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Etiqueta: derechos laborales

El presidente camina hacia un posible segundo acto dictatorial

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

COMUNICACIÓN POLÍTICA DE SIFUPCR

18 setiembre 2022

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR

No tenemos la menor duda de que se avecina una semana histórica para el país y su institucionalidad, hecho que coloca a una de las instituciones más emblemáticas en el centro de un proceso que definirá la ruta de lo que conocemos como Estado Social de derecho.

Decimos lo anterior pues la parte visible del tema de la deuda salarial en la CCSS esconde un escenario paralelo altamente riesgoso para el país en su conjunto.

Es decir, más allá del tema salarial, lo cierto es que el presidente a nuestro juicio, ya ejecuto un primer acto dictatorial al destituir al respetable Don Álvaro Ramos Chaves.

Decimos esto porque la familia laboral de la Caja y el país en su conjunto tienen derecho saber y a entender que el tema de la deuda salarial en la Caja, aparte de ser legal, no implica un nuevo gasto y que además en términos reales esa deuda talvez alcance a ser posiblemente de un 1%, mientras la inflación ha llegado arriba del 11 %.

Esto sin dejar de decir, que el poder adquisitivo real de los trabajadores y trabajadoras de la Caja, tuvo una pérdida en los dos últimos años del 12% para el sector no profesional, mientras que el sector profesional arribo a una pérdida del 37%. (Esto último aunado a la reforma del régimen del IVM, según datos oficiales, ha generado el retiro de al menos 200 profesionales de la CCSS y se espera un mayor boom de deserción).

Así las cosas, hay que tener claridad meridiana que el verdadero problema de fondo para el Gobierno en ejercicio y los partidos políticos que aspiran llegar al Ejecutivo radica en la fisura que genera el acuerdo de pago en la Caja a la lógica fundamentalista de la ley 9635 y su cuadrada regla fiscal, cuadratura que hasta el mismo presidente desea cambiar, al punto de haber presentado un proyecto de ley para modificarla, claro con la excepción hecha del tema salarial.

En esa línea el caso de la Caja acarrea un riesgo de efecto domino en una buena cantidad de instituciones, lo cual dinamitaría aún más la ley 9635 y su regla fiscal en el tema de los salarios y eso no puede, ni debe suceder.

Es por estas y posiblemente otras razones, que parece estar en desarrollo un acoplamiento político ideológico de Eli Feinzaig, Rodrigo Arias Sánchez y otras fracciones legislativas cristianas y evangélicas, para chantajear a Rodrigo Chaves Robles, que ocupa platica para gastar y mantener su populismo en la cima, aunque los cambios estructurales que le urgen al país no caminen nada y se siga acumulando un estallido social.

 En esta lógica cobra sentido mayúsculo frenar a toda costa y revertir el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja para pagar la deuda salarial a cambio de dar los votos para los eurobonos que necesita el presidente, ya sea en un solo monto o a poquitos.

Es así como el presidente podría entrar en una lógica que lo conduzca a valorar las rutas políticas y «legales» que posiblemente contengan las características de un segundo acto Presidencial con rasgos dictatoriales.

A nuestro entender los escenarios que indicaremos al final pueden ayudar a visualizar esas rutas y dependiendo de cómo avancen los acontecimientos la próxima semana, los riesgos para el país son enormes, pues la fisonomía dictatorial que está en desarrollo cuenta con arquitectos e ingenieros, que la están construyendo a partir de posibles argucias legales, conjuntadas claro está, con una narrativa mediática y de redes para asestar un golpe furibundo a la institucionalidad, que sin duda va más allá del tema salarial de la Caja.

