Ir al contenido principal

Etiqueta: derechos laborales

Brasil y una remontada histórica que vuelve a poner la política en movimiento

Nancy Piedra Guillén

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva fue una remontada extraordinaria y una señal de que el avance de las derechas no es inevitable. En la segunda vuelta del 25 de octubre, Lula obtuvo 64.256.232 votos, el 51,79 % de los válidos; Flávio Bolsonaro recibió 59.826.041, el 48,21 %. La diferencia fue de 4.430.191 votos. Tres semanas antes, en la primera vuelta, Flávio había quedado adelante por 2.227.651 votos. Entre ambas votaciones, la ventaja relativa cambió 5,45 puntos porcentuales (Tribunal Superior Electoral de Brasil [TSE], 2026a, 2026b).

El resultado no se explica por un solo factor ni permite atribuir la victoria a un grupo específico. Sí muestra cómo una campaña puede recuperar iniciativa cuando transforma el malestar y la preocupación en organización. En las semanas previas a la segunda vuelta, las personas jóvenes ganaron presencia en las calles y en las redes. La actividad digital se conectó con el trabajo cara a cara: conversar con quienes dudaban, movilizar a quienes pensaban abstenerse y animar a más personas a acudir a votar. André Janones desempeñó un papel clave en la conducción de la campaña de Lula al encabezar la estrategia de movilización digital conocida como «Ejército de Lula». Desde ese espacio se difundieron mensajes, se animó a compartir contenidos y se llamó a más personas a participar y acudir a votar. Su trabajo conectó la organización en redes —en particular por WhatsApp— con la movilización callejera y el contacto directo con el electorado (La Base, 2026a; The Guardian, 2026; The Washington Post, 2026).

La remontada se produjo en menos de un mes. Lula partió de una desventaja de casi dos puntos porcentuales y logró superar a Flávio Bolsonaro. El aumento de su votación entre la primera y la segunda vuelta fue de alrededor de 10,4 millones de votos; esa cifra corresponde al crecimiento de los votos obtenidos por Lula, no al aumento de la participación total. La rapidez y la magnitud del cambio hablan de una campaña que volvió a movilizar a sus bases y consiguió ampliar su apoyo.

La vitalidad política de Lula se expresó en su capacidad de adaptarse a una contienda reñida y comunicarse directamente con públicos que no necesariamente se identificaban con los formatos tradicionales de la política. La experiencia acumulada importó, pero también la claridad del proyecto y el énfasis en lo que haría desde el gobierno. La campaña no se limitó a pedir un voto contra el bolsonarismo: presentó propuestas y prioridades reconocibles.

Entre ellas estuvieron los derechos laborales, la reducción de la jornada sin rebaja salarial y el fin de la escala de seis días trabajados por uno de descanso. El programa presentado ante el TSE incluyó también una agenda de cuidados y corresponsabilidad. Ese énfasis vincula la discusión sobre el empleo con una pregunta que las políticas económicas suelen relegar: quién sostiene, en los hogares y en las comunidades, el cuidado cotidiano de otras personas (TSE, 2026c).

Las mujeres y las personas jóvenes ocuparon un lugar visible en la movilización. Esa presencia no basta para afirmar que un grupo, por sí solo, determinó el resultado. Sí permite reconocer que la campaña hizo más visibles asuntos que afectan directamente a trabajadoras, trabajadores y personas cuidadoras. El cuidado, el tiempo de trabajo y la protección de derechos dieron contenido social a la disputa y ayudaron a presentar un horizonte de gobierno, además de una defensa de la democracia.

Brasil y su papel económico en América Latina

La importancia de Brasil para América Latina no es solo demográfica o diplomática; también es productiva y comercial. La región constituye un mercado significativo para su industria. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cerca del 39 % de las exportaciones brasileñas de manufacturas tenía como destino América Latina y el Caribe. La cifra corresponde a un informe publicado en 2018, no a una proporción actualizada a 2026, pero permite dimensionar el lugar que ocupan los mercados regionales para la producción brasileña. En 2024, Brasil exportó al Mercosur US$20.200 millones (CEPAL, 2018; Ministério das Relações Exteriores, 2025).

Brasil abastece a la región con algo más que productos agrícolas y materias primas. Sus exportaciones incluyen automóviles y autopartes, maquinaria, productos químicos y otros bienes intermedios que participan en cadenas productivas regionales. El comercio automotor muestra con claridad esa relación: Brasil y Argentina intercambian vehículos terminados y componentes. En 2024, Brasil exportó a Argentina autopartes por aproximadamente US$1.319 millones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que la canasta brasileña de exportación está más diversificada que la de otros países sudamericanos e incluye manufacturas con distintos niveles de contenido tecnológico (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos et al., 2021; Banco Mundial, 2024).

Pedro Silva Barros advierte que el comercio brasileño con sus países vecinos cayó un 13 % durante el actual gobierno y que, en términos reales, acumula una reducción del 34 % desde el máximo de 2011. Son cifras atribuidas a su intervención y conviene verificar la serie estadística original antes de presentarlas como datos consolidados. Su planteamiento permite señalar una contradicción: Brasil tiene escala económica para impulsar vínculos regionales, pero la fragmentación política, la falta de financiamiento compartido y la debilidad de las instituciones de integración limitan esa posibilidad (Silva Barros, 2026).

Esta preocupación atraviesa el análisis geopolítico presentado en el XXXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Una América Latina con menos comercio intrarregional, menor coordinación política y negociaciones principalmente bilaterales queda en una posición más vulnerable frente a Estados Unidos, China y otras potencias. Negociar por separado puede ofrecer ventajas inmediatas a cada gobierno, pero reduce la capacidad de los países para fijar condiciones comunes en asuntos como infraestructura, financiamiento, energía, tecnología y explotación de recursos naturales. La integración regional, por tanto, no es solo un gesto diplomático: puede fortalecer la capacidad colectiva para decidir qué se produce, cómo se financia y en beneficio de quién (Silva Barros, 2026).

La defensa de la soberanía adquiere aquí un sentido concreto. Significa que los países latinoamericanos puedan definir sus políticas exteriores, sus alianzas y sus estrategias de desarrollo sin coerciones ni subordinación a Estados Unidos. También implica proteger la capacidad de decidir sobre recursos estratégicos —agua, biodiversidad, alimentos, energía y minerales críticos— y evitar que la competencia entre potencias convierta los territorios de la región en espacios de disputa ajena. La soberanía no exige romper vínculos con Washington ni reemplazar una dependencia por otra; requiere diversificar relaciones y negociar desde prioridades propias, con acuerdos transparentes y capacidad regional, haciendo respetar la soberanía de cada país.

La Constitución brasileña incluye entre sus principios la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y la integración latinoamericana. También plantea que la seguridad brasileña y sudamericana está ligada a mantener la región como zona de paz, proteger la Amazonía y reducir dependencias estratégicas, incluso en suministros militares. La discusión sobre los BRICS añade otra dimensión: la soberanía tecnológica e industrial, la cooperación científica y la transferencia de tecnología pueden ampliar los márgenes de acción de los países del Sur Global. Sin embargo, la cooperación con China —o con cualquier otra potencia— requiere marcos regionales para que la competencia por infraestructura y recursos no profundice la fragmentación (Silva Barros, 2026; El bloque BRICS, 2026).

