El martes 2 de julio al ser las 6:00 p.m. se llevará a cabo el foro “Retos de Costa Rica como país de acogida del exilio nicaragüense”, mismo que contará con la participación en la mesa principal las organizaciones: Red de Mujeres Pinoleras, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Servicio Jesuita para Migrantes “Costa Rica” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL.
Esta actividad se desarrollará en Paraninfo UNED, ubicada en Sabanilla. Y contará con transmisión por Onda UNED.
El cupo es limitado, necesita confirmar la asistencia en el formulario en línea.
La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización con Estatuto Consultivo ante el ECOSOC, que tiene entre sus objetivos, la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho, manifiesta su profundo rechazo a la represión de la protesta social y las detenciones arbitrarias ocurridas el pasado 12 de junio en las cercanías del Congreso de la Nación, en el marco de las manifestaciones populares por el tratamiento de la llamada “Ley Bases”.
En efecto, en ejercicio del derecho a la protesta, ciudadanas y ciudadanos se manifestaron de manera pacífica el miércoles 12 de junio en contra del proyecto de ley denominado “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
A partir de la intervención de las fuerzas de seguridad, se generaron gravísimos hechos de represión, avanzando sobre quienes participaban de la movilización, con infantería, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma, a fin de disudirlos de la protesta. Del operativo participaron la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
A ello se sumó una “cacería” de manifestantes, que culminó con la detención arbitraria de 33 personas, de las cuales se excarcelaron a 17 el pasado viernes y al momento continúan privadas de su libertad 16, a disposición del Juzgado Federal número 1. Las 33 personas detenidas fueron imputadas por el fiscal a cargo de la causa, Carlos Stornelli, de los delitos tipificados en los artículos“89 (lesiones), 183 (daños simples como agravados de conformidad con el art. 184 inc. 5), 186 (incendio o estrago), 189 bis (delitos contra la seguridad pública), 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia en contra de las instituciones), 213 bis (organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor), 226 (delito contra los poderes públicos y el orden constitucional), 237 (atentado contra la autoridad -en este caso, agravada conf. art. 238 incs. 2 y 4), 239 (resistencia a la autoridad) y/o 241 (perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos), con el posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”.
Resulta claro que, la criminalización de la protesta social constituye una grave violación de los derechos humanos, particularmente de los derechos a la libertad de expresión, derecho a la reunión pacífica y a la protesta. Estas libertades se encuentran garantizadas por la legislación nacional, como así también por diversas declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos de los que nuestro país es Estado parte y que cuentan con jerarquía constitucional, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 21 y 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 13 y 15). Destacamos que los instrumentos internacionales de DDHH imponen una obligación clara y concreta al Estado argentino de respetar y garantizar el goce efectivo de los derechos reconocidos y generan su responsabilidad internacional frente a su vulneración. Por lo tanto, el Estado argentino debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de su población, asegurando que todas las personas puedan expresar sus demandas y preocupaciones de manera libre y segura.
Por lo expuesto, esta Asociación exige al Estado argentino que se abstenga de llevar adelante prácticas de represión y criminalización de la protesta social, como así también solicita la inmediata liberación de las personas detenidas de manera arbitraria en el marco de la protesta social y el cierre de todas las causas relacionadas a la misma, garantizando el pleno ejercicio de las garantías constitucionales.
Las y los abajo firmantes reclamamos la inmediata e irrestricta libertad de todas y todos los detenidos en ocasión de la masiva movilización del pasado miércoles 12 de junio contra la sanción de la denominada “Ley Bases”, ejerciendo su derecho democrático y constitucional a la protesta. La mayoría de las detenciones se produjo a más de diez cuadras de la Plaza Congreso, en un momento en el que las personas se estaban desconcentrando luego de recibir una andanada de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas federales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las personas privadas de su libertad han recibido durante su detención malos tratos.
Asimismo, repudiamos firmemente y exigimos el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que por haber participado de dicha movilización para el poder Ejecutivo se convierten en “terroristas” que actuaron en un “intento de golpe de Estado”, imputaciones totalmente absurdas e infundadas. Durante el desarrollo de la manifestación del 12 de junio las fuerzas de seguridad no sólo reprimieron a columnas de manifestantes que estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta sino también a diputadas y diputados nacionales, algunos de los cuales fueron heridos por el accionar de las fuerzas estatales.
Reclamamos el inmediato cese de esta campaña persecutoria contra quienes se oponen a la política del gobierno de Milei y el respeto irrestricto a los derechos y garantías vigentes.
PRIMERAS FIRMAS
Dirigentes y Organismos de Derechos Humanos: Adolfo Pérez Esquivel; Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo; Elia Espen y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Carlos Sueco Lordkipanidse, Encuentro militante Cachito Fukman; Marta Ungaro, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas La Plata; Eduardo Tavani, Presidente de la APDH; Graciela Lois, Familiares de Ex Detenidos-Desaparecidos por razones políticas; Mabel Careaga, Familiares de ExDetenidos-Desaparecidos de la Iglesia Santa Cruz; Comisión Provincial por la Memoria; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora de Tucumán; Iris Avellaneda, Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Liga Argentina por los DD.HH. (LADH); Asamblea Permanente por los DD.HH. (APDH); Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Liberpueblo; H.I.J.O.S. Capital; H.I.J.O.S. Ciudad de Buenos Aires; Herman@s de Desaparecid@s por la Verdad y la Justicia; Hermanxs de Detenidxs Desaparecidxs y Asesinadxs por el Terrorismo de Estado; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Centro de Abogades por los Derechos Humanos (CADHU); Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP); Familiares de ex detenidos-desaparecidos, Córdoba; Instituto Espacio para la Memoria (IEM); Ana María Molina, Coordinadora Argentina por los DD.HH. (CADH); Movimiento Ecuménico por los DD.HH. (MEDH); Myriam Bregman, presidenta del CeProDH; Pablo Vasco, Centro CADHU; Centro Nelly Minyerski; Eduardo Barcesat; Atilio Borón; Padre ‘Paco’ Olveira; María Laura Garrigós; Luis Alen; Angel Cappa; Fernando Signorini; Sabina Frederic; María del Carmen Verdú; Stella Calloni; Ana María Careaga; Lita Stantic; Luis ‘Lucho’ Paz; Alberto Santillán, papá de Darío Santillán; Jueces de la Doctrina Franciscana; Grupo de Curas en Opción por los Pobres; Pastoral Social Evangélica (PSE); Justicia Legítima Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL); Instituto EnFoco de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencias; Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los DD.HH. (CODESEDH); Nicolás Alessio, Grupo sacerdotal Enrique Angelelli; Fátima Cabrera, Espacio Interreligioso Patrick Rice; Graciela Lois, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas; Mabel Careaga, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Beatriz Capdevila, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Diana Kordon, Liberpueblo; AciFaD (Asociación Civil Familiares de detenidos); siguen firmas…
Organismos Internacionales: Judith Galarza Campos, Presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM); Brigitte Domergue, de Familiares de desaparecidos franceses; Fernanda Aguirre, Secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT (Uruguay); Silvia Bellizzi, Familiares de Uruguay; Luis Ruiz, Secretario de Derechos Humanos del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), Uruguay; Alicia Castro, Soberanxs Miguel Velo; Lorena Donaire, Mujeres en Resistencia (Chile); Liliana Castillo Rojas, Agrupación Detenidos-Desaparecidos (Chile); Mariana Pereira Ambrossi, Resistencia Feminista (Uruguay); Ligia Liberatori, Ni una menos – Berlín (Alemania); Juan Moreno García, Izquierda Unida (España); Márgara Millán, Red Feminismos Descoloniales (México); Nuria Alabao, periodista, Zona de Estrategia (España); Yumac Ortiz, CPAZ (Ecuador); Malen Otaño, YoNoFui, colectivo abolicionista penal; Francesc Relea, periodista y documentalista (Cataluña); Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – Secc. Argentina (WILPF/LIMPAL); Asociación Educación y Solidaridad-Francia; Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE); Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL); Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALTJ); Vidal Aragonés, Diputado (mc), Cataluña; Equipo de abogados de la querella contra crímenes del franquismo – Gerardo Caviglia; Agustín Romero, Izquierda Unida (España); Marcos Roitman Rosenmann, Sociólogo, académico Universidad Complutense de Madrid; Alicia Lajmanovich, Presidenta Association Grenobloise Solidarité Argentine – Grenoble, Francia; Norma Ciuffo, Embajadora de Ville Apprenante de la UNESCO, Francia; Olga: Hernández, Collectif pour la Mémoire, Vérité et Justice de Rhône Alpes, Francia; Victoria Grabrois, Coordinadora Colectiva de O Grupo Tortura Nunca Mais/RJ Brasil; Alirio Uribe, Congresista de Colombia en el Parlamento Nacional; Marcela Sánchez, Directora de Colombia Diversa; Luz Marina Monzón Cifuentes, Presidenta Otras Voces, Colombia; Erika Hennings, Presidenta Colectivo Chileno Londres 38; Marta Cisternas, Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile; Alejandro Núñez, Presidente de corporación Parque por La Paz, Villa Grimaldi, Chile.
Diputados y Senadores Nacionales: Paula Penacca (UxP); Leopoldo Moreau (UxP); Nicolás del Caño (PTS/FITU); Christian Castillo (PTS/FITU); Alejandro Vilca (PTS/FITU); Romina del Plá (PO/FITU); Vanina Biasi (PO/FITU); Esteban Paulón (PS); Juan Marino (UxP); Vanesa Siley (UxP); Julia Strada (UxP); Blanca Osuna (UxP); José Glinsky (UxP); Verónica González (Diputada Nacional FPV Tierra del Fuego, mc); Claudio Lozano (Unidad Popular, mc); Verónica Mercado, Diputada Nacional (FPV Catamarca, mc), María Rosa Martínez, Senadora (Frente de Todos, PBA); Mariano West (FPV, PBA, Diputado Nacional, mc); Verónica Benas, diputada (PARES en el Frente Amplio por la Soberanía, Santa Fe); Marina Riofrio, Senadora Nacional (PJ San Juan, mc); Nanci Parrilli Senadora (PJ Neuquén, mc); Haide Giri, Senadora Nacional (Córdoba, mc);
Legisladores y Concejales: Victoria Montenegro (UxP, CABA); Gabriel Solano (PO/FITU, CABA); Celeste Fierro (MST/FITU, CABA); Alejandrina Barry (PTS/FITU, CABA-mc), hija de detenidos-desaparecidos; Alejandro Bodart (MST/FITU, CABA mc); Vilma Ripoll (MST/FITU, CABA mc); Néstor Pitrola (PO/FITU, PBA, mc); Luciana Echevarría (MST/FITU, Legisladora Córdoba); Soledad Alonso, (UxP, PBA); Gustavo Pulti (UxP, PBA); Noelia Saavedra (Movimiento Evita, PBA); Alejandro Dichiara (Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires); Santiago Vasconcelos, (PO/FITU diputado provincial Chubut); Tomas Andrés Blanco (PTS/FITU, diputado Neuquén); Jesús Escobar (Libres del Sur, Neuquén, mc); Betina Rivero (MST/FITU, concejal Palpalá, Jujuy); Priscila Ottón (MST/FITU, Neuquén concejal); Sergio Piguillem (UCR Ciudad de Córdoba, Concejal); Héctor Toty Flores (Cambiemos-La Matanza, Concejal); María José Lubertino (CABA, mc) Emmanuel Fernández (UxP, Presidente del Concejo Deliberante de Moreno, PBA); Noemí Aguilera (UxP, Presidenta de bloque en el Concejo Deliberante de Moreno, PBA); Lucas Franco (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Marisol Gallardo (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Zulma Gil (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Araceli Bellota y Federico Fongi (UxP, concejales por Moreno); Pablo Lopardo (MST/FITU, Moreno concejal); Erica Seitler (PTS/FITU, Concejal Moreno, PBA); Susana Verón (MST/FITU, Merlo concejal); Valeria Bibiano (MST/FITU, Concejal José C. Paz, PBA); Roldán Mariela, (UxP, Concejal José C. Paz, PBA); Ivan Ponce (Concejal mc José C. Paz, PBA); Sandra Becerra (Concejal mc, José C. Paz, PBA); Anabela Colli (PTS/FITU, Concejal José C. Paz, PBA)
Periodistas y artistas: Alejandro Wall, periodista; Telma Luzzani, periodista AM 530, Tamara Bezares, periodista Crónica; Adriana Meyer, periodista; Nora Bär, periodista El Destape; Diego Pietrafesa, periodista, delegado SiPreBA; Adriana Vanoli, periodista; Miguel Alejandro Iademarco Ponce, La voz de Tandil; Oscar Martínez Zemborain, Periodista; Pablo Salguero, Radio Sudaca, Universidad Nacional de la Patagonia; Agustín Ronconi, Arbolito músico; Andrés Fariña, ARBOLITO; Ezequiel Jusid, Arbolito; Nora Chirom, artista plástica; Julio Alberto Vilches, actor (Asociación de Cineastas de Córdoba); Carlos Berraymundo, actor; Nara Carreira, Actrices Argentinas / Unidxs x la Cultura; Lis Marcia Viviana Di Marco, Asociación Argentina de Actrices y Actores Delegación Mendoza; Guillermo Saposnik, ADF Cinematografía; Luciana Kohn, Cine Arg. Unido; Daniel Di Mauro, Teatro de títeres La Pareja; María Andrea Boffo, actriz;
