El pasado lunes 22 de agosto en Sarapiquí de Heredia se conformó el acta oficial de homologación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que indica que empieza a regir una convención colectiva de trabajo entre la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Como resultado y esfuerzo de diferentes personas trabajadoras de las bananeras, así como empleados públicos y privados del país, se celebra este acontecimiento y hecho tanto histórico como significante para los derechos laborales y de vida de los y las trabajadoras bananeras de Costa Rica.
David Card. Imagen tomada de Semanario Universidad.
David Edward Card (Guelph, 1956) economista canadiense especializado en el ámbito laboral y profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley. Fue uno de los tres galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2021, junto a Joshua Angrist y Guido Imbens.
Es uno de los debates clásicos de la ciencia económica y resurge en España cada vez que el Gobierno revisa al alza el salario mínimo interprofesional (SMI). Quienes se oponen a las revalorizaciones argumentan que la subida de la remuneración básica por encima de la que fija la mano invisible —y que, según la ortodoxia, está determinada por la productividad— acaba expulsando siempre a los trabajadores más desfavorecidos, especialmente los jóvenes, del mercado laboral. Pero ¿tiene que ser necesariamente así? David Card, profesor de la Universidad de California en Berkeley a quien la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha galardonado este lunes con el Premio Nobel de Economía por sus «contribuciones empíricas a la economía laboral», contradijo esta teoría en uno de los estudios que le han valido el prestigioso reconocimiento.
Junto al ya fallecido Alan Krueger —ex asesor de los presidentes estadounidenses Bill Clinton y Barack Obama—, Card estudió las consecuencias de la subida del salario mínimo en Nueva Jersey sobre los trabajadores de cadenas de comida rápida en ese estado y en las zonas limítrofes de la vecina Pensilvania. En aquel momento, 1992, se trataba de dos prósperos territorios industriales del norte del país en manos de administraciones demócratas, pero solo el primero decidió aumentar la paga, desde los 4,25 hasta los 5,05 dólares la hora. La experiencia de estudios previos, especialmente en los años setenta, hacía pensar que el empleo se reduciría en Nueva Jersey debido a la nueva regulación, en contraste con lo que sucedería al otro lado del río Delaware. Pero no fue así.
Las conclusiones fueron las siguientes: el salario medio de entrada había subido un 10% en Nueva Jersey, mientras que el salario medio se había incrementado un 3,1%. En ese estado, no sólo no se había destruido empleo a tiempo completo, sino que se había creado, al contrario que en Pensilvania. Incluso se produjo una «pequeña y estadísticamente insignificante» migración de trabajadores desde el territorio que no había aumentado el salario mínimo hacia el que sí lo había hecho. La única consecuencia negativa fue para los consumidores: el precio del menú aumentó más al este que al oeste del río Delaware, aunque los investigadores matizan que los establecimientos más sensibles a la medida no encarecieron más sus productos que los menos afectados.
Pero las conclusiones no se quedaron ahí. Aunque la decisión de subir el SMI se produjo en 1990, cuando Estados Unidos aún disfrutaba de uno de los mayores ciclos de crecimiento de su historia tras las reformas del presidente Ronald Reagan, se aplicó dos años después, en plena recesión. Entonces, señala el trabajo, algunos sectores pidieron dar marcha atrás a la medida con el argumento de que no era una buena idea en un momento de crecimiento del desempleo. El mismo razonamiento que ha esgrimido en España la patronal CEOE para oponerse al incremento de 15 euros mensuales aprobado por el Gobierno en un contexto en que la economía española aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia del coronavirus.
En sus conclusiones, Krueger y Card descartan que los resultados del estudio estén viciados por el devenir de la economía: «Es poco probable que los efectos del alza del salario mínimo fueran ocultados por la mejora de la situación económica general». Y se muestran taxativos: «El alza del salario creó empleo». Otros estudios, como los del Banco de España, no dicen lo mismo: el organismo regulador calculó que en 2019 se perdieron entre 90.000 y 170.000 empleos en nuestro país por culpa de la subida del SMI.