La victoria de Lula abre una oportunidad para que Brasil recupere iniciativa en ese terreno y contribuya a reconstruir mecanismos de integración política, productiva y financiera. Cabe esperar que su cuarto mandato defienda con mayor firmeza la soberanía latinoamericana frente a las presiones de Estados Unidos y la lógica de subordinación hemisférica. Esa expectativa deberá valorarse por sus resultados: si Brasil impulsa acuerdos regionales duraderos, financia infraestructura compartida, fortalece el comercio intrarregional y promueve posiciones comunes en política exterior y defensa.

La disputa continúa

La reacción de Flávio Bolsonaro debe describirse con precisión. Tras conocerse el resultado, anunció que no lo reconocería y que pediría anular la elección, con críticas a la ampliación del horario de votación, que ya había sido solicitada por ambas campañas. En las horas siguientes, su equipo abandonó la idea de pedir la anulación y orientó su estrategia hacia una acción electoral contra la candidatura ganadora. La impugnación inicial es significativa como disputa política sobre la legitimidad del proceso; por sí sola, no constituye evidencia de fraude (Agência Brasil, 2026; Folha de S.Paulo, 2026).

La reelección tiene implicaciones para la región, pero no significa que América Latina haya cambiado automáticamente de rumbo. Brasil puede actuar como contrapeso a las corrientes que promueven alineamientos conservadores y una mayor subordinación a Washington. Sin embargo, la victoria no fue un plebiscito continental sobre Donald Trump ni prueba que las derechas hayan perdido su base social e institucional. Casi la mitad de quienes emitieron un voto válido eligió a Flávio Bolsonaro. La disputa política continúa dentro de Brasil y en el conjunto de América Latina, pero indudablemente, el guion hoy día es otro.

La lección de estas semanas no es que exista una fórmula electoral trasladable sin más a otros países. Es que la participación puede crecer cuando las organizaciones salen al encuentro de la gente, combinan presencia territorial y comunicación digital, y explican con claridad qué derechos y condiciones de vida están en juego. En Brasil, la movilización juvenil, el trabajo cotidiano para acercar personas a las urnas y una agenda que habló de empleo, cuidados y derechos contribuyeron a devolverle energía a la campaña.

El desafío ahora es convertir esa energía electoral en organización sostenida y en mejoras concretas para la vida de las mayorías. En Costa Rica, donde hoy enfrentamos un gobierno de corte neoliberal, conservador y de derecha, esta tarea exige seguir defendiendo una mejor calidad de vida y colocar en el centro la salud, los cuidados, la educación, la recuperación de políticas sociales universalistas y una respuesta firme frente a la pobreza. No se trata de administrar la desigualdad, sino de disputar las decisiones que determinan quién accede a derechos, quién sostiene la vida y quién paga los costos de las crisis.

Brasil y México tendrán una responsabilidad particular en la reconstrucción de opciones regionales de cooperación, pero esa agenda solo será legítima si mejora las oportunidades laborales y las condiciones de trabajo de las personas jóvenes y de las mujeres. La integración latinoamericana debe traducirse en empleos dignos, protección social, servicios públicos de calidad y soberanía para decidir nuestro propio rumbo. Como ha señalado la CEPAL, el desarrollo no puede reducirse al crecimiento económico: debe orientarse a cerrar brechas y garantizar derechos (Gambina, 2025., CEPAL, 2022).

La victoria de Lula abre una posibilidad, pero no sustituye la organización ni la lucha social. En Brasil, en Costa Rica y en toda América Latina, defender la democracia significa defender también la salud, la educación, los cuidados, el trabajo digno y las políticas sociales que protegen a las mayorías. Frente al avance neoliberal y de derecha, no basta con resistir: debemos organizarnos, recuperar la política como herramienta de transformación y construir gobiernos capaces de poner la vida, la igualdad y la dignidad en el centro. Ese es el desafío y, también, la tarea urgente de nuestro tiempo.

Referencias

Agência Brasil. (2026, 25 de octubre). Flávio no reconoce la victoria de Lula e intentará anular los comicios. https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/flavio-nao-reconhece-vitoria-de-lula-e-tentara-anulacao-do-pleito

Associated Press. (2026, 25 de octubre). Lula is declared winner of Brazil’s election as Bolsonaro rejects results [Lula es declarado ganador de las elecciones de Brasil mientras Bolsonaro rechaza los resultados]. https://apnews.com/article/e2c9fe8fc4aa3e3675b9a8ec15405d93

Banco Mundial. (2024). Exportaciones de Brasil por país de vehículos automotores, partes y accesorios de las partidas 8701 a 8705. World Integrated Trade Solution. https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/BRA/year/2024/tradeflow/Exports/partner/ALL/product/8708

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018, 18 de diciembre). Quase 40% das exportações manufaturadas do Brasil vão para América Latina e Caribe, diz CEPAL [Casi el 40 % de las exportaciones manufactureras de Brasil se dirige a América Latina y el Caribe, señala la CEPAL]. Naciones Unidas Brasil. https://brasil.un.org/pt-br/81918-quase-40-das-exporta%C3%A7%C3%B5es-manufaturadas-do-brasil-v%C3%A3o-para-am%C3%A9rica-latina-e-caribe-diz-cepal

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad. Naciones Unidas.

CLACSO. 2025, 30 de julio. BRICS – Desafíos del Sur Global pensados desde América Latina y el Caribe.

CLACSO, 2026, 11 de septiembre. Clase magistral. El bloque BRICS: Desafíos y oportunidades en un mundo multipolar.

Folha de S.Paulo. (2026, 26 de octubre). Flávio desiste de pedir anulação da eleição e entrará com ação por abuso de poder contra Lula [Flávio desiste de solicitar la anulación de la elección y presentará una acción por abuso de poder contra Lula]. https://la Base www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2026/10/flavio-deve-desistir-de-pedir-anulacao-da-eleicao-e-entrar-com-acao-por-abuso-de-poder-contra-lula.shtml

Julio Gambina. 2025, 2 de diciembre. Reflexiones sobre la Lucha Popular y los Retos Políticos en América Latina. Transcripción de conferencia dada al Programa de Posgrado Centroamericano en Sociología

La Base. (2026a, 26 de octubre). La crisis de Milei tras el triunfo de Lula [Transcripción del programa La Base América Latina proporcionada por la autora].

La Base América Latina (2026, 26 de octubre). Lula logra el milagro. ¿Cómo remontó 10 millones de votos en tres semanas?

La Base. (2026b, 26 de octubre). Lula y Milei en discursos políticos [Transcripción del programa La Base proporcionada por la autora].

