jornada del código de trabajo, es un proyecto que está lleno de vicios de procedimientos que resultan insubsanables.
En el video difundido, el representante Albino Vargas expresó su satisfacción ante la decisión, destacando que el proyecto pretendía desmantelar la sagrada jornada laboral de 8 horas, la cual ha sido producto de arduos esfuerzos y está consagrada en la constitución. Subrayó que el intento de esta propuesta era incrementar la explotación laboral, eludiendo el pago de horas extras.
Vargas afirma que ya no hay tiempo político para realizar actos en contra de la Constitución y en contra de los derechos humanos. A su vez, felicitó a las y los diputados que defendieron la Constitución, las garantías sociales, y el Código de Trabajo cerrándole el paso a este proyecto.
El pasado 27 de enero del 2024, un grupo de jóvenes se manifestaron contra la gentrificación presente en Oaxaca México, quienes sufrieron represión por parte del gobierno estatal de Salomón Jara gobernador del Estado de Oaxaca. El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos expresó su condena a la represión, por medio de su cuenta en la red social X, exigiendo la libertad de los jóvenes detenidos durante la manifestación.
La gentrificación consiste en la renovación de una zona urbana, que se encuentra en condición de deterioro o abandono por parte de grupos externos a la comunidad con alto poder adquisitivo, lo cual implica el desplazamiento de la población local. Durante la manifestación por parte de la juventud que se manifestó, expresaron las múltiples problemáticas de la comunidad, exponiendo las desigualdades que viven múltiples comunidades que no cuentan con acceso a servicios básicos, en oposición al despojo que se realiza desde agentes externos, empresarios y extranjeros a quienes se les acusa de ser los principales causantes de la gentrificación y turistificación, bajo el lema de “Oaxaca no es mercancía”.
Debido a las detenciones y represión llevadas acaba durante la manifestación, se realizó un mitin el día 29 de enero del 2024 a las 12:00 del mediodía ante la puerta 1 de Ciudad Judicial en Oaxaca, para exigir la liberación de todas las personas detenidas, durante la pasada manifestación, donde se invitó a medios independientes a seguir el mitin. La respuesta del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos ha sido de condena a la represión y solidaridad con la juventud que se manifiesta, exigiendo la liberación de los detenidos, expresando el derecho a la paz.
En el programa Alternativas realizado el 26 de enero del presente año se dialogó en torno a la situación que se vive en Gaza/Israel. “Un tema de actualidad para seguir conversando y reflexionando.
Nicolas Boeglin. Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho,Universidad de Costa Rica (UCR).
Este 26 de enero del 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su ordenanza, repondiendo a la solicitud urgente de medidas provisionales interpuesta por Sudáfrica contra Israel el pasado 29 de diciembre del 2023: el texto de la ordenanza puede ser consultado en este enlace en francés y en inglés.
Cabe advertir desde ya que esta ordenanza es una decisión preliminar de carácter ugente del juez de La Haya, distinta a la sentencia o fallo sobre el fondo, que se tomará tan solo dentro de unos años por parte del juez de La Haya.
Breve puesta en contexto
La petitoria final de Sudáfrica sobre las medidas provisionales de carácter urgente figura en las páginas 83-84 de su intervención ante los jueces de La Haya realizada el pasado 11 de enero y consta de un total de 9 puntos (véase texto). Por su parte, las conclusiones finales de Israel pidiendo desestimar y archivar esta solicitud se encuentran en la página 75 de su intervención ante los jueces realizada el 12 de enero del 2024 (véase texto)
Resulta de interés señalar que durante estas audiencias realizadas los días11-12 de enero, Chile envió a su máximo representante en La Haya y lo hizo ver mediante un documento circulado por su aparato diplomático (véase comunicado oficial del 11 de enero). Menos de una semana después, conjuntamente con México, Chile solicitó a otra instancia jurisdiccional con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI) la remisión urgente de la situación en Gaza a la Oficina del Fiscal de la CPI (véase comunicado oficial de Chile y comunicado de México, ambos del 18 de enero del 2024): tuvimos oportunidad de analizar en detalle ambos comunicados (Nota 1), planteando de paso la inacción observada por parte de los demás 122 Estados Partes al Estatuto de Roma.
