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Etiqueta: derechos laborales

Señalamientos contra presidencia ejecutiva de JAPDEVA escalan a presuntas responsabilidades penales y administrativas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Denuncias apuntan a desviación de poder, afectaciones a la Hacienda Pública y conflictos laborales en la institución portuaria. Así se desprende de un comunicado del Consejo de Delegados y Delegadas de SINTRAJAP.

La comunicación señala una serie de cuestionamientos dirigidos contra la gestión de la presidenta ejecutiva de JAPDEVA, Sucy Wing Ching, han encendido las alertas sobre posibles responsabilidades administrativas y penales en el manejo de la institución. Las denuncias, respaldadas por documentación y testimonios según sus promotores, sostienen que la actual administración habría incurrido en presuntas prácticas que trascienden la ineficiencia operativa y podrían configurar irregularidades graves en el ejercicio de la función pública.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por representantes sindicales, las actuaciones señaladas apuntan a un uso indebido de la estructura estatal para fines distintos al interés público. Entre los aspectos más sensibles se menciona la presunta planificación de acciones destinadas a generar crisis mediáticas con fines políticos, lo que, de comprobarse, podría constituir una desviación de poder y un eventual fraude de ley.

En el plano financiero, las denuncias también advierten sobre posibles afectaciones a la Hacienda Pública. Se señala, por ejemplo, la omisión en el cobro de servicios por el retiro de aproximadamente 16.000 toneladas de acero, así como la supuesta modificación de condiciones tarifarias sin la autorización de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Estas acciones, según los denunciantes, podrían implicar no solo pérdidas económicas para la institución, sino también un ejercicio indebido de competencias regulatorias.

Otro eje de preocupación gira en torno al cumplimiento del deber de probidad en la función pública. El pronunciamiento cuestiona el manejo del Fondo de Ahorro y Capital de los trabajadores de JAPDEVA, así como el condicionamiento del pago de un 3% de reintegro laboral, lo que, a criterio de los firmantes, podría constituir una vulneración de derechos laborales y una práctica de presión indebida sobre el personal.

En paralelo, se advierte sobre un deterioro en la eficacia institucional, particularmente en la ejecución del Canon de Desarrollo destinado a la provincia de Limón. Según las denuncias, el estancamiento en la gestión de estos recursos compromete el cumplimiento del mandato legal de JAPDEVA y afecta directamente las perspectivas de desarrollo regional.

Las acusaciones han derivado en acciones ante instancias como el Ministerio Público y la ARESEP, así como en señalamientos de la Auditoría Interna de la institución, lo que podría abrir la puerta a procesos de investigación más amplios.

En este contexto, el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), a través de su dirigencia, planteó una serie de exigencias, entre ellas la intervención de la Contraloría General de la República en las decisiones tarifarias, la agilización de las investigaciones penales en curso y el pago inmediato de los derechos laborales reclamados. Asimismo, solicitaron el cese de lo que califican como persecución laboral dentro de la institución.

Hasta el momento, la presidencia ejecutiva de JAPDEVA no se ha pronunciado públicamente sobre estos señalamientos. La evolución de las investigaciones determinará el alcance de las responsabilidades en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión de una de las entidades clave para el desarrollo del Caribe costarricense.

Puede ver en SURCOS declaraciones de distintas agrupaciones sociales en torno a este tema:

Crisis institucional en JAPDEVA: organizaciones de Limón exigen un nuevo liderazgo para el Caribe

FONAMAFROCR pide nueva conducción en Japdeva basada en diálogo, respeto y desarrollo para Limón

FONAMAFROCR pide nueva conducción en Japdeva basada en diálogo, respeto y desarrollo para Limón

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFRO-CR) emitió un pronunciamiento público sobre la situación que enfrenta la provincia de Limón y la gestión de Japdeva. La organización señala que la región necesita una nueva etapa de liderazgo institucional centrada en el respeto, la escucha activa, el diálogo social y resultados concretos para las comunidades. Además, afirma que no respalda la continuidad de la actual jerarquía institucional y solicita que futuras decisiones prioricen perfiles con capacidad técnica, sensibilidad social y compromiso real con el desarrollo inclusivo de Limón.