Organizaciones políticas, gremiales, sociales y estudiantiles: MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores en el FITU); PO (Partido Obrero en el FITU); PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas en el FITU); IS (Izquierda Socialista en el FITU); Libres del Sur; PCR (Partido Comunista Revolucionario); Nuevo MAS; Política Obrera; Partido Humanista; Movimiento Mayo; Martín Fierro; OLP; PL (Partido de la Liberación); PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores); Vía Socialista; Aldo Casas, Herramienta; Laura Berardo, Subsecretaria de Derechos Humanos de Lomas de Zamora; Camila Canales, Movimiento Evita Centro Padre Múgica; Elisabet Caminos, Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; Héctor Andrés Poggi, Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur; Ricardo Pablo Marino, La Cámpora, HIGA San Martín; Central de Trabajadorxs de la Argentina – Autónoma (CTA-A Nacional); Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); ATE Capital; CTA Autónoma Pcia. de Bs. Aires; CTA Autónoma Capital; Federación Judicial Argentina (FJA); Asociación Americana de Juristas (AAJ); La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina; Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Abogados Laboralistas de Rosario; Llamamiento Argentino Judío; Mónica Sulle, Movimiento Sin Trabajo, MST “Teresa Vive”; Eduardo Belliboni, Polo Obrero; Sandra Vila, MTL Rebelde; Mesa de las niñeces José C. Paz; Laurel Fagni, Chiques del Pueblo; Federación Nacional Territorial (FENAT); Federación Trabajadores de la Energía (FETERA); Mirka Elizabeth Fernández; Secretaria General del Gremio de Docentes Autoconvocados Formosa; Nilda Beatriz Patiño, Secretaria Gremial del Gremio de los Docentes Autoconvocados, Formosa; Sebastian Tomas Patitucci, Secretario de Prensa del Gremio de los Docentes Autoconvocados Formosa; Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADUH); Sofía Cáceres Sforza, Secretaria General de SITRADU, gremio de docentes universitarios, Entre Ríos; Anahí Rodríguez, Secretaria General de ADIUNT; Lucía Hellín, Sec Gremial AGD FFyL UBA; Fortunato Mallimaci, CONiCET y UBA, FSOC y CEIL; Melina Tarnoski, Sec. Género y Diversidad Sexual, Facultad de Sociales, UNLZ Universidad de Lomas de Zamora; Marcelo Wiñazky, FCE UBA; Juan Carlos Radovich, UBA/CONICET, Facultad de Filosofía y Letras; Juventud Socialista del MST-FITU; En Clave Roja; ¡Ya Basta!; La Marea MST, Universidad Nacional del Comahue; Juan José Barrionuevo, Marabunta – Corriente Social y Política, Colegio Nacional de Monserrat – UNC; Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; Mesa Coordinadora Nacional de Jubilades y Pensionades; Jubiladxs de Izquierda-MST; UTEP Secretaría de DD.HH.; Frente 22 de Agosto; ATTAC Argentina; Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP); Red en Defensa de la Humanidad; Movimiento Federal por la Soberanía Nacional (MFSN); Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA); El Grito del Sur; Campaña Nacional por la Reforma Judicial Feminista; Proyecto Generar; Colectiva Andina; Frente de Abogados Populares (FAP); Nace un Derecho; Frente de Abogados de la AABA; Corriente de Abogados Porteños; Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Regional CABA; Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina (APDEA); Grupo de Litigio Red de Medios Digitales; Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria; Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria; Sociedad Argentina de Bioética y DD.HH.; Capítulo Argentino Red Bioética; Grupo de Investigación Facultad Filosofía y Letras; Asociación Ciudadana por los DD.HH. (ACDH); Monitor de Respuestas Represivas a la Protesta Social del IEF-CTAA; Secretaría de DD.HH. CTA-A Nacional; Secretaría de DD.HH. CTA-A Capital; ATE Congreso; Secretaría de DD.HH. Municipalidad de Avellaneda; Dirección de DD.HH. Municipalidad de Moreno; Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia; Espacio para la Memoria Virrey Ceballos; DD.HH. San Oscar Romero Isla Maciel; Asociación de Abogadxs Bonaerenses; Abogados Peronistas de Moreno; Asociación Civil Moreno por la Memoria (MxM); Federación de Cooperativas y Mutuales del Oeste de la provincia de Bueno Aires (FEMOBA); Cooperativa de Comunicación CARTA; Mirador Patrimonial Ciudadano – Regional La Plata-Berisso-Ensenada; Unidxs x La Cultura – Regional La Plata-Berisso-Ensenada; Centro de Pensamiento Jurídico Crítico; Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir; Multisectorial Villa Gesell; Asamblea Permanente por los DD.HH. – Regional Jujuy (APDH Jujuy); Familiares de Detenidos y Liberados (FADELI); Dirección de Políticas Post Carcelarias de la Municipalidad de San Martín: Corriente Eva Perón; CPS 29 de Mayo; Organización 25 de Mayo; Asamblea Permanente por los DD.HH. Regional Jujuy; Centro de Estudios e Investigaciones en DD.HH. prof. J.C. Gardella, Fac. de Derecho, UNR (CEIDH Gardella); Uruguayxs en Argentina por los DD.HH.; Agustina Guimaraes, Furia Trava; Liliana Jensen, Red Provincial de Mujeres contra la violencia de género; Comisión de Mujeres, Género y DD.HH. del Instituto Patria; Juntas y a la Izquierda-MST (FITU); Pan y Rosas; Mabel Di Leo, rama femenina Movimiento peronista; Incidencia Feminista; Carlos Álvarez, periodista Radio Gráfica; Vivas y Furiosas, Educadoras feministas; Germán Pinazo, vicerrector UNSAM; Leandro Tresols, Varones Desobedientes; Patricia Vaca Narvaja, exdiputada; Esteban Castro, UTEP; Julieta Bandirali, Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires; Asociación de abogados y abogadas laboralistas – Guillermo Pajoni; Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); Guillermo Pacagnini, FESINTRAS (Federación Sindical Nacional de Trabajadorxs de la Salud); Gastón Vacchiani, Secretario General UTS (Unión de Trabajadores de la Salud, Córdoba); César Latorre, Delegado General del Hospital Italiano – ATSA; Andrea Ramírez, Secretaria General ALE (Asociación de Licenciadas/os en Enfermería de CABA); Norma Lezana, Secretaria General APyT (Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan); Claudio Mora, Directivo SUTNA Nacional; Mariano Veiga, Secretario General AGIHM (Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano); Raúl Laguna Bosch, Secretario de Organización de CICOP; Alicia Rivas Zelaya, CTA Autónoma Misiones, Universidad Nacional de Misiones: Ingrid Urrutia, Secretaria General Junta Gremial Interna de ATE INCAA (Instituto Nacional de Cine); Leonardo Nicolás