El pasado 24 de julio de 2022 en el programa “Desde la U” en el canal de la Universidad de Costa Rica se le realizó un entrevista a Rosaura Chinchilla Calderón, jueza, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la UCR sobre el proyecto de ley llamado 4/3, que pretende extender las jornadas laborales a 12 horas diarias, desde la perspectiva de las mujeres y la legalidad nacional. La entrevista fue realizada por Gabriela Mayorga López, editora periodística del programa “Desde la U”.
Primeramente, la licenciada Chinchilla indica que la jornada de 8 horas diarias y acumulativas de 48 horas llegó como parte de una lucha por la obtención de derechos,al apoyar este tipo de proyectos que atentan contra los derechos de las personas trabajadoras solo provocaría retroceder, lo cual no es posible y no es justo. Esta jornada puede ser ampliada según la constitución, siempre y cuando sea excepcional y no genere afectaciones en la salud de las personas trabajadoras. Este proyecto de ley estaría atentando contra la constitución en tanto que intente generalizar, de esta forma en donde la constitución dice excepcional, ahí va a ser la regla, lo cual implica un choque; en segundo lugar, no toma en cuenta las afectaciones a la salud, seguridad y los ingresos económicos ya establecidos por la constitución política y el código de trabajo para las personas trabajadoras, su criterio es que esta propuesta en discusión en la Asamblea Legislativa chocará con muros legales.
La profesora indica que este proyecto desconoce el pago de horas extra, es decir, en costa rica se establece que más allá de las 8 horas trabajo ordinaria cada hora extra va a ser pagada con el monto del salario más el 50 por ciento cuando el trabajador sobrepasa las ocho horas; con este proyecto las doce horas se convertirían en la jornada ordinaria y de esta forma las personas empleadoras no tendrían que pagar esa hora extra.
Por último, pero no menos importante, se recalca lo que significa para las mujeres este cambio en las jornadas laborales. Las mujeres normalmente realizan dobles o triples jornadas de trabajo, en consecuencia eso va a impactar necesariamente en la salud que incluye la física, emocional y psicológica de las mujeres y sobre todo en hogares en donde solo existe una figura materna a cargo de la familia. Se afectarían las labores de cuidado de los niños de las niñas, de las personas con alguna condición de discapacidad y enfermas que por tradición se encarga a las mujeres, esto no debería ser así pero es la realidad, va a impactar en temas de seguridad porque esas cuatro horas adicionales va a implicar salidas nocturnas en un país que posee altos índices de violencia contra las mujeres en la calle.
Si se desea observar la entrevista completa puede dirigirse al siguiente enlace:
Dania Obando[1] es obrera en una industria agrícola, madre, estudiante y lideresa; comparte un conocimiento basado en su experiencia como trabajadora y en su vida como mujer jefa de hogar. Veamos:
“Desde la madrugada inician mis labores como madre de cuatro hijos; hago el desayuno, el almuerzo y dejo a los güilas listos para que se vayan para la escuela, para el colegio.
Entro a trabajar a las seis de la mañana, trabajo ocho horas diarias en el área de lavandería; ahí se lava la ropa que se usa para aplicar químicos. Mi trabajo no finaliza ahí. Como no me alcanza el salario de las ocho horas, debo hacer algunas que otras chambillas, ahí, por fuera, para poder lograr llegar a fin de mes con los gastos.
La vida después del trabajo y el desarrollo como persona en la sociedad de dirigente sindical, tengo que hacer ese trabajo también después de la jornada laboral, casi que tengo que dejar por último las labores de mi hogar, la atención a mi familia, a mis hijos, en este caso.
Tengo que hacer el trabajo sindical los fines de semana.
Un proyecto de jornada extendida es incompatible con las responsabilidades de nosotras las mujeres en general, pero más para las que trabajamos en las partes agrícolas. ¿Cuándo voy a atender mis tareas de madre con una jornada de doce horas? No se puede.
