Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestamos nuestra cercanía humana y espiritual con el querido pueblo venezolano y sus pastores, en los momentos de incertidumbre y dolor que enfrentan.
Motivados por el tiempo de Navidad que vivimos, deseamos que, aún en medio de la preocupación, no decaiga entre ustedes la esperanza, por el contrario, oramos para que se afiance la fe en el Señor y los conforte en estos momentos de dificultad.
Unimos nuestra voz a la del Papa León XIV, recordando que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando juntos para construir un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica” (Ángelus 04-01-26).
A todos los hermanos venezolanos que conviven entre nosotros, nuestro cariño y solidaridad. Caminamos juntos, somos hermanos, hijos del mismo Padre. Como Iglesia de puertas abiertas son siempre bienvenidos al encuentro, la escucha y la celebración fraterna.
Invitamos a todas las comunidades parroquiales, grupos apostólicos, movimientos y demás realidades eclesiales, a unirnos en oración por el noble y hermano pueblo de Venezuela, implorando a Dios, fuente la verdadera paz, les conceda serenidad, sabiduría y fortaleza.
Pedimos la intercesión de la Patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles, cuya canonización acabamos de vivir como Iglesia Universal.
Juntos en la plegaria, hacemos nuestros sus sufrimientos implorando para que, superada toda violencia y división, se abran nuevos caminos de paz, justicia, y dignidad para todos.
La democracia no puede ser secuestrada ni impuesta por la fuerza – debe ser construida por los propios pueblos
La Alianza Progresista condena inequívocamente el ataque militar llevado a cabo por Estados Unidos contra el estado soberano de Venezuela. La violencia y la coerción no resuelven la crisis política de Venezuela, ni avanzan las aspiraciones legítimas de su pueblo a la democracia, la justicia y la dignidad.
La transformación democrática no se puede imponer externamente. La reconciliación dentro de la sociedad venezolana sólo puede lograrse a través de la voluntad libremente expresada del pueblo, el respeto a la soberanía nacional y el pleno ejercicio de las libertades fundamentales. La Alianza Progresista rechaza firmemente cualquier declaración o intento del presidente de los Estados Unidos Donald Trump de administrar o gobernar Venezuela. Cualquier transición política debe ser determinada por los propios venezolanos.
Al mismo tiempo, la Alianza Progresista deja claro en su valoración que Venezuela ha sido gobernada bajo un sistema autoritario marcado por la erosión de las instituciones democráticas y graves violaciones de los derechos humanos. La represión de la oposición política, las restricciones al espacio cívico y la negación de las libertades fundamentales han causado profundos sufrimientos y han contribuido al desplazamiento de millones de venezolanos. Sin embargo, estas realidades nunca pueden usarse para justificar la intervención militar extranjera o las violaciones del derecho internacional.
Los atentados unilaterales perpetrados en ciudades venezolanas y la expulsión forzosa de Nicolás Maduro y su cónyuge del país son injustificables. Estas acciones violan el derecho internacional, socavan la diplomacia y sientan un peligroso precedente. No fortalecen la democracia ni los derechos humanos en Venezuela, ni en América Latina ni en cualquier otro lugar.
La intimidación, la presión militar y la intervención coercitiva alimentan la inestabilidad y profundizan el sufrimiento humano, ya que la gente común soporta las consecuencias de las luchas de poder geopolítico.
La Alianza Progresista rechaza el autoritarismo y la dominación en todas sus formas, ya sean ejercidos por autoridades nacionales o impuestas desde el extranjero. Nos solidarizamos con el pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad, la democracia, la soberanía y la dignidad humana, y apoyamos una transición pacífica y democrática determinada por los propios venezolanos y basada en el respeto al derecho internacional.
El Grito de los Excluidos Continental manifiesta su más firme condena a la escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos de América, bajo el liderazgo de Donald Trump, contra Venezuela. Se trata de un ataque imperialista, injustificable, que viola el derecho internacional, amenaza la paz regional y pone en riesgo la vida de pueblos enteros.
Este ataque no es solo contra Venezuela. Es una agresión contra todos los pueblos que luchan por soberanía, derechos sociales, justicia y vida plena, impulsada por la intención explícita de robar y saquear las riquezas naturales de sus territorios —en especial el petróleo y los recursos minerales— para sostener la codicia de las élites económicas y la lógica violenta del colonialismo moderno. Basta de imperialismo.
Llamamos a Brasil, a su gobierno democrático y soberano, a asumir una posición firme y pública en defensa de la soberanía de los pueblos, del multilateralismo, de la paz y del diálogo entre las naciones. Brasil no puede omitir su responsabilidad frente a la guerra, la muerte y el intento de someter a pueblos enteros a los intereses de una potencia imperial.
Convocamos a nuestras redes aliadas, movimientos sociales nacionales e internacionales, organizaciones populares, partidos democráticos, universidades, intelectuales, artistas, así como a iglesias, pastorales, liderazgos e instituciones religiosas, a manifestarse en defensa de los derechos humanos, de la autodeterminación de los pueblos y de la convivencia fraterna entre las naciones.
Nos dirigimos también a las instituciones, partidos y a la propia sociedad de los Estados Unidos, para que asuman su responsabilidad histórica y política y presionen por medidas concretas que detengan esta escalada autoritaria, belicista y colonial. Ningún gobernante puede colocarse por encima de los pueblos, de la vida y de la democracia. Trump no es emperador ni dios del mundo.
Reafirmamos: las disputas entre países deben resolverse mediante el diálogo, la diplomacia y la cooperación, y no por la fuerza, la guerra y la muerte. El fortalecimiento de proyectos fascistas y autoritarios no pasará. La solidaridad entre los pueblos es más fuerte.
Contra la guerra. Contra el imperialismo. Por la soberanía de los pueblos. Por trabajo, justicia y vida.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Como bien es sabido, es cada 10 de diciembre que se celebra en todo el mundo el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De cara a esta conmemoración, el tema posee una relevancia particular en esta recta final del 2025 en la que se puede observar, tanto en Centroamérica como en diversas otras latitudes de América Latina y del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan so pretexto que «frenan» sus pretensiones o «complican» sus proyectos políticos.
Llama poderosamente la atención que, a sectores políticos y económicos que oponían ayer la protección del ambiente al desarrollo económico, de manera errónea, se les unieron hoy a quiénes hoy oponen los derechos humanos a lo que denominan la «gobernabilidad» y la «competitividad«.
Actos formales o bien anuncios oficiales para conmemorar el día internacional de los derechos humanos se registraron en algunos aparatos diplomáticos en América Latina como (a modo de ejemplo) el de Chile (véase enlace), o el de Colombia (véase enlace), o el de Uruguay (véase enlace) o bien en asocio con la Unión Europea (UE) en el caso de México (véase enlace) o bien con ocasión de un encuentro UE-Chile (véase comunicado oficial). De igual manera se puede citar esta declaración del Consejo de la UE dada a conocer el 9 de diciembre del 2025.
En las líneas que siguen, intentaremos analizar el hecho que pocos días antes de esta otrora importante fecha para muchos en Costa Rica, las autoridades del comercio exterior de Costa Rica consideraron oportuno, el 8 de diciembre, anunciar la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel. Resulta más que llamativa la fecha escogida para este anuncio, al registrar Israel desde hace más de 2 años múltiples condenas internacionales provenientes de muy diversas entidades internacionales en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Contrario a lo que se se lee en algunos círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel, las mismas organizaciones israelíes de derechos humanos han endosado estas condenas: véase a modo de ejemplo, los informes disponibles en el sitio de Peace Now, así como de B´tselem entre muchas otras entidades israelíes que denuncian las acciones militares insensatas de sus autoridades en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Resulta de igual manera sumamente notorio que un día después de esta fecha, la máxima autoridad en Costa Rica considerara aún más oportuno reunirse con su homólogo en El Salvador, el 11 de diciembre (Estado que al igual que Israel, ha provocado un repudio generalizado de muchas organizaciones de derechos humanos en los últimos años debido a su política represiva y carcelaria y a las amenazas que han recibido periodistas, activistas y líderes sociales). Se trata de dos episodios separados por una fecha emblemática a nivel internacional (la cual pasó … totalmente desapercibida en Costa Rica), y que constituyen una secuencia lógica, con en tela de fondo, el desinterés observado en Costa Rica por la agenda en derechos humanos durante los últimos años.
Una peligrosa deriva observada contra reglas básicas y contra jurisdicciones internacionales
Cabe precisar que desde el 21 de enero del 2025, los precitados sectores políticos y económicos han encontrado en la Casa Blanca a un líder político que comulga con esta lectura errónea, y que emula a otros líderes populistas en muchas otras partes del mundo, partiendo además del hecho que, según él, el cambio climático es un ardid y un engaño.
Sea en materia de reglas comerciales, sea en materia migratoria, sea en materia de derechos humanos, sea en materia de respeto al principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados o de prohibición de la amenaza del uso de la fuerza, sea más recientemente en materia de captura e incautamiento de cargamentos de droga en alta mar, el actual ocupante de la Casa Blanca se esmera en violar de manera sistemática y desvergonzada algunas reglas internacionales existentes en estas y muchas otras materias.
Hombre de espectáculo ante todo, los supuestos «acuerdos de paz» que se ufana de haber logrado, posando orgullosamente ante cámaras, son más que ilusorios: muchos de los habitantes de Gaza bien lo saben desde el 10 de octubre, fecha en la que supuestamente, entró en vigor un supuesto «Plan de Paz» que nunca lo fue, pese a una fuerte campaña de información liderada por Estados Unidos e Israel desde su anuncio (Nota 1). De igual manera, lo aprendieron los habitantes de la zona fronteriza entre Cambodia y Tailandia desde hace unas cuantas semanas y los que sufren desde años el conflicto entre Burundi y República Democrática del Congo. La Casa Blanca al parecer también «descubrió» que Israel no respeta sus compromisos, tal y como lo señala el medio Axios en este interesante artículo del 15 de diciembre, a raíz del asesinato por parte de Israel de un alto mando del ala militar del Hamás en Gaza.
Imagen extraída de artículo de prensa publicado en Israel, «Along Israel’s expanding Yellow Line, the war in Gaza never ended», 5 de diciembre del 2025, Magazine+972. Texto integral disponible en este enlace.
Más allá de las dobleces a las que el Primer Ministro israelí se ha librado desde ya hace buen tiempo, el pasado 20 de diciembre del 2025 fue publicado este estudio realizado a partir de fotos satelitales, que permite entender cómo Israel está adentrándose metódicamente en Gaza con la construcción de posiciones y fortificaciones nada provisionales para sus efectivos militares, con la idea de concentrar a la población palestina en un espacio cada vez más reducido, al señalar que:
«Since the so-called ceasefire came into effect in Gaza on October 10, Israel has been consolidating its control of over 50% of Gaza and—according to new research by Forensic Architecture—physically altering the geography of the land. Through a combination of the construction of military infrastructure alongside the destruction of existing buildings, Israel appears to be laying the groundwork to establish a permanent presence in the majority of the Gaza Strip«.
Al no haber logrado Israel obtener un acuerdo por parte de algunos Estados consultados (Egipto, Etiopía, Jordania, Libia, Sudán del Sur) para acoger a una gran cantidad de palestinos oriundos de Gaza, convertida en un campo de ruinas (véase notade CNN de agosto del 2025), el reconocimiento formal de Somaliland como Estado independiente por parte de Israel augura una probable llegada futura de familias gazatíes a la provincia somalí de Somaliland (véase nota sobre este sorprendente reconocimiento por parte de Israel hecho público este 26 de diciembre del 2025).