La controversia seguirá, pero este lunes el premio se lo ha llevado la obra de David Card, que demostró que se puede subir el SMI sin necesidad de destruir empleo y, en ocasiones, ese incremento incluso puede incentivar su creación. Tres décadas después de la investigación, no faltarán las interpretaciones políticas sobre un asunto que sigue generando discusión. Con o sin evidencia empírica que la respalde.
De ahí que las políticas de salarios decrecientes no favorecen el crecimiento ni el desarrollo de los pueblos. Lo que ocasiona son rezagos que imposibilitan la competitividad de los sectores y por ende obstaculizan el desarrollo y crecimientos de los sectores y agentes de la economía.
Foto de David Card recuperada de Semanario Universidad.
Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)
Resulta evidente que las fuerzas sociales en el poder en Costa Rica han encontrado un terreno fértil para echar a andar la maquinaria privatizadora y recortista hacia el estado costarricense. Los vientos de ventas de activos como el Banco de Costa Rica presagian una temporada compleja en el campo ideológico y también en el político.
Lo vienen haciendo desde hace ya más de cuatro lustros, cuando posicionaron primero el discurso de la ingobernabilidad, luego el del déficit fiscal y posteriormente el del tamaño y eficiencia del Estado.
Al finalizar los años noventa ya la onda privatizadora había ganado sus primeros activos. He recordado durante estos días la compra de Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA), empresa estatal, por parte de un consorcio empresarial chileno.
Ubicada en Puntarenas, en el Pacífico costarricense, su planta empleaba una importante cantidad de personas trabajadoras en diversas labores del proceso. Las mismas estaban organizadas en la defensa de sus derechos sociolaborales en la Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE).
Al ser vendida, empezaron los conflictos y los despidos. Y la organización sindical, combativa, resistente, inició una feroz lucha que aún fuera ya de la empresa, despedidos todos sus miembros, se continuaba defendiendo de los embates del grupo empresarial comprador.
Realizo mis primeras armas como asistente de investigación social en aquella época. Acompaño un trabajo sobre la ruptura de acuerdos colectivos en el marco del estado costarricense como parte del contexto del Ajuste Estructural, realizado por la economista costarricense María Eugenia Trejos. Por esa razón me he citado con Don Marco, secretario general del sindicato de trabajadores de FERTICA en su casa. Es noviembre de 1996.
Es una mañana azul absoluta. Don Marco me da las coordenadas: El Cocal de Puntarenas, frente al mar. Nos disponemos en un pequeño rancho de techo de paja en la playa y enciendo la grabadora con un primer casette de 90 minutos.
Me relata el plan orquestado en el que supuestamente la empresa sería vendida a los propios trabajadores a través de acciones. De cómo ese proceso devino primero en la intromisión de consorcios con capital disponible, el aumento del valor de las acciones, impagable para las personas trabajadoras y la pérdida de su participación en la compra. Allí inició un camino de atropellos a los derechos laborales, que acabó con el despido de cerca de 50 personas trabajadoras.
Lo que en principio sería una entrevista individual con Don Marco terminó siendo un grupo focal frente a la playa. Recuerdo cerca de seis personas, todas pertenecientes al sindicato, conversando animadamente sobre su trabajo, la privatización y sus situaciones personales y familiares de aquel entonces.
Siete casettes con valiosa información sobre los derechos laborales y un aprendizaje para mí como incipiente investigador social, fueron el resultado de la jornada.
El inicio de la venta de FERTICA fue anunciado como un plan para “democratizar” su propiedad. Ciertamente ese fue el discurso original que luego se tradujo en participación empresarial de capital privado de altos manejos financieros.
Me temo que los vientos de venta de activos estatales en la actualidad van en la misma dirección y esta vez con una organización laboral debilitada, casi inexistente. El camino está servido y es posible que estemos ante la presencia del tramo final del proceso de reforma del estado costarricense.
Ante esta realidad es urgente diseñar una respuesta colectiva y plural. No queda otro camino.
—- El refresco sin azúcar, por favor, estoy a dieta – -dice el comensal a la salonera, y agrega — y una tajadita de queque de chocolate.
