Ir al contenido principal

Etiqueta: derechos laborales

El cambio en la jornada de trabajo que quieren los capitalistas viola la Constitución Política

Quieren robarles a los trabajadores lo que ganan en las horas extras. En las horas difíciles, cuando aumenta la pobreza y la desocupación, atentan contra los derechos legítimos de los trabajadores. El pueblo está amenazado por una hambruna.

Humberto Vargas Carbonell

Los sindicatos han publicado no pocas declaraciones, y han reunido diversos y racionales argumentos para oponerse al proyecto de ley que pretende modificar la regulación de la jornada laboral.

La pretensión de posibilitar que los patronos modifiquen la jornada laboral con el propósito de escamotear el pago de las llamadas “horas extras” es, en esencia, un intento de robarle al trabajador parte de su salario. Esto es lo principal, eliminar el salario extraordinario que debe pagarse cuando entrega a la empresa un esfuerzo que sobrepase la jornada de 8 horas, que es, medida en tiempo, lo que el trabajador ordinariamente entrega a su patrono.

La jornada de las 8 horas se estableció gracias a la lucha de trabajadores y como una conclusión científica médica.

Las jornadas extenuantes conspiran no solamente contra la vida y el bienestar de los trabajadores, conspira también contra la vida normal de las familias y contra el desarrollo profesional de los trabajadores y contra la recreación imprescindible para su estabilidad psíquica.

Las reglas impuestas por el modelo neoliberal a los asalariados son realmente avasallantes y destructivas. Así es en la “empresa” y en las supuestas horas de descanso.

El aumento del tiempo en el trabajo que se resta al descanso, terminará siendo un tiempo robado a los productores directos para engrosar la riqueza de los explotadores.

En fin, convertir este agravamiento de la explotación en una ley de la República, no es más que una vileza contra la clase trabajadora. No es posible aceptar como norma legal lo que es, además, contrario a lo que establece la Constitución Política.

¡Veamos!

El artículo 58 de la Constitución establece que “La jornada diaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana…”

Esto significa, como es evidente, que la “jornada laboral” en nuestra legislación es una institución constitucional. Y con tal categoría, en nuestro régimen de derecho, para cambiarla se requiere una norma del mismo rango, es decir una reforma a la propia Constitución Política.

Sigo copiando el texto constitucional del mismo artículo 58: “El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados.”

Esto significa que la retribución que debe pagarse por las “horas extras” es también un instituto de rango constitucional y ninguna ley o reglamento puede modificarlo y, mucho menos, suprimir el pago adicional que establece el texto transcrito.

Más adelante el artículo constitucional copiado establece lo siguiente: “Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.

Para “legitimar” la no aplicación del artículo 58, se hacen necesarios dos elementos: que una ley defina cuál es la naturaleza del asunto y por qué se trata de un “caso de excepción muy calificado” y que esa ley esté vigente antes de declarar la inaplicabilidad del texto constitucional transcrito.

Hasta donde estoy enterado nadie ha intentado diseñar un “caso de excepción muy calificado”, porque es imposible hacerlo, ya que requeriría establecer “como un caso de excepción muy calificado” hacer que los ricos sean más ricos haciendo que los pobres sean más pobres.

Esto ocurre en la realidad del capitalismo neoliberal, pero no es “una excepción muy calificada”, al contrario, es la dolorosa realidad de todos los días.

Para modificar lo que manda el artículo 58 con el propósito de reducir la jornada normal, durante el Gobierno de Alvarado, apelaron a la Comisión Nacional de Emergencias; ahora no lo intentaron para no quedar en ridículo. Pero de todas maneras continuarán intentándolo…

Así es la tozudez de los capitalistas cuando se trata de defender sus intereses. Eso debe aprender el pueblo pobre cuando se trata de defender sus propios intereses.

A pesar de represalias patronales, seccional de choferes de autobús de Guadalupe continúa creciendo

La empresa autobusera “Guadalupe Limitada” ha emprendido una campaña de miedo para que sus trabajadores desistan de agremiarse. Ante tal circunstancia, ANEP recuerda que la Constitución Política respalda a cualquier persona trabajadora que cuente con el deseo de unirse a un sindicato. 

