SURCOS comparte la versión de avance no editada del documento con las observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, para el caso de Costa Rica.
Invitamos a descargar el documento para conocer el detalle de las observaciones.
En una de sus secciones se indica:
“El Comité valora los esfuerzos realizados por el Estado parte para luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. En particular, toma nota del trabajo que lleva a cabo el Equipo de Respuesta Inmediata, así como de la celebración de acuerdos binacionales orientados a promover flujos migratorios laborales seguros, así como las labores de inteligencia con finalidad de prevenir estos actos. El Comité lamenta, no obstante, las deficiencias señaladas en varios informes en la identificación de las víctimas de la trata, especialmente entre las personas migrantes, y mayor incidencia de estos casos detectados de personas en situación vulnerable, incluidos los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. Además, se observa que el número de casos de trata investigados y enjuiciados es muy reducido en comparación con la incidencia de este fenómeno en el Estado parte. Finalmente, el Comité expresa su preocupación ante las informaciones que indican una reducción de las partidas presupuestarias para programas de prevención de la trata y acompañamiento a las víctimas como consecuencia de las medidas de austeridad financiera en vigor desde el 2020.
Más adelante dice:
“El Comité mantiene su preocupación ante las informaciones que documentan actos de hostigamiento y atentados contra la vida o la integridad física de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y activistas medioambientales ocurridos durante el período objeto de examen. Aunque toma nota de la información facilitada por la delegación del Estado parte sobre sus esfuerzos en la materia, incluido el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, así como el enjuiciamiento del asesinato del líder indígena Jehry Rivera, el Comité observa con preocupación que, conforme a diversas fuentes, otras agresiones y asesinatos, como el atentado contra la vida del líder indígena Sergio Rojas en 2019 habrían quedado sobreseídos o no resueltos”.
Este Día Internacional de Solidaridad coincide con uno de los capítulos más sombríos de la historia del pueblo palestino. Estoy horrorizado por la muerte y la destrucción en que se ha sumido la región, abrumada por el dolor, la angustia y el pesar.
Los palestinos de Gaza están sufriendo una catástrofe humanitaria. Casi 1,7 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, pero ningún lugar es seguro. La situación de la seguridad en la Ribera Occidental ocupada, incluida Jerusalén Oriental, corre el riesgo de desbordarse.
Deseo expresar mi más sentido pésame a los miles de familias que lloran a seres queridos. Entre ellos figuran los miembros del propio sistema de las Naciones Unidas muertos en Gaza en lo que representa la mayor pérdida de personal en la historia de nuestra organización.
He sido claro en mi condena de los atentados terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre, pero también he sido claro en que tales hechos no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino.
En toda la región, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA) es una tabla de salvación indispensable que presta asistencia vital a millones de refugiados palestinos. Es más importante que nunca que la comunidad internacional respalde al UNRWA como fuente de apoyo al pueblo palestino.
Por encima de todo, este es un día para reafirmar la solidaridad internacional con el pueblo palestino y su derecho a vivir en paz y dignidad.
Para ello, hay que comenzar con un alto el fuego humanitario a largo plazo, el acceso sin restricciones de la asistencia vital, la liberación de todos los rehenes, la protección de los civiles y el fin de las violaciones del derecho internacional humanitario. Debemos estar unidos para exigir el fin de la ocupación y el bloqueo de Gaza.
Ya es hora de avanzar de manera resuelta e irreversible hacia una solución biestatal, sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional, donde Israel y Palestina convivan en paz y seguridad, con Jerusalén como capital de ambos Estados.
Las Naciones Unidas no vacilarán en su compromiso con el pueblo palestino. Hoy y todos los días, solidaricémonos con las aspiraciones del pueblo palestino de ejercer sus derechos inalienables y construir un futuro de paz, justicia, seguridad y dignidad para todos.
Foto extraída de artículo de prensa (El País, España) titulado «Protestas masivas en Panamá en rechazo a una concesión para explotar la mayor mina de cobre de Centroamérica», edición del 26/10/2023
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
El pasado 27 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley adoptada por el Poder Legislativo de Panamá que aprobaba un contrato otorgando a una empresa minera canadiense derechos de exploración y de explotación del cobre en el territorio panameño (véase nota de la BBC y nota de ElPais, España).
