El pasado 20 de septiembre en la madrugada hombres armados con fusiles de asalto fueron detectados merodeando la casa de habitación de la lideresa garífuna Miriam Miranda, en la localidad de Vallecito, Colón, al noreste de Honduras.
El hecho fue catalogado como un atentado y fue descubierto por el equipo de seguridad de la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que intervino de inmediato logrando que los asaltantes se dieran a la fuga.
Miriam Miranda es una activista hondureña defensora de los derechos humanos y ancestrales del pueblo garífuna. Como líder de OFRANEH se ha distinguido por su defensa de la comunidad garífuna frente a amenazas como el despojo de tierras, formas extractivas como megaturimos, represas, minería, el narcotráfico y el cambio climático.
Es una de las líderes más visibles desde el golpe de estado en honduras en 2009 y una voz crítica contra el «narcoestado» del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.
Miranda fue declarada como ganadora del Premio Óscar Romero a los Derechos Humanos, junto a su compatriota, la activista ambiental Berta Cáceres, poco antes de que ésta fuera asesinada en 2016. También recibió el Premio a la Soberanía Alimentaria Internacional de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Estados Unidos. En 2016, recibió el premio ambiental Carlos Escaleras por 30 años de labor activista. En 2019 Miranda recibió el premio de Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Ebert en Berlín, Alemania.
La ONG británica Global Witness ha calificado a Honduras como «el lugar más mortal del mundo» para los activistas que trabajan contra las grandes empresas. Entre 2010 y 2017, aproximadamente 120 activistas hondureños fueron asesinados. Miranda ha sido amenazada y secuestrada en represalia por su trabajo, y ha sido constantemente difamada y estigmatizada por el aparato represivo, empresas y gobierno en los medios de comunicación locales.
El más reciente informe de Global Witness del 2022 asegura que solo el año pasado fueron asesinadas en Honduras 14 personas defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes, continuando a nivel mundial en el número uno de activistas ambientales asesinados per cápita.
Mediante un video la activista agradeció a los miles de personas que se solidarizaron y exigen la protección de su vida y la solidaridad con el pueblo garífuna por luchar y exigir sus derechos. Agradeció al pueblo garífuna de las organizaciones nacionales e internacionales, por condenar de inmediato y de manera contundente el atentado.
Desde el Bloqueverde y Oilwatch Costa Rica hacemos un llamado a la solidaridad con el pueblo garífuna y la lideresa Miriam Miranda. Llamamos a la condena generalizado a este atentado y al contexto que rodea la vida de las defensoras y defensores de la naturaleza y los derechos humanos en la región.
Foto extraida de esta nota de prensa de El Pais (España) Titulada «La reunión privada entre Kissinger y Pinochet: «Queremos ayudarlo: simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí» (25/05/2023) elaborada con ocasión de los 100 años de Henry Kissinger y la desclasificación de nuevos documentos sobre Chile en Estados Unidos.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
«Si olvido mis hijos cargarán la ira Si no olvido le pongo nombre a la justicia y a ellos les nacerán alas»
Valeria Varas, Futuro (poema) citado en su obra de teatro Mi Paulina, San José, Edit. Gráfico Litho, Tinta en Serie Núm. 34, 2016, Escena 8, p. 31
En los días previos a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado militar en Chile de 1973, Estados Unidos ha decidido oficialmente «desclasificar» documentos mantenidos en reserva desde cinco decenios: véase nota de The Progressive Magazine y nota de RFI del 9/09/2023.
Se trata de nuevos documentos que vienen a añadirse a muchos otros liberados en años pasados por algunas administraciones norteamericanas, y registrados en este sitio de la Universidad George Washington : un extenso programa de investigación dedicado a Chile – que no se limita únicamente a la desclasificación de documentos norteamericanos – y que cuenta con este enlace con abundante información.
En su comunicado oficial, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo referencia a esta desclasificación, al precisar que:
«La Administración Biden ha buscado ser transparente sobre el papel de Estados Unidos en este capítulo de la historia chilena al desclasificar recientemente documentos adicionales de 1973, tal como lo solicitó el gobierno chileno»
Si bien la prensa internacional ha puesto de relieve las razones por las que este golpe de estado de 1973 estremeció a América Latina y a la comunidad internacional en general (véase por ejemplo, esta nota de la BBC del mismo 11/09/2023 cuya lectura recomendamos), el involucramiento de Estados Unidos ampliamente documentado desde entonces (y asumido en parte por la actual administración norteamericana), es un aspecto que merecería ser añadido (por ejemplo, a los cuatro puntos mencionados en el precitado artículo de la BBC).
No está de más referir a nuestros estimables lectores a este documento manuscrito de 1970 en el que se autoriza a derrocar al futuro Presidente de Chile si llegara a tomar el poder (véase enlace cuando se desclasificó en el 2020, en el que se indica que: «Fifty years after it was written, Helm’s cryptic memorandum of conversation with Nixon remains the only known record of a U.S. president ordering the covert overthrow of a democratically elected leader abroad» ).
En esta otra nota se lee que la más reciente desclasificación de documentos por parte de Estados Unidos en agosto del 2023 obedeció a solicitudes expresas realizadas por las actuales autoridades de Chile:
«After withholding this document in its entirety for decades, the CIA finally released the September 11, 1973, PDB today in response to a formal petition from the Chilean government of Gabriel Boric for still secret records as the 50th anniversary of the coup approaches. The CIA also partially declassified a second PDB, dated September 8, 1973, which erroneously informed President Nixon that there was “no evidence of a coordinated tri-service coup plan” in Chile and said that “should hotheads in the navy act in the belief they will automatically receive support from the other services, they could find themselves isolated.”
The two PDBs are among the most historically iconic of missing records on the September 11, 1973, military coup because they contained information that went to President Nixon as a military takeover that he and his top advisor Henry Kissinger had encouraged for three years came to fruition«.
Para información de nuestros lectores, las dos precitadas citas refieren al texto en inglés elaborado por el programa de investigación sobre documentos desclasificados de la Universidad George Washington, que sitúa en el tiempo y analiza cada uno de los documentos liberados en los últimos años por parte de Estados Unidos. En este video producido por Chile Visión (véase enlace), varias jornadas en 1970 y en años posteriores, son «reconstruídas» por este programa de investigación, a partir de cables desclasificados, documentando y revelando el contenido de reuniones claves que explican el involucramiento de las máximas autoridades de Estados Unidos.
Ahora bien, la solicitud hecha por Chile en el 2023 a Estados Unidos concierne probablemente muchos más documentos aún en posesión de la administración norteamericana, la cual se ha limitado a desclasificar únicamente dos de ellos. ¿Y el resto?
En una reciente entrevista realizada el 12 de septiembre del 2023 en Estados Unidos (véase texto completo), leemos que para uno de los investigadores de la Universidad George Washington que mejor conoce del tema:
“There are other secrets that we want to get out. The Chilean government has asked the Biden administration for a special declassification diplomacy gesture for this 50th anniversary. So far, only two documents have been declassified. There are many more that have been asked for, that hopefully, you know, at some point will come out”.
La entrega de documentos oficiales ante el derecho a la verdad: luces y sombras
Desde la perspectiva del derecho internacional público, cabe precisar que no existe obligación alguna para un Estado de liberar documentos de la reserva en la que los mantiene al considerarlos «sensibles«. Cada Estado dispone de un sistema nacional de archivos con informes internos, datos y registros de diversa índole: sus máximas autoridades son las que deciden mantenerlos fuera del alcance del público o bien revelar su existencia.
Es así como Panamá debió esperar que se cumplieran los 30 años desde la invasión norteamericana de 1989 para que Estados Unidos aceptase finalmente liberar una gran cantidad de documentos clasificados (véase nota de El Pais – España del 17/12/2019).
En otros casos, documentos e informes policiales o militares son «encontrados«, como los denominados «archivos del terror» descubiertos en una casa en la localidad de Lambaré en Paraguay el 22 de diciembre de 1992 (véase publicación de la Corte Suprema de Justicia paraguaya e interesante video del momento en el que un juez paraguayo acompañado por la prensa solicita ingresar a la vivienda para verificar la presencia de dichos archivos e incautarlos).
Los datos encontrados en los archivos descubiertos en Paraguay en diciembre de 1992 permitieron documentar una gran cantidad de causas en distintas partes del Cono Sur. También permitió a la justicia italiana condenar el 8 de julio del 2021 a 14 personas por la muerte de 43 personas, víctimas del Plan Cóndor con doble nacionalidad (a saber 6 italo-argentinas, 4 italo-chilenas, 13 italo-paraguayas y 20 uruguayas): véase nota en italiano de la ONG italiana CILD. De igual manera en el 2010, la justicia francesa condenó a los responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en Chile (véase nota de Le Monde del 18/12/2010).
Volviendo al caso de Chile, es de saludar la voluntad férrea de sus actuales autoridades de obtener la liberación de documentos clasificados por parte de la actual administración norteamericana.
Nótese que en su comunicado oficial del 25 de agosto del 2023 la Embajada de Estados Unidos en Chile se sintió obligada a externar los criterios usados para decidir (o no) liberar documentos, sin considerar que ya han pasado 50 años desde el episodio que se pretende esclarecer, al señalar (véase texto completo) que:
«La desclasificación de documentos es un proceso complejo en el que participan múltiples agencias, en el cual el gobierno de los Estados Unidos toma en cuenta numerosos factores, entre los que se incluyen la seguridad nacional, la protección de las fuentes y la metodología, y otros riesgos y beneficios que conllevan la divulgación de información específica. Teniendo en cuenta estos factores, el gobierno de los Estados Unidos completó esta revisión de desclasificación en respuesta a una solicitud del gobierno de Chile y para permitir una comprensión más profunda de la historia que compartimos«.
