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Etiqueta: derechos humanos

Los diputados realizan un fraude de ley en la discusión de la jornada de trabajo de 12 horas diarias

Vladimir de la Cruz

Inicia esta semana la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas de 12 horas de trabajo diarias. Así es como debe entenderse la transformación de la Ley de la jornada de 8 horas que existe establecida en la Constitución Política de 1871, desde 1943, reafirmada en la Constitución Política de 1949, y en la vida nacional desde 1920, cuando se logró establecer esa jornada como resultado de un año de luchas, de movilizaciones obreras, de trabajadores y de huelgas, que habían iniciado a finales de enero de 1920.

Los diputados pretenden aprobar esta reforma, a modo de una Ley especial, discutiendo tres horas diarias por quince días ese Proyecto, hora y media en la mañana y hora y media en la tarde. Eso es literalmente un fraude de ley, porque, además, el fraude se comete cuando amparándose a esta normativa reglamentaria, se quiere modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo, mediante una nueva ley, qué por su naturaleza, es contraria al ordenamiento constitucional existente, sin que se esté proponiendo una reforma constitucional a la jornada de 8 horas diarias de trabajo. También se elimina todo el trámite que en Comisión Parlamentaria se lleva a cabo sobre un Proyecto de Ley.

De hecho, el fraude de ley que fraguan los diputados es anular, en la práctica, el ordenamiento jurídico superior establecido en la Constitución Política de las 8 horas diarias de trabajo máximo. El fraude de ley aquí cometido es actuar contra la Constitución Política, ley superior que prohíbe jornadas de trabajo diario superiores a 8 horas, salvo que por ellas se pague un plus del 50% del valor de cada hora de las 8 trabajadas, lo que no se quiere hacer con la jornada de 12 horas diarias.

Si sobre ellas se autoriza trabajar, entonces debe darse un pago adicional por cada hora de trabajo extra, equivalente a un 50% del valor ordinario de una hora de trabajo. Lo que quieren evitar es que se pague ese 50% del valor de cada hora de trabajo, y robárselo a los escuálidos salarios de los trabajadores.

Con la ley de las 12 horas que se quiere establecer no se pagan horas extras. Todas se pagan a un mismo valor. Aquí hay otra trampa de quienes promueven la aprobación de las jornadas de 12 horas. Consiste en señalar que han aumentado un pequeño porcentual el pago de cada una de las 12 horas que se trabajarán, como estímulo, “a modo de horas extras pagadas” en el conjunto de la jornada de 12 horas. Eso no es cierto. Si así fuera, en sencillo, lo que se está haciendo es pagar de una manera determinada cada hora, pero no reconocer las horas extras. Si así fuera, tan solo se paga la hora extra, con su plus de pago y ya. Tramposamente han hecho el cálculo de lo que cuesta el pago de las 4 horas que quieren extender obligadamente, y sobre ese monto, han establecido una suma que dividen en las 12 horas de modo disminuido, cargadas a cada hora, para dar la sensación de que se está mejorando el pago por el día de trabajo, con lo cual los patronos siguen ganándose una parte de lo que deberían pagar si tuvieran que cubrir las 4 horas adicionales, con el 50% de valor de cada hora. Seguirían robando una parte de lo que realmente se debe pagar con las 4 horas de trabajo extra sobre las 8 que se quieren extender obligadamente.

El fraude de ley es una estafa, que resulta de usar o apoyarse en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos. Aquí los diputados se basan en el Reglamento legislativo para alterar la discusión de un Proyecto de Ley que se presenta para su trámite parlamentario, con la intención de modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo.

El fraude de ley que se quiere establecer es evitar una discusión profunda, amplia y detallada por parte de los diputados de ese Proyecto de Ley de 12 horas diarias. ¿Por qué? Porque se reduce el tiempo de discusión de todos los 57 diputados a 3 horas diarias, partiendo esa discusión en hora y media por la mañana y en hora y media por la tarde, al mismo tiempo que discuten otro proyecto, el de la seguridad ciudadana. Con esta partición de tiempo, parten la continuidad y profundidad de la discusión, desarticulan, dividen, debilitan la discusión y a los diputados que están en contra de que se establezca la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Es una táctica mafiosa establecida para ocultar, disimular y evitar la discusión pública, especialmente de los diputados opositores a este Proyecto de Ley. Es literalmente una trampa legislativa de quienes están interesados en imponer la jornada de 12 horas diarias de trabajo.

