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Etiqueta: derechos humanos

Emmanuel Buitrago, líder indígena, se pronuncia sobre la sentencia en el caso de Jehry Rivera

El señor Emmanuel Buitrago, dirigente del pueblo Bribri de Talamanca y coordinador del Frente de Pueblos Indígenas (FRENAPI) se refiere en video a la sentencia en el caso del asesinato del líder indígena Jehry Rivera.

En el video explica cómo ésta reafirma la justicia hacia las comunidades y pueblos indígenas por las recurrentes agresiones y violaciones hacía estos, cuyas luchas se extienden hasta hace quinientos años. Este proceso reivindica los derechos de los pueblos, que se han visto ignorados por la omisión estatal a lo largo de las décadas a aplicar estos plenamente.

Compartimos el video con el pronunciamiento completo.

Día Mundial de los Humedales… pero no se aprobó Acuerdo de Escazú

José Luis Pacheco Murillo

A pesar de ser un día destinado a la protección de uno de los elementos fundamentales del medio ambiente como son los humedales, con mucha tristeza, molestia, coraje, indignación, vergüenza e impotencia Costa Rica ha dejado pasar una oportunidad única e importante para ser congruente con su imagen de país verde y decidió el congreso dejar vencer el plazo para la para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ conocido como Acuerdo de Escazú”.

Este acuerdo tenía como propósito Proteger a las personas que defienden el ambiente y prevenir los conflictos ambientales garantizando que las personas involucradas en actividades que pueden afectar el ambiente participen en éstas desde el principio. Es el primer instrumento internacional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente de nuestra región. Su proceso de negociación contó con el auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como con la participación activa de la sociedad civil.

Es vergonzoso que Costa Rica, país en el que se firmó el acuerdo para hacer realidad este avanzado proyecto se negara a firmarlo porque tuvo una votación unánime en el primer debate, que luego la Sala Constitucional anuló y obligó a iniciar el proceso el cual debía de cumplirse dentro del plazo de cuatro años y simple y sencillamente dejaron que ese plazo venciera. Una incongruencia total.

País verde que niega la participación ciudadana en materia de ambiente. País verde que impide que se abran opciones para un desarrollo de la legislación ambiental y la protección que requiere para ser más amigables con el ambiente.

No hubo voluntad política y posiblemente si hubo intereses económicos y personas interesadas para que esto no se diera.

Con 11 votos a favor y 41 en contra, enterraron el “Acuerdo de Escazú”. En contra representantes de Nueva República y de la Unidad Social Cristiana junto al Liberal Progresista y Liberación Nacional allanaron el camino para evitar que Costa Rica participe de un acuerdo ambiental que fue, incluso, elaborado en Costa Rica y aprobado ya por grandes economías, como la de Chile, Argentina, Panamá y otras.

Lo peor de todo es que se archivó sin que se diera un solo debate en torno a su conveniencia o no. Simplemente dejaron pasar el tiempo y ya. Cientos de organizaciones ambientales trataron de que se les escuchara y que por lo menos se abriera un debate mediante la aprobación de la ampliación del plazo, pero no fueron escuchadas.

Muy lamentable y es urgente buscar los mecanismos de derecho internacional para tratar de revivir este acuerdo y pueda ser ratificado por Costa Rica.

Organizaciones de la sociedad civil suscriben pronunciamiento por la defensa de la vida y la democracia en Perú

130 organizaciones de la sociedad civil suscriben pronunciamiento por la defensa de la vida y la democracia: 

UN PLAN NACIONAL POR LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO COMO SALIDA A LA CRISIS POLÍTICA NACIONAL RENUNCIA DE DINA BOLUARTE Y ELECCIONES ESTE 2023.

Ante los recientes y graves acontecimientos suscitados en el país las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestro reconocimiento y saludamos el ejemplo de coraje y dignidad de los pueblos, gremios, organizaciones de jóvenes, mujeres, movilizadas en gran parte del territorio nacional en defensa de la vida, libertad, la dignidad y la democracia que clama por una respuesta política ciudadana.

Nos sentimos parte de las luchas de nuestros pueblos. Estamos por un nuevo pacto político que nos represente a todos y a todas sin exclusión Con estos esfuerzos esperamos contribuir a la posibilidad de abrir un cauce democrático para un nuevo proyecto político de los excluidos/as, víctimas del clasismo, del racismo, del patriarcado, que durante siglos han sido postergados.