Cabe precisar que en materia de «soft law«, la resolución E/CN.4/RES/2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas – hoy denominada «Consejo de Derechos Humanos» – adoptada por consenso en el 2005, a iniciativa de Argentina (su texto está disponible en la red), y titulada «El derecho a la verdad» se limita únicamente a indicar que:
«5.Alienta a los Estados a que presten a los Estados interesados la asistencia necesaria al respecto«.
Derecho a la verdad vs. verdad oculta: algunos avances desde el derecho internacional público
La ausencia de obligación jurídica entre dos Estados de entregar información que posea uno a otro, relacionada a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en nada impide que tengamos una dinámica totalmente distinta cuando nos interesamos a los tribunales nacionales e internacionales de cara a la implementación del denominado «derecho a la verdad «.
En este caso, son los colectivos de víctimas y de familiares y asociaciones de derechos humanos los que han hecho valer ante sus propias autoridades o bien ante los tribunales nacionales (y si estos fallaron en su contra, en los tribunales internacionales) este derecho que asiste a toda víctima de exacciones cometidas en el pasado por autoridades estatales (sea en su contra o en contra de alguno o varios de sus seres queridos).
Al respecto, un muy completo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Verdad, publicado en el 2014 (véase texto) detalla los alcances del derecho a la verdad en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La larga lista de casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que figura al final de este artículo académico publicado en el 2008 titulado «El derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico de carácter no internacional«, da una idea de las pautas que ha venido fijando al respecto la jurisprudencia del juez interamericano, y ello desde sus primeras sentencias contra Honduras a finales de los años 80.
Es de notar que los significativos avances observados en América Latina en materia de derecho a la verdad siguen sin lograr permear al sistema judicial en España: la primera exhumación del cuerpo de una víctima del franquismo ordenada por la justicia se logró en el 2016 gracias a una solicitud proveniente de … la justicia argentina (Nota 1).
Las actuales autoridades chilenas: más decididas que sus antecesoras
A diferencia de su antecesor al cargo, el presidente actual de Chile se ha mostrado mucho más exigente en cuanto a la búsqueda de la verdad a partir de lo ocurrido el 11 de setiembre de 1973 en Chile.
El pasado 30 de agosto, se firmó en Santiago de Chile un Decreto para lanzar un Plan Nacional de Búsqueda de los aún miles de ciudadanos chilenos que aparecen en listas de personas desaparecidas en Chile (véase comunicado oficial). Desde el 2013, un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas sobre Chile así lo recomendaba (véase informe). El 22 de diciembre del 2017, de manera bastante tardía y finalizando su segundo mandato, una primera iniciativa había sido lanzada por la entonces Presidenta de Chile (véase nota de France24 del 22/12/2017).
Incluso en su cuarto informe (1989) el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación en materia de derechos humanos en Chile, el costarricense Fernando Volio Jiménez, refería a la importante labor que esperaba a la sociedad chilena con relación a conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada (véase enlace a informe) (Nota 2).
Este reportaje de The Guardian del mes de agosto del 2019 titulado «Where are they?: families search for Chile´s disappeared prisoners» (véase enlace) detalla de una manera muy completa el drama de familias chilenas ante la falta de información sobre lo sucedido a sus seres queridos y la falta de voluntad política que significó la llegada en marzo del 2018 del Presidente Piñera en lo que respecta a la búsqueda de personas desaparecidas en Chile.
La Operación Cóndor ante el derecho a la verdad: la respuesta del juez interamericano ante la poca (in?) capacidad de la justicia nacional
Otra trágica iniciativa para América Latina como lo fue el denominado «Plan Condor«, que involucró no solamente a Chile (y a Estados Unidos), constituye un ámbito en el que aún quedan muchos documentos por desclasificarse en Estados Unidos: este informe del CELS (una reconocida ONG de Argentina) explica cómo funcionó a partir de 1975 entre los Estados del Cono Sur este plan coordinado tendiente a borrar el efecto protector que significa para una persona amenazada cruzar una frontera entre dos Estados.
En su informe entregado en diciembre del 2014, la Comisión de la Verdad de Brasil refiere de manera mucho más detallada que anteriores comisiones de la verdad en su cápitulo 6 (véase texto) el nivel de involucramiento al que llegaron las autoridades brasileñas militares de la época. En este muy completo documento oficial publicado en Uruguay titulado «Participación uruguaya en la coordinación represiva regional. ‘Operación Condor’ «, se analiza el involucramiento de Uruguay.
Son mucha las iniciativas tendientes a completar y documentar el modus operandi del Plan Cóndor, como por ejemplo este proyecto de investigación de la Universidad de Oxford (véase enlace) que centraliza una gran cantidad de datos.
Cabe recordar que fue tan solo en el 2016 que el Plan Cóndor fue objeto de una primera decisión condenatoria por parte de la justicia penal argentina, con respecto a altos mandos militares argentinos, varios de ellos nonagenarios al momento de escuchar la sentencia (Nota 3). Al conocerse esta sentencia, el precitado programa de investigación norteamericano de la Universidad George Washington publicó esta nota, haciendo ver que los archivos desclasificados por Estados Unidos fueron usados por los jueces argentinos como prueba documental.
Al 2023, los sistemas judiciales en el Cono Sur siguen tramitando causas de víctimas y de familiares de víctimas: en este enlace se registran algunas de las acciones legales ante tribunales nacionales relacionadas al Plan Condor.
Ante la resistencia de algunos jueces a nivel nacional para investigar y sancionar hechos relacionados al Plan Cóndor, y ante las maniobras legales de todo tipo que los abogados de los responsables de estos hechos logran a veces realizar, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha ofrecido (y sigue ofreciendo) a las víctimas una posibilidad de obtener justicia.
Se considera que la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en examinar el caso de una víctima del Plan Condor es del año 2006 (caso Goiburú y otros vs. Paraguay).
En otra importante sentencia del juez interamericano del 2011 (caso Gelman vs. Uruguay) se lee que:
«51. El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, incluso en Estados Unidos y Europa.
52. Esta operación fue muy sofisticada y organizada, contaba con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de la Operación Cóndor«.
En la sentencia dictaminada contra Argentina 10 años después, en septiembre del 2021 (caso familia Julien Grisonas vs. Argentina), la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que este «plan criminal interestal» amerita ahora otro esfuerzo coordinado de sus integrantes, al precisar que:
«288. En congruencia con las solicitudes efectuadas, la Corte dispone que el Estado argentino, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de este fallo y por las vías que considere adecuadas, haga las gestiones pertinentes para convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso: la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, y, en general, en el contexto de la “Operación Cóndor”, es decir, la República Federativa de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la República del Perú, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal. Dicha coordinación deberá reflejarse en un plan de trabajo común entre las autoridades competentes, según la materia de que se trate, ejecutado en observancia del marco jurídico nacional e internacional aplicable, y con auxilio de los mecanismos de cooperación internacional y asistencia mutua. Así, el trabajo coordinado entre autoridades de los distintos Estados habrá de emprender esfuerzos conjuntos para el esclarecimiento de lo ocurrido durante la “Operación Cóndor”, como escenario en el que fueron perpetradas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluidas las que damnificaron a las víctimas del presente caso«.
La cooperación militar de Francia en América Latina en los años 70-80: sombras y penumbras
Resulta de interés precisar con respecto al origen exacto de la «técnica» de la desaparición forzada por parte de mandos militares, que investigaciones recientes en Francia (véase actas de foro especializado y artículo del 2022) demuestran que fue iniciada por militares de Francia en Argelia a finales de los años 50.
Un reportaje del 2003 difundido en Francia, y titulado «Escadrons de la mort: l´école francaise» (véase enlace así como corto extracto en YouTube así como Parte I disponible aquí y Parte 2 aquí) reúne varios testimonios indicando que instructores militares franceses «enseñaron» en los años 70-80 en academias militares del Cono Sur esta «técnica» desarrollada por Francia durante la denominada «Guerre d´Algérie«.
En septiembre del 2005, al adoptarse el proyecto de convención internacional sobre las desapariciones forzadas, cuyas negociaciones fueron presididas en la sede de Naciones Unidas en Ginebra por Francia, se lee que:
«le représentant permanent de la France, l’Ambassadeur Bernard Kessedjian – conclut en ces termes: «Un triple Non a été affirmé ici: Non au silence, Non à l’oubli, ¡Non à l’impunité!» (Note 4).
A modo de conclusión
Pese a los 50 años que nos separan de aquel fatídico día para Chile y para el mundo que significó el 11 de setiembre de 1973, aún muchas preguntas persisten en el tiempo: desde ya Estados Unidos podría útilmente aclararlas, liberando todos los documentos clasificados que aún posee en sus archivos secretos con respecto a lo ocurrido en Chile. Ello sin hablar de los documentos que también aún posee con relación al precitado «plan criminal interestatal» tal como lo calificó el juez interamericano.
En cuanto a Francia, su cooperación militar en América Latina en los años 1970-1980 ameritaría una mayor difusión y conocimiento, a partir de archivos que probablemente se mantienen bajo reserva en el seno del aparato estatal de Francia. En septiembre del 2003, una «proposition de résolution» en este sentido fue presentada por varios diputados galos (véase texto intégral), sin dar pié para mayores desarrollos.
Para las víctimas chilenas y sus familiares que siguen persiguiendo la verdad a través del tiempo, y buscan conocer el destino de sus seres queridos, desde Chile o desde afuera, su extenuante combate es ejemplar: ha inspirado, inspira y seguirá inspirando, estamos seguros de ello, a muchas familias y a varias generaciones de América Latina y del mundo en su exigencia de verdad y de justicia.
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina«, Revista de Pensamiento Penal, 2016. Texto disponible aquí.
Nota 2: Sobre las estrechas relaciones existentes entre el derecho a la verdad y las víctimas de desaparición forzada, véase la obra FERRER MAC-GREGOR E. & GONGORA MAAS J.J., Desaparición forzada de personas y derecho a la verdad en el sistema interamericano de derechos humanos, UNAM/IIJ/CNDH, México 2019. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Plan Condor: la justicia argentina se pronuncia«, sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 6/06/2016, texto disponible aquí.