Hombre de negocios también (con algunos de ellos turbios), una vieja técnica mafiosa que consiste en intimidar a jueces y a fiscales para que no hagan su trabajo pareciera tener a adeptos muy convencidos en la Casa Blanca: el pasado 18 de diciembre del 2025, Estados Unidos anunció una nueva arremetida con nuevas insólitas sanciones contra dos integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI), por tramitar casos contra Israel: véanse al respecto el comunicado oficialde Estados Unidos y la «celebración» inmediata en Israel a la que refiere esta nota del TimesofIsrael.
Estas sanciones fueron precedidas en el mes de septiembre por sanciones de Estados Unidos contra ONGs palestinas cuya única labor consiste en denunciar crímenes de guerra de Israel en Gaza y remitir información a la justicia penal de La Haya (véase anuncio oficial). Cabe recordar que a pocos días de estar oficialmente en función en la Casa Blanca, su actual e imprevisible ocupante firmó un decreto sancionando directamente al Fiscal de la CPI, el 6 de febrero del 2025 (véase texto).
Lejos de dejarse intimidar, la CPI emitió este comunicado con fecha del 18 de diciembre del 2025 rechazando estas nuevas sanciones de Estados Unidos (véase comunicado).
Se puede citar de igual manera el comunicado oficial de España así como de Franciade este 18 de diciembre y en América Latina de Colombia: será de interés observar en Europa y en América Latina, pero también en África y Asia, si otros Estados proceden de la misma manera que las diplomacias colombiana, española y gala o si … consideran que este nuevo desafío de Estados Unidos no amerita una reacción de repudio oficial a través de un comunicado oficial.
Tal y como lo externó una organización de defensa de los derechos humanos como la FIDH en el mes de septiembre del 2025 en un comunicado, estas sanciones norteamericanas traducen un intento jamás observado en el pasado contra la justicia penal internacional:
«Sancionar a la CPI marcaría un punto de inflexión peligroso en la historia de la justicia internacional, transformando un sistema diseñado para responsabilizar a los más poderosos por crímenes de atrocidad en uno que, en cambio, los protege. Implica retroceder de un arduo progreso hacia un orden basado en normas, a un mundo donde prevalece la fuerza sobre el derecho. Un sistema de justicia internacional construido durante décadas podría sufrir un daño irreparable frente a presiones externas destinadas a influir indebidamente en el curso de la justicia«
En el mes de julio del 2025, el mes en el que se celebra a la justicia penal internacional, sanciones similares contra el personal de la CPI por parte de Estados Unidos sí habían provocado un fuerte repudio por parte de la UE: véase comunicado oficial.
En materia de derechos humanos específicamente, la lectura del texto titulado «Los derechos humanos bajo ataque» del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas este 10 de diciembre (cuyo texto ha sido escasamente divulgado en grande medios de prensa, pese a estar contenido en un comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas – véase enlace), resulta muy recomendada: en particular el llamado que hace a sostener y a defender a organizaciones sociales y a pequeñas comunidades y líderes que, desde diversas latitudes, alzan la voz en defensa de los derechos humanos y del ambiente.
En un campo específico como los efectos del cambio climático y los derechos humanos, desde julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a una solicitud de Chile y de Colombia, emitió una opinión consultiva sobre cambio climático y derechos humanos, que ofrece una útil guía a los Estados en esta compleja y delicada materia (Nota 2).
El 10 de diciembre del 2024 en Costa Rica
Precisamente, el año anterior, el 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en el año 2024.
En efecto, se conmemoraron exactamente 30 años desde el asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes. Cabe precisar que en el 2024, la única entidad costarricense que sí consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos ecologistas asesinados en 1994, fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
Este dictamende la Procuraduría General de la República (PGR) de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural«, constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes – e indignantes – del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron el fallecimiento de estas cuatro personas a finales de 1994 e inicios de 1995 en el caso de una de ellas.
Un 10 de diciembre del 2025 … inédito e insólito en Costa Rica
El 10 de diciembre del 2025 fue precedido por el anuncio desde Israel que firmó con Costa Rica un TLC, y que además, se planea abrir una oficina con estatuto diplomático en Jerusalén por parte de Costa Rica (véasenotade prensa Swiss Info del 8 de diciembre del 2025).
El último tratado de esta naturaleza suscrito en América Latina fue un TLC entre Israel y Guatemala firmado en septiembre del 2022, es decir mucho antes del 7 de octubre del 2023 (véase texto integral), sin que nada se mencione sobre una oficina en Jerusalén. A nivel subregional, en diciembre del 2007, Israel suscribió un TLC con los cuatro Estados que integran el MERCOSUR (véase texto integral). No está de más señalar que Israel y México firmaron un TLC en el mes de abril del año 2000 (véase texto integral) y que Israel y Canadá renegociaron varios capítulos de su TLC firmado muy tempranamente (en 1996) entre el 2014 y el 2018 (véase versión vigente en la actualidad). Tampoco está de más traer a la memoria que el primer tratado de libre comercio suscrito por Estados Unidos en toda su historia fue con … Israel, en abril del año de 1985 (véase texto).
Con respecto a Costa Rica, el inicio de las negociaciones con Israel de cara a un TLC datan del mes de marzo del 2023 (véase declaración oficial conjunta).
El anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel en este mes de diciembre del 2025 plantea algunas interrogantes muy válidas, al estar Costa Rica dispuesta a fomentar el intercambio comercial con un Estado:
– acusado de cometer un genocidio en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con bombardeos aéreos indiscriminados y desproporcionados sobre Gaza que no han cesado. Se trata de un genocidio ampliamente analizado y documentado, con recomendaciones muy claras hechas desde Naciones Unidas, en particular en el informe «El genocidio en Gaza: un crimen colectivo» de octubre del 2025, disponible en este enlace y cuyas recomendaciones finales (párrafos 71-74) merecen ser leídas nuevamente por algunos jerarcas en Costa Rica, así como en un informe previo de septiembre del 2025, elaborado por una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos, con recomendaciones a los Estados terceros ubicables en los párrafos 246-250;
– cuya primera autoridad (en este caso su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la justicia penal internacional de La Haya desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra; y
– que continúa prohibiendo la entrada de alimentación, agua, medicamentos y de material médico de urgente necesidad, en cantidades suficientes para las numerosas familias palestinas en Gaza que ahora deben enfrentar la llegada de las lluvias, del frío y del viento. A ese respecto, las imágenes desgarradoras de este reportage de la televisión española y este otro reportage de la televisión belga difundidos el pasado 12 de diciembre así lo hacen ver, así como las tomas contenidas en este reportage de la cadena catarí AlJazeera difundido este 15 de diciembre y este artículo publicado unos días después en el sitio de información CommonDreams. En este reportage de AlJazeera del 20 de diciembre, se analiza el nuevo bombardeo de Israel del día anterior y el colapso en Gaza para acceder a productos de primera necesidad que sufren muchas familias. En el último informe de Naciones Unidas al 18 de diciembre (véase enlace) se lee que:
«Storm Byron, which struck Gaza on 11 December, resulted in widespread flooding, rain-related damage, and severe hardship for hundreds of thousands of displaced Palestinians across the Gaza Strip. As tents were flooded, thousands of families have lost their temporary shelters or experienced loss of clothing, bedding and other essential belongings. Palestinian Civil Defense (PCD) reported that their teams were able to evacuate some families from dilapidated buildings at risk of collapse and continued to respond to distress calls, mainly in relation to collapsed buildings, water leakages, flooded tents and the displacement of families. On 17 December, PCD highlighted that they had received over 5,000 distress calls, 17 already damaged residential buildings have collapsed, and over 90 sustained precarious damage. On the same day, The Ministry of Health (MoH) in Gaza reported that a total of 12 people died following the collapse of walls and damaged houses and one child died due to hypothermia (a two-week-old child who died on 15 December)».
¿Cómo podrá calificarse a un Estado que, a sabiendas que la lluvia y el frío se van instalando paulatinamente en Gaza, no permite la entrada masiva de la ayuda humanitaria que requieren urgentemente familias palestinas desesperadas, con numerosos niños desnutridos y descalzos, mal abrigados, algunos de ellos heridos o amputados, viviendo en carpas plásticas desde meses, sino más de dos años para algunas familias?
No está de más añadir que el pasado 21 de diciembre, se informó en Israel de un intento de instrumentalizar para fines políticos la futura comisión de investigación encargada de llevar a cabo investigaciones sobre lo ocurrido el 7 de octubre del 2023 y de sentar las responsabilidades de algunos altos jerarcas israelíes (véase nota del TimesofIsrael). Se trata de un mecanismo de investigación interno cuya creación ha logrado hábilmente posponer una y otra vez el actual primer ministro de Israel: posiblemente anticipa una investigación que ponga en evidencia su total irresponsabilidad y la de varios de sus jefes militares.
El pasado 23 de diciembre del 2025, la CIJ anunció que Bélgica se sumó a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza (véase comunicado oficial de la CIJ): el texto integral de la solicitud de intervención de Bélgica merece ser leído de manera integral, al ofrecer criterios interpretativos al juez de La Haya de gran interés para Estados que aún no han apoyado a Sudáfrica en esta contienda legal contra Israel (véase enlace a la solicitud de intervención de Bélgica). En septiembre del 2025, Brasil había realizado una gestión muy similar (véase texto de su solicitud de intervención), así como, desde del continente europeo, Irlanda, en el mes de enero del 2025 (véase texto), así como España en junio del 2024, entre varios otros Estados.
Un cerco de la justicia internacional que se va cerrando sobre Israel, pese al cerco de desinformación existente sobre el genocidio en curso en Gaza
El 15 de diciembre del 2025, la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó un enésimo intento por parte de Israel de intentar restarle validez a las demandas que enfrenta ante la CPI por sus acciones militares insensatas en Gaza (véase texto de la decisión).
El 17 de octubre del 2025, la Sala de lo Preliminar había rechazado otro enésimo intento de Israel en aras de restarle validez jurídica a las órdenes de capturas emitidas contra dos de sus dirigentes, siendo uno de ellos su actual Primer Ministro (véase texto de su decisión).
Nuestros estimables lectores podrán revisar por sí mismos con una sencilla búsqueda en la red la casi nula difusión de ambas decisiones de la CPI en los grandes medios de prensa internacionales. ¿No interesará realmente a nadie saber que, una y otra vez, Israel fracasa en sus intentos desesperados ante la justicia penal internacional de La Haya?
De igual manera, los diversos resultados obtenidos ante las justicias nacionales por la Fundación Hind Rajab, del nombre de una niña de seis años asesinada en Gaza en enero del 2024 (véase enlace), contra criminales de guerra israelíes (que, luego de haber cometido exacciones en Gaza de todo tipo contra la población civil, vacacionan por el mundo), no registran mayores referencias en los medios de la prensa internacional, por razones que sería, de nuevo, de sumo interés conocer.
Con relación a los periodistas y comunicadores que tal vez nos lean, la cadena de mando militar israelí responsable de la muerte simultánea de cinco periodistas de la cadena catarí AlJazeera en agosto del 2025, está claramente identificada por la Fundación Hind Rajab desde varios meses (véase enlace). Siempre destinado a nuestros colegas comunicadores, en particular salvadoreños, pero posiblemente lo sufran muchos otros comunicadores así como activistas y movimientos sociales en América Latina, la tecnología de punta usada por las autoridades de El Salvador para rastrear, controlar e intimidar a muchos, tiene un origen que muy bien detalla este artículo publicado en ElFaro. Esta nota de prensa publicada en Argentina sobre la existencia de datos privados de unos 30.000 brasileños, albergados en una nube electrónica en Israel, confirma el mismo origen de este tipo de tecnología de avanzada.
