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Gaza / Israel: decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunciada para este 26 de enero

Escrito en 24/01/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.

En un comunicado dado a conocer este 24 de enero (véase texto en francés y en inglés), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha anunciado que dará a conocer su ordenanza sobre las medidas provisionales urgentes solicitadas por Sudáfrica el pasado 29 de diciembre del 2023 contra Israel.

Cabe advertir desde ya que se trata de una decisión preliminar de carácter urgente, que es distinta a la decisión o fallo sobre el fondo, que se tomará tan solo dentro de unos años.

La petitoria final de Sudáfrica sobre las medidas provisionales de carácter urgente figura en las páginas 83-84 de su intervención ante los jueces de La Haya realizada el pasado 11 de enero y consta de un total de 9 puntos (véase texto). Por su parte, las conclusiones de Israel pidiendo desestimar y archivar esta solicitud se encuentran en la página 75 de su intervención ante los jueces realizada el 12 de enero del 2024 (véase texto).

Breve puesto en contexto

Como se recordará, Sudáfrica presentó formalmente una demanda contra Israel, la cual vino acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales ante el drama absoluto que se vive en Gaza: véase a ese respecto el texto completo de su demanda inicial de 84 páginas, cuya lectura completa se recomienda: revisten especial interés los párrafos 101-107 que detallan las escalofriantes declaraciones oficiales oídas en Israel por parte de sus máximas autoridades.

Tuvimos la oportunidad de analizar el alcance de la acción interpuesta por Sudáfrica en una nota anterior, y los temores – fundados – que ha despertado esta acción en algunos círculos, tanto en Israel como en Estados Unidos (Nota 1).

Con relación a la forma de defenderse escogida por Israel durante las audiencias en La Haya realizadas el pasado 11 y 12 de enero del 2024, en esta muy recomendada entrevista publicada el 23 de enero del 2024 en la publicación le Magazine+972 en Israel, se lee que:

«My impression of the Israeli defense was that they appeared unable to deny or refute the accusations, providing only minimal and unconvincing attempts at justification. They appeared unprepared to confront the magnitude of the accusations, and struggled to mount a robust defense, often avoiding the critical evidence provided by the South African legal team — perhaps unaccustomed to being under such scrutiny, and also pressed for time«.

Cabe señalar que durante estas audiencias realizadas los días11-12 de enero, Chile envió a su máximo representante en La Haya (véase comunicado oficial del 11 de enero). Menos de una semana después, conjuntamente con México, Chile solicitó a otra instancia jurisdiccional con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI) la remisión urgente de la situación en Gaza a la Oficina del Fiscal de la CPI (véase comunicado oficial de Chile y comunicado de México, ambos del 18 de enero del 2024): tuvimos oportunidad de analizar en detalle ambos comunicados (Nota 2).

Una urgencia absoluta raramente observada

De manera a tener claridad sobre la urgencia total de la situación en Gaza, al 29 de diciembre 2023, el estado de situación elaborado por Naciones Unidas (véase informe) indicaba el siguiente saldo:

«Between the afternoons of 28 and 29 December, 187 Palestinians were killed, and another 312 people were injured, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza. According to the MoH in Gaza, between 7 October and 7:00 on 29 December, at least 21,507 Palestinians were killed in Gaza. About 70 per cent of those killed are said to be women and children. As of then, 55,915 Palestinians have been injured. Many people are missing, presumably buried under the rubble, waiting for rescue or recovery.

On 29 December, the Israeli military announced that one additional soldier had been killed in Gaza. Overall, since the start of the ground operation, 166 soldiers have been killed, and 936 soldiers injured in Gaza, according to the Israeli military».

El último informe de Naciones Unidas (al 23 de enero) indica por su parte que:

» Intense Israeli bombardments from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 23 January, resulting in further civilian casualties and displacement, as well as destruction. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza. Hostilities were particularly intense in Khan Younis, with Israeli forces reported to having surrounded and launched a large-scale operation in the city. Heavy fighting is reported in proximity to hospitals in Khan Younis, including Al Aqsa, Nasser and Al Amal, with reports of Palestinians trying to flee to the southern town of Rafah. Between the afternoons of 22 and 23 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 195 Palestinians were killed, and 354 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 23 January 2024, at least 25,490 Palestinians were killed in Gaza and 63,354 Palestinians were injured, according to the MoH.

On 23 January, the UN Secretary-General, in remarks made to the Security Council on the Situation in the Middle East, stated: “The past 100 days have been heartbreaking and catastrophic for Palestinian civilians in Gaza. More than 25,000 people, mainly women and children, have reportedly been killed in operations launched by Israeli forces. More than 60,000 others have been reportedly injured. In recent days, the military offensive has intensified in Khan Yunis with many additional causalities. The entire population of Gaza is enduring destruction at a scale and speed without parallel in recent history. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people.”

Between the afternoons of 22 January and 23 January, 21 soldiers were killed in a single incident in southern Gaza, the highest military toll on a single day since the start of the ground operation. As of 23 January, 219 soldiers have been killed, and 1,232 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military«.

No está de más indicar que muchas de las personas gravemente heridas en Gaza están prácticamente condenadas a perder la vida, al yacer bajo los escombros sin que puedan ser auxiliadas, solas y en el frío. Cuando logran ser auxiliadas por algún equipo de rescate aún operativo o por sobrevivientes en mejor estado, llegan a centros hospitalarios y refugios hacinados, muchos de ellos total o parcialmente destruidos, sin energía ni agua, ni suficientes medicamentos, ni suficiente personal médico para atenderlos.

El calificativo de «genocidio» y la acción interpuesta por Sudáfrica ante la CIJ fueron recientemente objeto de una emisión radial en Francia (France Culture), durante la cual el entrevistador pretendió saber más de derecho internacional público que la experta gala entrevistada, procediendo a un cierre abrupto de la entrevista bastante inusual y, en nuestra opinión, muy poco profesional (véase nota de Arret sur Images del 11 de enero del 2024).