El caso remonta a una concesión minera previa otorgada en 1997, y ya declarada inconstitucional por la misma justicia panameña en una sentencia del 21 de diciembre del 2017: véase el texto de opinión de la Procuraduría de la Administración de Panamá de mayo del 2021, y el texto del decreto del 19 de diciembre del 2022 adoptado por las autoridades ambientales panameñas.
Desde el 2014, un informe sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en América Latina espera que las autoridades canadienses tomen acciones tendientes a regular desde Canadá sus actividades, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección del ambiente (Nota 1).
La sentencia del 27 de noviembre del 2023 en (muy) breve
En una larga sentencia (véase texto completo), es por unanimidad que los nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia declararon inconstitucional la ley aprobada en octubre del 2023.
Se indica por parte de los magistrados que el Estado panameño tiene que establecer prioridades, que al parecer sus autoridades ignoran, al señalar de manera enfática (p. 111):
«Por lo que, en esa línea de pensamiento, mal podría el Estado sobreponer los intereses económicos frente a la protección de derechos humanos. En ese tenor, si bien la República de Panamá, se ha constituido en parte del Tratado de Libre Comercio y del Tratado Bilateral de Inversión con el Estado Canadiense, al generarse la colisión de derechos económicos frente a derechos que se vinculan a la protección del derecho a la salud y a la vida, el Estado necesariamente deberá priorizar éstos últimos«.
En esta misma sentencia, además de los dos instrumentos internacionales económicos referidos por los magistrados en la cita anterior, se incluyen también otros tratados internacionales a los que Panamá es Estado Parte en materia ambiental, en particular uno de ellos: el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018 y que a la fecha cuenta con 15 Estados Parte, entre los cuales no figura Costa Rica (Nota 2).
Más precisamente se lee que (p. 180):
«Lo anterior, debe verse en concordancia con lo dispuesto por el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), aprobado por la República de Panamá, mediante Ley No 125 de 4 de febrero de 2020, y que dispone en su artículo séptimo la garantía de propiciar la participación ciudadana en asuntos ambientales de entidad, como lo es por ejemplo, el proyecto de minería que en esta ocasión fue elevado a Contrato Ley. Por ser signatarios del referido acuerdo, y en acatamiento del artículo 4, concordante con el artículo 17, ambos de la Constitución Política, el Estado adquirió obligaciones internacionales, de índole social y ambiental, con la finalidad de asegurar a la ciudadanía, la efectividad del derecho al acceso de la información, sobre aquellos asuntos que puedan afectar el libre disfrute de su derecho a un medio ambiente sano, como derechos fundamentales, y dada su incidencia en la dignidad de las personas«.
También indican los magistrados panameños (pp. 181-182) que:
«Es decir que, al tiempo en que se dieron las discusiones legislativas, que concluyeron con la aprobación del Contrato Ley No406 de 20 de octubre de 2023, existían pautas normativas, dentro de la legislación panameña, que contemplaban mecanismos efectivos para poner en conocimiento de los habitantes de las comunidades aledañas; y de la población en general, toda la información relacionada con las consecuencias y efectos de la actividad minera que se realizó, que se encontraban realizando, y que se iba a realizar, en virtud del Contrato Ley. No obstante, lo verificable es que la concesión minera fue aprobada sobre la base de un informe de impacto ambiental; el cual, además de no ser reciente, y por ende, no contener información actualizada sobre la situación ecológica vigente al momento de su celebración, omite cumplir la normativa reglamentaria emitida por el Estado, con el objetivo de brindar efectividad al derecho de acceso a la información, en materia de asuntos ambientales, suscrito a través del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)«.
Como se puede observar la celeridad con la que se tramitó la aprobación de esta ley ignoró por completo uno de los principios más básicos del derecho ambiental contemporáneo recogido en la misma legislación ambiental panameña: el principio de participación ciudadana en materia ambiental.
Empresas mineras y autoridades políticas: una extraña sensación de «déjà vu»
Con esta sentencia, se pone fin a más de un mes de protestas y de manifestaciones de diversos sectores de la sociedad panameña, que salieron de sus casas a las calles a protestar por la forma tan peculiar con la que se tramitó esta polémica ley: se trata de una aprobación «express» acaecida el 20 de octubre del 2023 y cuyos autores posiblemente pretendían que pasara casi desapercibida (véase nota del Semanario Universidad del mismo 20 de octubre, precisando que la votación fue de 44 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones).