Así, las cosas nuestro sindicato informa para que la gran familia de la CCSS, tenga claridad de que lo que está por definirse a partir del próximo Martes 20 de setiembre 2022 tiene una parte visible en lo del pago denla deuda, pero que en caso de tener que desarrollar un movimiento de lucha, al menos es menester dejar claro previamente que esta pelea de la Caja tiene repercusiones gigantescas para el país en su conjunto, es decir, estamos a las puertas de una huelga política por la defensa de la institucionalidad denla Patria, que además rompe con la lógica dogmática de la ley 9635 ( » ley de fortalecimiento de las finanzas públicas» y su regla fiscal).

Tenemos entonces que el desarrollo de los acontecimientos para la próxima semana podría estar consolidando un segundo acto de características dictatoriales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles y en ese sentido la familia laboral de la Caja y la población en general debe ser bien informada de los riesgos país que encierra la parte visible del tema de la deuda salarial al personal de la Caja.

Escenarios:

 1.- La ex- ministra de trabajo llega con un mandato claro Rodrigo Chaves Robles de imponer la tesis de gobierno de forma radical. (Fuente: Información filtrada de una opinión vertida por un colaborador cercano a la ministra de Trabajo), ahora presidenta ejecutiva de la CCSS).

Este escenario implicaría un acuerdo de Junta que tiene dos posibilidades:

A- Revocar el acuerdo de pago de deuda salarial de 2020, con criterios jurídicos sacados de la manga.

B- O buscar un acuerdo de la Directiva de la CCSS, en la línea de suspender el acuerdo de pago del aumento o bien suspender indefinidamente los aumentos de salarios en la CCSS.

Ahora bien, si la Junta no la acuerpa, el gobierno posiblemente (Entiéndase Rodrigo Chaves Robles), tomará medidas radicales para «LIMPIAR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS».

En esa línea se hemos consultado a varios juristas para entender las posibilidades que tiene el gobierno de intervenir la CCSS y hay tres opciones.

A.- Inventar un debido proceso con una Medida cautelar de separación de directores.

B. Pedir la renuncia de uno miembro del estado y dejar la CCSS, acéfala sin Junta directiva por falta de Quorum estructural (sin un miembro la Junta no puede legalmente sesionar), y hacer y deshacer como quieran.

C- Promover la intervención alegando que estamos incumpliendo con la ley de presupuesto y el tope del 60% de endeudamiento. Cosa sin fundamento, pero todo se puede esperar.

Juan Carlos Durán Castro SIFUPCR

Mensaje de Juan Carlos Durán Castro al diputado Eliécer Feinzaig

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El señor Juan Carlos Durán Castro, dirigente del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), manifestó su preocupación sobre las declaraciones del señor diputado, Eliécer Feinzaig Mintz, con respecto al aumento salarial de los empleados de la CCSS.

Durán alegó que con respecto a este tema, el aumento salarial a los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es más que merecido, pues los trabajadores de la institución son productivos en sus labores, lo cual se vio reflejado durante la crisis sanitaria por el COVID-19, además, defendió la autonomía de la CCSS para tomar decisiones en cuanto al salario de sus funcionarios, y aseguró que, en caso de ser necesario, se estará luchando por dicho aumento.

En días pasados, el señor diputado, durante una sesión del Plenario Legislativo, comentó que la decisión del Gerente General de la CCSS por aumentar el salario de los funcionarios de la institución es insostenible, pues ese aumento significa un costo más para los costarricenses y, a pesar de aumentar el gasto institucional, no se aumenta la eficiencia de los servicios que brinda la Caja.

La Junta Directiva de la CCSS no debe ceder a la indebida presión del Gobierno con el pago del ajuste salarial adeudado de los años 2020 y 2021

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado de prensa

El presidente de la República Rodrigo Chaves llamó a cuentas al presidente ejecutivo de CCSS, Álvaro Ramos, cuestionando el acuerdo de la Junta Directiva de esta institución, que instruyó que se cancelara a las personas trabajadoras, el ajuste salarial que pactó la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, a finales del año 2019, para todos los trabajadores del sector público y cuyo incumplimiento violentaría la negociación colectiva y los convenios internacionales de la OIT.

