Óscar Espinoza con la participación de Rubén Golcher lanzan la canción “Hacia el Universo”. Ésta crea un relato a partir de la violencia y los sucesos negativos que han sucedido en el mundo.
Óscar Espinoza envía el siguiente mensaje: “Les comparto esta nueva canción que acabo de publicar. Un tema que reivindica la conquista de los derechos humanos y la vigilia por su cumplimiento. Con la valiosa colaboración en las guitarras de Rubén Golcher”.
Estamos viendo consternados e impotentes lo que viene ocurriendo en el cercano oriente la forma más descarnada de violencia se expone ante nuestros ojos, esta escalada diaria ya ha traído como consecuencia personas inocentes secuestradas, la muerte de cientos de ciudadanos civiles y de niños en Palestina e Israel en circunstancias injustificables. En el caso palestino algunos analistas inclusive mencionan que lo que se estaría constituyendo en Gaza es el delito que en el Derecho Internacional se conoce como genocidio contra el pueblo palestino ¡Nos negamos a permanecer callados frente a este tipo de barbarie!
Lo que vemos son bandos extremos enfrentados incapaces de entenderse, en el medio a la población que sufre las consecuencias y en la sombra a quienes lucran con la violencia y hacen sus cálculos respecto a cuánto ganan con esta guerra, a los fabricantes de armas, reconstructores, a la banca financiera, y a quienes toman decisiones geopolíticas que los benefician. Vemos pues que mientras los bandos se enfrentan y otros se benefician las grandes mayorías, los ciudadanos de a pie sufren las desastrosas consecuencias que vemos ante nuestros ojos.
Hurgar en las razones que han llevado a las partes en conflicto a esta guerra sin sentido puede ser largo y tedioso y ser fuente de división entre quienes lo único que aspiramos es a un mundo sin violencia en la que podamos ver en el vecino y en el “enemigo” a otro ser humano como nosotros con aspiraciones y esperanzas de que un mundo mejor es posible. Sabemos sin embargo que si no superamos el miedo al otro y damos pasos a la reconciliación personal y social no superaremos esta etapa de la historia humana.
El Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización hace un llamado a la ciudadanía a la necesidad de poner por delante el sentido común, a dejar los bandos en los que nos vemos arrastrados y que nos llevan a justificar acciones indeseables y por el contrario levantar la bandera de la paz y la noviolencia activa colocando la vida humana en el centro de nuestras aspiraciones. Invitamos a accionar en nuestro medio inmediato difundiendo el mensaje de la paz y la acción noviolenta en todas las organizaciones sociales e instituciones, clubes, colectivos, grupos, ciudadanos indignados y sensibles; igualmente agradecemos las acciones que vemos en favor de la paz y el respeto a la vida humana desde los pueblos de Israel y Palestina; y en especial a imaginar que otro mundo es posible.
¡Acciona por la noviolencia, la Paz y el respeto por la Vida Humana!
Según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2021 se registró casi doce millones de personas privadas de libertad a nivel mundial.
Expertos internacionales analizarán desde Costa Rica los principales retos para abordar de manera integral la prevención de tortura y vulneración de derechos.
Mediante el encuentro internacional de la Asociación de Defensorías Públicas de América Latina y el Caribe (AIDEF), expertos y especialistas, examinarán las principales problemáticas que enfrentan las personas privadas de libertad en la región y el desarrollo de políticas públicas para prevenir la vulneración de sus derechos.
Según datos del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, al 12 de noviembre del 2023, nuestro país alberga una población carcelaria de 15635 personas en el sistema cerrado y 2205 personas en el sistema semi institucional.
Al 30 de junio del 2023, la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública de Costa Rica, reportó un circulante de 7617 causas, lo cual hace fundamental la presencia activa y directa de los defensores y defensoras de la materia, en los distintos centros penitenciarios del país.
Este y otros temas de gran relevancia nacional se analizarán en el “Encuentro Internacional de Defensorías Públicas de América Latina, 20 años de la AIDEF en defensa de los Derechos Humanos”, el cual se realizará los días 22 y 23 de noviembre a partir de las 8:30 a.m. en el Auditorio Miguel Blanco Quirós, en el edificio del Organismo de Investigación Judicial, Primer Circuito Judicial de San José.
La AIDEF es una asociación de defensorías públicas que tiene como objetivo, entre otros, defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, fortalecer la independencia y autonomía funcional de las Defensorías Públicas, para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.