El contenido de la ordenanza de la CIJ en breve
En el texto de su ordenanza dada a conocer este 26 de enero (parte dispositiva tomada con 15 votos a favor en su casi totalidad, párrafo 86), la CIJ declara que:
«1) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
2) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus ;
3) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
4) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza ;
5) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
6) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci.
../..
(1) By fifteen votes to two,
The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention, in particular:
(a) killing members of the group;
(b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and
(d) imposing measures intended to prevent births within the group;
(2) By fifteen votes to two,
The State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above ;
(3) By sixteen votes to one,
The State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip ;
(4) By sixteen votes to one,
The State of Israel shall take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip;
(5) By fifteen votes to two,
The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II and Article III of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip;
(6) By fifteen votes to two,
The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one month as from the date of this Order».
De algunos detalles de interés
Resulta muy inusual que la Presidenta de la CIJ refiera expresamente, en el resumen de una decisión como la ordenanza leída este 26 de enero del 2024, al contenido de declaraciones oficiales, como las declaraciones israelíes escalofriantes oídas desde el pasado 7 de octubre: en la gestual extremadamente formal y a veces muy parsimoniosa de los jueces de la CIJ, este primer detalle no ha pasado desapercibido para muchos de los observadores internacionales. Tratándose además de una magistrada oriunda de los Estados Unidos, esta señal enviada desde la Presidencia del máximo órgano judicial de Naciones Unidas puede considerarse particularmente clara.
Como se recordará la solicitud de Sudáfrica planteaba como primer punto (de los 9 que contenía su solicitud) el ordenar un cese al fuego inmediato, tal y como tuvimos la oportunidad de analizarlo en una nota anterior cuando presentó su demanda en diciembre del 2023 (Nota 2). La dificultad consistía para los jueces de La Haya en ordenar un cese al fuego entre dos bandos, con uno solo sentado en el banquillo del Peace Palace de La Haya. Un cese al fuego por definición aplica para dos contendores, y no uno.
La CIJ no acogió esta solicitud de manera expresa. Algunos juristas podrían interpretar que la CIJ deja entonces a Israel la posibilidad de continuar sus acciones militares en Gaza, las cuales ya han causado la muerte de casi 26.000 personas y herido a más de 64.000 según el último informe de situación de Naciones Unidas al 25 de enero (véase informe). No obstante, el inciso 2 del párrafo operativo 86 viene a restringir esta interpretación literal, al señalar la CIJ que hay una inmediatez ordenada a Israel:
«(2)L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus /…/The State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above ;
Es de notar que con relación a una solicitud similar pero no idéntica proveniente de Ucrania en febrero del 2022, esta misma solicitud de cese de operaciones militares sí había sido acogida de manera expresa en la ordenanza del 16 de marzo del 2022 adoptada por la CIJ (véase texto de la ordenanza, párrafo 86 inciso 1, adoptado con 13 votos a favor y 2 en contra): pero se trataba de un Estado objeto de una agresión militar exigiendo a la CIJ ordenar inmediatamente el cese de la agresión por parte de otro Estado.
Por otro lado, Sudáfrica solicitaba que la CIJ ordenara a Israel permitir la entrada de misiones internacionales de investigaciones en Gaza (más conocidas como «fact finding missions«). El punto 7 de su petitoria indicaba en efecto que:
«(7) The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; to that end, the State of Israel shall not act to deny or otherwise restrict access by fact-finding missions, international mandates and other bodies to Gaza to assist in ensuring the preservation and retention of said evidence«.
La CIJ no acogió esta petitoria: en el punto 5 del precitado párrafo 86 ordena únicamente a Israel proceder a evitar la destrucción de indicios de actos cubiertos por la Convención contra el Genocidio de 1948.
No obstante estos dos puntos de importancia que no fueron expresamente contemplados por los jueces de la CIJ en su ordenanza, los puntos 1,2,3,4,5 y 6 de su decisión leída este 26 de enero del 2024 dejan entrever que actos cometidos por Israel en Gaza desde la tarde /noche del 7 de octubre sí interesan disposiciones de la Convención contra el Genocidio de 1948: lo cual constituye en sí una señal muy significativa y debería interpelar en Israel (así como fuera) a muchos decisores sobre la forma tan peculiar que tiene Israel de llevar a cabo sus operaciones militares en Gaza.