A modo de conclusión

Es muy probable que la CIJ ordene un cese al fuego inmediato por razones humanitarias, tal como fue solicitado por Sudáfrica en su extensa demanda, y ello de manera unánime o casi. Esta acción de Sudáfrica se presentó luego de intentos fallidos en el Consejo de Seguridad, debido a dos vetos norteamericanos. La amenaza de un tercer veto de Estados Unidos condujo a la adopción de la resolución 2720 el 22 de diciembre del 2023, la cual adolece de una referencia a un cese al fuego por razones humanitarias.

Es de recordar que en una decisión anterior, relacionada a la construcción de un muro en territorio palestino por parte de Israel, la CIJ adoptó su opinión consultiva (véase texto completo) en julio del 2004 con 14 votos a favor y uno solo en contra en varios de los puntos conclusivos detallados en el párrafo 163, siendo la voz discordante la del juez norteamericano de la CIJ Thomas Buergental.

En el caso de la solicitud de medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica contra Israel en diciembre pasado, al haber invocado Sudáfrica la Convención de 1948 para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, y deberse centrar parte de la discusión legal sobre el punto de saber si es o no plausible que se esté cometiendo un genocidio en Gaza, es muy posible que el debate interpares en La Haya deje algún rastro en la decisión final, y que algunos otros párrafos operativos de esta ordenanza se deban someter a la votación de los 15 jueces titulares y de los dos jueces ad hoc designados por Sudáfrica e Israel.

Si bien los precitados párrafos 101-107 de la demanda de Sudáfrica (véase texto) constituyen una evidencia probatoria sobre la intención deliberada de las actuales autoridades israelíes, es posible que algunos jueces busquen la manera de no darle la importancia que merecen estas escalofriantes declaraciones oficiales oídas en Israel desde el pasado 7 de octubre

En caso de que Israel desacate esta ordenanza de la CIJ que será leída este próximo 26 de enero del 2024, será entonces la comunidad internacional (Consejo de Seguridad y accesoriamente Asamblea General de Naciones Unidas en caso de veto norteamericano en el primer órgano mencionado), la llamada a idear un mecanismo para obligar a Israel a cesar sus operaciones militares en Gaza: las cuales, desde el 7 de octubre por la tarde / noche consisten, a modo de represalia por el ataque sufrido el mismo 7 de octubre perpetrado por el Hamás, en una acción punitiva colectiva en contra de la población civil de Gaza. Ello en abierta violación a las reglas más básicas del derecho internacional humanitario.

Desde un estricto punto de vista militar, un especialista francés en asuntos militares y connotado comentarista recientemente escribió en su blog que:

«La situation sur la bande de Gaza est parfaitement désespérante. D’un côté, le gouvernement israélien annonce régulièrement qu’il va enfin sortir de cette opération dévastatrice dont le bilan est parfaitement catastrophique. Mais dans la réalité, rien ne change à ce stade où chaque jour renouvelle son lot de bombardements qui dévastent littéralement la bande de Gaza.

/../

Dans la partie Nord, censée avoir été nettoyée (c’est le terme militaire) par l’armée israélienne, les unités de Tsahal sont régulièrement harcelées par des miliciens qui ont fait des décombres leur refuge. Dans la partie Sud, l’armée affirme vouloir réduire le « quartier général stratégique » du Hamas qui se situerait à Khan Younes, après avoir été vainement cherché à Gaza même puis sous l’hôpital Al Shifa, un QG fantôme qui ne justifie en aucun cas les bombardements opérés sur l’ensemble de la bande de Gaza.

/…/

Si cette opération déclenchée par le gouvernement Netanyahou contre la bande de Gaza continue, le risque d’escalade régional est avéré et le risque pour l’avenir d’Israël est constitué. Il appartient aux alliés d’Israël et à toutes les sociétés qui comprennent que la paix ne se construit pas dans la vengeance, de l’obliger désormais à sortir de cette impasse sanglante et de construire sur ces décombres inutiles l’avenir et la stabilité de cette région» (Nota 3).

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «»Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio de remisión conjunta de México y de Chile a la Corte Penal Internacional (CPI)«, editada el 18 de enero del 2024, y disponible aquí.

Nota 3: Véase ANCEL G., «L’Ukraine oblige l’Europe à se réveiller tandis qu’Israël sombre dans le déni«, Ne pas subir, Blog de Guillaume Ancel, édición del 20 de enero del 2024, disponible ici.

Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Bilan du Hamas: 5000 morts dont 2055 enfants, dans la bande de Gaza», Le Journal de Québec, edición del 23/10/2023.

Pronunciamiento público: Estado de Costa Rica mantiene impune el asesinato de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en 24/01/2024. Publicado en Derechos.

Pronunciamiento público: Estado de Costa Rica mantiene impune el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, situación que agrava la ocupación ilegal de los territorios indígenas y la violencia contra los pueblos originarios.

– Organizaciones firmantes de este comunicado denuncian la impunidad sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak y del Pueblo Bribri de Salitre.

Miércoles 24 de enero 2024. El pasado viernes 19 de enero, la familia Rojas Lázaro comunicó que el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur decidió el sobreseimiento definitivo del caso judicial que investigaba el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. El caso fue conocido por el Juzgado Penal de Buenos Aires, con el número de expediente 19-000178-0990-PE y los imputados eran los no indígenas Edwin Guevara Mora y Víctor Zúñiga Fallas. Como consecuencia del sobreseimiento ambos serán liberados sin ninguna consecuencia judicial; también las investigaciones no continuarán y con ello la impunidad para Sergio, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre se impondrá.