Así, parece que están algunos diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa con el proyecto de Ley 21.182 para «flexibilizar las jornadas del trabajo», y que permitiría establecer jornadas laborales de 12 horas.
Al filo de la tarde de este miércoles 7 de setiembre de 2022, el Gobierno modifica plan de jornadas excepcionales, y con la participación de diputados y diputadas, «disminuye cantidad de horas laborables», según lo que pretendían los empresarios. Ahora buscarán su aprobación en el Congreso.
«Refresco sin azúcar y una tajada de queque», diría el comensal en el restaurante.
La violación de la Constitución Política, a poquitos o de golpe es lo mismo, una violación a los derechos fundamentales establecidos en ella.
«El infierno está empedrado de buenas intenciones», diría el viejo refrán. Una versión «light» de ese proyecto de Ley para que sea digerible, no lo hace agradable.
El Artículo 58 de la Constitución Política indica que: «La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley.»
Pero, además, está más que demostrado que en Costa Rica los grandes empresarios violentan este Artículo Constitucional, a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, y lo que quieren es «legitimar» el ROBO de horas laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Ningún endulcorante dietético va a endulzar esta amarga violencia contra los derechos fundamentales de la clase trabajadora y NO DEBE SER PERMITIDO.
La mentira del 4×3
Mientras que en Europa y Estados Unidos buscan reducir las horas laborales de los trabajadores, en Costa Rica la mafia político empresarial busca lo contrario, explotar aún más a los trabajadores mal pagados y robados.
No hay posibilidad de que una trabajadora, un trabajador, trabaje más de 8 horas (10, 11 o 12) diarias durante 4 días seguidos y que tenga LIBRE 3 días, es imposible. Primero porque los días libres siguen siendo los mismos, UNO, y los otros 2 debe llegar a un «acuerdo» con el patrono para ver si los trabaja o no, «según las necesidades» del patrono.
Las mujeres, en plena desigualdad salarial y laboral, será la que más pierda, pero perderá toda la clase trabajadora.
Además, regalarle horas laborales al empresario (o empresaria) afectará el aguinaldo, vacaciones, cesantía, incapacidades, pensión, etc, de todos los trabajadores por igual.
¿Qué dirá la «mejorada» versión de este nefasto proyecto de Ley 21.182?, no importa, cualquier cesión de Derechos Laborales y económicos, es una infamia de quienes estén de acuerdo con ella.
¿Cuál debe ser la respuesta de la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales?, rotundamente en contra, con todo.
El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN) solicitó este 26 julio del presente año, al director de Aduanas del Ministerio de Hacienda se valore incorporar dentro de la Normativa, que los días feriados en donde funcionarios de aduanas están trabajando fuera del Área Metropolitana y que sus días libres coinciden con días feriados, para que el día feriado les sea compensado como un día adicional de descanso.
Sucede que los trabajadores ordinarios, a quienes dentro de su rol de trabajo e ingreso a zonas alejadas, trabajan y por calendario su día de trabajo coincide con un día feriado en su lugar de trabajo, lo disfrutan o se les paga extra, pero si ese funcionario, sale después de cumplir su rol de por ejemplo :10X4 o 20X8, si en los 4 días resulta un día feriado, la administración en nada compensa dicho día.
En razón de lo anterior; consideramos injusto, que los que están laborando ordinariamente gocen del día feriado, mientras los que están de salida después de haber cumplido el rol y que requieren en muchos casos trasladarse desde la frontera a su domicilio en la GAM y les cae su día feriado en los días de su descanso, no pueda gozar de ese día feriado como tal, sugiriendo el ingreso un día después de lo inicialmente regido.
Consideramos que los días feriados de Ley, que por rol de trabajo no disfrutan algunos funcionarios, se les está violentando un derecho y que en su gran mayoría, son los funcionarios de las Aduanas Fronterizas que en ocasiones tienen días libres por rol de trabajo mientras hay días libres de Ley.
En oficio DGA-987-2022 de fecha 28 julio del presente año. La Dirección General indica lo siguiente: …es Normado por Ley y por lo tanto no es competencia de esa Dirección pronunciarse… Por tal motivo acudimos al Ministerio de Trabajo para que nos indique a cuál Ley se refiere, si es el Código de Trabajo o cual otra.