En el párrafo 54 de la ordenanza de este 26 de enero del 2024 se lee que:
«54. La Cour est d’avis que les faits et circonstances mentionnés ci-dessus suffisent pour conclure qu’au moins certains des droits que l’Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection sont plausibles. Il en va ainsi du droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et du droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la convention.
../..
54. In the Court’s view, the facts and circumstances mentioned above are sufficient to conclude that at least some of the rights claimed by South Africa and for which it is seeking protection are plausible. This is the case with respect to the right of the Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article III, and the right of South Africa to seek Israel’s compliance with the latter’s obligations under the Convention»
Al tiempo que en el párrafo 59 la CIJ dictamina que:
«59. La Cour considère que, par leur nature même, certaines au moins des mesures conservatoires demandées par l’Afrique du Sud visent à préserver les droits plausibles qu’elle invoque sur le fondement de la convention sur le génocide en la présente affaire, à savoir le droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et le droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la convention. En conséquence, il existe un lien entre les droits revendiqués par la demanderesse que la Cour a jugés plausibles et au moins certaines des mesures conservatoires sollicitées.
../..
59. The Court considers that, by their very nature, at least some of the provisional measures sought by South Africa are aimed at preserving the plausible rights it asserts on the basis of the Genocide Convention in the present case, namely the right of the Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts mentioned in Article III, and the right of South Africa to seek Israel’s compliance with the latter’s obligations under the Convention. Therefore, a link exists between the rights claimed by South Africa that the Court has found to be plausible, and at least some of the provisional measures requested».
La ofensiva militar israelí en Gaza: algunas interrogantes
Desde un estricto punto de vista militar, la «estrategia» de Israel plantea serias interrogantes, al no haber alcanzado ninguno de sus objetivos militares después de más de 110 días de intensos bombardeos en Gaza: los rehenes israelíes siguen sin ser localizados, escondidos en alguna parte en Gaza con sus custodios; al tiempo que los principales mandos militares del Hamás siguen en vida y su estructura militar pareciera resistir al asedio total que Israel inflige diariamente a Gaza con sus bombardeos. Los numerosos escombros de inmuebles en Gaza constituyen ahora escóndites muy útiles para los combatientes del Hamás en sus operaciones contra las fuerzas militares israelíes. Un especialista francés en asuntos militares y connotado comentarista, recientemente escribió en su blog que:
«La situation sur la bande de Gaza est parfaitement désespérante. D’un côté, le gouvernement israélien annonce régulièrement qu’il va enfin sortir de cette opération dévastatrice dont le bilan est parfaitement catastrophique. Mais dans la réalité, rien ne change à ce stade où chaque jour renouvelle son lot de bombardements qui dévastent littéralement la bande de Gaza.
/../
Dans la partie Nord, censée avoir été nettoyée (c’est le terme militaire) par l’armée israélienne, les unités de Tsahal sont régulièrement harcelées par des miliciens qui ont fait des décombres leur refuge. Dans la partie Sud, l’armée affirme vouloir réduire le « quartier général stratégique » du Hamas qui se situerait à Khan Younes, après avoir été vainement cherché à Gaza même puis sous l’hôpital Al Shifa, un QG fantôme qui ne justifie en aucun cas les bombardements opérés sur l’ensemble de la bande de Gaza.
/…/
Si cette opération déclenchée par le gouvernement Netanyahou contre la bande de Gaza continue, le risque d’escalade régional est avéré et le risque pour l’avenir d’Israël est constitué. Il appartient aux alliés d’Israël et à toutes les sociétés qui comprennent que la paix ne se construit pas dans la vengeance, de l’obliger désormais à sortir de cette impasse sanglante et de construire sur ces décombres inutiles l’avenir et la stabilité de cette région» (Nota 3).
Una ordenanza de la CIJ que lanza un llamado a la acción
Al haber Sudáfrica invocado la Convención contra el Genocidio de 1948 como base de competencia para interponer su demanda contra Israel el pasado 29 de diciembre, la CIJ tenía limitado su ámbito de acción, procediendo a verificar únicamente si las evidencias probatorias presentadas por Sudáfrica eran de recibo (o no) y si guardaban alguna relación (o no) con las disposiciones de este instrumento multilateral. El sútil equilibrio que la CIJ imprime tradicionalmente a sus decisiones no pareciera esta vez haberse verificado del todo.