Nathaly Montero Campos, presidenta de ANEP con relación al grupo de Autobuses Guadalupe, expone que los y las trabajadores de esta empresa autobusera resalta que sus las solicitudes que realizan no son peticiones de privilegios, si no de derechos contemplados en la ley; además, tiene la convicción y claridad de que se debe luchar para hacer valer estas facultades.

Wilber Yubank Morales, un chofer afiliado, señala que agremiarse es bueno para mejorar la calidad laboral de las personas trabajadoras de la empresa. Por otra parte, el chofer afiliado Heiner Vargas comenta que existe disconformidad general de las y los trabajadores agremiados o no con el manejo que ha dado la empresa debido a que hay una reducción importante de las horas laboradas y no se está cumpliendo con las 48 horas semanales por lo que la situación económica de cada persona se complejiza.

Además, se denuncia la problemática de una falla en el funcionamiento de las máquinas que registran el abordaje de una persona adulta mayor por lo que el costo de este pasaje lo deben asumir las personas choferes. Asimismo, se han presentado quejas por parte de la población usuaria de este servicio en cuanto a las largas filas y de la ausencia de una estrategia por parte de la empresa para resolver estas circunstancias.  

ANEP argumenta que a pesar del miedo que se ha generado por parte de la empresa en cuanto a afiliarse a un sindicato, el personal trabajador sigue agremiándose a la ANEP ya que se encuentran cansados de los constantes atropellos a los que han sido sometidos.

Si desea observar el reportaje elaborado por ANEP, le invitamos a consultar el siguiente enlace:

Declaración de Encuentro Nacional de la Unidad Sindical

El pasado 23 de mayo de 2022, el CICANDE emitió un comunicado donde se convocaba a un Encuentro Nacional de la Unidad Sindical, con el fin de defender el Estado Social de Derecho costarricense. El comunicado señala que la presente administración Chaves Robles (2022 – 2026), posee tintes neoliberales, un gabinete tecnocrático y empresarial lo que cristaliza el objetivo de desmantelar el Estado Social de Derecho. Asimismo, se indica que la conformación de la actual Asamblea Legislativa posee 5 fracciones de partidos conservadores implica un reto estratégico para el movimiento popular y social. 

Se manifiesta que el movimiento sindical impulsará un amplio abanico de alianzas sociales a fin de enfrentar esta amenaza mediante la creación de una agenda común que dé prioridad a los siguientes puntos:

  • Eliminar la regla fiscal
  • Exigir políticas que eviten la corrupción, morosidad, elusión y evasión
  • Defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social y de los regímenes de pensiones
  • Defensa de la educación pública
  • Defensa del Instituto Costarricense de Electricidad
  • Defensa de los derechos laborales y del trabajo decente
  • Defensa de la equidad de género y la diversidad sexual
  • Lucha contra el alto costo de la vida y por salarios y pensiones dignas
  • Lucha por la soberanía

De igual forma, se demanda un diálogo social real efectivo, para garantizar la defensa de la institucionalidad pública y de los derechos de la clase trabajadora. También se busca impulsar la unidad popular y social para afrontar las luchas que se tienen por delante.

Si desea conocer con más detalle el comunicado realizado por CICANDE, puede consultar la imagen adjunta.

 

Compartido con SURCOS por Luis Chavarría.

COMUNICADO DEL GRUPO DE TRABAJO AGENDA CEDAW: jornada laboral

SURCOS comparte la siguiente información:

Desde el Grupo de Trabajo Agenda CEDAW, manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley 21.182 que busca instaurar jornadas de 12 horas durante 4 días a la semana y representa un claro detrimento de los derechos laborales y en especial de los derechos de las mujeres. 

El proyecto de ley de jornadas 4×3 violenta convenciones internacionales en materia de derechos laborales, trabajo decente y de derechos de las mujeres, entendiendo que en Costa Rica la realidad entre hombres y mujeres en el mercado laboral sigue siendo profundamente desigual. Por ejemplo, en todos los informes sobre trabajo se puede denotar una sobre representación de las mujeres en indicadores de desempleo, subempleo, trabajo informal, falta de aseguramiento y otros. (EMPEDEMU. 2019). 