SURCOS comparte el pronunciamiento:

Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFRO-CR)
Puerto Limón, Caribe Costa Rica
15 de abril de 2026

Pronunciamiento público de FONAMAFROCR

Por una conducción institucional con enfoque de desarrollo, respeto y diálogo para Limón

El Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFROCR), en el marco de su compromiso con la equidad, la justicia social y el fortalecimiento de liderazgos inclusivos, se pronuncia ante la situación actual que enfrenta la provincia de Limón y la institución Japdeva vinculada a su desarrollo.

Reconocemos las legítimas preocupaciones expresadas por diversos sectores sociales, laborales y comunitarios de la provincia, en relación con el clima institucional, la gestión y las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo integral de Limón.

Desde FONAMAFROCR, manifestamos con claridad que la provincia requiere una nueva etapa en la conducción institucional, en Japdeva, basada en el respeto, la escucha activa, el diálogo social y la capacidad efectiva de generar resultados en beneficio de las comunidades de la región Huetar Caribe.

En ese sentido, no respaldamos la continuidad de la actual jerarquía institucional, considerando que el contexto actual demanda un liderazgo distinto: con visión de desarrollo territorial, sensibilidad social, capacidad de articulación y un trato digno hacia las personas trabajadoras y las comunidades.

Este posicionamiento no responde a intereses personales, sino a la necesidad de garantizar condiciones institucionales que favorezcan la confianza, la paz laboral y el avance de procesos de desarrollo inclusivo y sostenible.

Asimismo, recordamos que Costa Rica ha asumido compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, cuyos principios —particularmente en materia de participación, consulta y respeto a las comunidades— deben orientar toda acción pública en territorios con alta diversidad cultural y social como Limón.

Desde esta perspectiva, reiteramos que el desarrollo no puede construirse sin:

❖ Participación efectiva de las comunidades.
❖ Liderazgos empáticos y respetuosos.
❖ Ambientes laborales libres de violencia, hostigamiento o prácticas que deterioran la dignidad humana.
❖ Procesos transparentes y orientados a resultados concretos para la población.

Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales para que, en la toma de decisiones sobre la conducción institucional, se prioricen perfiles con capacidad técnica, liderazgo humano, visión estratégica y compromiso real con el desarrollo de la provincia de Limón.

FONAMAFROCR reafirma su disposición de contribuir a los procesos de diálogo y construcción de propuestas que permitan avanzar hacia una institucionalidad más cercana, inclusiva y efectiva.

Limón merece un liderazgo que una, escuche y construya.

Atentamente,

Hellen Simmons Wilson
Coordinadora General
FONAMAFROCR

Crisis institucional en JAPDEVA: organizaciones de Limón exigen un nuevo liderazgo para el Caribe

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Pronunciamiento público

Por la dignidad, la paz laboral, la unidad de Limón y una nueva etapa para el Caribe: No a la continuidad de Susy Wing.

Las organizaciones firmantes —FETRAL, UNIA, Asociación Bloque de Vivienda de Limón, representantes del sector turismo, líderes de barras y diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia— nos dirigimos al país, a las autoridades nacionales y al próximo gobierno de la República para expresar, de manera responsable, unitaria y respetuosa, nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa actualmente JAPDEVA y por las consecuencias que esa realidad está generando en la provincia de Limón.

Este pronunciamiento nace del compromiso con nuestra provincia, con su gente, con sus trabajadores y con la necesidad urgente de abrir caminos de desarrollo, estabilidad y unidad. Lo hacemos porque creemos que Limón merece ser escuchado y porque consideramos que el momento actual exige decisiones sensatas, firmes y coherentes con las necesidades reales de la población limonense.

En ese marco, manifestamos con absoluta claridad que no respaldamos la continuidad de la señora Susy Wing Ching como Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, por considerar que su permanencia en el cargo profundizaría una crisis institucional, laboral y social que hoy afecta a la provincia y que, lejos de contribuir al fortalecimiento de la institución, ha generado un desgaste cada vez más visible en distintos sectores.