Le Monde. (2026, 27 de octubre). In Brazil, “the spontaneous mobilization of Gen Z surprised even the leaders of Lula’s Workers’ Party” [En Brasil, «la movilización espontánea de la generación Z sorprendió incluso a los dirigentes del Partido de los Trabajadores de Lula»]. https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/10/27/in-brazil-the-spontaneous-mobilization-of-gen-z-surprised-even-the-leaders-of-lula-s-workers-party_6765046_4.html

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. (2025, 28 de mayo). Dados de comércio do Mercosul [Datos comerciales del Mercosur]. Gobierno Federal de Brasil. https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/mecanismos-internacionais/mecanismos-de-integracao-regional/mercosul-1/dados-de-comercio-do-mercosul

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Banco de Desarrollo de América Latina y Comisión Europea. (2021). Perspectivas económicas de América Latina 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación. Publicaciones de la OCDE. https://doi.org/10.1787/2958a75d-es

Silva Barros, P. (2026, 28 de julio). Geopolítica: Desafíos y oportunidades para la integración regional en América Latina: Reflexiones desde Brasil y Colombia [Transcripción de intervención en el XXXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología proporcionada por la autora].

La victoria de Lula y la elección brasileña. (2026, 26 de octubre). [Transcripción del análisis de Jalife proporcionada por la autora].

The Guardian. (2026, 26 de octubre). How the streets and social media drove Lula to a historic comeback in Brazil [Cómo las calles y las redes sociales impulsaron la histórica remontada de Lula en Brasil]. https://www.theguardian.com/world/2026/oct/26/lula-victory-brazil-bolsonaro-analysis

The Washington Post. (2026, 26 de octubre). 21 days: Inside Lula’s race to resurrect his campaign—and go viral [21 días: la carrera de Lula para resucitar su campaña y volverse viral]. https://www.washingtonpost.com/world/2026/10/26/inside-lulas-21-day-race-to-resurrect-his-campaign-go-viral/

Tribunal Superior Electoral de Brasil. (2026a, 5 de octubre). Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) vão disputar o 2º turno para a Presidência da República [Flávio Bolsonaro (PL) y Lula (PT) disputarán la segunda vuelta para la Presidencia de la República]. https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/flavio-bolsonaro-e-lula-vao-disputar-o-2o-turno-para-a-presidencia-da-republica

Tribunal Superior Electoral de Brasil. (2026b, 26 de octubre). Presidente do TSE anuncia reeleição de Lula e faz balanço do 2º turno das Eleições 2026 [El presidente del TSE anuncia la reelección de Lula y presenta un balance de la segunda vuelta de las elecciones de 2026]. https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/presidente-do-tse-anuncia-reeleicao-de-lula-e-faz–do-2o-turno-das-eleicoes-2026

Tribunal Superior Electoral de Brasil. (2026c). Lula: propuesta de gobierno. https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026-content/propostas-de-governo-dos-candidatos-ao-cargo-de-presidente-da-republica-eleicoes-2026/lula-propostas-de-governo

De jornadas extenuantes a jornadas esclavistas

Lic. Raúl Blanco Chavarría*

Esta semana se presentó a consulta de la Sala Constitucional el Proyecto de Ley N.º 24.290 para el establecimiento de jornadas laborales excepcionales; bonito título para no decir reforma laboral para el establecimiento de jornadas extenuantes y explotadoras.

El pueblo de Costa Rica no ha dimensionado aún el enorme retroceso que este proyecto podría provocar con su aprobación. Ha pasado ya por dos gobiernos (el de Alvarado Quesada, 2018-2022, y el de Chaves Robles, 2022-2026) que han intentado sin éxito aprobar esta nociva reforma, la cual busca impulsar la normalización de una jornada de 12 horas con la promesa de contar con tres días libres. ¡Menudo caballo de troya que intenta ocultar una evidente violentación a los derechos laborales de todo el pueblo costarricense!

Esta reforma, heredera del PAC, legado del cual reniegan hoy en día los autodenominados “jaguares” y bendecida por las grandes cámaras empresariales, tiene la clara intención de regular la forma en la que se remunerará el salario a los trabajadores. El debate aquí no es si se trabaja o no más de doce horas en la jornada laboral; es más, la ley y nuestra Constitución ya regulan el trabajo más allá de las doce horas. Estamos hablando de que esta reforma eliminaría el 50% del recargo estipulado constitucionalmente para sustituirlo por un mínimo del 17% en las jornadas diurna y mixta y 25,5% en la nocturna sobre el horario correspondiente.

Para la juventud que forma parte de la inmensa masa de trabajadores y trabajadoras que sostienen este país día con día, la entrada en vigor de esta reforma constituirá una enorme barrera para estudiar. El traslado de nuestros centros de trabajo a la universidad o a nuestros hogares no es tomado en cuenta por nuestros legisladores a la hora de pensar qué repercusiones puede tener en la juventud. Miles de jóvenes tendrían cada vez mayores dificultades para ingresar o mantenerse en universidades, colegios nocturnos o procesos de formación profesional, tomando en cuenta también que el 55% de los jóvenes que hoy cuentan con una jornada laboral ganan un salario inferior al mínimo, según un reciente informe del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR). Entonces, ¿qué garantía legal tiene la juventud ante este proyecto que pueda asegurar nuestro futuro con el estudio?

¿Qué garantía tendrán las mujeres jefas de hogar con el cuido de sus hijos?

¿Qué garantía tiene la clase trabajadora de que con esta reforma no se abrirá un portillo para que los derechos laborales se vean violentados e irrespetados por la relación de poder entre el patrono y el trabajador?

La actual jornada ordinaria de 8 horas constituye una conquista del pueblo de Costa Rica; el desconocer esta historia de lucha iniciada por los sindicatos en las huelgas bananeras como la de 1934 y posteriores y del liderazgo del Partido Comunista (hoy Partido Vanguardia Popular) en el pacto con la Iglesia Católica y el gobierno de Calderón Guardia para la promulgación de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, es casi un crimen de traición a la memoria histórica de esta patria.

Pretender normalizar jornadas ordinarias de hasta 12 horas (que ya son legales y con pago justo) significa trasladar las necesidades de rentabilidad empresarial sobre la salud, el tiempo y las condiciones de vida de quienes trabajan.

Nuestra Constitución Política contempla en su Artículo 58 un recargo justo al exceder las ocho horas laborales; hoy el pueblo de Costa Rica se encuentra vigilante de la Sala Constitucional, la cual hoy tiene el deber patriótico y constitucional de frenar este retroceso en materia de derechos laborales.

El pueblo los respaldó en un plantón hace dos meses ante los ataques del oficialismo; hoy tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con el pueblo. Su juramento es con la patria y por el bienestar del pueblo de Costa Rica. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él, el pueblo y la patria os lo demanden.

*Abogado, sindicalista, secretario general de la Juventud Vanguardista Costarricense y coordinador del movimiento Trabajo Digno.

¡Solidaridad combativa con el pueblo colombiano! ¡Viva la CUT! ¡Viva la lucha obrera y estudiantil!

Pronunciamiento del Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE)

El Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE), organización sindical costarricense comprometida con la solidaridad internacional, el internacionalismo proletario y la defensa irrestricta de los derechos de la clase trabajadora, se pronuncia con firmeza y combate en respaldo de las marchas obreras y estudiantiles convocadas para este miércoles 14 de octubre en Colombia, y extiende su más combativo apoyo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a todas las organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles y comunitarias que hoy levantan su voz contra las políticas de ajuste, precarización y represión del gobierno de Abelardo de la Espriella.