Por una parte, esta impropia conducta del presidente Rodrigo Chaves, constituye una abusiva intervención política, que vulnera la autonomía constitucional de la Caja.

Por otra parte, el presidente ignora que, en virtud de este acuerdo, aunque de manera muy tardía, la Caja está honrando una deuda que tenía pendiente con los trabajadores, desde hace más de dos años, así señalado por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Planificación, en el oficio MTSS-DMT-OF-429-2020/MIDEPLAN-DM-OF-0479-2020, del 24 de abril de 2020, reiterado por Mideplan en oficio MIDEPLAN-DM-OF-0811-2021 del 10 de agosto de 2021.

Conforme con el artículo 695 del Código de Trabajo los acuerdos de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público son vinculantes para todas las instituciones públicas, en este caso, desde el 2012 la Junta Directiva de la CCSS acordó aplicar los ajustes decretados para el sector público y debidamente ajustados a derecho.

Este acuerdo, adoptado en firme por la Junta Directiva, se fundamentó en sólidos criterios jurídicos y actuariales, que respaldan su legitimidad y garantizan la sostenibilidad financiera institucional.

El acuerdo tiene un carácter normativo, que da lugar a un derecho subjetivo, reconocido a favor de las personas trabajadoras, que jurídicamente no puede ser revocado por ese órgano supremo institucional, por más presión que ejerza el presidente de la República, su ministro de hacienda y algunos diputados.

Este acuerdo configura un derecho subjetivo pleno, amparado por el principio de intangibilidad de los actos propios de la Administración, de rango constitucional, que le impide a la Junta Directiva de la CCSS derogarlo o dejarlo sin efecto, en perjuicio de las personas trabajadoras que laboran al servicio de esa institución.

El ajuste salarial general, en el orden de 7.500 colones mensuales, está muy por debajo del exorbitante aumento que el propio presidente recetó, con cuchara muy grande a sus ministros y viceministros. Un jugoso aumento del 100% que en nada puede compararse al ajuste acordado para los trabajadores de la CCSS quienes, al igual que los funcionarios del sector público y pueblo costarricense han sufrido las graves consecuencias del impacto del combo fiscal y políticas neoliberales.

Demandamos al gobierno y sector empresarial el pago de la deuda acumulada desde hace años y que ronda los tres billones de colones. Dinero que vendrían a garantizar a la CCSS los recursos financieros para cubrir las diferentes necesidades que tenga esta institución en beneficio de todos los costarricenses.

Las organizaciones sindicales presentes hacemos un llamado de unidad a los trabajadores, organizaciones sindicales y sociales para hacer valer el pago del ajuste salarial. y, en consecuencia, se mantenga incólume ese justo pago, que más que merecido lo tienen las personas trabajadoras.

San José, 15 de setiembre de 2022

Hecho histórico: convención colectiva de trabajo en empresa agrícola

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El pasado lunes 22 de agosto en Sarapiquí de Heredia se conformó el acta oficial de homologación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que indica que empieza a regir una convención colectiva de trabajo entre la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). 

Como resultado y esfuerzo de diferentes personas trabajadoras de las bananeras, así como empleados públicos y privados del país, se celebra este acontecimiento y hecho tanto histórico como significante para los derechos laborales y de vida de los y las trabajadoras bananeras de Costa Rica. 

Así demostró el premio Nobel de Economía que el salario mínimo no destruye empleo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

David Card. Imagen tomada de Semanario Universidad.

David Edward Card (Guelph, 1956) economista canadiense especializado en el ámbito laboral y profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley. Fue uno de los tres galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2021, junto a Joshua Angrist y Guido Imbens.