Nuestra posición no responde a intereses personales ni a un ánimo de confrontación. Responde a una valoración seria de lo que Limón necesita en este momento. La provincia no requiere más tensiones, más imposiciones ni más divisiones. Limón necesita liderazgo, capacidad de diálogo, visión estratégica, sensibilidad social y una conducción que permita recuperar la confianza en una institución que históricamente ha debido ser motor de desarrollo para la región.

Las preocupaciones que hoy expresamos no son aisladas ni menores. Se relacionan con un conjunto de hechos y situaciones que han deteriorado el ambiente institucional y el vínculo entre JAPDEVA, las comunidades y las personas trabajadoras. Entre ellos, preocupa profundamente el clima de tensión, temor e incertidumbre que se ha instalado dentro de la institución, afectando no solo la paz laboral, sino también la capacidad de construir soluciones desde el respeto y el entendimiento.

A ello se suman denuncias públicas por presunto acoso laboral, maltrato y persecución. Más allá del curso que estas denuncias deban seguir en las instancias correspondientes, lo cierto es que su sola existencia ya refleja un grave deterioro en la convivencia institucional y una seria afectación a la dignidad de las personas trabajadoras. Ninguna institución puede fortalecerse sobre el miedo, el conflicto o la desconfianza.

También existe un creciente malestar en sectores comunitarios y sociales por un estilo de conducción percibido como confrontativo, impositivo y poco abierto al diálogo. Limón no necesita una presidencia ejecutiva que profundice la distancia entre la institucionalidad y la ciudadanía. Lo que la provincia reclama es una figura capaz de escuchar, convocar, negociar y construir puentes. JAPDEVA no puede seguir siendo vista como una institución alejada de las comunidades, cuando precisamente su razón de ser está vinculada al desarrollo y al bienestar de la provincia.

A esto se añade un elemento sumamente grave: la falta de capacidad de ejecución de recursos que son vitales para el desarrollo regional. Resulta alarmante que, de más de 101 millones de dólares disponibles para el desarrollo de la provincia en el 2024, apenas se haya ejecutado un 2,67%, dejando sin materializar oportunidades que pudieron traducirse en inversión, empleo, infraestructura, bienestar comunitario y esperanza para miles de familias limonenses. Esta realidad no puede normalizarse ni minimizarse. Para una provincia con tantas necesidades y desafíos, no ejecutar recursos de esa magnitud representa una falla severa de gestión y una pérdida inaceptable para Limón.

Igualmente preocupan los señalamientos relacionados con irrespeto a resoluciones judiciales y vulneración de derechos laborales, situaciones que debilitan la seguridad jurídica, afectan la confianza en la institucionalidad pública y agravan la conflictividad social. Una conducción institucional sólida debe estar marcada por el respeto al ordenamiento jurídico, a los derechos de las personas trabajadoras y a los principios mínimos de convivencia democrática.

El daño de esta situación no se limita a JAPDEVA como institución. Su impacto se extiende a toda la provincia. Limón enfrenta enormes retos sociales, económicos, laborales y de infraestructura. En ese contexto, JAPDEVA debería ser una herramienta de articulación, una plataforma para el desarrollo y una fuente de esperanza para las comunidades. Sin embargo, hoy la percepción en muchos sectores es la contraria: una institución atrapada en el conflicto, distante de la gente y sin capacidad suficiente para responder a las expectativas de la provincia.

Por eso queremos enfatizar algo fundamental: Limón necesita una nueva etapa. Necesita una conducción que una en lugar de dividir, que escuche en lugar de imponer, que ejecute en lugar de postergar, y que comprenda que el desarrollo de la provincia no puede construirse de espaldas a las comunidades ni en confrontación con los trabajadores.

Las organizaciones que hoy suscribimos este pronunciamiento representamos distintos sectores sociales, comunitarios y laborales, pero coincidimos en una misma convicción: Limón requiere liderazgo positivo, capacidad de articulación y una institucionalidad que vuelva a tener legitimidad ante la ciudadanía. Queremos una JAPDEVA fuerte, cercana, eficiente y comprometida con el desarrollo integral de la provincia. Queremos una institución que convoque a los distintos actores y que ayude a construir consensos para sacar a Limón adelante.

