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Etiqueta: derechos laborales

De la universidad necesaria a la universidad comercial: crítica a la pérdida del pensamiento laboral en la UNA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Frank Ulloa Royo

Introducción

El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) de la Universidad Nacional de Costa Rica fue creado en 1973 como parte de la visión de una universidad necesaria: un espacio abierto a los trabajadores, sindicatos y cooperativas, que democratizara el acceso al conocimiento y fortaleciera la organización social (Universidad Nacional, 1973). Su misión era clara: formar dirigentes obreros y sindicales, convertir la universidad en herramienta de emancipación y dotar al movimiento laboral de cuadros críticos y preparados.

Allí llegaron a estudiar, gracias a la visión de Francisco Morales y del Rector Benjamín Núñez, importantes dirigentes sindicales de todas las corrientes ideológicas, muchos de ellos sin haber completado sus estudios secundarios, pero cuya experiencia de vida fue reconocida como parte de la democratización de la educación superior. En ese espacio se creaban intelectuales orgánicos, en el mejor sentido del término, tal como lo definió Antonio Gramsci: sujetos capaces de articular la experiencia de las clases subalternas con la producción de pensamiento crítico y acción política transformadora (Gramsci, 1971).

Sin embargo, en 2010 el IESTRA fue transformado en la Escuela de Administración, un giro institucional que reflejó la presión de las corrientes neoliberales y la demanda estudiantil por títulos “comerciales” más rentables en el mercado laboral (Rodríguez, 2015). Este cambio significó la pérdida de un espacio académico para los trabajadores y la sustitución de la formación sindical por carreras administrativas que, aunque útiles en términos técnicos, resultan estériles frente a los retos de la precarización laboral y la defensa de los derechos conquistados.

El ataque ideológico y sus consecuencias

Aceptar esta transformación sin resistencia implica permitir un ataque ideológico contra los trabajadores, sus reivindicaciones y sus organizaciones. La universidad, que debía ser aliada en la defensa de la dignidad laboral, se convierte en reproductora de las lógicas neoliberales (Harvey, 2007). Aceptar y permitir el ataque ideológico contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales no es un hecho menor: significa abrir la puerta a un retroceso profundo en derechos conquistados con décadas de lucha.

En la práctica, esto se traduce en la confusión ideológica por el desconocimiento de los procesos de trabajo, y por tanto en la fácil imposición de jornadas arbitrarias sin consulta ni negociación, en el irrespeto sistemático al pago de salarios, y beneficios de estabilidad laboral y seguridad social, la eliminación de la negociación colectiva y en la normalización del hostigamiento y la violencia laboral que quedarían impunes. Implica también el incumplimiento de salarios y prestaciones, el riesgo real de que conquistas históricas como la ley de aguinaldo sean abolidas, y el debilitamiento de las protecciones específicas para las mujeres trabajadoras. En conjunto, estas consecuencias configuran un escenario de precarización y despojo que erosiona la dignidad del trabajo y amenaza la vigencia misma del Estado social de derecho.

El sindicalismo costarricense ha advertido que agotará todas las vías de presión social, administrativas y judiciales para defender la autonomía sindical y el Estado social de derecho, pero hasta ahora ha sido una posición retórica sin estrategia ni consecuencias prácticas. (Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas [CSA], 2020).

La contradicción universitaria y la calidad docente estudiantil

La Universidad Nacional de Costa Rica fue concebida como una universidad necesaria, comprometida con la democratización del conocimiento y con la formación de cuadros críticos capaces de transformar la sociedad. El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) fue su expresión más clara: un espacio que reconocía la experiencia sindical y laboral como parte legítima de la educación superior, y que buscaba formar intelectuales orgánicos en el sentido gramsciano, es decir, dirigentes capaces de articular la práctica obrera con el pensamiento crítico (Gramsci, 1971).

Sin embargo, la presión por títulos más “rentables” y la influencia de las corrientes neoliberales transformaron la oferta académica en un catálogo de carreras administrativas que poco aportan a los retos contemporáneos del trabajo precarizado y la defensa de los derechos laborales (Torres, 2018). Este desplazamiento no solo significó la pérdida de un espacio para los trabajadores, sino también un deterioro en la calidad docente y estudiantil, pues se privilegió la lógica del mercado sobre la misión social de la universidad.

Ya en los años ochenta, el autor advertía en Praxis que la calidad universitaria no podía reducirse a indicadores técnicos ni a la proliferación de carreras sin sentido histórico. Señalaba que “la responsabilidad académica en la creación de programas debía medirse por su pertinencia social y por su capacidad de responder a las necesidades del país, no por la cantidad de títulos expedidos” (Ulloa, 1989, p. 72). Esta crítica sigue vigente: la UNA corre el riesgo de convertirse en una universidad comercial, desconectada de los trabajadores y de la sociedad costarricense.