La discusión de los dos proyectos, el de las 12 horas de trabajo diarios y el de seguridad ciudadana deben realizarse de manera compacta cada uno, dedicando todo el tiempo y atención de los diputados a cada uno de manera separada. El más importante es el de seguridad ciudadana. El proyecto de las 12 horas diarias de trabajo puede esperar unos días para su discusión. La discusión de ambos es una distracción de la esencia y atención que se le debe poner al proyecto de la ley de las 12 horas diarias de trabajo.

La mayoría de los diputados, de las distintas fracciones políticas legislativas, actúan como rebaños. Simplemente, les dan la orden de votar de determinada manera como borregos. A algunos les harán sus discursos sin que ellos mismos los entiendan, lo que a veces se puede apreciar por la forma como los leen, y para que en el volumen de los discursos se produzca la sensación de una mayoría abrumadora a favor de las jornadas de 12 horas diarias de trabajo.

El fraude de ley pasa imponiendo a las fracciones de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, un tiempo determinado y proporcional al tamaño de cada fracción y al número de diputados que tienen. Así, los partidos que tienen menos diputados tienen menos tiempo de exposición y de defensa de sus argumentos. A los efectos prácticos es un tapabocas para un grupo de diputados.

Los Proyectos de ley que se presentan para trámite parlamentario pasan por un trámite interno, que lo califica y termina ubicándolo en una de las comisiones legislativas para su discusión y eventual aprobación.

En ese trámite y en esa discusión los diputados pueden invitar especialistas sobre la ley en discusión, pueden solicitar asesores y expertos que les brinden información para su mejor trámite, y sobre todo para convencerse de la necesidad y oportunidad de la ley que tramitan. Esa discusión puede llevar su tiempo. Aprobado el Proyecto de Ley se pasa al Plenario legislativo, para que todos los diputados lo conozcan y decidan finalmente su posible aprobación.

El Reglamento legislativo tiene la posibilidad de que el Plenario Legislativo pueda convertirse en una Comisión, donde actúan todos los diputados como miembros de ella, para conocer un Proyecto de Ley en específico.

Con el trámite especial que se ha establecido para esta discusión se ha evitado todo el trámite de las comisiones parlamentarias, sin invitaciones de especialistas, sin consultas que a veces las Comisiones hacen a organismos especializados o conocedores de la temática, como las Escuelas de Derecho de las Universidades, las Cátedras de Derecho laboral, el Colegio de Abogados, La Asociación de Abogados Laboralistas, la sede costarricense de la Organización Internacional del Trabajo, jurisconsultos o personas especializadas en esta materia, desde distintos ángulos, organismos como el Colegio de Médicos, el Colegio de Sicólogos y el Colegio de Trabajadores Sociales, a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que estoy seguro podrían decir profesionalmente muchas cosas en contra de la jornada de 12 horas diarias de trabajo, cuando en el mundo europeo, y en otros países, la tendencia es a disminuir la jornada semanal a 36 y 35 horas, y con ello también la jornada diaria.

Durante la jornada de trabajo diario de las 8 horas los patronos están obligados a dar tiempo de descanso y tiempo de almuerzo, que en términos generales ronda en una hora, como parte de la jornada. Con la jornada de 12 horas diarias cínicamente están diciendo que darán hora y media, dentro de las 12 horas, como descanso y tiempo de almuerzo o café, con lo cual no se trabajarían las 12 horas sino tan solo 10 horas y media. Eso es cinismo puro. Porque las 12 horas son también las 12 horas de encierro en el establecimiento laboral. Son las 12 horas que un trabajador debe permanecer dentro de su establecimiento de trabajo.

Se ha argumentado a favor de la jornada de trabajo de 12 horas diarias que no es para los trabajadores del sector público. Eso es cierto. Eso solo afecta a 200.000 trabajadores. La jornada de 12 horas pende sobre la cabeza de más de 2 millones de trabajadores, que no trabajan para el Estado ni las instituciones públicas, ni para las empresas extranjeras. Eso lo dicen constantemente para no asustar, especialmente, a los trabajadores públicos que tiene mayor capacidad de movilización y resistencia. Los trabajadores del sector privado están como burros amarrados frente a tigres sueltos. Sin poder protestar ni movilizarse contra este proyecto de ley por temor a perder sus trabajos.