De esta manera, la impunidad y la deuda histórica del Estado costarricense con los Pueblos Originarios se fortalece. Como si eso fuera poco, envalentona a los ocupantes ilegales, agresores y todos los sectores que obtienen beneficios económicos, sociales y políticos de la ocupación ilegal, colonial y racista de los Territorios Indígenas. La violencia institucional y el nulo acceso a la justicia por parte de los Pueblos Originarios es estructural y sistémica. Pese a la continua y sistemática violencia a la que sobreviven los Pueblos Originarios y las múltiples denuncias establecidas antes las instancias judiciales ningún caso ha sido resuelto, muchos menos ninguna persona no indígena ha ido presa por amenazas de muerte, intentos de homicidio y muchas otras formas de agresión. El único fue el asesino confeso del Brörán Jerhy Rivera Rivera, Luis Eduardo Varela, quien fue puesto en libertad meses después por el Tribunal de Apelaciones de Cartago.

Muy al contrario, ha sido la situación de los Pueblos Originarios ante las instancias judiciales: el mismo Sergio fue privado de libertad por 7 meses entre el 2013 y 2014, por una causa judicial que al día de hoy no cuenta con pieza acusatoria. Así, aunque la investigación penal contra la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Salitre (de ese momento) inició en 2012, el Poder Judicial ha sido incapaz de construir una pieza acusatoria. 12 años después la investigación continúa y Sergio fue privado de libertad, aunque esa fase no terminará.

Dolorosamente, las consecuencias de esta sentencia se extienden al Pueblo Bribri de Salitre y otros Pueblos Originarios. La impunidad sobre el caso de Sergio fortalece a los ocupantes ilegales -entre los que sobresalen los imputados en el caso de Sergio, Edwin Guevara y Víctor Zúñiga- a los terratenientes, a los discursos de odio y racistas y, en general, promueve una cultura de violencia en los Territorios Indígenas y comunidades aledañas. La desidia, falta diligencia y celeridad de la Fiscalía tiene consecuencias graves sobre cuerpos, vidas de infancias, mujeres y hombres. Así, el Estado lejos de proteger a los Pueblos Originarios se convierte en uno de sus mayores verdugos.

En diciembre del 2023, en medio de la amenaza al archivamiento del caso que investiga el asesinato de Sergio, 106 persones y 54 organizaciones de al menos 20 países diferentes enviaron cartas solicitando al Juzgado de Buenos Aires que rechazaran la solicitud de sobreseimiento. Entre las organizaciones se encontraban políticas, de Pueblos Originarios, sociales, de Derechos Humanos, ecologistas, entre otras.

En este contexto, se exige al Poder Judicial realizar de forma diligente y urgente las investigaciones y diligencias necesarias hasta dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato de Sergio Rojas para establecer las consecuencias penales respectivas.

Más allá de las exigencias a las instancias gubernamentales e internacionales, como Pueblos Originarios continuaremos los procesos de resistencia. En el fortalecimiento de los procesos organizativos, la reafirmación territorial y la autonomía está la principal arma que nos defenderá de un Estado racista, colonial y violento y los ocupantes ilegales.

Suscribimos este pronunciamiento:
– Coordinadora de Lucha Sur Sur
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
– Alakölpa Ditsö Ajkönúk (Salitre).
– Ditsöpa Keneblok (Salitre).
– Consejo Iriría Sätkök de Yabamï Dí Kátá (Cabagra).
– Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
– Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
– Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
– Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
– Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
– Comunidad Brörán de Crun Shurin.
– Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
– Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas Iríria Tsochok.
– Asociación Costarricense de Derechos Humanos.
– Asociación Voces Nuestras.
– Partido Vanguardia Popular.
– Kioscos Socio-ambientales, UCR.
– Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI).
– Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina).
– Costa Rica Afro.
– Colectiva por el Derecho a Decidir.
– Mujeres Rurales de Costa Rica.
– Asociación Tinamaste.
– Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
– Bloque de Vivienda.
– Asociación Solidaria Comparte-Costa Rica.
– Partido Obrero Socialista (POS.)
– Red Solidaridad con Palestina.
– Bloque Verde.
– Red de Gestores Locales del Pacífico Sur (REGELOPS)·
– Movimiento Buen Vivir Costa Rica.
– Fundación Pedagógica Nuestramerica.
– Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).
– Asociación El Camino de la Semilla. Territorio indígena de Térraba.
– Colectivo Agua es vida, no mercancía.
– CR Solidaria.
– Movimiento humanista.
– Asociación Ecologista Desamparadeña (ASECODES).
– Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC.
– Unidas en Justicia e Igualdad de San Ramon de Alajuela.
– Movimiento Popular Costarricense.
– Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI).
– ACI-PARTICIPA, Honduras.
– Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Honduras.
– Organización del Pueblo Kichwa Saraguro, Ecuador.
– Coordinadora de Comunidades afectadas por TRECSA, Guatemala.
– Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), México.
– Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.
– Soldepaz – Pachakuti, España.
– Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza.
– Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EEUU.
– Alianza por la Justicia Global, SOA Watch, EEUU.
– Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos.
– Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela.
– Red de Colectivos La Araña Feminista, Venezuela.
– Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Venezuela.
– Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela.
– Colombianas y Colombianos por la Paz.
– Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colombia.
– Observatorio de Paz, Colombia.
– Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury.
– Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia.
– Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala.
– Comisión Multisectorial del Uruguay.
– Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador.
– Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
– Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá.
– Movimiento Alfa y Omega de Perú.
– Movimiento de Favelas de Rio Janeiro, Brasil.
– Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche.
– Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall).
– Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina.
– Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina.
– Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH).
– Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), México.
– Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC).
– Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI).
– Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH).
– Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX).
– Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco).
– Taller del Sur.
– Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas.
– Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ).
– Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH).
– Colectivo Ocho Trueno.
– Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA).
– Colectivo Insurrección Visual.
– Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México.
– Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América.
– ComuniSur.

Foto: Reuters.

Marcha-Boicot BDS por Palestina sobre la Avenida Central. “No con nuestro dinero” indica la Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica

Escrito en 22/01/2024. Publicado en Derechos.