Rando, Delegado ATE Ministerio de Cultura; Ignacio Cámpora, CD ATE Capital Agricultura; Flavia Fernández Brozzi, Vocal Consejo Directivo ATE Capital; Marcela Artigas y Nadin Smith, Consejo Directivo ATE Capital, Agustina Panissa, Defensoría del Pueblo CABA, Sandra Di Claudio, Consejo Directivo de Ate Capital, Ministerio de Economía; Raúl Eduardo Suárez, Asociación de Médicos Municipales, Hospital Piñero CABA; Liliana Ortega, Gremial Banco Nación; Héctor Amichetti, Sindicato Federación Gráfica Bonaerense; Diego Carrizo, Secretario de DD HH de ATE y CTA Autónoma de Malvinas Argentinas (Prov. de Bs. As.); Soria Raúl, 1° de Mayo ATE Moreno; Augusto Wiemann, Despedido GPS – Aerolíneas Argentinas; Maxi Masquijo, Secretario de Prensa de ATECH Provincial (Chubut) / Francisco Torres, Secretario Gremial de la FND (Federación Nacional Docente); Lucrecia Cocha, Secretaria de Organización de UEPC Córdoba; Facundo Fernández, Secretario de Cultura de AMSAFE Rosario; Consejo Directivo SUTEBA Moreno; Jesús Espíndola, Secretario General SUTEBA Moreno; Angélica Guiot, Secretaria General de SUTEBA Marcos Paz; Andrea Lanzette, Congresal Multicolor de SUTEBA Lanús; Daniela Rodríguez, Secretaria de DDHH de SUTEBA Bahía Blanca; Vanesa Gagliardi, Consejo Directivo de Ademys; Ailen Beraldo, Secretaria Acción Social de Ademys; Andrés Machuca, SUTEBA La Matanza; Sergio Cordova, Docentes de Base de La Matanza; Alternativa Docente; Docentes en Marcha; Tribuna Docente; Marrón 9 de Abril; ATE Verde Roja-Moreno; METRAM – Asociación civil ecológica y trabajo ambiental; Red Ecosocialista-MST (FITU); Red Del Encuentro, educación popular y comunitaria; Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP); Alicia Graziano y Oscar García, Agrupación de Trabajadores Sobrevivientes de la Tortura y Carlos Monestes, DDHH CTA Ciudad; Movimiento No Matarás; Asamblea Desobediente; Asamblea Autoconvocada Mercedes; SIGUEN FIRMAS
Es preocupante el contexto nacional en que sólo en el 2024 se han duplicado los femicidios y casos de violencia contra las mujeres, producto de la falta de voluntad política, la agudización de la feminización de la pobreza y el debilitamiento de programas para prevenir y afrontar la violencia hacia las mujeres. Problemática que forma parte de una cultura patriarcal, capitalista, colonialista y racista donde la violencia simbólica y verbal junto a discursos de odio hacia las mujeres se han convertido en el “pan nuestro de cada día” gracias a un presidente que sobresale en sus reiteradas formas de arremeter contra la dignidad de las mujeres, deslegitimando toda iniciativa y movimiento que se impulsa para garantizar el respeto a los derechos humanos por una vida segura, libre de violencia; incluyendo a mujeres quienes, desde sus cargos políticos, ponen en duda su proceder.
Situación que tiene implicaciones mucho más profundas para la democracia y el desarrollo a nivel nacional, no solamente para las mujeres y otros grupos discriminados y estigmatizados, al ser parte de un fenómeno ético, sociopolítico y cultural de mayor complejidad. No debe sorprendernos si recordamos que fue elegido presidente de la República un individuo que en el 2019 el Banco Mundial sancionó por acosador sexual, según Resolución 649. Y paradójicamente dos días después, el entonces presidente Carlos Alvarado lo nombra ministro de Hacienda.
La tendencia de Chaves dentro del populismo autoritario y políticas de estado misóginas va en sintonía con la lógica de poder de sujetos políticos como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y hoy Javier Gerardo Milei en Argentina, entre muchos; leales prototipos de la masculinidad hegemónica, en cuya actitud temeraria se autodenominan “héroes que combaten a los corruptos”, impulsando agresivamente proyectos y mecanismos de desmantelamiento y privatización de instituciones fruto de conquistas del pueblo, deslegitimando el movimiento social, comunal, sindical y popular. Así, garantiza un control social, político e ideológico contra aquellas mujeres que desafían el patriarcado y legitima los discursos que propician los femicidios, el abuso y la violencia en contra de las mujeres.
Chaves viola los Derechos Humanos de manera sistemática y hay incontables manifestaciones concretas en esta línea, sin embargo, su discurso es particularmente ponzoñoso cuando se refiere a las mujeres. Subrayamos solo algunas que datan del 2022: cuando el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) lamentó las declaraciones emitidas siendo candidato presidencial, donde afirma que prefiere que lo etiqueten de “cavernícola” antes de firmar un compromiso contra la violencia de género. En el 2023, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres exigen el pleno respeto a sus derechos denunciando al presidente como gestor de un gobierno misógino y autoritario.
En ese mismo año, el 8 de junio en la Asamblea Legislativa, con 41 votos a favor y ocho en contra, se aprueba moción para instar a Chaves a no fomentar la violencia de género a nivel político. Un mes después la expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, denuncia la violencia política de género ejercida contra ella y contra su hijo, mientras que, en noviembre, Martha Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, continúa siendo víctima de persecución política por parte de él y la maquinaria estatal. A pesar de que durante el presente año, diputados y diputadas utilizan un lazo o pañoleta morado durante el Informe Presidencial de Labores, en protesta contra la violencia política hacia las mujeres, en marzo Chaves embiste con violencia política contra las legisladoras. Además, el reciente 7 de junio, en Zapote, sede de violencia de Estado contra las mujeres, manda a callar y obliga a desdecirse a la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, con respecto al dictamen constitucional sobre la Ley Jaguar y el referéndum.
Tener un presidente misógino es un atroz ejemplo para la sociedad porque ostentando el puesto de más alta responsabilidad política, con sus actitudes y lenguajes atiza las violencias contra las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas y adultas mayores sin distinción alguna. Continuaremos denunciando las múltiples formas de violencia que se dan desde el gobierno costarricense contra las mujeres, paralelo a imponer proyectos y diferentes mecanismos para arrebatar al pueblo las conquistas que históricamente ha logrado. Así, reiteramos nuestra lucha en defensa de programas sociales, de la Caja Costarricense de Seguridad Social, del ICE, del agua, de la educación pública, de la justicia agraria, respeto al medio ambiente y al derecho de defender los pueblos indígenas sus territorios ancestrales; en síntesis, defendemos una vida con verdadera justicia social.
