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Etiqueta: derechos humanos

La Orgía de los Gritos y las Plumas

(El precio social por salir del closet)

Por Víctor Valdelomar Mora

Hace unos meses vi a dos hombres caminar tomados de la mano por el centro de San José. Era la hora de salida del trabajo. Caminaban en medio del tumulto y no pasaba nada. Los vi alejarse y pensé que unos años atrás, probablemente, las personas se abrían detenido a mirarlos y una que otra, dirían comentarios condenatorios, por esa actitud desafiante a la moral pública “Que sean lo que quieran ser, pero puertas adentro” es la sentencia de un sector social que se niega a reconocer los derechos adquiridos por la comunidad de la diversidad sexual.

Recuerdo hace ya, por lo menos cincuenta años atrás, redadas policiales en centros nocturnos en los que se reunía la comunidad de la diversidad sexual.

El avance en su reconocimiento de sus Derechos Humanos ha eliminado estas prácticas discriminatorias. Además de que, hace treinta y cinco años, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, eliminaron la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

Sin embargo, los prejuicios están muy arraigados en nuestra sociedad conservadora.

Hoy día persiste la defensa de la llamada “terapia de conversión”, que es una supuesta terapia para “hacer normal” a los homosexuales, a pesar de que la ciencia ya dijo que no hay nada que curar.

“La Orgía de los Gritos y las Plumas” es un espectáculo teatral que retrata las peripecias de un grupo de amigos gay luchando contra las ideas de un hombre alimentado de prejuicios que le permiten sostener su precaria hombría ante las firmes ideas del grupo gay.

Los creadores de esta pieza teatral (dramaturgo, director y actores) muestran sin complejos ni restricciones, un grupo gay empoderado, envueltos en sus conflictos sentimentales, pero dispuestos a reír de cada arremetida que intenta condenarlos …y por supuesto, invitar también a la risa del público que comprende el absurdo de esa condena.

Lo demás, sería contar la historia, pero el objetivo de este artículo es, precisamente, invitarlos a presenciar esta comedia de enredos, en Teatro El Refugio 506, el viernes 27 de junio y el viernes 4 de julio, a las 8 pm. Puede reservar su entrada al teléfono 6074 31 78.

Orgullo y lucha

Declaración de la OIDH ante el ataque del gobierno a la Marcha del Orgullo 2025

La Organización Interseccional pro Derechos Humanos (OIDH) expresa su más enérgico rechazo a los intentos del gobierno de obstaculizar la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ convocada para este domingo 29 de junio en San José. Bajo pretextos moralistas disfrazados de preocupación por la niñez, se pretende reprimir nuestro derecho a la manifestación, buscando congraciarse con los sectores más conservadores de la sociedad.

Denunciamos con claridad que esta acción no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia del gobierno, que recurre a tácticas de censura y desinformación para encubrir las acusaciones penales que pesan sobre algunas de sus figuras. En lugar de rendir cuentas ante el pueblo, se opta por criminalizar la diversidad.

Recordamos que los derechos humanos no se negocian.

Nuestro derecho a existir, a celebrar, a marchar, a amar y a protestar está protegido por tratados internacionales, por la Constitución Política de Costa Rica y por la historia viva de nuestras luchas.

La Marcha del Orgullo no es solo una fiesta: es memoria, es resistencia, es afirmación política. Venimos de décadas de exclusión, de silencios impuestos, de armarios forzados y de muertes impunes. Y aun así, aquí estamos.

Este 29 de junio, a las 12 del mediodía, caminaremos de La Sabana a la Plaza de la Democracia, no solo como acto de celebración, sino como afirmación de que existimos, resistimos y no daremos ni un paso atrás.

ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE.

San José, junio de 2025.
Marco Castillo Rojas
Presidente
Organización Interseccional pro Derechos Humanos

Sitrapequia condena ataques del presidente Rodrigo Chaves contra dirigente sindical Tyronne Esna

Durante la conferencia de prensa realizada el pasado miércoles en Casa Presidencial, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, emitió comentarios peyorativos contra el dirigente sindical Tyronne Esna, representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y miembro del sindicato Sitrapequia.