Estas jornadas atentan contra la salud de las personas trabajadoras, disminuye la productividad, genera más recarga en los servicios de salud y aumento en los accidentes laborales, las jornadas extensas tienen relación directa con la depresión, la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares y trastornos del uso del alcohol. (OMS, OIT. 2018). 

Este proyecto fomenta la exclusión de las mujeres en el mercado laboral, pues no reconoce las desigualdades en el uso del tiempo por la división sexual del trabajo basada en estereotipos y sesgos de género. De acuerdo con la Encuesta de uso del tiempo: las mujeres invierten 36 01 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, mientras los hombres solamente 13.55 horas semanales. 

Esta ampliación de jornada procura la disminución de personal contratado y eliminar el pago de horas extra, por ejemplo, las trabajadoras domésticas verían acrecentar su horario a 18 horas diarias, SIN retribución adicional. 

Además, estas jornadas no contemplan las necesidades de las personas que asumen las labores de cuido o acompañamiento, donde un 90% de los casos no son remunerados y 7 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. Dando como resultado la generación de mayores barreras para que las mujeres puedan insertarse de manera justa al mercado laboral. 

El Estado costarricense tiene la obligación de cumplir con lo establecido por las convenciones internacionales de derechos humanos, la iniciativa en discusión es un retroceso al cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW relativas a las medidas para facilitar el acceso de las mujeres al empleo formal, a las recomendaciones de la OIT sobre trabajo decente y la transición de la economía informal a la formal y representa un riesgo notable para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre empleo pleno, productivo y trabajo decente para las mujeres y hombres. (Recomendación 29B de la agenda CEDAW).

Exhortamos a las diputadas y diputados de la República para que este proyecto no sea aprobado, y mantengamos la vía del respeto y garantía de los derechos laborales que también son derechos humanos y enfoquemos las acciones para la disminución de las brechas de género en el trabajo y la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres. 

¿Qué es la CEDAW?

La Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La CEDAW es un instrumento de carácter internacional que precisa los detalles de la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se comprometen, a consumarla llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones de derechos humanos contra las mujeres.

Además, se crea el Comité CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer), para monitorear el cumplimiento de los Estados en virtud de las disposiciones contempladas en esta Convención.

Más información sobre la CEDAW en el siguiente enlace:

https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cedaw

NO SE DEBEN ENTREGAR DERECHOS

Martín Rodríguez E.

La estrategia del Gobierno del sector empresarial es, sentar a la mesa a «todos» los actores sociales para legitimar un atropello más a los derechos de la clase trabajadora y del pueblo.

NADA HA SIDO GRATIS, ningún derecho alcanzado, ni en la seguridad social, laboral o económica, ha sido un regalo, ni del gobierno, ni de los empresarios.

TODO, absolutamente todo, ha sido ganado en las calles, con un pueblo en lucha para mejorar sus condiciones laborales y económicas y las de su familia. Para poder tener casa, educación, alimento y vestido para sus hijos e hijas.

LA CLASE TRABAJADORA de los años 1920´s, 40s, 50´s, 60´s y 70´s, lucharon en las calles, fueron golpeados, encarcelados y asesinados por la policía para poder obtener el derecho a la jornada de 8 horas, las garantías sociales, la salud, la educación, el agua, la electricidad, la vivienda y el Código de Trabajo.

HOY PERDEMOS TODO, hipotecando lo más preciado, el futuro de jóvenes, niños y niñas, que vivirán lo que a inicios del Siglo 19 se vivía, la esclavitud laboral, el hambre y la miseria.

MIENTRAS en muchos países europeos han reducido la jornada laboral de 48 a 35, 32 y hasta 29 horas semanales, en Costa Rica pretenden esclavizarnos.

SI PERMITIMOS este nuevo ataque contra la jornada laboral de 8 horas, preparemos a los jóvenes a vivir en esclavitud.

EN LA ENCRUCIJADA, solo queda un único camino, y estamos legando a ella. Como en una calle ciega, amenazados por delincuentes, solo queda organizarse y luchar.