La situación prolongada del conflicto israelí-palestino, una disputa que ha definido gran parte de la geopolítica del Medio Oriente durante más de un siglo, en donde las tensiones han escalado en múltiples guerras y un constante estado de violencia, teniendo repercusión duras realidades que enfrenta la población palestina bajo la ocupación israelí, destacando los aspectos de represión, desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos, evidenciando escenas de desolación y sufrimiento, donde civiles inocentes son víctimas del conflicto.
A pesar de las adversidades que contiene la población palestina, han mantenido su identidad y dignidad a través de diversas formas de resistencia cultural y social, en la cuales no sólo se abordan las formas de resistencia armada, sino también las manifestaciones pacíficas y las iniciativas civiles que buscan preservar la identidad y la dignidad del pueblo palestino.
Esta resistencia de la población palestina ante el conflicto armado de Israel ha desarrollado una crítica a la falta de medidas efectivas por parte de la comunidad internacional, debido a la falta de acción efectiva por parte de los organismos internacionales y la complicidad de algunos gobiernos en perpetuar el conflicto. Este enfoque crítico busca generar una reflexión profunda sobre la necesidad de una intervención justa y efectiva para lograr una paz duradera en la región, resaltando la responsabilidad global en la búsqueda de una solución justa y duradera para el conflicto, subrayando la necesidad de solidaridad y apoyo internacional para los palestinos.
Para comprender a fondo esta situación, se invita a ver el siguiente documental:
Los principales indicadores sociales y económicos que encontró el Gobierno de Bukele en 2019 han empeorado cinco años después. Así, el segundo Gobierno de Bukele, que es inconstitucional, iniciará en una situación peor.
Situación en 2019 y situación actual
La pobreza, que es el principal indicador social, aumentó en 4 puntos porcentuales. Hay ahora 126 mil personas pobres más que en 2019. Ese dato sería peor si no fuera por la enorme cantidad de gente que se ha ido del país.
Entre 2019 y marzo de 2024 la deuda pública aumentó en más de 10 mil millones de dólares. Y en abril y mayo también de 2024 la Asamblea Legislativa ya aprobó nueva deuda por 2 mil 500 millones más. Esos ingresos millonarios no se tradujeron en mejoras para la población.
La matrícula estudiantil de 2023 fue menor que la de 2019. O sea, que hay menos estudiantes que hace cinco años en los centros educativos y en la Universidad de El Salvador (UES).
En el campo la situación es grave. Cayó la producción de alimentos y a muchas comunidades y cooperativas les están robando su tierra.
Todo empeorará, pero la lucha popular crecerá
En el segundo Gobierno de Bukele, que es inconstitucional y será “de facto”, todo empeorará, pues el endeudamiento sigue y vendrán más desgracias para el pueblo, debido al aumento del temor y la represión por el Régimen de Excepción, los desalojos, los despojos, la persecución política y la violación de Derechos Humanos.
La oligarquía tradicional y el grupo económico del clan Bukele seguirán aumentando sus riquezas haciendo piñata con los fondos públicos.
Seguirán los precios altos, los ingresos bajos y la falta de empleo. La gente que le dio un segundo chance a Bukele terminará comprendiendo cuál es la causa de sus carencias y le pasará la cuenta.
La gente más afectada y que votó por Bukele se desencantará y se lanzará a las calles junto a las organizaciones sociales, por lo que los próximos años serán de luchas y de victorias populares.
La crisis climática que atraviesa nuestro planeta y sus enormes consecuencias son una realidad innegable que afecta de forma desproporcionada a las comunidades más vulnerables del planeta. Las inundaciones en Río Grande do Sul (Brasil), los incendios forestales en Corrientes (Argentina) y la intensificación de eventos climáticos extremos en el Corredor Seco de Centroamérica (que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) son ejemplos claros de cómo el cambio climático nos desafía.
Desde CEJIL, hemos estado impulsando iniciativas para abordar la crisis climática globaldesde una perspectiva de derechos humanos. En este Día Mundial del Ambiente, queremos compartir contigo nuestra contribución durante las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.
¡Gracias por acompañarnos!
En enero de 2023, los gobiernos de Chile y de Colombia enviaron una solicitud de opinión consultiva a la Corte IDH con el propósito de aclarar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. En abril de este año, en Barbados comenzaron las audiencias públicas, las cuales concluyeron a fines de mayo en las ciudades de Brasilia y Manaos (Brasil). Durante estas audiencias la Corte escuchó a cientos de organizaciones, activistas, comunidades indígenas, personas expertas y de la academia y jóvenes de todo el mundo sobre el impacto de la crisis climática.
Durante las audiencias se trataron temas desde las políticas para mitigar los efectos causados por la emergencia climática, las obligaciones de los Estados para enfrentar la crisis, los impactos diferenciales en distintas poblaciones como niños, niñas y adolescentes, mujeres y comunidades indígenas y el trabajo de personas defensoras del medio ambiente y los riesgos a los que se enfrentan en su trabajo. En estos días de trabajo, la Corte pudo escuchar los testimonios de activistas jóvenes como Francisco Vera, de Colombia e integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña de Niñas, Niños y Adolescentes (REDNNyAs) y el Movimiento Latinoamericano de niñas, niños y adolescentes trabajadores, así como también las experiencias de integrantes de comunidades indígenas como Patricia Gualinga, lideresa indígena kichwa, de Ecuador y Darío Mejía Montalvo, integrante y ex presidente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, entre muchos otros.
El Máximo Tribunal regional de derechos humanos escuchó a más de 170 organizaciones, expertos y expertas, comunidades afectadas y activistas sobre el impacto de la emergencia climática.
Desde CEJIL, fue una de nuestras prioridades colaborar en la diversificación de voces, opiniones y conocimientos. Es por eso que a lo largo de este proceso trabajamos con más de 1500 personas, entre científicos, niños, niñas y adolescentes, integrantes de comunidades indígenas y personas defensoras de derechos humanos. Este trabajo derivó en la creación de cinco escritos que presentamos ante la Corte y en el apoyo a diversas presentaciones realizadas por otros expertos y expertas en la materia.