Una provocación gratuita e innecesaria
Con respecto a la idea de establecer una oficina de Costa Rica en Jerusalén con estatuto diplomático, se trata de una verdadera provocación, tanto para el mundo árabe y más generalmente para el mundo musulmán, como para una gran parte de la opinión pública internacional indignada por el genocidio en curso en Gaza desde hace más de dos años.
De materializarse esta iniciativa, estaríamos observando a una irreconocible Costa Rica, actuando en abierta violación al consenso internacional existente desde los años 60 sobre el hecho que Jerusalén no puede ser considerada como la capital de Israel.
El primer precedente registrado de una oficina de asuntos económicos de un Estado de América Latina ubicada en Jerusalén data del mes de marzo del 2019: se trata de una gestión realizada por el entonces Presidente Jair Bolsonaro de Brasil (véase cable de la agencia Reuters).
¿Negocios a como dé lugar… y nada más?
Si las autoridades del comercio exterior costarricenses pretenden con esta iniciativa atraer turismo e inversiones a Costa Rica y fortalecer su imagen en el plano internacional, así como mantener y desarrollar los mercados ya existentes para los productos costarricenses de exportación, habría tal vez que remitirles discretamente:
– a los resultados de las recientes elecciones del nuevo alcalde en Nueva York y/o;
– al video del momento en el que se vacía masivamente la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas, al tomar la palabra el primer ministro israelí en septiembre pasado, con contadas excepciones (entre las cuales figuran la delegaciones oficiales de Argentina, Costa Rica Estados Unidos y Paraguay), y/o;
– a las cifras de las multitudinarias marchas de protestas en favor de Palestina en las principales capitales de Europa, así como las observadas en Australia, Canadá y Estados Unidos, y/o;
– a las abrumadoras mayorías que ha conseguido reunir de manera ininterrumpida la diplomacia palestina en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, registradas al adoptarse decenas de resoluciones desde hace más de dos años;
– a las reiteradas decisiones en contra de Israel de la justicia internacional de La Haya, dictaminando que Israel viola el derecho internacional de manera ininterrumpida en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023. Con respecto a la última opinión consultiva del juez internacional de La Haya del 22 de octubre del 2025, tuvimos la ocasión de indicar que:
«…, es la primera vez en la historia desde 1945 que la CIJ de La Haya le señala a un Estado que no puede usar el hambre como arma de guerra. Sobre el tema de la hambruna, cabe recordar este llamado hecho desde el mismo Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dado a conocer hace pocas semanas, denunciando el uso por parte de Israel de la hambruna de la niñez en Gaza como un arma de guerra (véase comunicado oficial): nuestros estimables lectores podrán comprobar la casi nula difusión de este comunicado oficial de Naciones Unidas en la prensa internacional» (Nota 3).
La consulta de estos y muchos otros materiales debería de llevar a estas entusiastas autoridades a cargo del comercio exterior costarricense… así como algunos de los círculos empresariales que gravitan a su alrededor, a ponderar su entusiasmo y evaluar las consecuencias negativas futuras para Costa Rica de un TLC con Israel.
Nótese que desde el 20 de mayo del 2025, el Reino Unido, aliado histórico de Israel después de Estados Unidos, anunció la suspensión sine die de sus negociaciones sobre un TLC con Israel (véase nota de The Guardian). Esta suspensión por parte de las autoridades británicas del comercio exterior plantea la siguiente pregunta a nuestros estimables lectores costarricenses:
«¿qué observaron y entendieron en mayo del 2025 algunos jerarcas desde Londres que algunos de sus homólogos no quieren observar o bien entender desde San José?«
De igual manera plantean esta misma interrogante, sustituyendo únicamente «Londres» por «Madrid», las diversas medidas adoptadas por España en septiembre del 2025 contra Israel (véase comunicado del Palacio de la Moncloa).
También en el mes de septiembre, fue la Comisión de la UE la que recomendó formalmente suspender en parte el acuerdo de asociación con Israel que tiene la UE vigente (véase comunicado de prensa del 16 de septiembre). Nuevamente podemos preguntarnos esta vez:
«¿qué observaron y entendieron en mayo del 2025 algunos jerarcas desde Londres y en septiembre desde Madrid y desde Bruselas, que algunos de sus homólogos no quieren observar o bien entender desde San José?«
Mucho más cerca de nosotros en el tiempo así como en el espacio, a inicios de octubre del 2025, Colombia, además de expulsar a los diplomáticos israelíes en Colombia, denunció de manera unilateral el TLC vigente que tenía con Israel, firmado en septiembre del 2013 (véase comunicado oficial).
Desde la perspectiva de los derechos humanos y de la imagen internacional que proyecta desde muchos años Costa Rica, la reacción de la Relatora Especial sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, no se hizo esperar: véase nota con su tweet, publicada en el medio digital Delfino.cr. En el mes de julio del 2025, tuvimos la ocasión de analizar las insólitas sanciones tomadas en su contra por la actual administración norteamericana, al parecer muy molesta con el contenido de su tercer informe sobre el genocidio en curso en Gaza (Nota 4). Un mes después, una decisión de varios jueces de la CPI sobre Israel originó el mismo tipo de sanciones, totalmente inéditas, en su contra por parte de la actual administración norteamericana, y que también tuvimos la ocasión de analizar (Nota 5). Como señalado anteriormente, el pasado 18 de diciembre del 2025 Estados Unidos anunció una nueva arremetida con sanciones contra dos otros integrantes de la CPI (véase comunicado oficial), las cuales fueron precedidas en septiembre por sanciones contra ONGs palestinas que tramitan casos ante la CPI (véase anuncio oficial).
En el caso de la jueza peruana que integra la CPI, esta entrevista permite conocer lo que significa para esta jurista vivir con sanciones de Estados Unidos en su contra, así como este artículo publicado en noviembre del 2025 en Le Monde (Francia) relativo a la vida del juez francés de la CPI, igualmente sancionado por la administración norteamericana.
Un TLC con Israel cuestionable, cuestionado y riesgoso
Hemos tenido la oportunidad de explicar con anterioridad la forma bastante poco transparente de negociar este TLC con Israel por parte de las autoridades costarricenses, así como evaluar el riesgo que puede significar para Costa Rica este TLC: véanse al respecto:
– el enlace a una conferencia auspiciada por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras / ANDE en septiembre pasado, así como;
-la conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas / IIJ de la Facultad de Derecho de la UCR, así como;
– un muy completo foro específico sobre el TLC con Israel con dos estimables colegas, uno de ellos economista, auspiciado esta vez por Alianza por una Vida Digna y el medio SURCOS Digital.
Al respecto, la carta suscrita por 59 premios nacionales de cultura divulgada en agosto del 2025 (véase artículo con acceso al texto de este manifiesto colectivo) merece mención, entre muchas acciones realizadas desde diversos sectores costarricenses opuestos a un TLC con Israel.
No está de más referir a la demanda interpuesta ante la justicia internacional de La Haya por Palestina contra Estados Unidos en septiembre del 2018, aún pendiente de resolución, en razón del traslado de su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén (véase texto de la demanda).
El apoyo inmediato recibido por parte de Estados Unidos y el cambio repentino de posición de Costa Rica en Naciones Unidas
Tratándose de Estados Unidos, la felicitación a Costa Rica fue recibida inmediatamente por parte de Estados Unidos tras el anuncio hecho en los primeros días de diciembre del 2025 al suscribir un TLC con Israel (véase mensaje posteado en redes sociales)
Más allá de los aplausos oficiales que recibe cualquier Estado por parte de la actual administración norteamericana cuando pacta con Israel algún tipo de acuerdo, remitimos a nuestros estimables lectores a esta muy completa infografía realizada desde la radio universitaria de la UCR y a una entrevista que tuvimos al respecto en el programa radial de Interferencia la semana tras anterior (audio).
Esta complacencia súbita con Israel ha tenido repercusiones casi simultáneas, al observarse al aparato diplomático de Costa Rica cambiar repentinamente su voto en resoluciones sobre Oriente Medio adoptadas en esta primera semana de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas: véase al respecto esta muy detallada nota elaborada por el medio digital Delfino.cr. Este 12 de diciembre, una resolución de la misma Asamblea General acogiendo la opinión consultiva de la justicia internacional del 2024 condenando la ocupación y la colonización israelí del territorio palestino, reunió 139 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones, que incluyen la abstención de la delegación costarricense (véase video y nota del medio Delfino.cr): además de insólita, la nota de Delfino.cr refiere a la ausencia de explicaciones dadas por parte del aparato diplomático costarricense. Este 15 de diciembre, nuevamente se observó una abstención de Costa Rica sobre la resolución anual relativa a los derechos de Palestina sobre sus recursos naturales, tal y como se puede apreciar en el tablero de votación, mientras Palestina cosechó nuevamente una abrumadora mayoría de 156 votos a favor y tan solo 8 en contra.
Mofarse del drama indecible que se vive en Gaza en conferencia de prensa
Resulta de interés, de manera a tener un panorama más completo, referir a la mofa presidencial a la que remite este artículo de julio del 2025 publicado en el Semanario Universidad y este extracto contenido en este video informativo de La República sobre el TLC recién firmado entre Costa Rica e Israel: salvo error de nuestra parte, pareciera ser el único Jefe de Estado en ejercicio relativizando a su manera, en conferencia de prensa, con una punta de humor bastante llamativa, el drama indecible que se vive en Gaza.
En el antepenúltimo informe disponible sobre la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 4 de diciembre del 2025) se leía que se ha superado la cifra de 70.000 personas fallecidas en Gaza y de casi 171.000 personas heridas, muchas de ellas graves y desprovistas de atención hospitalaria debido a la destrucción de la red de hospitales en Gaza por parte de Israel:
«According to the MoH in Gaza, between 26 November and 3 December, 11 Palestinians were killed, 16 were injured and 20 bodies were recovered from under the rubble. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by the MoH, to 70,117 fatalities and 170,999 injuries. According to the MoH, the total number includes 299 fatalities who were retroactively added between 21 and 28 November after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH reported that since the ceasefire, 360 Palestinians were killed, 922 were injured and 617 bodies were retrieved from under the rubble«.
Se considera que con la llegada de las lluvias y la baja sustancial de las temperaturas en Gaza, muchos familias palestinas en Gaza que viven en un campo de ruinas, bajo carpas de plástico, con una alimentación deficiente desde más de dos años, verán a muchos de sus seres queridos más vulnerables fallecer en las próximas semanas debido al frío y a la humedad que azotan a Gaza. Las imágenes impactantes de este reportaje publicado por la televisión belga el 12 de diciembre así lo hace ver. El precitado informe de Naciones Unidas pues ser completado con el penúltimo informe al 11 de diciembre del 2025 (véase enlace), que detalla el nivel de violencia y las muertes ocasionadas por Israel entre un informe y otro.
El pasado 10 de diciembre, una ONG de renombre como Amnistía internacional circuló un comunicado de prensa (véase texto completo) sobre la justicia sin la cual toda iniciativa de paz en Gaza es ilusoria: una seria limitante que ya habíamos señalado al adoptarse por parte del Consejo de Seguridad, la resolución 2803, el pasado 17 de noviembre del 2025 (Nota 6).
Con relación a las ocurrentes iniciativas de Costa Rica relativas a Israel, cabe recordar que en noviembre del 2024, en plena cumbre mundial sobre ambiente realizada en Bakú (Azeirbadján), Costa Rica anunció la firma de un sorprendente Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental: véase comunicadooficial de las autoridades ambientales de Costa Rica del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel. Pocos día después, Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas: véase al respecto este artículo publicado en el semanario costarricense de Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar algún tipo de explicaciones.