Al señalar en su ordenanza que sí existe esta relación, que es plausible que Israel esté violando disposiciones de este instrumento, y al ordenarle a Israel varias de las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica, el equipo legal de Sudáfrica puede sentirse muy satisfecho por la labor realizada.
Esta ordenanza de la CIJ también interpela de ahora en adelante al resto de la comunidad internacional para idear cómo frenar de manera significativa a un Estado cuyas máximas autoridades parecieran decididas a llevar a cabo una operación militar punitiva contra la población civil de Gaza, en represalia al ataque sufrido en la mañana del 7 de octubre perpetrado en territorio israelí por parte del Hamás.
Es muy probable que, ordenanza de la CIJ en mano, Estados, sea a título individual o colectivo, se planteen algunas interrogantes muy válidas:
-¿se puede seguir manteniendo relaciones diplomáticas, económicas «normales» con un Estado al que la CIJ señala que puede estar violando varias disposiciones de una emblemática convención como la Convención contra el Genocidio de 1948?
-¿se puede seguir exportando armas y municiones, componentes electrónicos con fines militares a un Estado que está demostrando no saberlos usar correctamente, con bombardeos indiscriminados y desproporcionales y una deliberada política de destrucción total?
-¿se puede seguir manteneniendo relaciones en el ámbito académico, en materia de cooperación técnica y científica, con un Estado que desde la tarde/noche del 7 de octubre destruye de manera intencional y deliberada escuelas, centros educativos superiores, y universidades en Gaza, aniquilando proyectos de vida de muchos jóvenes palestinos?
Por su parte, es muy probable que, también con la ordenanza de la CIJ en sus respectivas carpetas, los integrantes del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General y de otras instancias de Naciones Unidas opten por nuevas iniciativas.
En cuanto a la Oficina del Fiscal de la CPI (que se ha mostrado hasta ahora bastante distante con el drama cotidiano que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre), alguna declaración de su parte permitiría encausar acciones y materializarlas, de cara a establecer la responsabilidad penal individual de varios altos mandos israelíes: es lo que diversos sectores en Europa buscan realizar, en particular desde Francia y Bélgica (Nota 4).
En su comunicado oficial (véase texto) acogiendo con beneplácito la ordenanza de la CIJ, se lee por parte de Sudáfrica que:
«The United Nations Security Council will now be formally notified of the Court’s order pursuant to Article 41(2) of the Court’s Statute. The veto power wielded by individual states cannot be permitted to thwart international justice, not least in light of the ever-worsening situation in Gaza brought about by Israel’s acts and omissions in violation of the Genocide Convention. Third States are now on notice of the existence of a serious risk of genocide against the Palestinian people in Gaza. They must, therefore, also act independently and immediately to prevent genocide by Israel and to ensure that they are not themselves in violation of the Genocide Convention, including by aiding or assisting in the commission of genocide. This necessarily imposes an obligation on all States to cease funding and facilitating Israel’s military actions, which are plausibly genocidal «.
A modo de conclusión
No está de más señalar que los argumentos elaborados por la defensa de Israel, acompañados por esfuerzos inusuales por parte de algunos grandes medios de comunicación, no tuvieron mayor impacto en los jueces de la CIJ: esta ordenanza se tomó con un voto contudente de 16 contra uno (siendo el juez ad hoc israelí la única voz en contra), o en algunas partes del párrafo dispositivo 86, con 15 contra 2 (siendo la jueza oriunda de Uganda la otra voz discordante observada, que consideró oportuno emitir una opinión disidente). Cabe precisar que el juez ad hoc de Israel sí votó en favor de los puntos 3 y 4 del precitado párrafo operativo 86, mientras la juez titular oriunda de Uganda votó en contra.
Con relación a Israel, es de esperarse a reacciones iracundas contra los jueces de la CIJ por parte de sus máximas autoridades, las cuales ya no deben impresionar mayormente. En una nota reciente, ya tuvimos la oportunidad de señalar que:
«Israel deberá entonces ponderar si se arriesga a no acatarla o si cesa sus acciones militares en Gaza. El descrédito generalizado de su accionar en Gaza ha ido en aumento desde el pasado 7 de octubre, y colocarse en abierto desafío al máximo órgano judicial dentro del organigrama de Naciones Unidas conllevaría consecuencias, en particular para algunos de sus aliados más cercanos«.