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, y todo el pueblo costarricense, se enfrenta a la decisión más determinante de la historia de este Siglo, ASUMIR CON VALENTÍA y enfrentar a la narcomafia políticoempresarial que pretende robarse TODO y llevarnos a más desempleo, pobreza y miseria.

DOS COSAS PODEMOS HEREDAR a nuestros hijos e hijas, la actitud valiente en lucha por sus derechos o la claudicación y esclavitud ante un régimen mafioso que opera desde el poder político.

1 de junio de 2022

Costa Rica ausente en la 110a Conferencia Internacional del Trabajo

El día lunes 30 de mayo de 2022, se presentó una denuncia contra el Poder Ejecutivo por incumplir con el envío de representación del sector sindical y trabajador a la 110a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

Esta no acción podría representar una forma de aplacar las denuncias en materia de violación de los derechos laborales (persecución sindical, prohibición de huelga y condicionamientos de la negociación colectiva).

Conjuntamente, se advierte sobre el peligro para Costa Rica en cuanto a la firma de la Declaración de Consenso de Ginebra, que pone en riesgo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, debido a que se opone directamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Para más información sobre estos temas, ingresar en el siguiente enlace: https://fb.watch/dlTQ2bw5xW/

PAC reitera el rechazo al proyecto de Ley 21.182 “Ampliación de Jornadas de Trabajo 4-3”

San José, 26 de mayo de 2022. Desde agosto del 2020, la Comisión Política del PAC emitió un criterio negativo sobre el proyecto de ley que pretende la creación de jornadas de 12 horas en lo que se conoce como «jornadas 4-3», criterio en el cual se solicitó a la fracción legislativa votar negativamente el texto sustitutivo que se encontraba en la Comisión de Asuntos Hacendarios y se instó al Poder Ejecutivo pedir el criterio a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre su contenido y abstenerse de convocar en los períodos de sesiones extraordinarias, antes de obtener esa respuesta.

La Fracción del PAC votó en contra del dictamen y el Poder Ejecutivo no remitió el mismo para extraordinarias. Ahora, nuevamente la Administración Chaves Robles, convoca el proyecto a sesiones extraordinarias, lo que podría implicar su aprobación y un cambio en la normativa laboral.

Las jornadas intensivas han demostrado ser menos productivas y sobre ello existe abundancia de estudios. La ampliación de jornadas tiene como meta eliminar el pago de horas extra y reducir el número de personas contratadas. Por lo tanto, en tiempos de crisis económica y pandemia, terminará por aumentar la informalidad y la desigualdad laboral de género, debido a las condiciones estructurales persistentes en cuanto al recargo del cuido de la familia y labores del hogar en las mujeres.

Debe considerarse, además, que el sistema de inspección laboral adolece actualmente de serias deficiencias aún no atendidas por la Asamblea Legislativa, así como el hecho de que actualmente Costa Rica ocupa el tercer puesto respecto al peor balance entre la vida y el trabajo, entre los países de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hechos que lejos de llevar al país a la ampliación de jornadas, debe más bien orientar a una revisión para buscar que las relaciones laborales se apeguen a la legalidad y aspiren a que las personas gocen de una mejora en la calidad de vida. La tendencia de los países miembros de la OCDE es precisamente hacia la disminución de las jornadas laborales.

La reforma, en su texto actual, en momentos de crisis económica y de pandemia significa un retroceso en el reconocimiento de los derechos laborales, firmemente tutelados en nuestra Constitución Política. Lo contenido en el proyecto de Ley 21.182 afecta el bienestar de quienes menos oportunidades tienen, profundizando un estilo de desarrollo desigual, y como efecto secundario, traslada a la seguridad social todos los costos de las consecuencias de jornadas de trabajo intensivas, en la salud física y mental de las personas trabajadoras y sus familias, contribuyendo con el deterioro de las finanzas de la CCSS.

Como partido político de oposición, señalamos que estas reformas al Código de Trabajo van en detrimento de las bases de una sociedad solidaria y abre las puertas a mayores niveles de desigualdad, inestabilidad social y económica para el país.