¿Será que, a raíz de la firma de este TLC con Israel anunciado el pasado 8 de diciembre, Costa Rica será objeto de alguna campaña de descrédito y de boycott en su contra, así como de sus productos de exportación?
Un pequeño detalle en una votación reciente sobre prohibición de la tortura muy pocamente divulgado
La pregunta anterior cobra particular relevancia si consideramos que en materia de derecho internacional de los derechos humanos, un episodio muy poco referenciado por las grandes agencias de noticias que cubren a Naciones Unidas, tuvo lugar el pasado 20 de noviembre del 2025: en efecto, como ocurre cada tres años, se votó la resolución trienal en el seno de la IIIa Comisión de de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos (véase texto de la resolución).
Por primera vez en los últimos decenios, se contabilizaron en este mes de noviembre del 2025 un total de 169 Estados votando a favor y … votaron en contra Argentina, Estados Unidos e Israel. De estos tres Estados, únicamente Estados Unidos procedió a explicar su voto en contra con argumentos algo risibles si no se tratara de un tema tan grave en materia de derechos humanos (véase texto). Se registraron además 4 abstenciones que deberían de interpelar a muchos: Burundi, Papua Nueva Guinea, Nicaragua y Rusia.
En el caso de Argentina, su voto en contra confirma que Argentina se ha vuelto una «ficha útil» de Israel (y de Estados Unidos) en Naciones Unidas, alineando su voto al de Estados Unidos e Israel en innumerables ocasiones. En una reunión bilateral celebrada a finales de noviembre del 2025 entre los jefes de las diplomacias de Argentina y de Israel (véase comunicado oficial), se lee que:
«El Canciller también confirmó que la próxima visita oficial del Presidente Milei a Israel se encuentra en preparación y que incluirá pasos concretos en el proceso de relocalización de la Embajada argentina en Jerusalén«.
Este detalle (véase recuadro) de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en medios informativos: resulta llamativo que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. Realmente ¿no interesará realmente ya a nadie que hayan Estados objetando la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes?
Usualmente, este resolución trienal de la Asamblea General de Naciones se adopta por consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, tal y como ocurrió en ejercicios similares en el 2022 (véase texto), en el 2017 (véase texto) y en el 2014 (véase texto).
En febrero del 2025, en un informe publicado por una ONG en Israel (véase informe completo), se leía:
«By disregarding the extended evidence from human rights organizations submitted to Israel courts and authorities, and allowing abuses and torture to persist, the State creates an environment of impunity where these acts are normalized, further exacerbating human rights violations. The lack of accountability for perpretators further underscores the systemic nature of the issue, with victims facing ongoing violations and no legal recourse» (p. 20).
Resulta oportuno recordar que en el 2002, con relación a la prevención de la tortura, Estados Unidos fracasó, y lo hizo estrepitosamente, en Naciones Unidas en su intento por frenar a como diera lugar la adopción de un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de 1984 (véase nota de prensa del New York Times y texto del Protocolo): un instrumento internacional finalmente adoptado en diciembre del 2002 (véase resolución) con una abrumadora mayoría de 127 votos a favor y tan solamente 4 votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau. Sobre el detalle de las negociaciones en Naciones Unidas, lideradas exitosamente por Costa Rica desde 1991 y ello de manera ininterrumpida, remitimos a nuestros estimables lectores a esta publicación del 2004 (en particular el Capítulo II a páginas 41-73; en la página 265 se puede apreciar el cambio de posición de Israel durante la tramitación de este valioso instrumento universal entre noviembre y diciembre del 2002).
A modo de conclusión
El hecho de anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea las siguientes interrogantes en este mes de diciembre del 2025, desde la perspectiva del derecho internacional público.
En efecto, Costa Rica es Estado Parte a una gran cantidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos que contienen la obligación de prevenir y de hacer respetar ciertas disposiciones.
El fomento del intercambio comercial con un Estado acusado de cometer un genocidio en Gaza, cuya primera autoridad (su primer ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra:
– ¿acaso no coloca a Costa Rica en abierta violación a la obligación jurídica internacional que tiene de prevenir el crimen de genocidio, y que deriva de la convención de 1948 sobre la prevención y sanción de genocidio a la que es Estado Parte?
-¿acaso no contraviene con otra obligación igualmente jurídica que es la de respetar pero también de «hacer respetar» el derecho internacional humanitario, derivada de los convenios de Ginebra de 1949 y del mismo Estatuto de Roma de 1998 que crea la CPI?
– si el crimen de genocidio es objeto de una convención para prevenirlo y sancionarlo desde 1948, adoptada incluso antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿acaso se puede considerar que un Estado pueda fomentar el comercio con un Estado acusado por genocidio sin que ello violente las obligaciones que derivan de esta convención, con incluso responsabilidades penales individuales de jerarcas si este crimen está debidamente tipificado en la legislación penal nacional de este Estado?
Ello sin mencionar el hecho que este TLC con Israel contraviene con la imagen tradicional que se ha tenido de un Estado que fomenta el respeto a la justicia internacional y al derecho internacional, que ha sostenido históricamente en una multitud de foros que en vez de soluciones militares, es el diálogo y la negociación los que siempre deben prevalecer, ardiente defensor de las reglas que establece el derecho internacional humanitario, y de limitar el comercio de armas.
Para la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, la decisión de Costa Rica es totalmente equivocada (véase su mensaje en redes sociales) y para muchos en Costa Rica también lo es: raramente se habrá observado a una entidad del Estado costarricense – en este caso, la cartera de comercio exterior – afectar de esta manera la imagen y la reputación internacional de Costa Rica, con previsibles consecuencias negativas para Costa Rica, incluyendo su economía.
En cuanto al aparato diplomático de Palestina, en noviembre del 2025, su embajador en La Haya, de paso en la capital de Costa Rica, expresó (véase entrevista realizada por el Semanario Universidad) que:
«Costa Rica es un país conocido por estar alineado con el derecho y la legitimidad internacional. Siempre se ha comportado como una defensora de estos principios en el escenario internacional, pues entiende que la injusticia en cualquier sitio es una amenaza a la justicia en todo lugar. Por eso es que ésta es una posición muy desafortunada que no representa los valores mencionados ni la perspectiva general de la opinión pública mundial. Firmar un tratado de libre comercio con Israel justo ahora, en un momento en que Israel comete un genocidio enviará un mensaje devastador a las víctimas en Palestina y a los pueblos que aman la paz en todo el mundo. De una manera más amplia, enviará señales de que Costa Rica está dispuesta a abandonar su compromiso con el derecho internacional y los derechos humanos en aras del oportunismo político«.
Este día internacional de los derechos humanos debió ser un día de reflexión sobre la peligrosa tendencia observada en Costa Rica en los últimos años con relación a la agenda de derechos humanos.
Tomando en consideración la pérdida de la imagen internacional sufrida por Costa Rica observada en los últimos meses, así como la crisis aguda que vive el sector turismo (el cual depende mucho de la percepción que se tenga en el exterior de Costa Rica), nos permitimos reiterar a nuestros estimables lectores una pregunta un poco más general, que titulaba este artículo nuestro publicado en ElMundo.cr en su edición del 11 de agosto del 2025:
«¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?«
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el denominado «Plan de Paz» de Estados Unidos e Israel a la luz del derecho internacional público, analizado desde Costa Rica «, edición del 1ero de octubre del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «Derechos humanos y cambio climático: breves reflexiones con relación a la Opinión Consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio«, edición del 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, edición del 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«, 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las recientes sanciones de Estados Unidos contra la CPI, analizadas desde una Costa Rica inaudible«, 22 de agosto del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 6: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: una insólita resolución 2803 adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, analizada desde una Costa Rica totalmente omisa», 17 de noviembre del 2025. Texto disponible aquí.
Para que la sociedad costarricense construya su destino con la justicia de su historia, en honor a los hombres y mujeres que han dado de sí sus mejores capacidades en la conquista de los derechos humanos del pueblo costarricense, debe saberse valorar a los costarricenses que murieron en la guerra civil, los que murieron en los combates, aproximadamente 2000 hombres, los que murieron en las emboscadas, como el crimen de Edwin Vaglio y Horacio Montiel que siendo prisioneros fueron sacados de la Penitenciaría Central y asesinados en el Cerro de la Muerte y encontrados sus cuerpos brutalmente golpeados en la carretera sur, La Cangreja de Cartago el 24 de Mayo de 1948, denunciados por Carlos Luis Fallas.
El 19 de diciembre de 1948 fueron sacados de la Penitenciaría Central, Carlos Luis Fallas, Adolfo Braña, Luis Carballo, Arnoldo Ferreto y Jaime Cerdas, para asesinarlos en el Parque de La Sabana, sin embargo, Olinda Cruz, esposa de Jaime Cerdas fue a solicitar la intervención de Monseñor Sanabria que pudo detener los asesinatos y fueron devueltos a la Penitenciaría.
No fue así con los prisioneros políticos que desde la cárcel de Limón fueron llevados en el tren por sus custodios y asesinados en la vuelta denominada el Codo del Diablo de Turrialba; el diputado Federico Picado Sáenz, Secretario de la Federación de Trabajadores de Limón, Octavio Sáenz Soto, dirigente de los trabajadores ferroviarios, Tomas Vaglio Sardi, empresario agrícola y dirigente de trabajadores agrícolas y campesinos, Lucio Ibarra dirigente obrero y Álvaro Aguilar militante del Partido Republicano y Narciso Sotomayor que desde Nicaragua había participado en la guerra civil en la Legión Caribe como tantos centroamericanos.
Una sociedad está enferma, cuando convive su presente entre muertos de fosas comunes y crímenes silenciados.
La sociedad democrática a nivel mundial expresa el repudio general a estas inhumanas situaciones, crímenes y violaciones a los derechos humanos ocultados de los textos educativos y de los panegíricos de los vencedores, no desaparecen las víctimas, todo lo contrario, las vuelve majestuosas en su dignidad humana y trascendentes, nos relatan el fin de una guerra civil desde sus fosas, a la espera de sus exhumaciones y justicias.
Las fosas del 48 están dispersas en los lugares de los enfrentamientos, donde fueron ultimados, muchos heridos fueron rematados, según los mismos vencedores en sinceros relatos de combatientes que custodia el Archivo Nacional y testimonios publicados. [Barahona. Documentos de 1948. Editorial Costa Rica]
Las víctimas del crimen del Codo del Diablo, un diputado electo, dirigentes del partido proscrito y dirigentes de los sindicatos proscritos, dan un terrible muestrario de esos días, los vencedores en sus fiestas de poder y gloria, cachuchas y buenos negocios, y los proscritos, diputados, dirigentes de partido y de sindicatos, en la cárcel, el destierro, y la muerte. Miles de trabajadores despedidos de las instituciones del estado por ser calderonistas o comunistas.
Cientos de costarricenses, hombres y mujeres en las cárceles de todo el país. Tribunales de Sanciones Inmediatas hechos para juzgar a los calderonistas y comunistas.
Son días de represión, sin garantías individuales, amenazados de invasión por parte de calderonistas por la frontera con Nicaragua.
Estas víctimas, que hoy conmemoramos los 77 años de sus asesinatos, se han convertido en la verdad oculta de los vencedores, son cadáveres que hablan y se defienden desde sus tumbas en el Cementerio Obrero, sus derechos violados, sus vidas segadas, sus compromisos con el pueblo trabajador, con un concepto de patria, superior, nos narran la injusticia y los derechos pendientes de una sociedad política y económica que en la mentira, el silencio, la tergiversación y el oportunismo, construyó un relato alterno de falacias, donde los derechos humanos de sus víctimas fueron ultimados en sus integridades físicas y morales.