Sobre este encuentro el director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo puntualizó que es una oportunidad para conocer la forma en que otros países están abordando la problemática carcelaria, otros temas de interés, así como las dificultades que enfrentan las personas migrantes en todos los países latinoamericanos.
Participan expertos como el Dr. Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Patricia Laurenzo Copello, especialista en derechos humanos y temas de género y el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Litigar con perspectiva de género, los desafíos en la protección de las personas en contexto de movilidad, acceso a la justicia y retos de las defensorías públicas de la región, son otros de los temas a desarrollar.
La actividad es organizada por la Defensa Pública de Costa Rica, la Asociación Interamericana de Defensoría Públicas (AIDEF) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidad para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.
Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.
El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.
Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.
El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.
El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.
Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.
FIRMAN La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) American Jewish World Service (AJWS) BeJust Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Guatemala Human Rights Commission (GHRC) Article 19 Oficina para México y Centroamérica Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) RFK Human Rights American Friends Service Committee (AFSC) Luis von Ahn Foundation International Service for Human Rights (ISHR) Comisión Internacional de Juristas Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Latin American Working Group (LAWG) Protection International (PI)
El Examen Periódico Universal EPU, cuyas siglas en ingles son UPR, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos CDH de la Organización de las Naciones Unidas ONU, acordando que cada Estado miembro (los 193 Estados) de las Naciones Unidas, se someta cada cuatro años y medio, a un análisis de la ejecución en materia de Derechos Humanos.
El EPU ofrece periódicamente a cada Estado la oportunidad de: presentar informes sobre las medidas que ha adoptado, para mejorar la situación de Derechos Humanos en el país y superar los retos que dificultan el disfrute de esos derechos; y, recibir recomendaciones (basadas en los aportes de numerosos interesados y los informes previos) elaboradas por los demás Estados miembros, con miras a seguir mejorando.
Creado en marzo de 2006, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 60/251, el EPU se concibió para impulsar, apoyar y ampliar la promoción y protección de los Derechos Humanos en todos los países.
Desde que en 2008 se realizó el primer EPU, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se han sometido tres veces a la evaluación. El cuarto ciclo de exámenes comenzó en noviembre de 2022, durante el 41er periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU.
Las revisiones son realizadas por el Grupo de Trabajo del EPU, que está formado por los 47 miembros del Consejo; sin embargo, cualquier Estado miembro de la ONU puede participar en la discusión-diálogo con los Estados revisados.
Cada examen estatal cuenta con la asistencia de grupos de tres Estados, conocidos como “troikas”, que actúan como relatores. La selección de las troikas de cada Estado se realiza mediante sorteo tras las elecciones de los miembros del Consejo en la Asamblea General.
Los documentos en los que se basan las revisiones son: 1. Información proporcionada por el Estado analizado, que puede tomar la forma de un “informe nacional”; 2. Información contenida en los informes de expertos y grupos independientes de Derechos Humanos, conocidos como Procedimientos Especiales, órganos de tratados de derechos humanos y otras entidades de la ONU; 3. Información de otras partes interesadas, incluidas instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.
El EPU evalúa en qué medida los Estados respetan sus obligaciones de Derechos Humanos establecidas en: 1. La Carta de las Naciones Unidas; 2. La Declaración Universal de Derechos Humanos; 3. Instrumentos de Derechos Humanos de los que el Estado es parte (tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado en cuestión); 4. Promesas y compromisos voluntarios asumidos por el Estado (por ejemplo, políticas y/o programas nacionales de Derechos Humanos implementados); y 5. El derecho internacional humanitario aplicable.
¿Pueden las organizaciones no gubernamentales (ONG) participar en el proceso del EPU? Sí. Las ONG pueden presentar información que se puede agregar al informe de “otros interesados” que se considera durante la revisión. Cualquiera de los Estados que participen en el debate interactivo durante la revisión en la reunión del Grupo de Trabajo puede consultar la información que proporcionan. Las ONG pueden asistir a las sesiones del Grupo de Trabajo del EPU y pueden hacer declaraciones en la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos cuando se consideran los resultados de los exámenes estatales.
La situación de los Derechos Humanos en Cuba será revisada por cuarta vez, éste miércoles 15 de noviembre 2023. La reunión tendrá lugar en Ginebra-Suiza. A su vez, Cuba es uno de los 14 países que van a ser revisados durante la próxima sesión del EPU, que tendrá lugar entre el 6 y el 17 de noviembre de 2023. Las anteriores revisiones de Cuba tuvieron lugar en febrero de 2009, mayo de 2013, y mayo de 2018, respectivamente.