Es uno de los debates clásicos de la ciencia económica y resurge en España cada vez que el Gobierno revisa al alza el salario mínimo interprofesional (SMI). Quienes se oponen a las revalorizaciones argumentan que la subida de la remuneración básica por encima de la que fija la mano invisible —y que, según la ortodoxia, está determinada por la productividad— acaba expulsando siempre a los trabajadores más desfavorecidos, especialmente los jóvenes, del mercado laboral. Pero ¿tiene que ser necesariamente así? David Card, profesor de la Universidad de California en Berkeley a quien la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha galardonado este lunes con el Premio Nobel de Economía por sus «contribuciones empíricas a la economía laboral», contradijo esta teoría en uno de los estudios que le han valido el prestigioso reconocimiento.

Junto al ya fallecido Alan Krueger —ex asesor de los presidentes estadounidenses Bill Clinton y Barack Obama—, Card estudió las consecuencias de la subida del salario mínimo en Nueva Jersey sobre los trabajadores de cadenas de comida rápida en ese estado y en las zonas limítrofes de la vecina Pensilvania. En aquel momento, 1992, se trataba de dos prósperos territorios industriales del norte del país en manos de administraciones demócratas, pero solo el primero decidió aumentar la paga, desde los 4,25 hasta los 5,05 dólares la hora. La experiencia de estudios previos, especialmente en los años setenta, hacía pensar que el empleo se reduciría en Nueva Jersey debido a la nueva regulación, en contraste con lo que sucedería al otro lado del río Delaware. Pero no fue así.

Las conclusiones fueron las siguientes: el salario medio de entrada había subido un 10% en Nueva Jersey, mientras que el salario medio se había incrementado un 3,1%. En ese estado, no sólo no se había destruido empleo a tiempo completo, sino que se había creado, al contrario que en Pensilvania. Incluso se produjo una «pequeña y estadísticamente insignificante» migración de trabajadores desde el territorio que no había aumentado el salario mínimo hacia el que sí lo había hecho. La única consecuencia negativa fue para los consumidores: el precio del menú aumentó más al este que al oeste del río Delaware, aunque los investigadores matizan que los establecimientos más sensibles a la medida no encarecieron más sus productos que los menos afectados.

Pero las conclusiones no se quedaron ahí. Aunque la decisión de subir el SMI se produjo en 1990, cuando Estados Unidos aún disfrutaba de uno de los mayores ciclos de crecimiento de su historia tras las reformas del presidente Ronald Reagan, se aplicó dos años después, en plena recesión. Entonces, señala el trabajo, algunos sectores pidieron dar marcha atrás a la medida con el argumento de que no era una buena idea en un momento de crecimiento del desempleo. El mismo razonamiento que ha esgrimido en España la patronal CEOE para oponerse al incremento de 15 euros mensuales aprobado por el Gobierno en un contexto en que la economía española aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia del coronavirus.

En sus conclusiones, Krueger y Card descartan que los resultados del estudio estén viciados por el devenir de la economía: «Es poco probable que los efectos del alza del salario mínimo fueran ocultados por la mejora de la situación económica general». Y se muestran taxativos: «El alza del salario creó empleo». Otros estudios, como los del Banco de España, no dicen lo mismo: el organismo regulador calculó que en 2019 se perdieron entre 90.000 y 170.000 empleos en nuestro país por culpa de la subida del SMI.

La controversia seguirá, pero este lunes el premio se lo ha llevado la obra de David Card, que demostró que se puede subir el SMI sin necesidad de destruir empleo y, en ocasiones, ese incremento incluso puede incentivar su creación. Tres décadas después de la investigación, no faltarán las interpretaciones políticas sobre un asunto que sigue generando discusión. Con o sin evidencia empírica que la respalde.

De ahí que las políticas de salarios decrecientes no favorecen el crecimiento ni el desarrollo de los pueblos. Lo que ocasiona son rezagos que imposibilitan la competitividad de los sectores y por ende obstaculizan el desarrollo y crecimientos de los sectores y agentes de la economía.

 

Foto de David Card recuperada de Semanario Universidad.

Compartido con SURCOS por SITRAHSAN.