  1. Rechazamos la actuación autoritaria y violenta, el atropello a la libertad y la violación a los derechos humanos, como respuesta al legítimo derecho a la protesta ciudadana y sus justas demandas democráticas, de parte del gobierno. Esta peligrosa deriva autoritaria ha significado hasta el momento 56 fallecidos, 9 menores de edad, 46 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 912 heridos, detenciones ilegales, durante las cuales se ha agredido a detenidos y violentado sexualmente a las mujeres, así como más de 100 personas investigadas sin garantías de un debido proceso.
  1. Para justificar la violencia del Estado, con el apoyo de los medios de comunicación al servicio de los grupos de poder, generan un escenario de guerra interna al que buscan legitimar acusando a ciudadanos, y ciudadanas a las y los dirigentes sociales y gremiales de terroristas. Esto lo hacen sin pruebas que lo sustenten y obviando conscientemente que estas organizaciones indígenas y populares no sólo fueron afectadas y violentadas por el terrorismo, que les costó la vida a cientos de dirigentes populares en defensa de sus organizaciones y de la democracia y, fueron uno de los artífices más importantes de la derrota del senderismo criminal.
  2. Criticamos el desempeño de las fiscalías y del poder judicial por incumplir su función de defensa de los derechos, negándose a recibir los habeas corpus, así como al no hacerse presentes de manera oportuna en los momentos que se reprime a la población movilizada, dejando en el desamparo a los ciudadanos y ciudadanas. Exigimos el fortalecimiento de las fiscalías de derechos humanos, que vienen siendo desmanteladas al reducirlas de 12 a 7 y que sean estas las encargadas de investigar los crímenes contra la población movilizada y no las de crimen organizado.
  3. Rechazamos con firmeza los hechos de vandalismo cometidos por infiltrados y por grupos violentistas que actúan en las marchas y manifestaciones pacíficas para desprestigiarlas. Exigimos que la PNP cumpla con su responsabilidad de identificar y detener a los responsables de estos hechos, así como que actúe cumpliendo la normatividad nacional y los estándares internacionales establecidos para el control del conflicto social.
  1. La presencia de sectores tradicionalmente ignorados como las organizaciones indígenas y campesinas, así como amplios sectores de la sociedad, especialmente de las regiones con mayores niveles de vulnerabilidad, nos compromete a todos a dialogar sobre la plataforma política que los articula y convoca, así como construir una agenda nacional de corto y mediano con mecanismos, objetivos y estrategias claras. Sólo así lograremos ampliar y reconstruir un espacio político con legitimidad e iniciar un proceso de reconstrucción de la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. 
  2. Esta es la ruta para enfrentar y revertir la clara amenaza conservadora y autoritaria que busca imponer en nuestro país su agenda ideológica contra los derechos de todos y todas, así como un régimen vertical y excluyente, al servicio de los poderes fácticos. Es desde la solución de las demandas políticas de la población movilizada, que se debe articular integralmente las diversas agendas regionales, generando propuestas para los temas críticos que permitan cerrar las brechas estructurales que están en la base de las masivas movilizaciones en gran parte de las regiones del país. 
  3. Esta agenda nacional y descentralizada, debe tener como base esencial la defensa del derecho a la vida, la libertad, la dignidad y el desarrollo pleno como pilares esenciales de nuestra sociedad, así como la defensa de los derechos civiles y políticos, los de las mujeres, así como los económicos, sociales, culturales y ambientales. Para darle contenido democrático y sostenibilidad, esta agenda debe construirse mediante el diálogo y la concertación entre la población y sus organizaciones, los gobiernos regionales y locales, así como con los múltiples actores económicos, sociales, medioambientales y culturales de cada uno de los territorios.
  4. Frente a la gravedad de la crisis que estamos atravesando como componentes de la sociedad civil proponemos con carácter de urgencia:
  1. Renuncia de la presidenta Dina Boluarte 
  2. Adelanto de elecciones al 2023, sin cambios en el JNE y la ONPE. Se debe realizar la primera vuelta en octubre, la segunda vuelta en noviembre y el cambio de ambos poderes del Estado antes del 31 de diciembre. 
  3. Ni un muerto más. Reconocimiento y garantía para el ejercicio del derecho a la protesta sin criminalizarla y en cumplimiento de los estándares internacionales.
  4. Renovación de la Mesa Directiva del Congreso para que se elija una presidencia con un mínimo de legitimidad ciudadana para conducir el proceso electoral y la transición hacia nuevas autoridades. 
  5. Referéndum para que el pueblo decida iniciar un proceso Constituyente.
  6. Cambio de mandos policiales responsables de ejecuciones extrajudiciales, y reforma policial. 
  7. Impulso a la articulación nacional de las representaciones territoriales de la sociedad movilizada, para fortalecer su capacidad de negociación con los poderes del Estado de la agenda que vienen exigiendo desde hace semanas como la salida política a la crisis. Rechazamos todo intento de obviar esta agenda y acotar el diálogo a lo que el gobierno denomina agenda social. 
  8. Apelamos a los diversos organismos internacionales, así como a instituciones con legitimidad como la ANGR o las universidades nacionales, para que asuman un rol activo de mediadores entre la sociedad movilizada, con el Gobierno y el Congreso, para abordar las demandas políticas urgentes.
  9. Asumimos el compromiso de participar con nuestras propuestas y desde nuestras posiciones, en un amplio diálogo nacional desde los territorios de cara a la instalación de un nuevo gobierno, para consensuar agendas de corto y mediano plazo. 
  10. Acompañaremos y participaremos en diálogos y reuniones con organizaciones y representantes sociales, económicos y políticos en los diversos territorios para concertar propuestas y acordar prioridades en las agendas de desarrollo. Coordinar y hacer alianzas con los gobiernos regionales, y con las articulaciones sociales del norte, centro y sur del Perú, para abrir espacios de diálogo regional representativos y autónomos. 

Finalmente llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a realizar el monitoreo y veeduría de la investigación de las muertes de las más de 56 personas, de los cientos de heridos/as, y de las violaciones a su dignidad de las mujeres detenidas en San Marcos y durante las protestas e investigaciones sobre derechos humanos, a la vez de reiterar que se adopten las políticas públicas eficaces para reparar a las víctimas de estos recientes hechos.

Y exhortamos a los representantes de las delegaciones del sistema de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la OEA a que sigan vigilantes y pronunciándose ante los graves acontecimientos que se viven en nuestro país, a fin de evitar que la estigmatización de la protesta social y la represión violenta se profundicen.

Lima, 26 de enero de 2023

Articulación de Organizaciones, Redes y Plataformas de la Sociedad.

Suscriben:

  • ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS-ANC
  • 13 BRUJAS
  • ADECEP/PURISAK
  • WARMYKUNA
  • ADEPROSACO 
  • ALTERNATIVA CENTRO DE INVESTIGACION SOCIAL Y EDUCACION POPULAR
  • AMUNETRAP
  • ANCIJE-SAN MARTIN
  • APDES
  • ARTICULACIÓN FEMINISTA MARCOSUR
  • CENTRO FLORA TRISTÁN
  • ASAMBLEA DE DELEGADOS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LAMBAYEQUE – ADOSCIL
  • ASOCIACION AMAR C
  • ASOCIACIÓN ARARIWA 
  • ASOCIACIÓN CIVIL JAPIQAY, MEMORIA Y CIUDADANÍA 
  • ASOCIACIÓN CULTURAL LUPUNA – ARTES AMAZÓNICAS 
  • ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES SOCIALES CALANDRIA
  • ASOCIACIÓN DE MUJERES PERUANAS AFECTADAS POR LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS, AMPAEF 
  • ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES ECOLÓGICOS DE QUEBRADA VERDE
  • ASOCIACIÓN DE PROMOTORAS DE SALUD DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA.
  • ASOCIACIÓN HUMANIDAD LIBRE
  • ASOCIACIÓN PERLAS DE YURA
  • ASSOCIAZIONE STUDIO3R DI MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE
  • AVEF-LIMA-CALLAO-AMPAEF
  • BRIGADA VOLUNTARIA DE SALUD
  • CADEP JOSE MARÍA ARGUEDAS-CUSCO
  • CANAL DE TV YOLI TV HUARAZ – PERIODISTA RADIO GRTE. INTEGRACIÓN HUARMEY 
  • CECYCAP 
  • CEDAL-CENTRO DE DERECHOS Y DESARROLLO
  • CEDER
  • CEEPIP
  • CENDIPP
  • CENTRO AMAZÓNICO DE ANTROPOLOGÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA (CAAAP)
  • CENTRO ANDINO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN – CADEP – JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
  • CENTRO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
  • CENTRO DE DESARROLLO ANDINO SISAY
  • CENTRO DE EMPODERAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – CEMPDIS 
  • CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ASESORÍA POBLACIONAL CIDAP 
  • CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER MICAELA BASTIDAS _ TRUJILLO
  • CENTRO LOYOLA AYACUCHO
  • CENTRO WAMAN WASI
  • CEPRODEP
  • CIPCA 
  • CIUDADANÍA ACTIVA 
  • CLADEM PERÚ
  • COLECTIVA MUJER Y PODER 
  • COLECTIVO SONQO WARMI 
  • COMITÉ DE DEFENSA DEL AGUA- IQUITOS  
  • COMITÉ NACIONAL DEL FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO, ESCUELA PARA EL DESARROLLO
  • CONADES JUVENIL
  • CONSEJO DE EDUCACIÓN POPULAR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE- PERÚ COOPERACCIÓN
  • COORDINADOR DE DESPLAZADOS DE LIMA SUR
  • COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS- CNDDHH
  • COORDINADORA NACIONAL DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA DEL PERÚ. (CN. FAVIDEFO-PERÚ)
  • CUT-SM
  • DESSOS
  • EMPODERADXS
  • EQUIPOS DOCENTES AULAS ABIERTAS
  • ESCUELA MAYOR DE GESTIÓN MUNICIPAL
  • ESTUDIOS AMAZÓNICOS
  • FARTAC
  • FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PERU – FENTAP 
  • FÉMINAS PERÚ
  • FENMUCARINAP-SM
  • FOMENTO DE LA VIDA- FOVIDA
  • FORO REGIONAL POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS FORDES AREQUIPA 
  • FORO SALUD 
  • FÓRUM SOLIDARIDAD PERÚ
  • FREDEPA
  • FRENTE DE DEFENSA Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 
  • FRENTE DEFENSA DEL DISTRITO DE ISLAY
  • FUNDAVAL
  • GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
  • GIMCC 
  • GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
  • GRESP PERU
  • GRUPO GÉNERO Y ECONOMÍA 
  • GRUPO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
  • IFEJANT 
  • ILLA
  • INICIATIVA CIUDADANA CONTRA LA CORRUPCIÓN AYACUCHO – ICCCA 
  • INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS UNAM
  • INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ AMAZÓNICA
  • ISOLA SOLIDALE
  • JUBILADOS DE EDUCACIÓN
  • LATINDADD – RED LATINOAMERICANA POR JUSTICIA ECONÓMICA Y SOCIAL
  • LESBIANAS INDEPENDIENTES FEMINISTAS SOCIALISTAS-LIFS
  • MANOS CREATIVAS 
  • MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES 
  • MASA PERU
  • MESA DE CONCERTACIÓN DE GÉNERO -COMAS
  • MISS PERÚ TRANS 
  • MOVIMIENTO MANUELA RAMOS
  • MOVIMIENTO TLGBQIA+ CALLAO 
  • NI UNA MENOS SOMOS TODAS- SAN JUAN DE LURIGANCHO 
  • NO MADE ARTE, ACCIÓN, POLÍTICA.
  • NUEVO PERÚ POR EL VIVIR 
  • OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODISEX 
  • ODAER. ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y LA EDUCACIÓN REGIONAL
  • ORG.DE MUJERES YACHAQMAMA 
  • PARTIDO SOCIALISTA
  • PATRULLAS ECOLÓGICAS INSTITUTO DE CIUDADANÍA AMBIENTAL, INCLUSIÓN SOCIAL, ODS
  • PAZ Y ESPERANZA
  • PERÚ EQUIDAD
  • PLATAFORMA DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO ÉTICO- PERÚ 
  • PLATAFORMA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT
  • PROMSEX, CENTRO DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
  • QUINTA OLA 
  • RED AGUA DESARROLLO Y DEMOCRACIA
  • RED DE MUJERES ORGANIZADAS DE CARABAYLLO PREVINIENDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
  • RED DE PROMOTORES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA «TRABAJANDO POR UN FUTURO SIN VIOLENCIA»
  • RED MUJERES ORGANIZADAS DE CARABAYLLO PREVINIENDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
  • RED OLLAS COMUNES DE LIMA METROPOLITANA 
  • RED UNIENDO MANOS PERÚ
  • REDIFAAC
  • RENUNCIA DE DINA Y NUEVAS ELECCIONES 2023
  • SEDYS TRUJILLO 
  • SEMILLA INTERCULTURAL
  • SER
  • SJL EN ACCIÓN 
  • SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO
  • SOMOS SUR COCHABAMBA
  • SUTE CANCHIS
  • SUTEP
  • SUTRA UGEL CUSCO
  • UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
  • UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 
  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
  • WARMIKUNA PURIRISUN CANCHIS 
  • YO SOY SEMILLA

Información compartida con SURCOS.

Bolivia: justicia por la vía ordinaria para las víctimas de la masacre de Senkata

*Galo Amusquivar

Familiares de asesinados, siendo gasificados por militares y policías, en plena ciudad de La Paz – Bolivia.

Después de argumentar en varias oportunidades que la Ex Presidenta de Facto de Bolivia, Jeanine Añez, debe ser procesada por un Juicio de Ordinario y no por un Juicio de Responsabilidades (o de Privilegio), imaginé que con la Resolución del caso de la Empresa Boliviana de Alimentos – EBA, el debate había concluido, pero nuevamente afloran supuestos intelectuales, políticos de derecha y hasta algunos afines al Proceso de Cambio, señalando que Añez merece ser privilegiada con un Proceso que solo es para Presidentes Constitucionales.

Fíjense que el discurso de la derecha y de algunos afines al Movimiento al Socialismo – MAS (primera fuerza partidaria en Bolivia), responden a una operación ideológica revestida de un formato pseudojurídico, con la utilización de los grandes medios de comunicación, intentando mostrar únicamente el efecto del Golpe suscitado el año 2019; estas personalidades critican únicamente los últimos acontecimientos, sin contar con el contexto histórico y político que llevó a la masacre y matanza en Sacaba, Senkata y El Pedregal; las opiniones que emiten a través de sus cuentas personales en redes sociales, alimentan el discurso de una derecha neoliberal y conservadora. Por lo que voy a argumentar, una vez más, por qué Jeanine Añez tiene y debe ser procesada en Juicios Ordinarios.

Previamente recordemos algunos hechos históricos. En noviembre del 2019, se llevó a cabo un Golpe de Estado en Bolivia, a la cabeza de militares, policías, políticos de derecha, la iglesia católica e “intelectuales”, ocasionando una ruptura constitucional. Todo este plan se inició con diferentes demandas de forma específica en la ciudad de Santa Cruz, el desprestigio en redes sociales del Ex Presidente Evo Morales Ayma, mediante la creación de Fakes News, lo que derivó en la ciudad de Santa Cruz en un paro de 21 días, por un supuesto Fraude Electoral –nunca fue comprobado–, ocasionando un vacío de poder político, un motín policial y una solicitud cohercionada del Alto Mando Militar para que Evo Morales Ayma renuncie como Presidente Constitucional. Una vez ejecutado el plan, un grupo reducido tomó el Palacio y la Casa Grande del Pueblo (sede del Gobierno), atrincherándose por casi un año, con una falsa bandera de democracia, fraude electoral y pacificación, con la utilización de la fuerza policial y militar, asesinando a los ciudadanos movilizados y auto-convocados para defender al gobierno democrático en Sacaba, Senkata y El Pedregal.