Al trámite expedito antes mencionado, hay que añadir la profunda indignación de la población panameña ante la actitud (no menos peculiar) de las máximas autoridades panameñas al defender contra viento y marea este proyecto minero: una extraña sensación de unísono empresa-autoridades que nos permitimos calificar de «desvergonzada simbiosis» con relación a un cuestionado proyecto minero de una empresa minera canadiense en Costa Rica (Nota 3).
En el texto de la antes mencionada sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, se evidencia la profunda molestia de sus magistrados con la manera con la cual se negoció este contrato minero, al leerse en particular que (p. 171):
«Constituye una afrenta a la separación de poderes que, ante una declaratoria de inconstitucionalidad de esta Máxima Corporación de Justicia, se haya negociado un contrato de concesión incurriendo en los mismos yerros; y llama la atención el hecho que en el nuevo contrato convertido en Ley No 406 de 20 de octubre de 2023, incluso se mencione el contrato anterior, como si la Sentencia de Inconstitucionalidad no hubiese sido dictada«.
Y es que la tramitación «express» de una ley observada en Panamá recuerda otra tramitación «accelerada» en los años 2007-2008 del proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en la Zona Norte de Costa Rica: como se recordará, este proyecto minero fue declarado «de conveniencia nacional» de manera inconsulta y sorpresiva por parte del Poder Ejecutivo costarricense en octubre del 2008 y… fue declarado totalmente ilegal por parte de la justicia costarricense en noviembre del 2010. Remitimos a nuestros estimables lectores a la sentencia completa del Tribunal Contencioso Administrativo del 24 de noviembre del 2010, en la que se lee (punto XL) que:
«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero«.
Esta primera decisión fue ratificada en todos sus extremos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el 30 de noviembre del 2011, al rechazarse la batería de argumentos presentados por la empresa minera canadiense (véase texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés). Es de notar que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental alegada por la recurrente en su apelación y rechazada por la Sala Primera (párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera) denota el desconocimiento de este principio – algo básico – y su realidad jurídica en Costa Rica; un desconocimiento que se extendió a algunos integrantes de la Sala Constitucional, cuando estos analizaron en el 2020 el alcance de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, en particular una magistrada que integró la Sala Constitucional hasta el 2021.
A modo de conclusión
Con esta decisión de sus magistrados, Panamá ofrece a América Latina y al mundo en general, una nueva y ejemplar lucha, emprendida por diversos sectores sociales, indignados por el trato tan peculiar otorgado por sus máximas autoridades a una empresa extranjera.
Y de paso, confirma la independencia del Poder Judicial panameño, que en otras latitudes del continente, suele verse seriamente puesto en tela de duda cuando se trata de megaproyectos de cierta envergadura que involucran a inversionistas extranjeros.
En el caso específico de Centroamérica, esta actitud de las autoridades panameñas recuerda lo observado en muchos escándalos ambientales originados en contratos con empresas mineras canadienses.
Como parte de la estrategia de la empresa canadiense (que recuerda la de otra empresa canadiense en el año 2010 en Costa Rica), esta anunció, unos días antes de darse a conocer la decisión de la justicia panameña, su intención de demandar a Panamá ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (más conocido como CIADI en español, ICSID en inglés): véase al respecto texto de comunicado oficial de las autoridades de comercio de Panamá con fecha del 26 de noviembre.
– Notas –
Nota 1: Véase al respecto el informe titulado » El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá – Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«, Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014. Texto completo disponible aquí.
Nota 2: El estado de firmas y ratificaciones del Acuerdo de Escazú se encuentra disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas. Con relación a la persistente ausencia de Costa Rica, véase BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional (UNA), Vol. 58 (2024). Texto disponible aquí. Cabe recordar que desde 1998, el continente europeo cuenta con un instrumento regional muy similar al Acuerdo de Escazú, la Convención de Aarhus, adoptada en 1998 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica: el reciente laudo arbitral del CIADI sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/06/2021. Texto disponible aquí.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS anuncia que con apoyo de los fondos de la «Convocatoria IberCultura Viva de Apoyo a Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2023» y el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa del Pueblo Bribri de Salitre, el Concejo Iríria Sätkök del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba, Comunidad Crun Shurín del Territorio Brörán de Térraba y Recuperadoras/es Cabécares de China Kichá y con apoyo del Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestra, realizaron el tercer encuentro en Salitre.