La delegación de Cuba estará encabezada por el Sr. Bruno Rodríguez Parilla, ministro de Relaciones Exteriores, y los tres países miembros que actuarán como relatores, la denominada “troika”, para la revisión de Cuba son Argentina, Benin y Nepal.
Gestiones tarifadas de la contrarrevolución cubana de cara a este EPU
El 16 de marzo del presente año 2023, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, financió la gira de los contrarrevolucionarios Alain Espinosa, abogado de Cubalex, Frisia Batista, coordinadora de la Red Femenina de Cuba, y Darcy Borrero, integrante del grupo de trabajo Justicia 11J, a Europa, donde intercambiaron con líderes europeos sobre las supuestas violaciones a los Derechos Humanos que se registran en Cuba, especialmente luego de las protestas de julio de 2021, así como para recabar «recomendaciones» de cara al Examen Periódico Universal a Cuba.
Frisia Batista y Alain Espinosa.
Darcy Borrero, integrante del grupo de trabajo Justicia 11J.
Raza, Igualdad y DDHH, es una entidad norteamericana que recibe financiamiento del Departamento de Estado de EEUU, y tiene estrecha conexión con Elena Larrinaga de Luis, Alan y Frisia Batista, con quienes desarrollan en la actualidad varios programas subversivos contra Cuba, tales como sesiones de formación y entrenamiento en giras de incidencia en Europa. Desde dicha entidad, también han priorizado los viajes de contrarrevolucionarios internos a Europa, a quienes consideran activistas de Derechos Humanos y actores de cambio en la sociedad cubana.
Elena Larrinaga de Luis.
Entre sus más recientes actividades anticubanas, figuran el evento organizado en junio de 2023 en el 53 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, donde realizaron tres eventos paralelos y uno de ellos estuvo dedicado a Cuba con la exposición «a punta de lápiz«, con el propósito de denunciar presuntas violaciones de los Derechos Humanos en Cuba.
Hoy y desde hace tiempo atrás, día del Examen Periódico Universal a Cuba, Raza, Igualdad y DDHH, en conjunto con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos OCDH), han comenzado a agitar las redes sociales, preparando las condiciones para garantizar la presencia de dichos elementos anticubanos en Ginebra, buscando que puedan participar en el debate como ONG que integran la sociedad civil cubana, sin revelar los cómplices y funcionarios norteamericanos que están detrás de esta maniobra.
Elena Larrinaga de Luis y Frisia Batista Mokarzel, son conocidas por manejar cuantiosos fondos de La Fundación Nacional para la Democracia NED, El Instituto Republicano Internacional IRI y El Instituto Nacional Demócrata NDI, para poner en práctica sus programas subversivos contra Cuba, destacándose sus frustradas intenciones de impulsar talleres e iniciativas a favor de los contrarrevolucionarios detenidos en los sucesos del 11-J en Cuba y apoyo financiero a sus familiares.
Actualmente ambas cabecillas, están vinculadas a las citadas entidades de EEUU, para trasladar su accionar en Ginebra, con apoyo de las funcionarias norteamericanas Christina M. Fetterhoff, directora de programas y Gaia Hefti, oficial de incidencia en Ginebra de Raza, Igualdad y DDHH. Las mismas se encuentran presentes en Ginebra para asesorarlas y apoyarlas económicamente, asignándoles dinero, dietas y otros viáticos enfocados a cubrir su estancia y hospedaje en Suiza.
Christina M. Fetterhoff, directora de Programas de Raza, Igualdad y DDHH.
El pasado 28 de abril 2023, la misma Chistina M. Fetterhoff viajo a Madrid para participar en un programa organizado por la embajada de Estados Unidos en España y la Fundación Alternativas, un tanque de pensamiento, vinculado al Partido Socialista Obrero Español PSOE, para promover la democracia y los Derechos Humanos en España, EEUU y América Latina. En esta ocasión centro su intervención contra Cuba nuevamente, mientras en el publico era escuchada por las cabecillas Larrinaga y Batista, quienes previamente compartieron un almuerzo de trabajo con la misma.
Gaia Hefti, oficial de incidencia en Ginebra de Raza, Igualdad y DDHH.
El Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, es una entidad subcontratada por la National Endowment Democracy (NED), que es un monstruo de la Agencia Central de Inteligencia CIA, creado en 1983, para implosionar los gobiernos de América Latina que no tienen una política entreguista a EEUU, en el caso de Cuba la NED financia un grupo de organizaciones como es el caso de La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la RFC para buscar un cambio de gobierno.