El 11 de noviembre de 2019, Jeanine Añez, publicó un vídeo en sus redes sociales, en el que instruía a las Fuerzas Armadas coordinar con la Policía Boliviana Nacional y realizar acciones represivas en contra de los sectores sociales movilizados, que clamaban por nuevas elecciones y el retorno de Evo Morales Ayma; además, Añez llamó criminales y delincuentes a las Organizaciones Sociales; las mismas organizaciones que días más tarde se sentaron con Añez en la mesa de “pacificación”. El 19 de noviembre, policías y militares reprimieron a civiles en la ciudad de El Alto, donde se registraron 10 muertos por proyectiles de arma de fuego y 31 personas heridas; recordarán aquel Ministro de Gobierno de Jeanine Añez, que realizó una conferencia de prensa, declarando que las personas se habían dispararon entre ellos, los golpistas inventaron que querían explotar la Planta de Gas de Senkata, no sabían cómo justificar los delitos que habían cometido y que ahora la justicia los persigue uno por uno. No olvidemos que el 14 de noviembre, Jeanine Añez junto a su gabinete, promulgó el Decreto Supremo N° 4078 (llamado “Decreto de la Muerte”) otorgando impunidad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Boliviana; precisamente en cumplimiento de este Decreto ocurrieron las masacres en Senkata, Sacaba y el Pedregal.

Ingresando al debate de qué juicio merecería Añez, el mismo se inició al momento de su detención en marzo de 2021; entonces se discutía si la deberían procesar en un Juicio de Responsabilidades (Privilegio) o un Juicio Ordinario, por el último se argumentó que la imputada no tuvo una asunción constitucional; existió una autoproclamación vulnerando la Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Cámara de Senadores; no llegó a contar con ninguna credencial que es otorgada por el Tribunal Electoral Plurinacional; no cumplió con el formalismo requerido para la posesión de Presidentes o Presidentas Constitucionales; y por sobre todo, los delitos de lesa humanidad (entre los que se encuentra el genocidio), conforme Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no deben contar con ningún tipo de privilegio o fuero. Con estos argumentos, Jeanine Añez, está siendo procesada por la Vía Ordinaria en un Juzgado Anticorrupción de La Paz, por la designación irregular de Karina Leiva Añez como Gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos – EBA, en mayo de 2020, cuando Añez se encontraba de Presidenta de Facto e Inconstitucional; la Jueza de la causa procesal, se declaró competente y rechazaron todos los incidentes planteados por la defensa de la imputada. Entre los principales argumentos de la competencia de la Jueza señaló que Áñez: “No acreditó de manera documentada” –que en 2019, tras la renuncia de Evo Morales– “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”. En ese marco, justificó que: “La asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley N° 044. El Tribunal de Alzada argumentó que: “ninguna persona puede autoproclamarse Presidenta o Presidente y menos atribuirse mandatos para los que no fue designada y/o elegida”, siendo que esto infringe los postulados de la Constitución Política del Estado.

El 24 de enero de 2023, el Juez de la causa de los asesinatos cometidos en Senkata de la ciudad del El Alto, durante el gobierno de Facto de Jeanine Añez, declaró tener competencia para conocer el proceso y llevarla a Juicio Ordinario por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves. Se ratificó así el primer Suceso Histórico del caso EBA, marcando nuevamente jurisprudencia nacional e internacional, enviando el mensaje que ninguna persona volverá a autoproclamarse como Presidenta de un Estado y asumir funciones que no le fueron delegadas y/o designadas; y que además quiera gozar de un privilegio (el Juicio de Responsabilidades) que únicamente es para los Presidentes elegidos por la vía democrática y constitucional. Ante esta situación, un Ex Presidente de Bolivia (Eduardo Rodríguez Veltzé), señaló que hay un desconocimiento y vulneración abierta a la Constitución, mencionando que las competencias se encuentran establecidas en la Constitución Política del Estado, dando entender que Jeanine Añez, debería ser juzgada por un Juicio de Responsabilidades. Definitivamente con total desconocimiento de la realidad y de los hechos, el Ex Presidente, no dice nada de los delitos de lesa humanidad y que estos no cuentan con fuero o privilegio para su juzgamiento; asimismo, se olvida que ya existió una Resolución anterior por el Caso de EBA; tampoco menciona qué articulados infringió el Juez que se declaró competente; igualmente señala que existiría un desprecio a las víctimas del 2019. Es que ese desprecio para el Ex Presidente, seguramente es el estancamiento de un proceso de mínimo 10 años, como sucedió con el Juicio de Responsabilidades en contra del dictador Luis García Meza que comenzó en 1984 y culminó en 1993 y que se efectuó con la antigua y vetusta Constitución, por los delitos cometidos en la época de dictadura. Por último, al ex presidente habría que recordarle que Jeanine Añez, no cumplió con los Artículos 166 y 169 de la Constitución Política del Estado, por lo que nunca fue proclamada y posesionada como Presidenta Constitucional.

Coincidiendo con el expresidente de derecha, una ex Diputada del MAS del año 2019, da a entender que Jeanine Añez debería contar con un Juicio de Responsabilidades. A ambos personajes les pregunto: ¿Qué documentos son acreditables para ser Presidente o Presidenta Constitucional? ¿Será que cuenta con estos documentos Jeanine Añez? ¿Será que Jeanine Añez, cumplió con el Reglamento de la Cámara de Senadores? ¿La banda presidencial la colocan en la Asamblea Legislativa o lo puede hacer un militar? ¿Cumplió con lo establecido en la norma suprema? ¿Debería irse a un Juicio de Responsabilidades, al igual que podría irse Carlos D. Mesa o algún otro ex Presidente Constitucional? ¿Por qué le dan la misma categoría de Presidenta de Facto y Presidenta Constitucional?, Lo que si estoy seguro, es que Jeanine Añez no cumplió con lo establecido en la norma suprema y normas conexas como ha definido la Sentencia Constitucional 0052/2021, para determinar que merezca un Juicio de Responsabilidades.

Con la detención y enjuiciamientos de Jeanine Añez y de Luis Fernando Camacho, tenemos que exigir llevar a la justicia a Carlos D. Mesa (Presidente del Partido Político, Comunidad Ciudadana), Samuel Doria Medina (ex aspirante a la Vicepresidencia de Jeanine Añez, por la agrupación Política, JUNTOS), Jorge Quiroga (ex Vicepresidente del dictador fallecido, Hugo Banzer Suarez), Oscar Ortiz (ex candidato a la Presidencia por la Coalición “Bolivia Dijo No”), Ricardo Paz (asesor de Carlos D. Mesa), Waldo Albarracín (ex Rector y candidato a la Alcaldía por la Ciudad de La Paz), Aurelio Pesoa (obispo), Giovani Arana (monseñor) y León de la Torre (ex Embajador de la Unión Europea) y a todos los que directa o indirectamente fueron cómplices y autores de las acciones violentas que suscitaron en quema de casas, 38 asesinatos, miles de heridos y detenidos arbitrariamente.

AHORA TOCA EL TURNO DE ENJUICIAR A LOS RESPONSABLES DE LAS MUERTES DE SACABA Y EL PEDREGAL.

*Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.

Asesino de Jerhy Rivera es sentenciado a 22 años y 15 días de cárcel y 6 meses de prisión preventiva

Comunicado de Prensa CLSS

Miércoles 1 de febrero de 2023. El Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas dió a conocer la parte resolutiva de la sentencia en contra de Juan Eduardo Varela a quien impusieron 22 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y portación ilegal de arma permitida ambos en concurso ideal en contra de Jerhy Rivera Rivera, 15 días por amenazas agravadas en contra de Melisa Garbanzo y 6 meses de prisión preventiva.