CONSIDERANDO:

Que la CUT, junto a organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles y comunitarias, ha convocado una Jornada Nacional de Movilización para este 14 de octubre en las principales capitales del país, en defensa de los derechos laborales, humanos, las libertades democráticas, la justicia social y la soberanía nacional.

Que el movimiento obrero colombiano enfrenta una arremetida sin precedentes: el gobierno pretende implementar el pago por horas y aumentar la jornada laboral sin reconocimiento salarial adicional; derogar decretos que protegen la negociación colectiva y la intermediación laboral; y aplazar la reforma pensional para convertirla en una contrarreforma que atenta contra los derechos de los trabajadores.

Que el movimiento estudiantil colombiano se ha declarado en asamblea permanente y ha protagonizado movilizaciones masivas en rechazo al nuevo protocolo que permite militarizar los centros educativos, violando la autonomía universitaria y criminalizando la protesta social. La comunidad educativa denuncia esta medida como una violación directa a la autonomía universitaria y un intento de criminalizar el derecho a la protesta.

Que el gobierno colombiano impulsa un “estatuto antiterrorista” que, según la CUT, representa una amenaza para el Estado social de derecho, podría aumentar la estigmatización de los ciudadanos, restringir las garantías para ejercer la defensa legal y penalizar la protesta social.

Que la educación pública enfrenta un recorte presupuestal que pone en riesgo la gratuidad para los estudiantes de universidades públicas, y se suspenden los concursos de mérito para el ingreso y ascenso en la carrera docente.

POR TANTO, PRONUNCIAMOS:

Primero: Nuestro apoyo irrestricto e inclaudicable a la CUT y a todas las organizaciones que marchan este 14 de octubre. Reconocemos en la CUT a la central obrera que dignifica la lucha de la clase trabajadora colombiana. ¡Viva la CUT! ¡Viva la unidad de los pueblos!

Segundo: Respaldo combativo a las justas demandas del movimiento obrero y estudiantil colombiano. Exigimos el respeto a los derechos laborales conquistados, el rechazo al pago por horas y a la flexibilización que precariza el empleo. Defendemos la educación pública, gratuita y de calidad, y rechazamos la militarización de las universidades y la criminalización de la protesta social.

Tercero: Repudio enérgico a la represión y a las políticas neoliberales del gobierno de Abelardo de la Espriella. Las medidas de ajuste fiscal, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y los recortes presupuestales no son más que una agresión contra los sectores populares. La solidaridad de clase no conoce fronteras.

Cuarto: Llamado a la unidad internacional de los trabajadores. Hacemos un llamado fraterno y combativo a todas las organizaciones sindicales y populares de Nuestra América a expresar su solidaridad con el pueblo colombiano, a denunciar la represión y a unir fuerzas en la lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo.

Quinto: Condena a cualquier intento de estigmatizar la protesta social. La CUT ha sido clara: “No aceptamos estigmatizaciones”. Las marchas serán pacíficas y legítimas. Rechazamos los intentos de calificar a los dirigentes sindicales y sociales como “instigadores”.

¡La solidaridad de clase no se detiene ante fronteras!
¡Viva la CUT! ¡Viva la lucha obrera y estudiantil colombiana!
¡Por la defensa de los derechos laborales, la educación pública y la soberanía de los pueblos!
¡Ni un paso atrás en la lucha por la justicia social!

JUNTA DIRECTIVA
INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN DEMOCRÁTICA (ISFODE)
San José, Costa Rica — 13 de octubre de 2026

Jornadas 4×3: la limitación de la jornada como frontera ética del trabajo asalariado y la civilización

“… el derecho al descanso no es un lujo, sino la condición misma de la libertad. Allí donde el trabajo se extiende sin medida, la vida se convierte en servidumbre.” — Paul Lafargue, El Derecho a la Pereza

Por: Frank Ulloa Royo

La democracia y la justicia social se sostienen en la defensa cotidiana de los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo. Costa Rica lo entendió hace más de un siglo, cuando en 1920 se estableció la jornada máxima de 8 horas, una conquista que colocó al país a la vanguardia en América Latina y que se convirtió en símbolo de dignidad y progreso (Rodríguez, 2019). Esta conquista se logra después de una huelga prolongada. No fue una concesión graciosa de quienes detentaban el poder. ¿Acaso será en las calles donde haya que recuperar estos derechos si continúa la miopía histórica?

Hoy, esa conquista histórica se ve amenazada por el proyecto de jornadas 4×3, que pretende instaurar turnos de 12 horas durante cuatro días, con tres de descanso. Aunque aprobado en primer debate, el proyecto fue enviado a consulta constitucional, lo que suspende su avance y abre un espacio de reflexión sobre lo que realmente está en juego.

Este intento legislativo se asemeja a un leviatán moderno, una criatura desmesurada que avanza con la fuerza de los intereses económicos y busca devorar los avances humanos conquistados con sangre y sufrimiento histórico. Como en los relatos mitológicos, el Leviatán representa el poder descontrolado que amenaza con arrasar los límites civilizatorios, en este caso la jornada de ocho horas, símbolo de dignidad y justicia social. Frente a esa figura descomunal, la consulta constitucional se convierte en un dique de contención: un espacio donde la razón jurídica y los principios de derechos humanos deben frenar la voracidad de quienes pretenden normalizar la explotación laboral.

La doctrina francesa: un camino histórico sin retrocesos

En Francia, la jornada de 8 horas fue consagrada en 1919 como respuesta a las luchas obreras y a la devastación de la Primera Guerra Mundial. La doctrina laboral francesa ha insistido en que la limitación del tiempo de trabajo no es solo un mecanismo de protección física, sino un principio de civilización: el derecho al ocio, a la vida familiar y a la participación democrática. Juristas como Gérard Lyon-Caen y Antoine Jeammaud han subrayado que el tiempo de trabajo es el núcleo de la relación laboral, y que su regulación expresa el equilibrio entre la economía y la dignidad humana.

La jurisprudencia francesa, además, ha defendido que la reducción del tiempo de trabajo es parte de la progresividad de los derechos sociales. La instauración de las 35 horas semanales en 2000 fue presentada como un avance hacia la humanización del trabajo, reafirmando que el tiempo no puede ser confiscado por el mercado. En palabras de la doctrina francesa, “la limitación de la jornada es el límite civilizatorio frente a la mercantilización del ser humano”.

Un principio universal

El derecho a una jornada limitada y al descanso no es un simple beneficio laboral: es un derecho humano reconocido internacionalmente. El Protocolo de San Salvador establece que toda persona tiene derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas, incluyendo la limitación razonable de las horas de trabajo y el derecho al descanso (OEA, 1988). Los Convenios de la OIT fijan como máximo 8 horas diarias y 48 semanales en industria, comercio y oficinas (OIT, 1919). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados deben garantizar que la regulación laboral respete la salud, la vida familiar y la participación democrática de los trabajadores (Corte IDH, 2017).