La persecución, el pillaje, la vendetta, el escarnio público especialmente a las mujeres y los hombres, a maestras, a maestros, profesoras universitarias, profesores universitarios, empleados públicos, estudiantes, sucedió sin que fueron considerados oprobiosos y humillantes ante las consideraciones de derechos humanos y el trato cruel de los prisioneros políticos.
Estos crímenes conmocionaron las conciencias de muchos costarricenses exiliados en diferentes partes, las voces de José Albertazzi y su hija Alicia Albertazzi, Fernando Cerdas, en Guatemala, de Judith Ferreto Segura, Carmen Lyra, Manuel Mora Valverde, Alfonso, Eduardo, Claudia, Mora Valverde en México, a través de sus cartas se refleja el impacto moral y físico del destierro. De Carlos Luis Sáenz, Adela Ferreto y Corina Rodríguez en Panamá, Fernando Chaves Molina y el artista Manuel de la Cruz González desde Venezuela, en sus palabras tristes e indignadas: “Esta voz clara y limpia con que buscó, su anatema viril o tu orgullo infinito, sea protesta, indignación, presencia y grito, del horrendo crimen del “Codo del diablo. ¡¡De pie costarricenses!! ¡¡¡Atrás los mercenarios!!! Es imposible jamás olvidar Codo del Diablo, La Lucha, Tarbaca, El Tejar, San Isidro del General. Recuerda tus dolores y vive tu calvario.” (archivo Museo de la UCR). En el exilio de Manuel de la Cruz González y su testimonio, entendemos lo que habrán sufrido cientos de familias en el destierro, el exilio y el insilio. Ciudadanos que lucharon y resistieron por la defensa de las Garantías sociales, el Código de Trabajo y un nuevo Código Electoral.
En este aniversario de la muerte de estas víctimas, la sociedad debe repensar, y como en otros países sucede, pedir disculpas, a través de las autoridades institucionales, por el trato oprobioso del que fueron objeto tantos funcionario del estado, del magisterio nacional, de líderes sindicales y comunales, por lo inhumano del crimen de los prisioneros políticos, un resarcimiento público a sus descendientes.
Aún espera la conciencia lúcida y justa del pueblo costarricense que enarbola decencia y debe compensar el silencio y la complicidad en la corrupción en estos días de crisis de la vida política.
La memoria histórica enseña que solo con la justicia y la libertad se construye La Paz y se defienden los derechos humanos, los mártires del Codo del Diablo sostienen la esperanza.
Diciembre 2025
Afiche de la convocatoria del Partido Vanguardia Popular y la Juventud Vanguardista Costarricense para la conmemoración del aniversario del asesinato de los mártires del Codo del Diablo. Imagen aportada por la autora.
Mariana Ramos Castro, niña de ocho años, que acaba de terminar exitosamente su tercer grado, avanzando en el 2026 al cuarto grado, que se está formando en una escuela bilingüe, quien es muy destacada en deportes y gimnasia, asustó al presidente Rodrigo Chaves.
No asustó a cualquier persona, hizo temer al presidente que se identifica anímicamente con el animal depredador JAGUAR, que se comporta públicamente como un animal, imitando los rugidos del felino, tratando de asustar al público que le observa, que atentamente le sigue, y que también trata de imitarlo en sus zarpazos, agresiones y exabruptos verbales contra quienes le critican y se le enfrentan.
Se supone que con ese comportamiento animal el presidente es el hombre más valiente, y fuerte de Costa Rica, que con su rugido quiere imponerse.
Su imitación del animal Jaguar, con sus rugidos, me hace recordar, al héroe de mis años infantiles, Johnny Weissmüller, quien impulsó y representó en el cine a Tarzán de los Monos, quien también se comunicaba, “hablaba” con los animales, y emitía un alarido poderoso, un grito ululante, distintivo, el Grito de la Selva, cuando se lanzaba por los árboles o quería imponer su presencia. Johnny Weissmüller, era un nadador rumano, gran nadador, cuya figura le convirtió en un sex symbol de la pantalla grande en su época.
El Tarzán de los Monos, fue una figura de hombre blanco, que vivía en una región africana de pobladores negros, pigmeos, más pequeños que él. Era el símbolo de la civilización en aquellas comunidades “atrasadas”. Pero, a la vez el símbolo del colonialismo, del racismo, del imperialismo en las comunidades indígenas africanas.
El animal de Zapote, el Jaguar, con los “rugidos de jaguar” que hace el presidente Chaves, trata de imitar seguramente a Tarzán, y lo hace sentirse en una comunidad de seres atrasados, más animales que él, donde él con su ferocidad trata de imponerse, de meter miedo, de acobardar a quienes se le enfrenten. Lo hace sentirse como el Rey de esta selva, el Rey de los Monos o, mejor dicho, el Rey de los Jaguares, de este zoológico humano costarricense. Porque si él es un animal a todos nos ha de ver como animales. El Jaguar de Zapote quiere probablemente procura convertirse en un sex symbol de la pantalla grande costarricense.
El libro de Edgar Rice Burroughs seguramente es el libro de cabecera del Jaguar costarricense, que siendo Tarzán de origen rumano, el presidente Chaves lo imitó autodenominándose Jaguar en Zapote de Costa Rica. Quienes lo conocen de cerca me han dicho que en la intimidad, con cariño, lo tratan como el Dragón de Komodo de Monterán, un animal propio de Indonesia… donde él actuaba con la Ley de la Selva del Banco Mundial…
¿Qué asustó al Jaguar de Zapote y al Dragón de Komodo de Monterán? Palabras, expresiones, ideas, un pequeño relato de una niña de ocho años. ¿Qué dijo esa niña que tanto incomodó al Jaguar de Zapote y al Dragón de Monterán?
Las expresiones que dio la niña en una actividad enteramente privada, porque el Jaguar quiere dominar e interferir en toda la vida pública, la política y la vida privada de los costarricenses.
La niña, es a la vez la hija del candidato presidencial Álvaro Ramos y de su esposa Cristie Castro, ambos dedicados a sus hijos extraordinariamente y a tiempo completo, para formarlos de la mejor forma posible para la vida, con sentimientos humanistas, con vivencias democráticas, con valores de inclusividad, de respeto, de tolerancia, de libertad.
La niña No dijo mentiras. NO ha sido educada para eso. NO está marginada de la vida de sus padres, ni de la proyección política de su padre, el candidato Álvaro Ramos. Tampoco se le oculta que su padre es candidato del Partido Liberación Nacional, con el cual la niña, como todos los hijos e hijas de candidatos se identifican con los partidos políticos de los que sus padres participan. Sucede igual con los equipos de fútbol. La niña NO vive un entorno familiar de opresión para seguir políticamente a sus padres. Pareciera que por la reacción del Jaguar este ambiente no lo conocen en su casa, en su guarida en Monterán o en Zapote, donde ha de predominar la Ley del Más Fuerte, del más gritón, como se comporta el Jaguar en sus Guarida, con gritos…
Por todo lado lo decimos, y se dice, que el presidente Chaves es un ser autoritario, con características despóticas, tiránicas, dictatoriales. Decimos y advertimos a los costarricenses y ciudadanos que, de continuar su gobierno, ese es el camino proyectado de su candidata, quien ha dicho con claridad que necesitan gobernar sin controles administrativos y legales, que el Estado de Derecho en ese sentido no les permite gobernar, por lo que tienen que acabar con el Estado de Derecho, y con el Estado Social de Derecho, que es acabar con la Democracia.
La niña Mariana Ramos Castro, de ocho años, en la reunión en la que estaba su padre, el candidato, con quien se identifica, dijo lo siguiente: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, que Costa Rica está en el pico de la montaña al borde de caer. Costa Rica es un país, que ahora está entre el bien y el mal, con un presidente que es un dictador. Depende de nosotros, los liberacionistas, hoy estar diciendo: ¡Somos liberacionistas, vamos a derrotar al mal y vamos a ganar para tener el país que queremos!”.
Palabras similares dice el presidente Chaves constantemente contra todo el ordenamiento político, institucional, jurídico, contra los poderes públicos. También ataca y amedrenta personas y funcionarios públicos, a algunos colocándolos en vallas publicitarias como si fueran los delincuentes más perseguidos del país. ¿Acaso no dijo el Jaguar que todos los presidentes del pasado, desde 1949 hasta que llegó él, habían sido dictadores y tiranos que solo gobernaron para grupos económicos y financieros, y no para el pueblo?
Tamaño alboroto ha creado el felino de Zapote, aparte de los rugidos que pasa haciendo en su guarida de Monterán, por esa simple opinión expresada por una niña de ocho años, que le llama “dictador”.
No satisfecho con la libertad de opinión de la niña, que es una persona menor, ha obligado a que el Patronato Nacional de la Infancia, intervenga investigando a la niña, llevando a su familia y entorno familiar, a investigaciones administrativas, casi policiacas, al estilo nazi fascista, para determinar el daño en la formación y cuido de esa niña que se le ha causado, para determinar si el ambiente familiar que tiene Mariana es tóxico y lesivo a su condición de menor de edad y de mujer menor.
Por el comportamiento público del Jaguar es más probable que el ambiente tóxico y peligroso del Jaguar se viva en su guarida de Monteran, para sus familiares inmediatos, para su esposa, su hija y sus empleados, como la tensión que se vive entre los trabajadores de la guarida de Zapote.
Le ha faltado al Jaguar hacer o pedir públicamente que intervenga Procuraduría General de la República, que también tiene que hacerse presente en situaciones especiales de niños, que para él son como objetos, casi sexuales en algunos casos, que se altera, se excita, cuando una niña de ocho años le dice “dictador”, y que ante ese “exabrupto” le echa encima el Patronato Nacional de la Infancia a la niña y a su Familia, para valorar si vive en un entorno familiar hostil o peligroso, para la chiquita, casi amenazando con quitar esa niña de su familia, para entregarla a alguna institución “guardadora” de niños, o hasta para hacer negocios, si pudiera hacerlos, por la vía de gestionar adopción con esa institución, en una especie de trata de niños desarraigados de su hogar por razones políticas impuestas por el presidente, que se identifica emocional, sicológica, siquiátrica y cotidianamente con un animal, el jaguar, que por su naturaleza, es un animal depredador, lo que explica en mucho la condición que tiene el presidente de animal político depredador del Estado, de sus instituciones sociales, y de los valores democráticos nacionales.
Lo que ha quedado en evidencia pública es que el Jaguar presidente le tiene miedo a la opinión de una niña, lo que constituye un máximo acto de cobardía pedofílica del Jaguar, que fue excitado por las manifestaciones que le hicieron saber de esa niña, que seguro le hizo recordar su infancia, (¿y juventud tal vez?) reprimida, y quizá hasta abusada, que lo hizo reaccionar contra esa niña, que por la forma es actuar contra todos los niños de Costa Rica.
Si el acto del animal Jaguar no es cobardía Pedofílica, entonces debe ser de cobardía Pedofóbica, que es cuando se les tiene miedo a los niños, lo que hace al pedofóbico rechazar a los niños, por actos traumáticos sufridos en su niñez. Es un miedo anormal y persistente de la ansiedad que se le puede producir de criar niños, o de tenerlos a su alrededor, en su hogar o en el hogar presidencial, según se quiera ver, en todo Costa Rica.
El ataque a la niña por el presidente ha sido contra todos los niños, contra todas las personas pequeñas y menores del país. Ha sido un irrespeto total a ellos, a su integridad, a su formación democrática, a su libertad de crecimiento en sus hogares y en escuelas.
En las escuelas y colegios hay elecciones estudiantiles, de infantes, de menores de edad. Incluso hay regulaciones electorales, de estos procesos estudiantiles, al amparo del Tribunal Supremo de Elecciones.