Claramente existe una desigualdad entre los funcionarios de Hacienda quienes laboran de lunes a viernes y los que laboramos en horarios ampliados.
No es justo que los que se encuentran libres por haber laborado sábado y domingo, no se les reconozca si un feriado cae en dichos días, ya que los otros funcionarios lo disfrutan y no trabajan sábado ni domingo.
El pasado lunes 8 de agosto tres trabajadores de la finca Piña Frut, en Roxana de Pococí, fueron reinstalados en sus puestos de trabajo, tras una larga espera de 11 años.
Le invitamos a ver el video compartido con SURCOS por SITRAP.
SURCOS recibió la carta enviada por ACOJUPEMA a la junta directiva de JUPEMA. La compartimos seguidamente:
8 de agosto del 2022
ACOJUPEMA-01-2022
Señores y Señoras Junta Directiva JUPEMA
Presente
Estimables directivos/as:
En nuestra calidad de cotizantes de los recursos que ustedes administran, al amparo de los artículos 9,11, 27, 30, 73 y 74 de la Constitución Política, nos permitimos solicitar públicamente la información completa sobre las inversiones realizadas por ustedes en el controvertido caso ALDESA.
Dicha consulta se hace amparados/as en las normativas y en la defensa legítima de nuestros intereses. Sírvanse tomar en cuenta que existe total claridad sobre el hecho de que ustedes administran nuestros fondos, cotizados durante toda nuestra vida laboral. También nos permitimos hacer ver que, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, se trata de FONDOS PÚBLICOS cuyos fines les ha sido encomendados a ustedes:
“Para el caso concreto de JUPEMA, define esos fines como la administración eficaz y eficiente de los cuatro regímenes de pensiones a los que se refiere la Ley n.°7531 y el garantizar los derechos a pensión y jubilación de todos los funcionarios del Magisterio Nacional, para lo que deberá administrar los regímenes con absoluto apego a las reglas técnicas, especialmente las de naturaleza actuarial y con sujeción a las reglas financieras y jurídicas necesarias para garantizar esos derechos a los beneficiarios en el tiempo que lo requieran” (Dictamen: 305 del 10/12/2018, Procuraduría General de la República) (Los subrayados y destacados no corresponden al original).
Tal y como consta en el Acta #018-2021 (pp.15-20), en Sesión realizada por ustedes el 10 de febrero de 2021, la Junta Directiva de JUPEMA, ha discutido ampliamente el tema de ALDESA y reconocen ustedes el grave peligro que corren las inversiones realizadas en nuestro nombre en ese controvertido ente.
Dado ese reconocimiento en documento público, en nuestra calidad de cotizantes de los regímenes que ustedes administran nos permitimos solicitar la siguiente información:
¿A cuánto asciende la “inversión” realizada por ustedes en ALDESA?
¿En qué período se hizo y quiénes fueron las personas responsables de analizar la viabilidad de esa “inversión”?
Dado que ustedes indican la precarización total de credibilidad en ese tipo de inversiones, a la vez que acotan que el único camino es:
“Me parece correcto quedarnos quietos, esperando un levantamiento de la economía. Les voy a poner un ejemplo, con el atentado del 11 de noviembre de 2001, las acciones de American Airlines se vinieron al suelo, nadie quería viajar, a varios le surgió la idea de venderlas porque estaban desesperados y mucha gente las compró y cuando se mejoró el tema, les fue muy bien. (…) Es mejor quedarnos queditos”. (Acta 018-2021)
En ese sentido: ¿Esta estrategia de “quedarnos quietos o queditos” sigue siendo la misma en este momento?
¿A cuánto ascienden las pérdidas? (Monto exacto y proyecciones).
Sin más que esperar el período administrativo contemplado por las respectivas leyes que tutelan el acceso a información pública.