El principio de no retroactividad en materia de derechos humanos constituye una garantía esencial frente a intentos de regresión normativa. La Corte Interamericana ha sostenido que los Estados están obligados a asegurar la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que implica que una vez alcanzado un estándar de protección, no puede ser reducido ni debilitado (Corte IDH, 2003).

Costa Rica en el espejo de la OCDE y Europa

Costa Rica ha querido mirarse en el espejo de la OCDE y de los derechos humanos, pero ese reflejo exige coherencia: no basta con autoproclamarse como una sociedad civilizada si se retrocede en las conquistas sociales que dieron forma a nuestra democracia. Más aún cuando algunos diputados de gobierno han llegado a afirmar, con ligereza vergonzosa, que las jornadas de 12 horas representan “modernización” y “competitividad”, como si la fatiga y la erosión de la vida familiar fueran simples variables económicas. Tales declaraciones revelan un desprecio por la memoria obrera y por los compromisos internacionales del país, y muestran hasta qué punto la retórica oficial puede convertirse en un disfraz para la regresión social.

La discusión no es exclusiva de nuestro país. En Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la Corte Europea de Derechos Humanos han blindado el derecho al descanso como núcleo de la democracia social. En Francia, la doctrina laboral ha sido categórica: la jornada limitada es un patrimonio colectivo, y cualquier intento de ampliarla constituye una regresión inadmisible, un atentado contra la frontera ética que separa la civilización de la explotación.

Después de 106 años de jornada de 8 horas, siquiera plantear la extensión a 12 horas es un despropósito histórico. Significa abrir la puerta a la normalización de la fatiga, a la erosión de la vida familiar y a la mercantilización del tiempo humano. La democracia se mide también en su capacidad de proteger esas conquistas frente a intereses económicos que buscan perpetuidad a cualquier costo.

La jornada 4×3 no es un simple proyecto legislativo: es un pulso entre la memoria de las luchas obreras, la jurisprudencia internacional y la presión por flexibilizar derechos. La Sala Constitucional tiene en sus manos un precedente histórico. No se trata de un expediente más, sino de la defensa de un principio que Costa Rica adoptó hace más de un siglo y que ha sido reafirmado por instrumentos internacionales y por la doctrina francesa: la limitación de la jornada como frontera ética de la civilización.

Por ello, la Sala IV tiene la obligación de rechazar estas pretensiones regresivas y reafirmar que la dignidad laboral no se negocia, que los intereses económicos no pueden sobreponerse a la vida. De no hacerlo, sería una sentencia digna de ser colgada en el museo de la tortura, como advertencia de lo que ocurre cuando la justicia abdica frente al poder.

Referencias bibliográficas

  1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2003). Caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú. Sentencia de 28 de febrero de 2003. San José, Costa Rica.

  2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Opinión Consultiva OC-23/17 sobre medio ambiente y derechos humanos. San José, Costa Rica.

  3. Organización de Estados Americanos (OEA). (1988). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). San Salvador.

  4. Organización Internacional del Trabajo (OIT). (1919). Convenio sobre las horas de trabajo (industria), N.º 1. Ginebra.

  5. Rodríguez, M. (2019). Historia de la jornada laboral en Costa Rica: de la lucha obrera a la legislación social. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

  6. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). (2019). Sentencia C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) vs. Deutsche Bank. Luxemburgo.

  7. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). (2023). Sentencia C-477/21, IH vs. MÁV-START. Luxemburgo.

  8. Lyon-Caen, G. & Jeammaud, A. (2002). Droit du travail: relations individuelles. Dalloz, París.

  9. Supiot, A. (1999). Au-delà de l’emploi: transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe. Flammarion, París.

Día Mundial del Trabajo Decente 7 de octubre

Joaquín Meléndez
Presidente, Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE)

En el marco del Día Mundial del Trabajo Decente, que se conmemora cada 7 de octubre, ISFODE reafirma su compromiso con la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

Según la definición de la Organización Internacional del Trabajo, entendemos por trabajo decente aquel que es productivo para mujeres y hombres, que se desarrolla en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

Además, implica oportunidades de empleo que generen ingresos justos, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las personas trabajadoras y sus familias, la recreación y la libertad de organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas.

Es crucial que tengamos siempre presente este concepto de Trabajo Decente como brújula y meta a alcanzar pues resume nuestras aspiraciones y establece el estándar mínimo que debe regir toda relación laboral.

Sin embargo, la realidad frecuentemente contradice estos principios.

Ante ello, ISFODE reitera que seguiremos luchando por el respeto y la aplicabilidad plena del Trabajo Decente, ahora más que nunca.

Por qué el sindicalismo democrático apuesta a Lula en Brasil

Instituto Sindical de Formación Democrática

La segunda vuelta brasileña no solo define un gobierno: define el rumbo de la democracia, los derechos laborales y el equilibrio geopolítico de América Latina. Los datos económicos de los gobiernos de Lula respaldan una apuesta que no es solo política, sino también de resultados.

La segunda vuelta en Brasil será dura, nada fácil y de múltiples complejidades para Lula. No se trata de un simple trámite electoral, sino de una disputa decisiva en un país enorme, polarizado y observado por el mundo entero. Lo que ocurra en las urnas brasileñas tendrá efectos profundos no solo para Brasil, sino para toda la región y para el orden internacional.

1. Un obrero que llegó a la presidencia y transformó la economía

Las razones a favor del actual mandatario no pueden minimizarse. Su trayectoria es la de un obrero que llegó a la presidencia y que ya gobernó Brasil en dos ocasiones. En esos períodos, el país alcanzó prestigio y respeto en los foros más importantes de la política internacional.

Pero más allá de su origen social, los números respaldan su gestión. Durante sus dos primeros mandatos (2003-2010), el PIB real de Brasil se amplió un 37%, con un crecimiento anual promedio del 4,05%, superior a la media mundial del 2,73% para el mismo período. Entre 2001 y 2011, el PIB per cápita creció un 32%, mientras que la desigualdad disminuyó un 9,4% y el porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema se redujo a la mitad. En 2010, último año de su segundo mandato, el PIB se expandió un 7,5%, el consumo final creció 6,1% y las exportaciones 11,5%. En esos ocho años, cerca de 30 millones de personas salieron de la pobreza.

2. El tercer mandato: datos que confirman la apuesta

El tercer gobierno de Lula (2023-presente) ha mantenido y profundizado esa orientación. Entre 2022 y 2025, la economía brasileña creció un 8,9% acumulado, frente a un promedio de 5,7% para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay en el mismo período. El PIB creció 3,2% en 2023 y 3,4% en 2024, superando las previsiones y devolviendo a Brasil al grupo de las diez mayores economías del mundo.

En materia de empleo, la tasa de desocupación cayó de 9,3% en el segundo trimestre de 2022 a 5,4% en el segundo trimestre de 2026, la más baja de la serie histórica. El desempleo juvenil se redujo un 40%, del 19,4% al 11,7% en el mismo período. El salario mínimo real aumentó un 12,7% entre 2022 y mediados de 2026, mientras que los ingresos laborales promedio reales crecieron alrededor de un 13%.