Nota 4: Véase DE FROUVILLE O., «La Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées: les enjeux juridiques d´une négociation exemplaire«, Collección Droits Fondamentaux, Número 6, 2006, página 1. Texto completo del artículo disponible aquí.
Chiquita Brands y su idea del respeto a los derechos
Un accidente laboral absolutamente previsible ha ocurrido en la Finca Álamo de Chiquita Brands (Safra Group y Cutrale), en Sarapiquí: un trabajador recientemente operado de la rodilla y que difícilmente camina con ayuda de un bastón, fue obligado por los administradores de la finca a ir a embolsar banano.
Frank Ulloa
El hombre debe subir con la carga a una escalera apoyada en un suelo húmedo y esponjoso que no le da mayor estabilidad.
El trabajador se cae, queda inmóvil, lo llevan a la administración y pasa mucho tiempo tirado en el piso de cemento de la oficina, quejándose de dolor, hasta que llega una ambulancia y se traslada a una clínica de la seguridad social.
Fueron los dirigentes sindicales quienes se movilizaron para lograr que fuera atendido.
Los trabajadores y su sindicato han propuesto un diálogo sobre la salud laboral en las fincas de banano de Chiquita Brands, pero no ha habido respuesta alguna. Se les ignora, se les combate, no se les deja participar en las soluciones.
Ante la miopía empresarial, los trabajadores optan por la denuncia. Quizás algún día la transnacional se decida a respetarlos, y a respetar la libertad sindical.
Académicos del Ineina expusieron los principales resultados de las investigaciones relacionadas en temas de igualdad de género, acceso a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la participación.
Como parte de la Plataforma para el diálogo social, desigualdades y pobreza en América Latina y el Caribe, que impulsa el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), para los próximos años, se organizó del 17 al 21 de julio enManizales, Colombia ,la V Bienal Latinoamericana y Caribeña en primeras infancias, niñeces y juventudes, donde participaron Rolando Barrantes Pereira, Luis Diego Conejo Bolaños, y Miroslava Bonilla Cabañas, del Instituto de Estudios en la Niñez y la Adolescencia (Ineina-UNA).
Los participantes presentaron investigaciones relacionadas con el derecho a la participación de escolares, el mejoramiento de los derechos en la salud sexual y reproductiva de adolescentes en la zona norte de Costa Rica y la promoción de la igualdad de género.
El ejercicio de la participación ciudadana, cita Barrantes, es esencial para la vida democrática en diversos ámbitos como el familiar, comunitario y educativo. Para el investigador, la sociedad históricamente ha ignorado la capacidad de las personas menores para expresar sus opiniones en asuntos que les afectan directamente, lo que limita sus derechos.
Con el fin de promover la participación ciudadana entre los menores, se llevó a cabo desde el Ineina la actividad: Promoviendo la participación ciudadana en personas menores de edad en una escuela primaria de Santo Domingo de Heredia, donde se realizó un sondeo para evaluar el conocimiento sobre la participación ciudadana, con los resultados obtenidos, se desarrollaron talleres lúdicos abordando el tema en tres dimensiones: personal, política y social.
Dentro de las conclusiones se menciona el que los participantes pudieran reconocer sus características físicas y cualidades personales, así como aquellos elementos que los unían o diferenciaban de sus compañeros de clase como elementos fundamentales para el respeto.
“Adicionalmente se pudo explorar el constructor de comunidad y los elementos que debe tener la misma para ser un lugar agradable, pacífico y respetuoso de los derechos de niños y niñas. Finalmente se trabajó sobre los derechos y la democracia como pilares de la participación”, citó Barrantes.
Acceso
Por su parte Conejo junto a Marilyn León González, realizó un trabajo colaborativo con grupos locales de jóvenes, padres, madres y la sociedad civil para mejorar la demanda y oferta de servicios de los derechos a la salud sexual y reproductiva (DSSR), planificación familiar y anticonceptivos, y educación sexual y afectiva.
“El proyecto logró capacitar a 510 jóvenes y adolescentes en temas de habilidades para la vida, prevención de la violencia y DSSR. Más de siete mil personas de la zona norte participaron de las campañas informativas en colegios de secundaria y e capacitó a 165 padres, madres y encargados de familia en temas de crianza, proyecto de vida, afectividad y sexualidad de las personas adolescentes para dar un acompañamiento idóneo al desarrollo integral de los jóvenes”, detalló Conejo.
Promover la igualdad de género desde la infancia es fundamental para el desarrollo completo de niñas y niños, contribuyendo a una sociedad justa y equitativa. Tomando en cuenta lo anterior, se desarrolló desde el Ineina, una actividad académica, con niños y niñas de una escuela primaria de San Rafael de Heredia.
La actividad comenzó con la evaluación de los conocimientos previos sobre igualdad de género, lo que llevó al diseño de 10 talleres lúdicos abordando temas como roles de género, tareas cotidianas, deconstrucción de estereotipos y derechos infantiles.
De acuerdo con Bonilla, las conclusiones indicaron que, aunque hubo avances en áreas como la corresponsabilidad y la desmitificación de roles de género en deportes y profesiones, aún persisten normas sociales que afectan el comportamiento de niñas y niños. Por ejemplo, ciertos cuidados y expresiones siguen siendo asignados según el género, perpetuando desigualdades y discriminación.
Estos resultados admiten reflexionar, de que las niñas y los niños evidencian de que se les educa y socializa de forma diferente dependiendo de su género; el resultado es una desigualdad social en la que las niñas llevan la peor parte, porque va en contra de sus derechos humanos, llevándoles a situaciones de discriminación y subordinación.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Es una verdadera vergüenza que mientras los gobiernos y organizaciones internacionales se dan golpes de pecho sobre la maravilla del Pacto Global sobre Migraciones, esto esté ocurriendo. Este espantoso e inhumano tratamiento a mujeres, niñas hombres y personas LGBTT+ no es solo en NY, no es aislada, ocurre en todo el planeta y es espantoso, una verdadera plaga.
¡Tu voz es Poderosa! ¡Denunciemos a Una Sola Voz! .
El pasado 11 de septiembre del 2023, se realizó la develación de la placa en homenaje a Salvador Allende, ese día se cumplieron 50 años del golpe cívico militar de Chile. Con la colocación de esta placa se busca rendir homenaje al entonces presidente Salvador Allende Gossens, a su legado político y social en favor de la democracia, la justicia y los Derechos Humanos.
Nos permitimos extenderles un cordial saludo, a la vez de invitarles a una reunión informativa sobre el Examen Periódico Universal (EPU), que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que estará revisando la situación de Costa Rica en el 2024. Asimismo, estableceremos un espacio para dialogar sobre el proceso de elaboración de las contribuciones por parte de las organizaciones no gubernamentales.
La reunión se llevará a cabo el lunes 18 de setiembre a las 10:30 a.m., en las instalaciones de las oficinas centrales de la Defensoría de los Habitantes, situadas en B° México, Calle 22 Avenidas 7 y 11 en el aula de capacitación número uno.
La invitación es abierta para representaciones de organizaciones de sociedad civil que protejan los derechos de las poblaciones más vulnerables, por lo que para asistir será necesario confirmar la asistencia al siguiente correo electrónico smathiew@dhr.go.cr, indicando el nombre de la persona que participará en la reunión y la organización de sociedad civil que representa.
Para la atención de cualquier duda o consulta en relación con esta convocatoria, pueden comunicarse con la Srta. Sinaí Mathiew Sandoval, al teléfono 4000-8763.
La invitación está firmada por Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes de la República, y por Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica.
Información compartida con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.
Este 12 de setiembre, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Ley de Protección a la Inversión Pública en Becas y otras Ayudas para la Población Estudiantil.
La iniciativa libera la inversión en becas de los límites de la regla fiscal, permitiendo que estas ayudas puedan llegar a quienes más las necesitan.
En medio de una grave crisis educativa, las becas y otras ayudas son fundamentales para que estudiantes de las poblaciones más vulnerables puedan mantenerse en las aulas y continuar sus estudios.
Agradezco a las fracciones legislativas que apoyaron este proyecto por su visión y compromiso con la educación pública en todos sus niveles.
El sábado 9 de setiembre, en horas de la mañana, se llevó a cabo una marcha feminista, de carácter pacífico, en contra del abuso de la fuerza policial. La convocatoria surgió como una muestra de solidaridad hacia una joven alajuelense, quien denunció actos de brutalidad policial y violencia sexual cometidos contra su persona el sábado 26 de agosto, cuando fue sometida a un arresto arbitrario.
La respuesta de las fuerzas policiales a esta manifestación fue desproporcionada desde un inicio, pues se desplegaron decenas de oficiales en las afueras de la Asamblea Legislativa, a pesar de ser pocas las personas concentradas. Los y las oficiales asumieron una actitud de provocación, y escalaron situaciones de tensión por medio de insultos y agresiones físicas, llegando inclusive a proferir amenazas de muerte contra las personas movilizadas. Varixs manifestantes resultaron lesionadxs producto de la intervención policial, y cuatro de ellxs fueron arrestadxs de manera arbitraria, tras intentar proteger la integridad física de otrxs.
Expresamos nuestro repudio a la función autoritaria asumida por los y las policías que atentaron contra el ejercicio de la libre manifestación y que evidenciaron, nuevamente, su disposición a hacer un uso desmedido de la fuerza, en total irrespeto de la dignidad humana. Estas acciones dan cuenta de un profundo distanciamiento de las fuerzas policiales respecto a la ciudadanía a la que deberían servir, y son expresivas de una cultura institucional de impunidad y ensañamiento anti-democrático.
Advertimos con alarma una creciente tendencia a la criminalización de la protesta, que instrumentaliza el sistema judicial para infundir miedo y acallar el disenso.