En una explicación breve de la sentencia el Juzgado tuvo por acreditado que Varela Rojas actuó con alevosía, que Jerhy estaba sujetado, golpeado y disminuido por dos sujetos cuando el hoy condenado le disparó por la espalda; por lo que el ente juzgador no tiene como probado el argumento de la legítima defensa.

Además, el ente juzgador tiene por acreditado que la turba en la que se encontraba Varela tenía la intención de quemar la casa de la testigo Melisa Garbanzo y que esta fue amenazada con arma de fuego por Varela.

Teniendo en cuenta estos elementos probados, no comparte la Coordinadora de Lucha Sur Sur que se le hayan impuesto las penas mínimas de 20 años por el homicidio calificado, 2 años por portación ilegal de armas y 15 días por las amenazas, no hay congruencia entre lo que dijo tener el Juzgado por acreditado y las penas mínimas impuestas.

Ante el arraigo endeble de Varela Rojas, el Juzgado impuso 6 meses de prisión preventiva al considerar un peligro de fuga inminente.

La lectura íntegra de la sentencia será el 8 de febrero, donde se darán los detalles de lo resuelto por el Juzgado.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur considera que esta sentencia significa un paso importante contra la impunidad que ha imperado ante las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que viven los Pueblos Originarios, sin embargo, hay muchos casos pendientes, muchos agresores libres y muchas amenazas contra estos Pueblos que continúan en una vergonzosa impunidad.

Este fallo judicial reafirma y demuestra de qué parte se ejerce la violencia, el odio y el racismo.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con las penas mínimas impuestas por el Juzgado y esperamos la explicación del porqué de las mismas y que las instancias respectivas del Poder Judicial establezcan las responsabilidades penales correspondientes a quienes ofrecieron falsos testimonios por parte de la defensa del hoy condenado.

Así mismo exigimos justicia para Sergio Rojas, su familia, el Pueblo Bribri de Salitre y todos los Pueblos Originarios del país.

Nos solidarizamos y enviamos un gran abrazo a la familia Rivera y al Pueblo Brörán.

Coordinadora de Lucha Sur Sur. https://www.facebook.com/111882987093775/posts/pfbid0qX7P8biWLEpMja1fRY8HcLEowrMADdCskTUzrAsU8x2xLkCVDSFcfPsC46oBX71gl/?mibextid=Nif5oz

Cumbre por la paz: propuestas ciudadanas ante desafíos binacionales

La Cumbre por la Paz son discusiones ciudadanas desde un enfoque binacional que buscan la construcción de una ruta alternativa de base local y comunitaria entre México y Estados Unidos. El resultado será compartido en febrero en la Cumbre Binacional en reuniones con representantes de los gobiernos de los dos países, con la expectativa de que sean incorporadas en el diseño de acciones bilaterales conjuntas

Por ReverdeSer Colectivo

Los días 9, 10 y 11 de enero, Ciudad de México fue sede de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, durante la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a sus homónimos de Canadá y Estados Unidos. La visita se realizó con el objetivo de construir acuerdos significativos para la región en materia de integración y desarrollo económico, migración y movilidad, seguridad, salud, cambio climático, medio ambiente e inclusión racial.

La última vez que se discutieron estos temas de manera trilateral fue en noviembre de 2021, desde entonces el contexto político, económico y social global ha sido impactado por la guerra en Europa y la crisis económica, energética y humanitaria que esta conlleva, en este tiempo también los rezagos de la pandemia por covid-19 se mantienen vigentes.

Asimismo, en América Latina y otras partes del mundo se experimentan flujos de migración y desplazamiento forzado sin precedentes. México, al ser un país de origen, tránsito y destino de la migración hacia Estados Unidos y Canadá, vive de manera directa los impactos en los cambios de la política migratoria en estos países. 

Es significativo que previo a la reunión, el mandatario estadounidense presentará un nuevo plan fronterizo para el beneficio de hasta 30 mil personas con origen en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que serán retenidas en territorio mexicano. Por su parte, en México se realizó la captura de Ovidio Guzmán en el estado de Sinaloa, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, identificado como presunto líder del cártel de Sinaloa y el supuesto principal responsable del flujo de fentanilo en la región. 

En declaraciones públicas, el presidente Joe Biden mencionó que uno de los primeros puntos de su reunión fue “mantener América del Norte como la región económica más próspera y fuerte del mundo”; planteó el reto de la enorme ola migratoria, y la relevancia de continuar la cooperación internacional para detener y combatir el tráfico ilícito de drogas:

“En los últimos seis meses nuestras patrullas conjuntas [sic.] en México han resultado en el arresto de más de siete mil contrabandistas de personas. Hemos incautado más de 20 mil libras del mortal fentanilo en la frontera, y hoy hablamos de cómo los tres podemos seguir profundizando y fortaleciendo nuestro esfuerzo compartido para frenar el tráfico del fentanilo, incluyendo ir en pos de los químicos precursores usados para sintetizar esta droga. Vamos en pos de los laboratorios y de los lugares donde se almacenan las drogas”.

Al cierre del encuentro, este espacio de diálogo de alto nivel dejó fuera de la agenda temas fundamentales como lo son las responsabilidades en materia energética derivadas del T-MEC (Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá), la situación de las personas periodistas en México y la crisis en materia de derechos, entre otros. Sin embargo, ha motivado de manera paralela una serie de discusiones ciudadanas desde un enfoque binacional, que buscan la construcción de una ruta alternativa de base local y comunitaria, llamada Cumbre por la Paz.

Esta iniciativa es convocada y organizada por más de cuarenta organizaciones sociales e integrantes de diversas comunidades y movimientos sociales en México y Estados Unidos, con el objetivo de cultivar y catalizar un movimiento transfronterizo de sociedad civil y sectores progresistas que revise la situación actual de violencia y proponga soluciones a la creciente desigualdad y a la crisis de derechos humanos que afectan a la región.

Frente a este diálogo de alto nivel, se entregó una carta a los mandatarios y se llevaron a cabo diversos encuentros en preparación para la Cumbre Binacional por la Paz, que se realizará el próximo 23 de febrero. En ellos participaron amplios sectores sociales que no suelen tener una participación activa en la agenda de las relaciones internacionales; tradicionalmente centrada en actores gubernamentales y élites económicas. Además de lograr un intercambio de perspectivas y propuestas para problematizar las implicaciones de la construcción de paz desde la mirada de la ciudadanía organizada.

Foros preparativos hacia la Cumbre 2023

Los foros o reuniones preparativas hacia la Cumbre se realizaron en ciudades nodales de México y Estados Unidos entre septiembre de 2022 y enero de 2023. Estos espacios detonaron una serie de encuentros, diálogos e intercambios encaminados a la construcción de diagnósticos con propuestas de solución. Las reflexiones se orientaron a identificar expresiones de violencias en ambos territorios; reconocer el papel de los gobiernos en su transformación, y articular un movimiento entre contrapesos políticos desde la base social. En estos espacios se congregaron activistas, víctimas, grupos sociales, comunidades, instituciones y organizaciones civiles. 