Por Sofía Jiménez Murillo

La Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica publicó, en su red social Instagram, un vídeo que muestra la marcha-boicot realizada en San José en relación con la injusticia sufrida por el pueblo palestino. Durante la manifestación, llevada a cabo sobre la Avenida Central, estuvieron presentes bastantes personas levantando la bandera Palestina en señal de apoyo.

En la marcha, también, estuvo presente el movimiento BDS (Boicot-Desinversión-Sanciones), cuyo objetivo es trabajar para erradicar la opresión del pueblo palestino por parte de Israel, así como de la ayuda internacional que éste país pueda emplear para ejecutar dicho fin.

Compartimos el vídeo.

Israel, ¿hasta dónde llegará su locura?

Escrito en 22/01/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mg. José A. Amesty Rivera

No parece haber limites en el gobierno de Israel, para hacer «desaparecer» a los habitantes de Gaza, para perpetuar la guerra, y los medios por los cuales se pueda eternizar su hegemonía. En este sentido, deseamos compartir dos temas, que nos parecen increíbles de parte de Israel en relación con Gaza.

El primer tema es en base al artículo del investigador Dr. Izzeddin Araj » Utilización del esperma de soldados muertos en combate: la profunda militarización de la sociedad«, quien cita a la vez, a la profesora Nitza Berkovitch de la Universidad Ben Gurion de Israel.

Los autores, nos informan de una práctica, no nueva, de Israel, especialmente cuando entra en conflicto directo con Palestina. Esta práctica es la conocida como, reproducción asistida póstuma (RAP), que no es más que, la recogida de esperma de los cuerpos de soldados fallecidos para su «reproducción póstuma».

Se informa de un hecho a partir del 7 de octubre 2023, cuando «las familias de tres soldados caídos llegaron con una petición inusual: extraer esperma de los cuerpos de sus hijos fallecidos. Este procedimiento, conocido como aprovechamiento de esperma, ha ido ganando adeptos en Israel a lo largo de los años. La investigación científica sugiere la posibilidad de recuperar esperma hasta 72 horas después de la muerte».

Por un lado, la profesora Berkovitch y el investigador Araj señalan, la militarización de la sociedad israelí, donde los soldados se convierten en la encarnación colonial de la masculinidad nacional israelí. «Los militares son venerados como la encarnación de la masculinidad nacional, y el acto de paternidad póstuma se percibe como un homenaje a estos soldados caídos, un medio de garantizar que su legado perdure».

Por ejemplo, «en 2014, durante la guerra del régimen israelí contra Gaza que se saldó con el asesinato de más de 2.000 palestinos, en su gran mayoría civiles, los bancos de esperma israelíes registraron un aumento de la demanda de semen de soldados que servían en unidades de combate. Desde entonces, los bancos de esperma han incorporado activamente los antecedentes militares de los donantes en sus perfiles, y algunos bancos incluso rechazan donantes que no hayan servido en el ejército».

En fin, «mientras que las preferencias reproductivas en una sociedad profundamente militarizada producen y mantienen constantemente formas de masculinidad hegemónica, la continuidad buscada no es únicamente la de un individuo como miembro de la familia, hijo o incluso hombre, sino principalmente como soldado en una unidad de combate».

Por otro lado, la idea es perpetuar la sociedad israelí machista y patriarcal, surgida desde los inicios de este pueblo. Por supuesto, a partir de la formulación de la feminidad en Israel, basándose en considerar a las mujeres judías como madres, más que como ciudadanas o individuos.

Es lamentable «la inclinación entre muchas mujeres y parejas israelíes, a elegir esperma de soldados no es sorprendente, hasta el punto en que, el donante guerrero es a la vez el proveedor del producto y el producto básico en sí, y su semen se considera el portador material de su esencia espiritual. Esta esencia espiritual se percibe como su papel militarista, a la hora de proporcionar seguridad a la nación y llevar a cabo sus misiones nacionales». Es el binomio militarista y reproductor a perpetuar en Israel, pasando por lo patriarcal y masculino.

Esta idea o visión militar, por otro lado, tiene como base «el predominio de los militares en la sociedad israelí, ayuda a explicar por qué la guerra, el nacionalismo militarista y la violencia están tan profundamente arraigados en la ideología sionista. Israel es la consecuencia de un movimiento colonial de colonos militarizados que busca su legitimidad en el mito bíblico».

«Los pocos israelíes que se oponen a este nacionalismo militarista, especialmente después del 7 de octubre, han sido silenciados y perseguidos en Israel. La violencia genocida es casi exclusivamente el lenguaje que los líderes y ciudadanos israelíes utilizan para hablar con los palestinos y el mundo árabe».

En fin, «el objetivo primordial del colonialismo de colonos es la conquista total de la tierra palestina. Los pocos líderes israelíes que han intentado dominar el ejército, como el primer ministro israelí Levi Eshkol, han sido apartados por los generales». El Informe Chris Hedges con Miko Peled, 14 enero 2024.

El otro tema, basado en el artículo de, Luis Ángel Reglero «Denuncian que cadáveres de palestinos devueltos por Israel a Gaza tienen órganos robados«, es la denuncia concreta que, en cerca de ochenta cuerpos que murieron en el norte de Gaza, han robado órganos según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Los órganos son: «hígados, riñones o corazones», pero también «córneas y cócleas (parte de la oreja)».

«Israel entregó cerca de ochenta cuerpos en descomposición, difíciles de reconocer, tras haberlos sacado de diferentes zonas de la Franja. En muchos de ellos habían robado órganos, afirmó Hamás, en lo que calificó «un crimen de guerra» tras haber sido «exhumados de sus tumbas». Así como, “falta de moral y valores” por parte del Ejército de Israel».

Perpetuar la especie israelí, pasa hasta por robar órganos de sus enemigos, para montar un banco de órganos, y colocarlos en soldados y personas de Israel. En este caso, es contradictorio lo señalado de destruir a los y las palestinas hasta desaparecerlas, pero si se sirven de ellos y ellas para eternizar su pueblo.