Según denunció Sitrapequia, las críticas del mandatario se originan por la oposición firme que expresó Tyronne al proyecto de ley conocido como “Jornadas 4-3”, el cual es impulsado por el Ejecutivo. Desde el sindicato se rechazan las palabras del presidente por considerarlas una muestra más de una actitud reiterada de irrespeto hacia el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y, particularmente, los derechos laborales.

“Para Sitrapequia es un orgullo que nuestro compañero Tyronne provoque tanta ira en el presidente de la República por defender valientemente los derechos laborales de todas las personas trabajadoras”, expresó el sindicato en un pronunciamiento público de su secretaria general Hazel Hernández Coronado.

Sitrapequia insiste en que el proyecto de ley de Jornadas 4-3, lejos de representar una mejoraCo, promueve la precarización de las condiciones de trabajo, la sobreexplotación y una disminución en la calidad de vida de las familias trabajadoras. Por ello, respaldan la posición de su representante en el INA y llaman a rechazar cualquier intento de represalia.

Desde el sindicato reiteran su compromiso con la defensa de los derechos laborales y con el sindicalismo ético y combativo.

Compartimos el video:

Solidaridad con el magisterio y pueblo panameño – Red SEPA

Comunicado

¡No más represión!

¡Por dignidad, soberanía y derechos!

Desde la Red Social para la Educación Pública en las Américas-Red SEPA, alianza que defiende y lucha por la educación pública, intercultural y gratuita, destacamos el compromiso del magisterio y pueblo panameño junto a comunidades indígenas que ha posibilitado sostener un conjunto de movilizaciones, plantones y otras acciones propias del Derecho Humano a la Protesta Social, ante un gobierno que responde a toda demanda popular con la represión, decisiones inconsultas violentando las normativas nacionales e internacionales.

A partir del 23 de abril, 2025, el magisterio nacional convocó a Huelga General, como derecho del pueblo panameño de luchar por la derogación de la Ley 462 que atenta directamente contra el sistema financiero en defensa de la Caja del Seguro Social (Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)); contra la reapertura de la minera de capital canadiense clausurada en el 2023 gracias a la lucha popular que detuvo la vulneración de la soberanía, los embalses y expulsión de las comunidades, triunfo que el gobierno hoy intenta revertir.

Es por ello, que manifestamos nuestro rechazo ante la ola de represión sin precedentes comarcas indígenas y el sector bananero, sufriendo violentas incursiones policiales y detenciones arbitrarias de líderes indígenas en las comunidades de la Comarca Ngäbe-Buglé en Panamá, especialmente en los pueblos Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí y El Prado.

Lo anterior, provocando cientos de víctimas heridas y la muerte de Arcenio Agrego, joven adolescente indígena asesinado por fuerzas policiales del gobierno de Mulino, en El Pueblo Emberá de Arimae, Darién, denunciado por Congreso General de Gunayala, integrante de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip).

A esto se suma, las respuestas de la ministra de educación, Lucy Molinar, dejando sin salario al magisterio en lucha, amenazando con despido masivo a partir del lunes 23 de junio. Ante lo cual, el magisterio nacional convocó el pasado martes 17 de junio, a una marcha nacional el día jueves, para concentrarse en la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen cinco amparos de garantía sobre los secuestros salariales y no han dado respuesta, en un contexto de primer acercamiento con autoridades del gobierno y de la iglesia católica donde esperamos que haya verdadera voluntad política de escuchar al magisterio y pueblo panameño.

Denunciamos que el miércoles 18 de junio, se une una acción más de represión, persecución selectiva y detenciones arbitrarias, contra Felipe Cabezas, abogado y dirigente colonense, incansable defensor del pueblo; contra docentes como maestra Guadalupe Camargo, Directiva de AEVE, Iván Rodríguez, Raúl Gutiérrez, Alexis Guevara y Ricardo Andrade.

Reiteramos nuestro apoyo solidario a la legítima lucha encabezada por la ALIANZA PUEBLO UNIDO POR LA VIDA, en general y a la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), de la cual forma parte nuestra hermana organización Frente reformista de Educadores de Panamá (FREP), a la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (UNECEP) y al Frente de Acción Magisterial (FAM) donde forma parte la Asociación de Profesores de Panamá (ASOPROF).