Dentro del sector privado se ha dicho que este proyecto de ley solo afectará a trabajadores de ciertas empresas de zonas francas y extranjeras, que no suman más de 200.000 trabajadores en el país. Pongámoslo en sencillo. Si es solo para ellos, que se haga una ley solo para ellos, pero no para todos los trabajadores del sector privado. Ante los diputados se debería informar cuáles empresas extranjeras están pidiendo la jornada de 12 horas. Ese es un argumento falaz si no se indican cuáles son las empresas que necesitan esa jornada. Lo que hay que indicar son las empresas concretas no los sectores productivos o ramas de producción que podrían “beneficiarse” de la jornada de trabajo de 12 horas diarias.

Esto trae otro problema importante. En los Estados Unidos la jornada de trabajo oficial es de 8 horas diarias o 40 semanales. Las empresas norteamericanas en Estados Unidos, o fuera de su territorio, están obligadas a cumplir esa legislación. Si aquí empresas norteamericanas quieren aplicar jornadas de explotación del trabajo superiores a las 8 horas pueden ser denunciadas en Estados Unidos, y ante los sindicatos norteamericanos, como la Federación Americana del Trabajo, la AFL, que tiene sede en Washington, y pueden ser objeto de campañas internacionales por el abuso y explotación que realizan del trabajo humano, así como se hacen campañas contra las que emplean trabajo infantil para que no les compren sus productos.

Una abogada obviamente del sector patronal, el pasado domingo, en el programa de televisión de Canal 7, Debate Nacional, afirmó que en Costa Rica hay empresas que aplican ya la jornada de trabajo de 12 horas. Debe informarse a los diputados de cuáles empresas en el país ya están con esa jornada, que se investigue si pagan horas extras o no, si tienen autorización de alguna institución nacional para esa jornada, si están sujetas a inspección laboral.

La inspección laboral en Costa Rica, de paso es risible. El Ministerio de Trabajo no tiene capacidad para inspeccionar nada, literalmente nada. No tiene los suficientes inspectores, ni los autos, para realizar esa labor. En un pasado que conocí los inspectores de trabajo, en las empresas, eran muy bien atendidos por el Jefe de Personal de las empresas y no entrevistaban ni consultaban trabajadores.

La discusión de la jornada de 12 horas diarias de trabajo debería servir para valorar cómo en todo el país se trabaja, cuáles son las causas principales de juicios laborales. Esto es sumamente interesante para entender cómo se violan los derechos y beneficios laborales, constitucionales y legales, de los trabajadores.

A los diputados se les debe suministrar la estadística anual de los juzgados e instancias laborales, de todo el país, que les permita ver cuáles son las principales causas de demanda de los trabajadores. Eso puede darles una idea de condiciones de trabajo. También pueden solicitar cuántos de esos juicios los ganan los trabajadores y cuántos los ganan los patronos por su cuantía, y se sorprenderán de sus resultados.

La discusión de la jornada de trabajo de 12 horas debe servir para discutir de cómo se organiza y realiza el trabajo, el mundo del trabajo en el país, con todas sus aristas, entre ellas la seguridad e higiene ocupacional.

El mundo de los accidentes de trabajo en el país. Con jornadas de trabajo de 8 diarias los accidentes de trabajo anual es de más de 100.000 accidentes, con alto índice de fallecidos y de personas afectadas con incapacidades permanentes. Con jornadas de trabajo de 12 horas, ¿aumentarán los accidentes de trabajo?

El fraude de ley que impulsan en la discusión de la ley de las jornadas de trabajo de 12 horas diarias debe detenerse. Si el Plenario legislativo va a trabajar como una comisión parlamentaria, que se usen todas las reglas y procedimientos para aprobar un proyecto de ley, como se hace en la comisión legislativa.

Por intoxicación masiva de estudiantes en San Juan de Florencia: Solicitamos investigación del Ministerio Salud, MAG y MINAE

(San José, martes 9 de mayo, 2023). – Exigimos a las autoridades que tomen acciones concretas por la intoxicación de estudiantes y docentes el pasado viernes 5 mayo, ya son varias las ocasiones en que las y los vecinos han denunciado esta situación, donde una finca piñera ubicada a la par de la Escuela La Ceiba, en la comunidad de San Juan de Florencia, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela aplica agroquímicos y afecta a las personas aledañas.