Hay una denuncia, aún más concreta, de la periodista palestina Kawther Salam, en su artículo, «Los ladrones de órganos de Israel«, donde enfatiza:

Todos los oficiales israelíes y personal civil de la denominada administración civil que sirvieron en Cisjordania desde los primeros años setenta estuvieron implicados, como encubridores al menos, en el robo de órganos de los palestinos, tal vez actuando en connivencia, pero más probablemente participando en el crimen organizado por dinero.

Todos los médicos israelíes y personal que trabajaba en Abu Kabir desde los primeros años setenta estuvieron implicados en el robo y venta de órganos de los palestinos.

Todos los francotiradores del ejército hebreo y otros soldados que dispararon contra los palestinos (y extranjeros) en manifestaciones pacíficas están y estuvieron implicados en la mafia que roba y vende órganos de los palestinos asesinados, recibiendo algunos de ellos dinero a cambio.

El estado mayor del ejército israelí y la mayoría de los oficiales de la cadena de mando, si no todos, saben lo que está pasando y son cómplices del robo de órganos de los palestinos que asesinan, ofreciendo planificación y logística para la comisión de los crímenes, así como haciendo que las familias de las víctimas permanezcan en silencio. Todo el estado israelí y la nación israelí que acepta la continuada ocupación militar son responsables de crímenes contra la humanidad.

La mayoría del establishment médico israelí, si no todo él, sabe lo que está pasando y mantiene silencio porque obtiene dinero o es recompensada de otras formas por su complicidad con estos crímenes. Esto está confirmado por las repetidas denuncias de médicos de otros países por el hecho de que Israel es una de las pocas jurisdicciones que no prohíben el comercio con órganos y otras partes del cuerpo humano.

El ministerio de salud israelí está plenamente informado de lo que está pasando. Esto está confirmado por las informaciones ofrecidas por los traficantes de órganos detenidos en Brasil y Sudáfrica en 2003, según las cuales “personas del gobierno israelí” les habían proporcionado “contactos comerciales” y el gobierno de Israel financiaba trasplantes de órganos.

La demencia de Israel, no tiene límites a la hora de actuar para mantener su hegemonía en contra de Gaza.

EEUU: Asesinatos, pobreza y discriminación

Escrito en 20/01/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Pablo Ruiz*

En los grandes medios de América Latina pasó un tanto desapercibido el Informe Mundial 2024 de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) la que analiza la situación de derechos humanos de más de 100 países y que, en mi opinión, los grandes medios suelen utilizar sólo cuando les conviene, en general para seguir con sus retórica contra Cuba o Venezuela, sin explicar que las sanciones económicas de Estados Unidos contra estos países generan pobreza, migración, y terminan violando los derechos humanos.

En general, los grandes medios suelen ocultar o maquillar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus propios países al mismo tiempo que, por línea editorial, defienden el sistema económico neoliberal el que permite la concentración de la riqueza para unos pocos y la pobreza (violación de los derechos humanos) para muchos.

Por supuesto, del gran hermano, de la democracia estadounidense, casi nada se divulga sobre la situación de derechos humanos en Estados Unidos y si se conocen nadie pone el grito en el cielo ni pide sanciones. Menos se critica la política exterior estadounidense que tiene consecuencias nefastas para otros países en materia de derechos humanos.

Vemos en las noticias con horror, tristeza, e impotencia la muerte de más de 24 mil palestinos, muchos de ellos niños, asesinados por Israel con armas y apoyo de los Estados Unidos.

El 11 de enero pasado en las noticias del medio alemán DW en español entrevistaron al subdirector para América Latina de HRW, Juan Pipper, y le preguntaron cómo se explica el doble discurso de EEUU que dos veces vetó una resolución, en el Consejo de Seguridad de la ONU, para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza.

“Este doble rasero que vemos en Estados Unidos, que vemos en Bruselas y también en otros países del mundo es hoy uno de los grandes desafíos que tienen los derechos humanos a nivel global” dijo Pipper, agregando a continuación que la Comunidad Internacional reaccionó de forma correcta frente a la guerra en Ucrania.

“Hace falta que se apliquen las mismas herramientas, las mismas respuestas en el caso de lo que está ocurriendo hoy en Palestina y en otras crisis menos conocidas como lo que ocurre en Sudán o mucho más cerca, en nuestra región, en América Latina, en Haití. Son situaciones dramáticas de violaciones a los derechos humanos que requieren que la Comunidad Internacional responda de forma clara y sin dobles raseros. Siempre protegiendo los derechos humanos y a las víctimas”, expresó Pipper.

Anotar que en el conflicto en Ucrania la gran mayoría de los países se oponen a la guerra y han abogado por negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Mientras que EEUU y los países de la OTAN han resuelto apoyar la guerra y que se sigan desangrando ambas naciones.

El Informe Mundial 2024, de la organización internacional Human Rights Watch, señala en el apartado de la situación de los derechos humanos en los mismos Estados Unidos que “el racismo, el sentimiento antiinmigrante y las amenazas a la democracia continuaron siendo problemas apremiantes de derechos humanos en Estados Unidos en 2023”. Veamos algunas partes del informe en cuestión.

Asesinatos policiales

De acuerdo con el informe, “hasta el 28 de septiembre, la policía había matado a más de 800 personas en 2023, cifras similares a las de años anteriores. Per cápita, la policía mata tres veces a más personas negras que blancas”.

Los números de las personas asesinadas por la policía siguieron aumentando, llegando hasta 1329 en el año 2023 de acuerdo al sitio de monitoreo mappingpoliceviolence.org.

El informe de Human Rights Watch indica que “los llamamientos generalizados para reducir la dependencia excesiva de la policía y abordar los problemas sociales con la inversión en vivienda, atención sanitaria y educación fueron en gran medida ahogados por los llamamientos a una mayor financiación policial y a la reversión de las reformas policiales”.