Los proyectos anticubanos de La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), son financiados directamente por el buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, perteneciente al Departamento de Estado de Estados Unidos y esos fondos son canalizados a través de entidades estadounidenses como la USAID, la NED, el IRI y el NDI.
Sus proyectos están dirigidos a abastecer y adiestrar a elementos contrarrevolucionarios en Cuba, para un eventual cambio de régimen, utilizando para ello a diversas ONGs y así darle un ropaje de sociedad civil a lo que en realidad es una conspiración contra el gobierno cubano.
De forma general el trabajo del IREDH, se ha dedicado a potenciar elementos anticubanos, brindándoles los espacios para que incidan como supuestos representantes de la sociedad civil cubana, ante diversos organismos regionales e internacionales, como es el caso de la ONU, y denuncian al gobierno cubano como parte de la campaña de descredito contra la revolución cubana.
Para esto el IREDH prepara los documentos, informes e investigaciones, que posteriormente son presentados en la voz de los supuestos activistas de los DDHH cubanos, ante organismos internacionales y regionales.
La intención es desacreditar a Cuba frente a estos organismos internacionales, donde las autoridades cubanas presentan informes de su gestión, utilizando estas supuestas investigaciones financiadas en el marco de programas del gobierno del EEUU contra Cuba.
Apoya, difunde y firma el MANIFIESTO FEMINISTA POR PALESTINA
Palestina está sufriendo un genocidio sin precedentes cometido por el Estado sionista de Israel, en complicidad con el Norte global, Estados Unidos y las potencias europeas, cuyas principales víctimas son mujeres, niños y niñas palestinas. Este genocidio es producto de una política de expansión y apartheid perpetrada hace 75 años contra el pueblo palestino. Esta política de ocupación y exterminio ha profundizado la opresión patriarcal y racial, frente a la cual las mujeres y feministas palestinas resisten y luchan para afirmar la vida y libertad, develando la conexión brutal entre la dominación colonial, patriarcal y capitalista.
¿Más que por los niños masacrados va por Zelensky y más que por la Paz y el Cese al fuego, va por atizar la Guerra?
Comunicado de la Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica San José, 13 de noviembre de2023
El presidente Rodrigo Chaves ha salido a lanzar una cortina de humo sobre los gravísimos hechos de genocidio que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza. Ha sacado un video en apoyo a uno de los bandos en la guerra Rusia- Ucrania, en lugar de hacer un llamado a la paz en ese conflicto, que se acerca ya a los dos años, y no ha dicho, ni dice una coma, sobre la matanza de más de once mil civiles y casi cinco mil niños palestinos por parte de Israel en su operación militar en Gaza.
Para el presidente Rodrigo Chaves, no es una prioridad que Costa Rica levante valientemente la voz para que haya un “Cese al Fuego inmediato”, se detengan los bombardeos israelíes sobre la población civil, sobre los niños y las mujeres y sobre hospitales, casas de habitación, escuelas y demás infraestructura civil.
Demagógicamente el señor presidente dice que el costo de la vida en nuestro país es uno de los resultados de esta guerra y no de sus políticas contra los salarios y los derechos laborales de los costarricenses. Y no dice que, si en efecto ha habido alza en los combustibles, se debe a las sanciones contra el petróleo ruso que ha decidido el G7 y los gobiernos de Occidente. ¿Por qué el presidente Chaves no levanta su voz en apoyo a la búsqueda de una salida de paz para la guerra Rusia – Ucrania? Una salida de paz en lugar de “echar más leña al fuego”. Llama a que Costa Rica se apunte con un bando, ¿para que siga esa guerra?
Casi dos años después de haberse iniciado la Guerra Rusia – Ucrania , nos viene a decir, como si fuera el primer día de esta, que Costa Rica debe sumarse a la misma con uno de los bandos, mientras que, desde hace un mes y dos semanas, Costa Rica y el Mundo presencian, todos los días, una orgía de muerte y destrucción del Ejército de Israel, una potencia nuclear, sobre un pueblo indefenso, sin sistemas de defensa antiaéreas, sin tanques ni aviones de guerra, ni portaaviones, como los que ha enviado EE UU. Ese pueblo palestino sí que está resistiendo con las uñas señor presidente.