Esta actividad se realizó en el marco del proyecto «Derechos humanos colectivos: Encuentros de los pueblos Bribri, Cabécar y Brörán desde sus identidades y prácticas culturales en el trabajo y cuido de la tierra y los bienes comunes.» Gracias a esta reunión, surgió la oportunidad de compartir con integrantes del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa, Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre, con quienes se reflexionó sobre la situación actual de los derechos humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur, de cara a procesos de judicialización de varias personas por ejercer el derecho colectivo a la tierra.
Asimismo, se contó con la visita de representantes de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) que expusieron sobre el trabajo que llevan en la actualidad. Esta actividad se realizó en el Proyecto Agroturístico Yé Yamipa («mi familia» en Bribri). Un proyecto que integra cultivos tradicionales, resguardo de semillas criollas, arquitectura, arte y cocina tradicional bribri además de un hermoso paisaje natural.
Este encuentro terminó con una gira por las recuperaciones: Kapliña, Klo u ki, Shule krats y Kuchuk ut ki, donde las personas recuperadoras nos compartieron sus experiencias sobre el trabajo colectivo de la tierra y el manejo de los bienes comunes. Por último, se dio seguimiento a los procesos de prácticas productivas que se llevan a cabo desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur y se programaron las últimas actividades de cara al cierre del año.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (C.U-UNA) emitió un acuerdo en que rechaza el uso de la fuerza e insta al alto al fuego en la franja de Gaza. Asimismo, repudia cualquier manifestación de violencia que atente contra los derechos humanos y por ende, se solidariza con las personas afectadas por el conflicto bélico de Israel contra la población palestina en esa zona.
En el acuerdo UNA-SCU-ACUE-369-2023, los concejales universitarios hacen un llamado al uso de canales conducentes a la paz y la búsqueda de soluciones a los conflictos internacionales; la defensa de las normas del derecho internacional humanitario; la protección de las personas y los pueblos, así como el absoluto rechazo a todas las formas de terrorismo; por lo que reiteramos el compromiso de la UNA a favor de la paz en el mundo.
“Exhortamos al cese de los ataques directos a infraestructuras hospitalarias, educativas y centros de refugiados. Más bien, dotar de acceso a servicios básicos como agua y electricidad para el bienestar y salud de las personas”, menciona el texto.
Este Consejo comparte la resolución de la Asamblea General de la ONU que pide tregua humanitaria e inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades en Gaza, en exigencia de que todas las partes cumplan con el derecho internacional humanitario de suministrar servicios esenciales, así como la liberación inmediata e incondicional de los civiles cautivos y asegurar su seguridad y bienestar.
A continuación, la transcripción del acuerdo:
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO UNA-SCU-ACUE-369-2023
24 de noviembre de 2023
Señores y señoras Comunidad Universitaria
M.ag. Sara González Bonilla Directora de la Oficina de Relaciones Públicas
M.ag. Maribelle Quirós Jara Directora de la Oficina de Comunicación
Estimados señores y estimadas señoras:
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 2, inciso 2.1 de la sesión ordinaria celebrada el 23 de noviembre de 2023, acta no 058-2023, que dice:
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO EN RECHAZO AL USO DE LA FUERZA Y UN LLAMADO AL ALTO AL FUEGO EN LA FRANJA DE GAZA.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Costa Rica repudia cualquier manifestación de violencia que atente contra los derechos humanos y manifestamos nuestra solidaridad con las personas afectadas por el conflicto bélico de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza.
La Universidad Nacional es una institución en la que los valores de la paz, el diálogo y el entendimiento son los únicos recursos disponibles contra la guerra y el fundamento de toda solución a las controversias internacionales, por lo que como universidad humanista está comprometida con la defensa de los derechos humanos, en apego a nuestros principios, valores y fines estatutarios.
Hacemos un llamado al uso de canales conducentes a la paz y la búsqueda de soluciones a los conflictos internacionales; la defensa de las normas del derecho internacional humanitario; la protección de las personas y los pueblos, y el absoluto rechazo a todas las formas de terrorismo; por lo que reiteramos el compromiso de la Universidad Nacional a favor de la paz en el mundo.