Instamos al presidente José Raúl Mulino para abrir un camino de diálogo que conduzca a escuchar y tramitar estas justas reivindicaciones. A su vez, a detener de inmediato la campaña de criminalización contra dirigentes indígenas y sindicales como Saúl Méndez, Genaro López y Jaime Caballero; contra dirigencia estudiantil, como Eduardo García, del grupo estudiantil FER29, expulsado sumariamente de la Universidad de Panamá; incluso, confiscando cuentas bancarias de sindicatos y cierre la cooperativa. Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con la familia del joven adolescente del pueblo Emberá de Arimae, Darién, asesinado por defender las justas causas de este movimiento nacional de lucha.

¡Alto a represión, persecuciones selectivas, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización contra el magisterio, sector obrero, de salud, comarcas indígenas y pueblo en general quienes luchan por justicia, dignidad y soberanía!

¡Respeto a los pueblos indígenas Ngöbe del Oriente Chiricano, Bocas del Toro y Emberá de Arimae!

¡Esta Caja tiene dueño, es del pueblo panameño!

¡No a la minería contra las comarcas y comunidades indígenas!

¡Por una educación de los pueblos y para los pueblos!

¡Sin lucha no hay victoria!

¡Pueblo panameño: firmes 55 días de huelga nacional!

Por la Red Social para la Educación Pública en América:

Steve Stewart
Secretario Técnico
19 de junio de 2025.

¿Cómo pueden acceder a servicios de salud las personas migrantes en Costa Rica?

El acceso a la salud es un derecho humano fundamental, garantizado tanto por la Constitución Política como por la Ley General de Salud. En Costa Rica, este derecho también protege a las personas migrantes, sin distinción de nacionalidad, y puede ejercerse mediante el sistema público de salud administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

A continuación, se explican las vías disponibles para acceder a los servicios de salud, tanto mediante afiliación directa como en situaciones de emergencia.

1. Aseguramiento directo en Costa Rica

La CCSS es la institución encargada de prestar servicios de salud y gestionar los seguros médicos en el país. Las personas migrantes en condición regular pueden afiliarse mediante diferentes modalidades de aseguramiento, según su situación laboral o socioeconómica:

  • Trabajador asalariado: para personas con cédula de residencia, permiso de trabajo o estatus de refugiado o asilado.

  • Trabajador independiente: para quienes trabajan por cuenta propia y tienen residencia legal o condición de refugio (no aplica a solicitantes de refugio).

  • Pensionado: del régimen contributivo o no contributivo.

  • Cotizante voluntario: incluye la modalidad de Asegurado Migrante, para personas extranjeras regulares no asalariadas ni independientes, pero que deseen pagar directamente su afiliación al sistema de salud (y opcionalmente al régimen de pensiones).

  • Seguro por cuenta del Estado: para familias en condición de pobreza o pobreza extrema, registradas en SINIRUBE o calificadas por el IMAS.

  • Protección Familiar: para personas que viven o dependen económicamente de otra persona asegurada.

2. ¿Cómo acceder si usted es solicitante de refugio o persona refugiada?

Las personas que han solicitado refugio o tienen el estatus de refugiadas pueden acceder al seguro médico a través del convenio ACNUR–CCSS, firmado entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Este convenio permite asegurar gratuitamente a miles de personas. En 2024, ACNUR aportó ₡1 050 millones al Fondo de Enfermedad y Maternidad, y más de 5 300 personas fueron cubiertas bajo esta modalidad, el 69 % de ellas mujeres.

¿Cómo aplicar?

  • Ingrese al sitio web oficial de ACNUR Costa Rica: https://help.unhcr.org/costarica/conv

  • Busque el formulario llamado “Formulario de Datos Médicos”

  • Complete los datos solicitados: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia, número de contacto, información médica y el consentimiento informado.

  • Espere la validación y asignación de cupo. Debe saber que ACNUR prioriza a personas en situaciones más vulnerables. En algunos casos, hay listas de espera.