El presidente Chaves no dice nada de esta realidad totalmente asimétrica de una potencia nuclear, como es Israel, contra un pueblo de dos millones de habitantes en un área de 365 kilómetros cuadrados, solo un poco más grande que el Cantón de Acosta de San José. Como si esa realidad no existiera y como si en el Mundo no despertara la misma una profunda alarma, dolor y preocupación, mucho más que el conflicto estancado de la guerra de Ucrania que va para dos años.
Cuando la guerra de Irak en 2003 hubo un presidente de nuestro país, Abel Pacheco, que dijo «A mí todo muerto me angustia, todo muerto me duele, sea un niño iraquí, americano o costarricense, pero, por supuesto, entre la muerte masiva de niños costarricenses y norteamericanos y la muerte de niños árabes, ¿Qué puedo escoger?» Y fue condenado ética y moralmente por esas declaraciones, de las cuales luego se retractó públicamente. Pero el presidente Chaves está escogiendo una frase peor que esta del expresidente Pacheco, porque Abel Pacheco reconocía que había muerte masiva de niños árabes al menos, y el señor presidente Chaves, ni siquiera reconoce que los están matando todos los días masivamente, a los niños árabes palestinos.
Así que el presidente Chaves, cuando el terror y la muerte de población civil y niños árabes es restregada en su cara y en la de todo el Mundo, sale a llamar al pueblo de Costa Rica a apoyar al señor Zelensky y no a apoyar al cese al fuego en ambos conflictos y el Cese al fuego de extrema urgencia existencial y de freno al genocidio en Gaza, Palestina.
Si realmente quiere reflejar la tradición humanista y democrática, pacifista y propiciadora de solución de conflictos de nuestro país, el Gobierno del Presidente Chaves debería llamar de inmediato a consultas al Embajador de Costa Rica en Israel, como protesta por el genocidio que este está llevando a cabo en Gaza y que con Bolivia, lidere Costa Rica, una campaña por la ruptura de relaciones con el régimen genocida de Israel, al que ya la Corte Penal Internacional le está tramitando causa judicial por crímenes de Guerra.
Pablo Hernández Arias por la Red de Solidaridad con Palestina CR
El pasado 2 de noviembre, un mes después del inicio de la fase actual del conflicto en el Medio Oriente, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU) ha decidido pronunciarse al respecto. En su parte esencial, el comunicado declara “Hacer un llamado al respeto, a la tolerancia y a la solución pacífica de conflictos en estricto cumplimiento del derecho internacional y la apertura del diálogo, la búsqueda de consensos y a que se materialice la reconciliación entre todas las partes». En ese comunicado, el CU no se refiere de manera directa al genocidio en Gaza, ni a la masacre del pueblo palestino en la Cisjordania. Pero especialmente grave es omitir nombrar al responsable por ese genocidio, el estado de Israel.
Tales omisiones reflejan el temor de los miembros del CU a llamar las cosas por su nombre. El genocidio en Gaza y Cisjordania es un proceso de limpieza étnica que ha sido impulsado por el movimiento sionista desde antes de la fundación formal del estado de Israel. El ataque actual de las fuerzas armadas israelíes sobre Gaza alcanza hospitales, campos de refugiados, iglesias, escuelas, ambulancias y cientos de blancos civiles. Cada 10 minutos muere un niño palestino en Gaza. No es una guerra, es un proceso de desplazamiento de una población entera por medio del terror. Así lo hacen ver pronunciamientos y comunicados de organizaciones humanistas, estados y movimientos civiles alrededor del mundo en una ola internacional contra este genocidio, a la cual no ha querido adherirse el CU.
En sus acuerdos, el comunicado del CU hace un llamado por el respeto de la vida humana, los derechos humanos y por un cese al fuego. No hay más detalles. La redacción del pronunciamiento pareciera propio de una situación donde dos estados se encuentran en guerra, ambas igualmente responsables del escenario bélico. Nada más lejos de la realidad. El conflicto actual en Gaza-Cisjordania se ubica en un contexto totalmente asimétrico, donde uno de los ejércitos más poderosos del mundo, financiado por Estados Unidos y la CE Europea, desata todo su poder de fuego contra un movimiento de resistencia de índole popular, que recibe apoyo limitado de algunas naciones árabes, pero principalmente de la población palestina. Las acciones de la resistencia palestina, aceptables o no desde un punto de vista humanitario, son una respuesta al desplazamiento forzoso de la población palestina de su territorio, el cerco económico y militar de sus poblaciones, la represión de su protesta y finalmente, la creación del mayor campo de concentración del mundo, la franja de Gaza. Todo esto a lo largo de más de 75 años. Y son 75 años de violación de acuerdos de las Naciones Unidas, lo que han convertido al estado de Israel, en la práctica, en un estado ilegal y terrorista.