Como señala Castillo (2012), la autorreforma sindical requiere también recuperar espacios académicos que fortalezcan la capacidad crítica y la legitimidad social del movimiento. En este sentido, la calidad universitaria debe ser entendida como un concepto integral que incluye la pertinencia social, la formación ética y la capacidad crítica, y no únicamente como un estándar técnico o administrativo. La contradicción universitaria es, entonces, el reflejo de una lucha inconclusa: entre la universidad necesaria que democratiza el conocimiento y la universidad comercial que lo mercantiliza.

El movimiento sindical frente al desafío

El sindicalismo no puede aceptar pasivamente este retroceso, pues hacerlo significaría abrir la puerta a la desprotección laboral y a la pérdida de conquistas históricas que han costado décadas de lucha. Como advierte Ermida (2012), “sin pensamiento crítico, no hay sindicalismo vivo; sin sindicalismo vivo, no hay democracia real” (p. 45). La autorreforma sindical y la recuperación de espacios académicos son, por tanto, parte de una misma lucha: la defensa de la dignidad del trabajo y de la democracia social frente a la ofensiva neoliberal.

La universidad debe volver a ser un espacio de formación democrática, capaz de enfrentar la precarización, la digitalización y la fragmentación del trabajo. En este sentido, la alianza entre sindicatos y academia es indispensable para reconstruir poder colectivo y legitimidad política, tal como lo planteaba Ulloa (1989) al señalar que la calidad docente y estudiantil debía medirse por su pertinencia social y no por la mera expedición de títulos.

Hoy se trata de una lucha de resistencia por la permanencia de los sindicatos como actores centrales del mundo del trabajo, que enfrentan no solo las amenazas ideológicas, sino también los retos de los cambios tecnológicos y de la inteligencia artificial. Estos procesos, lejos de ser neutrales, tienden a eliminar puestos de trabajo, reducir salarios y favorecer modelos autoritarios de gestión laboral, generando adhesión acrítica en un mundo del trabajo cada vez más fragmentado (Harvey, 2007).

En suma, la defensa de los derechos laborales y la democratización de la universidad son luchas inseparables: ambas buscan preservar la coherencia entre discurso y práctica, entre memoria y futuro, y garantizar que el sindicalismo siga siendo un actor vivo en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Una lucha pendiente por democratizar la UNA

La transformación del IESTRA en Escuela de Administración no puede leerse únicamente como un ajuste institucional: constituye un símbolo del ataque ideológico neoliberal contra los trabajadores y contra la misión original de la Universidad Nacional como universidad necesaria. Lo que antes fue un espacio de formación sindical, cooperativa y crítica social, se convirtió en un aparato académico orientado al mercado, que privilegia la obtención de títulos sobre la construcción de pensamiento emancipador.

Este desplazamiento refleja una contradicción profunda: mientras la sociedad costarricense enfrenta precarización laboral, fragmentación social y ofensivas antisindicales, la universidad abandona su papel de aliada de los trabajadores y se acomoda a las lógicas empresariales. La consecuencia es doble: por un lado, los trabajadores pierden un espacio de formación crítica y democrática; por otro, la sociedad en su conjunto se priva de cuadros intelectuales orgánicos capaces de articular la experiencia obrera con la producción de conocimiento transformador (Gramsci, 1971).

El reto para el sindicalismo costarricense es recuperar ese espacio, exigir que la universidad vuelva a ser aliada de los trabajadores y que el pensamiento crítico regrese a las aulas. No se trata de nostalgia, sino de necesidad histórica: sin formación ética y cultural, el sindicalismo corre el riesgo de convertirse en mera defensa corporativa, incapaz de disputar narrativas y construir hegemonía social.

El verdadero diploma que necesita la sociedad no es el título vacío de administración, sino la formación ética, cultural y sindical que permita enfrentar la precarización, defender los derechos laborales y construir un país más justo.

Democratizar nuevamente la UNA significa devolverle su vocación de universidad necesaria, capaz de formar dirigentes comprometidos con la justicia social y con la dignidad del trabajo.

Referencias

 Castillo, G et al. (2012). Autorreforma sindical en las Américas. – OIT.

 Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA). (2020). Conferencia sobre transformación del sindicalismo en las Américas. CSA.

 Ermida, O. (2012). Sindicatos en libertad sindical. Montevideo: Fundación Friedrich Ebert.

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.

Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

 Rodríguez, J. (2015). Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Heredia: UNA.

 Torres, M. (2018). Universidad y neoliberalismo en Costa Rica. Revista de Ciencias Sociales, 160(2), 45-62.

 Ulloa Royo, F. (1989). Calidad docente y estudiantil en nuestra UNA. Praxis: revista del Departamento de Filosofía, (37‑38), 69‑80.

 Universidad Nacional. (1973). Acta de creación del Instituto de Estudios del Trabajo. Heredia: UNA.

FESITRAES se solidariza con UDECO ante la persecución sindical en la cooperativa Dos Pinos

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

Desde las organizaciones sindicales de las universidades públicas costarricenses, articuladas en la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES), manifestamos nuestra más enérgica condena ante los actos de persecución sindical ejecutados por la administración de la Cooperativa Dos Pinos contra el Sindicato UDECO y el compañero Ricardo Fallas.