Nuestro llamado al próximo gobierno de la República es firme, pero respetuoso. Consideramos que mantener esta continuidad sería una decisión equivocada para la provincia y para la propia institución. Por ello, solicitamos que no se mantenga a la señora Susy Wing Ching al frente de JAPDEVA y que, en su lugar, se valore una nueva conducción con capacidad técnica, liderazgo humano, visión estratégica, respeto por las comunidades y compromiso real con las personas trabajadoras.

La provincia de Limón necesita señales claras de escucha, de rectificación y de voluntad para construir una nueva relación entre la institucionalidad y el pueblo limonense. No pedimos confrontación. Pedimos sensatez. No pedimos privilegios. Pedimos respeto. No pedimos imposiciones. Pedimos un liderazgo capaz de unir voluntades y de abrir una etapa distinta para JAPDEVA y para la provincia.

Hoy más que nunca, Limón necesita paz laboral, instituciones sólidas, comunidades escuchadas y desarrollo con justicia social. Ese es el sentido de este pronunciamiento. Ese es el llamado que hacemos. Y esa es la responsabilidad histórica que hoy corresponde asumir.

Por Limón, por su dignidad, por sus trabajadores, por sus comunidades y por su futuro, reiteramos que no respaldamos la continuidad de la actual Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA SUSY WING C.

Firman:

Lic. Antonio Wells M.
Coordinador FETRAL

Lic. Winston Norman S.
Presidente UNIA

Lic. Danilo Powell P
Asoc. Bloque Vivienda Limón

Delroy Lewis Jones
Sector Turismo

Yahaira Rojas
Comisión de la Vertiente Atlántica

Diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia

SiUNED plantea devolución total del ROP como un derecho de las personas trabajadoras

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) presentó un análisis sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), en el que sostiene que la entrega total de los fondos a las personas pensionadas constituye un derecho vinculado a la propiedad individual y a la justicia laboral.

El documento señala que, tras 25 años de vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983), el sistema enfrenta una encrucijada en la que la tutela estatal ha derivado en restricciones que limitan la libre disposición de los recursos acumulados por las personas cotizantes.

Desde esta perspectiva, SiUNED argumenta que el ROP debe entenderse como una cuenta individual, donde cada persona trabajadora es titular plena del capital acumulado, por lo que cualquier interpretación que lo trate como un fondo colectivo carece de sustento jurídico y económico.

El análisis se fundamenta en varios principios. En primer lugar, el derecho constitucional a la propiedad, que reconoce la facultad de disponer libremente del patrimonio una vez cumplida la condición de retiro laboral. Asimismo, se plantea que los aportes al ROP constituyen salario diferido, es decir, recursos generados por la persona trabajadora que han sido postergados para su uso en la etapa de jubilación.

El documento también cuestiona el modelo de comisiones aplicado por las operadoras de pensiones, al considerar que estas no guardan relación con el esfuerzo de gestión y terminan erosionando el ahorro acumulado, especialmente en un contexto de crecimiento del capital por interés compuesto.

Otro de los elementos centrales es que, al tratarse de un régimen de cuentas individualizadas, el retiro total de los fondos por parte de una persona no afecta a otras afiliadas, lo que, según el sindicato, desmonta el argumento del “riesgo sistémico” utilizado por sectores que se oponen a la devolución completa.

En su desarrollo, SiUNED plantea que el acceso pleno al ROP debe ser entendido también como un derecho humano, vinculado a la dignidad de la población adulta mayor. El modelo actual de rentas mensuales es cuestionado por generar ingresos considerados insuficientes para cubrir necesidades básicas, pese a que las personas hayan acumulado montos significativos durante su vida laboral.

Asimismo, se argumenta que permitir el retiro total podría contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas pensionadas, por ejemplo, mediante la cancelación de deudas con altas tasas de interés o la inversión en necesidades prioritarias como salud o vivienda.

En cuanto al debate público, el documento cuestiona las advertencias sobre posibles efectos inflacionarios de la devolución del ROP. Según el análisis, dichas proyecciones parten de supuestos erróneos, como la idea de que todas las personas retirarían sus fondos simultáneamente, cuando estimaciones citadas indican que solo una parte lo haría.