Si por las doce horas me van a pagar lo mismo, nunca podré ganar horas extras porque se supone que, si nos cambian las ocho horas, a lo que yo tengo entendido es que vamos a trabajar doce horas, pero por el mismo salario de las ocho horas. ¿Sacrificar mi vida para seguir trabajando? No se puede dejar de hacer nada de lo que ya se hacía; todo lo que hago en mi día es indispensable, no se puede posponer. Ni voy a decir: “Mirá, esta semana no voy a atender a mis hijos porque voy a trabajar”. No me alcanza el salario para pagar a alguien que los cuide. Ya doce horas por el mismo salario y tener que pagarle a alguien. No, eso no es rentable para nosotras.
Nunca voy a desentenderme del cuido de mis hijos, de las tareas de la casa; complicarle las tareas a mis hijos tampoco se puede. Ya con las ocho horas que nosotras tenemos, ya es un día sobrecargado para nosotras.
En la parte agrícola, quizás, muchas personas no entienden que trabajamos muchas mujeres en la palma africana; la mayoría somos madres solteras y ese trabajo en la palma no es un trabajo como muy fácil. Todavía el mío no es tan complicado como el de las demás compañeras que trabajan en el campo.
Este proyecto no contempla el tiempo de traslado a la finca. Yo entro a las seis de la mañana a trabajar, tengo que trasladarme tres kilómetros de distancia. Otras compañeras tienen que trasladarse más; entonces, ahí no va contemplado ese tiempo de traslado ni tampoco se paga. Esas cosas no las están tomando en cuenta. Si al tiempo de traslado le agregamos doce horas, estamos volviendo al siglo XIX. Este proyecto, en la agroindustria, es criminal: está contra la salud laboral y los derechos de nosotras las mujeres.
¿Saben lo que es recolectar coyol? ¿Cuántas veces tiene una mujer que agacharse y pararse recogiendo el coyol en ocho horas? Ahora doce horas, ¿cómo sale ella al final del día de la columna, de los pies de estar caminando tanto? Eso no lo están valorando.
Yo estoy terminando de estudiar, pues no tuve chance en mi juventud; estoy haciéndolo ahora, nunca es tarde, dicen. Entonces no nos están dejando tiempo para descansar. Mucha gente dice: “Pero, vamos a tener tres días libres”. No, eso es mentira. No son días libres porque, entonces, en el caso de nosotras que llegamos a la casa a las tareas, se nos acumularán los quehaceres del hogar. Entonces esos días vamos a pasar trabajando más en la casa. Tampoco hay descanso.
Hay que revisar las prioridades de los hijos; hay que atender las necesidades y eso se hace todos los días dentro de la normalidad. ¿Qué pasa si me quitan cuatro horas cada día de mi tiempo?, ya no podría seguir estudiando porque no voy a poder estudiar los tres días que tengo libres porque me imagino que esos tres días serían viernes, sábado y domingo.
Pienso que la vida es más que solo trabajar. Hace más de cien años, en 1920, se estableció la jornada de ocho horas. Tengo entendido que fue una lucha de los trabajadores. Se estableció la jornada de ocho horas para que tuviéramos tiempo para el descanso, para el estudio, la recreación. Con este proyecto, se va a retroceder en la historia de los derechos laborales más de cien años.
Continuará…
[1] Este testimonio recoge la participación de Dania Obando en el foro: Jornada laboral de 12 horas: ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica?, convocado por Alianza por una Vida Digna.
La reciente nota de Frank Ulloa sobre el pago por rendimiento tuvo una extraordinaria repercusión. Ahora el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) suma sus críticas a la forma de pago de salarios por destajo. Es inadmisible, dice en esta columna Obeth Morales Barquero, secretario general del gremio.
Obeth Morales
Si el trabajador acepta esta forma de pago se está autoengañando, y por ende autoexplotándose laboralmente, mordiendo el cebo del empresario al trabajar a un ritmo y una intensidad por encima de lo que debería ser normal.
Esa modalidad trae a corto plazo perjuicios para la salud de los trabajadores. Lo vemos en la piña, concretamente en los problemas de columna, desgaste en brazos, muñecas, rodillas entre otros, producto de los movimientos repetitivos y la intensidad.
Las grandes empresas obtienen resultados y los trabajadores en la mayoría los casos terminan siendo atendidos por la Caja Costarricense de Seguro Social porque el empleador no garantiza siquiera la atención por medio del Instituto Nacional de Seguros, ya que esto aumentaría el costo de las pólizas.