Denunciamos:

  1. El despido arbitrario y político del compañero Ricardo Fallas, delegado sindical de la planta de concentrados, destacada figura en la organización de la personas trabajadoras en la cooperativa. Este ataque directo se disfrazó bajo la figura del artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, sin mediar explicación ni debido proceso, con la única intención de castigar la labor de representación sindical.

  2. La estrategia de hostigamiento sistemático de la gerencia de Dos Pinos, que utiliza el miedo y la presión para intentar desarticular el derecho legítimo de los trabajadores a defender sus intereses colectivos y la organización sindical.

Exigimos el cumplimiento irrestricto de la normativa:

  • La libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación como derechos innegociables y principios básicos dentro de las relaciones laborales y la organización sindical (Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación). No existe democracia laboral en un clima de amenazas y temor.

  • Protección contra la discriminación antisindical: los actos que condicionan el derecho al trabajo de las personas afiliadas o que buscan castigar la labor sindical, son a todas luces violatorias de la libertad sindical y ponen en riesgo la existencia misma de las organizaciones de la clase trabajadora. Estas situaciones son inadmisibles (Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva).

  • Fuero sindical y garantías para delegados: La protección es indispensable para los delegados sindicales, quienes deben ejercer su mandato con total independencia y sin represalias patronales (Convenio 135 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores). El despido de dirigentes sindicales busca amedrentar a toda la base trabajadora, lo que resulta inaceptable.

Por tanto, solicitamos:

  1. Reinstalación inmediata del compañero Ricardo Fallas en su puesto, con el pago de salarios caídos y el respeto pleno a su investidura sindical.

  2. Cese de ataques contra UDECO: Exigimos el fin de toda forma de acoso e intimidación contra los afiliados y dirigentes sindicales de UDECO por parte de la patronal de la Cooperativa Dos Pinos.

  3. Respeto a la autonomía sindical: Exigimos que la empresa debe abstenerse de cualquier injerencia en la administración y actividades del sindicato (Convenio 98 de la OIT).

FESITRAES brinda su respaldo al Sindicato UDECO y al trabajador despedido. La ley no puede ser usada como mazo para quebrar la voluntad de las personas trabajadoras.

¡Alto a las políticas antisindicales!

¡La solidaridad de la clase trabajadora no tiene límites institucionales ni sectoriales!

Confederación UAS respalda lucha de UDECO ante la persecución patronal

Escrito en . Publicado en Trabajo.

A las personas trabajadoras y al movimiento social de Costa Rica:

Desde la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), manifestamos nuestra firme, activa y categórica solidaridad de clase con las y los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa Dos Pinos (UDECO), ante la grave ofensiva desatada por la empresa Dos Pinos, contra la libertad sindical y el derecho constitucional a la negociación colectiva.

Denunciamos la táctica dilatoria del Departamento Jurídico del Ministerio de Trabajo al postergar indefinidamente el estudio de membresía sindical, sin causa justificable, paso indispensable para avanzar en la convención colectiva. De igual forma, rechazamos contundentemente la maniobra de la empresa Dos Pinos que busca instrumentalizar la legislación para identificar y vulnerar el fuero sindical de la dirigencia con intenciones de despido antisindical.

En la UAS, nos unimos y solidarizamos públicamente con la lucha de UDECO por la plena garantía de los derechos laborales, el respeto irrestricto al fuero sindical y el cese de la persecución patronal e institucional.

Reiteramos nuestro compromiso con la unidad de la clase trabajadora y de igual forma nos sumamos al llamado de UDECO, a respaldar activamente la manifestación pacífica convocada para el martes 11 de agosto de 2026 a las 14:30 horas en el Ministerio de Trabajo (Barrio Tournón, San José).

¡Respeto pleno a las garantías y derechos laborales!

CONFEDERACIÓN UNIDAD EN LA ACCIÓN SINDICAL
¡En defensa del Estado Social de Derecho!

San José, Costa Rica — 3 de agosto de 2026

“Las convenciones colectivas se respetan. Los acuerdos salariales se honran”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Los sindicatos SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED expresamos nuestra más firme solidaridad con el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y con toda la clase trabajadora de dicha universidad, ante la lucha que hoy libran en defensa del respeto irrestricto a la Convención Colectiva de Trabajo y el cumplimiento de los acuerdos legítimamente suscritos con la Administración Universitaria para el reconocimiento, sin discriminación alguna, del ajuste por costo de vida correspondiente al año 2026.

Las convenciones colectivas no constituyen simples declaraciones de intención ni compromisos sujetos a la conveniencia de una de las partes. Son instrumentos jurídicos de obligatorio cumplimiento, reconocidos por la Constitución Política, el Código de Trabajo, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia nacional.