La intoxicación del pasado viernes afectó a 29 personas (25 son niños y niñas), quienes fueron atendidas por presentar náuseas y dolor abdominal. Un total de 8 fueron trasladadas al hospital para su valoración, de los cuales hay 7 niños y una adulta mayor (Allan Jara, 5-5-23 y TVN, 5-5 2023).

Por un lado el MAG, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), debe girar la orden que impide a la empresa, dueña de la plantación agrícola involucrada en la intoxicación de niños y niñas, aplicar cualquier agroquímico sobre la finca en cuestión.

Además, como no nos encontramos en un caso nuevo, sería importante conocer qué sanciones aplicaron las instituciones por la contaminación ocurrida en el 2019 que afectó a más de 22 personas, entre estas 16 niñas y niños (Semanario Universidad, 10-9-2019). Esto es importante porque resulta evidente que la sanción o correctivos por la empresa no sirvieron – si es que hubo-. Por ser reincidente, deberían aplicarles una sanción mayor a la persona física o jurídica responsable del hecho.

También es necesario que las autoridades respectivas decreten medidas restrictivas a nivel nacional, para que las piñeras y otras plantaciones no puedan sembrar a menos de 400 metros de centros educativos, centros de salud y viviendas, tal como se les aplica a ventas de licores o bares con respecto a escuelas, EBAIS y plazas públicas.

En el 2019, señaló el Servicio Fitosanitario del Estado que ese día la piñera fumigó con Diazinon, Ecogreen y Camauba (Ver adjunto: Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-1030-2019). El pesticida Diazinon (Ácido fosforotioico) es un insecticida organofosforado (IOP) utilizado para controlar insectos en los suelos y las plantas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) lo identifica como una sustancia peligrosa. La exposición al Diazinón puede causar, de manera rápida y grave, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, náuseas, vómitos, diarrea, afectaciones musculares, pérdida de la coordinación, convulsiones, coma y finalmente la muerte.

En Argentina, la autoridad encargada denominada Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), prohibió la elaboración, importación, y fraccionamiento de esta sustancia y sus productos formulados mediante la resolución 263/2018.

Kioscos Ambientales
UCR

Diálogo sobre la lucha de las familias y comunidades por defender el derecho humano a vivienda digna

El pasado 27 de abril en el  programa de Radio 8 de Octubre participaron Orlando Barrantes Cartín, María José Lechado, Adrián Jaen España y Félix López Zambrana, activistas e integrantes del Comité Ejecutivo del Bloque de Vivienda, en el espacio de “Diálogo sobre la lucha de las familias y comunidades por defender el derecho humano a vivienda digna”. Esto fue motivado por la concentración popular en Casa Presidencial y la Plaza de la Democracia, así también en la ruta 32 y ruta 27 el miércoles 19 de abril. 

Como consecuencia de esta movilización se consiguió abrir una mesa de conversaciones con el gobierno.

 

Compartido con SURCOS por Maria Trejos Montero.

¡Alerta! 02-04-2023. Muere trabajador bananero mientras labora. ¿Será por violación a los derechos laborales por parte de la empresa? 

Según información recabada por MTC: 

  • Dos trabajadores bananeros de una finca bananera mueren en menos de dos meses.
  • El 2 de mayo, a uno de ellos, la patronal le negó el permiso para irse a la casa.
  • Además, rechazaron su ruego de que lo llevaran al hospital cercano en un vehículo de la empresa. 
  • Fallece laborando. 
  • Jerarcas de la empresa lo cubren con una sábana y aparentemente exigen que se continúe con el trabajo «porque las cajas con el producto se deben sacar hoy mismo”.

Solicitamos al Ministerio de Trabajo, al Consejo de Salud Ocupacional y a la Fiscalía General de la República que procedan en la mayor brevedad a hacer las investigaciones de ambos casos para determinar si esa empresa está cumpliendo con los protocolos de salud ocupacional para atender estos casos, si utilizan los equipos de protección para las labores de campo y los agroquímicos autorizados por la ley. 

Instamos a la OIT que actúe según sus competencias en defensa de un trabajo seguro, justo y digno para todas y todos.

¡Exigimos que aclaren los hechos y se responsabilice a los culpables de la muerte de ambos obreros bananeros! 