Una vez que la solicitud ha sido aceptada, puede recibir atención integral de forma gratuita en EBAIS, clínicas, hospitales, emergencias, laboratorio, entre otros.

3. ¿Quiénes pueden recibir atención sin estar asegurados?

Existen situaciones especiales en las que las personas pueden recibir atención sin estar afiliadas a la CCSS:

  • Niños y niñas de 0 a 6 años, o menores integrados al sistema educativo.

  • Mujeres embarazadas.

  • Adultos mayores.

  • Personas con enfermedades contagiosas o que requieren tratamiento obligatorio (como VIH).

  • Todas las personas en casos de emergencia médica.

Debe saber que, en este último caso, el servicio de salud se brinda primero y se cobra después si no hay afiliación vigente.

Foto: Instituto Tecnológico de Costa Rica

Producción general del TCU-738 UCR.

¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves no descansa en su afán de golpear a los diputados y a la Asamblea Legislativa como uno de los poderes independientes de la República.

Evidencia su interés desesperado de controlar la Presidencia de la Asamblea Legislativa, imponiendo un presidente, o luchando, como lo está hizo, para que los diputados libremente no designaran, el pasado primero de mayo, a Rodrigo Arias Sánchez, quien era el principal candidato para presidir el Poder Legislativo en su cuarta legislatura, 2025-2026.

Rodrigo Arias Sánchez es un diputado como lo son los restantes 56 diputados que integran ese Poder. Rodrigo Arias había presidido la Asamblea Legislativa de manera consecutiva desde el 2022 hasta el 30 de abril pasado, en las tres legislaturas correspondientes a su trabajo. Las valoraciones políticas e institucionales internas que permitieron nombrarlo, en las tres Legislaturas anteriores, por parte de los diputados, seguían siendo válidas.

Lo que había cambiado radicalmente era la relación del Poder Ejecutivo, representado por su presidente Rodrigo Chaves, con los diputados y especialmente con el presidente legislativo, para quien no ha escatimado insultos, ofensas, groserías, agresiones verbales de todo tipo que pueda usar en su contra, tanto en lo personal, como en lo político.

También, el presidente Chaves se ha lanzado, de igual manera, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más levemente contra la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Del mismo modo, ataca constantemente al fiscal general de la República y a la Contralora General de la República.

Nunca, en la historia institucional y política, en las relaciones públicas y privadas, de los presidentes de los Supremos Poderes de la República, había sucedido algo parecido.

El ataque del presidente penetró a las fracciones parlamentarias. Antes de la sesión del 1 de mayo. En algunas de ellas el presidente había “chineado” a diputados que se lograron alinear con él, provocando en esos partidos divisiones respecto a votar favorablemente por Rodrigo Arias y a impulsar, otras candidaturas, estimulando, como lo intentó, las corrientes feministas parlamentarias, para lo cual había halagado posibles candidatas y a algunos candidatos que se veían, y así les hacía creer, como en el espejo de la Cenicienta, como las más perfectas y bellas personas candidatas para presidir el alto solio del Poder Legislativo.

El resultado de sus esfuerzos conspirativos contra Rodrigo Arias no le dio resultado, pero no ha dejado de atacarlo soezmente, como está acostumbrado a referirse a las personas que quiere “golpear” en su imagen pública o institucional.

Evidente es que las figuras presidenciales de los Supremos Poderes de la República siguen siendo el blanco de su atención. El de la Corte Suprema de Justicia y los altos funcionarios del Ministerio Público, los de la Fiscalía General de la República y del Organismo de Investigación Judicial también son parte de sus ataques, difamaciones, ofensas y desconfianzas públicas, que alrededor de ellos quiere sembrar diariamente, porque son las instancias que tendrán que ver, lo quiera o no, en tramitar y llegar a conocer las acusaciones que se le han hecho para que se le investigue en gran cantidad de causas que están en trámite judicial en su contra. Probablemente, su juego consiste en cuestionarlos de tal manera, que después, o en algún momento, pueda impugnarlos en esos trámites judiciales aduciendo que son personas que podrían tener prejuicios contra él por los ataques que él les hace.