Además, se sostiene que la liberación de estos recursos sería gradual y comparable a otros flujos económicos como el aguinaldo o la cesantía, sin generar presiones inflacionarias significativas.

El documento concluye que la entrega total del ROP es una decisión que depende de la voluntad política y del reconocimiento del derecho de las personas pensionadas a disponer de sus recursos. En ese sentido, plantea que permitir esta opción no elimina otros mecanismos como la renta mensual, sino que amplía la libertad de elección y obliga a las operadoras a mejorar su eficiencia.

El aporte de la mujer campesina nicaragüense al sistema productivo agrícola del valle de Ujarrás, Paraíso, Cartago – Un análisis descriptivo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Por Luis Fernando Mata Solano
Extensionista Agrícola

Luis Fernando Mata Solano

Desde hace más de 20 años aproximadamente la presencia de peones agrícolas nicaragüenses en el valle de Ujarrás y sus comunidades periféricas como Río Regado, Piedra Azul, El Yas, y Santiago han contribuido con la mano de obra agrícola que se ocupa en las plantaciones de chayote y otros cultivos menores en esta tierra bendecida por su alta productividad gracias a sus terrenos de color negro con origen volcánico. Ya han pasado muchos años y estos nicaragüenses echaron raíces en esta zona y muchos de sus hijos han nacido aquí en Costar Rica y muchos estudian en las escuelas y colegios y además reciben la asistencia de los servicios de salud publica etc. Han encontrado en estas tierras oportunidades que tal vez no tuvieron en sus lugares de origen y con mucho trabajo y esfuerzo aprendieron las técnicas del cultivo de chayote, tomate, vainica, zuquini etc. y sin embargo mantienen su tradición del cultivo de frijoles y maíz netamente nicaragüenses y que es parte de su subsistencia regional.

La mayorías de ellos vienen de diferentes lugares de Nicaragua como Muy Muy en departamento de Matagalpa, Chontales, Juigalpa, Nueva Guinea, Boaco, etc. y los primeros en llegar fueron hombres y muchos con su esposa e hijos, sin embargo, en los últimos años han arribado mujeres solas con hijos que vienen a trabajar al campo y encuentran refugio en otros nicaragüenses que ya habitan en esta zona y las incentivan para que se venga a estas tierras de oportunidades. Estas mujeres con poca escolaridad encuentran trabajo en el campo y en las empacadoras de chayote y en su mayoría dejan a sus hijos mas pequeños en casa de otras nicaragüenses y ticas que les cuidan a sus hijos durante la jornada laboral que inicia a las 6 de la mañana y termina a la 1 de la tarde donde se ganan un jornal de 12000 mil colones.

Se destaca de esas mujeres humildes y trabajadoras su valentía y esfuerzo para trabajar en labores importantes como la deshoja del chayote y la recolección de la fruta que con su delicadeza recolectan fruta de mucha calidad. Algunas de ellas han aprendido igual que los varones las técnicas del cultivo y se han atrevido a alquilar terreno para su propia producción con la ayuda de sus esposos e hijos.

Todas las mañanas se observa a muchas mujeres nicaragüenses rumbo a las fincas y a las empacadoras aportando su esfuerzo a la economía regional y que mucha de esas producción se exporta a otros países. Sin embargo, es importante reglamentar esta labor para que ellas tengan mejores oportunidades como el cuido de sus hijos y el tipo de trabajo y remuneración que deben tener, así como las garantías de una póliza de riesgos del trabajo y la asistencia a los servicios de salud.

¿Por qué hoy más que nunca debemos defender los derechos humanos?

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Instituto Sindical de Formación Política

Hoy los derechos humanos están bajo ataque directo. No es un discurso exagerado: es la realidad que viven millones de personas en el mundo.

Gobiernos que se presentan como democráticos persiguen la libertad de prensa, silencian voces críticas y manipulan la información. Se castiga al periodista, se intimida al que denuncia y se premia al que calla.

El derecho internacional es ignorado cuando no conviene. Las grandes potencias actúan con impunidad, mientras los países más pequeños guardan silencio o se subordinan.

Las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación, violencia y exclusión. Mucho discurso, pocos cambios reales.