Movimiento de Trabajadores y Campesinos 

ANEP: Primero de Mayo, a 110 años de su primera conmemoración en nuestro país tenemos una Costa Rica irreconocible

01- Mañana lunes 1 de mayo de 2023, conmemoraremos la gesta histórico-obrera y social del Primero de Mayo, evento de relevancia universal que para el caso costarricense nos recuerda la primera ocasión en que se celebró, allá, por 1913. Exactamente, hace 110 años.

02- Connotados costarricenses de entonces, agrupados en el Centro de Estudios Germinal, se preocuparon porque nuestro país también honrara la gesta histórica de Los Mártires de Chicago, con su lucha y su sacrificio por la jornada de trabajo de 8 horas, que tuviera lugar el 1 de mayo de 1886, en Estados Unidos.

03- Omar Dengo Guerrero, María Isabel Carvajal Quesada (Carmen Lyra) y Joaquín García Monge, quedaron en las páginas de oro de la historia obrero- costarricense por la organización de la primera manifestación del Primero de Mayo en suelo nacional.

04- A 110 años de tanta sublime ocasión, nos juntaremos en el Parque La Merced en el marco de una Costa Rica prácticamente irreconocible: totalmente desigual con grandes sectores excluidos, totalmente, de los beneficios del crecimiento económico; que convirtió a la concentración de la riqueza en su problema número uno por la preservación de un sistema tributario injusto y corrupto; que tiene a su clase trabajadora asalariada (pública y privada), con salarios congelados y precarizados, altísimamente endeuda y con severos problemas de liquidez; y con un sector agropecuario nacional a punto de su liquidación y extinción total.

05- Se ha generado un centro de poder real constituido por una escandalosa colusión de intereses públicos y privados formadora de una élite banquero-financiera controladora de los poderes públicos; con un endeudamiento público colosal y su correspondiente y más que obsceno pago de intereses que desequilibra los programas de bienestar y asistencia social.

06- Además, la violencia criminal y delincuencial y su parte más descarnada, el ilegal negocio organizado del tráfico de drogas, sigue poniendo en jaque a la propia institucionalidad republicana con su sostenido proceso de infiltración, que ya no solamente abarca los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también al Judicial.

07- En esta lógica perversa de ataque artero a la misma democracia, los pactos políticos “de los de arriba”, sigue vulnerando la confianza de la ciudadanía trabajadora en sus gobernantes y asoma, con toda crueldad, el carácter de una nueva estafa política.

08- La vieja y la “nueva” clase gobernante con la repudiable práctica del pacto y de la componenda, asesta un nuevo golpe a la moral obrera y ciudadana: El Pacto de los Rodrigo en contra de un pilar hasta hoy sagrado de las conquistas obreras universales y nacionales, la jornada de 8 horas. Cruzaron la línea para abrir la ofensiva del capital neoliberal en contra de la esencia misma del Estado Social de Derecho y varias de sus instituciones legales, sociales y republicanas más emblemáticas, como la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

09- No podía darse una más macabra respuesta político-patronal por mayor justicia obrera y social que ésta: que se dé en el marco de la conmemoración histórica del Primero de Mayo la decisión del ataque a la más que sagrada conquista de las 8 horas.

10- Hoy más que nunca está más que transparente el desafío de los sectores sociales, laborales, cívicos y patrióticos: construir una gran unidad, al menos, en la acción. Hoy en día, hay muchas más razones para la unidad y esa gente, “los y las de arriba”, nos las viene indicando con su accionar de los últimos tiempos.

San José, domingo 30 de abril de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

¿Miden las encuestas lo que piensa la gente?

Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social

Esa es una pregunta que suele asaltarnos cada vez que un ente académico o una empresa de estudios de opinión difunde los resultados de una nueva encuesta. Especialistas de la comunicación social han concluido que lo que realmente miden las encuestas es la opinión pública construida por los medios informativos. Es decir, miden la eficacia de los medios para colocar su relato en la conciencia ciudadana. De eso va la hegemonía cultural. Ese relato se refiere al planteamiento del hecho, objeto de la información y a su interpretación, haciendo referencia a un nicho interpretativo previamente instalado en la conciencia colectiva.

El hecho de que la inseguridad ciudadana aparezca como la principal preocupación ciudadana en el Estudio de Opinión Pública del CIEP de abril, por encima del costo de la vida y del desempleo, es un caso típico.

El objetivo aumento de la violencia y de la consecuente inseguridad ciudadana, permanentemente tratado por los medios informativos, termina colocando el tema en la “agenda ciudadana”, pero los medios omiten la necesaria reflexión sobre las causas estructurales de la violencia: el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como resultado del debilitamiento sistemático de las políticas sociales.