Por ello, cuando una administración universitaria suscribe un acuerdo con la representación legítima de las personas trabajadoras, adquiere el deber jurídico, ético e institucional de cumplirlo de buena fe. La seguridad jurídica, la confianza institucional y la paz laboral descansan precisamente en el respeto de los acuerdos firmados. Desconocer o aplicar de manera discriminatoria acuerdos válidamente alcanzados debilita el diálogo social, erosiona la confianza entre las partes y envía un mensaje contrario a los principios que históricamente han distinguido a las universidades públicas costarricenses.

Resulta particularmente preocupante que el reconocimiento del ajuste por costo de vida pueda pretender aplicarse bajo criterios diferenciados que generan discriminación entre personas trabajadoras que forman parte de una misma comunidad universitaria. El costo de vida afecta por igual a quienes diariamente sostienen la docencia, la investigación, la acción social, la administración, los servicios, el mantenimiento, la seguridad y todas las labores que hacen posible el funcionamiento de las universidades públicas. Los derechos laborales no pueden fragmentarse ni administrarse con criterios de exclusión.

Reconocemos la firmeza, la responsabilidad y el compromiso con que el SINDEU ha asumido esta defensa. Su lucha no persigue privilegios ni beneficios indebidos. Por el contrario, exige el cumplimiento de obligaciones previamente reconocidas y de acuerdos alcanzados mediante los mecanismos institucionales de negociación colectiva. Defender el cumplimiento de la Convención Colectiva es defender la dignidad de la clase trabajadora.

Asimismo, saludamos la amplia participación de personas trabajadoras que han manifestado su respaldo a esta causa, demostrando que la defensa de los derechos laborales constituye una convicción colectiva. Cuando cientos de personas levantan su voz para exigir respeto a la Convención Colectiva, lo que está en juego no es únicamente un derecho económico, sino la credibilidad de los compromisos institucionales, así como la vigencia efectiva de la negociación entre las personas trabajadoras y la patronal.

Desde el SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades de la Universidad de Costa Rica para que honren los compromisos adquiridos, respeten plenamente la Convención Colectiva de Trabajo y garanticen el reconocimiento del ajuste por costo de vida del año 2026 sin discriminación alguna. Cumplir los acuerdos alcanzados fortalece la institucionalidad universitaria, consolida la paz laboral y reafirma la confianza en el diálogo como mecanismo legítimo para resolver las diferencias.

A la clase trabajadora de la Universidad de Costa Rica y al SINDEU les reiteramos que no están solos. Su lucha trasciende la institución y representa la defensa de un principio que compete a todo el movimiento sindical costarricense: las convenciones colectivas se respetan, los acuerdos firmados se cumplen y los derechos conquistados mediante la negociación colectiva no pueden ser desconocidos ni debilitados.

¡Porque la unidad de la clase trabajadora seguirá siendo la mayor garantía para la defensa de nuestros derechos!

¡La lucha que hoy lleva adelante el SINDEU, también es nuestra lucha!

¡Solidaridad con el SINDEU! ¡Respeto a los acuerdos firmados! ¡Defensa de los derechos laborales!

SITUN – AFITEC – UTRAUTN – SIUNED

UNDECA: ¡Cada salario sin pagar es una mesa sin comida!

Escrito en . Publicado en Trabajo.

UNDECA denuncia la indebida e indignante retención de los salarios de miles de personas trabajadoras de la CCSS. Resulta inaceptable que quienes salvan vidas, atienden emergencias, cuidan pacientes y mantienen en funcionamiento los hospitales tengan que depender de la solidaridad de sus compañeros para alimentar a sus familias.

El alquiler, la electricidad, los préstamos, las pensiones alimentarias y el hambre no esperan. Los hijos necesitan comer todos los días, no cuando a la administración le funcione el sistema de pagos.

El atraso en el pago de los salarios genera graves consecuencias económicas y sociales. Cuando los salarios se cancelan de forma acumulada, muchas personas trabajadoras enfrentan rebajos indebidos o superiores a los que les corresponderían en condiciones normales, embargos que incrementan los costos financieros, atrasos en el cumplimiento de pensiones alimentarias y un severo deterioro de su estabilidad económica, emocional y familiar. No solo se vulnera un derecho laboral; se pone en riesgo el sustento de miles de hogares.

Pretender justificar esta situación como una simple «falla del sistema» constituye una falta de respeto hacia quienes sostienen la seguridad social de este país. Cuando el mismo problema se repite una y otra vez, deja de ser un accidente y se convierte en una responsabilidad institucional que debe ser asumida.

Mientras el Gobierno mantiene una multimillonaria deuda con la CCSS, debilitando financieramente a la institución y comprometiendo su capacidad para responder a las necesidades de la población, miles de personas trabajadoras continúan esperando el salario que legítimamente ya devengaron con su trabajo.

UNDECA hace un llamado a todo el personal de la Caja a organizarnos para exigir el pago inmediato de todos los salarios adeudados, el respeto irrestricto de los derechos laborales y humanos, y el cese de esta política que continúa golpeando a la clase trabajadora y debilitando la seguridad social costarricense.