Mientras tanto, los derechos de la clase trabajadora son debilitados: salarios injustos, precarización del empleo, persecución sindical y abandono de las condiciones laborales dignas. Se gobierna para el capital, no para el pueblo.

En nuestra región, la situación es aún más preocupante. Gobiernos como los de El Salvador y Costa Rica han claudicado frente a políticas antiinmigrantes impulsadas por los Estados Unidos. Se criminaliza a quienes migran por necesidad, se les trata como enemigos, y se abandona toda noción de solidaridad.

Se violan garantías individuales, se debilita la soberanía y se instala una peligrosa lógica: mano dura contra los débiles y sumisión frente a los poderosos.

Por eso, hoy más que nunca, defender los derechos humanos es una tarea urgente. No es un tema lejano: es la defensa de la dignidad, del trabajo, de la justicia y de la democracia real.

Cuando un derecho se pierde, lo pierde todo el pueblo.

Y cuando el pueblo pierde, ganan los mismos de siempre.

Sin idealizar la democracia, rescatarla

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Quizá podamos aportar un rayo de luz en el oscuro panorama político costarricense si sentamos una premisa: toda democracia liberal-republicana y su Estado de Derecho es, en sus fundamentos, una democracia oligárquica.

Las oligarquías pueden convivir, con toda tranquilidad, ya sea con regímenes dictatoriales de facto, ya sea con gobiernos más o menos conservadores o progresistas surgidos de las urnas. Con total certeza, de sus exclusivas manos no dependerá nunca la consolidación o avance de la democracia.

La diferencia radica en si esas oligarquías monopolizan el poder político y su gobernanza, o bien, obligadas por el empuje de otros sectores de la sociedad, ceden parte de sus privilegios y deciden, -casi siempre por razones pragmáticas vinculadas a la estabilidad institucional y a la paz social-, otorgar derechos, un reparto menos injusto de la riqueza, o el ascenso social a ciertos sectores.

La historia de la democracia en Costa Rica no ha escapado a esta lógica. Dentro del bipartidismo (PLN/PUSC) tanto como dentro del pluripartidismo que lo ha seguido, los sectores oligárquicos nacionales han navegado sin sobresaltos, financiando a unos y otros, o dejando caer a unos en favor de otros, según soplen los vientos del electorerismo y las tendencias de moda; viendo con probable regocijo cómo viejos y nuevos partidos, con honrosas excepciones, se ponen a sus gratas órdenes en la Asamblea Legislativa. Por eso hemos visto cómo, financistas que fueron del PLN o del PUSC, aparecen apoyando a los improvisados liderazgos de última hora y sus partidos-taxi.

A partir de los años 80 del siglo pasado, con el surgimiento y predominio neoliberal, se frenó en seco el movimiento precedente de avances democráticos, para entran en una primera transición de estancamiento y, en los últimos años, de franco retroceso, sobre todo en cuanto a la respuesta a la violencia social mediante el sistema penal –sobre el que se quiere hacer recaer la responsabilidad exclusiva de aliviar los conflictos, las desigualdades e inequidades exacerbadas-, así como en cuanto a los derechos laborales y sociales en general –sobre todo con el deterioro de los derechos laborales y el acceso a servicios públicos de calidad-.

No son éstos tiempos, entonces, para seguir alimentando la mitología tradicional: ni somos la Suiza centroamericana –ahora que nos queremos parecer a El Salvador-; ni la patria con más maestros que soldados –en momentos que nos hemos matriculado, de manera acrítica, en la guerra transnacional contra el narcotráfico-; ni una de las pocas democracias plenas del mundo –con una mayoría electoral que amenaza en serio las instituciones de control político, la prensa independiente y toda manifestación de oposición.

Las orejas del lobo, en este último aspecto, se han asomado con claridad: campañas de odio y descalificación de las instituciones públicas; utilización del PANI para intimidar a un candidato presidencial; evidente loby ante la Embajada estadounidense para despojar de visa a adversarios políticos; propuesta para imponer suspensión de garantías individuales, legalización de allanamientos policiacos sin autorización judicial; o volver a las fracasadas políticas de “mano dura” para combatir la inseguridad ciudadana. Cuando se mutila la famosa frase de Winston Churchill de que la democracia es la peor forma de gobierno… y se omite adrede agregar: con excepción de todas las demás,… no sólo se está faltando a la verdad para sorprender ingenuos, se está manifestando un odio expreso antidemocrático y se está preparando a la gente para normalizar la destrucción total de las instituciones republicanas.