También, parte de su objetivo es sembrar en la ciudadanía falsas ideas e imágenes respecto a las instancias judiciales en cuanto a los procesos judiciales, que son parte de sus ataques contra estas instituciones, y sus principales funcionarios, a quienes hace responsables de los ataques acusatorios que les cuestiona sobre sus trabajos personales y profesionales como institucionales.

Respecto al Organismo de Investigación Judicial lo ha terminado presentando en sus últimos ataques como un grupo militar incapaz de enfrentarse a los 17.000 funcionarios de la Fuerza Pública, a los cuerpos policiales, que trata de presentarlos como su policía “privada”. Al Respecto ha señalado claramente que toda la fuerza policial del Organismo de Investigación Judicial no podría enfrentar a la Fuerza Pública, que él maneja porque la relación es de un policía del OIJ a cinco efectivos de la Fuerza Pública. Claramente está analizando llevar el país a esa posibilidad de enfrentamiento. Pero, no contento con esta imagen y percepción, ha convocado a la llamada Reserva Nacional, con más de 3000 personas, según se ha dicho, para que le respondan más como un grupo paramilitar, “más privado” y “personal” que la Fuerza Pública, de la cual no tiene plena confianza. Su grupo de asalto al estilo de las policías nazis, ya lo constituyó con la Unidad Especial de Intervención, que es más selecto, que solo a él, al presidente, le reporta, por medio del viceministro de seguridad, y no tanto por el ministro.

El negocio del tráfico de armas en el país, con la tolerancia de la Seguridad Pública con que se hace, es parte de este juego macabro que se impulsa, en las instancias gubernativas para tratar de crear un clima de inseguridad nacional, que le permita al presidente tratar de invocar un estado de emergencia nacional, que le permita a la vez suspender algunas garantías individuales, si no pudiera establecer un estado de excepción plenamente convocado como los hace Bukele en El Salvador.

El peligro del supuesto golpe de estado, que ha dicho, casi responsabilizando de él al Tribunal Supremo de Elecciones, se le ha diluido por la aceptación en el trámite de inscripción que han tenido tres de sus partidos jaguares, con los que intenta asaltar electoralmente el control de la Asamblea Legislativa, constantemente invocando, llamando y clamando para que los electores le den, a esos partidos, por lo menos 38 o más diputados. Solo así podría igualar el autoritarismo institucional bukeliano mandando en el país, desde la Asamblea Legislativa y no desde el Poder Ejecutivo, para impulsar las transformaciones institucionales que permitan gobernar sin controles públicos. ¿Soñará esquizofrénicamente el presidente de gobernar el país desde la Asamblea Legislativa, como alguna vez lo dijo, que estaría en la oficina del presidente legislativo?

En este ambiente, al margen de la Fuerza Pública, se está convocando, organizando, y facilitando las instalaciones policial-militares del Murciélago, como se dice en corrillos, para prácticas militares de grupos privados de la Reserva Nacional que el gobierno que está impulsando a su alrededor. ¿Los oficiales de la Fuerza Pública, que fueron a entrenarse a Taiwán, en cursos militares de rápida instrucción, tienen que ver con esto? ¿Cuál es el vínculo militar del ministro de Seguridad con las fuerzas militares de Taiwán? ¿Hay asesores militares taiwaneses en la Fuerza Pública? Igualmente, se debe saber si hay militares oficiales extranjeros en la preparación de la Fuerza Pública nacional.

Sobre los oficiales que fueron a entrenarse militarmente a un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas, y no reconocemos en ese campo, debe rendirse cuentas a la Asamblea Legislativa, por lo menos, para saber la naturaleza de los cursos que llevaron y su importancia para la seguridad nacional.

Las prácticas que cada día se evidencian de maltrato policial hacia detenidos, también debe ser objeto de investigación legislativa, de saber quién entrena y bajo qué conceptos a la Fuerza Pública, sobre todo si se envía oficiales a academias militares en el extranjero que enseñan a torturar, golpear detenidos y ciudadanos en general, como vemos actuar a las policías estadounidenses, estos días en las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos.