El salario no es un privilegio. Es el sustento de miles de familias y un derecho humano fundamental.

¡Basta de jugar con el pan de las familias trabajadoras!
San José, 23 de julio de 2026.

¿Estará viviendo el Estado costarricense una crisis de esquizofrenia institucional?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández

Si observamos el funcionamiento del Estado costarricense, como un todo, algunos fenómenos parecieran sugerir que la estrategia política de la actual élite en el poder posee ciertos rasgos asociados con una especie de esquizofrenia institucional.

Por un lado, las voces más representativas de esa élite declaran, un día sí y otro también, ser los garantes idóneos del sano manejo de la institucionalidad nacional. Sin embargo, le imponen una serie de limitaciones a determinadas instituciones que atentan contra su buen desempeño, en detrimento de las necesidades que deben atender frente a la sociedad costarricense. Ese es el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes y, particularmente, del Poder Judicial. Las limitaciones presupuestarias a las que estarán sometidas esas instituciones parecieran inspiradas en condiciones de delirio de quienes están tomando tan importantes decisiones.

En tal sentido, no nos deja de preocupar el autoritarismo que caracteriza a las voces y actitudes de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández (en ese orden) para amenazar desde sus tribunas a todas aquellas instituciones y funcionarios que se niegan a subordinar sus tareas a las tácticas autoritarias que desean imponer en el funcionamiento general del Estado.

El achicamiento del aparato estatal es su objetivo, pero sus tácticas riñen con la lógica histórica del funcionamiento de la sociedad costarricense. No terminamos de acostumbrarnos a la vulgaridad y al absurdo de los comportamientos de la presidente Fernández y del ministro Chaves, en aras de deslegitimar nuestra tradición de cuido de las buenas formas y del respeto entre gobernantes y gobernados.

El proceso actual de contrarreforma del Estado costarricense se inició hace décadas. Hemos pasado por tres Programas de Ajuste Estructural y por un doloroso referéndum para imponer un TLC con Estados Unidos, hoy letra muerta para el presidente Donald Trump. Más aún, enfrentamos la administración del expresidente Carlos Alvarado y sus rigurosas medidas fiscales, de ingrata memoria por la grave violación de los derechos laborales de los funcionarios públicos.

Pero no esperábamos llegar a experimentar la esquizofrenia colectiva que desea imponer la actual élite instalada en Zapote. Y menos aún podríamos suponer cómo esa élite se ha engrosado con cuadros tan variados, provenientes de los protagonistas de desecho que han ido dejando tirados por el camino de su historia, tanto los partidos tradicionales como los nuevos partidos de orientación pentecostal. No deja de ser este un fenómeno interesante. Quizá podría estar apareciendo un nuevo ámbito de estudio para las ciencias sociales que podría denominarse “la política circular”, parafraseando a nuestros colegas economistas dedicados al estudio de la “economía circular” o “economía del desecho”.

Al final de todo esto, lo que se vislumbra claramente son sus esfuerzos por fomentar un modelo autocrático, de extrema derecha, como ocurre en la actualidad en tantos países americanos y europeos.

A propósito del 83 Aniversario de las Garantías Sociales: cinco derechos que se disfrutan hoy… y quizá nunca te dijeron de dónde vienen

Escrito en . Publicado en Derechos.

Martín Rodríguez Espinoza

Sé que cuando escuchas la palabra «Marx» o «marxismo», tu primera reacción puede ser de rechazo, lo sé porque vivimos una guerra permanente, desde 1948 y hasta fecha, contra “el comunismo”, ese fantasma al que tanto temen los corruptos, explotadores, estafadores y saqueadores.

Como trabajador, valoras tu independencia y tu capacidad de salir adelante, y es justo que lo hagas, pero te han hecho creer que sos una isla en medio del mar, y no es así, vos, yo y todo ciudadano que habite este país, conformamos una sociedad, una identidad, un país. Y esta, es una sociedad de clases. La nuestra, es la clase trabajadora, a la que perteneces, que, con su esfuerzo, trabajo y mente, produce la riqueza del país. Y también está la clase explotadora, dueños de los medios de producción, del negocio.

Hoy te escribo para hablarte sobre uno de los más grandes pensadores del siglo XIX, Carlos Marx y cómo su teoría cambió la faz de la tierra y permitió que hoy tengas derechos humanos laborales. Te escribo a vos, a la persona trabajadora, pensando en tu cansancio al terminar el turno, en el sudor de tu frente y en tu familia. A esa persona que lidia por sobrevivir al fin de mes.

A veces damos por sentado que llegar a la casa a una hora prudente, que tus hijos vayan a la escuela y no a una fábrica, o que tengas un fin de semana para descansar, son cosas que siempre existieron o que el sistema otorgó por buena voluntad. Pero la historia nos cuenta algo en lo que vale la pena que reflexiones, nada de eso fue un regalo.