Si las pugnas entre bandas de “narcomenudeo” están ocasionando la muerte de jóvenes, habría que decir que esos jóvenes están, en su mayoría, expulsados del sistema educativo y proceden de las comunidades más abandonadas por el Estado.

La perseverancia mediática en el tema de la violencia criminal, sin reflexión sobre la causalidad, conduce al fomento del miedo, en particular, el miedo a ser víctima del crimen. Y es un miedo tan grande y poderoso, que pone a la violencia criminal por encima de la violencia estructural, que condena a 399.439 hogares costarricenses a no poder satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda.

La ausencia de reflexión sobre la causalidad estructural y la búsqueda colectiva de soluciones alternativas convoca la indefensión y empuja a esa ciudadanía asustada a buscar soluciones individuales, encerrados en nuestras casas, pensando en adquirir armas de fuego y a clamando por más medidas punitivas, más cárceles y mayor represión.

El hecho objetivo

De acuerdo con las estadísticas del OIJ, los actos de criminalidad que sustentan percepción de mayor inseguridad ciudadana son los siguientes:

  • Durante el 2022, la tasa total de homicidios dolosos aumentó a 12,6 por cada 100.000 habitantes
  • Se registran 68 víctimas más de homicidio doloso en comparación al mismo periodo del 2021.
  • El 92,7% de las víctimas son hombres, el 7,2% mujeres y 0,2% con sexo desconocido.
  • En promedio, se registran 55 víctimas de homicidio doloso al mes, 6 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del 2021.
  • Las principales víctimas de homicidios dolosos continúan siendo personas jóvenes, el 53% de ellas tenía entre 20 y 34 años.
  • El 72% de los homicidios dolosos se cometió utilizando un arma de fuego, 16% utilizó un arma blanca y un 12% otros métodos.
  • Por tipo de móvil, 63% de los homicidios dolosos se vinculan a la delincuencia organizada.
  • Las provincias de mayor ocurrencia son: Limón, San José, Puntarenas y Alajuela.
  • Las mujeres constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica: 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 5 personas agresoras son hombres (2021).
  • Durante el año 2021, 5.419 personas fueron imputadas por infringir la Ley de Armas y Explosivos según el Ministerio de Seguridad Pública, 9 de cada 10 infracciones estaban relacionadas con la portación ilegal de un arma blanca o de fuego.
  • Durante el año 2021, 84.770 personas fueron imputadas por infringir la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 98% de estas infracciones estaban relacionadas con la tenencia de droga.

Ocuparnos de las causas

Para el Programa de Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), detrás del aumento de la violencia criminal hay elementos socioculturales, políticos y económicos relacionados con la violencia estructural que interpelan al Estado, llamado a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas.

Costa Rica fue el país de América Latina en el que más creció la pobreza y la desigualdad entre el 2017 y el 2022. Según un cálculo hecho por el Banco Mundial, la pobreza aumentó al menos 2,3 puntos porcentuales en este periodo.

Los datos del BM coinciden con los del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), según los cuales para el cierre del 2022 la cantidad de hogares en condición de pobreza en el país podría haber crecido a 24% o 25%. Esto sería levemente superior al 23% reportado por el INEC para noviembre del 2022 y superior a lo registrado en el 2017, cuando se calculaba en 20%.

Mientras tanto, frente a este panorama, el país no cuenta con una estrategia de combate a la pobreza ni con acciones definidas para acortar la brecha social entre ricos y pobres, en su defecto, cobran vitalidad las soluciones paliativas de corte punitivo, esgrimidas por autoridades gubernamentales y aupadas por los medios de información. No tardarán en aparecer los estudios de opinión que digan que eso es lo que quiere la gente.

Abril,2023

Prevengamos para vivir mejor: una reflexión sobre seguridad ciudadana desde los territorios  – invitación a conversatorio

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), abordar el tema de la seguridad desde una perspectiva multisectorial, con un enfoque de género y de derechos humanos, favorece la toma de decisiones hacia soluciones eficaces así como una gobernanza democrática efectiva. 

En este sentido, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Nodo de Gobernanza Territorial de Dirección de Extensión Universitaria y la Carrera de Ciencias Criminológicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, le invitan a participar del conversatorio “Prevengamos para vivir mejor: una reflexión sobre seguridad ciudadana desde los territorios” un espacio de diálogo abierto e intercambio virtual con personas expertas, estudiantes y actores territoriales. 