Hace pocos días se informó de la muerte de un detenido por agresiones físicas que había recibido de sus custodios penitenciarios.

¿Se está preparando a la Guardia Civil en este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos, y de la integridad física de los detenidos?

Peor aún, con la divulgación y conocimiento por la prensa de estas prácticas, a la que se suman los retenes en carretera que se están montando de vez en cuando, para solicitar documentación automotriz y personal, ¿se está tratando de advertir o asustar a la población sobre cómo podría actuar la Fuerza Pública y los cuerpos policiales y paramilitares que se organizan, con amparo del gobierno, ante una situación de “emergencia” que llegare a convocar el presidente? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Su paranoia, su perturbación mental alrededor de la inestabilidad gubernativa que él mismo provoca ante los ciudadanos, por su temor de dejar el gobierno en pocos meses, cuando quisiera permanecer en él indefinidamente, de estar insinuando que no se le permite gobernar, que solo por la fuerza se pueden hacer cambios para mejorar la administración pública y la institucionalidad nacional, que para ello “necesita” 38 o 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa, que no confía en las instancias políticas existentes, que él no controla, por lo que se siente “atacado” por todos los flancos, cuando él es el que agrede aprovechando todos los medios gubernativos que puede usar, desde sus montados espectáculos los miércoles.

Esto es lo que a todos debe preocuparnos por el bien de nuestra Democracia Nacional.

Derechos humanos en un hilo: la Centroamérica que somos

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva de una opción autoritaria en Costa Rica ya dejó de ser una imagen proyectada para otros países de la región. Nos alcanzó eso que alguien despectivamente y con cierto tinte de superioridad llamara “la centroamericanización” de Costa Rica.

A la vuelta de la esquina y con amplio apoyo popular, se cuece la construcción de una vergonzosa megacárcel para paliar, según sus impulsores, el aumento de la criminalidad en el país.

Lo que en otros momentos históricos era impensable, hoy está a punto de ser un hecho que contradice a todas luces la larga tradición democrática costarricense, que empieza lentamente a palidecer.

La excepcionalidad que hasta hace algunos años nos mostraba como punto y aparte en el escenario centroamericano, fue pulverizada en pocos lustros por un sistema económico desigual y aniquilador, un escenario político inquietante y algo turbio en sus alianzas con actores poco claros y altamente cuestionados y, como hemos dicho en varias ocasiones, el agotamiento de un contrato social que espera por una nueva edición para reconstruir el proyecto de eso que utópicamente llamamos “ la vía costarricense”.

Por lo pronto, en algunas países centroamericanos esa deriva autoritaria mantiene su dinámica.

Esta semana veíamos con estupor la forma artera en la que Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización social salvadoreña Cristosal, dedicada a defender los derechos humanos de su país, era presentada ante la fiscalía.

La funcionaria había sido detenida el mes pasado luego de hacer serios cuestionamientos al gobierno de Nayib Bukele, como una muestra más de la escalada en la represión a las voces críticas y cuestionadoras a esta gestión. Algo que inquietantemente empieza a mezclarse en el entorno costarricense con la puesta de bozal a la prensa y otros hechos recientes.

Desde diferentes frentes de organismos sociales y civiles salvadoreños se han realizado pronunciamientos para exigir la liberación de López, sin un resultado positivo. Esto se suma a la reciente aprobación de la Ley de Agentes extranjeros, una herramienta que permite al gobierno salvadoreño discrecionalidad sobre qué organizaciones sociales pueden permanecer en su país y si permanecen, “contribuir” con un tributo de renta del 30%.

Una más: tres periodistas del medio de comunicación El Faro dejaron El Salvador en los últimos días ante una inminente amenaza de detención en su contra. Es de sobra conocido el rol cuestionador de este medio a las políticas represivas del gobierno de Bukele que, a fuerza de negociaciones con los líderes de las pandillas, ha bajado la criminalidad, pero han aumentado las detenciones y desapariciones de personas sin ningún nexo con esta actividad.

En Costa Rica la impronta autoritaria está tocando la puerta, asomándose por una rendija a ver si el escenario le es propicio.

Y sí que lo es.