Con relación a medidas provisionales ordenadas por la CIJ y posteriormente ignoradas por un Estado, recientemente tuvimos la ocasión de observar el irrespeto a las medidas ordenadas contra Rusia por parte de la CIJ en el mes de marzo del 2022, solicitadas por Ucrania (véase ordenanzadel 16 de marzo del 2022).
El conjunto de sanciones tomadas en contra de Rusia y que se reforzaron al no acatar Rusia lo establecido por el juez internacional a partir de marzo del 2022, interpelará probablemente a muchos en Europa, Estados Unidos y Canadá con relación a un eventual desacato por parte de Israel a la ordenanza de la CIJ leída este 26 de enero del 2024.
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Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio de remisión conjunta de México y de Chile a la Corte Penal Internacional (CPI)«, editada el 18 de enero del 2024, y disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «»Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí.
Nota 3: Véase ANCEL G., «L’Ukraine oblige l’Europe à se réveiller tandis qu’Israël sombre dans le déni«, Ne pas subir, Blog de Guillaume Ancel, édición del 20 de enero del 2024, disponible aquí.
Nota 4: En el caso de Francia, una propuesta del Senado circula desde el 5 de enero del 2024 (véase texto de la «proposition de résolution«) llamando a Francia a solicitar a la CPI e invitando en particular «… le Gouvernement à inclure dans ce renvoi une demande de saisine de la Chambre préliminaire aux fins que soient délivrés des mandats d’arrêt à l’encontre de M. Benyamin Netanyahou et de toute autre personne impliquée, selon l’évolution de l’enquête» (página 28). Cabe señalar además una declaración conjunta de profesores belgas de derecho internacional público (véase texto) con fecha del 13 de noviembre del 2023, indicando: «5. Compte tenu du risque de génocide, l’obligation de le prévenir, due conformément à la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, est dès à présent déclenchée«. Esta declaración hecha en nombre de la Société Belge pour le Droit International (SBDI) denota una sensibilidad mucho mayor a la de otras sociedades europeas de derecho internacional público. Salvo error de nuestra parte, solamente se registra, anteriores al texto de la SBDI, esta declaración de expertos españoles en derecho internacional público y relaciones internacionales (véase texto) y esta otra adoptada en nombre de la Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI) el 13 de octubre del 2023.
La Seccional de Personas con Discapacidad de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha emitido un enérgico pronunciamiento en respuesta a la reciente aprobación en segundo debate de la ley para extender la vida útil de los autobuses. La población con discapacidad, según expresaron en un video, se siente profundamente indignada y considera que se están vulnerando sus derechos.
En el video, los representantes de la Seccional de Personas con Discapacidad manifestaron su repudio ante la aprobación de la ley, destacando que esta medida afecta directamente a la accesibilidad del transporte público para las personas con discapacidad. «Hoy en día, el poder tener transporte público accesible se les está impidiendo a las personas», lamentaron.
Consideran que la extensión de la vida útil de los autobuses viola de manera flagrante los derechos de las personas con discapacidad, quienes ya enfrentan numerosos obstáculos en su día a día. «Violentan los derechos de las personas con discapacidad al privarles de un servicio de transporte público que debería ser inclusivo y accesible para todos», expresaron los representantes de la seccional en el video.
Desde la seccional, expresaron su molestia y urgieron a la población a unirse en solidaridad ante esta situación, ya que consideran que enfrentan un desafío que no pueden abordar solos. «Instamos a la población a ayudarnos en esta lucha, porque nosotros solos no podemos», afirmaron en el video.
Recalcando el lema «Nada sobre nosotros sin nosotros», los representantes de la Seccional de Personas con Discapacidad hicieron un llamado a la reflexión sobre la importancia de incluir a las personas con discapacidad en las decisiones que afectan directamente su calidad de vida. Consideraron «insólito» que esta extensión de la vida útil de los autobuses haya sido aprobada sin tener en cuenta las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad.