Por lo tanto, en este orden de cosas, son insuficientes y equívocos los llamados tibios de cese al fuego entre las partes y al cese de la violencia, sin señalar las causas históricas del conflicto. El pronunciamiento del CU es precisamente lo contrario de lo que se espera del máximo órgano de poder de una universidad pública. Esperaríamos más bien una visión que caracterice con claridad y sin rodeos la naturaleza del conflicto, y que salga en defensa de la población civilindefensa atrapada en Gaza y del derecho a la autodeterminación que se le ha negado a Palestina desde hace más de siete décadas. Hay un responsable central de lo que está ocurriendo, el estado de Israel y sus socios.
Por lo tanto solicitamos al Consejo Universitario rectificar su pronunciamiento, en favor de otro que considere el ”mandato de nuestro Estatuto Orgánico, el cual proclama una universidad siempre en favor de los pueblos y contra las injusticias sociales.
Jorge Arturo Lobo, Escuela de Biología
Ciska Raventós, profesora pensionada UCR
Wajiha Sasa Marín, Instituto de Investigaciones Psicológicas
Mahmood Sasa Marín, Instituto Clodomiro Picado
Javier Tapia Balladares, Instituto de Investigaciones Psicológicas
Jaime García, profesor pensionado UCR
Isabel Avendaño Flores, Facultad de Ciencias Sociales
Jaime Lobo Segura, profesor pensionada UCR
Zuhra Sasa Marín, Escuela de Arquitectura
Lucia Riba Hernández, Escuela de Arquitectura
Helga von Breymann Miranda, Escuela de Arquitectura
Rodolfo Mejías Cubero, Escuela de Arquitectura
Rolando Pérez Sánchez, Instituto de Investigaciones Psicológicas
Eugenia Gallardo Allen, Escuela de Estadística
José María Castro Madriz, Escuela de Artes Plásticas
Viviana Paniagua Hernández, Escuela de Arquitectura
Sofía Trujillo Quesada, Escuela de Arquitectura
Jorge Barrientos Valverde, Escuela de Estudios Generales
Dylanna Rodríguez Muñoz, Facultad de Ciencias Sociales
Mauricio Álvarez Mora, Facultad de Ciencias Sociales
Andrés Ruiz Sánchez, Instituto de Investigaciones Psicológicas
Fabián Bonilla Murillo, Instituto Clodomiro Picado
Manuel Morales Alpízar, Escuela de Arquitectura
Eugenia Solís Umaña, profesora pensionada UCR
Carlos Mata Quesada, Escuela de Arquitectura
Luis Armando Durán Segura, Escuela de Arquitectura
José Vargas Hidalgo, Escuela de Arquitectura
Zuiri Méndez Benavides, Facultad de Ciencias Sociales
Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Facultad de Ciencias Sociales
José Antonio Mora Calderón, Facultad de Ciencias Sociales
Manuel María Murillo, profesor pensionado UCR
Mónica Vul Galperín, Instituto de Investigaciones Psicológicas
Roberto Ayala Saavedra, Escuela de Sociología
Roberto Herrera Zúñiga, Sede de Occidente
David Castillo Mora, estudiante Posgrado en Sociología
Minerva Solano Campos, estudiante de Sociología
Brenda Rey Chavarría, estudiante de Inglés
Leonora de Lemos Medina, Escuela de Ingeniería Mecánica
Andrés Castillo Vargas, Escuela de Psicología e IIP
Robert Laurent Sanabria, Escuela de Ingeniería Topográfica
Yeimer Gerardo Ramos Torres, Escuela de Formación Docente
Jorge Sanabria León, Escuela de Psicología
Andrés Molina Araya, Escuela de Estudios Generales
Julio Loría Cordero, profesor pensionado UCR
Sandra Araya Umaña, profesora pensionada UCR
Amarilis Eunice Acevedo Mejía, estudiante Posgrado en Sociología
Asdrúbal Duarte Esquivel, profesor pensionado UCR
Vera Victoria Sancho Mora, profesora pensionada UCR
Lucía Gutiérrez Espeleta, profesora pensionada UCR
Virginia Ramírez Cascante, profesora pensionada UCR
Alicia Guardián Fernández, profesora pensionada UCR
Koen Voorend, Instituto de Investigaciones Sociales
Alexander Rojas Parajeles, Sede del Pacífico
Jorge Montoya Alvarado, profesor pensionado UCR
Marielos Giralt Bermúdez, profesora pensionada UCR
Mario Villalta Florez-Estrada, Escuela de Arquitectura
Silvia Arguedas Méndez, Escuela de Ingeniería Industrial