En estos escritos nos centramos en las obligaciones estatales derivadas de los deberes de prevención y garantía en derechos humanos frente a la emergencia climática; el derecho al acceso a la información y las obligaciones sobre producción activa de información y transparencia; las obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los derechos de las niñas, niños y las nuevas generaciones; las obligaciones convencionales de protección y prevención a las personas defensoras del medio ambiente y del territorio; y las obligaciones estatales emergentes de los procedimientos de consulta y acceso a la justicia frente a la emergencia climática. “Desde CEJIL, llevamos adelante una iniciativa amplia para poder hacer y apoyar la participación de voces de una diversidad de organizaciones y personas expertas de la región, celebramos este poderoso espacio de escucha que brindó la Corte en Barbados y Brasil”, indicó Florencia Reggiardo de CEJIL.
La CorteIDH es el único tribunal regional de derechos humanos que recibe una solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática. Su respuesta podría una guía a los Estados de la región para el desarrollo de políticas y programas a nivel local, nacional e internacional en concordancia con los compromisos asumidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos y ambientales.
El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes Oca aprobó en forma unánime una moción presentada por el regidor Jorge Mora Portuguez y apoyada por otras regidurías, para solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el fin de los racionamientos de agua y el respeto al derecho humano de acceso a esta reconocido en nuestra Constitución Política. A continuación, se transcribe el acuerdo suscrito:
Considerando:
Primero.Que el acceso al agua potable en calidad y cantidad aceptables son un derecho humano fundamental reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidades desde el año 2010; y así establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución Política:
Artículo 50. “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.
Segundo.De conformidad con la Sala Constitucional y con la Procuraduría General de la República: “El denominado servicio público universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006. Voto no. 17397-2019 de las de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019 y dictamen de la PGR PGR-C-067-2022.
Tercero.Que a pesar de lo anterior el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados viene aplicando desde el 22 de marzo de este año, racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca, y otros cantones del país; que ocasionan graves perjuicios a la población en materia de salud, higiene, alimentación. Pero que también afecta a los niños y niñas en edad escolar, atenta contra el derecho a la educación y genera graves impactos en comercios, especialmente de venta de comidas.
Cuarto.Que estos racionamientos no solo son producto de la escasez de lluvias que se preveía que habría este año; del cambio climático global, y de fenómenos como la Niña; sino que se deben sobre todo a la mala planificación, a la falta de previsión y a los recortes presupuestarios que ha sufrido el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Proyectos como Orosi 2 y otros similares que fueron paralizados por la actual administración son fundamentales para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a nuestra población.
Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:
Primero.Solicitar al AyA suspender de forma inmediata los racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca y en los demás cantones donde estén dando.
Segundo.Solicitar al AyA la puesta en marcha de todas las acciones necesarias, las medidas de contingencia que correspondan y el desarrollo de la infraestructura, entre esta del proyecto Orosi II, dirigidas a garantizar el suministro de agua potable en forma continua tal como es el deber de esta institución.
Tercero.Solicitar a la Administración en la persona del señor Alcalde que se realicen los estudios y cálculos financieros para determinar los costos de la eventual colocación de tanques para agua potable en las escuelas y colegios públicos del cantón, CEN-CINAI, CECUDI, centros de atención de adulto mayor, para garantizarles un suministro constante de agua potable.
Cuarto.Enviar este acuerdo a todos los demás gobiernos locales del país para que se pronuncien en la misma forma, así como a la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva del AyA y a Casa Presidencial.
Costa Rica fue excluida de la lista definitiva de países, que, en el marco de la Conferencia Internacional de Trabajo, CIT 112, debería rendir cuentas acerca de la constante violación de las libertades sindicales.
Era totalmente predecible que Costa Rica fuera excluida de la gavilla de países que vulneran los convenios internacionales.
Realmente hay que ser muy ingenuo o ciego para decepcionarse de esa artificiosa maniobra de OIT.
La OIT es un organismo blanqueado por las patronales y multinacionales.
La OIT representa el retroceso que está experimentando, a nivel mundial, el derecho internacional.
Hay que apostarle a otras instancias más confiables y efectivas.
La OC-27-21 y la sentencia, de la misma CORTE IDH, de 17 de noviembre de 2021, marcan la hoja de ruta.
La OC-27-21 determinó las obligaciones que tienen los Estados en materia de libertad sindical (derecho de asociación, negociación colectiva y huelga), cuya resolución es vinculante para Costa Rica.
La sentencia de 11/21 de CORTEIDH declaró al Estado de Guatemala, autor responsable de la violación de la libertad sindical.
Tenemos que dejar de dirigir la mirada solo hacia el otro lado del deslumbrante Atlántico y enfocarnos en las alternativas más efectivas y eficaces que ofrece el sistema interamericano de Derechos Humanos.
No hay necesidad de enfocarnos únicamente en las instancias que están al otro lado del charco, que ya sabemos cuáles son los frutos que dan.
Comparto lo que escribía Saramago:
“Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven). (Ensayo sobre la ceguera).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.
Foto del principal sospechoso (al centro) de colocar la bomba, extraída de nota de la BBC, » Peter Torbiornsson: My guilt over La Penca bombing». Foto del atentado extraída de artículo publicado en el Tico Times en el 2013. Orden de captura publicada en Costa Rica, foto extraída de reportaje del Tico Times (Costa Rica).
El pasado jueves 30 de mayo se conmemoró en Costa Rica (y en Nicaragua) el 40 aniversario del atentado de La Penca, en el cual encontraron la muerte 4 periodistas costarricenses y extranjeros y 22 resultaron heridos: el atentado se produjo el 30 de mayo de 1984 durante una conferencia de prensa realizada a orillas del río San Juan por el entonces comandante de la ARDE (Alianza Revolucionaria Democrática), Eden Pastora, en la localidad nicaragüense de La Penca (véase nota publicada para el 29 aniversario de CRHoy). Tratándose de un dirigente de la denominada «contra» nicaragüense, su eliminación física, en aquel momento, pudo ser el objetivo tanto de las autoridades gubernamentales en Nicaragua de la época, como del de las de Estados Unidos.
En este video, titulado «La Penca: narración de un sobreviviente«, uno de los periodistas costarricenses sobrevivientes que asistió a la conferencia de prensa de Edén Pastora en la que estalló un artefacto explosivo, relata lo acontecido. La nota publicada el 1ero de junio de 1984 por The Washington Post amerita también una relectura detallada, en la medida en que, como ha sucedido en la historia de manera reiterada de Estados Unidos, un grupo rebelde que inicialmente es apoyado en armas y municiones por parte de Estados Unidos, … es luego objeto de acciones para eliminar a sus dirigentes.
Si bien los hechos ocurrieron en Nicaragua en el período de guerra civil de inicios de los años 80, las víctimas costarricenses sobrevivientes y los familiares de las víctimas mortales han solicitado que se ordene investigar lo ocurrido, sin tener mayor respuesta a sus diversos requerimientos.