En representación de víctimas y pueblos afectados por la violencia que atraviesa la región, en el circuito de diálogos participaron: Jordan Giger, Odilia Romero, Melissa Iakowi:he’ne’ Oakes, Luis Jonathan Hernández, Cristina Bautista Salvador y Grisel Bello Cuecuecha. Estas personas han fungido como la vocería oficial de la Cumbre, elegidas por su amplia trayectoria de lucha y movilización social, para transmitir las demandas colectivas ante la crisis migratoria, la degradación del medio ambiente, la violencia armada, el abuso policial, la impunidad y otras formas de opresión en contra de los pueblos originarios, indígenas, personas afrodescendientes, racializadas, migrantes y defensoras del territorio.

“Una lucha: desde las calles del Bronx a las montañas de Guerrero”

El primer diálogo ocurrió el 24 de septiembre de 2022 en la “Casa de los Pueblos”, ubicada en el Bronx, New York, un barrio conocido por la recepción de comunidades inmigrantes de origen latino desde el siglo pasado. En este encuentro se discutió la creciente división entre grupos latinoamericanos y afrodescendientes; los enfrentamientos con armas de fuego entre estos grupos; la marginación y criminalización de las juventudes racializadas; la necesidad de reconciliación y solidaridad entre pueblos; la violencia lingüística por parte de las instituciones; el machismo hacia las mujeres en espacios organizativos; la reorganización de los pueblos y las luchas compartidas; así como la urgencia de procesos de verdad en el acceso a la justicia de crímenes cometidos por autoridades Estatales.

“Uniendo nuestras voces: derechos humanos sin fronteras”

Los siguientes diálogos se realizaron en formato híbrido entre el 24 y el 29 de octubre de 2022 en San Francisco y Los Ángeles en California. La discusión se centró en los efectos del capitalismo y la división que provoca entre los pueblos. Asimismo, se profundizó con mayor detalle en la relación que existe entre la violencia armada y el tráfico ilícito de drogas; especialmente debido a la presencia del crimen organizado y su complicidad con ambos gobiernos. Cristina Bautista, vocera de la Cumbre y madre de Benjamín Ascencio Bautista, normalista desaparecido en 2014, explicó las convergencias entre estas problemáticas y la opacidad en el caso Ayotzinapa. El ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR, Omar Gómez Trejo, agregó que hay evidencia del nexo entre estos grupos y el ejército mexicano. Para él “no puede haber justicia sin la mano de las víctimas”

Diálogos cruzados: experiencias en México

Los foros preparativos hacia la Cumbre llegaron a nuestro país a finales de noviembre del año pasado. Las ciudades que albergaron estos encuentros fueron: Tepoztlán, Tijuana y Ciudad de México. Estos diálogos se coordinaron de forma autónoma y descentralizada por medio de un Comité organizador compuesto por diversas organizaciones. Los temas a reflexionar, metodologías y dinámicas de participación fueron preparadas en una lógica colectiva y cooperativa. En los foros se compartió un mensaje de la vocería oficial, se cruzaron miradas entre diversos actores sociales y se posicionaron temas prioritarios en la agenda de derechos humanos para generar insumos que den pie a un programa binacional. 

“Tejiendo resistencias, construyendo la paz”

El primer diálogo de este lado de la frontera se realizó el 28 de noviembre de 2022 en Casa Tecmilco, localizada en Tepoztlán, Morelos. La fecha del encuentro coincidió con el inicio de la VII Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se realizó del 27 de noviembre al 9 de diciembre, también en el estado de Morelos. En este espacio participaron frentes de lucha y resistencia locales y de estados colindantes: Guerrero, Puebla y Tlaxcala. La conversación se organizó en círculos de palabra donde se expusieron los efectos de la violencia. Los temas tratados fueron: la defensa del agua y territorio, la militarización, la desaparición forzada, el desplazamiento interno, la impunidad, la trata de personas, el extractivismo, el colonialismo, las injusticias y las desigualdades. Durante el cierre, representantes de víctimas y colectivos de desaparición forzada exigieron la presentación con vida de sus seres queridos.

“Por la paz sin fronteras”

El segundo espacio de diálogo se celebró el 2 de diciembre en Espacio Migrante, ubicado en Tijuana, Baja California. En este encuentro la discusión se enfocó en la violencia y los retos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, las y los periodistas, las comunidades de migrantes, indígenas y de la diversidad sexual. Las problemáticas se englobaron en la discriminación, el odio racial, el abuso policial, la injusticia lingüística, los derechos laborales, la criminalización y la censura de la prensa por parte de autoridades y del crimen organizado. Al término de la jornada, se realizó una misa en el muro fronterizo donde comunidades de fe y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos enviaron un mensaje de esperanza y justicia por las más de cien mil personas desaparecidas en México, cuyos registros oficiales datan desde 1964. 

“Retos para la construcción de paz”

El último foro preparatorio sucedió el 19 de enero del año en curso en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El diálogo fue coordinado desde la Red #PazSinArmas y se dividió en tres momentos. En la mesa de apertura se dio una lectura general de la trayectoria de la Cumbre y de la situación que vive nuestro país. Las mesas se organizaron en cuatro ejes temáticos y atendieron temas relacionados con la violencia armada: militarización, política de drogas, movilidad humana y defensa de derechos humanos. Los diálogos se basaron en preguntas detonadoras y se enmarcaron en temporalidades para facilitar las participaciones. Los efectos de la militarización, las violaciones a derechos humanos y los crímenes de Estado cometidos en nombre de la mal llamada “guerra contra las drogas” fueron algunas de las problemáticas con mayor resonancia. Finalmente, se abrió una plenaria donde se expusieron y votaron las propuestas de solución.

Hacia una articulación y agenda binacional

La Cumbre por la Paz es una iniciativa de movimiento transfronterizo que tiene por objeto fortalecer la lucha social en el cual la presencialidad y las nuevas tecnologías fueron decisivas para permitir un diálogo interseccional, el cruce de miradas, así como la compartición de historias de vida y de resistencia binacional. 

En las ciudades y comunidades consultadas se ubicaron problemáticas análogas ligadas a sistemas de opresión y dinámicas de violencias que van más allá de los territorios y que deben ser incluidas en una agenda política transnacional centrada en la paz. Estas expresiones responden en buena parte a las secuelas del neoliberalismo, economías volátiles, gobiernos débiles, y conflictos y guerras locales, para las que la construcción de alternativas de base local resultan fundamentales.

En ese sentido, cabe resaltar que el producto de estas experiencias compiladas y las propuestas generadas, serán compartidas como insumos finales en la Cumbre Binacional a realizarse el próximo mes, con la intención de socializarlas  en reuniones puntuales con representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos, con la expectativa de que sean incorporadas en el diseño de acciones bilaterales conjuntas por parte de ambos Estados.