Las personas y organizaciones firmantes manifestamos nuestra solidaridad con quienes fueron injustamente detenidxs y demandamos que se levanten los cargos:
Asociación de Estudiantes de Psicología- Universidad de Costa Rica 2. Consejo de Representación Estudiantil de Psicología- Universidad de Costa Rica 3. Ni una Menos Costa Rica 4. Mujeres Alerta Costa Rica 5. Casa Rara 6. ¡Ya Basta CR! 7. Coordinadora de Lucha Sur Sur (C.L.S.S.) 8. Consejo Iríria Sätkök 9. Unidas Talamanca 10. Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos- Universidad de Barcelona 11. Liga Feminista de Refugiadas Políticas 12. Colectiva Chicas al Frente 13. DesmadreCR 14. Colectiva caminando 15. Colectiva por el Derecho a Decidir 16. No Binarie Costa Rica 17. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) 18. Red de arte y gestión cultural comunitaria GUANARED 19. Colectivo de Comunicación LaKanaya 20. Amanda Mesén Badilla, 1-1395-0114 21. Valeria Sancho Quirós, 1-1423-0749 22. Melissa Hernández Vargas, 1-1472-0652 23. Fernanda Chacón Vargas, 1-1477-0901 24. Carlos Salazar Zeledón, 1-1043-0485 25. Backtori Golen Zuñiga, 1-1292-0729 26. Bárbara González Umaña, 1-1387-0385 27. Priscilla Echeverría Alvarado, 9-0064-0150 28. María José Masís Méndez, 3-0405-0372 29. María José Chaves Groh, 1-1081-0478 30. Adriana Rodríguez Fernández, 1-1122-0442 31. Amanda Méndez Ramírez, 1-1472-0338 32. Minerva Solano Campos, 1-1464-0529 33. Daniela Solís Rodríguez, 4-0203-0832 34. Nico Umaña Molina, 1-1703-0218 35. Ana Beatriz Rojas Solís, 1-1918-0642 36. Alhana Chavarría Montero 37. Lucía Molina Fallas, 1-0793-0190 38. Maurizia D’Antoni Fattori, 8-0119-0458 39. Ignacio Dobles Oropeza, 1-0433-0692 40. Ana Isabel Hernández Quesada, 3-0306-0142 41. Marcela Esquivel Jiménez, 1-1140-0107 42. Marco Vinicio Fournier, 1-0443-0604 43. Silvia Camacho Calvo, 1-1066-0543 44. Laura Álvarez Garro, 1-1154-0669 45. María Natalia Chaves Vargas, 2-0756-0519 46. Andrés Castillo Vargas, 1-1073-0967 47. Scarlet Paola Mora Peck, 8-0076-0950 48. Raquel Adriana Orias Jiménez, 1-1722-0724 49. Edgar Chacón Morales, 8-0099-0631 50. Andrés Ramírez Arce, 4-0241-0140 51. Melanie Scott Fonseca, 1-1761-0858 52. Mariana R. Mora, 1-1363-0273 53. Paola Brenes Hernández, 2-0533-0725 54. José Antonio Mora Calderón, 1-1343-0572 55. Fabiola Vargas Rivera, 1-1495-0013 56. María José Cabezas Castro, 1-1465-0289 57. Silvia Regina de Lima Silva, 107600000731 58. Josué Cabalceta Cruz, 1-1402-0977 59. Ana Cristina Rojas Mora, 1-1138-0686 60. Paula Guasch Ruiz 3-0512-0969 61. Beatriz Gómez Rojas, 1-1767-0343 62. Melissa Zamora Monge, 1-1190-0348 63. Mauricio Álvarez Mora, 1-0877-0217 64. Zuiri Méndez Benavides, 1-1425-0934 65. Nikole Yanez, G251101 66. Angélica Jiménez Morales, 2-0782-0906 67. Sylvia Mesa Peluffo, 8-0090-0464 68. Josué Arévalo Villalobos, 1-0979-0015 69. Iveth Fabiola Camacho Vargas, 3-0543-0810 70. María José González Quirós, 1-1532-0258 71. Erick Garita Morales, 1-1414-0566 72. Laura Chacón Echeverría, 1-0512-0278 73. Pablo Arturo Díaz González, 2-0596-0614 74. Rosario Rosales Arce, 1-0692-0853 75. Marianela Mora Pereira, 1-1083-0176 76. Kira Schroeder Leiva, 1-0936-0159 77. Yanet Martínez Toledo, 8-0103-0848 78. Laura Queralt Camacho, 1-0725-0821 79. Floribeth Salazar Vargas, 7-0221-9642 80. Dennis Kabistan Monge, 1-1556-0508 81. Andrea Robles Jirón, 1-1345-0256 82. Liria Morales Ramírez 83. Ericka Camila González Aguilar, 4-0257-0638 84. María Soledad Hernández Carrillo, 1-1090-0469 85. Andrés Dinartes Bogantes, 1-1301-0879 86. Milagro Solis, 1-0697-0566 87. Emily Monge Mora 88. José Julián Llaguno, 1-1295-0806 89. Alberto Gutiérrez Arguedas, 1-1369-0344 90. Carolina Navarro Bulgarelli, 1-0966-0085 91. Karol Picado Arce, 1-1328-0641 92. Valery Méndez Leitón, 1-1867-0061 93. Monserrat Jiménez Gutiérrez, 4-0259-0899 94. Teresita Ramellini Centella, 8-0087-0026 95. Paulina Alvarado Ramos, 1-1686-0679 96. Álvaro Carvajal Villaplana, 6-0168-9673 97. Silvia Vargas Barrantes 98. Sergio Salazar Araya 99. Jacob Ellis Williams, 155830375526 100. Silvia Vargas Barrantes, 1-1412-0369 101. Manuel Monestel, 1-0388-0206 102. Brenda Barrantes Requeno, 1-1092-0221 103. Verónica Gómez Gamboa, 3-0495-0942 104. Silvia Jiménez Hernández, 3-0560-0149 105. Allison Quintanilla Hernández, 7-0231-0603 106. Erika Valverde Valverde, 1-0893-0372 107. Alexia Ugalde Quesada, 1-1393-0458 108. Melannie Arlette Paniagua Pérez 109. William Eduarte Briceño, 1-1175-0293 110. Fainier Melissa Calvo Chavarría, 2-0724-0191 111. Andrés Jiménez Corrales, 1-1483-0504 112. Roberto Herrera Zúñiga, 1-1146-0533 113. Jagdish Hall, 901250029 114. Diana María Segura Román, 4-0222-0209 115. Nancy Piedra Guillén 116. Karina Warner Cordero, 1-1105-0666 117. Annie Rodríguez Ovares, 1-1565-0838 118. Ricardo Ramírez Mora, 1-1896-0058 119. Luis Diego Rojas Mora, 1-1582-0316 120. Ana Ruizsa Ruíz Fernández, 3-0248-0440 121. Fernando Camacho Mora 1-1298-0013 122. Daniel Fernández Fernández, 1-1200-0023 123. Hugo Adrián Morales 124. Mónica Vul Galperín, 8-0056-0825 125. Mayarí Pérez Arroyo, 1-1400-0838 126. Bolívar Rojas Vargas 127. Gonzalo Francisco Dittel Gómez, 1-1419-0652 128. Delia Mora Castillo, 1-1490-0145 129. Eugenia Boza Oviedo, 1-1150-0444 130. Tatiana Minchoni 131. Samuel Aguilar Badilla, 1-1597-0533 132. Flor de María Pereira Lopez, 1-0355-0057 133. Hannia Franceschi Barraza, 6123166 134. Juliana Sánchez Mora, 8-0102-0337 135. Shi Alarcón Zamora, 1-1291-0818 136. Marco Rodríguez Ramírez, 1-1547-0635 137. Marisa Raquel Araya Mera, 1-1921-0993 138. Maria Clareth Calderón Monge, 1-1810-0822 139. Alexandrea Rodríguez Arce, 1-1771-0229 140. Maritza Salgado Silva, 800860319 141. Ana Cecilia Hernández, 1-0333-0354 142. Alex Rodríguez González, 9-0116-0317 143. Hellen Cordero Araya, 3-0363-0653 144. Eduardo González Ayala, 1-1216-0380 145. Kattia Lucero Calderón, 1-1462-0570 146. Emily Alpízar Morales, 2-0840-0703 147. Arturo Silva Lucas, 1-1182-0881 148. Andrés Cambronero Rodríguez, 1-1516-0984 149. Ana María Trejos 150. Darla Villarreal Medina 151. Ernesto Cortes Amador, 1-1089-0208 152. Silvia Mora Cascante, 1-1197-0709 153. José Antonio Ortega Loría, 9-0117-0015 154. Paola Cordero González, 1-1185-0942 155. Valeria Morales Núñez, 1-1615-0837 156. Ana María G. Alvarado, 1-1291-0932 157. María José Cascante Matamoros, 1-1166-0261 158. Marga Sequeira Cabrera, 1-1230-0890 159. Ginette Sánchez Gutiérrez cédula 1-0914-0798 160. M Canifrú, 1-1517-0267 161. Enyell Valerio Carranza, 4-0234-0245 162. Karla Solís Salazar, 6-0475-0438 163. María Francela Leandro Chacón, 2-0801-0871 164. Luis Fernando González Marín, 1-1949-0332 165. Laura Jiménez, 1-1805-0236 166. Jorge Chaves Aguilar, 1-1373-0825 167. Arianna Leitón, 4-0262-0207 168. Tiffany Gutiérrez Ruiz, 155847151228 169. Marcia Ugarte Barquero, 1-1071-0298 170. Valerie Salas Solís, 2-0818-0822 171. Ana María Rojas Chacón, 1-1575-0411 172. Jonathan Mora, 1-1121-0688 173. María Carvajal Jiménez, 1-1776-0624 174. Abigail Grijalba Marenco, 1-1774-0784 175. Luis Alonso Rojas Herra, 1-1251-0165 176. Fernando Ñurinda Moran, 1-1835-0633 177. José