UNA MAÑANA EN EL COCAL

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Resulta evidente que las fuerzas sociales en el poder en Costa Rica han encontrado un terreno fértil para echar a andar la maquinaria privatizadora y recortista hacia el estado costarricense. Los vientos de ventas de activos como el Banco de Costa Rica presagian una temporada compleja en el campo ideológico y también en el político.

Lo vienen haciendo desde hace ya más de cuatro lustros, cuando posicionaron primero el discurso de la ingobernabilidad, luego el del déficit fiscal y posteriormente el del tamaño y eficiencia del Estado.

Al finalizar los años noventa ya la onda privatizadora había ganado sus primeros activos. He recordado durante estos días la compra de Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA), empresa estatal, por parte de un consorcio empresarial chileno.

Ubicada en Puntarenas, en el Pacífico costarricense, su planta empleaba una importante cantidad de personas trabajadoras en diversas labores del proceso. Las mismas estaban organizadas en la defensa de sus derechos sociolaborales en la Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE).

Al ser vendida, empezaron los conflictos y los despidos. Y la organización sindical, combativa, resistente, inició una feroz lucha que aún fuera ya de la empresa, despedidos todos sus miembros, se continuaba defendiendo de los embates del grupo empresarial comprador.

Realizo mis primeras armas como asistente de investigación social en aquella época. Acompaño un trabajo sobre la ruptura de acuerdos colectivos en el marco del estado costarricense como parte del contexto del Ajuste Estructural, realizado por la economista costarricense María Eugenia Trejos. Por esa razón me he citado con Don Marco, secretario general del sindicato de trabajadores de FERTICA en su casa. Es noviembre de 1996.

Es una mañana azul absoluta. Don Marco me da las coordenadas: El Cocal de Puntarenas, frente al mar. Nos disponemos en un pequeño rancho de techo de paja en la playa y enciendo la grabadora con un primer casette de 90 minutos.

Me relata el plan orquestado en el que supuestamente la empresa sería vendida a los propios trabajadores a través de acciones. De cómo ese proceso devino primero en la intromisión de consorcios con capital disponible, el aumento del valor de las acciones, impagable para las personas trabajadoras y la pérdida de su participación en la compra. Allí inició un camino de atropellos a los derechos laborales, que acabó con el despido de cerca de 50 personas trabajadoras.

Lo que en principio sería una entrevista individual con Don Marco terminó siendo un grupo focal frente a la playa. Recuerdo cerca de seis personas, todas pertenecientes al sindicato, conversando animadamente sobre su trabajo, la privatización y sus situaciones personales y familiares de aquel entonces.

Siete casettes con valiosa información sobre los derechos laborales y un aprendizaje para mí como incipiente investigador social, fueron el resultado de la jornada.

El inicio de la venta de FERTICA fue anunciado como un plan para “democratizar” su propiedad. Ciertamente ese fue el discurso original que luego se tradujo en participación empresarial de capital privado de altos manejos financieros.

Me temo que los vientos de venta de activos estatales en la actualidad van en la misma dirección y esta vez con una organización laboral debilitada, casi inexistente. El camino está servido y es posible que estemos ante la presencia del tramo final del proceso de reforma del estado costarricense.

Ante esta realidad es urgente diseñar una respuesta colectiva y plural. No queda otro camino.

¿Ya se pusieron de acuerdo TODOS los partidos políticos en la Asamblea Legislativa para violentar la Constitución Política…una vez más?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

—- El refresco sin azúcar, por favor, estoy a dieta – -dice el comensal a la salonera, y agrega — y una tajadita de queque de chocolate.

Así, parece que están algunos diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa con el proyecto de Ley 21.182 para «flexibilizar las jornadas del trabajo», y que permitiría establecer jornadas laborales de 12 horas.

Al filo de la tarde de este miércoles 7 de setiembre de 2022, el Gobierno modifica plan de jornadas excepcionales, y con la participación de diputados y diputadas, «disminuye cantidad de horas laborables», según lo que pretendían los empresarios. Ahora buscarán su aprobación en el Congreso.