 

Publicado en https://piedepagina.mx y compartido con SURCOS.

CLSS compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

La delegación de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compareció la tarde de este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. La comparecencia se dió en el marco de la investigación legislativa «Realidad de los Pueblos Indígenas» expediente 23303 que realiza dicha Comisión. 

Los voceros de la Coordinadora de Lucha Sur Sur se refirieron a las agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios del Sur de Costa Rica, a la luz de los Informes que la CLSS ha elaborado para los años 2020 y 2021 y que la Comisión Legislativa conoce.

Las exposiciones se centraron en los temas de Espiritualidad e Identidad, Tierra – Territorios, Organizaciones Propias y Gobernanza y Seguridad.

Los voceros se refirieron al desconocimiento por parte de la institucionalidad pública de la cultura, historia e identidad de los Pueblos Originarios, lo que genera tratos discriminatorios y racistas.

También recordaron, con pruebas, que el Estado de Costa Rica es responsable por la violación sistemática de los derechos humanos de estos Pueblos, como por ejemplo, en el caso de la ocupación ilegal de sus Territorios por parte de personas no indígenas.

Señalaron, además, que se han dado reiteradamente agresiones masivas o en turbas contra estos pueblos, lo que denota una organización y financiamiento de estas agresiones. El asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz del pueblo Bribri de Salitre (2019) y Jerhy Rivera Rivera del pueblo Brörán de Térraba (2020) son ejemplos de la inacción y complacencia del Estado.

En esta semana se está desarrollando el juicio por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera en los Tribunales de Pérez Zeledón; asesinato que se dió en medio de un ataque masivo al Territorio Brörán, mientras Rivera defendía procesos de recuperación de tierras.

También denunciaron que la Mesa Técnica Interinstitucional sobre pueblos indígenas que creó la actual administración, es una «mesa más» sin rumbo claro, sin sustento económico y con un gran desconocimiento de la realidad de estos Pueblos.

Por último señalaron, que la resolución de la Sala Constitucional del 19 de octubre anterior, afirma contundentemente que toda persona no indígena que adquirió tierras dentro de los territorios indígenas es poseedor de mala fé, no tiene derecho a indemnización alguna y todas esas compras y ventas son absolutamente nulas; queda como camino que el Ejecutivo realice los desalojos administrativos priorizados en cada territorio por organizaciones propias, y que en materia judicial las resoluciones se apeguen a lo establecido por la Sala Constitucional.

Compartido con Surcos por la Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Para más información ingrese al siguiente enlace: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/pfbid02yApu5hYkJyeh2d11psjFx7PMz45w4rH34f2aa7pisfD4Z3nj42ncoAfd3H6ZcmNJl/?mibextid=Nif5oz

Finaliza debate del juicio por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, mañana miércoles se conocerá la parte dispositiva de la sentencia

Comunicado de prensa

Martes 31 de enero de 2023. El día de hoy a las 9 de la mañana terminó el debate del juicio por el asesinato por razones políticas de Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba.

Ayer lunes ofrecieron sus conclusiones el Ministerio Público, la parte querellante que representa a la familia Rivera e inició la defensa del imputado Jorge Eduardo Varela, quienes concluyeron el día de hoy.

Mañana miércoles 1ro de febrero se conocerá la parte dispositiva o por tanto de la sentencia, por lo que se sabrá si el imputado es absuelto o condenado y la o las penas impuestas, la sentencia integral se conocerá en 5 días hábiles.

Todas las partes podrán apelar o recurrir el fallo del Juzgado Penal de Buenos Aires en caso de estar disconforme con el mismo.

Tanto el Ministerio Público, como la parte querellante solicitaron la pena máxima de 35 años para Varela por el delito de homicidio calificado, 4 años por portación ilegal de arma permitida y 30 días por amenazas, también, solicitaron prisión preventiva para Varela al considerar que existe peligro de fuga; por su parte la defensa del imputado alega legítima defensa como causa de justificación.

El abogado de la familia Rivera, John Brenes Rodríguez, insistió ayer que el asesinato de Jerhy se dio en un contexto de agresiones e invasión del Territorio Brörán de Térraba, en el que Jerhy estaba defendiendo su tierra – Territorio, su familia y su Pueblo.

¡Justicia para Jerhy, su familia y el Pueblo Brörán de Térraba!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Día Escolar de la No Violencia y la Paz

30 de enero

El hogar y la escuela juntos enseñan la paz

El día 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz y se conmemora el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi (India, 1869-1948). Gandhi fue un líder pacifista que defendió y promovió la no violencia al rechazar de forma tajante, cualquier tipo de violencia o maltrato contra los seres vivos y desdichadamente, fue asesinado por defender estas ideas.

El objetivo de recordar este día, es que todos los centros educativos de nuestros niños, niñas y adolescentes promuevan ambientes defensores de la paz e incentiven dentro de sus aulas una cultura dedicada a la no violencia en ninguna de sus formas, sea tanto física como verbal.

En la actualidad, hablar con nuestros niños sobre la importancia de fomentar la paz, es fundamental. Estamos viviendo situaciones que sólo hace unos pocos años llegamos a considerar que serían impensables. Entre ellas, el desarrollo de la guerra Rusia versus Ucrania y numerosas situaciones trágicas ocurridas en años recientes donde niños inocentes pierden la vida ante el uso de violencia desmedida dentro de un ambiente seguro como su propia escuela. El ejemplo más reciente, es lo ocurrido en EUA donde un niño de sólo 6 años le disparó a su maestra por haber tenido un desacuerdo con ella: ¿Cómo puede ser esto posible? Sin duda, como adultos responsables del cuidado de nuestros niños debemos preocuparnos y analizar más allá: ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?

La paz no solamente se siembra en las escuelas, más importante aún, se siembra en el seno de cada uno de nuestros hogares. Mientras el niño crece, es dentro de su familia donde el niño aprende cómo comunicarse con otros niños y con los adultos, cómo comportarse durante las diferentes circunstancias de la vida (sean experiencias positivas o negativas) y cómo interactuar con los demás para ser parte de una sociedad. Debemos recordar que cuando el niño inicia ya el primer año de la escuela, cerca de los 6 años, está madurando y desarrollándose como persona pues imita las acciones de socialización de los padres e incorpora los valores morales trasmitidos. Es por esta razón que la responsabilidad de los adultos que cuidan a los niños durante estos primeros años de la infancia es tan importante. Sin duda alguna, la paz inicia y termina en casa.

Una educación inspirada en una cultura de la no violencia y paz, permite que los niños adquieran los conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas (UNICEF, 2020).  Enseñar a nuestros niños y adolescentes herramientas valiosas para una adecuada convivencia, no sólo les ayudará a aprender a vivir en armonía con los demás, sino también en el desarrollo de su vida profesional a futuro. Entre ellas, están las habilidades blandas, también conocidas como “habilidades de las personas” o bien “habilidades interpersonales”. Al contrario de las habilidades duras, las habilidades blandas son una combinación de habilidades humanas, subjetivas y no cuantificables que juegan un papel esencial en la forma que nos relacionamos e interactuamos con otras personas.