Obviamente, los hijos de los candidatos a cualquier puesto de elección popular están más identificados con sus parientes candidatos, y con los partidos de ellos.
¿Qué se puede esperar de hijos de candidatos a la Presidencia, como la hija del candidato Álvaro Ramos? Lo mínimo, identificación con su padre candidato, con lo que él piensa y con lo que se dice de sus principales contrincantes y de lo que se critica del gobierno, y del presidente de turno, sobre todo si se tienen todas las características de un déspota, un tirano, un dictador, un ser absolutamente autoritario.
El Tribunal Supremo de Elecciones debería salir en defensa de los derechos de los niños, del derecho al sufragio que se les enseña y se los posibilita, en la práctica, el mismo día de las elecciones, donde esos niños están claramente identificados con partidos y candidatos, incluso en contra de los que tienen sus padres, que les respetan esas opiniones.
¿Qué se puede pensar del presidente que actúa violentamente contra lo que dice una niña de él? ¿Y qué se puede pensar de un presidente que ante manifestaciones políticas de una niña le echa encima a ella y su familia toda la institucionalidad del Estado, pidiendo represión contra ellos y atemorizando a toda la población y ciudadanía?
Lo mínimo que se puede pensar es qué a su familia, la del presidente, la trata violentamente, sin ningún respeto, imponiéndoles a la fuerza sus opiniones, sin permitirles ningún tipo de libertad de pensamiento. Podemos entender por ello el descalabro que la educación nacional ha tenido en este gobierno.
Si alguien se debiera investigar en sus relaciones familiares y parentales es al presidente de la República, si él quiere ser el prototipo de los costarricenses.
¿Cuál es la imagen que el presidente proyecta con este escándalo en estas materias? La del machista, la del abusador, la del negacionista de derechos, la del dictador esposo, la del tirano padre, la del presidente macho cabrío despidiendo el olor hircino para marcar constantemente su territorio…en su casa, en la Casa Presidencial, que es la de todos los costarricense, y en todo el territorio nacional…por donde vaya en sus giras…
La reacción que ha tenido el presidente no es solo contra esa niña. Es contra todos los niños de Costa Rica, sin entender cuál es la situación real y actual de la niñez costarricense. Sin entender que los niños son personas, que se les educa para ser ciudadanos en el futuro no muy lejano para ellos.
No entiende el presidente que hoy los niños se educan, en sociedades democráticas como la costarricense, con criterios más amplios, respetándolos como personas pequeñas, con sus propios derechos y libertades.
El presidente parece que cree que está mandando en Costa Rica, como seguramente operaba laboralmente en Indonesia y en los países donde trabajó imponiendo programas…
A la niña del candidato Ramos hay que destacarla. Es un ejemplo para la niñez y los jóvenes, pero también para padres de familia y educadores.
La presidenta del Patronato Nacional de la Infancia fue clara: cuando le informaron de lo que había dicho la niña de ocho años, que llamó “dictador” al presidente, inmediatamente ella llamó al presidente, porque como bien dijo el Jaguar, eso le hubiera molestado, que no le hubieran informado.
Los problemas públicos, notorios y escandalosos que vive diariamente la niñez del país, especialmente la de zonas marginales, de pobreza y extrema pobreza, pero también la de zonas urbanas, pareciera que no son vistos, ni atendidos de ninguna manera por el Patronato Nacional de la Infancia. Los niños de la calle, los niños en la calle, los niños y niñas en abandono, los llamados ninis, los niños de la deserción escolar, los niños del trabajo infantil que se ha ampliado de forma esclavista en el país, en regiones campesinas y de trabajos agrícolas y urbanos, lo niños de ventas callejeras, los niños que abandonaron la escuela o el colegio, lo brutalmente hecho por el gobierno de quitar el subsidio de los comedores escolares, del transporte estudiantil, las niñas y menores de edad embarazadas, ¿Acaso el Patronato Nacional de la Infancia no tiene que interesarse en ellas? ¿Qué ha hecho el Patronato Nacional de la Infancia ante el gobierno que eliminó los programas educativos que tenían que ver con la educación sexual y afectiva de los niños? Lo que se había regulado y disminuido de embarazo adolescente en zonas costeras, como Guanacaste y Puntarenas se ha vuelto crítico nuevamente, a la vista y paciencia del silencioso y cómplice, en este sentido, Patronato Nacional de la Infancia.
Para el presidente esas palabras de la niña Mariana Ramos no fueron espontáneas, propias, no fueron improvisadas o naturales. Así las ve, porque cada ladrón juzga por su opinión. Las actividades de las mesas de prensa del presidente, de los miércoles, son exactamente montadas, con guiones hechos, con preguntas y respuestas preparadas, con las preguntas y las respuestas para sus invitados ya todas cocinadas… Por eso no puede entender que una niña tenga opinión propia.
La niña Mariana no ha cometido delito alguno ni infracción de ningún tipo para que se le investigue a ella, y a su familia, por medio de trámites judiciales o administrativos.
La legislación nacional de Familia la protege en sus derechos de costarricense, de persona menor costarricense, con los derechos y libertades que tiene, como todo ciudadano. La legislación internacional de niños, ratificada por Costa Rica también la protege. Los Tratados de Derechos Humanos que hemos ratificado también la cubren.
La participación política y electoral de un menor no está prohibida. El único impedimento que tienen los menores de 18 años, entre ellos Mariana, es el del sufragio para decidir la representación popular. Pero en imitación de ese proceso se les organizan elecciones “infantiles” para que así se expresen el mismo día de las elecciones.
La censura a las ideas y opiniones de Mariana no caben. No hay censura previa. Y lo que dijo no puede someterse más que a la libertad de pensamiento y de opinión que ella misma ha elaborado por la información que ha recibido diariamente en su casa, en la escuela, en la calle, en los medios de comunicación y en las redes sociales infantiles a las que puede tener acceso.
Los derechos de reunión, de examinar la conducta de los gobernantes, que implica la crítica y la adjetivación de su persona o función, son válidos para Mariana.
Y cuando, en una gira presidencial en una imagen totalmente lasciva, que fue publicada, el presidente pidió que le dieran o entregaran una niña, que la devolvería después… ¿qué hizo el Patronato Nacional de la Infancia, sobre todo por la mala fama, o sombra, que acompaña y trajo del Banco Mundial el presidente? ¿La foto lasciva que se publicó del presidente, con la niña que solicito, acaso no mostraba una poderosa pederastia política, una inclinación “erótica” hacia la niña?
¿En qué quedamos con la niña Mariana y el presidente? El Jaguar se manifestó como un cobarde ante la niña de ocho años. La cobardía política pedofílica del presidente ante la niña se expresó en su falta de valor, su alta incapacidad ante el miedo, el peligro o la adversidad, que le produjeron las palabras de la niña, de que le dijera “dictador”, lo que llevó al presidente a huir, a ocultarse en las enaguas de la institucionalidad que representa la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, para evitar la situación difícil de su condición de “dictador”, de cobarde político amparado a la fuerza institucional del Estado, porque ese calificativo de “dictador” le llegó a su intimidad, y para desde esa tribuna institucional, el Patronato Nacional de la Infancia, disfrazar su Cobardía Pedofílica, el placer, probablemente erótico, que también le produjo el que la niña lo llamara “dictador”, considerando que la pedofilia produce esa atracción en el rango de las edades de 6 a 14 años de los niños.
Bien pudo ser también, que el presidente mostrara su cobardía pedofóbica política de miedo o rechazo a los niños que tienen opinión política propia, que le haya recordado un episodio traumático cuando era niño.
El partido Liberación Nacional y sus padres no tienen por qué ocultarla del escenario que el Jaguar la quería sacar, del ambiente democrático electoral del país, que estamos viviendo… Hasta febrero, abril y mayo próximo, donde se define si avanzamos hacia mayor o menor democracia, hacia una democracia o seguimos el camino de la dictadura y del autoritarismo.
Si todavía pesara alguna duda sobre la capacidad de la niña para tener opinión propia, bien podría someterse ella con el presidente a una comparación científica de la Inteligencia Emocional, y de la Inteligencia Emocional Política, que la niña evidentemente si la tiene, con la que el presidente no la muestra.
Si se quiere ir más allá, podría hacerse una comparación de los Coeficientes Intelectuales del presidente y de la niña. Por la forma con que hemos visto actuar al presidente pienso que en ambos temas es débil.
El aprendizaje, la memoria, la comprensión verbal, la capacidad espacial, la rapidez de procesamiento, la motivación interesada, el alto rendimiento escolar y expresión oral destacada de Mariana, que desde los tres años lee, como su padre que empezó a los dos años y medio la ruta de su éxito intelectual, probablemente supere en mucho al presidente, comparando las edades mentales con las cronológicas como se hace en estas pruebas.
Comparativamente, el presidente no calza en esta posible comparación por su baja expectativa para lograr objetivos mínimos, como lo ha demostrado en su gestión gubernativa.
La niña Mariana se ganó un sitio de honor en esta Campaña Electoral. En ella se defiende a la niñez costarricense en todas sus libertades y derechos. En ella está, toda la niñez nacional, el futuro del país, así como en una semilla hay un árbol.
Mariana, me recuerda a Marianne, la figura que personifica, además de símbolo nacional de Francia, a la República Francesa, a la Revolución Francesa, a la mujer patriótica, fogosa, guerrera, pacífica, representante del pueblo, los que simbolizan el cambio de régimen, de gobierno autoritario, en aquella época monárquico, por el democrático republicano. Marianne es el símbolo de la Madre Patria, de la Madre que protege a todos los hijos de la República.
¡Bravo Mariana Ramos Castro! ¡Defendamos a Mariana y a los niños costarricenses de cobardes políticos, de pedófilos o pedófobos políticos, como el Jaguar de Zapote!
El brutal desalojo de 70 familias de la comunidad de Chorreras en San Carlos ha ocasionado el dolor y la precariedad de esas familias y, lo que es peor, la denuncia de la desaparición de siete menores puesta en el Patronato Nacional de la Infancia. El paradero de estas criaturas se ignora, pues el terror perpetrado durante el desalojo provocó su huida.
Compartimos imágenes de algunas viviendas de la comunidad desalojada.
Pedimos su firma antes 20 diciembre para exigir el respeto a los derechos humanos.
El ciudadano Marco Levy Virgo presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en el que denuncia la omisión del Estado costarricense de aplicar estándares internacionales de protección a los pueblos tribales afrodescendientes, en relación con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a la empresa APM Terminals.
En el escrito, Levy sostiene que la concesión fue otorgada sin consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades afrodescendientes de Limón, a pesar de que estas mantienen una identidad colectiva, modos de vida tradicionales y un vínculo histórico con su territorio, características que —según el recurso— las configuran como pueblo tribal conforme a los estándares interamericanos.
El documento detalla que la entrada en operación de la TCM ha generado impactos sociales y económicos profundos, entre ellos el desplazamiento laboral de mano de obra afrodescendiente, el cierre de operaciones de empresas privadas como Standard Fruit Company (Dole) y Chiquita Brands, y la reducción de actividades en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Estos procesos, afirma el recurso, agravaron el desempleo, la pobreza y las tensiones sociales en una región históricamente vulnerable.
Asimismo, se señala la afectación a actividades tradicionales como el turismo comunitario y la pesca artesanal, así como al tejido social ancestral de comunidades de Moín y zonas aledañas, sin que se hayan implementado medidas efectivas de mitigación o compensación.
El recurso argumenta que la ausencia de consulta no constituye una omisión formal, sino una violación estructural y sistemática de derechos colectivos, que perpetúa la discriminación contra la población afrodescendiente. En respaldo de esta afirmación, se citan instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido el derecho a la consulta de pueblos tribales afrodescendientes en proyectos de gran impacto.