«Refresco sin azúcar y una tajada de queque», diría el comensal en el restaurante.

La violación de la Constitución Política, a poquitos o de golpe es lo mismo, una violación a los derechos fundamentales establecidos en ella.

«El infierno está empedrado de buenas intenciones», diría el viejo refrán. Una versión «light» de ese proyecto de Ley para que sea digerible, no lo hace agradable.

El Artículo 58 de la Constitución Política indica que: «La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley.»

Pero, además, está más que demostrado que en Costa Rica los grandes empresarios violentan este Artículo Constitucional, a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, y lo que quieren es «legitimar» el ROBO de horas laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Ningún endulcorante dietético va a endulzar esta amarga violencia contra los derechos fundamentales de la clase trabajadora y NO DEBE SER PERMITIDO.

La mentira del 4×3

Mientras que en Europa y Estados Unidos buscan reducir las horas laborales de los trabajadores, en Costa Rica la mafia político empresarial busca lo contrario, explotar aún más a los trabajadores mal pagados y robados.

No hay posibilidad de que una trabajadora, un trabajador, trabaje más de 8 horas (10, 11 o 12) diarias durante 4 días seguidos y que tenga LIBRE 3 días, es imposible. Primero porque los días libres siguen siendo los mismos, UNO, y los otros 2 debe llegar a un «acuerdo» con el patrono para ver si los trabaja o no, «según las necesidades» del patrono.

Las mujeres, en plena desigualdad salarial y laboral, será la que más pierda, pero perderá toda la clase trabajadora.

Además, regalarle horas laborales al empresario (o empresaria) afectará el aguinaldo, vacaciones, cesantía, incapacidades, pensión, etc, de todos los trabajadores por igual.

¿Qué dirá la «mejorada» versión de este nefasto proyecto de Ley 21.182?, no importa, cualquier cesión de Derechos Laborales y económicos, es una infamia de quienes estén de acuerdo con ella.

¿Cuál debe ser la respuesta de la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales?, rotundamente en contra, con todo.

SITRAHSAN se pronuncia en defensa de los feriados de los funcionarios de aduanas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN) solicitó este 26 julio del presente año, al director de Aduanas del Ministerio de Hacienda se valore incorporar dentro de la Normativa, que los días feriados en donde funcionarios de aduanas están trabajando fuera del Área Metropolitana y que sus días libres coinciden con días feriados, para que el día feriado les sea compensado como un día adicional de descanso.

Sucede que los trabajadores ordinarios, a quienes dentro de su  rol de trabajo e ingreso a zonas alejadas, trabajan y por calendario su día de trabajo coincide con un día feriado en su lugar de trabajo, lo disfrutan o se les paga extra, pero si ese funcionario, sale después de cumplir su rol de por ejemplo :10X4 o 20X8, si en los 4 días resulta un día feriado, la administración en nada compensa dicho día.

En razón de lo anterior; consideramos injusto, que los que están laborando ordinariamente gocen del día feriado, mientras los que están de salida después de haber cumplido el rol y que requieren en muchos casos trasladarse desde la frontera a su domicilio en la GAM y les cae su día feriado en los días de su descanso, no pueda gozar de ese día feriado como tal, sugiriendo el ingreso un día después de lo  inicialmente regido. 

Consideramos que los días feriados de Ley, que por rol de trabajo no disfrutan algunos funcionarios, se les está violentando un derecho y que en su gran mayoría, son los funcionarios de las Aduanas Fronterizas que en ocasiones tienen días libres por rol de trabajo mientras hay días libres de Ley.

En oficio DGA-987-2022 de fecha 28 julio del presente año. La Dirección General indica lo siguiente: …es Normado por Ley y por lo tanto no es competencia de esa Dirección pronunciarse… Por tal motivo acudimos al Ministerio de Trabajo para que nos indique a cuál Ley se refiere, si es el Código de Trabajo o cual otra.