Los empleadores (léase empresas transnacionaels) evitan la atención de sus empleados en el INS afirmando que no existe nexo de causalidad entre los padecimientos y las labores que desempeña el trabajador.
Precarización y explotación
Tenemos el caso concreto del departamento de deshije*. La empresa ha decidido tramitar amonestaciones y despidos por supuestos bajos rendimientos de trabajadores, siendo que la realidad es que cuando determinó de manera unilateral las tarifas por destajo, hace más de cinco años, las condiciones eran más favorables para el trabajador y la trabajadora.
Con el paso de los años las labores se han precarizado, motivo por el cual el rendimiento de los trabajadores no es el mismo, a pesar de que laboran con mayor intensidad y ritmo.
En Costa Rica el Consejo Nacional de salarios es el órgano competente para fijar los salarios del sector privado. Sin embargo, los pagos por destajo son establecidos de manera unilateral y arbitraria por el empleador.
Las representaciones sindicales ni siquiera son informadas sobre las fórmulas, los procedimientos y los parámetros utilizados. Y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es permisivo y tuerce la vista.
La productividad aportada por los trabajadores y trabajadoras que laboran bajo esta forma despreciable de trabajo no es proporcional ni racional al salario que reciben.
En una ocasión me informó el MTSS que ellos no podían hacer nada porque el salario estaba sobre el mínimo, o sea que las “autoridades” de gobierno permiten la explotación laboral siempre y cuando se garantice el pago del salario mínimo de ley.
Y aun me queda la duda si en el país se está pagando realmente el salario mínimo al comparar la distribución de la riqueza con la productividad del trabajador.
Por la Defensa de la Constitución Política, la Democracia Inclusiva y la Vida Digna
Foro Confluencia Solidaria*
Diversas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos y ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con gran preocupación por el deterioro creciente de las condiciones de vida de la mayoría de la población, nos hemos unido para presentar una propuesta alternativa de jornada laboral para Costa Rica. Este planteamiento atiende al clamor de muchas voces que han objetado el actual proyecto en discusión en la Asamblea Legislativa, que busca legitimar una jornada laboral de 12 horas diurnas durante cuatro días semanales (Proyecto de Ley Reforma de los Artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar Derechos de las Personas Trabajadoras. Expediente Legislativo 21.182). Sobre la base del cuestionamiento de dicho proyecto y de los fundamentos que lo sustentan, se presenta una propuesta relacionada con diversos aspectos de la jornada laboral, a tono con tendencias internacionales en este tema y centrado en la dignificación de las condiciones del trabajo.
Este planteamiento recoge aportes críticos y propositivos de diversos foros y debates. Asimismo, atiende tres desafíos fundamentales para garantizar la vigencia de un Estado costarricense donde se respeten y promuevan los derechos humanos, eco-ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales: 1. la defensa de la Constitución Política, 2. el fortalecimiento de un régimen de democracia inclusiva y solidaria y 3. la profundización de los logros del Estado Social de Derecho que han contribuido a crear condiciones y oportunidades para una vida digna.
El proyecto de ley denominado 4×3 es parte de un conjunto más amplio de leyes aprobadas en legislaciones anteriores, y algunas que están en trámite, que lesionan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del país. Asistimos, así, a una reiterada violación de derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución Política. Resulta preocupante que la Sala IV, cuya misión es resguardar el fiel cumplimiento de la Constitución Política, se haya convertido en diversas ocasiones en cómplice de intereses espurios de grupos de poder económico y político que han utilizado la crisis fiscal y sanitaria como excusa para aprobar proyectos de ley a todas luces inconstitucionales. Al respecto, se ha advertido sobre el carácter inconstitucional del proyecto en cuestión1, particularmente sobre la violación del precepto de la Constitución que establece que “la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana” (Constitución Política de la República de Costa Rica, Artículo 58); dicho artículo recoge una de las principales conquistas históricas de la clase trabajadora. Y, aunque este artículo considera la posibilidad de la no aplicación de estas disposiciones “en casos de excepción muy calificados, que determine la ley”, en este proyecto, como constatan y argumentan juristas constitucionalistas y laboristas, lo que es una excepción se convierte en norma. La defensa de la Constitución Política constituye hoy una prioridad, si pretendemos afianzar el régimen de derecho que nos ha caracterizado como nación.