Atentamente,
Por ACOJUPEMA, Licda. Marjorie Hernández Presidenta Cédula #106810566
CC: Miembros Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional Departamento Legal, JUPEMA Auditoría Interna, JUPEMA SUPEN SUGEF
ACOJUPEMA significa “ASAMBLEA DE COTIZANTES DE LOS REGIMENES DE JUPEMA”, con la misión e interés central de fiscalizar los fondos para los que se ha cotizado durante toda nuestra vida. Como asociación civil nos cobija la Constitución Política en el artículo 25 sobre el derecho a la libre asociación y los artículos 9, 11, 27, 30 respecto al derecho y responsabilidad ciudadana de participar ejerciendo el control ciudadano sobre la administración de los dineros cotizados durante la vida laboral de las personas cotizantes para asegurar una pensión digna en el momento de la jubilación.
ACOJUPEMA no fue constituida con la finalidad de administrar los fondos que pertenecen a los cotizantes de JUPEMA. Además de la cotización se paga un importe adicional que cubre el salario del Director Ejecutivo y de todos los funcionarios que trabajan en la institución creada por ley para tal fin, así como las dietas de los miembros de la Junta Directiva.
El nombre ACOJUPEMA refleja que la asociación está conformada por personas que por ley cotizan a JUPEMA, pero no son afiliados, como se ha afirmado, ya que JUPEMA no es un sindicato, sino una Junta Administradora de las pensiones del Magisterio Nacional, según la ley 7531.
Si desea obtener mayor información puede dirigirse al correo electrónico magisteriopension.cr@gmail.com o a nuestras redes sociales con el nombre
En algunas épocas del año, en la palma se trabajan horas extras. Ese tiempo le levanta a uno el aguinaldo, le levanta las vacaciones; no es mucho, pero si a uno le vienen mil colones más en la semana, son mil colones que usted no los tenía. Entonces, se va a dejar de recibir eso con este cambio de horario. Ese tiempo adicional significa que nuestro salario aumenta porque se paga a tiempo y medio o a tiempo doble los domingos. ¿Qué pasaría si entra a regir este proyecto? Son miles de horas cada mes que van a pagar a tiempo normal.
Yo me gano 10.875 colones diarios, ese es mi salario y el salario de todos los trabajadores y trabajadoras aquí. Lo mismo ganaría en esa jornada de explotación que este gobierno está proponiendo. Este proyecto empobrece, sacrifica a los más pobres, establece en la práctica jornadas de catorce horas, sumándole el tiempo de traslado, el tiempo que hay que madrugar.
Cada día del trabajo la mayoría lo hace bajo el sol, bajo la lluvia. Si en la mañana está haciendo sol, en la tarde cae el aguacero y ahí no tienen donde resguardarse. Tampoco podrían resguardarse porque entonces les dirían que están abandonando su trabajo, todo eso va afectando en la salud del trabajador.
La intensidad del trabajo nos afecta mucho. Las parcelas o los centros fruteros, que les llamamos acá, no son iguales todos; hay algunos que tienen más “sectariaje” que otros. Una recolectora va a un centro que puede tener cinco hectáreas para adentro, puede tener tres, cuatro, dos o una, pero todo eso tiene que caminarlo y agacharse, recoger el poquito de fruta. Los compañeros tienen que cortar esa fruta; en algunos casos, la palma puede llegar a medir hasta catorce o quince metros. ¿Ustedes saben lo que es mantener una varilla de esas para cortar una fruta de esa altura? El desgaste en los hombros, en los brazos, en la nuca. Salen super agotados en las primeras tres, cuatro horas, ¡ahora, aumentarles más horas de ese trabajo! Sería matar al trabajador.
No se puede trabajar catorce horas en las condiciones que tenemos nosotros acá. En la agroindustria no, llámese palma africana, caña, piña, banano; esas labores no se pueden hacer jamás en doce horas.
También tenemos otra problemática: en las fincas, no hay servicios sanitarios; hay que llevar el agua, muchas veces se calienta con el sol que hace o con el calor; aunque no esté haciendo sol, pues si hace mucho calor, el agua, a las siete de la mañana, ya está super caliente y así tienen que tomársela porque no hay donde cambiar el agua por agua más fresca.