Esto último, “fueron impulsados por una persistente divulgación de información errónea y narrativas engañosas sobre el aumento de las tasas de criminalidad y la disminución de la seguridad pública”.

Lo mismo, sacado de manual, lo podemos ver en tantos países, donde ayudados por los grandes medios de comunicación de los grupos de poder, se siembra el miedo con el fin de seguir militarizando la vida y justificando leyes que dan más garantías e impunidad a las Fuerzas de Seguridad.

Otro antecedente que indica el Informe, común en muchos países del mundo, es que “la mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos se niegan a proporcionar datos sobre su uso de la fuerza, lo que hizo necesaria la recopilación y el análisis de datos de organizaciones no gubernamentales”.

Desigualdad Económica y Encarcelamientos

En Estados Unidos, uno de los países más ricos e industrializados del mundo, de acuerdo al informe, “la brecha de riqueza racial continuó siendo muy marcada: por cada dólar de riqueza de las familias blancas, las familias negras tenían apenas 24 centavos y las familias hispanas, 23 centavos, una brecha que ha cambiado muy poco en los últimos 50 años”.

“La desigualdad de ingresos en Estados Unidos es muy alta en comparación con otros países ricos: el 10 % de los que más ganan acapara casi la mitad de todos los ingresos y el 50 por ciento inferior obtiene sólo el 13 por ciento”.

El informe indica que “el índice GINI, una medida estadística de la desigualdad de ingresos, apunta que para Estados Unidos ha aumentado un 3,2 % desde 2021. La desigualdad de riqueza es igualmente marcada: el 50 % más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5 % de la riqueza privada del país”.

La pobreza, desigualdad, las grandes diferencias en el acceso a los derechos entre la población estadounidense puede explicar, en alguna medida, el aumento en la tasa de encarcelamiento, El informe de HRW dice que existen “aproximadamente 2 millones de personas recluidas en cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes estatales y federales en un día cualquiera, y millones más en libertad condicional” y donde, claro, hay “una representación enormemente excesiva de personas negras en prisiones y cárceles” en los Estados Unidos.

Migrantes: Biden expulsó a 2,3 millones de personas

Este punto, la problemática de la migración hacia los EEUU, es quizás uno de los pocos temas que uno puede leer en los medios masivos. Aunque, como en muchos temas, no se abordan las causas profundas de la migración que es la pobreza, las consecuencias del neoliberalismo, el cambio climático, las sanciones a terceros países, y la militarización impulsada por los mismos Estados Unidos que son factores que explican por qué las personas buscan migrar.

El informe de HRW señala que “las autoridades estatales y federales (en Estados Unidos) continuaron aplicando políticas destinadas a disuadir a las personas de buscar asilo en el país, en flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos, prácticamente forzándolas a emprender rutas más peligrosas”.

“La política de expulsiones sumarias del Título 42 de 2020 expiró en mayo, pero fue reemplazada por una nueva regla laberíntica de asilo. Conforme al Título 42, justificado como una medida de emergencia para combatir la pandemia de Covid-19, el gobierno de Biden expulsó sumariamente a 2,3 millones de personas sin analizar sus solicitudes de asilo”, señala HRW.

Vale recordar el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el que consagra que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” y los Estados están obligados por la Ley Internacional a tramitar sus solicitudes.

El informe recuerda que “como candidato, Biden prometió a poner fin a la detención de inmigrantes en cárceles privadas, pero en julio, el 90 % de los 30.000 extranjeros que en promedio son detenidos cada día en EE.UU. estaban recluidos en instalaciones privadas”.

La Cárcel ilegal de Guantánamo

Debemos recordar que, dentro de la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo, territorios que Cuba demanda sean devueltos al país, sigue existiendo una cárcel ilegal que viola los derechos humanos.

Este 11 de enero pasado, se cumplieron 22 años desde su apertura, la que fue establecida por el presidente George W. Bush en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La cárcel ilegal en Guantánamo ha llegado a albergar a más de 700 prisioneros.

El documento de HRW señala que “al momento de redactar este informe, 30 musulmanes extranjeros permanecían encerrados en el centro de detención militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, entre ellos cinco acusados de participar en los ataques del 11 de septiembre de 2001”.

También indica que “las conversaciones sobre un acuerdo para que los acusados del 11 de septiembre se declararan culpables a cambio de cadena perpetua se estancaron, después de que el presidente Biden rechazará las solicitudes de atención de los hombres para ayudarlos a recuperarse de las torturas de la CIA y no cumplir sus condenas en régimen de aislamiento”.

Vale agregar que el documento no menciona sobre la existencia de los presos políticos recluidos en las cárceles estadounidenses como Mumia Abu Jamal o Leonard Peltier, entre otros.

Política exterior de EEUU

El informe de HRW también analiza algunas prácticas de la política exterior estadounidense partiendo por el presente conflicto palestino-israelí indicando que el “presidente Biden criticó duramente el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, que resultó en la muerte de cientos de israelíes y otros civiles y se comprometió a aumentar el apoyo a la defensa de Israel más allá de la ayuda militar anual ya aprobada”.

Sin embargo, HRW es crítico al respecto y señala que “dicha asistencia de seguridad y transferencias de armas incumplieron las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional. Los funcionarios estadounidenses instaron pública y privadamente a Israel a minimizar el daño civil en su respuesta militar y permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza”.

Agregó que si bien es cierto que algunos funcionarios del gobierno de Biden hicieron ver sus preocupaciones el gobierno israelí este no cambió su política y siguió atacando a la población civil palestina la que debe ser protegida y respetada de acuerdo con la Ley Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Pese a lo anterior, Estados Unidos ha seguido enviando armas y dando asistencia militar a Israel.