Un segundo desafío por encarar es, precisamente, el fortalecimiento de un régimen democrático inclusivo y participativo. Ha sido igualmente reiterada la poca voluntad de los gobiernos del país para abrirse a un verdadero diálogo ciudadano desde el cual se logren concertar las mejores leyes y acciones para el bienestar de la ciudadanía2. Asimismo, es notorio el sesgo proempresarial y antipopular de algunos intentos de “diálogo”. En esta dirección, la presente propuesta se inscribe en un conjunto mayor de iniciativas, que emanan desde diversos sectores, para construir colectivamente, de manera inclusiva y solidaria, un pacto ciudadano para una convivencia auténticamente democrática, centrada en la equidad, es decir, con justicia y paz social.
Y el tercer desafío corresponde a la urgente tarea de profundizar los valiosos logros del Estado Social de Derecho que constituyen la principal garantía para el disfrute de una vida digna. Este proyecto conocido como 4×3 también es parte de varias leyes y acciones gubernamentales que han venido propiciando su desmantelamiento. Se ha pretendido, por un lado, debilitar dicho Estado Social de Derecho como frente de resistencia a un neoliberalismo privatizante, frívolo y empobrecedor y, por otro, convertirlo en un Estado oligárquico “moderno”, al servicio de los intereses privados de las élites económicas y financieras nacionales y extranjeras. Efectivamente, el proyecto 4×3 apela a la necesidad de la “flexibilización laboral” para atender a estos intereses particulares: “La progresiva internacionalización de la economía, su desarrollo acelerado y el alto grado de especialización del mercado de trabajo, nos demanda actuar para facilitar la competitividad y productividad de las empresas que buscan el máximo aprovechamiento de recursos […]”. Además, se consigna explícitamente: “Este proyecto es de gran relevancia para la agenda de competitividad y reactivación económica que requiere Costa Rica desde hace varios años y permite al país desarrollar una significativa mejora en el clima de inversión de nuestro país”.3
Al respecto, el colectivo Alianza por una Vida Digna, recogiendo aportes del conversatorio “Jornada Laboral de 12 horas: ¿A quiénes beneficia, a quiénes perjudica?4, considera que no se trata de una ocurrencia aislada, sino de un componente medular de planteamiento impulsado por las cámaras empresariales y sus aliados políticos para fortalecer su proyecto de reactivación económica, aumentando la productividad y la riqueza privada a costa de reducir los ingresos de las personas trabajadoras y el empleo digno, así como trasladar a la seguridad social del Estado las consecuencias de mediano y largo plazo sobre la salud, el cuido, la educación y la seguridad de las personas trabajadoras, pero aportando cada vez menos. La ampliación de las jornadas laborales tiene otros beneficios para las empresas, como por ejemplo el pago de tarifas diferenciadas más baratas en horas no pico en electricidad y otros servicios, la reducción de la planilla, el no reconocimiento de las horas extra y la reducción del aporte a la seguridad social. Se trata de una propuesta de reactivación económica nada solidaria ante del escenario dejado por la pandemia, que deja fuera del mercado laboral a una parte importante de las personas jóvenes y las mujeres, quienes tienen enormes dificultades para incorporarse a dicho mercado, incluso en trabajos no calificados o mal remunerados.
La aprobación del proyecto de ampliación de jornadas traerá consecuencias diferenciadas en los territorios en los cuales las condiciones de desigualdad son aún mayores, como por ejemplo en las zonas costeras y rurales, donde la inversión en turismo y agricultura disminuirían aún más las posibilidades de empleo y reducirían los ingresos de las comunidades y sus familias. Se trata de condiciones altamente peligrosas ante las iniciativas paralelas de reducción del gasto público y el debilitamiento de instituciones estatales, las cuales han sido fundamentales para promover la movilidad social y la continuidad democrática.