La oligarquía costarricense se ha transformado sustancialmente en el último siglo. Los cafetaleros (exportadores) y los comerciantes (importadores) han tenido que convivir con formas oligárquicas mucho más diversas y complejas, conforme los enormes cambios en la producción, importación, prestación de servicios e inversión externa en la producción agrícola extensiva, las zonas francas o productos tecnológicos especializados.

En la acera de enfrente, los sectores sociales que le arrancaron importantes concesiones a las antiguas élites, hasta hacer de Costa Rica una democracia con importantes progresos en muchos campos, tienen que aclarar ahora sus intereses para que le sigan recordando a esas élites económicas dominantes, que aquí convivimos mayorías y minorías que han sabido conquistar derechos, libertades y garantías en el pasado y que no estamos dispuestos a renunciar a ellas en el futuro.

Si hoy ya no están los sindicatos bananeros, los gremios artesanales urbanos, los pequeños agricultores o las asociaciones de maestros y profesores de antaño, nuevos núcleos de organización social como los colectivos feministas, los defensores del medio ambiente, los representantes de las poblaciones aborígenes y de otras minorías, deben ser hoy las que recojan el testigo para que un nuevo pacto social, inspirado en el bien común, revitalice nuestra amenazada democracia.

Unión Sindical de la CCSS resalta la unidad y dignidad de la clase trabajadora de la institución en defensa de sus derechos

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

La Unión Sindical de la CCSS destaca con firmeza el espíritu de lucha, dignidad y unidad demostrado por la clase trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social, tras la reciente jornada de huelga y búsqueda de acuerdo con autoridades institucionales.

A pesar de que la reunión había sido previamente acordada, la ausencia injustificada de la Gerencia Administrativa evidenció, una vez más, la falta de voluntad para atender las legítimas demandas laborales y salariales que enfrenta el personal de la institución. Sin embargo, lejos de debilitar el movimiento, esta situación fortaleció la convicción de las y los trabajadores en la defensa de sus derechos.

La USCCSS resalta que la jornada estuvo marcada por una demostración ejemplar de conciencia, organización y madurez por parte de la clase trabajadora, que comprende con claridad las condiciones adversas que enfrenta y la necesidad de responder con unidad y firmeza.

“La dignidad de la persona trabajadora no se negocia. Hoy quedó claro que los derechos se defienden en colectivo y que solo mediante la unidad se pueden conquistar y consolidar”, fue el mensaje de la dirigencia sindical que llegó a negociar un acuerdo.

Asimismo, se informó que se ha solicitado una nueva reunión para el próximo 8 de abril, en la cual se espera la participación de la Presidencia Ejecutiva, miembros de la Junta Directiva y las gerencias respectivas, con el objetivo de exponer de manera directa la posición de la unidad sindical y las demandas urgentes de la familia trabajadora de la CCSS. La dirigencia sindical no descarta nuevas acciones si a esa fecha no hay una apertura democrática de diálogo.

La USCCSS hace un llamado a mantener la organización, la unidad y la movilización consciente, como herramientas fundamentales para garantizar el respeto a los derechos laborales y la justicia salarial.

¡La unidad sindical es la fuerza de la clase trabajadora!

¡Ironías de la historia!

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Marielos Aguilar Hernández

La extradición hacia Estados Unidos del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez no ha dejado indiferente a ningún costarricense. Al contrario, ha inspirado los más diversos sentimientos y opiniones y, sobre todo, nos ha dejado ver el alto nivel de corrupción que ese flagelo ha alcanzado en las diferentes esferas del Estado.

En lo personal, debo decir que desde el momento mismo en el que el nombre de Celso Gamboa comenzó a figurar en el ámbito nacional, hará unos quince o veinte años, no pude evitar que viniera a mi memoria ese mismo nombre pues me resultaba un tanto familiar. Y es que, dadas las investigaciones que he realizado como historiadora, el nombre de Celso Gamboa Rodríguez, abuelo de Gamboa Sánchez, me ha merecido gran respeto y reconocimiento. Veamos.