La información detallada se encuentra en el video adjunto:
La Sra. Ma. Elena Fournier envió un mensaje escrito donde se expresa acerca del tema ambiental y de las telecomunicaciones en el país. El mensaje inicia haciendo énfasis en relación acerca de la tiranía o dictadura de la telecomunicaciones del CAFTA (TLC con Estados Unidos). Esto ya que, como indica en el mensaje la Sra. Fournier: “el problema de la radiación electromagnética es sumamente grave, no se está tomando en serio, sobre todo de parte de las autoridades del Ministerio de Salud, MICITT, SUTEL, SETENA, la misma Sala Constitucional, entre otros, pareciera que alguien ha «tirado una directriz». Como no ven la contaminación, entonces…¡no existe!, o simplemente que los y las que sí tienen voz y voto son las empresas nacionales y transnacionales que nos están imponiendo sus torres o «postes» de telecomunicaciones, bueno no hay que ser ingenua, es parte de los TLC ́s ganar, sin importar los efectos negativos a «las masas», mismas que hacen posible su millonario negocio porque hay que consumirla, no hay alternativa…¡según el sistema!”
A las personas que forman parte de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, les habla acerca de la importancia de los derechos humanos, los cuales deben de estar por encima de cualquier cosa, como se indica en el mensaje escrito: “que los Tratados de libre comercio, como el CAFTA, entre otros están por encima de los Tratados o Convenios de los Derechos Humanos, Niñez, Adolescencia, Salud… conclusión a la que estamos llegando, viviendo lo que nos sucede con una torre/poste impuesta por una empresa privada, el alcalde (Partido Somos Moravia), el Concejo Municipal compuesto por el Partido Somos Moravia, PSM, Partido Liberación Nacional, PLN, Partido Liberal Progresista, PLP y una Independiente, entre otros eficientes funcionarios-as públicos”.
De esta manera, habla acerca de que hay que priorizar a la población, a su vez poniendo un alto a las empresas de telecomunicaciones.
A continuación, compartimos la carta realizada por la Sra Ma. Elena Fournier:
Estimados señores y señoras diputados Comisión Permanente Especial de Ambiente, As. Legislativa:
Para la lucha, contra la instalación impuesta de un «poste» de telecomunicaciones en el barrio La Guaria, Moravia y muchos otros casos a nivel nacional, es sumamente importante el seguimiento a esta petición, como también den una fecha para esta esperada audiencia, lo antes posible, ha pasado mucho tiempo.
Las consecuencias de la tiranía o dictadura de la telecomunicaciones del CAFTA (TLC con Estados Unidos).
El problema de la radiación electromagnética es sumamente grave que no se está tomando en serio, sobre todo de parte de las autoridades del Ministerio de Salud, MICITT, SUTEL, SETENA, la misma Sala Constitucional, entre otros, pareciera que alguien ha «tirado una directriz», como no ven la contaminación, entonces…¡no existe!, o simplemente que los y las que sí tienen voz y voto son las empresas nacionales y transnacionales que nos están imponiendo sus torres o «postes» de telecomunicaciones, bueno no hay que ser ingenua, es parte de los TLC´s ganar ganar, sin importar los efectos negativos a «las masas», mismas que hacen posible su millonario negocio porque hay que consumirla, no hay alternativa…¡según el sistema!.
Ya no tenemos ni un metro cuadrado de seguridad, no sabemos en qué momento nos van a imponer, ¡sin derecho a reclamar! -(porque todo está ya «cocinado»)-estas infraestructuras en nuestros barrios, techos, patios de nuestras comunidades, que perfectamente se pueden sustituir por fibra óptica o exigir todavía tecnologías limpias y sanas, ¡no!, esta situación nos está provocando la muerte lentamente o nos está enfermando, ya con sólo el uso del celular es suficiente, las torres o postes de telecomunicaciones son una sobre dosis para la salud colectiva, animales, biodiversidad…la Vida, hasta para ustedes mismo-as, sus familiares, nadie se escapa.
Señoras y señores diputados de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, o sea que los Tratados de libre comercio, como el CAFTA, entre otros están por encima de los Tratados o Convenios de los Derechos Humanos, Niñez, Adolescencia, Salud…conclusión a la que estamos llegando, viviendo lo que nos sucede con una torre/poste impuesta por una empresa privada, el alcalde (Partido Somos Moravia), el Concejo Municipal compuesto por el Partido Somos Moravia, PSM, Partido Liberación Nacional, PLN, Partido Liberal Progresista, PLP y una Independiente, entre otros eficientes funcionarios-as públicos.