El marxismo transformó el mundo laboral, incluso en los países capitalistas. Y aunque jamás hayas leído El Capital de Marx, hoy vivís literalmente de cambios que solo fueron posibles por lo que ahí dice Marx.

Hubo personas que, inspiradas en ideas que criticaban profundamente el sistema, se organizaron para exigir que la vida del trabajador valiera más que la maquinaria. Ese fue el empuje histórico, esa presión que nació de sus ideas, la que obligó al mundo a cambiar y a proteger a quienes, como vos, mueven el mundo con sus manos y su tiempo.

Te comento cinco conquistas laborales que no existirían hoy sin el marxismo, sin los comunistas.

Número uno, la jornada de ocho horas. Antes de Marx durante la revolución industrial se trabajaba 12, 14, 16 horas al día. Los movimientos obreros que lograron reducir la jornada se apoyaron explícitamente en ideas marxistas sobre la explotación y la plusvalía.

Número dos, la prohibición del trabajo infantil fue la presión de sindicatos inspirados en Marx lo que llevó a las primeras leyes que sacaron a millones de niños y niñas de las fábricas. Claro, las clases explotadoras no iban a ceder por su propia voluntad a esto.

Número tres, derechos laborales y negociación colectiva. La idea de que los trabajadores pueden organizarse y defender colectivamente sus intereses es directamente una consecuencia de los análisis marxistas de clase.

Número cuatro, seguridad social y protección al trabajador, seguro médico, pensiones, indemnizaciones, finiquitos. Por eso los estados comenzaron a implementarlos en el siglo XX como respuesta a la presión de los movimientos obreros marxistas. Fue un intento de contener las desigualdades señaladas por Marx.

Y Número 5, el salario mínimo y regulación del trabajo, vacaciones, descansos obligatorios. Toda la legislación laboral moderna surge del conflicto capital-trabajo que Marx describió con gran precisión en El Capital.

Así que vuelvo a pensar de nuevo en el trillado discurso anticomunista de gobiernos autoritarios como el que vivimos en Costa Rica, decir que nadie prosperó con las ideas de Marx es no entender la historia ni la sociedad actual. En nuestro país, el Partido Comunista de Costa Rica y los sindicatos de izquierda, con la organización y lucha de la clase trabajadora, lograron que muchos de esos derechos humanos laborales se hicieran realidad, muchos trabajadores dieron sus vidas incluso, para que vos, yo y todos, tengamos esos derechos. Por eso hay que defenderlos con todo.

Si hoy trabajas 8 horas y no 16, si tienes sindicato para defender tus derechos humanos, seguridad social o vacaciones, estás viviendo, te guste o no, en un mundo moldeado por las ideas de Marx. Se trata de reconocer con humildad que los derechos que hoy protegen tu esfuerzo y tu dignidad nacieron de una lucha que nos precedió. Al final del día, quizás pensemos muy diferente, pero ambos merecemos llegar a la casa con dignidad. Y esa herencia, en el fondo, nos pertenece a toda la clase trabajadora que lucha por nuestros derechos.

¡Aunque Ud. No Lo Crea!

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Fue un gran engaño, un delito impune, un maltrato brutal, cometido por gobernantes contra decenas de miles de maestros y profesores que por muchos años cotizaron unas cuatro veces más para su fondo de pensiones, que lo que cotizan los trabajadores afiliados al fondo de pensiones de la Caja.

Se estima que, si el gobierno hubiera pagado su parte como patrono, ¡y hubiera respetado el dinero de ese fondo de los educadores!, lo capitalizado habría superado la cifra de cinco billones de colones. Pero como los ministros de Hacienda encontraron muy fácil, meter la mano en el bolsillo de los trabajadores del magisterio para gastarlo ¡en quién sabe qué!, cuando a los profesores que habían venido cotizando confiados en la honradez de los gobernantes, les llegó el momento de jubilarse, se encontraron con que ¡no había ni un colón disponible de lo aportado por 30 o 40 años de su vida laboral! Su fondo de pensiones había sido literalmente robado por autoridades hacendarias desde el momento en que se creó por ley. Así, al haber desaparecido las sumas altas que los educadores habían arrancado de sus salarios mensuales, con la esperanza de cubrir adecuadamente sus necesidades como adultos mayores, al Estado no le quedó más que apechugar con el delito cometido, forzándose a tomar del Presupuesto General de la República, los montos necesarios para cumplir con las pensiones de los profesores que se iban sumando al grupo de jubilados al final de muchos años de esfuerzo.

Lo que ha pasado luego es difícil de creer para los que, por años, han sido bombardeados por una infame campaña anti-magisterio nacional. A ellos les rogamos su atención. Resulta que lejos de admitir su responsabilidad con las acciones antijurídicas, ciertos gobernantes, paradójicamente, han desarrollado una campaña de insultos contra las víctimas del gran robo. En medio de ella, y con una opinión pública así desinformada, con el fin de disminuir los montos mensuales que el gobierno hubo de asumir, se aprobaron leyes populistas con el cuento de que eran pensiones «de lujo», usando como ejemplos a un grupito de funcionarios que (antes de eliminar ese abuso) sin ser profesores como actividad principal, se pensionaban con salarios del cuerpo diplomático, por ejemplo.