Fabio Arguedas Cruz, 2-0713-0688 178. Eimy Ramírez Fonseca, 3-0500-0344 179. Sofía Delgado Redondo, C02594 180. María José Ulloa, 1-1751-9781 181. Onésimo Rodríguez Aguilar, 1-1061-0434 182. Marcela Ramírez Aguilar, 3-0387-0859 183. Irazu Esquivel, 9-0108-0405 184. Kerlyn Álvarez, 1-1807-0936 185. Xavier Sánchez Aguilar, 3-0365-0659 186. Sherlyn Tatiana Jarquín Zúñiga, 5-0459-0945 187. María José Guevara Portuguez, 1-1731-0871 188. Sthefanny Jara Zúñiga, 1-1653-0863 189. Megan Montero Guerrero, 1-1948-0786 190. Sebastián Aguilar, 1-1726-0610 191. Melissa Salas Solís, 2-0703-0690 192. Aurora Sofía Echeverri Mora 193. Yasuri Potoy Ortiz, 155828882208 194. Raichel Sánchez, 1-1853-0087 195. Adriana Rojas Ugalde 196. Verónica Porras Castro, 1-1454-0018 197. Allan Murillo Badilla, 5-0433-0511 198. Celeste Campos Mesén, 1-1898-0075 199. Andreína Quirós Vásquez, 1-1429-0367 200. Mónica Monge 201. Ivannia Monge Naranjo, 1-0736-0591 202. Alejandro Ramírez Mora, 1-1752-0917 203. José Campos, 1-1338-0884 204. Mario Zúñiga Núñez, 1-1038-0828 205. María José Murillo Madrigal, 2-0656-0087 206. David Monge Navarro, 1-1635-0132 207. Ana Elena Obando M, 1-0651-0024 208. Marlyn Quirós Quesada, 3-0549-0685 209. Natalia Caro Bernal, 1-1583-0449 210. Mónica Hernández, 4-0197-0747 211. Luana Madrigal Wielewski, 2-0862-0319 212. Patricia Ramos Con 213. Camilo Cañas Aravena, 1-1581-0341 214. Karina Castro Alfaro, 2-0622-0038 215. Aarón Zamora Bogantes, 1-1807-0333 216. Valeria Madrigal Solís, 1-1898-0824 217. Angie Fernández Castro, 2-0747-0072 218. Jessica Ugalde, 1-1455-0360 219. Allison Fuentes Nárvaez 703210598 220. Luis A Monge Arrieta, 1-0618-0825 221. Alejandra Collen Vargas Ovares, 1-1847-0988 222. Ariadna Alvarado Solis, 1-0656-0408 223. Rocío Abarca Sánchez, 7-0160-0677 224. Aurelia Trejos París, 1-0360-0879 225. Vivían Solís Espinoza, 1-1032-0334 226. Stephania Rodríguez Campos, 3-0539-0221 227. Mikel Quesada Artolozaga, 1-1602-0865 228. Naylin Castillo Valdivia, 1-1784-0008 229. Ronald Javier Quirós Rodríguez, 1-1537-0722 230. Carolina Rojas Madrigal, 1-0985-0626 231. Alfonsina Cano Guevara, 2-0716-0529 232. Adrián Salas Paniagua, 1-1803-0978 233. Naomi Camacho Valerio, 4-0228-0936 234. Sender Herrera Sibaja, 5-0307-0829. 235. Yendry Porras Barrantes, 1-1058-0626 236. Carolina María Navarro Bulgarelli, 1-0966-0085 237. María Andrea Araya Carvajal, 1-1090-0787 238. Karina Vargas Espinoza, 1-1061-0740 239. Juan Pablo Cambronero, 2-0489-0055 240. Fabián Gabriel Castillo Zúñiga, 4-0267-0935 241. Jimena Fernández Hurtado, 1-1885-0266 242. Vanessa Ángulo Sandoval, 2-0633-0104 243. Johnny Barquero Castellón, 1-1710-0785 244. Syndell Bedoya Rivera, 1-0584-0088 245. Julieta Montoya 246. Ana María Hernández Juárez 247. Allan Francisco Monge Cordero, 1-0776-0834 248. Monica Aguilar Bonilla, 1-1074-0741 249. Ana Victoria Rodríguez Badilla, 1-0380-0227 250. Graciela Mora Padilla, 1-1375-0889 251. Juliana Segura Sánchez, 2-0619-0125 252. Marie Paz Soto Chaves, 1-1841-0758 253. Luis Alfredo Dávila Herrera, 132000351623 254. Justin Sancho López, 3-0551-0970 255. Damián Rodríguez Mejía, 3-0479-0225 256. Gloria Calderón, 4-0256-0931 257. Anacristina Rossi, 1-0407-0914 258. María Clareth Torres Martínez, 305160023 259. Victoria Jiménez Morera, 2-0815-0455 260. Camila Vásquez Martínez, 3-0539-0897 261. José Pablo Díaz Arrieta, 5-0415-0278 262. Grettel Cerdas, 7-0289-0632 263. Tamara Pfeiffer Barrantes, 9-0134-0621 264. Paulina Araya Rodríguez, 2-0859-0048 265. Albena Munoz Taya, 9-01040-926 266. Nia Salas, 1-0752-0643 267. Karen Marín Argüello, 1-1772-0034 268. Daniela Carrillo Valverde, 1-1639-0484 269. Tomás Mora Por, 1-1647-0615 270. Ana María Jurado Solórzano, 1-0949-0933 271. Marinela Córdoba Zamora, 3-0297-0351 272. Claudia Aravena, 115200072406 273. Luis Álvaro Calderón Retana, 1-0772-0674 274. Georgina Hidalgo Rojas 275. Yamil de la Paz García, 1-0997-0233 276. Mónica Aymerich Coto, 1-1280-0154 277. María Cecilia Mora Camacho, 1-0509-0460 278. Angie Loría Arroyo, 6-0389-0190 279. Graciela González, 1-1116-0026 280. Gabriela Carolina Abrego Rivera, 9-0113-0296 281. Fannella Giusti Minotre 282. Ana María Prada Rodríguez, 1-1440-0981 283. Christian Solano Chavarría 1-1092-0430 284. Marian Vargas Hidalgo, 1-1896-0337 285. Laura Astorga Carrera, 1-0914-0100 286. Xinia Alejandra Jiménez Morales, 6-0431-0476 287. Génesis Avilés Cordero, 7-0297-0238 288. Angie Ugalde, 7-0234-0056 289. Catalina Ramírez Vega, 1-1070-0188 290. Shirley Ruiz Monge, 1-1142-0865 291. Angianethe Solano Quirós, 2-0690-0060 292. Sara Quesada Fernández, 1-1924-0970 293. Andrea Natalia Lara Álvarez, 2-1040-0752 294. Vanessa Guerrero Gaitan, 1-1899-0093 295. Alberto Cortés Ramos, 9-0075-0815 296. Fernando Lizano Bogantes, 1-1425-0490 297. Karina Andrea Retana Soto, 1-1610-0027 298. Daniela Flores Golfin 299. Tatiana Soto Murillo, 4-0247-0597 300. Brandon Castro Meneses, 1-1554-0405 301. Roxana Arroyo Vargas, 1-0643-0057 302. Lizzette Badilla Cortés, 5-0426-0844 303. Isela Ramírez Madrigal, 4-0169-0648 304. Mariana Vargas Mora, 1-1946-0671 305. Valeria Alexandra Chacón Reyes, 2-0718-0470 306. Mónica Vargas, 1-1599-0564 307. Xiomara López Matamoros, 1-0719-0091 308. Wendy Quirós Zárate, 1-1759-0491 309. Carmen María Marín González, 1-0825-0253 310. Julio Brenes Arroyo, 1-0892-0767 311. Darlyn Pamela Bonilla Portuguez, 1-1799-0287 312. Ericka Cerdas Hernández, 1-1901-0740 313. Liliana Patricia Velásquez Prada, 8-0117-0318 314. Melissa Chinchilla, 1-1242-0496 315. Carmen Carro Barrantes, 1-0600-0363 316. Ana Leonor Saravia Vivas 317. Laura María Gutiérrez Mata, 3-0441-0657 318. Marilene Proença 7.5884471 319. Michelle Arias Vega, 1-1819-0244 320. Alexandro Salas Esquivel, C39359 321. Montserrat Sagot Rodríguez, 2-0341-0034 322. Lucía Rodríguez Valverde, 1-1565-0846 323. Jazmín Agüero Serrano, 1-1899-0529 324. Tania Sánchez Sánchez, 1-1157-0853 325. Angie Paola Ortiz Cerna, 6-0494-0376 326. Robert Rodríguez Delgado, 2-0424-0124 327. Eugenio García Castro, 1-0518-0245 328. Josué Salguero Brenes, 1-1833-0399 329. Laura Valerio Bermúdez, 1-1305-0508 330. Rocío Moya Pereira, 1-0635-0837 331. María Jesús Ulate Bogantes, 1-1897-0209 332. Valeri Villarreal Barrios ,1-1902-0253 333. Nicole Villalobos Mora, 1-1496-0443 334. Mónica Sancho Rueda, 1-1039-0009 335. Ana Ruth Salas Murillo, 4-0249-0257 336. Melissa Mora Mora, 3-0479-0278 337. Josefina Hernández Tellez, 2177955055 338. Hugo Pineda Villegas, 2-0502-0518 339. Zuyen Wabe Garro, 1-1810-0877 340. Mauricio Fournier Pereira, 1-1334-0849 341. Eleazar Morales Aguirre, 8-0153-0969 342. Zeidy Chaves Jiménez, 1-0484-0697 343. Camila Vargas Ramírez, 2-0841-0407 344. Lindy Retana Arce, 3-0511-0426 345. Raquel Gómez Hernández, 1-1756-0481 346. Pablo Zagt Hernández, 1-1685-0028 347. Keissy Dayanna Chaves Ocom, 2-0835-0014 348. David Loynaz Ortiz, 3-0519-0866 349. Darelys Daniela Obregón Orozco, 1-1436-0371 350. Elisa Morúa León, 1-1052-0374 351. Juliana Cano Guevara, 2-0818-0247 352. Tommy Santiesteban Solano, 1-1699-0681 353. Alesandra María Altamar Arias, 1-1831-0497 354. Ferdy Salazar, 1-1802-0811 