Con la ampliación de jornadas se advierten cambios en el estilo de vida y del trabajo, a contrapelo de las garantías sociales tuteladas en la Constitución Política. Son previsibles cambios culturales profundos en la alimentación, la educación, la recreación y la convivencia comunitaria y familiar, incluyendo el cuido de personas dependientes. Esto se relaciona también con un Estado permanentemente amenazado por ciertos sectores empresariales y una clase política empeñada en incrementar la riqueza privada a costa de reducir la pública.
De cara a este sesgo economicista que favorece a poderosos intereses del capital nacional y extranjero, es urgente restituir y remozar el Estado Social de Derecho, para garantizar la defensa del derecho al trabajo “decente”, la libre sindicalización de las trabajadoras y los trabajadores, una política de salarios crecientes acordes con el costo de la vida y la provisión de servicios universales de calidad en salud y educación. Sólo recuperando y profundizando los avances que obtuvo el país en desarrollo humano, en el marco de esta modalidad de Estado, podremos aspirar a una vida digna, saludable y satisfactoria para la ciudadanía costarricense. En este aspecto, el proyecto de reforma impulsado por el gobierno, al extender e intensificar la jornada de trabajo con impactos nocivos para la salud física y emocional del trabajador5, particularmente de la mujer trabajadora, contraviene, entre otros, dos principios constitucionales. Uno se refiere al estipulado en el Artículo 50 de la Constitución que establece que “toda Persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y el otro se relaciona con el Artículo 56 que plantea que es responsabilidad del Estado garantizar condiciones de trabajo digno y saludable, bajo una concepción no mercantilizada: “El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo”. Cabe destacar que esa libertad de elección también se ve obstaculizada en este proyecto por cuanto el empleador sigue teniendo prevalencia en la decisión final respecto de la jornada que mejor se ajusta a sus requerimientos, lo que vendría a incrementar los índices de desempleo.
Propuesta de Nueva Jornada Laboral
La presente propuesta plantea efectuar reformas para reducir la jornada laboral diurna de un máximo de 40 horas durante cuatro días a la semana. La viabilidad y conveniencia de dicha jornada se fundamenta en criterios de constitucionalidad, de razonabilidad técnica en función de las mejores prácticas laborales y de una ética del trabajo “decente” para garantizar calidad de vida digna personal, familiar y social.
Atendiendo a los preceptos constitucionales ya referidos (Artículos 50, 51, 55, 56, 58 y 71), se busca garantizar el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, es decir, ambientes saludables y amigables, justicia salarial, respeto y reconocimiento a la dignidad de la Persona trabajadora, así como evitar la sobreexplotación del ser humano y de la naturaleza, inducida por una concepción economicista-productivista y mercantilizada del trabajo humano y de la relación con la naturaleza. De esta manera, también se contribuye a propiciar prácticas laborales socioambientales más saludables y gratificantes. En este sentido, una reducción de la jornada, a diferencia de su ampliación e intensificación, crea mejores condiciones para el trabajo creativo y productivo y amplía las posibilidades de generar más empleo6, al tiempo que abre espacios para el desarrollo de potencialidades en otros ámbitos de la vida. La crisis de desempleo que vive el país no debe ser motivo para devaluar las condiciones laborales y justificar la sobreexplotación del trabajo humano. Por otra parte, un adecuado uso de los avances científico-tecnológicos crearía las condiciones necesarias para alcanzar altos niveles de eficiencia productiva sin sacrificar el derecho a la vida digna de las personas, con impactos menos lesivos para la naturaleza7.
Además, una jornada reducida atiende también a criterios de razonabilidad técnica. Hoy día este tipo de jornadas son avaladas por las mejores prácticas laborales en diversos países, donde ha contribuido no sólo a incrementar la productividad sino a favorecer ambientes más gratificantes desde el punto de vista humano-social, emocional-afectivo y espiritual. Se trata de jornadas que contribuyen a mejorar la salud pública, a fortalecer los vínculos afectivos y a bajar los índices crecientes de agresión y violencia social. Lamentablemente, Costa Rica ocupa el segundo lugar entre los países miembros de la OCDE en cuanto a jornadas de trabajo más prolongadas, es decir, donde se trabaja más anualmente, y el tercero con un balance desfavorable entre vida y trabajo; a pesar de ello se registra una baja productividad8. Un estudio comparativo de la productividad en el sector público y privado, para el período 2010-2016 muestra que, a pesar de que las jornadas laborales en promedio en horas son mayores en el sector privado que en el público, la productividad en el sector privado creció en una proporción mucho menor (promedio anual de 3.2%), en el período 2010-1016, al del sector público, el cual creció en 6.1% anual. Se destaca que los factores que inciden en el crecimiento de la productividad obedecen a incentivos materiales, psicológicos y sociales, lo que evidencia la necesidad de que el sector empresarial, especialmente la gran empresa, haga mayores esfuerzos por crear condiciones de trabajo favorables y de mayor dignidad, respetuosas de los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, los datos muestran que no es cierta la reiterada aseveración de la ineficiencia y baja productividad las trabajadoras y los trabajadores del sector público9.