La pobreza se redujo de 31,6% en 2022 a 23,1% en 2024, una caída de aproximadamente 27%, mientras que la pobreza extrema disminuyó más de un 40%. 8,7 millones de personas salieron de la pobreza y 3,1 millones de la extrema pobreza. En 2025, Brasil fue retirado del Mapa del Hambre de la FAO tras reducir la desnutrición crónica por debajo del 2,5%.

En cuanto a la inflación, el tercer mandato de Lula acumuló una variación de precios de 17,9% entre enero de 2023 y agosto de 2026, la menor para un mismo mandato desde la creación del Plan Real, superando incluso el récord de su propio segundo mandato (19% entre 2007 y 2010). La masa salarial alcanzó su máximo histórico y el salario mínimo volvió a subir por encima de la inflación.

3. El contraste: lo que estaba en juego

La comparación con el gobierno anterior es inevitable. Durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022), el crecimiento anual promedio del PIB fue de 1,12%, inferior a la media mundial de 1,95%. En 2020, el PIB se contrajo un 3,3% y la inflación escaló al 10% en 2021. El desempleo alcanzó su pico en marzo de 2021, llegando al 14,7%, y la pobreza afectó a cerca del 29% de la población (65 millones de personas).

No se trata de una adhesión ciega ni de un culto a la personalidad. Se trata de reconocer que los datos comparativos muestran una diferencia sustancial en materia de crecimiento, empleo, salarios y reducción de la pobreza.

4. Brasil y el mundo necesitan a Lula

Ante el avance del fascismo y de la ultraderecha autoritaria en distintos rincones del planeta, la figura de Lula adquiere una dimensión que trasciende las fronteras brasileñas. Por equilibrio geopolítico, por respeto a los países latinoamericanos y por la defensa de la democracia, su liderazgo sigue siendo un punto de referencia necesario. Brasil, como potencia regional y como una de las diez mayores economías del mundo, tiene un papel clave en la construcción de un mundo multipolar, más justo y menos subordinado a los intereses de las grandes potencias.

5. Una apuesta confiable para los trabajadores

Los trabajadores organizados tenemos en Lula una apuesta confiable. Lo decimos por su origen social, por su coherencia, por su trayectoria y por su espíritu de lucha. Pero también lo decimos por los números: por los millones que salieron de la pobreza, por el empleo formal que creció, por el salario mínimo que recuperó poder adquisitivo, por la inflación más baja en la historia del Plan Real y por un país que volvió a sentarse en la mesa de las grandes economías del mundo.

6. Lo que está en juego

La segunda vuelta no solo decidirá quién gobierna Brasil. Está en juego el modelo de país, el respeto a las instituciones, el futuro del empleo, los derechos sociales y la capacidad de la región para sostener procesos democráticos frente a los embates del autoritarismo. Por eso, desde el movimiento sindical democrático, miramos con atención y esperanza el proceso brasileño.

No ignoramos las dificultades. La campaña será compleja, los ataques serán feroces y las presiones externas e internas no cesarán. La tasa de interés sigue siendo una de las más altas del mundo, con efectos sobre el crédito y el endeudamiento de las familias. Pero precisamente por eso, la apuesta por Lula es también una apuesta por la democracia, por la dignidad del trabajo y por una América Latina que no se rinda ante el miedo.

7. Conclusión

Desde el Instituto Sindical de Formación Democrática expresamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y con su derecho a decidir su futuro. Apostamos a Lula porque creemos en una democracia con justicia social, en un sindicalismo libre y en una región que camine unida. Y apostamos a Lula porque los datos económicos de sus gobiernos demuestran que otro Brasil es posible: uno con menos pobreza, menos desigualdad y más oportunidades para los trabajadores.

¡Viva Lula! ¡Viva la democracia brasileña!

De la universidad necesaria a la universidad comercial: crítica a la pérdida del pensamiento laboral en la UNA

Frank Ulloa Royo

Introducción

El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) de la Universidad Nacional de Costa Rica fue creado en 1973 como parte de la visión de una universidad necesaria: un espacio abierto a los trabajadores, sindicatos y cooperativas, que democratizara el acceso al conocimiento y fortaleciera la organización social (Universidad Nacional, 1973). Su misión era clara: formar dirigentes obreros y sindicales, convertir la universidad en herramienta de emancipación y dotar al movimiento laboral de cuadros críticos y preparados.

Allí llegaron a estudiar, gracias a la visión de Francisco Morales y del Rector Benjamín Núñez, importantes dirigentes sindicales de todas las corrientes ideológicas, muchos de ellos sin haber completado sus estudios secundarios, pero cuya experiencia de vida fue reconocida como parte de la democratización de la educación superior. En ese espacio se creaban intelectuales orgánicos, en el mejor sentido del término, tal como lo definió Antonio Gramsci: sujetos capaces de articular la experiencia de las clases subalternas con la producción de pensamiento crítico y acción política transformadora (Gramsci, 1971).

Sin embargo, en 2010 el IESTRA fue transformado en la Escuela de Administración, un giro institucional que reflejó la presión de las corrientes neoliberales y la demanda estudiantil por títulos “comerciales” más rentables en el mercado laboral (Rodríguez, 2015). Este cambio significó la pérdida de un espacio académico para los trabajadores y la sustitución de la formación sindical por carreras administrativas que, aunque útiles en términos técnicos, resultan estériles frente a los retos de la precarización laboral y la defensa de los derechos conquistados.

El ataque ideológico y sus consecuencias

Aceptar esta transformación sin resistencia implica permitir un ataque ideológico contra los trabajadores, sus reivindicaciones y sus organizaciones. La universidad, que debía ser aliada en la defensa de la dignidad laboral, se convierte en reproductora de las lógicas neoliberales (Harvey, 2007). Aceptar y permitir el ataque ideológico contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales no es un hecho menor: significa abrir la puerta a un retroceso profundo en derechos conquistados con décadas de lucha.

En la práctica, esto se traduce en la confusión ideológica por el desconocimiento de los procesos de trabajo, y por tanto en la fácil imposición de jornadas arbitrarias sin consulta ni negociación, en el irrespeto sistemático al pago de salarios, y beneficios de estabilidad laboral y seguridad social, la eliminación de la negociación colectiva y en la normalización del hostigamiento y la violencia laboral que quedarían impunes. Implica también el incumplimiento de salarios y prestaciones, el riesgo real de que conquistas históricas como la ley de aguinaldo sean abolidas, y el debilitamiento de las protecciones específicas para las mujeres trabajadoras. En conjunto, estas consecuencias configuran un escenario de precarización y despojo que erosiona la dignidad del trabajo y amenaza la vigencia misma del Estado social de derecho.

El sindicalismo costarricense ha advertido que agotará todas las vías de presión social, administrativas y judiciales para defender la autonomía sindical y el Estado social de derecho, pero hasta ahora ha sido una posición retórica sin estrategia ni consecuencias prácticas. (Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas [CSA], 2020).

La contradicción universitaria y la calidad docente estudiantil

La Universidad Nacional de Costa Rica fue concebida como una universidad necesaria, comprometida con la democratización del conocimiento y con la formación de cuadros críticos capaces de transformar la sociedad. El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) fue su expresión más clara: un espacio que reconocía la experiencia sindical y laboral como parte legítima de la educación superior, y que buscaba formar intelectuales orgánicos en el sentido gramsciano, es decir, dirigentes capaces de articular la práctica obrera con el pensamiento crítico (Gramsci, 1971).