El gremio de los profesionales de la información de igual manera ha respaldado sus reclamos sin mayor éxito. Esta situación ha llevado a las víctimas a acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el cual, 40 años después de sucedidos los hechos, no ha logrado aún elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¿Como así? Como se lee.
En 1990, Costa Rica solicitó formalmente a Estados Unidos extraditar a un nacional norteamericano (véase nota del New York Times), sin lograr su extradición por parte de Estados Unidos. Se lee en este documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos titulado «G. DEA’s Investigation of Information It Received About Contras or Contra Sympathizers» que Costa Rica renovó dicha solicitud en 1993 contra esta persona por el atentado de La Penca:
«In March 1993, Costa Rica submitted a renewed request for Hull’s extradition which contained documents indicating that the Superior court in Costa Rica had dismissed the drug trafficking charge against Hull for lack of evidence and that his extradition was no longer sought for that offense. This left the «Hostile Acts» and murder charges against Hull. However, on reviewing the documentation supporting the murder charge, based on Hull’s alleged involvement in the La Penca bombing, the OIA found no evidence of Hull’s involvement in this crime, indeed no evidence that he even knew about the bombing before it occurred«.
En unas líneas siguientes, el precitado documento señala que, según cables de diplomáticos de Estados Unidos acreditados en Costa Rica:
«A «comment» by the cable’s author interprets Calderon’s statement as meaning that «On Hull, Calderon is putting us on notice that there’s no way he can turn a request off but is clearly hoping that Hull will not be extradited.«
Cronología de una larga batalla legal
En el mes de setiembre del año 2005, los sobrevivientes costarricenses y los familiares de las víctimas presentaron una demanda contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no investigar debidamente este atentado (véase nota de La Nación): lo hubieran perfectamente podido hacer 20 años antes (1985), pero algo pasó para que … no lo hicieran.
En este enlacede Primera Plana (Colegio de Periodistas de Costa Rica), se puede revisar el detalle de la acción interpuesta al año 2010.
En marzo del 2012, la demanda se amplío para extenderla también a los órganos de investigación del Estado en Nicaragua.
En junio del 2013, se solicitó a la Comisión incluir algunos testimonios encontrados en documentales recientes producidos sobre este caso, en particular las entrevistas de un cineasta sueco a funcionarios de Nicaragua (véase documental«Good Bye Nicaragua«).
Cabe señalar que a finales del año 2013, la Fiscalía de Costa Rica cerró una de las líneas de investigación, al confirmarse en Buenos Aires la muerte de uno de los nacionales de Argentina considerado como una de las posibles pistas y principal sospechoso de colocar la bomba que estalló aquel 30 de mayo de 1984 (véase artículo de La Nación del 3/12/2013). Se lee (ver nota de Teletica Canal 7) que:
«Jorge Chavarría, Fiscalía General de la República, “Se había reactivado la orden de captura en el 2008 a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), porque no sabía si había fallecido o no. Ahora ya lo tenemos claro y con eso cerramos esta línea de investigación, vamos a ordenar la cancelación del asiento de la captura internacional que se había dado a Roberto Vital”.
En un artículo de la Prensa Libre (Costa Rica) del mismo día se leía que:
«Con base en restos óseos que fueron recolectados luego del asalto al cuartel la Tablada en Argentina, en 1989, que estaban conservados por las autoridades de ese país, se realizaron análisis de ADN. De acuerdo con las conclusiones a las que llegan los médicos forenses de la Corte Suprema de la Nación de Argentina, se establece con un 99,99% de certeza que un grupo de los restos óseos pertenecen a Roberto Vital Gaguine”, afirmó el fiscal general Chavarría.»
Mientras que en el 2013 las autoridades costarricenses anuncian el cierre de una línea de investigación, resulta que ya en un artículo del 1ero de agosto de 1993 de The Independent (Reino Unido) se hacia referencia a la muerte de este sospechoso en el año de 1989 cuando se precisa que:
«Gauguine’s family knew nothing of his involvement with La Penca, but others have furnished details of his life: he came from a middle-class family and his ERP nom de guerre was Martin el Ingles. He arrived in Britain in 1978, where he later applied for asylum. By 1980 his whereabouts were again unknown. He will never be brought to justice:in 1989, he died, with 18 others, in a guerrilla attack on an army barracks on the outskirts of Buenos Aires«.
Los 10 años que separan el artículo de The Independent y las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación en Costa Rica plantean interrogantes muy válidas.
En el 2018, se indicó en la prensa costarricense que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «acogió» la denuncia, pero sin que se haga público algún documento oficial de la misma (véase nota del Semanario Universidad).
Los 40 años de La Penca: víctimas, prensa y ciudadanía costarricense en espera de justicia
Para los 30 años del atentado de La Penca, el 29 de mayo del 2014, algunos diputados de la Asamblea Legislativa declararon ante cámaras apoyar las gestiones del Colegio de Periodistas de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver video).
El mismo 30 de mayo del 2014, emisiones radiales matutinas muy oídas fueron dedicadas al tema como Hablando Clarode Vilma Ibarra y Boris Ramírez y Nuestra Vozde Amelia Rueda, con un amplio material multimedia puesto a disposición del público costarricense en aquel momento.
Como parte de las conmemoraciones de los 30 años, el Canal 15 de la UCR de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó el documental: “Goodbye Nicaragua” (Nota 1) del director sueco Peter Torbiörnsson. La película, que incluye entrevistas del cineasta en Bolivia, Costa Rica, Cuba, Francia y Nicaragua, causó cierto impacto y reacciones en Nicaragua cuando fue presentada en el 2011 (véase notadel Semanario Universidad de Costa Rica).
Nos permitimos, en una nota publicada en un portal jurídico costarricense, reunir estas y otras informaciones, pocos días después de conmemorarse los 30 años del atentado de La Penca (Nota 2).
También el viernes 30 de mayo del 2014 se transmitió el documental “La Penca: Onda Expansiva”, (véase enlace) una producción conjunta del Colegio de Periodistas (COLPER) y del Canal 15 de la UCR, que incluye entrevistas a personeros del sistema judicial costarricense a cargo de la investigación realizada (documental producido en el año 2004 para conmemorar el 20 aniversario).
En estas entrevistas, se indica que las gestiones oficiales realizadas ante Estados Unidos para extraditar a dos personas no concluyeron debido a errores del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en su tramitación (véase video, a mn 32:27). En esa misma entrevista se indica además que documentos enviados desde los Estados Unidos a las autoridades judiciales de Costa Rica llegaron …tachados, imposibilitando la lectura de nombres, lugares y fechas.