En momentos tan difíciles como fueron los días posteriores a la guerra civil de 1948, cuando se convocó a unas elecciones extraordinarias para integrar la Asamblea Constituyente que se encargaría de redactar una nueva Constitución, don Celso Gamboa Rodríguez jugó un papel muy respetable en la recuperación de la estabilidad de nuestro país.

Aquellas elecciones se realizaron en enero de 1949 y participaron dos partidos vencedores en la guerra civil, el “Partido Unión Nacional” dirigido por don Otilio Ulate y el “Partido Social Demócrata” dirigido por don Rodrigo Facio. Se sumaron también otros dos pequeños partidos, el” Partido Constitucionalista”, dirigido por don Celso Gamboa Rodríguez y el “Partido Confraternidad Nacional”.

A pesar de una correlación de fuerzas muy desfavorable para los sectores perdedores en la guerra civil, Gamboa Rodríguez estuvo dispuesto a conversar con algunos dirigentes vanguardistas y calderonistas y a comprometerse con la lucha para mantener en la nueva constitución el “Capítulo de las Garantías Sociales” y, con ellas, el “Código de Trabajo”.

Con ese compromiso, los calderonistas y los comunistas que pudieron votar en aquellas elecciones le dieron su apoyo a don Celso Gamboa Rodríguez, quien honró su palabra dando la lucha en el seno de la Asamblea Constituyente para evitar lo que la mayoría ulatista pretendía, a saber, eliminar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo que tanto molestaba a la oligarquía costarricense.

De manera que, en el largo recorrido de nuestra legislación social, el nombre de don Celso Gamboa Rodríguez ha ocupado un honroso lugar. Por esa razón es doblemente dolorosa la ironía de la historia cuando hoy su nieto, Celso Gamboa Sánchez, debería ser procesado por sus presuntos delitos, a la luz de la Constitución Política que su abuelo contribuyó a cimentar.

Por supuesto, su extradición a Estados Unidos modifica sustancialmente todo ese panorama.

ASTRADOMES impulsa campaña para fortalecer la organización y los derechos de las trabajadoras domésticas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES) impulsa una nueva campaña orientada a fortalecer la organización de las trabajadoras del hogar remuneradas y promover el acceso a información clave sobre sus derechos laborales.

La iniciativa, titulada “¡En ASTRADOMES les estamos esperando!”, busca fomentar la afiliación organizada y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las trabajadoras domésticas mediante procesos de acompañamiento y formación. La campaña se enmarca en los principios del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la legislación nacional vigente que reconoce los derechos de este sector laboral.

El trabajo doméstico remunerado constituye un pilar fundamental para el bienestar de miles de familias y para el funcionamiento de la sociedad. No obstante, históricamente ha sido una de las actividades más invisibilizadas y con mayores desafíos en materia de reconocimiento de derechos laborales, condiciones de trabajo dignas y acceso a protección social.

Desde esta perspectiva, la campaña impulsada por ASTRADOMES busca contribuir a que más trabajadoras conozcan sus derechos y puedan acceder a mecanismos de organización colectiva que fortalezcan su voz y su capacidad de incidencia.

Como parte de esta iniciativa se desarrollaron materiales informativos y piezas digitales orientadas a difundir información sobre derechos laborales, afiliación sindical y recursos de apoyo para trabajadoras domésticas. Asimismo, la propuesta incluye espacios para compartir experiencias sobre la importancia del acompañamiento organizativo y la formación en derechos laborales.

La campaña cuenta con el apoyo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, en el marco de los esfuerzos regionales orientados a promover el trabajo decente y el reconocimiento de los derechos de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado.

ASTRADOMES subraya que avanzar hacia condiciones de trabajo decente para este sector requiere del compromiso y la articulación de diversos actores sociales e institucionales. En ese sentido, la organización destaca la importancia de fortalecer los procesos de información, organización y acompañamiento dirigidos a las trabajadoras domésticas.

La asociación reafirma que el reconocimiento pleno de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar constituye un paso fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad de todas las personas trabajadoras.