Esta propuesta es coherente con una ética que propicia una economía al servicio de la vida digna para una mejor convivencia personal, familiar social y planetaria. Apuesta por crear condiciones laborales que favorezcan el desarrollo pleno de las potencialidades de los seres humanos, así como de todos los ecosistemas. Propicia esfuerzos por crear nuevos estilos de vida, donde se dignifique y humanice el trabajo y se procure un mejor cuido de nuestra casa común. Contribuye, así, a forjar un nuevo pacto social y ecológico por la solidaridad, la inclusión y la equidad.
*Este documento/propuesta es el producto de la reflexión colectiva de un grupo de personas de distintos sectores, quienes se reunieron atendiendo la invitación del Foro Confluencia Solidaria.
Notas:
1Según un grupo de abogados laboristas y constitucionalistas, en el nuevo proyecto sustitutivo presentado por el gobierno persiste la inconstitucionalidad al convertir en ordinaria una jornada que debe ser extraordinaria, la cual tiene impactos negativos en la salud y el salario de quienes la asuman. Molina, Lucía (2022) Ajustes a proyecto de jornada de 12 horas no salvan su inconstitucionalidad. Semanario Universidad, 29 de junio de 2022, p.11. Cfr. Pronunciamiento del Foro Mujeres Políticas por Costa Rica sobre la jornada laboral 4×3. https://anep.cr/pronunciamiento-del-foro-mujeres-politicas-por-costa-rica-sobre-la-jornada-laboral-4×3/. ANEP 06/07/2022
2 Cabe destacar, al respecto, el llamado que hace la OCDE: “Costa Rica necesita promover un dialogo social más fuerte para favorecer mejores condiciones de trabajo, pero también para diseñar e implementar políticas del mercado laboral de forma oportuna. Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Costa Rica 2017 RESUMEN EXECUTIVO, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES. P.16.
3 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley Reforma de los Artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar Derechos de las Personas Trabajadoras. Expediente No. 21.182.p.2 y 4.
6 Al respecto, Oscar Madrigal señala que la reducción de la jornada laboral sí puede significar “un aumento sustancial del empleo […] porque requerirá más mano de obra o sea más trabajadores, lo cual aumentará la rentabilidad de las empresas y con ello sus utilidades. Así lo comprueban las sociedades europeas más avanzadas. La excusa que utilizan los patronos para aumentar el empleo es reducir las condiciones laborales de los trabajadores. Pero lo cierto es que el mejoramiento de las condiciones de los asalariados, como demuestra la OCDE, genera un aumento sustancial del empleo y la competitividad”. Madrigal, Oscar (2022), Cambio de la Jornada de trabajo.https://surcosdigital.com/cambio-de-la-jornada-de-trabajo.