355. Jimena Escalante Meza, 1-1139-0331 356. Fabian Gamboa Godínez, 1-1908-0696 357. Daniel Britto Bermúdez, 1-1333-0520 358. Yuleimy Quintero Marín 359. María Fernanda Ruíz Céspedes, 3-0489-0020 360. Flory Chacón Roldán, 1-1390-0025 361. Rachel Gamboa Sánchez, 1-1855-0156 362. Tahily Jiménez Cruz, 1-1911-0608 363. Fabiola Melissa Araya Rodríguez, 1-1757-0914 364. Luis Claudio Corrales Quesada, 2-0589-0972 365. Joseph Jesús Rodríguez Arguedas, 1-1942-0365 366. Irené Barrantes Jiménez, 1-1155-0692 367. Marilyn Román Bejarano, 3-0467-0573 368. Natalia Solís, 1-1798-0115 369. Melania Gutiérrez, 3-0470-0647 370. Ana María Monge Ureña, 1-1848-0913 371. Ixmucané Hernández Morales, 1-1112-0323 372. Elvis Alberto Cornejo Venegas, 2-0552-0055 373. María Fernanda Mora Calvo, 1-1258-0045 374. Jenny Valeria Pérez Solórzano, 2-0840-0737 375. Javier Rodríguez Fonseca, 1-0546-0710 376. Erika Pires Ramos, 4248161 SSP-PE 377. Gabriela Delgado Hidalgo, 1-0963-0626 378. Melissa Alfaro Morales, 1-1267-0344 379. Carmen Caamaño Morúa, 1-0577-0718 380. Francesca Jarrín Torres, 9-0111-0557 381. Adriana Sánchez Lovell, 1-1151-0909 382. Catalina Cartagena Núñez, 8-0120-0949 383. Pamela Campos Chavarria, 1-1345-0315 384. Ana Jiménez Hidalgo, 1-1479-0007 385. Daisy Andreina Servigna Salazar, 186200126033 386. Marcelo Valverde Morales, 1-1445-0421 387. Liza Coghi Brenes, 3-0487-0170 388. Javier Francisco Cambronero Arguedas, 0204060127 389. Erina Campos Acuña, 1-1300-0766 390. Román López, 8-0142-0377 391. Alejandra Martínez Gamboa, 1-1630-0945 392. Sara Guzmán Velásquez, 1-1444-0412 393. Dalia Torres Solórzano, 4-0212-0611 394. Ariela Muñoz Salas, 4-0161-0973 395. Simón Angulo Quirós, 3-0499-0908 396. Matthías Pelz Seyfarth, 1-1707-0440 397. Mónica Coto Bolívar, 3-0500-0762 398. Natalia Serrano Alvarez, 1-1320-0174 399. Natalia Solís Morales, 4-0216-9703 400. Daniel Fernández Vásquez, 2-0673-0895 401. Victoria Eugenia Montero Zeledón, 1-0557-0775 402. Amanda Arroyo Cabezas, 1-1656-0001 403. Jane Segleau Earle, 8-0061-0877 404. Vanessa Cervantes Jara, 3-0532-0249 405. Estefania Meza Cruz, 1-1821-0815 406. Adrián Leitón Gutiérrez, 9-0111-0403 407. Tatiana Gamboa Freer, 1-0875-0865 408. Daniel Rivera Johanning, 1-1737-0663 409. Albertina Alfaro Chinchilla, 1-0565-0667 410. Ana Elena Quesada, 2-0765-0208 411. Ana Medeiros 412. Alejandra Ducca Durán, 1-0399-0546 413. Sonia Moya Pereira, 1-677-806 414. Casey Childers, 184001639520 415. María Trejos Montero, 1-0689-0939 416. Shannen Zamora Guevara, 1-1821-0805 417. Eva Girot, 1-1719-0561 418. Daniel González Quesada, 1-1119-0017 419. Fabiola Gazel Moya, 1-1323-0627 420. Sofía Castro Aragón, 3-0321-0209 421. Yamilette Fontana Coto, 1-0441-9669 422. Paula Corrales Piedra, 1-1825-0272 423. Yanela Castro Monge, 1-1679-0645 424. María José Jiménez Oses, 3-0521-0071 425. Adriana Villalobos Mora, 1-1590-0150 426. Andrea Montero Fernández, 1-1645-0735 427. Laura Rojas Camacho, 4-0236-0818 428. Roxana Hidalgo Xirinachs, 1-0597-0626 429. Rebeca Quesada Guell, 1-0555-0138 430. Paola Rojas, 1-1547-0431 431. Sofía González Barboza 432. Daniela Sancho, 1-1337-0484 433. Silvia Monge Retana, 1-0737-0490 434. Lisseth Quesada Quesada, 1-1364-0381 435. Ana Felicia Torres, 1-0474-0492 436. Felipe Figueroa Morales, 9-0092-0144 437. José Manuel Salas, 1-0455-0728 438. Sofía Castro Aragón, 3-0321-0209 439. María del Rocío Murillo Valverde, 1-0653-0859 440. Vanesa Beltrán Conejo, 1-1278-0807 441. Juan Adrián Cruz Muñoz, 1-774-0121 442. Jeannette Aguilar, 2-916-2366 443. Vanessa Cavallini, 1-854-717 444. Vernor Arguedas, 9-0013-0121 445. David Piedra, 1-1763-0229 446. Juan Manuel Muñoz Portillo, 8-0073-0938 447. Fiorella Jara Sanabria, 1-1465-0476 448. Eylin Chaves Villalobos, 1-1619-0727 449. Mauren Ramírez Carballo 1-1445-0632 450. Frecia Camacho Rojas, 1-0541-0883 451. Sophia Rodriguez Ovares, 1-1751-0330 452. Paquita Cruz, 1-0413-0276 453. Teresita Cordero Cordero, 4-0120-0379 454. Magda Sánchez Lépiz, 1-0394-0882 455. Nuriet Sandí Morales, 1-1083-0838 456. Henriette Raventos Vorst, 1-0582-0312 457. Daniela Arrieta Herrera, 1-1500-0148 458. David Girot, 1-1865-0677 459. Mariano Fernández Sáenz, 2-0381-0947 460. Cecilia Claramunt, 1-0448-0250 461. Adriana Vindas Gonzalez, 1-0876-0608 462. Monserrat López, 3-0466-0815 463. Giovanny Brenes Gómez, 1-1270-0872 464. Dunia Espinoza Esquivel, 1-0847-0569 465. Victoria Calderón Campos, 2-0816-0648 466. Daniel Flores Mora, 3-0187-0245 467. Daniel González Castillo, 1-1587-0895 468. Ixtchel Molina Venegas, 2-0726-0331 469. Sandra Araya 4-0131-0102 470. Daniela Miranda Méndez, 1-1412-0885 471. Arielle Thomas, 1-1875-0275 472. Cristin Torres Ulate 473. Miriam Garcia Merlo, 13215456 474. Aura Ortiz, 8-0133-0143 475. Carlos José Cabezas Mora, 1-0612-0083 476. Roberto Fragomeno Castro, 8-0137-0052 477. Paola Alfaro Gutiérrez, 1-1023-0565 478. José Miguel Rojas González, 1-0511-0047 479. María Eugenia Oribe, 17657847 480. Lucía Rescia, 1-0639-0190 481. Tatiana Fernández Rojas, 1-1397-0691 482. Adriana Maroto Vargas, 2-0519-0760 483. Angie Obando Leiva, 1-1621-0281 484. Ana Cecilia Escalante Herrera, 1-0360-0701 485. Helga Arroyo Araya, 6-0303-0677 486. David Morera Herrera, 1-0644-0113 487. Laura Paniagua Arguedas, 1-1152-0003 488. Claudia Palma Campos, 1-0872-0240 489. Nioe Víquez Moreno, 1-1009-0491 490. Yendry Michelle Méndez Godínez, 1-1734-0957 491. Francisco Jiménez Hernández, 1-0556-0053 492. María Jesús Castillo Hidalgo, 1-1015-0214 493. Mónica Soto Herrera, 2-0442-0348 494. Lucía Aguilar Soto, 1-1665-0592 495. Loreta Echeverría Espinoza, 1-1639-0084 496. Carolina Guzmán Herrera, 1-1803-0882 497. Oscar Valverde Cerros, 1-0830-0875 498. Amanda Valverde Álvarez, 1-1755-0571 499. Cecilia Pereira López, 1-0294-0896 500. Dixon Vasquez Zuñiga, 1-1537-0665 501. Lidia M. González Vega, 2-0383-0799 502. Cristopher Meza Sánchez, 4-0226-0770 503. Mario Soto Rodríguez, 1-1312-0325 504. Ana Silvia Monzón, 2584924650101 505. Iñaki Rivera Beiras 506. Jorge Quesada 1220507 507. Natalia Solis Rojas 1-1169-0214 508. Vilma Peña Vargas 1-0664-0311 509. Gabriel Venegas Carro 1-1141-0947 510. Maria Díaz 186201069433 511. Mirta González Suárez 800480869 512. Pablo Hernández 513. Carol Fernández Herrera 3-0460-0725 514. Adriana Sequeira Gómez 1-1093-0980 515. Vínyela Devandas Brenes céd. 1-0394-0034 516. Noah Phillips Álvarez 1-1879-0275 517. Rebeca Varela Víquez 1-1439-0035 518. Mariel Vargas 1-1428-0100 519. Daniela Cerdas Hernández 1-1913-0743 520. Patricia Victoria Rodríguez Maradiaga 1-0656-0597 521. Erick Rodríguez 4-0231-0271 522. Sonia Hernández Sánchez 6-0099-0330 523. Francini Durán 7-0229-0341 524. Mariana Moreira 1-1610-0956 525. Yuliana reyes Morera 1-1712-0016 526. Albis Cruz Castro 2-0400-0590 527. Jazmín Obando Holguín 9-0130-0465 528. Peggy Chamorro 2-0492-0694 529. Abdiel hernandez 1-1927-0145 530. Paula García Chaves 1-1206-0211 531. Léa Bernard 532. Arlene Silva Fuentes 3-0485-0221 533. William Barrantes Artavia 1-1024-0949 534. Raúl Gamboa Ramírez 1-1547-0450 535. Greivin Alfaro 01-1658-0458 536. Karol Montero Rony 1-1108-0959 