Se debe, lo antes posible, modificar la Ley y sus reglamentos no a favor de las empresas de telecomunicaciones, etc., ¡ya tuvieron bastante…!, ahora toca la participación con voz y voto a la población afectada que es TODA, por el bien de la salud integral del bien colectivo.
Si No estamos hablando de una forma de ecocidio.
Derecho a la «conectividad», ¡claro que sí!, pero con tecnologías limpias, sanas, no lo que nos están imponiendo, hacerle el juego a este tipo de «conectividad», es sumamente peligrosa y cómplice, esto es un llamado al Estado de la Nación también.
En esa sesión inolvidable del Concejo municipal de Moravia, como si fuera poco nos limitaron, con cierta prepotencia, la señora presidenta doña Ma. de los Ángeles Hernández, (del Partido Liberación Nacional, PLN candidata a vicealcaldesa), el derecho a la participación ciudadana con argumentos poco democráticos; políticas y políticos que ahora se lanzan a la candidatura para puestos claves como alcalde, vice alcaldesa, etc., pues nadie salió en nuestra defensa, parecían que tenían miedo a algo o a alguien.
Esta actitud, para mí, queda plasmada en el video de esta sesión, fue como una agresión una tras otra…además de arruinar nuestra Navidad, pues nunca nos convocaron para conocer nuestra posición, a hurtadillas parece que todo fue realizado y para la «tamaleada» de diciembre, nos tenían semejante sorpresa, claro está todo sin participación ciudadana, como merecíamos y como está estipulado en la normativa como el Acuerdo de Río 92-ratificado y firmado por Costa Rica-, legislación nacional, entre otros.
Intervención presidenta Concejo Municipal: minuto 18:08 entre otros. Enlace de la sesión transmitida por YouTube, correspondiente al día 13 de diciembre del 2023: https://www.youtube.com/watch?v=vdGawyyQZ3Y
Exigimos tecnologías limpias, amigables con el ambiente, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, la fibra óptica, parece que es menos dañina?, mientras el sector científico más ético, encuentran otras opciones más sanas y «verdaderamente eficientes».
Esperamos que se inicie a nivel de la Asamblea Legislativa, en universidades pública, privadas, en el Estado de la Nación, entre otros, foros dónde estos temas ya no sean tabú, porque señoras y señores, esto no se trata de mitos, este tema de la radiación electromagnética, entre otros interesantes temas, es una ciencia, es física, es geofísica, es geobiología relacionadas a las enfermedades de los emplazamientos, asentamientos humanos, etc., se estudian conceptos como «el síndrome del edificio enfermo». Ahora supongo que será: el «síndrome de la ciudad o comunidad enferma…».
Ciencia que en universidades de Europa como en Alemania, lo han estado enseñando, en institutos como en Cuba: Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud de Cuba, funciona con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, el PNUMA, de las Naciones Unidas, con uno de los más brillantes y comprometidos profesores como el Dr. Carlos Barceló Pérez, o entre otros éticos profesionales dando cursos como: «Curso de saneamiento básico e higiene de la vivienda, como también el Institut für Baubiologie und Oekologie, de Neubeuern de Alemania, cuyo fundador fue el renombrado Dr. Anton Schneider.
Además de la enseñanza en Costa Rica del Dr. Max Mijne, doctor en geofísica, radiestesistas todos ellos, el profesor universitario UCR Ing. Rodrigo Bustamante, quién se atrevió a ir más allá con su investigación y amplía con la Teoría modificada de la Ley de Gravitación Universal de Newton, el Ing. Carlos Quesada, profesores de la Facultad de Ingeniería, aprendimos con un equipo del ITCR-CIVCO con estas personas preparadas fue, en aquel especial tiempo y espacio, un gran regalo del universo, años 90.
Este tema debe de ser ya parte de Vox populi y no más la actitud actual de hacer burla o satanizar el conocimiento, es ignorancia en pleno siglo XXI, es de muy mal gusto y no es de recibo.
Tuve el gran privilegio de aprender, lo básico, con estas maravillosas personas y sus equipos, ahora me corresponde denunciar lo que se está haciendo en forma errónea de parte de las autoridades, no tomé esos curso por casualidad, tengo la obligación de devolver y compartir lo básico de este conocimiento.