7 Para Esteban Calvo, el argumento de la ministra de Trabajo de que “volver a jornadas extensivas implica modernización choca con la historia del derecho laboral”. Al respecto, destaca que “durante las luchas por la reducción de la jornada, el desarrollo tecnológico le permitía tener mayor capacidad productiva a los empresarios […] El mejoramiento tecnológico desde ese momento hasta ahora ha sido impresionante y, sin embargo, el provecho de esa mejoría la están capitalizando los empresarios, porque los trabajadores siguen trabajando igual que hace 100 años”. Molina, Lucía (2022) Costa Rica demostró mayor productividad con menos horas de trabajo, pero reforma no contempla reducir la jornada. https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-demostro-mayor-productividad-con-menos-horas-de-trabajo-pero-reforma-no-contempla-reducir-la-jornada/
8 Ibid., p. 11. Al respecto, el Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica destacan que con esta ley “se legislaría en contra del principio de Progresividad: Ya las jornadas de Corea, CR y México son las más extensas de los países pertenecientes a la OCDE (https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/horas-trabajadas.htm), y la experiencia internacional reduce las jornadas a 36 o 32 horas en cuatro días, especialmente en contexto post COVID-19 con el fin de brindar mayor salud mental, aumentar productividad en tiempo efectivo y/o incentivar otras actividades como turismo interno”. https://anep.cr/pronunciamiento-del-foro-mujeres-politicas-por-costa-rica-sobre-la-jornada-laboral-4×3/. ANEP 06/07/2022
En el marco de la promoción del proyecto para extender las jornadas laborales, diversos dirigentes sindicales han expresado su descontento al asegurar que este tendría serias repercusiones para los trabajadores del campo. El señor Eric Lara García, dirigente sindical de SITRAP, comentó que “el proyecto es abusivo y podría tener consecuencias drásticas en la salud de las personas agricultoras”, también, el señor Roberto Reyes Silva explicó que “los trabajadores del campo no podrían soportar una jornada de 12 horas, porque es muy desgastante”. También, la preocupación de los dirigentes sindicales gira en torno a que el desgaste físico que generaría una jornada laboral de 12 horas podría representar problemas serios de salud.
Por su parte, el señor Albino Vargas, secretario general del ANEP, añadió que, en caso de consolidarse esta iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa de la República, la medida a tomar será acudir a la Sala Constitucional en defensa de la jornada laboral de 8 horas, ya que se considera “el proyecto violenta los derechos humanos y laborales de las personas y contraría a la Constitución Política”.
Si desea conocer más sobre esta información, puede consultar en el siguiente enlace:
El Concejo Municipal de Esparza, por una iniciativa del regidor suplente Pablo Acosta Bonilla, quien también es presidente de la seccional ANEP-IMAS, decidió respaldar el Convenio 190 de la OIT; este último busca eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
El pasado febrero, la Asamblea Legislativa emitió un criterio negativo sobre dicho Convenio, lo que formó una de las principales motivaciones por parte del Concejo Municipal de Esparza para buscar justicia en temáticas de género, respeto, y equidad para todas las personas en ambientes de trabajo.
Compartimos el siguiente video, en el cual se detalla más en profundidad la situación mencionada. En este material, Pablo Acosta Bonilla presenta además, la necesidad de sumarse a esta lucha, tanto por parte de las personas como de las demás municipalidades:
El domingo 17 de julio, trabajadores agrícolas se reunieron con el fin de ver las acciones a tomar para que no entre en vigencia la jornada laboral 4×3. La reunión puede verse en la cuenta de YouTube de ANEP, en el siguiente enlace:
Los dirigentes sindicales Milton Rodríguez Amador en representación a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y el dirigente Warner Rojas Sancho del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas, enviaron un mensaje a diputados y diputadas para que no voten por el proyecto de jornada laboral 4×3. Esta clase trabajadora explica que se despiertan para ir a laborar a las 2:00 a.m. e inician sus labores a partir de las 4 de la mañana y les es difícil tener horarios tan pesados como para trabajar 12 horas al día en el campo de sol a sol, o bajo la lluvia u otros con trajes pesados.
Según los dirigentes, este proyecto de ley viene a afectar a los trabajadores y las trabajadoras de cosecha y de campo, ya que es una jornada muy extensa, desgastante e insalubre para el esfuerzo físico que ya hacen todos los días, por lo que creen ni siquiera poder soportar estas condiciones. Finalmente, piden al presidente Rodrigo Chaves que, por favor, analice bien este proyecto ya que además va afectar el salario y la economía de los trabajadores agrícolas.
No hace mucho, volví a ver Jurassic Park, y no me quedó la menor duda que una de las especies patronales más cavernarias del planeta Tierra, es la vernácula clase empresarial de Costa Rica.