Dirigido a:

  • Organizaciones sociales y del régimen municipal
  • Funcionariado y estudiantes de la UNED. 

Día: 27 de abril 

Hora: 6:00 pm 

Modalidad: Virtual 

Para participar en este evento debe inscribirse en: https://forms.gle/DyrhBSQEPURzN3P76 

Tierra para quien la trabaja: 12 años de la lucha en Medio Queso, hoy El Triunfo

Por: Eva Chaves Arias, estudiante de Sociología, y Miguel Cruz Guevara, estudiante de Ciencias Políticas

Como país y como institucionalidad pública, le debemos mucho a las comunidades. El hecho de que, como estudiantes podamos salir de nuestros entornos académicos y nos desplacemos hacia territorios en donde predomina el abandono estatal, pero también las resistencias comunitarias, no solo implica un proceso fundamental de formación, sino de responsabilidad ética y política que el Estado costarricense debe cumplir hacia las personas agricultoras, migrantes, indígenas y defensoras de los territorios. La Acción Social permite acompañar, escuchar y construir formas de bienestar con las comunidades.   

Desde el TC-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales de Kioscos Socioambientales y la Escuela de Sociología, las personas estudiantes acompañamos y aprendemos de conflictos socioambientales que múltiples comunidades, como la de El Triunfo, sufren día a día a manos de empresas extractivistas productoras de monocultivos como la piña o la naranja. Transnacionales que no solo se benefician de la destrucción de los bienes comunes como el agua, la tierra y los bosques de nuestro país, sino que, además, lucran a costa de la salud y el bienestar de quienes habitan estas tierras. Explotación y condiciones precarizadas, son las únicas opciones laborales que brindan estas empresas.

Ante esto, el Gobierno hace poco o nada para contrarrestar las violaciones de los derechos laborales y humanos en general de estas comunidades. Asimismo, mantiene en vilo a familias enteras, pues el acceso a tierra y a un hogar digno, aún está lejos de ser una realidad. Actualmente, el Inder sostiene un proceso de arrendamiento para las familias de El Triunfo, pero no ha garantizado servicios básicos como el agua o la luz. 

Diferentes administraciones, desde la expresidenta Laura Chinchilla, hasta el actual presidente Rodrigo Chaves, han convertido las promesas de un mejor futuro para estas comunidades en un desamparo o, en su defecto, en un asedio estatal para que abandonen su lucha por la tierra. 

Pese a esto y gracias a la resistencia comunitaria, el acuerpamiento por parte de las universidades públicas y de las organizaciones sociales, este asentamiento campesino conmemora 12 años de lucha por el derecho a la tierra para trabajar y vivir. 

El pasado fin de semana (del 14 al 16 de abril) en un trabajo conjunto entre este TCU y la organización comunitaria, se llevaron a cabo diversas actividades que recuperan tradiciones de ocio y diversión propios de su cultura campesina y nicaragüense, como una forma de encuentro y fortalecimiento de la lucha.

La historia de este asentamiento ha servido de ejemplo para el surgimiento de procesos de organización campesina en la zona, como la Alianza Campesina del Norte, integrado por 7 nuevos asentamientos de familias que exigen tierra para trabajar y vivir.  

La experiencia de acompañamiento a ese proceso organizativo, nos enseña a nosotros, estudiantes y ciudadanos, que el avance en materia de derechos humanos es posible a través de la organización colectiva, la cual nace de la denuncia, la autogestión de los pueblos  y la articulación de redes institucionales.  

En el marco de esa doceava celebración, se llevó a cabo el Encuentro Campesino Nacional, el cual contó con la participación de más de 300 personas de los asentamientos que integran la Alianza Campesina, además de distintas delegaciones de sindicatos y organizaciones civiles. 

En este encuentro, las personas campesinas establecieron, por unanimidad, una serie de acuerdos que fortalecen y direccionan su lucha: 

  • Que la Alianza Campesina prepare una jornada para presionar al gobierno y al INDER, con el fin de iniciar el proceso de expropiación.
  • La oposición al gobierno proempresarial de Rodrigo Chaves, quién rompió la mesa de diálogo.
  • Se declaró la organización independiente del gobierno y los grandes empresarios.
  • La denuncia de la violencia estatal, empresarial, policial y de la seguridad privada contra las personas campesinas.
  • La lucha por una reforma agraria que garantice el derecho a la tierra para quien la trabaja. 
  • Que habrá una representación de la Alianza en la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de la Persona Trabajadora.