Sobre la guerra de Rusia y Ucrania, el informe indica que “Estados Unidos siguió brindando un importante apoyo militar y económico a Ucrania en 2023 en respuesta a la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022” y que “Biden aprobó la transferencia de municiones de racimo estadounidenses a Ucrania. Estas armas están prohibidas por un tratado internacional debido a los peligros que representan para los civiles, pero ni Estados Unidos ni Ucrania son partes de ese tratado”.

En este apartado no señala que también el gobierno de Zelensky incumplió “las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional”.

Sin embargo, en el capítulo sobre la situación en Ucrania señala el informe que “la Misión de Observación de la ONU también documentó 75 casos de detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas, en su mayoría de personas sospechosas de delitos penales relacionados con el conflicto, y el 57 por ciento de los detenidos dijeron que fueron sometidos a torturas y malos tratos, predominantemente en lugares de detención no oficiales”.

Al cierre de este artículo, en una cárcel de Ucrania murió el periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira quien antes de morir, bajo custodia del Estado ucraniano, acuso persecución, tortura, y extorsión bajo el gobierno de Zelensky.

Finalmente, el informe de Human Rights Watch, con sus acentos y silencios, nos permite ver cómo también dentro de los Estados Unidos se violan los derechos humanos. Es importante denunciar el mito de la democracia estadounidense.

* Pablo Ruiz es periodista y parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile

Foto: SOA Watch

Sistema de las Naciones Unidas: “Costa Rica no merece que el asesinato de Sergio Rojas quede impune”

Escrito en 19/01/2024. Publicado en Derechos.

Danilo Mora Díaz

OCR

Oficial de Comunicaciones y Advocacy

Pronunciamiento de Naciones Unidas.

19 de enero de 2024

El Sistema de las Naciones Unidas lamenta profundamente el archivo judicial definitivo de la causa abierta por el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, bribri del clan Uniwak, ocurrido en el año 2019. Asimismo, expresa su solidaridad con su familia, su comunidad, los pueblos indígenas del país y con toda la sociedad costarricense.

Naciones Unidas expresa su preocupación sobre la no realización de investigaciones con pertinencia y aplicación integral de los principios de acceso intercultural a la justicia, que brindaran elementos suficiente y sólidos, por parte del Ministerio Público, para iniciar un juicio contra las personas responsables de este asesinato.

Por tal razón, ONU Costa Rica considera relevante y urgente que se activen los mecanismos legales necesarios para que las investigaciones sean retomadas con la mayor prontitud y evitar así la impunidad. Asimismo, solicita al Poder Judicial redoblar esfuerzos y recursos para que en otros casos abiertos por ataques a líderes indígenas las pesquisas sean conducidas apropiadamente.

Costa Rica, como país firmante de los tratados internacionales de los Derechos Humanos, ha asumido el compromiso de proteger la vida y la integridad de sus habitantes, así como de resguardar las garantías especiales de los pueblos indígenas y de quienes defienden los derechos humanos. También se ha comprometido a asegurar la justicia pronta y cumplida cuando se den violaciones a dichos principios.

Al respecto, Naciones Unidas recuerda el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que urgieron a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y llevarlos ante la justicia, de acuerdo con la ley”.

En específico, destacamos lo indicado por el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzai en el informe de su visita al país en el que refiere la urgencia de “establecer un mecanismo efectivo y culturalmente relevante para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos”, así como profundizar la restitución de tierras a los pueblos indígenas, y con ello evitar la tensión social en los distintos territorios, lo cual constantemente hemos reiterado.

La ONU también pide al Poder Judicial seguir avanzando con la política de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, y urge al Estado costarricense y a las autoridades nacionales para establecer y aprobar en Costa Rica la propuesta de un mecanismo de protección de personas defensoras de Derechos Humanos, que fortalezca la senda histórica del país en esta materia.

Caso de Sergio Rojas Ortiz: Juzgado ignora peticiones de más de 100 personas y organizaciones

Escrito en 19/01/2024. Publicado en Derechos.

Dictan sobreseimiento a favor de las dos personas imputadas por el homicidio y ponen fin a la investigación penal

Hoy trascendió la triste noticia mientras que más de un centenar de personas, proyectos e instancias académicas y sociales solicitaban el no sobreseimiento definitivo presentado por la Fiscalía en el caso del crimen político de Sergio Rojas Ortiz.

Junto a la Coordinadora de Lucha Sur Sur y distintas personas y organizaciones se unieron a través de cartas para solicitar la condena del sobreseimiento definitivo por parte de la Fiscalía en el caso del asesinato por razones políticas del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre. De estas se destacan la Carta del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos donde organizaciones y personalidades de 17 países ligadas a la defensa de los Derechos Humanos condenan la solicitud de sobreseimiento; así como la Carta de sectores académicos y sociales que ven con preocupación este fallo del juzgado.

Mediante esta última carta abierta para el Juzgado de Buenos Aires (adjunta) quienes firmaron reclamaban que el pasado 7 de diciembre del 2023, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada, solicitó al Juzgado de Buenos Aires de Puntarenas el sobreseimiento definitivo del proceso penal por el homicidio político contra el líder indígena Sergio Rojas del Pueblo Bribrí de Salitre.

Como se mencionó, la carta fue promovida por personas ligadas a múltiples proyectos y acciones de investigación, docencia y acción social, de las universidades públicas que acompañan a los pueblos originarios y reconocen que el Estado ha sido racista al no ser capaz de sancionar los hechos violentos a los que han sido expuestas las personas indígenas.

En la carta aseguran que “Sabemos que Sergio fue clave en los procesos de defensa y recuperación de los territorios indígenas del sur, por lo que su muerte no se debe a un hecho fortuito y aislado. Además, Sergio era sujeto de medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitidas en el 2015, ordenando al Estado Costarricense garantizar la protección, vida e integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre. Resolución dada por amenazas y atentado contra su vida en el 2012.