No es prejuicio, ni mucho menos un cargo gratuito contra esta singular orden patronal. Esta afirmación se puede sostener recurriendo a 3 registros recientes, a manera de inequívocos ejemplos demostrativos, que retratan de cuerpo entero, desde la cola hasta la cabeza, el material filogenético del que está compuesto la gran mayoría de las cámaras empresariales.
1.- El Convenio N°190 OIT, sobre la violencia y el acoso laboral, fue adoptado en la Conferencia Internacional N°108, celebrada en 2019.
Este convenio internacional recoge el clamor global de millones de personas trabajadoras, cuya aprobación logró un altísimo consenso en la Conferencia: 439 votos a favor y tan sólo 7 votos en contra (¡ya podrán imaginarse de quién fue uno de estos votos negativos!).
El Convenio N°190 OIT reconoce el derecho de la persona trabajadora de realizar su actividad profesional, en un ambiente seguro, libre de toda conducta hostil, acoso laboral o sexual, que afecte su dignidad, que incluye la violencia por razón de género.
Lamentablemente uno de aquellos pocos votos negativos, fue el de la glamurosa delegación del sindicato patronal-empresarial de Costa Rica, que de sobra es conocida su rabiosa y permanente hostilidad contra la clase trabajadora.
La violencia empresarial contra las mujeres trabajadoras, se trata de una práctica patronal común, exacerbada en esta época de pandemia, que también ha profundizado la desigualdad estructural en las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres.
Las empresariales costarricenses, transnacionalizadas, una y otra vez, han boicoteado la aprobación de este convenio internacional de derechos humanos.
2.- En nuestro país, en el año 2018, paradójicamente se aprobó el Acuerdo de Escazú.
Los especialistas afirman que el Acuerdo de Escazú constituye un instrumento moderno de gobernanza y protección ambiental.
Además, este Acuerdo garantiza la participación ciudadana y democrática en materia ambiental.
No obstante su importancia, las cámaras patronales conservadoras la emprendieron contra este Acuerdo, oponiéndose a que sea aprobado por la Asamblea Legislativa, cuyo espurio cometido hasta ahora han logrado cumplir.
De esta manera, Costa Rica se suma al concierto de los países más retrógrados en material ambiental, que todavía se resisten a aprobar el Acuerdo de Escazú.
3.- Las mismas patronales de esta parte de Mesoamérica, que se oponen al Convenio N°190 OIT y al Acuerdo de Escazú, impulsan un regresivo proyecto de ley, que no tiene ningún precedente en la historia, por lo menos en la historia moderna.
Más allá de una simple flexibilización de las jornadas de trabajo, promueven frenéticamente un proyecto de ley, que implica, en definitiva, la extinción de la jornada de trabajo de ocho horas por día, una conquista que costó mucha sangre y vidas de las personas trabajadoras.
Este proyecto, amén de resultar contrario a nuestra Constitución Política, causará una gravísima afectación en las condiciones de vida de los trabajadores, principalmente contra las mujeres.
Pues bien, este rápido mapeo de los rasgos geológicos de las empresariales, sustentando en los anteriores registros, nos permite sostener que las patronales costarricenses se quedaron rezagadas o pérdidas en la evolución de las especies y el desarrollo de la civilización.
Los dinosaurios se extinguieron de la faz de la tierra hace más de 60 millones de años.
No obstante, en Costa Rica sobrevive o fue clonado un “fósil”, cómo en la película de Spielberg, que ojalá suscite el interés de los paleontólogos contemporáneos, porque es una especie petrificada y salvaje, digna de ser estudiada por la Historia Natural.
Fósil viviente del Siglo XXI, en pleno siglo de la Inteligencia Artificial, que se mantiene a costa de la destrucción de los derechos de la clase trabajadora, que menos le importa la conservación del planeta, qué si Humboldt o Darwin estuvieran vivos, se darían gusto estudiando este linaje sobreviviente de los tiranosaurios.
¿Será por este motivo, qué el Parque Jurásico se construyó en la Isla Nublar, una isla ficticia, a unas 120 millas de Costa Rica?
Pero lo que no es ficticio, es que los instintos devoradores de las patronales costarricenses no han evolucionado, ni un poquito, y se quedaron atrapadas en el remoto Cretácico.
Compartido con SURCOS por el autor.
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