Sin embargo, la presión por títulos más “rentables” y la influencia de las corrientes neoliberales transformaron la oferta académica en un catálogo de carreras administrativas que poco aportan a los retos contemporáneos del trabajo precarizado y la defensa de los derechos laborales (Torres, 2018). Este desplazamiento no solo significó la pérdida de un espacio para los trabajadores, sino también un deterioro en la calidad docente y estudiantil, pues se privilegió la lógica del mercado sobre la misión social de la universidad.

Ya en los años ochenta, el autor advertía en Praxis que la calidad universitaria no podía reducirse a indicadores técnicos ni a la proliferación de carreras sin sentido histórico. Señalaba que “la responsabilidad académica en la creación de programas debía medirse por su pertinencia social y por su capacidad de responder a las necesidades del país, no por la cantidad de títulos expedidos” (Ulloa, 1989, p. 72). Esta crítica sigue vigente: la UNA corre el riesgo de convertirse en una universidad comercial, desconectada de los trabajadores y de la sociedad costarricense.

Como señala Castillo (2012), la autorreforma sindical requiere también recuperar espacios académicos que fortalezcan la capacidad crítica y la legitimidad social del movimiento. En este sentido, la calidad universitaria debe ser entendida como un concepto integral que incluye la pertinencia social, la formación ética y la capacidad crítica, y no únicamente como un estándar técnico o administrativo. La contradicción universitaria es, entonces, el reflejo de una lucha inconclusa: entre la universidad necesaria que democratiza el conocimiento y la universidad comercial que lo mercantiliza.

El movimiento sindical frente al desafío

El sindicalismo no puede aceptar pasivamente este retroceso, pues hacerlo significaría abrir la puerta a la desprotección laboral y a la pérdida de conquistas históricas que han costado décadas de lucha. Como advierte Ermida (2012), “sin pensamiento crítico, no hay sindicalismo vivo; sin sindicalismo vivo, no hay democracia real” (p. 45). La autorreforma sindical y la recuperación de espacios académicos son, por tanto, parte de una misma lucha: la defensa de la dignidad del trabajo y de la democracia social frente a la ofensiva neoliberal.

La universidad debe volver a ser un espacio de formación democrática, capaz de enfrentar la precarización, la digitalización y la fragmentación del trabajo. En este sentido, la alianza entre sindicatos y academia es indispensable para reconstruir poder colectivo y legitimidad política, tal como lo planteaba Ulloa (1989) al señalar que la calidad docente y estudiantil debía medirse por su pertinencia social y no por la mera expedición de títulos.

Hoy se trata de una lucha de resistencia por la permanencia de los sindicatos como actores centrales del mundo del trabajo, que enfrentan no solo las amenazas ideológicas, sino también los retos de los cambios tecnológicos y de la inteligencia artificial. Estos procesos, lejos de ser neutrales, tienden a eliminar puestos de trabajo, reducir salarios y favorecer modelos autoritarios de gestión laboral, generando adhesión acrítica en un mundo del trabajo cada vez más fragmentado (Harvey, 2007).

En suma, la defensa de los derechos laborales y la democratización de la universidad son luchas inseparables: ambas buscan preservar la coherencia entre discurso y práctica, entre memoria y futuro, y garantizar que el sindicalismo siga siendo un actor vivo en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Una lucha pendiente por democratizar la UNA

La transformación del IESTRA en Escuela de Administración no puede leerse únicamente como un ajuste institucional: constituye un símbolo del ataque ideológico neoliberal contra los trabajadores y contra la misión original de la Universidad Nacional como universidad necesaria. Lo que antes fue un espacio de formación sindical, cooperativa y crítica social, se convirtió en un aparato académico orientado al mercado, que privilegia la obtención de títulos sobre la construcción de pensamiento emancipador.

Este desplazamiento refleja una contradicción profunda: mientras la sociedad costarricense enfrenta precarización laboral, fragmentación social y ofensivas antisindicales, la universidad abandona su papel de aliada de los trabajadores y se acomoda a las lógicas empresariales. La consecuencia es doble: por un lado, los trabajadores pierden un espacio de formación crítica y democrática; por otro, la sociedad en su conjunto se priva de cuadros intelectuales orgánicos capaces de articular la experiencia obrera con la producción de conocimiento transformador (Gramsci, 1971).

El reto para el sindicalismo costarricense es recuperar ese espacio, exigir que la universidad vuelva a ser aliada de los trabajadores y que el pensamiento crítico regrese a las aulas. No se trata de nostalgia, sino de necesidad histórica: sin formación ética y cultural, el sindicalismo corre el riesgo de convertirse en mera defensa corporativa, incapaz de disputar narrativas y construir hegemonía social.

El verdadero diploma que necesita la sociedad no es el título vacío de administración, sino la formación ética, cultural y sindical que permita enfrentar la precarización, defender los derechos laborales y construir un país más justo.

Democratizar nuevamente la UNA significa devolverle su vocación de universidad necesaria, capaz de formar dirigentes comprometidos con la justicia social y con la dignidad del trabajo.

Referencias

 Castillo, G et al. (2012). Autorreforma sindical en las Américas. – OIT.

 Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA). (2020). Conferencia sobre transformación del sindicalismo en las Américas. CSA.

 Ermida, O. (2012). Sindicatos en libertad sindical. Montevideo: Fundación Friedrich Ebert.

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.

Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

 Rodríguez, J. (2015). Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Heredia: UNA.

 Torres, M. (2018). Universidad y neoliberalismo en Costa Rica. Revista de Ciencias Sociales, 160(2), 45-62.

 Ulloa Royo, F. (1989). Calidad docente y estudiantil en nuestra UNA. Praxis: revista del Departamento de Filosofía, (37‑38), 69‑80.

 Universidad Nacional. (1973). Acta de creación del Instituto de Estudios del Trabajo. Heredia: UNA.

FESITRAES se solidariza con UDECO ante la persecución sindical en la cooperativa Dos Pinos

Comunicado

Desde las organizaciones sindicales de las universidades públicas costarricenses, articuladas en la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES), manifestamos nuestra más enérgica condena ante los actos de persecución sindical ejecutados por la administración de la Cooperativa Dos Pinos contra el Sindicato UDECO y el compañero Ricardo Fallas.

Denunciamos:

  1. El despido arbitrario y político del compañero Ricardo Fallas, delegado sindical de la planta de concentrados, destacada figura en la organización de la personas trabajadoras en la cooperativa. Este ataque directo se disfrazó bajo la figura del artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, sin mediar explicación ni debido proceso, con la única intención de castigar la labor de representación sindical.

  2. La estrategia de hostigamiento sistemático de la gerencia de Dos Pinos, que utiliza el miedo y la presión para intentar desarticular el derecho legítimo de los trabajadores a defender sus intereses colectivos y la organización sindical.