A consecuencia de tales leyes populistas, los montos de pensión sustentados en las cotizaciones legales, mediante artificios amañados, fueron rebajadas a la mitad, cual si los principios constitucionales de irretroactividad de la ley y derechos adquiridos de buena fe, no existieran para el gremio de educadores. Atropello que deja de lado otra realidad desconocida: ¡Los pensionados del magisterio siguen cotizando para la CCSS y pagando impuesto de la renta, cual si fuesen asalariados y no pensionados!

Ahora bien, ¡Aunque Ud. No Lo Crea!, como exclamaría Robert Ripley, en este preciso instante se está tramitando otro proyecto de ley que, de aprobarse, disminuiría aún más las pensiones de los que, reiteramos, cotizaron unas cuatro veces más que los trabajadores afiliados a la Caja. Sus proponentes gubernamentales pretenden que las pensiones del magisterio sean similares a las del Seguro Social. Proyecto de ley indudablemente injusto, insensato, hasta cínico, pues desconoce el desfalco de más de cinco millones de millones de colones y otros incumplimientos legales avalados por tribunales de justicia, que, saliéndose de su ámbito de acción, han dicho «que no puede desconocerse la situación fiscal del Estado», mientras cierran ojos y mentes al panorama completo que no puede desdeñarse, que en el marco de los Derechos Humanos, está afectando emocional y financieramente al grupo casi indefenso de adultos mayores, que una vez creyeron…

Conozco la situación pues soy uno de ellos.

Humanismo y justicia: notas del subsuelo costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Frank Ulloa Royo

La división de poderes no es un artificio jurídico: es la memoria viva de un país que quiso evitar la concentración del poder en una sola mano. Desde la Constitución de 1949, Costa Rica aprendió que la democracia se sostiene en el equilibrio, en la vigilancia mutua de los poderes, en la certeza de que ningún gobernante puede ser juez y verdugo al mismo tiempo.

Hoy, sin embargo, la brújula política parece extraviada. La presidenta envía proyectos de ley que permiten al poder matar con presunción de inocencia, todo en nombre de la lucha contra el narcotráfico. ¿Es esa la patria que aprendimos a amar? ¿Una patria con cuchillos en la mano, con cárceles más grandes y con la justicia convertida en rehén del miedo?

Defender la independencia del Poder Judicial no significa encubrir la corrupción ni negar la lentitud de la justicia laboral, que tantas veces ha dejado a los trabajadores esperando años por una sentencia. Significa reconocer esas falencias y exigir su corrección, pero sin entregar la justicia al capricho del poder político. Porque la justicia lenta se reforma; la justicia sometida se destruye.

La Sala Constitucional, que tantas veces ha protegido derechos laborales y sindicales, también está bajo amenaza de ser tomada por otros poderes. Si la Sala deja de ser independiente, ¿quién defenderá al trabajador despedido injustamente, a la mujer discriminada, al ciudadano frente al abuso del Estado?

Jorge Debravo escribió: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Ese verso, nacido de la poesía, hoy se convierte en consigna política. No queremos una patria que se parezca a la experiencia salvadoreña de Bukele, inflada por sectores de derecha, pero cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU por sus violaciones a la independencia judicial. Queremos una patria que se parezca a la dignidad, a la memoria, a la justicia que se construye sin miedo.

La independencia judicial es más que un principio constitucional: es la garantía de que la democracia no se convierte en republiqueta punitiva. Defenderla es defender la vida, la libertad y la esperanza. Y como Debravo, repetimos: no queremos guerras ni cuchillos en la mano de la patria. Queremos justicia libre, digna y humana.

El subsuelo de Dostoievski es hoy nuestro espejo. Alienación y resentimiento marcan la vida pública: diputados que rechazan a los 18 candidatos a magistrados suplentes enviados por la Corte, mientras ninguno de ellos se defiende en el buen sentido. El pensamiento camina de puntillas, como si pensar fuera ofender. Esa tolerancia se acerca más a la cobardía que a la virtud, y la democracia se hunde en un silencio que recuerda al hombre del subsuelo, incapaz de hablar sin contradicciones, atrapado en su propio resentimiento. Como escribió Dostoievski: “Soy un hombre enfermo… soy un hombre malo.” Esa confesión es hoy la voz de una institucionalidad que se niega a defenderse, como si la enfermedad y el silencio fueran su destino.