Indígenas Ngäbe Buglé de Sixaola siguen sufriendo discriminación

El pasado miércoles 19 de abril se conmemoró el Día del Indígena (No. 1803-C) decretado desde 1971 y que este año el gobierno pasó por alto, no así la población originaria que aprovechó para denunciar la discriminación que siguen sufriendo a diario más de diez mil indígenas Ngäbe que habitan ancestralmente esta zona fronteriza.

Miembros del pueblo Ngäbe Buglé en Sixaola denunciaron la incapacidad y falta de voluntad política del gobierno costarricense para atender distintas necesidades urgentes, como lo es el formalizar y aligerar el reconocimiento de la nacionalidad de dichos pueblos. Esto es apenas la expresión más cotidiana de años de racismo estructural, que impide a las poblaciones indígenas transfronterizas acceder a servicios básicos, atención médica estatal, becas, educación, bonos socioeconómicos, vivienda, trabajo digno, entre muchas otras.

Si bien esta comunidad logró, después de años de lucha, que en el 2019 la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (Ley Nº 9710), donde se le otorgó derecho a la nacionalidad costarricense, lo cierto es que una gran cantidad de personas no tiene hoy su cédula, con lo cual no tiene acceso efectivo a los servicios básicos ni al ejercicio de sus derechos. Esta situación afecta de sobremanera a las mujeres y a la niñez, que no pueden acceder a becas o servicios de salud.

Esta ley fue un paso importante para visibilizar su existencia y poder ejercer sus derechos, pero ahora la principal problemática, que le hicieron saber al presidente Rodrigo Chaves días atrás, “es la carencia de un territorio en el cual podamos vivir libremente, sin temor a que sea atropellado el modo de convivencia cultural tradicional”, según palabras de uno de los líderes indígenas.

Don Eusebio Julián de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI) aseguró que: “nuestra petición al gobierno es sobre el territorio, por la necesidad a la que nos enfrentamos en Sixaola. Somos vulnerables, no podemos cultivar, no podemos sembrar, tampoco podemos hacer nuestras actividades culturales”. Solicita así que el gobierno costarricense se apegue y acate a cada uno de los artículos del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica.

Mientras tanto, Eulalia Thomas, integrante de la organización de mujeres Meri Dirikä sostiene que muchas personas trabajadoras se encuentran en situaciones vulnerables, al estar en riesgo su acceso a la vivienda por el incumplimiento de prestaciones y servicios que las empresas bananeras prometen y no cumplen. Sobre esto indica “cuando la empresa vende esa bananera a la otra empresa (…) resulta que va sacando a todos los compañeros y los niños [de sus casas]. Se van llorando, es lo más triste, ningún gobierno, nadie, está viendo cuando los niños se desalojan”.

Hay que recordar que, en la parte laboral, al menos 5000 de los Ngäbe de Sixaola habitan en tierras de una empresa privada, con la cual sostienen un conflicto laboral desde hace muchos años con empresas transnacionales bananeras, por lo cual solicitan el apoyo del gobierno para hacer valer sus derechos laborales.

También afirman que, al habitar permanentemente en territorio costarricense, son acreedores de derechos, pero que enfrentan día a día discriminación: “vivimos permanentemente aquí en Costa Rica, no sólo venimos por un tiempo (…), nosotros estamos reclamando nuestro territorio para los niños, para las mujeres, y para nuestros compañeros”, recordó Eulalia.

En una reciente visita de una delegación proveniente del territorio, se le hizo llegar estas mismas preocupaciones al presidente Rodrigo Chávez, a través de una carta entregada en Casa Presidencial, solicitando el respeto y reconocimiento de su identidad y necesidades como pueblo indígena, así como la atención inmediata al atropello de derechos humanos del que son víctimas. Esta carta fue recibida en una reunión que tuvieron con el viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, quien se comprometió a iniciar acciones y visitar la zona en mayo.

En la foto se aprecia a Eusebio Julián y a Eulalia Thomas, representantes del Pueblo Ngäbe de Sixaola.

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Foto de portada: Vicerrectoría de Acción Social, UCR.