Este consejo comparte la resolución de la Asamblea General de la ONU que pide tregua humanitaria e inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades en Gaza, en exigencia de que todas las partes cumplan con el derecho internacional humanitario de suministrar servicios esenciales, así como la liberación inmediata e incondicional de los civiles cautivos y asegurar su seguridad y bienestar.
No existe justificación para la violencia, ya que la guerra no es la vía para resolver y conquistar los derechos de la humanidad; por el contrario, estos recursos niegan y rechazan todas las opciones y oportunidades que debemos otorgar a la paz y al diálogo, los fundamentos que sustentan el destino de la civilización humana.
Como universidad crítica, sensible y humanista reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda de la paz, los principios de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas y al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos e instamos a la comunidad universitaria para que fomente la discusión académica de los temas relacionados
con el conflicto armado, mediante un abordaje interdisciplinario que permita profundizar en el análisis y la investigación.
Atentamente,
Dra. Jeannette Valverde Chaves Presidenta del Consejo Universitario
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El neoliberalismo es una ideología dogmática y, por lo tanto, invulnerable frente a los datos de la realidad. La evidencia se amontona para mostrar que su proyecto es fallido, pero esa evidencia invariablemente quedará invalidada por una respuesta-machote, repetida al infinito: “faltó más”. O sea: faltó liberalizar más, desregular más, que los megaricos sean aún más ricos, que el gobierno sea más pequeño, etc. etc.
Es una ideología que se proyecta al infinito, en el sentido de que su programa político jamás termina de completarse: siempre tiene algo pendiente por ser realizado, y eso permite echarles las culpas a otros: a la socialdemocracia, al socialismo, a las izquierdas, al Estado, a las burocracias públicas, a los sindicatos. Es un blindaje irrompible, que les permite afirmar que la equivocada es siempre la realidad, nunca su teoría.
Creo que esto ayuda a entender que, después de 40 años de hegemonía neoliberal, esta ideología vire hacia la peor versión de sí misma: radicalizada, recalcitrante, profundamente reaccionaria e intransigente. Matriculada con las más alucinadas tesis conspiranoicas, renuncia al legado de la Ilustración, y se declara enemiga de la ciencia y de la racionalidad, enemistada a muerte con el pluralismo de las ideas, los derechos humanos y la democracia.
Es la respuesta a su propia crisis, al fallo de su modelo. Y es, asimismo, una respuesta coherente con su posicionamiento dogmático: puesto que siempre falta algo, lo que sigue pasa por desechar a sus antecesores -no suficientemente furibundos y radicalizados- para forzar a que -ahora sí- su proyecto avance hacia donde esos antecesores no pudieron, o no se atrevieron, a llegar, moviéndose, pues, a lo largo de una asíntota que se aproxima al infinito, pero que jamás lo alcanza.
De ahí los Trump, los Bolsonaro… los Milei. Del neoliberalismo posmoderno al neoliberalismo de las cavernas: barbárico y estridente. Los trajes de diseñador y los modales refinados del primero, ceden su lugar al garrote y la mueca de furia del segundo.
Hoy, en una bacanal orgiástica, las derechas del mundo celebran el gane de Milei. Como si un redentor hubiese bajado del cielo para salvar su fracasado proyecto político-ideológico y levantarlo de las cenizas.
Es una apuesta arriesgadísima: si Milei efectivamente hace lo que dijo que haría, Argentina será empujada al abismo.
Pero, para el neoliberalismo, nada de eso importará: volverá sobre su dogma para repetir la cancioncita: “Milei no hizo todo lo que debía hacerse, todavía falta algo”.
Óscar Espinoza con la participación de Rubén Golcher lanzan la canción “Hacia el Universo”. Ésta crea un relato a partir de la violencia y los sucesos negativos que han sucedido en el mundo.
Óscar Espinoza envía el siguiente mensaje: “Les comparto esta nueva canción que acabo de publicar. Un tema que reivindica la conquista de los derechos humanos y la vigilia por su cumplimiento. Con la valiosa colaboración en las guitarras de Rubén Golcher”.
Estamos viendo consternados e impotentes lo que viene ocurriendo en el cercano oriente la forma más descarnada de violencia se expone ante nuestros ojos, esta escalada diaria ya ha traído como consecuencia personas inocentes secuestradas, la muerte de cientos de ciudadanos civiles y de niños en Palestina e Israel en circunstancias injustificables. En el caso palestino algunos analistas inclusive mencionan que lo que se estaría constituyendo en Gaza es el delito que en el Derecho Internacional se conoce como genocidio contra el pueblo palestino ¡Nos negamos a permanecer callados frente a este tipo de barbarie!