En conmemoración de esta fecha, deseo destacar 5 habilidades blandas que si las enseñamos y fomentamos en nuestros niños y adolescentes, tanto en el hogar como en la escuela, serán “semillas de la paz” para las futuras generaciones:

  1. Empatía: Permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de la nuestra, es la habilidad de aprender a “ponerse en los pies del otro”. Es enseñar a los niños sobre el significado de desarrollar el valor de la sensibilidad para con los demás, que interioricen y apliquen en su forma de vivir la frase de Confucio que una y otra vez, nos decía mi papá cuando éramos pequeños: “No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”.
  2. Habilidades de comunicación:En estos tiempos donde existe tanta globalización y la comunicación es tan diversa gracias a los medios tecnológicos y digitales, el saber comunicarse de forma asertiva es primordial. Enseñar a los niños a escuchar activamente a los demás y a que desarrollen estrategias de negociación durante las diferentes circunstancias de la vida, les dará un mundo abierto a un sin fin de posibilidades de crecimiento y a nunca dejar de aprender.
  3. Tolerancia: Es promover el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras. Es un derecho de la infancia y de toda la humanidad el lograr desarrollar un adecuado entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar. El lograr que nuestros niños y adolescentes desarrollen habilidades pacíficas de resolución de conflictos hará sin duda que el uso de la violencia no forme nunca parte de sus vidas.
  4. Respetar los derechos de los demás: Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las personas también tienen responsabilidades; así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás (UNICEF, 2015). Es enseñarle a los niños y adolescentes la frase del filósofo Jean-Paul Sartre: «Mi libertad se termina dónde empieza la de los demás”.
  5. Trabajo en equipo: Aprender a ser un líder positivo y saber trabajar en equipo son hoy en día habilidades indispensables para todos. En 1964, Robert Greenleaf fundó el llamado “liderazgo servicial” o  “liderazgo compasivo”, el cual es un enfoque de liderazgo en el que ayudar a los demás está por encima de todas las demás prioridades. En lugar de gestionar para obtener resultados, un líder servicial se centra en crear un entorno en el que su equipo pueda prosperar y realizar su labor de la mejor forma posible. Por el contrario, si enseñamos a nuestros niños y adolescentes a ser individualistas, difícilmente serán líderes serviciales. El promover el conocimiento, la comprensión y la práctica de la importancia del trabajo en equipo en nuestros niños y adolescentes, sea con sus propios hermanos como con sus amigos y compañeros de clase, fomentará la búsqueda de objetivos comunes, el sentido de lealtad, seguridad y alta autoestima. Lo anterior, llevará a que se esfuercen por mantener relaciones positivas dentro y fuera de sus grupos de pares y siempre serán voces que mitiguen las expresiones o acciones negativas dirigidas hacia los demás.

Como madres, padres, hermanos, cuidadores, maestros y educadores los invito a construir con los niños y adolescentes el camino hacia la paz y la no violencia y así hacer un mundo mejor para aquellos que vendrán detrás. Como una vez dijo Mahatma Ghandi: «Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo.»

Dra. Hazel M. Gutiérrez Ramírez

Pediatra. Especialista en Cuidado Paliativo Pediátrico y Bioeticista

Invitada de ACANAMED

 

Imagen ilustrativa.

Mujeres por Costa Rica suscribe llamado para mantener en corriente legislativa el proyecto Acuerdo de Escazú

El Colectivo Mujeres por Costa Rica suscribe la carta de solicitud a los señores diputados y diputadas para mantener en la corriente legislativa el proyecto conocido como Acuerdo de Escazú.

Lunes 30 de enero de 2023

Señoras/es diputadas/os

Asamblea Legislativa de Costa Rica

Asunto: Expediente legislativo N° 21.245.

Reciban un cordial saludo de parte de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a impulsar el ejercicio de los derechos humanos en materia ambiental y climática en Costa Rica y la región.

Nos mantenemos al tanto de que se acerca la fecha de finalización del periodo cuatrienal para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, «Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ Acuerdo de Escazú”.

Como es sabido por ustedes,

En marzo del 2018, se firma en Escazú este acuerdo regional, gracias al auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como una importante   participación de la sociedad civil.

En la Sesión Ordinaria N° 135, el 13 de febrero de 2020, se aprobó en primer debate, y por unanimidad de votos.

Por medio del informe AL-DEST-CJU-031-2020, del 22 de junio de 2020, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos indicó que el vicio de procedimiento señalado por la Sala Constitucional en la resolución 2020-006134 fue subsanado y recomienda al plenario la aprobación en segundo debate.

En el 2021, en contra de su propia jurisprudencia, la Sala Constitucional puso un freno al proceso de ratificación, ocasionando que la Asamblea Legislativa deba convocar el proyecto a un nuevo primer debate.

Desafortunadamente, cada día que en nuestro país no está en vigor el Acuerdo de Escazú, perdemos la oportunidad de:

Asegurar la toma de decisiones en asuntos ambientales de forma participativa e inclusiva, y manteniendo la igualdad, crecimiento económico sólido y desarrollo sostenible para todas las personas.

Garantizar una participación plena y democrática en el desarrollo de proyectos con potencial impacto ecológico, para que los defensores y defensoras ambientales estén protegidos en un marco de derecho a participación y acceso a justicia, si así es requerido.

Generar certeza y estabilidad en las inversiones nacionales y extranjeras, tal y como lo destacaron representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en nuestro país en marzo de 2022.

Que el Estado costarricense mejore sus estándares en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con un amplio margen de discrecionalidad y de acuerdo con nuestras posibilidades (artículo 13), siendo incluso que, en varios temas, remite directamente a la legislación interna de los Estados Parte (artículos 4.3, 5.5, 5.6, 5.13, 6.2. 6.9, 7.12, 7.15, 8.2, 8.3.c.).

Atender el criterio de diversos sectores que se han expresado a favor, entre ellos las universidades públicas, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, diecisiete concejos municipales y organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas, Unión Europea, OCDE, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el BID.

Prevenir la violencia y mejorar el acceso a la justicia. Entre 1975 y 2020, un total de trece defensoras y defensores del ambiente fueron asesinados en nuestro país, mientras las personas que están involucradas en actividades de defensa de los territorios viven en un estado constante de intimidación, ataques y criminalización, particularmente en las áreas rurales y costeras, y en los territorios indígenas.

Seguir las recomendaciones del informe de la relatoría de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la visita in situ a Costa Rica, publicado el pasado 28 de septiembre del 2022. Donde se recomienda al Estado costarricense ratificar el Acuerdo para proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado.

Mostrarnos más consistentes y coherentes con la imagen internacional que proyectamos en materia de derechos humanos y ambiente.

Es por lo anterior que todos los aquí firmantes hacemos un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que:

Favorezcan una discusión acerca del Acuerdo sana, abierta y basada en evidencia.

Voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente.

Mantengan en la corriente legislativa dicho expediente.

Ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.