Desde los años 70-80-90 se viene investigando, estudiando seriamente, dando cursos sobre Construcción Biológica, no podemos continuar en el oscurantismo científico, ocultando la verdad…estamos en siglo del conocimiento tecnológico, no es posible que a estas alturas la Ley y Reglamento que se ha redactado desde la aprobación del cuestionado e impopular TLC con los Estados Unidos, CAFTA, con sus 10 leyes llamadas «la agenda complementaria», parte del Proyecto Mesoamericano, antes Plan Puebla Panamá…que tienen ver con telecomunicaciones y los «detallitos» que aparecen en los Reglamentos, que más nos afectan y que están a favor totalmente de la industria de las telecomunicaciones, quienes son los y las que lo redactaron, sin participación ciudadana, comunitaria, por ello le llamo una dictadura o tiranía.
Las comunidades, para este tipo de denuncias y luchas tenemos las de perder, la única manera, aparentemente, de detener este tipo de imposiciones, es bloqueando el paso a la maquinaria que lleva este tipo de equipos como ha sucedido en Puntarenas, pero son casos aislados de éxito, sólo así se pueden parar, entonces…se van para otro lado, dónde las municipalidades se lo permitan de nuevo y otra vez, sin consulta ciudadana y así sucesivamente…¿hasta cuándo?
Nos dimos cuenta de la instalación en Moravia hasta el 4 diciembre de 2023, empezamos a movilizarnos y para el 13 diciembre de 2023 conseguimos una audiencia en el Concejo Municipal, pero ya era muy tarde, todo estaba consumado oficialmente.
Antes del 24 diciembre, eficientemente instalaron «el poste» de telecomunicaciones, todo muy rápido sucedió.
Algo llamó poderosamente nuestra atención y fue que…una unidad de la Policía Municipal parecía acompañar o cuidar a la empresa que colocaba «el poste», pero, a la vez, parecía que esta unidad, justo ese mismo día de la instalación, hacía que recogía unos materiales de la antigua sede de la Policía Municipal que estuvo en el Parque público ¿casualidad o parte de la «red de cuido» para el «interés público»?, no sabemos queda como una incógnita urgente a resolver.
Los seres humanos no contamos para nada, no existimos, somos «cosas», somos algo así como basura que nada más consume y se debe de callar, agachar la cabeza y punto…¡No señoras y señores!, es hora de que se nos escuche y que tomen este asunto en serio, es muy grave, porque este negocio no tiene límites, cada metro cuadrado, en Costa Rica y sospecho en todo Mesoamérica, está prácticamente tomado, comprometido, por el asuntillo del «interés público», pero…¿interés para quién o para quienes?, desgraciadamente todo es para lucrar, sin importar quienes van a morir, enfermar… ¡Claro que somos «cosas» para este sistema de la muerte!
Ya no podemos soñar con vivir en un lugar seguro, por todo lo expuesto, además nuestras propiedades bajan hasta un 50% de su valor, ¡si! Nuestro único patrimonio familiar ya no sirve para nada, porque está o estará contaminado y no tiene nada que ver con la «contaminación visual», que le dan tanta importancia, para esconder el problema real.
Es inaudito que se tenga que prácticamente «mendigar una audiencia, que es un derecho humano de participación ciudadana, comunitaria efectiva que tenemos, no es un favor que se les solicita y es un deber de parte de esta Asamblea Legislativa, dar espacios también para la discusión sana, con argumentos científicos, entre otros, es un DERECHO y es su DEBER como funcionaria-os públicos.
Esperamos una pronta respuesta a la petición que ha hecho el colectivo RASA que mucho agradecemos como comunidad su comprometido y profesional trabajo a favor de la salud integral de Costa Rica y el mundo.
Bajo la idea de poder dignificar esta importante profesión, la ANEP recorrió diversas paradas de bus, en donde entregó volantes informativos sobre el plan de trabajo de este año que busca mejorar las condiciones de los choferes.
La ruta de trabajo para el ANEP en relación con los choferes de bus durante este 2024 se basa en 4 puntos, los cuales son: ser considerados como trabajadores, recibir un salario digno, respeto a los derechos humanos y laborales y por último, la valoración a una revisión al salario mínimo.