Claramente existe una desigualdad entre los funcionarios de Hacienda quienes laboran de lunes a viernes y los que laboramos en horarios ampliados.

No es justo que los que se encuentran libres por haber laborado sábado y domingo, no se les reconozca si un feriado cae en dichos días, ya que los otros funcionarios lo disfrutan y no trabajan sábado ni domingo.

ACOJUPEMA solicita información sobre inversiones realizadas por junta directiva de JUPEMA en ALDESA

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS recibió la carta enviada por ACOJUPEMA a la junta directiva de JUPEMA. La compartimos seguidamente:

8 de agosto del 2022

ACOJUPEMA-01-2022

Señores y Señoras
Junta Directiva
JUPEMA

Presente

Estimables directivos/as:

En nuestra calidad de cotizantes de los recursos que ustedes administran, al amparo de los artículos 9,11, 27, 30, 73 y 74 de la Constitución Política, nos permitimos solicitar públicamente la información completa sobre las inversiones realizadas por ustedes en el controvertido caso ALDESA.

Dicha consulta se hace amparados/as en las normativas y en la defensa legítima de nuestros intereses. Sírvanse tomar en cuenta que existe total claridad sobre el hecho de que ustedes administran nuestros fondos, cotizados durante toda nuestra vida laboral. También nos permitimos hacer ver que, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, se trata de FONDOS PÚBLICOS cuyos fines les ha sido encomendados a ustedes:

“Para el caso concreto de JUPEMA, define esos fines como la administración eficaz y eficiente de los cuatro regímenes de pensiones a los que se refiere la Ley n.°7531 y el garantizar los derechos a pensión y jubilación de todos los funcionarios del Magisterio Nacional, para lo que deberá administrar los regímenes con absoluto apego a las reglas técnicas, especialmente las de naturaleza actuarial y con sujeción a las reglas financieras y jurídicas necesarias para garantizar esos derechos a los beneficiarios en el tiempo que lo requieran” (Dictamen: 305 del 10/12/2018, Procuraduría General de la República) (Los subrayados y destacados no corresponden al original).

Tal y como consta en el Acta #018-2021 (pp.15-20), en Sesión realizada por ustedes el 10 de febrero de 2021, la Junta Directiva de JUPEMA, ha discutido ampliamente el tema de ALDESA y reconocen ustedes el grave peligro que corren las inversiones realizadas en nuestro nombre en ese controvertido ente.

Dado ese reconocimiento en documento público, en nuestra calidad de cotizantes de los regímenes que ustedes administran nos permitimos solicitar la siguiente información:

¿A cuánto asciende la “inversión” realizada por ustedes en ALDESA?

¿En qué período se hizo y quiénes fueron las personas responsables de analizar la viabilidad de esa “inversión”?

Dado que ustedes indican la precarización total de credibilidad en ese tipo de inversiones, a la vez que acotan que el único camino es:

“Me parece correcto quedarnos quietos, esperando un levantamiento de la economía. Les voy a poner un ejemplo, con el atentado del 11 de noviembre de 2001, las acciones de American Airlines se vinieron al suelo, nadie quería viajar, a varios le surgió la idea de venderlas porque estaban desesperados y mucha gente las compró y cuando se mejoró el tema, les fue muy bien. (…) Es mejor quedarnos queditos”. (Acta 018-2021)

En ese sentido: ¿Esta estrategia de “quedarnos quietos o queditos” sigue siendo la misma en este momento?

¿A cuánto ascienden las pérdidas? (Monto exacto y proyecciones).

Sin más que esperar el período administrativo contemplado por las respectivas leyes que tutelan el acceso a información pública.

Atentamente,

Por ACOJUPEMA,
Licda. Marjorie Hernández
Presidenta
Cédula #106810566

 CC:
Miembros Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional
Departamento Legal, JUPEMA
Auditoría Interna, JUPEMA
SUPEN
SUGEF