Lo que vemos son bandos extremos enfrentados incapaces de entenderse, en el medio a la población que sufre las consecuencias y en la sombra a quienes lucran con la violencia y hacen sus cálculos respecto a cuánto ganan con esta guerra, a los fabricantes de armas, reconstructores, a la banca financiera, y a quienes toman decisiones geopolíticas que los benefician. Vemos pues que mientras los bandos se enfrentan y otros se benefician las grandes mayorías, los ciudadanos de a pie sufren las desastrosas consecuencias que vemos ante nuestros ojos.
Hurgar en las razones que han llevado a las partes en conflicto a esta guerra sin sentido puede ser largo y tedioso y ser fuente de división entre quienes lo único que aspiramos es a un mundo sin violencia en la que podamos ver en el vecino y en el “enemigo” a otro ser humano como nosotros con aspiraciones y esperanzas de que un mundo mejor es posible. Sabemos sin embargo que si no superamos el miedo al otro y damos pasos a la reconciliación personal y social no superaremos esta etapa de la historia humana.
El Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización hace un llamado a la ciudadanía a la necesidad de poner por delante el sentido común, a dejar los bandos en los que nos vemos arrastrados y que nos llevan a justificar acciones indeseables y por el contrario levantar la bandera de la paz y la noviolencia activa colocando la vida humana en el centro de nuestras aspiraciones. Invitamos a accionar en nuestro medio inmediato difundiendo el mensaje de la paz y la acción noviolenta en todas las organizaciones sociales e instituciones, clubes, colectivos, grupos, ciudadanos indignados y sensibles; igualmente agradecemos las acciones que vemos en favor de la paz y el respeto a la vida humana desde los pueblos de Israel y Palestina; y en especial a imaginar que otro mundo es posible.
¡Acciona por la noviolencia, la Paz y el respeto por la Vida Humana!
Según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2021 se registró casi doce millones de personas privadas de libertad a nivel mundial.
Expertos internacionales analizarán desde Costa Rica los principales retos para abordar de manera integral la prevención de tortura y vulneración de derechos.
Mediante el encuentro internacional de la Asociación de Defensorías Públicas de América Latina y el Caribe (AIDEF), expertos y especialistas, examinarán las principales problemáticas que enfrentan las personas privadas de libertad en la región y el desarrollo de políticas públicas para prevenir la vulneración de sus derechos.
Según datos del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, al 12 de noviembre del 2023, nuestro país alberga una población carcelaria de 15635 personas en el sistema cerrado y 2205 personas en el sistema semi institucional.
Al 30 de junio del 2023, la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública de Costa Rica, reportó un circulante de 7617 causas, lo cual hace fundamental la presencia activa y directa de los defensores y defensoras de la materia, en los distintos centros penitenciarios del país.
Este y otros temas de gran relevancia nacional se analizarán en el “Encuentro Internacional de Defensorías Públicas de América Latina, 20 años de la AIDEF en defensa de los Derechos Humanos”, el cual se realizará los días 22 y 23 de noviembre a partir de las 8:30 a.m. en el Auditorio Miguel Blanco Quirós, en el edificio del Organismo de Investigación Judicial, Primer Circuito Judicial de San José.
La AIDEF es una asociación de defensorías públicas que tiene como objetivo, entre otros, defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, fortalecer la independencia y autonomía funcional de las Defensorías Públicas, para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.
Sobre este encuentro el director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo puntualizó que es una oportunidad para conocer la forma en que otros países están abordando la problemática carcelaria, otros temas de interés, así como las dificultades que enfrentan las personas migrantes en todos los países latinoamericanos.
Participan expertos como el Dr. Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Patricia Laurenzo Copello, especialista en derechos humanos y temas de género y el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Litigar con perspectiva de género, los desafíos en la protección de las personas en contexto de movilidad, acceso a la justicia y retos de las defensorías públicas de la región, son otros de los temas a desarrollar.
La actividad es organizada por la Defensa Pública de Costa Rica, la Asociación Interamericana de Defensoría Públicas (AIDEF) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidad para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
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