537. Nidia Victoria Fonseca Rivera 538. Florencia Vers 539. Amalia Zacoutegui DNI 18255324 540. Maria sol Gimenez 541. Viviana redondo 542. Rosana Numerovsky 1-748-2385 543. Graciela Berenstein DNI 14957852 544. Sebastián Sánchez Masís 1-1743-0731 545. Wendy Salazar Castillo 1-1546-0193 546. Silvia Meza Loaiza 3-0413-0200 547. Camille Cordero Barrera 3-0568-0831 548. Jota Vargas Alvarado 1-1542-0986 549. Michelle Jones Pérez 3-0378-0384 550. Marcela Zamora Cruz, 1-0762-0270 551. Margarita Salas 1-1008-0057 552. Edna Julia Rodríguez Alvarado 1-0491-0404 553. María Jesús Cerdas Guillén 3-0482-0175 554. Ana Victoria Rodríguez Badilla 1-0380-0227 555. Lucero Ana Paula 32443905 556. María Cristina Orias Rodríguez 1-1827-0797 557. Montserrat Blanco Esquivel 1-1358-0265 558. Claudia Vargas 155827353415 559. María Fernanda Brenes Aguilar 3-0511-0309 560. Mar Fournier Pereira 1-1233-0399 561. Viviana Cruz Mena 1-1715-0910 562. Gabriela Rodríguez Hernández 1-0868-0818 563. Mijal Akoka Rovinski 1-1603-0794 564. Sara González 1-0259-3725 565. Fernando Alvarado Campos 3-0514-0362 566. Diana Patalagoyti DNI 12666724 567. Gloriana Martínez Sánchez 1-1371-0751 568. Leiner Gustavo Navarro Salmerón 3-0498-0530 569. María Laura Sibaja Ávalos 1-1692-0574 570. Rocío Zamora Sauma 1-1169-0695 571. Amanda Mora Lobo 1-1404-0026 572. Camila Ordóñez Laclé 1-1139-0314 573. Laura Contreras 1-1153-0652 574. MªDaniela Sánchez Quintana 1-1503-0400 575. Ma. Elena León Rodríguez 2-0477-0160 576. Greivin Ignacio Solano Vindas 577. Mariela Richmond Vargas 1-1270-0295 578. Natalia Díaz 1-1468-0195 579. Greivin Ignacio Solano Vindas 7-02210702 580. Alvaro José Alfaro Montero 4-0222-0315 581. Lucía B. Quintana 117001568326 582. Iván Pérez Arias 207050557 583. Stefany Cortes Palma / 207630889 584. Andrea Pacheco 1-1323-0636 585. Eva Núñez Torres 1-1416-0954 586. Rebeca Cascante Gomez 1-0628-0020 587. Germán Zárate Montero 588. Nery Chaves G 589. Maricruz Granados Carrillo 1-1160-0439 590. Marianela Rodríguez Villalobos 2-0464-0255 591. Ana Lorena Sáenz Segreda 1-0479-0371 592. Rocío Jiménez Calderón 1-1255-0239 593. Leonardo Ramírez 1-0911-0190 594. Alexander Jiménez Matarrita. 1-0607-0350 595. Paola Duran Guzman 596. Pamela Monge Pierre 1-1000-0776 597. Nilson Oviedo Valerio 3-0397-0793 598. Heidy Hernández Romero 1-1017-0710 599. Gabriel Chavarría López 1-1555-0473 600. Lissethe Chacón Mora 1-1436-0826 601. Aleida Devandas Aguilar 1-1078-0614 602. Rocío Alfaro Molina 1-0828-0886 603. Kimberly Picado Gutiérrez 1-1378-0463 604. Ernesto Guevara Porras 1-1696-0447 605. Laura Gómez Vasquez 1-0947-0868 606. Jimena Bermúdez Rodríguez 1-1785-0382 607. Mauricio Villalobos Delgado 1-1306-0238 608. Wajiha Sasa Marín 1-1061-0625 609. Valeria Montoya Tabash 1-1543-0086 610. Yasy Morales Chacón 1-1041-0576 611. Mariela Arce 7-0185-0065 612. Angie Araya Espinoza 1-1296-0629 613. Sofía Cortés Sequeira 1-1336-0901 614. Patricia Lucinetti 12-909-872 615. Ligia Castro Salas 107080077 616. Miryam Badilla Mora 1-1739-0476 617. Jorge Barrientos Valverde 1-1367-0372 618. Manuel A Jiménez Rodríguez 619. Sharon González Herrera 2-0739-0066 620. Paola Fernández Ángel 8-0135-0124 621. Carolina González Fernández 1-1499-0574 622. Sebastián Jiménez Martínez 1-1672-0532 623. Daniela Anchía Martínez 1-1850-0839 624. Ana Victoria Valdivia Orozco 1-0763-0285 625. Mario Escalante Trejos 1-1486-0418 626. Jennifer Flores Obando 3-0452-0456 627. Natalia Vargas Camacho 1-1260-0900 628. Bran Molina Villalobos 2-0713-0044 629. Lempira Hernández 1-1396-0214 630. Jorge Raúl García Fernández 1-1064-0432 631. Sharling Hernández Jiménez 4-0207-0903 632. José Pablo Meza Pérez 1-0630-0432 633. Melody Campos Rojas 2-0796-0852 634. Argentina Artavia Medrano 1-0709-0127 635. Zenelia esther castillo matus 155828883423 636. Erika Patricia Gutiérrez Solís 1-0859-0089 637. Lorena Dávila Cubero 5-0160-0478 638. Alexander Perez Gutiérrez 1-0791-0130 639. Nelson Gerardo Ledezma Ugalde 02-0701-0117 640. Jessica Rojas Acuña 4-0221-0958 641. Luisa Paz 8-0108-0229 642. Miguel Barrios Gutiérrez 3-015-6323 643. Fabiola Blandón 7-0217-0960 644. Paul Esteban Chaves Hernández 1-1358-0649 645. Noemy Serrano 1-1215-0075 646. Kattya Rodríguez Alfaro 5-0304-0391 647. Rafael Eduardo López Alfaro 4-014-0119 648. Wendy Vásquez Pessoa 3-0364-0290 649. Sonia Quesada 1-0597-0985 650. Fernando Jesús Obando Reyes 1-1472-0709 651. Francisco Piedra Vargas 1-0747-0054 652. Grace Venegas Bonilla 1-063-4405 653. Fabiola Espinoza González 1-1651-0115 654. Carolina Vanessa Lobo Fernández 4-0212-0983 655. Gabriela Chavarria Matamoros 4-018-5580 656. Patricia Mora Castellanos 1-0471-0261 657. David Contreras Mora 1-0531-0468 658. Marco Salazar Núñez 1-1462-0733 659. Bernardo Mairena 11656-0364 660. José Mario Quirós Bonilla 113500113 661. Rebeca Vaglio Aguilar 110950370 662. Paula Arce Arias 207360245 663. Lady Campos Vega 113940942 664. Darcy Araya Solano 108900365 665. Kathia perez rojas 206680046 666. Oscar Beita Quesada – 1-0593-0368 667. Patricia Fernández Bustamante, 104680076 668. Montserrat Jiménez 113530578 669. Ronald Oviedo Vargas
Foto extraida de esta nota de prensa de El Pais (España) Titulada «La reunión privada entre Kissinger y Pinochet: «Queremos ayudarlo: simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí» (25/05/2023) elaborada con ocasión de los 100 años de Henry Kissinger y la desclasificación de nuevos documentos sobre Chile en Estados Unidos.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
En los días previos a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado militar en Chile de 1973, Estados Unidos ha decidido oficialmente desclasificar documentos mantenidos en reserva desde cinco decenios: véase nota de The Progressive Magazine y nota de RFI.
Se trata de nuevos documentos que vienen a añadirse a muchos otros liberados en años pasados por algunas administraciones norteamericanas, y registrados en este sitio de la Universidad George Washington: se trata de un extenso programa de investigación dedicado a Chile – que no se limita únicamente a la desclasificación de documentos norteamericanos – y que cuenta con este enlace con abundante información.
Documentos aún sensibles, 50 años después
Si bien la prensa internacional ha puesto de relieve las razones por las que este golpe de estado de 1973 estremeció a América Latina y a la comunidad internacional en general (véase por ejemplo, esta nota de la BBC cuya lectura recomendamos), el involucramiento de Estados Unidos ampliamente documentado desde entonces es un aspecto que merecería ser añadido (por ejemplo a los cuatro puntos mencionados en el precitado artículo de la BBC).
No está de más referir a este documento manuscrito de 1970 en el que se autoriza a derrocar al futuro Presidente de Chile si llegara a tomar el poder (véase enlace cuando se desclasificó en el 2020, en el que se indica que: «Fifty years after it was written, Helm’s cryptic memorandum of conversation with Nixon remains the only known record of a U.S. president ordering the covert overthrow of a democratically elected leader abroad» ).