Exigimos el cumplimiento irrestricto de la normativa:

  • La libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación como derechos innegociables y principios básicos dentro de las relaciones laborales y la organización sindical (Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación). No existe democracia laboral en un clima de amenazas y temor.

  • Protección contra la discriminación antisindical: los actos que condicionan el derecho al trabajo de las personas afiliadas o que buscan castigar la labor sindical, son a todas luces violatorias de la libertad sindical y ponen en riesgo la existencia misma de las organizaciones de la clase trabajadora. Estas situaciones son inadmisibles (Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva).

  • Fuero sindical y garantías para delegados: La protección es indispensable para los delegados sindicales, quienes deben ejercer su mandato con total independencia y sin represalias patronales (Convenio 135 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores). El despido de dirigentes sindicales busca amedrentar a toda la base trabajadora, lo que resulta inaceptable.

Por tanto, solicitamos:

  1. Reinstalación inmediata del compañero Ricardo Fallas en su puesto, con el pago de salarios caídos y el respeto pleno a su investidura sindical.

  2. Cese de ataques contra UDECO: Exigimos el fin de toda forma de acoso e intimidación contra los afiliados y dirigentes sindicales de UDECO por parte de la patronal de la Cooperativa Dos Pinos.

  3. Respeto a la autonomía sindical: Exigimos que la empresa debe abstenerse de cualquier injerencia en la administración y actividades del sindicato (Convenio 98 de la OIT).

FESITRAES brinda su respaldo al Sindicato UDECO y al trabajador despedido. La ley no puede ser usada como mazo para quebrar la voluntad de las personas trabajadoras.

¡Alto a las políticas antisindicales!

¡La solidaridad de la clase trabajadora no tiene límites institucionales ni sectoriales!

Confederación UAS respalda lucha de UDECO ante la persecución patronal

A las personas trabajadoras y al movimiento social de Costa Rica:

Desde la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), manifestamos nuestra firme, activa y categórica solidaridad de clase con las y los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa Dos Pinos (UDECO), ante la grave ofensiva desatada por la empresa Dos Pinos, contra la libertad sindical y el derecho constitucional a la negociación colectiva.

Denunciamos la táctica dilatoria del Departamento Jurídico del Ministerio de Trabajo al postergar indefinidamente el estudio de membresía sindical, sin causa justificable, paso indispensable para avanzar en la convención colectiva. De igual forma, rechazamos contundentemente la maniobra de la empresa Dos Pinos que busca instrumentalizar la legislación para identificar y vulnerar el fuero sindical de la dirigencia con intenciones de despido antisindical.

En la UAS, nos unimos y solidarizamos públicamente con la lucha de UDECO por la plena garantía de los derechos laborales, el respeto irrestricto al fuero sindical y el cese de la persecución patronal e institucional.

Reiteramos nuestro compromiso con la unidad de la clase trabajadora y de igual forma nos sumamos al llamado de UDECO, a respaldar activamente la manifestación pacífica convocada para el martes 11 de agosto de 2026 a las 14:30 horas en el Ministerio de Trabajo (Barrio Tournón, San José).

¡Respeto pleno a las garantías y derechos laborales!

CONFEDERACIÓN UNIDAD EN LA ACCIÓN SINDICAL
¡En defensa del Estado Social de Derecho!

San José, Costa Rica — 3 de agosto de 2026

“Las convenciones colectivas se respetan. Los acuerdos salariales se honran”

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Los sindicatos SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED expresamos nuestra más firme solidaridad con el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y con toda la clase trabajadora de dicha universidad, ante la lucha que hoy libran en defensa del respeto irrestricto a la Convención Colectiva de Trabajo y el cumplimiento de los acuerdos legítimamente suscritos con la Administración Universitaria para el reconocimiento, sin discriminación alguna, del ajuste por costo de vida correspondiente al año 2026.

Las convenciones colectivas no constituyen simples declaraciones de intención ni compromisos sujetos a la conveniencia de una de las partes. Son instrumentos jurídicos de obligatorio cumplimiento, reconocidos por la Constitución Política, el Código de Trabajo, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia nacional.

Por ello, cuando una administración universitaria suscribe un acuerdo con la representación legítima de las personas trabajadoras, adquiere el deber jurídico, ético e institucional de cumplirlo de buena fe. La seguridad jurídica, la confianza institucional y la paz laboral descansan precisamente en el respeto de los acuerdos firmados. Desconocer o aplicar de manera discriminatoria acuerdos válidamente alcanzados debilita el diálogo social, erosiona la confianza entre las partes y envía un mensaje contrario a los principios que históricamente han distinguido a las universidades públicas costarricenses.

Resulta particularmente preocupante que el reconocimiento del ajuste por costo de vida pueda pretender aplicarse bajo criterios diferenciados que generan discriminación entre personas trabajadoras que forman parte de una misma comunidad universitaria. El costo de vida afecta por igual a quienes diariamente sostienen la docencia, la investigación, la acción social, la administración, los servicios, el mantenimiento, la seguridad y todas las labores que hacen posible el funcionamiento de las universidades públicas. Los derechos laborales no pueden fragmentarse ni administrarse con criterios de exclusión.

Reconocemos la firmeza, la responsabilidad y el compromiso con que el SINDEU ha asumido esta defensa. Su lucha no persigue privilegios ni beneficios indebidos. Por el contrario, exige el cumplimiento de obligaciones previamente reconocidas y de acuerdos alcanzados mediante los mecanismos institucionales de negociación colectiva. Defender el cumplimiento de la Convención Colectiva es defender la dignidad de la clase trabajadora.

Asimismo, saludamos la amplia participación de personas trabajadoras que han manifestado su respaldo a esta causa, demostrando que la defensa de los derechos laborales constituye una convicción colectiva. Cuando cientos de personas levantan su voz para exigir respeto a la Convención Colectiva, lo que está en juego no es únicamente un derecho económico, sino la credibilidad de los compromisos institucionales, así como la vigencia efectiva de la negociación entre las personas trabajadoras y la patronal.

Desde el SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades de la Universidad de Costa Rica para que honren los compromisos adquiridos, respeten plenamente la Convención Colectiva de Trabajo y garanticen el reconocimiento del ajuste por costo de vida del año 2026 sin discriminación alguna. Cumplir los acuerdos alcanzados fortalece la institucionalidad universitaria, consolida la paz laboral y reafirma la confianza en el diálogo como mecanismo legítimo para resolver las diferencias.

A la clase trabajadora de la Universidad de Costa Rica y al SINDEU les reiteramos que no están solos. Su lucha trasciende la institución y representa la defensa de un principio que compete a todo el movimiento sindical costarricense: las convenciones colectivas se respetan, los acuerdos firmados se cumplen y los derechos conquistados mediante la negociación colectiva no pueden ser desconocidos ni debilitados.

¡Porque la unidad de la clase trabajadora seguirá siendo la mayor garantía para la defensa de nuestros derechos!

¡La lucha que hoy lleva adelante el SINDEU, también es nuestra lucha!

¡Solidaridad con el SINDEU! ¡Respeto a los acuerdos firmados! ¡Defensa de los derechos laborales!

SITUN – AFITEC – UTRAUTN – SIUNED