CLSS compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

La delegación de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compareció la tarde de este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. La comparecencia se dió en el marco de la investigación legislativa «Realidad de los Pueblos Indígenas» expediente 23303 que realiza dicha Comisión. 

Los voceros de la Coordinadora de Lucha Sur Sur se refirieron a las agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios del Sur de Costa Rica, a la luz de los Informes que la CLSS ha elaborado para los años 2020 y 2021 y que la Comisión Legislativa conoce.

Las exposiciones se centraron en los temas de Espiritualidad e Identidad, Tierra – Territorios, Organizaciones Propias y Gobernanza y Seguridad.

Los voceros se refirieron al desconocimiento por parte de la institucionalidad pública de la cultura, historia e identidad de los Pueblos Originarios, lo que genera tratos discriminatorios y racistas.

También recordaron, con pruebas, que el Estado de Costa Rica es responsable por la violación sistemática de los derechos humanos de estos Pueblos, como por ejemplo, en el caso de la ocupación ilegal de sus Territorios por parte de personas no indígenas.

Señalaron, además, que se han dado reiteradamente agresiones masivas o en turbas contra estos pueblos, lo que denota una organización y financiamiento de estas agresiones. El asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz del pueblo Bribri de Salitre (2019) y Jerhy Rivera Rivera del pueblo Brörán de Térraba (2020) son ejemplos de la inacción y complacencia del Estado.

En esta semana se está desarrollando el juicio por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera en los Tribunales de Pérez Zeledón; asesinato que se dió en medio de un ataque masivo al Territorio Brörán, mientras Rivera defendía procesos de recuperación de tierras.

También denunciaron que la Mesa Técnica Interinstitucional sobre pueblos indígenas que creó la actual administración, es una «mesa más» sin rumbo claro, sin sustento económico y con un gran desconocimiento de la realidad de estos Pueblos.

Por último señalaron, que la resolución de la Sala Constitucional del 19 de octubre anterior, afirma contundentemente que toda persona no indígena que adquirió tierras dentro de los territorios indígenas es poseedor de mala fé, no tiene derecho a indemnización alguna y todas esas compras y ventas son absolutamente nulas; queda como camino que el Ejecutivo realice los desalojos administrativos priorizados en cada territorio por organizaciones propias, y que en materia judicial las resoluciones se apeguen a lo establecido por la Sala Constitucional.

Compartido con Surcos por la Coordinadora de Lucha Sur Sur.

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