Por ello, no deja de preocupar diagnósticos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, al escribir el capítulo para Costa Rica en relación con el estado de los derechos en los distintos países de la región, mencionaba:

La CIDH observa con preocupación la situación de la seguridad ciudadana y los cuestionamientos a la respuesta estatal, así como los señalamientos de afectaciones a la independencia judicial. También preocupa las denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con la consulta previa y la delimitación territorial; así como las brechas significativas en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales para grupos en situación de riesgo como personas en movilidad humana, mujeres y personas mayores”.

La respuesta estatal a la que se refiere la CIDH es en realidad una inacción, justificante para el siguiente paso: la constitución de un espacio represivo que alimente las necesidades de la población de vivir sin temor en un país cuyo pacifismo también fue pulverizado por los hechos fácticos del modelo.

Es claro. Hay cosas que se parecen y mucho en estos escenarios. Si la reserva moral e institucional nacional a la que le queda menos de un cuarto de tanque no es suficiente, habremos perdido el proyecto país para siempre.

A esta generación le tocó la hora. No es poca cosa. Es el momento del punto del no retorno. Asumamos cada cual los funciones que nos corresponden para intentar recuperarnos.

Es nuestra tarea.

Reconocer a quienes defienden la vida en el Día Mundial del Ambiente

Por Mauricio Álvarez Mora, docente de la Escuela de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR

El pasado 22 de abril, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, se realizó un emotivo acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza. En este Día Mundial del Ambiente (5 de junio), su lucha debe ser visibilizada y celebrada.

Los defensores ambientales —personas, colectivos y pueblos originarios— protegen los territorios, el agua, los bosques y la vida. Pero esta labor conlleva riesgos: criminalización, amenazas y asesinatos. Según Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para activistas ambientales.

En Costa Rica, entre 1975 y 2020, 13 defensores fueron asesinados, muchos casos siguen impunes. La situación es especialmente grave en territorios indígenas, donde el abandono estatal ha perpetuado la violencia.

Ante esta realidad, distintas organizaciones —UBL, FECON, CoecoCeiba, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y la UCR— rindieron homenaje a quienes luchan con valentía. Estas son las personas y comunidades reconocidas:

Francisco Castro Meneses y Yenifer Sandoval Jiménez, activistas ligados a la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), han participado activamente en diversas luchas socioambientales. Su labor ha sido clave en la defensa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y en la oposición al Plan Regulador Costero del Caribe Sur.

También se reconoció a Concejos, comunidades y líderes o lideresas indígenas que han sostenido procesos de autonomía, recuperación territorial y defensa de sus derechos:

En un contexto cada vez más desafiante para quienes alzan la voz en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, reconocer públicamente la labor de las personas y comunidades defensoras del ambiente es un acto de justicia y de esperanza. Sus historias nos recuerdan que la lucha por la tierra el mar, el agua, el bosque y la vida no es un asunto individual ni aislado, sino una causa común que atraviesa generaciones, territorios y culturas.

El homenaje realizado en el Día de la Tierra no solo visibiliza las amenazas que enfrentan estos defensores, sino que también celebra su valentía, su compromiso y su profunda conexión con los territorios que habitan y protegen. En un país que se enorgullece de su imagen ambientalista, es urgente pasar del discurso a la acción: garantizar condiciones dignas y seguras para que estas luchas continúen floreciendo. Solo así podremos aspirar a un futuro verdaderamente justo, sostenible y en armonía con la naturaleza.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Retroceso en derechos humanos con decreto presidencial sobre ODS – IEM-UNA

El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional denuncia retroceso en derechos humanos con decreto presidencial sobre ODS

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación ante la entrada en vigencia del decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, mediante el cual el Gobierno de la República ha sustituido el marco que regulaba la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica.

Si bien el decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE fue publicado el pasado 2 de abril, desde el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) consideramos imprescindible manifestarnos hoy, porque esta reforma sigue siendo un claro síntoma de las brechas estructurales que enfrentamos en materia de derechos humanos, sostenibilidad, igualdad social y de género. Su contenido y orientación reflejan un cambio normativo e ideológico progresivo que no puede pasar desapercibido ni normalizarse por el paso del tiempo.