Rodiney Chacón, Asociación de estudiantes de Sociología
Verónica Ramírez, Asociación de estudiantes de Sociología
Gabriel García, Asociación de estudiantes de Sociología
Carolina López, Asociación de estudiantes de Sociología
Priscila Madrigal, Asociación de estudiantes de Sociología
Sofía Jiménez, Asociación de estudiantes de Sociología
Julieth Bolaños, Asociación de estudiantes de Sociología
Alex Gómez, Asociación de estudiantes de Sociología
Valentina Palacio, Asociación de estudiantes de Sociología
Yaser Ramos, Asociación de estudiantes de Sociología
José Julián Llaguno, Escuela de Ciencias Políticas
Carlos Mora Aguilar, Facultad de Odontología y CEA
María José Cabezas Castro, Facultad de Ciencias Sociales
Claudia Palma, Escuela de Antropología
Mauricio López Ruiz, Escuela de Sociología
Pietro Scaglioni Solano, Escuela de Ingeniería Mecánica
Marietta Villalobos Barrantes, Escuela de Psicología
Marco Fournier Facio, profesor pensionado UCR
Jeannette Aguilar, Escuela de Psicología
Pascal Girot Pignot, Escuela de Geografía
Gerardo Hernández Naranjo, Escuela de Ciencias Políticas
Adriana Monge Arias, Sede de Occidente
Mariano Sáenz Vega, Centro de Investigaciones Antropológicas
Manuel Zumbado Retana, Escuela de Arquitectura
Marta Montero Calderón, Escuela de Ingeniería de Biosistemas
Javier Vargas Nieto, profesor pensionado UCR
Jorge Enrique Garnier Zamora, profesor pensionado UCR
Rosaura Chinchilla Calderón, Facultad de Derecho
Roberto Herrera Zúñiga, Sede Occidente
Rebeca Gu Navarro, Escuela de Ciencias Políticas
Juan Diego García-Castro, Sede de Occidente
Josué Arévalo Villalobos, Escuela de Psicología
Alejandra Paniagua Bonilla, Sede de Occidente
Rubén Chacón Castro, Facultad de Derecho
Erick Gatgens Gómez, Facultad de Derecho
Ilka Treminio Sánchez, Escuela de Ciencias Políticas
Johnny Alberto Montoya Arroyo, Escuela de Educación Física y Deportes
Tania Rodríguez, Escuela de Ciencias Políticas
Lisbeth Araya Jiménez, Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva
Liliana Monge Sánchez, Escuela de Trabajo Social
Liliana Sánchez Angulo, Vicerrectoría de Acción Social
Mauricio Castro Méndez, Facultad de Derecho
Juliana Martínez Franzoni, Escuela de Ciencias Políticas
Vilma Leandro Zúñiga, Escuela de Psicología
Luis Ángel Oviedo Carballo, Instituto de Investigaciones Económicas
En ocasión de la realización del VI Simposio “La hora de la política: juventudes, transiciones y transformaciones actuales en América Latina” celebrado entre el 18 y 22 de septiembre de 2023 en San José Costa Rica, académicas y académicos de Latinoamérica, hacemos pública nuestra preocupación y alarma ante las graves vulneraciones a los derechos humanos de las juventudes, que se están cometiendo en algunos países centroamericanos.
En El Salvador durante los últimos 18 meses el Estado ha implementado como política de seguridad, un régimen de excepción que ha suspendido derechos fundamentales e impulsado una estrategia de capturas arbitrarias masivas, principalmente de jóvenes pobres bajo figuras penales difusas y ambiguas.
En el marco de la denominada guerra contra las pandillas, miles han sido detenidos y encarcelados por su condición juvenil, por vivir en una zona pobre y estigmatizada, por parecer sospechosos, o simplemente, por ser parte de una cuota diaria de detenciones impuestas a policías y militares. Organizaciones de derechos humanos han documentado que al interior de las cárceles están ocurriendo de forma sistemática torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, prácticas que están convirtiendo a las prisiones en auténticos centros de exterminio juvenil. A la vez, la criminalización de este sector de la población y la retórica deshumanizante que enarbola el gobierno de Nayib Bukele, está sometiendo a la población juvenil a condiciones de mayor precarización, exclusión social, migración forzada y al borramiento físico y simbólico de su cultura e identidades.