Dostoievski cuestionaba el racionalismo que pretendía reducir la vida humana a fórmulas matemáticas. En Costa Rica, la división de poderes nació como respuesta histórica a la concentración del poder, pero hoy se ve debilitada por proyectos que legitiman la violencia en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”. La presidenta envía leyes que permiten matar con presunción de inocencia: un racionalismo perverso que convierte la justicia en cálculo punitivo. Defender la independencia judicial no es alcahuetear la corrupción, sino impedir que la lógica del poder sustituya la ética de la justicia. El hombre del subsuelo lo anticipaba: “¿Qué importa la razón cuando lo que se quiere es la voluntad?” Esa voluntad, sin ética, es la que amenaza con destruir la república.

En Los demonios, Dostoievski mostró cómo las ideologías extremas podían arrastrar a la juventud hacia la violencia. Hoy, los nuevos señores feudales no son revolucionarios, sino corporaciones tecnológicas y élites económicas que manipulan la inteligencia artificial y la economía global. La inteligencia se limita a los intereses de unos pocos, y los derechos humanos se vuelven negociables. En Davos, un yerno de Trump propone construir campos de golf sobre el cementerio de Gaza y recibe aplausos: la banalidad del poder que celebra la destrucción como desarrollo. En Costa Rica, se manipulan nombramientos de magistrados para destruir la institucionalidad y avanzar hacia un Estado autoritario, ahora con voz femenina para no asustar, mientras una mano oscura da sombra a la presidenta.

El subsuelo de Dostoievski es también el subsuelo de nuestra democracia: alienación, resentimiento, racionalismo sin ética y poder autoritario disfrazado de modernidad. La independencia judicial es la última defensa contra el regreso a los pleitos a machete, contra la republiqueta punitiva, contra la patria con cuchillos en la mano. Como Jorge Debravo, repetimos: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Queremos una patria que piense sin miedo, que juzgue con dignidad y que no se arrodille ante los nuevos demonios globales.

Defensoría de los Habitantes da la razón a UNDECA sobre el ERP-SAP y confirma graves afectaciones en la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

Comunicado de UNDECA

Resolución acredita que las advertencias realizadas por UNDECA fueron ignoradas y que la implementación forzada del ERP-SAP generó una crisis sistémica en áreas críticas de la institución.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) recibe con satisfacción la resolución final emitida por la Defensoría de los Habitantes sobre la denuncia presentada por nuestra organización el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se alertó oportunamente sobre los riesgos de implementar de forma forzada el sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También esta denuncia fue presentada en su momento ante la Contraloría General de la República.

La investigación de la Defensoría concluye que las advertencias realizadas por UNDECA eran fundadas y que la decisión de poner en funcionamiento el sistema el 2 de junio de 2025 se tomó pese a múltiples alertas técnicas, generando una crisis institucional que impactó simultáneamente la gestión financiera, logística, farmacéutica y administrativa de la Caja.

Entre los principales hallazgos señalados por la Defensoría destacan:

• La acumulación de más de 109.000 facturas pendientes de trámite y una brecha de más de ₡1,59 billones entre obligaciones registradas y pagos realizados.

• Discrepancias en inventarios superiores a ₡112.000 millones y una pérdida temporal de visibilidad sobre existencias y movimientos de suministros institucionales.

• Problemas que afectaron la trazabilidad de medicamentos, incluyendo fármacos sujetos a control especial por la Ley de Estupefacientes.

• La imposibilidad de generar estados financieros confiables durante meses debido a fallas en la implementación y migración de datos.

• Costos extraordinarios superiores a ₡1.340 millones para contratar personal temporal y realizar procesos manuales que el sistema debía ejecutar automáticamente.

La Defensoría también reconoce que la continuidad de los servicios de salud no fue producto del éxito del ERP-SAP, sino del enorme esfuerzo y compromiso de las personas trabajadoras de la CCSS, quienes sostuvieron la operación institucional mediante jornadas extraordinarias, controles manuales y mecanismos de contingencia para evitar una afectación directa a la población.

UNDECA destaca que esta resolución constituye una reivindicación de la labor sindical responsable y comprometida con la defensa de la seguridad social costarricense. Cuando nuestra organización denunció los riesgos del proyecto, lo hizo pensando en la protección de los recursos públicos, la estabilidad institucional, las condiciones laborales del personal y, sobre todo, en la atención de calidad que merecen las personas usuarias de la Caja.

Los hechos acreditados por la Defensoría demuestran que las alertas sindicales no obedecían a intereses particulares ni políticos, sino a preocupaciones legítimas respaldadas por informes técnicos y por el conocimiento de quienes diariamente sostienen el funcionamiento de la institución.

UNDECA exige ahora que las recomendaciones emitidas por la Defensoría sean acatadas en su totalidad, que se determinen las responsabilidades correspondientes por las decisiones adoptadas y que se garantice la transparencia en el proceso de corrección de las fallas detectadas.

La defensa de la CCSS, de sus trabajadores y trabajadoras, y del derecho a la salud de la población seguirá siendo una prioridad irrenunciable para nuestra organización.

Informe de la Defensoría.

UNDECA
Defendiendo la Seguridad Social, los derechos laborales y la salud del pueblo costarricense.