Nótese no obstante la existencia – en línea – de esta publicación colgada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos (véase enlace) , titulado «La Penca, Pastora, the press and the CIA» en el que una multitud de datos reunidos ofrecen algunas pistas sin del todo poder corroborarlas. Al tratarse de una agencia de inteligencia cuyas autoridades tenían interés, en 1984, en eliminar físicamente a Eden Pastora, todo lo que aparezca en su sitio merece cautela. Cabe precisar que en la parte final del documento se lee: «Approved for release 2010/09/15«. Lo cual evidencia que durante largos años desde 1984, este documento se mantuvo sin estar colgado por parte de dicha entidad, por razones que se desconocen y sería de enorme interés conocer. ¿Qué habrá sido lo que ocurrió en el 2010 que no ocurrió antes, imposibilitando la puesta en línea de esta publicación por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos?
En un artículo del New York Times de 1993 se lee que:
«A Costa Rican prosecutor, Jorge Chaverria, said that he had no plans to withdraw the charges against the two men. His investigation in the late 1980’s found no evidence to point to the Sandinistas, and he said he was not convinced that the Sandinistas alone were behind the bombing«.
Por su parte, el cineasta sueco con su documental «Goodbye Nicaragua» presentado en el año 2011 sugiere descartar definitivamente la pista de que se trate de una acción comanditada por los servicios de inteligencia norteamericana y señala claramente la responsabilidad directa de miembros del aparato de inteligencia de Nicaragua en este doloroso episodio ocurrido en 1984, y el brazo ejecutor a cargo de llevarlo a cabo. Para las víctimas y sus familiares, se trata de un documental que aporta algunas luces sobre posibles responsables intelectuales de este atentado.
Un artículo publicado en el 2014 sobre el atentado de La Penca refiere a otras muertes de periodistas acaecidas en Costa Rica después de 1984, y se titula «El país de las impunidades a 30 años de La Penca: Costa Rica«.
No está demás indicar lo que escribe una de las autoras de un libro que le significó a ella y su esposo una acción en difamación ante los tribunales por parte un ciudadano norteamericano que Estados Unidos luego se negó a extraditar hacia Costa Rica (véase artículo de 1991 del Washington Post titulado «The man Washington doesn’t want to extradite«), cuando señala en este artículo publicado en el Tico Times en el 2013, que:
«And, during Arias’ tenure, Costa Rica’s Legislative Assembly carried out investigations that implicated North, Hull, the U.S. ambassador and CIA station chief, and others in Contra-related drug trafficking and other “hostile acts” against Costa Rica. Judicial authorities reopened the stalled La Penca investigation, ultimately bringing murder charges against both Hull and CIA operative Felipe Vidal. Both fled the country.
However, unanswered questions about the La Penca bombing have continued to haunt us«.
Como indicado, la autora escribió un libro que fue publicado e inmediatamente objeto de una demanda por difamación que finalmente no prosperó. El texto integral está disponible en este enlace.
A modo de conclusión
A la fecha del 30 de mayo del 2024, las investigaciones realizadas por otras entidades distintas a los órganos de investigación de Costa Rica y de Nicaragua no han logrado identificar a los autores intelectuales de este atendado: conjeturas de todo tipo siguen sin lograr verse validadas por un expediente de algun tribunal.
Ante las maniobras de todo tipo para frenar o complicar las investigaciones llevadas a cabo desde el Poder Judicial costarricense, y los errores de tramitación dentro del mismo aparato estatal costarricense, investigaciones externas por parte de periodistas no han permitido tampoco llegar a conclusiones validadas por los hechos.
Desde el 30 de mayo del 2104, así como desde el 30 de mayo del 2014, es muy poco en lo que se ha avanzado. Este 31 de mayo del 2024, el Relator sobre Libertad de Prensa en el sistema interamericano prometió reactivar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poniendo en evidencia que este órgano no ha sido de mayor eficacia a la hora de tramitar esta denuncia que le fue presentada inicialmente en el 2005 (véase nota del Semanario Universidad): salvo error de nuestra parte, no se tiene registro de una denuncia planteada ante el sistema interamericano de derechos humanos y que, en 19 años, no haya dado lugar a un informe sobre su admisibilidad por parte de la Comisión.
Con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pareciera, por razones dificiles de explicar, que sus integrantes no saben a cuáles aparatos estatales solicitar información sobre este caso: desde el 2005, salvo error de nuestra parte, no se le conoce decisión hecha pública con respecto a este preciso caso. Si la denuncia inicialmente se hizo contra Costa Rica, y luego se extendió a Nicaragua, no se conoce a la fecha de un informe del órgano interamericano sobre las gestiones realizadas a ambos Estados de su parte. Y muchos menos de un informe de admisibilidad de la denuncia (si existe, por alguna razón no está disponible en el sitio de este órgano del sistema interamericano de derechos humanos).
En el programa Hablando Claro de Vilma Ibarra y de Boris Ramirez realizado este 31 de mayo, se pudo escuchar una muy extensa entrevista a uno de los sobrevivientes del atentado de La Penca (véase enlace a esta emisión radial).
Ante el sufrimiento que ha causado en las víctimas y familiares de las víctimas, estos 40 años que han transcurrido bien podrían ser la ocasión para que algunas conciencias liberen algunos secretos que mantienen muy bien guardados, y para que algunos documentos clasificados archivados en algunas embajadas en Centroamérica sean finalmente desclasificados: se trata de una solicitud que tuvimos la oportunidad de expresar también con ocasión de la fecha en la que se conmemoraron los 40 años de la muerte de la jóven estudiante Viviana Gallardo, en julio del 2021 (Nota 3).
Si estos documentos ya no están en estas embajadas, puede solicitarse a algunas capitales ordenar su desclasificación, dado el extenso plazo de tiempo que ha corrido desde aquel fatídico 30 de mayo de 1984: se trata de gestiones diplomáticas que cualquier Estado puede realizar ante otro Estado en el que se sospecha que hay información que permita esclarecer algún asunto de interés público. En este sentido, el esclarecer las sombras y las dudas que persisten en Costa Rica sobre el atentado de La Penca es un asunto de interés público.
A menos que la impunidad campante con la cual algunos parecieran, tanto en Costa Rica como fuera de ella, mantener este trágico episodio, se termine por imponer con el transcurrir del tiempo.
– -Notas – –
Nota 1: El trailer del documental “Goodbye Nicaragua” está disponible aquí. La última parte del documental (parte 3), subtitulada en español, está de igual forma disponible en Youtube y disponible aquí.
Nota 2 : Véase BOEGLIN N., «El Atentado de la Penca 30 años después: conmemoración y preguntas sin responder«, DerechoalDía, edición del 5 de junio del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Al cumplirse los 40 años desde el asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica: breves apuntes«, 1ero de julio del 2021. Texto disponible aquí.