En esta otra nota se lee que la más reciente desclasificación de documentos por parte de Estados Unidos en agosto del 2023 obedeció a solicitudes expresas realizadas por las actuales autoridades de Chile:
«After withholding this document in its entirety for decades, the CIA finally released the September 11, 1973, PDB today in response to a formal petition from the Chilean government of Gabriel Boric for still secret records as the 50th anniversary of the coup approaches. The CIA also partially declassified a second PDB, dated September 8, 1973, which erroneously informed President Nixon that there was “no evidence of a coordinated tri-service coup plan” in Chile and said that “should hotheads in the navy act in the belief they will automatically receive support from the other services, they could find themselves isolated.”
The two PDBs are among the most historically iconic of missing records on the September 11, 1973, military coup because they contained information that went to President Nixon as a military takeover that he and his top advisor Henry Kissinger had encouraged for three years came to fruition«.
Para información de nuestros estimables lectores, las dos precitadas citas refieren al texto en inglés que se lee, elaborado por el programa de investigación sobre documentos desclasificados de la Universidad George Washington, que analiza cada uno de los documentos liberados en los últimos años por parte de Estados Unidos.
La entrega de documentos oficiales ante el derecho a la verdad: luces y sombras
Desde la perspectiva del derecho internacional público, cabe precisar que no existe obligación alguna para un Estado de liberar documentos de la reserva en la que los mantiene al considerarlos «sensibles«. Cada Estado dispone de un sistema nacional de archivos con informes internos, datos y registros de diversa índole: sus máximas autoridades son las que deciden, si son documentos confidenciales, mantenerlos fuera del alcance del público o bien revelar su existencia.
Es así como Panamá debió esperar que se cumplieran los 30 años desde la invasión norteamericana de 1989 para que Estados Unidos aceptase finalmente liberar una gran cantidad de documentos clasificados (véase nota de El Pais – España).
En otros casos, documentos e informes policiales son «encontrados«, como los denominados «archivos del terror» descubiertos gracias a informantes en una casa en la localidad de Lambaré en Paraguay en diciembre de 1992 (véase publicación de la Corte Suprema de Justicia paraguaya e interesante video del momento en el que un juez paraguayo ingresa a la vivienda para verificar la presencia de dichos archivos e incautarlos).
Los documentos encontrados en Paraguay permitieron documentar una gran cantidad de causas en distintas partes del Cono Sur. También permitió a la justicia italiana condenar el 8 de julio del 2021 a 14 personas por la muerte de 43 personas, víctimas del Plan Condor (a saber 6 italo-argentinas, 4 italo-chilenas, 13 italo-paraguayas y 20 uruguayas): véase nota en italiano de la ONG italiana CILD. De igual manera en el 2010, la justicia francesa condenó a los responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en Chile (véase nota de Le Monde del 18/12/2010).
Volviendo al caso de Chile, es de saludar la voluntad férrea de sus actuales autoridades de obtener la liberación de documentos clasificados por parte de la actual administración norteamericana.
Cabe precisar que en materia de «soft law«, la resolución E/CN.4/RES/2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas – hoy denominada «Consejo de Derechos Humanos» – adoptada por consenso en el 2005, a iniciativa de Argentina (su texto está disponible en la red), y titulada «El derecho a la verdad» se limita únicamente a indicar que:
«5.Alienta a los Estados a que presten a los Estados interesados la asistencia necesaria al respecto«.
La ausencia de obligación jurídica entre dos Estados de entregar información que posee uno a otro, relacionada a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en nada impide que tengamos una dinámica totalmente distinta cuando nos interesamos a los tribunales nacionales e internacionales de cara a la implementación del derecho a la verdad. En este caso, son los colectivos de víctimas y de familiares y asociaciones de derechos humanos los que han hecho valer ante sus propias autoridades o bien ante los tribunales nacionales (y si estos fallaron en su contra, en los tribunales internacionales) este derecho que asiste a toda víctima de exacciones cometidas en el pasado por autoridades estatales (sea en su contra o en contra de alguno o varios de sus seres queridos).
Al respecto, un muy completo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Verdad, publicado en el 2014 (véase texto) detalla los alcances del derecho a la verdad en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La larga lista de casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que figura al final de este artículo del 2008 titulado «El derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico de carácter no internacional» da una idea de las pautas que ha venido fijando al respecto la jurisprudencia del juez interamericano, y ello desde sus primeras sentencias contra Honduras a finales de los años 80.
Es de notar que los significativos avances observados en América Latina en materia de derecho a la verdad siguen sin lograr permear al sistema judicial en España: la primera exhumación del cuerpo de una víctima del franquismo ordenada por la justicia se logró en el 2016 gracias a una solicitud proveniente de … la justicia argentina (Nota 1).
Las actuales autoridades chilenas: más decididas que sus antecesoras
A diferencia de su antecesor al cargo, el Presidente actual de Chile se ha mostrado mucho más exigente en cuanto a la búsqueda de la verdad a partir de lo ocurrido el 11 de setiembre de 1973 en Chile.
El pasado 30 de agosto, se firmó en Chile un Decreto para lanzar un nuevo Plan Nacional de Búsqueda de los aún miles de ciudadanos chilenos que aparecen en listas de personas desaparecidas en Chile (véase comunicado oficial). Desde el 2013, un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas sobre Chile así lo recomendaba (véase informe). El 22 de diciembre del 2017, de manera bastante tardía y finalizando su segundo mandato, una primera iniciativa había sido lanzada por la entonces Presidenta de Chile (véase nota de France24).
Incluso en su cuarto informe (1989) el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación en materia de derechos humanos en Chile, el costarricense Fernando Volio Jiménez, refería a la importante labor que esperaba a la sociedad chilena con relación a conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada (véase enlace a informe) (Nota 2).
Este reportaje de The Guardian del 2019 titulado «Where are they?: families search for Chile´s disappeared prisoners» (véase enlace) detalla de una manera muy completa el drama de familias chilenas ante la falta de información sobre lo sucedido a sus seres queridos y la falta de voluntad política que significó la llegada en marzo del 2018 del Presidente Piñera en lo que respecta a la búsqueda de personas desaparecidas en Chile.
La Operación Cóndor ante el derecho a la verdad: la respuesta del juez interamericano ante la poca (in?) capacidad de la justicia nacional
Otra trágica iniciativa para América Latina como lo fue el denominado «Plan Condor«, que involucró no solamente a Chile (y a Estados Unidos), constituye un ámbito en el que aún quedan muchos documentos por desclasificarse en Estados Unidos: este informe del CELS (una reconocida ONG de Argentina) explica cómo funcionó a partir de 1975 entre los Estados del Cono Sur este plan coordinado tendiente a borrar el efecto protector que significa para una persona que se siente amenazada cruzar una frontera.
Cabe recordar que fue tan solo en el 2016 que el Plan Cóndor fue objeto de una primera decisión condenatoria por parte de la justicia penal argentina, con respecto a altos mandos militares argentinos, varios de ellos nonagenarios al momento de escuchar la sentencia (Nota 3).
Al 2023, los sistemas judiciales en el Cono Sur siguen tramitando causas de víctimas y de familiares de víctimas: en este enlace se registran algunas de las acciones legales ante tribunales nacionales relacionadas al Plan Condor.
Ante la resistencia de algunos jueces a nivel nacional para investigar y sancionar hechos relacionados al Plan Cóndor, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha ofrecido (y sigue ofreciendo) a las víctimas una posibilidad de obtener justicia.
En esta importante sentencia del juez interamericano del 2011 (caso Gelman vs. Uruguay) se lee que:
«51. El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, incluso en Estados Unidos y Europa.
Esta operación fue muy sofisticada y organizada, contaba con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de la Operación Cóndor«.
En la sentencia dictaminada contra Argentina 10 años después, en septiembre del 2021 (caso familia Julien Grisonas vs. Argentina), la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que el «plan criminal interestal» amerita un esfuerzo coordinado de sus integrantes, al precisar que:
«288. En congruencia con las solicitudes efectuadas, la Corte dispone que el Estado argentino, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de este fallo y por las vías que considere adecuadas, haga las gestiones pertinentes para convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso: la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, y, en general, en el contexto de la “Operación Cóndor”, es decir, la República Federativa de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la República del Perú, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal. Dicha coordinación deberá reflejarse en un plan de trabajo común entre las autoridades competentes, según la materia de que se trate, ejecutado en observancia del marco jurídico nacional e internacional aplicable, y con auxilio de los mecanismos de cooperación internacional y asistencia mutua. Así, el trabajo coordinado entre autoridades de los distintos Estados habrá de emprender esfuerzos conjuntos para el esclarecimiento de lo ocurrido durante la “Operación Cóndor”, como escenario en el que fueron perpetradas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluidas las que damnificaron a las víctimas del presente caso«.
A modo de conclusión
Pese a los 50 años que nos separan de aquel fatídico día para Chile y para el mundo que significó el 11 de setiembre de 1973, aún muchas preguntas persisten en el tiempo: desde ya Estados Unidos podría útilmente aclararlas, liberando todos los documentos clasificados que aún posee en sus archivos secretos con respecto a lo ocurrido en Chile.
Para las víctimas chilenas y sus familiares que siguen persiguiendo la verdad a través del tiempo, y buscan conocer el destino de sus seres queridos, desde Chile o desde afuera, su extenuante combate es ejemplar: ha inspirado, inspira y seguirá inspirando, estamos seguros de ello, a muchas familias y a varias generaciones de América Latina y del mundo en su exigencia de verdad y de justicia.
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina«, Revista de Pensamiento Penal, 2016. Texto disponible aquí.
Nota 2: Sobre las estrechas relaciones existentes entre el derecho a la verdad y las víctimas de desaparición forzada, véase la obra FERRER MAC-GREGOR E. & GONGORA MAAS J.J., Desaparición forzada de personas y derecho a la verdad en el sistema interamericano de derechos humanos, UNAM/IIJ/CNDH, México 2019. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Plan Condor: la justicia argentina se pronuncia«, sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 6/06/2016, texto disponible aquí.