Aunque en apariencia se refuerza la sujeción del nuevo decreto al orden constitucional, el análisis técnico revela que esta reforma representa un giro político que altera sustancialmente la gobernanza, contenido y operatividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país, así como del cumplimiento en materia de obligaciones de derechos humanos. No se trata de un simple ajuste administrativo, sino que es una reconfiguración del enfoque nacional hacia el desarrollo sostenible, con implicaciones graves para los derechos humanos, la institucionalidad pública y el compromiso multilateral de Costa Rica.

Entre los cambios más preocupantes destacan:

● La actualización de los considerandos I al V, que ahora parecen coincidir con los párrafos 55 y 72 de la resolución A/RES/70/1 y con nuestra Constitución Política, pero que subraya el derecho interno como marco prioritario, obviando que es precisamente el derecho internacional el que obliga a nuestro país a sujetar a estándares mayores y más estrictos la protección a los derechos humanos. Parece entonces que el objetivo es relativizar los compromisos internacionales y reinterpretar antojadizamente las obligaciones políticas y jurídicas.

● La eliminación del artículo 12, que disponía la obligación de las instituciones públicas de destinar recursos propios y gestionar cooperación internacional para la implementación de los ODS. Esta derogación deja en el aire el financiamiento estatal de la Agenda 2030, debilitando su viabilidad operativa.

● La supresión del artículo 15, que otorgaba a los ODS el estatus de interés público, deja en evidencia la reducción del compromiso estatal en las garantías y derechos de todas las personas para acceder a una mejor calidad de vida a través del desarrollo del país y, en cambio, plantea restar legitimidad normativa a los objetivos de la Agenda 2030.

● La introducción de un glosario normativo (nuevo artículo 2), con términos como «dignidad», «cultura», «bienestar”, que no corresponden a los estándares del derecho internacional ni nacional a través de la jurisprudencia constitucional. Estas definiciones solo pueden resultar en interpretaciones, que son excluyentes a la hora de ejecutar políticas públicas.

● El nuevo enfoque selectivo sobre los ODS plantea que el Estado escogerá algunos “adoptados por el país” y que además subordinan a la estrategia nacional el compromiso con los principios de integralidad, progresividad y no regresión de los derechos humanos y, por lo tanto, también de los 17 objetivos y 169 metas establecidos por la comunidad internacional.

Aunque se amplían algunas funciones de gobernanza (como las del Consejo y la Secretaría Técnica), estas operarán bajo parámetros vagos como “diálogo de buena fe” y sin el respaldo estructural que otorgan los artículos derogados.

Desde el IEM, advertimos que esta reforma fragmenta la visión holística del desarrollo sostenible, debilita la responsabilidad estatal frente a los compromisos adquiridos y crea condiciones para reinterpretaciones ideológicas contrarias a la igualdad, los derechos humanos y la justicia. Esta medida se enmarca en un contexto regional e internacional de desinformación y ataques coordinados contra la Agenda 2030, lo que incrementa la urgencia de mantener una postura firme y crítica.

Costa Rica, históricamente reconocida por su liderazgo en derechos humanos, sostenibilidad e inclusión, no puede dar marcha atrás. Por ello, hacemos un llamado a las instituciones públicas, a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía a defender el enfoque integral, participativo y transformador de los ODS. Solo así podremos garantizar un desarrollo sostenible que ponga en el centro la vida digna, la igualdad sustantiva y el bienestar de absolutamente todas las personas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¡Solidaridad con el pueblo panameño! SiUNED

Comunicado

Pronunciamiento del Sindicato Unitario de la UNED. Las personas trabajadoras de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica reunidas en Asamblea General del Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED) el 27 de mayo de 2025, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo panameño y en especial con las personas trabajadoras de la Universidad de Panamá en su lucha contra las reformas a la seguridad social y por la soberanía nacional.

Exigimos el cese de la represión y la persecución a las personas dirigentes sindicales, libertad inmediata a los presos políticos, al dirigente Genaro López, y el respeto a los Derechos Humanos.