Tienen que llevar el almuerzo y comérselo frío porque cuando comen no tienen donde calentarlo; no tienen donde sentarse. Si alguien tuvo una necesidad fisiológica y va, no tiene donde lavarse las manos y tal vez minutos después le toca la hora del almuerzo, tiene que sentarse a comer así, con las manos sucias.
No solamente eso, si está lloviendo, tampoco tiene donde y si tiene mucha hambre, pues tiene que comérselo así, agachada bajo una palma. Así es bajo la lluvia o bajo el sol.
Hay que llevar las herramientas también. Las recolectoras tienen que llevar sus sacos. Los cortadores tienen que cargar sus varillas. Algunos lo hacen en moto, otros lo hacen en bicicleta, pero todos tienen que llevar sobre el hombro sus herramientas de trabajo.
Para nuestra salud no es posible comparar trabajar ocho horas con doce.
Sinceramente eso se ve desde un principio como un tipo de explotación laboral.
Y los únicos, los únicos beneficiarios son los empresarios. El trabajador no.
Siempre se busca beneficiar al que más tiene, pero no a nosotros que somos los que les damos las ganancias porque, ahorita a como está el dólar, las empresas están ganando bastante, pero ganan ellos y nosotros no.
De hecho, si ustedes me preguntan por qué se ganan ustedes 10.875 colones. Yo trabajo por horas y el Consejo de salarios dice que la hora ordinaria vale 1.359 colones, eso es lo que cuesta una hora para el trabajador, de peón agrícola de labores livianas como lo tienen catalogado; así lo paga la empresa.
Las recolectoras: en el Consejo de salarios dice que la recolección es un trabajo por hora, pero la empresa no lo paga así, lo paga por kilos. Entonces, ¿cuántos kilos tiene que hacer una recolectora para ganarse los 10.875 colones? Tiene que recoger 320 kilos de coyol porque lo están pagando a 32 colones el kilo, ¿cuántas veces tiene que agacharse?, ¿cuánto tiene que caminar?, para que ella pueda recoger esa cantidad. ¡Ahora, hacerlo en doce horas! Posiblemente, les van a aumentar la cantidad que tienen que recoger, entonces va a ser mayor el desgaste”.
La abogada Rosaura Chinchilla C. considera que la supuesta “libertad” con que los trabajadores y las trabajadoras van a aceptar la jornada voluntaria es una gran trampa porque entre el empresariado y las personas trabajadoras existe una asimetría económica y social. No puede haber libertad para elegir de quien depende del trabajo y del empresario para la sobrevivencia.
Una obrera opina sobre la jornada laboral 4/3 – II[1]
[1] Este testimonio recoge la participación de Dania Obando en el foro: Jornada laboral de 12 horas: ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica?, convocado por Alianza por una Vida Digna.
Este 27 de julio se publicó en el diario Semanario Universidad un artículo sobre la preocupante situación que se avecina con el proyecto de jornadas de 12 horas, pues nos revela que a pesar de que se ha tratado de restar importancia diciendo que serían pocas las personas afectadas, los estudios están demostrando que estas jornadas podrían afectar hasta al 37% de los trabajadores del sector privado poniendo en peligro la salud y los salarios. Ante esta problemática Mainer Barboza, miembro del movimiento Patriótico por Costa Rica, nos indica su opinión.
Señala una gran preocupación hacia nuestra población informal debido a que el modelo neoliberal se inclina hacia este amplio sector laboral e indica que esto tendrá consecuencias muy graves para un gran segmento de la población que trabaja en la informalidad que es hasta el 43.1% de los trabajadores, porcentaje que sube a más de 50% en otros países. Nos indica sobre cuáles son los objetivos del gobierno con este movimiento:
2 objetivos inmediatos:
1) Desarticulación de la división del trabajo, entonces, no hay estructura salarial y no hay pago de garantías sociales y laborales (seguro social, aguinaldo, vacaciones, extras, otras).
2) Al pasar a jornadas de 12 horas, están «unificando» al trabajo asalariado con el informal; y no me queda duda, que ese resto de días, «disque», 3 días de descanso, pasan a completar trabajo vía informal.
De este modo los 7 días o quizá 6, se completarían 12x 6… 60 horas”.
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