El escrito también cuestiona lo que califica como una aplicación selectiva de los mecanismos interamericanos por parte del Estado costarricense, al recordar que el país sí solicitó una opinión consultiva a la Corte IDH en otros temas de derechos humanos, mientras no ha hecho lo mismo frente a los impactos del proyecto portuario en Limón.
Finalmente, el recurso solicita a la Sala Constitucional que declare la violación de los derechos fundamentales invocados, que se anulen los efectos lesivos de la concesión en lo que respecta a las comunidades afectadas y que se ordenen medidas de reparación integral, incluyendo la realización de una consulta adecuada y la compensación por los daños ya causados.
Contexto y antecedentes
La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín y sus impactos sociales, laborales y territoriales han sido abordados en diversas notas publicadas previamente en SURCOS, donde se ha documentado la situación histórica de exclusión que enfrenta la población afrodescendiente del Caribe, el debilitamiento de la institucionalidad pública portuaria y las transformaciones económicas que ha vivido la provincia de Limón en las últimas décadas.
En esos antecedentes se ha señalado la ausencia de procesos de consulta y participación efectiva de las comunidades afectadas, así como la persistencia de brechas estructurales en empleo, acceso a derechos y reconocimiento cultural. El recurso presentado ante la Sala Constitucional se inscribe en este marco más amplio de disputas por justicia social, derechos colectivos y reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, temas que han sido objeto de seguimiento informativo constante por parte de SURCOS.
Puede consultarse este enlace para una visión histórica del tema:
Quizá por estas latitudes nuestras hay noticias que pasan desapercibidas.Es que la ocupación y la preocupación por los destinos de un país como Costa Rica nos ha hecho pensar mucho en lo doméstico y restarnos la mirada periférica hacia el contexto internacional.
Este año, no debemos olvidarlo, asumió en su segunda magistratura el republicano Donald Trump. Recordemos que una de las promesas de campaña que a la larga le llevó al poder fue “acabar con el problema de la inmigración hasta volverla 0”.
Para ello, la campaña de persecución, detención y deportaciones masivas debía ser feroz.Y sí que lo ha sido.En la memoria, triste memoria, nos quedará como país haber contribuido a servir como destino de vuelos de deportados que fueron a parar a la zona sur del país en condiciones de hacinamiento y violencia institucional.
En lo que el teatro doméstico se alista para una de las contiendas más importantes de su historia democrática, en algunas ciudades de Estados Unidos se escenifican acciones de resistencia contra la maquinaria migratoria y represiva que Donald Trump ha ordenado lanzar contra los cuerpos de las personas migrantes y sus familias.
Recién la semana pasada un artículo publicado en el sitio digital Revista Crisis, detallaba las estrategias de autodefensa vecinales y comunitarias ensayadas en sitios como Chicago, una de las ciudades con mayor población latina en aquel país.
Las acciones consistían en talleres de formación, entrenamientos colectivos y herramientas de comunicación ingeniosas destinadas a luchar contra las detenciones masivas y las deportaciones.
El poder de la organización está allí, en la gente.Pienso en eso y es inevitable no pensar en la incapacidad que ha mostrado la oposición en Costa Rica para derrotar al oficialismo y su autoritarismo legitimado.Pienso en cierto ADN que se perdió y es necesario recuperar con sentido colectivo y liberador.
Si los migrantes en Estados Unidos están logrando resistir y combatir el odio, pienso que hay un resquicio de esperanza que proponga terminar con esta pesadilla política y dedicarnos de inmediato a reconstruir el proyecto de país que somos.Refundarnos. Salir del fondo.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Como bien es sabido, cada 10 de diciembre se celebra en todo el mundo el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De cara a esta importante celebración, el tema posee una relevancia particular en esta recta final del 2025 en la que se puede observar, en Centroamérica así como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan so pretexto que «frenan» sus pretensiones o «complican» sus proyectos políticos.
Llama la atención que quiénes oponían ayer la protección del ambiente al desarrollo económico, de manera errónea, se unieron hoy a quienes hoy oponen los derechos humanos a lo que denominan la «gobernabilidad«: desde el pasado 21 de enero, estos sectores han encontrado en la Casa Blanca a un líder que comulga con esta lectura y que emula a otros líderes populistas en muchas otras partes del mundo.
La lectura de la intervención titulada «Los derechos humanos bajo ataque» del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas este 10 de diciembre (cuyo texto ha sido escasamente divulgado en grande medios de prensa, pese a estar contenido en un comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas – véase enlace), resulta muy recomendada: en particular el llamado que hace a sostener y a defender a organizaciones sociales y a pequeñas comunidades y líderes que, desde diversas latitudes, alzan la voz en defensa de los derechos humanos y del ambiente.
En materia de cambio climático, desde julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a una solicitud de Chile y de Colombia, emitió una opinión consultiva sobre cambio climático y derechos humanos, que ofrece una útil guía a los Estados en esta compleja y delicada materia (Nota 1).
El 10 de diciembre del 2024
Precisamente, el año anterior, el 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en el año 2024.
En efecto, se conmemoraron exactamente 30 años desde el asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes. Cabe precisar que en el 2024, la única entidad costarricense que sí consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos ecologistas asesinados en 1994, fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural«, constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes – e indignantes – del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron el fallecimiento de estas cuatro personas a finales de 1994 e inicios de 1995 en el caso de una de ellas.
Un 10 de diciembre del 2025 … inédito e insólito
Este 10 de diciembre del 2025 fue precedido por el anuncio desde Israel que firmó con Costa Rica un tratado bilateral en materia comercial (TLC), y que además, se planea abrir una oficina con estatuto diplomático en Jerusalén por parte de Costa Rica (véasenotade prensa Swiss Info del 8 de diciembre del 2025).
El anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea algunas interrogantes muy válidas, al estar Costa Rica dispuesta a fomentar el intercambio comercial con un Estado:
– acusado de cometer un genocidio en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con bombardeos aéreos indiscriminados y desproporcionados sobre Gaza que no han cesado;
– cuya primera autoridad (en este caso su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la justicia penal internacional de La Haya desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra; y
– que continúa prohibiendo la entrada de alimentación, agua, medicamentos y de material médico de urgente necesidad, en cantidades suficientes para las numerosas familias palestinas en Gaza que ahora deben enfrentar la llegada de las lluvias, del frío y del viento. A ese respecto, las imágenes desgarradoras de este reportage de la televisión española y este otro reportage de la televisión belga difundidos el pasado 12 de diciembre así lo hacen ver, así como las tomas contenidas en este reportage de la cadena catarí AlJazeera difundido este 15 de diciembre.
¿Cómo se podrá calificar a un Estado que, a sabiendas que la lluvia y el frío se instalan en Gaza, no permite la entrada masiva de la ayuda humanitaria que requieren urgentemente familias palestinas con numerosos niños desnutridos y descalzos, mal abrigados, viviendo en carpas plásticas desde meses?
Este 15 de diciembre del 2025, la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó un enésimo intento por parte de Israel de intentar restarle validez a las demandas que enfrenta ante la CPI por sus acciones militares insensatas en Gaza (véase texto de la decisión). El 17 de octubre del 2025, la Sala de lo Preliminar había rechazado otro enésimo intento de Israel en aras de restarle validez jurídica a las órdenes de capturas emitidas contra dos de sus dirigentes, siendo uno de ellos su actual Primer Ministro (véase texto de su decisión). Nuestros estimables lectores podrán revisar por sí mismos la casi nula difusión de ambas decisiones de la CPI en los grandes medios de prensa internacionales.
Con relación a la idea de establecer una oficina de Costa Rica en Jerusalén con estatuto diplomático, se trata de una verdadera provocación: tanto para el mundo árabe y más generalmente para el mundo musulmán, como para una gran parte de la opinión pública internacional indignada por el genocidio en curso en Gaza desde hace más de dos años. De materializarse esta iniciativa, estaríamos observando a una irreconocible Costa Rica, actuando en abierta violación al consenso internacional existente sobre el hecho que Jerusalén no puede ser considerada como la capital de Israel.
Desde la perspectiva de los derechos humanos y de la imagen internacional que proyecta desde muchos años Costa Rica, la reacción de la Relatora Especial sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, no se hizo esperar: véase nota con su tweet, publicada en el medio digital Delfino.cr. En el mes de julio del 2025, tuvimos la ocasión de analizar las insólitas sanciones tomadas en su contra por la actual administración norteamericana, muy molesta con el contenido de su tercer informe sobre el genocidio en curso en Gaza (Nota 2).
Tuvimos la ocasión de explicar con anterioridad el riesgo que significaría para Costa Rica este TLC con Israel (véase enlace a conferencia auspiciada por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras / ANDE en septiembre pasado y conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas / IIJ de la Facultad de Derecho de la UCR, así como un muy completo foro específico sobre este TLC con Israel auspiciado esta vez por Alianza por una Vida Digna y el medio SurcosDigital).
No está de más referir a la demanda interpuesta ante la justicia internacional de La Haya por Palestina contra Estados Unidos en septiembre del 2018, aún pendiente de resolución, en razón del traslado de su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén (véase texto de la demanda). Tratándose de Estados Unidos, tampoco está de más indicar la felicitación a Costa Rica recibida inmediatamente por parte de Estados Unidos tras el anuncio hecho en los primeros días de diciembre del 2025 de un TLC con Israel (véase mensaje posteado en redes sociales)
Más allá de los aplausos oficiales que recibe cualquier Estado por parte de la actual administración norteamericana cuando pacta con Israel algún tipo de acuerdo, remitimos a nuestros estimables lectores a esta muy completa infografía realizada desde la radio universitaria de la UCR y a una entrevista que tuvimos al respecto en el programa radial de Interferencia la semana anterior (audio).
Esta complacencia súbita con Israel ha tenido repercusiones casi simultáneas, al observarse al aparato diplomático de Costa Rica cambiar repentinamente su voto en resoluciones sobre Oriente Medio adoptadas en esta primera semana de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas: véase al respecto esta muy detallada nota elaborada por el medio digital Delfino.cr. Este 12 de diciembre, una resolución de la misma Asamblea General acogiendo la opinión consultiva de la justicia internacional del 2024 condenando la ocupación y la colonización israelí del territorio palestino, reunió 139 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones, que incluyen la abstención de la delegación costarricense (véase video y nota del medio Delfino.cr): además de insólita, la nota de Delfino.cr refiere a la ausencia de explicaciones dadas por parte del aparato diplomático costarricense.
Resulta oportuno referir a la mofa presidencial a la que remite este artículo de julio del 2025 publicado en el Semanario Universidad : pareciera ser la única de un Jefe de Estado en ejercicio relativizando el drama indecible que se vive en Gaza. En el penúltimo informe disponible sobre la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 4 de diciembre del 2025) se lee que se ha superado la cifra de 70.000 personas fallecidas en Gaza y de casi 171.000 personas heridas, muchas de ellas graves y desprovistas de atención hospitalaria debido a la destrucción de la red de hospitales en Gaza por parte de Israel:
«According to the MoH in Gaza, between 26 November and 3 December, 11 Palestinians were killed, 16 were injured and 20 bodies were recovered from under the rubble. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by the MoH, to 70,117 fatalities and 170,999 injuries. According to the MoH, the total number includes 299 fatalities who were retroactively added between 21 and 28 November after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH reported that since the ceasefire, 360 Palestinians were killed, 922 were injured and 617 bodies were retrieved from under the rubble«.