En Honduras, una réplica en menor escala del régimen de excepción salvadoreño fue adoptada por el actual gobierno desde diciembre de 2022. Detenciones arbitrarias masivas están siendo ejecutadas en más de la mitad del territorio hondureño, cuyos habitantes están enfrentando la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad de la morada, la libertad de circulación y de asociación. Estas medidas que involucran una respuesta militarizada a la inseguridad, están abriendo la puerta a graves vulneraciones a los derechos humanos de las juventudes que viven en comunidades pobres y estigmatizadas, como ocurrió en el pasado reciente.
En Nicaragua en el contexto de la profundización de la dictadura de Daniel Ortega, se ha articulado una estrategia de violenta persecución en contra de jóvenes organizados que ha derivado desde 2018 en asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, persecución y exilio. A la vez, se ha comprometido el futuro profesional de miles de jóvenes universitarios nicaragüenses, tras la intervención, cierre y cancelación legal de más de 28 universidades privadas por parte del gobierno, en represalia por sus posturas críticas.
Ante este panorama regional, es imperativo alertar a la comunidad internacional sobre el nuevo juvenicidio que está teniendo lugar en la región centroamericana, en el marco de los populismos autoritarios que están proliferando en la región, y exigir a los gobiernos centroamericanos el respeto a los derechos humanos de las juventudes y la suspensión de toda forma de violencia institucional que ahora se ensaña contra este importante sector de la población. Poner la labor académica al servicio de los derechos humanos es en la actualidad un imperativo ético y moral.
(Este comunicado fue conocido también por el grupo JUVENICIDIO(S): violencias y resistencias sociales, algunas/os integrantes decidieron adherir el pronunciamiento. Sus firmas constan como parte de este documento).
Firmado en San José, Costa Rica. Septiembre 2023 por: 1. Dra. Andrea Bonvillani. Profesora Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba e Investigadora CONICET-Argentina 2. Lic. Cynthia Daiban. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 3. Lic. Mario Alberto Araya Pérez. Investigador Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Universidad Estatal a Distancia 4. M.Sc. Mónica Vul Galperín. Investigadora Instituto Investigaciones Psicológicas. Directora Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad. Universidad de Costa Rica 5. Dra. Ilka Treminio Sánchez. Coordinadora de la Cátedra de Centroamérica. Universidad de Costa Rica. 6. Dr. Alfredo Nateras Domínguez. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. (México) 7. Dra. Miriam Kriger. Universidad de Buenos Aires. 8. Eva Da Porta. Universidad Nacional de Córdoba 9. Juan Dukuen. Investigador CONICET Argentina. Docente Universidad de Buenos Aires. 10.Diego Higuera Rubio. Antropólogo y magister en ciencias sociales. Docente programa en pedagogía. Universidad pedagógica nacional de Colombia. 11. Dr. Pablo Francisco Di Leo. Investigador del CONICET. Docente de la Universidad de Buenos Aires. 12.Luciana Guglielmo. Dra. en Comunicación. Universidad Nacional de La Plata UNLP. 13. Dra. Mariana Lerchundi. Auxiliar docente UNRC. Investigadora ISTE/CONICET. 14. Lic. Ignacio Robba. Universidad de Buenos Aires. 15.Maikol Picado Cortes. Docente – Investigador. Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Universidad Estatal a Distancia. 16. M. Sc. Jeannette Aguilar. Profesora Escuela de Psicología/Investigadora Centro de Investigación y Estudios Políticos. Universidad de Costa Rica. 17.Igor Israel González Aguirre, Profesor Investigador adscrito al Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, Universidad de Guadalajara. 18. Dr. Óscar Ramón López Carrillo. Profesor Investigador del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales (Universidad de Guadalajara). 19. Dr. Javier Tapia Balladares, Director del Instituto de Investigaciones Psicológicas, Escuela de Psicología – Universidad de Costa Rica 20.M.Sc. Kevin Brenes Valverde, Universidad de Costa Rica. 21. Lic. Fernando Jesús Obando Reyes, Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía Universidad Estatal la Distancia – Costa Rica. 22.Dr. Carles Feixa. Universitat Pompeu Fabra (España) 23. Dr. Mario Zúñiga Núñez. Profesor Escuela de Antropología/ Investigador Centro de Investigaciones Antropológicas. Universidad de Costa Rica. 24. Dr. Onésimo Rodríguez. Director. Centro de Investigaciones Antropológicas. Universidad de Costa Rica.
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