Se preguntaron: ¿cuál es el mensaje que los representantes del Estado nos dan en medio de la escalada de violencia en la que se encuentra el país? Para quienes vivimos en otros sectores geográficos dicha escalada nos es muy preocupante, y es el resultado del detrimento de las políticas sociales; sin embargo, esta agudización de la violencia es la coyuntura que han enfrentado los pueblos originarios de dicha zona desde hace años”.

Recordaron que “el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, al mencionar que únicamente durante los últimos tres años de registro, estos pueblos han sobrevivido a más de 200 ataques en su contra, con la gravedad que en el último año disminuyeron en frecuencia, pero aumentaron su cualidad: cada vez son más graves y fuertes. Una característica esperada, pues la violencia es un fenómeno de escalonada sino se lo pone un alto”.

Ligado a lo anterior, apuntaron que: “sabemos que nos encontramos en un momento de mayor polarización en nuestra región, donde las voces disonantes son criminalizadas debido su labor de luchar por garantizar sus derechos. Sergio Rojas no fue una excepción, y nos preocupa que la posibilidad de sobreseimiento sobre su caso constituya un indicador para las personas activistas y defensoras que el país opta por la impunidad como un medio legitimador de la violencia. Si este asesinato queda impune, ¿qué detendría a otra persona para que no vea como una solución la agresión y el asesinato?”

Finalmente aseguraron que “dar sobreseimiento definitivo a este caso significa expresarle al mundo que, en Costa Rica, además de violarse los Derechos Humanos, prevalece un estado de impunidad contra los pueblos indígenas”.

Kioscos Ambientales UCR

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Sindicato del Poder Judicial manifiesta preocupación y rechazo a medidas sanitarias y tratados internacionales

Escrito en 19/01/2024. Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) ha emitido una manifestación, representada por Jorge Eduardo Cartín Elizondo, en la que expresan su profunda preocupación y rechazo a diversas medidas adoptadas en el marco de la pandemia del COVID-19, así como a tratados internacionales y decisiones gubernamentales.

En el comunicado dirigido a la Corte Plena del Consejo Superior del Poder Judicial, Cartín Elizondo, en calidad de representante del SITRAJUD, destaca los siguientes puntos:

Primacía del ser humano sobre el Estado: Se enfatiza que el ser humano antecede al Estado, y el Derecho Natural es superior al Derecho Positivo, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Derechos humanos inalienables: Se hace hincapié en que los seres humanos tienen derechos inalienables protegidos por tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, entre otros.
Rango supraconstitucional de tratados internacionales: Se argumenta que los tratados y acuerdos internacionales tienen rango supraconstitucional, debiendo interpretarse extensivamente en favor de la libertad y restrictivamente en lo que la limite.
Cuestionamientos a las medidas ante la pandemia: Se critica la imposición «ilegal» de medidas durante la pandemia, especialmente las relacionadas con la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19. Se señala que estas medidas han infringido diversos artículos de la Constitución Política y tratados internacionales, atentando contra derechos fundamentales como la vida y la salud.
Denuncia de ilegalidades en las decisiones del Gobierno: Se denuncia la emisión de decretos ejecutivos modificando leyes, como el Decreto N° 42889-S y N° 43249-S, que se consideran ilegales al imponer la obligatoriedad de la vacunación sin garantía legal y al vulnerar múltiples normativas y derechos.
Acusación de falta de prudencia en la pandemia: Se acusa al Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, la Comisión Nacional de Emergencias y el Colegio de Médicos de imponer restricciones sin un adecuado debate médico-científico, generando un atropello de derechos humanos y libertades individuales.
Rechazo a organizaciones supranacionales: Se rechaza la influencia de organizaciones como la ONU, OMS y WEF, considerándolas con conflictos de interés y sin representatividad democrática en Costa Rica.
Pedido de debate público y democrático: Solicitan la apertura de un proceso de debate público, libre y democrático sobre las medidas y tratados que afectan a la población costarricense.

El SITRAJUD adjunta pruebas documentales que, según ellos, demuestran el mal manejo de la pandemia y la falta de prudencia de las autoridades. Entre las pruebas se incluyen informes médicos sobre efectos adversos de la vacunación y comunicados sobre la falta de evidencia científica en decisiones clave.

El sindicato manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la soberanía del país, llamando a la reflexión y al debate público en torno a las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia y a tratados internacionales.

La información completa se encuentra en el PDF adjunto.

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Marcha boicot por Palestina

Escrito en 19/01/2024. Publicado en Derechos.

El sábado 20 enero a las 5:00 p.m, en el Reloj Plaza de la Cultura, San José, se realizará una actividad pacífica apta para todas las personas, las mascotas son bienvenidas. La actividad consta de una ruta por los principales comercios que apoyan la injusticia en Palestina; puede traer pancartas, mantas, faroles o lo que gustes para exigir un «No al asesinato de niños y niñas Palestinas con nuestro dinero».

Organiza: RED DE SOLIDARIDAD CON PALESTINA

@palestinacostarica

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: no más impunidad ante crimen político de Sergio Rojas

Escrito en 18/01/2024. Publicado en Derechos.

Por Sofía Jiménez Murillo

La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) comparte una carta emitida el pasado 10 de enero por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, redactada por la Coordinadora Daniela González. La carta, titulada Condenamos la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada ante crimen político de Sergio Rojas líder indígena, Uniwak del Pueblo Bribrí de Salitre, manifiesta la preocupación del Observatorio en relación con el proceder de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada a raíz del crimen político efectuado en 2019 contra Sergio Rojas, Uniwak del Pueblo Bribrí de Salitre.

El Observatorio, a través de la carta, solicita al Juzgado Penal de Buenos Aires, Pérez Zeledón, rechazar la solicitud de sobreseimiento con respecto al crimen político. Puede leer más en el documento adjunto, que contiene la carta en cuestión. Si desea estar al tanto de las comunicaciones de la CLSS puede visitar su página de Facebook en este enlace.

¡Los pueblos indígenas de Costa Rica merecen justicia y no más impunidad!

Imagen principal: UCR.