Se considera que con la llegada de las lluvias y la baja sustancial de las temperaturas en Gaza, muchos familias palestinas en Gaza que viven en un campo de ruinas, bajo carpas de plástico, con una alimentación deficiente desde más de dos años, verán a muchos de sus seres queridos más vulnerables fallecer en las próximas semanas debido al frío y a la humedad que azotan a Gaza. Las imágenes impactantes de este reportage publicado por la televisión belga el 12 de diciembre así lo hace ver. El precitado informe de Naciones Unidas pues ser completado con el último informe al 11 de diciembre del 2025 (véase enlace), que detalla el nivel de violencia y las muertes ocasionadas por Israel entre un informe y otro.
Este 10 de diciembre, una ONG de renombre como Amnistía internacional circuló un comunicado de prensa (véase texto completo) sobre la justicia sin la cual toda iniciativa de paz en Gaza es ilusoria: una seria limitante que ya habíamos señalado al adoptarse por parte del Consejo de Seguridad la insólita resolución 2803, el pasado 17 de noviembre del 2025 (Nota 3).
Con relación a las ocurrentes iniciativas de Costa Rica relativas a Israel, cabe recordar que en noviembre del 2024, en plena cumbre mundial sobre ambiente realizada en Bakú (Azeirbadján), Costa Rica anunció la firma de un sorprendente Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental: véase comunicadooficial de las autoridades ambientales de Costa Rica del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel. Pocos día después, Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas: véase al respecto este artículo publicado en el semanario costarricense de Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar algún tipo de explicaciones.
¿Será que, a raíz de la firma de este TLC con Israel anunciado el pasado 8 de diciembre, Costa Rica será objeto de alguna campaña de discrédito y de boycott en su contra, así como de sus productos de exportación?
Un pequeño detalle en una votación reciente sobre prohibición de la tortura muy pocamente divulgado
La pregunta anterior cobra particular relevancia si consideramos que en materia de derecho internacional de los derechos humanos, un episodio muy poco referenciado por las grandes agencias de noticias que cubren a Naciones Unidas, tuvo lugar el pasado 20 de noviembre del 2025: en efecto, como ocurre cada tres años, se votó la resolución trienal en el seno de la IIIa Comisión de de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos (véase texto de la resolución).
Por primera vez en los últimos decenios, se contabilizaron en este mes de noviembre del 2025 un total de 169 Estados votando a favor y … votaron en contra Argentina, Estados Unidos e Israel. De estos tres Estados, únicamente Estados Unidos procedió a explicar su voto en contra con argumentos algo risibles si no se tratara de un tema tan grave en materia de derechos humanos (véase texto). Se registraron además 4 abstenciones que deberían de interpelar a muchos: Burundi, Papua Nueva Guinea, Nicaragua y Rusia.
Este detalle (véase recuadro) de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en medios informativos: resulta llamativo que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. ¿No interesará realmente ya a nadie que hayan Estados objetando la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes?
Usualmente, este resolución trienal de la Asamblea General de Naciones se adopta por consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, tal y como ocurrió en ejercicios similares en el 2022 (véase texto), en el 2017 (véase texto) y en el 2014 (véase texto).
En febrero del 2025, en un informe publicado por una ONG en Israel (véase informe completo), se leía:
«By disregarding the extended evidence from human rights organizations submitted to Israel courts and authorities, and allowing abuses and torture to persist, the State creates an environment of impunity where these acts are normalized, further exacerbating human rights violations. The lack of accountability for perpretators further underscores the systemic nature of the issue, with victims facing ongoing violations and no legal recourse» (p. 20).
Nótese que en el 2002, con relación a la prevención de la tortura, Estados Unidos fracasó, y lo hizo estrepitosamente, en Naciones Unidas en su intento por frenar a como diera lugar la adopción de un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de 1984 (véase nota de prensa del New York Times y texto del Protocolo): un instrumento internacional finalmente adoptado en diciembre del 2002 (véase resolución) con una abrumadora mayoría de 127 votos a favor y tan solamente 4 votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau. Sobre el detalle de las negociaciones en Naciones Unidas, lideradas exitosamente por Costa Rica desde 1991 y ello de manera ininterrumpida, remitimos a nuestros estimables lectores a esta publicación del 2004. en particular el Capítulo II a páginas 41-73. En la página 265 se puede apreciar el cambio de posición de Israel durante la tramitación de este valioso instrumento universal entre noviembre y diciembre del 2002.
Un poco de historia: el 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La emblemática fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la elaboración de una multitud de tratados y de sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones, a adaptar sus regulaciones internas, en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos o instigarlos. Al respecto, en el año 2024, fue el 4 de diciembre que el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue reconfirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «, precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: al respecto, la casi nula difusión en medios de prensa internacionales de estos informes en diciembre del 2024 plantea interrogantes muy válidas. El informe de Human Rights Watch dado a conocer de igual manera el 19 de diciembre del 2024 conoció la misma suerte en cuanto a su difusión.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido a una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 4).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ha visto reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado.
En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principal interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, así como llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído:
– en el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes periódicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados por el Estado en su informe oficial, o a dar a conocer situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. Podemos citar como ejemplos recientes, este informe alternativo presentado por organizaciones civiles colombianas en el 2024 y este otro por organizaciones peruanas en el 2023 así como este informe presentado desde El Salvador en el 2022, y menos recientes, este voluminoso informe de 250 páginas producido por varias ONG en México en el 2017, este informe de un colectivo de ONG guatemaltecas del 2010 y este informe del 2009 producido por una reconocida ONG en Argentina cuya presentación explicita el objetivo que debería perseguir todo informe alternativo (Nota 5).
– en el caso de los mecanismos no convencionales, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Tuvimos hace unos meses (septiembre) la ocasión de explicar que el deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica responde en gran parte al no acatamiento por parte de Costa Rica de recomendaciones internacionales en una nota titulada precisamente:
«El grave deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica, síntoma de un «modelo de desarollo» que hace caso omiso de varios instrumentos internacionales. ¿Hasta cuando?»
En el mes de noviembre del 2025, se denunció la colocación de vallas en la ciudad de Puntarenas contra un renombrado científico costarricense y un abogado especializado en el litigio ambiental, sin que a la fecha las autoridades logren dar con los responsables de esta clara incitación al odio en contra de ambas personas (véase nota del Semanario Universidad). En agosto del 2025, el sorprendente embargo de la cuenta bancaria de un ecologista de renombre costarricense evidenció el nivel de creatividad de algunos bufetes corporativos (véase nota de Delfino.cr y nota del Semanario Universidad). Ambos casos ponen en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad de quienes en Costa Rica, tienen el valor de alzar la voz en defensa del ambiente, y su total desprotección por parte del Estado costarricense.
Más recientemente (diciembre del 2025), nos referimos a la dramática situación que deben enfrentar personas indígenas oriundas de Nicaragua en Costa Rica, en una nota titulada:
«Mujeres indígenas miskitas en Costa Rica: breve análisis a raíz de una emisión radial».
De algunos otros lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informe del Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 6) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero en realidad muy recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informe de la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es del mes de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Finalmente, el informe oficial de Costa Rica con relación a sus obligaciones en materia de derechos de las personas con discapacidad presentado en el 2023 (véase informe) detalla una serie de regulaciones y planes oficiales… cuya efectividad suele constituirse en un verdadero desafío para personas costarricenses con algún grado de discapacidad. Salvo error de nuestra parte, no se tiene registro en el caso de Costa Rica, de un informe alternativo similar al que fue presentado por un colectivo de ONG de México en el 2019 (véase informe).
Imagen internacional vs. agenda muy descuidada en materia de derechos humanos
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, defensa de los derechos laborales, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que con ocasión de este 10 de diciembre del 2025, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzaron la voz para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una vergonzosa inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad.
En mayo del 2025 una ONG especializada en el litigio interamericano hizo ver las graves violaciones de la normativa internacional a las que Costa Rica se prestó, al aceptar vuelos en proveniencia de Estados Unidos con personas en situación migratoria irregular (véase enlace).
El desinterés por los derechos humanos por parte de algunos sectores en Costa Rica se ve agravada por una narrativa de algunos decisores políticos, tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados precisamente a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Si en materia de desempeño ambiental, las autoridades ambientales no dudan un momento poner a disposición del público el informe – texto integral – sobre desempeño ambiental de Costa Rica en el 2023 elaborado por la OCDE (véaseenlace), ¿ qué será lo que inhibe a poner en línea un informe sobre desempeño en materia de derechos humanos de Costa Rica elaborado desde algún órgano de Naciones Unidas?
Con relación a mecanismos no convencionales, es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también altamente probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y con relación a mecanismos convencionales, es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023; así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, enviadas en diciembre del 2023 (véase observaciones). Es de notar que en el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
Cabe precisar que el punto de contacto dentro del aparato estatal costarricense con los mecanismos convencionales (y no convencionales) a través del cual se tramita toda la correspondencia con éstos, recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 18 Estados (el último en haberlo hecho siendo Bahamas en junio del 2025, antecedido por Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 18 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas e inventivas fichas (Nota 7).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 11 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre, en particular en estos días en los que se conmemoraron 31 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamen de la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 8) por lo ocurrido hace 31 años en la capital costarricense.
Finalmente, el hecho de anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea la siguiente interrogante en este mes de diciembre del 2025: el fomento del intercambio comercial con un Estado acusado de cometer un genocidio en Gaza, cuya primera autoridad (su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra…¿acaso no coloca a Costa Rica en abierta violación a la obligación que tiene de prevenir el crimen de genocidio que deriva de la convención de 1948 sobre la prevención y sanción de genocidio a la que es Estado Parte? ¿Acaso no contraviene con otra obligación que es la de respetar pero también de «hacer respetar» el derecho internacional humanitario, derivada de los convenios de Ginebra de 1949 y del mismo Estatuto de Roma de 1998 que crea la CPI? ¿Acaso no hace a un lado la imagen tradicional que se ha tenido de un Estado que fomenta el diálogo, el derecho internacional humanitario, la justicia internacional y la limitación del comercio de armas? Para la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, la decisión de Costa Rica es equivocada (véase su mensaje en redes sociales).
En este día internacional de los derechos humanos, y tomando en consideración la pérdida de la imagen internacional sufrida por Costa Rica observada en los últimos meses, así como la crisis aguda que vive el sector turismo (el cual depende mucho de la percepción que se tenga en el exterior de Costa Rica), nos permitimos reiterar a nuestros estimables lectores una pregunta un poco más general, que titulaba este artículo nuestro publicado en ElMundo.cr en su edición del 11 de agosto del 2025:
«¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?«
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Derechos humanos y cambio climático: breves reflexiones con relación a la Opinión Consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio«, edición del 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«, 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: una insólita resolución 2803 adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, analizada desde una Costa Rica totalmente omisa», 17 de noviembre del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas«, DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 5: Se lee en la primera página que: «En tal sentido, este documento resulta complementario del que fuera enviado al Comité de Derechos Humanos (en adelante Comité) en su 96º período de sesiones, en ocasión de llevarse a cabo la pre-sesión para la evaluación del Estado argentino. En efecto, este informe alternativo tiene como finalidad ampliar y actualizar la información contenida en aquél documento, de manera de proporcionar al Comité nuevos elementos para que pueda realizar un análisis más completo sobre los factores que inciden en el goce de los derechos contenidos en el PIDCP en la Argentina. Por otro lado, se aporta información relevante sobre algunas de las cuestiones consideradas prioritarias por el Comité en su documento de fecha 25 de agosto de 2009 (CCPR/C/ARG/Q/4)«.
Nota 6: Véase al respecto BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país«, Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 7: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en el mes de marzo del 2020, véase una acérrima crítica dada a conocer, y cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 8: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (véase el punto 202) que:
«… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación«.