Instamos a la Asamblea Legislativa y al partido gobernante a buscar iniciativas que realmente apoyen el bienestar y la inserción laboral, así como el fortalecimiento de la inspección laboral, horarios adecuados, aplicación de la red de cuido y la búsqueda de soluciones específicas para sectores como el tecnológico, turismo, la seguridad y otros más en donde existen realidades laborales ante las cuales la legislación se encuentra desactualizada. Pero nunca en detrimento de la salud integral de la personas, solidaridad social y menos del bienestar de los sectores laborales más vulnerables en donde la informalidad es generalizada.

Comité Ejecutivo Nacional

Comisión Política

El proyecto del 4/3. Un confite amargo

Freddy Pacheco León

“Bueno, es que las cosas cambian con el tiempo y ahora tenemos que adaptarnos a la modernidad”, piensan los que actúan sin hablar, sin razonar, sin sentido histórico, los que se creen nuevos “próceres” en el mundillo político. Y como así son las cosas, no importa para ellos las luchas obreras, con mártires incluidos, que sucedieron desde hace más de 100 años tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. Son los que ahora ceden mansamente a las intenciones de los que aspiran a ganar más, aunque no necesariamente sea para pagar al día sus impuestos y cargas sociales, pues… eso puede esperar por una mejor situación económica, alegan.

En nuestro pequeño país, ha de recordarse con admiración al Obispo Bernardo Augusto Thiel quien, pese a la airada protesta del Presidente José Joaquín Rodríguez, emitió en 1893 con entusiasmo y valentía la Carta Pastoral “Justo Salario”, derivada de la encíclica del Papa León XIII de 1891 Rerum Novarum. Extraordinario esfuerzo del segundo obispo de Costa Rica por sembrar la semilla de la Doctrina Social de la Iglesia católica en Costa Rica, cuyas flores ahora algunos quieren cortar de raíz.

Ha de destacarse que por esos años, el Congreso Obrero Socialista, reunido en París, declaró a partir de 1890 la celebración cada Primero de Mayo, como un Día Internacional de lucha por la Jornada de 8 horas. Un gran paso adelante pero no suficiente. En vista de las malas condiciones laborales que todavía imperaban impunemente en Costa Rica, surge a partir de 1905 la primera Federación de Trabajadores, y a partir de 1913 la pionera Confederación General de Trabajadores, que se extendió hasta 1923, cuando apoyó al notable político Jorge Volio en su esfuerzo visionario por desarrollar e impulsar las ideas reivindicativas de su Partido Reformista.

Dicha Confederación (la CGT) fue nutrida por el Centro de Estudios Sociales Germinal, en que sobresalían los maestros Omar Dengo, Joaquín García Monge, José María Zeledón, Carmen Lyra, además de otros destacados caudillos culturales de esos años como el mártir Rogelio Fernández Güell, unidos alrededor de la tarea de luchar por la jornada de trabajo de 8 horas, y otras reivindicaciones.

Entre 1918 y 1919 en que se desarrolló la sangrienta dictadura de Federico Tinoco, cuando la inmensa pobreza y los reclamos por mejores condiciones humanas, eran reprimidos por el ejército con torturas y asesinatos, era inevitable que fuera creciendo entre la población la necesidad de organizarse para luchar por mejores condiciones de vida. Así fue como en enero de 1920, los trabajadores ebanistas y carpinteros, especialmente del sector público, iniciaron la lucha por obtener la jornada de trabajo de 8 horas diarias, incluyendo al sector privado. Declarados en huelga nacional, la primera en la historia de Costa Rica, culminó con éxito el 3 de febrero imponiendo el reconocimiento de la jornada de 8 horas y un aumento salarial del 20%.

En el Diario de Costa Rica de la época se lee que “se fueron sumando a la huelga, los carpinteros, mecánicos y pintores del ferrocarril al Pacífico, los obreros de los talleres de Obras Públicas, los trabajadores de la Fábrica Nacional de Licores y de otras dependencias de gobierno. Así como los empleados del mercado, las costureras, las pureras, los zapateros, los empleados del tranvía, los de la planta eléctrica de Los Anonos, panaderos, pintores, tipógrafos, los empleados de la cervecería Traube, los saloneros, los cocheros de San José, los marineros del golfo de Nicoya, trabajadores de Puntarenas y Limón”. La escasa población adulta (medio millón era la población total) había dicho ¡basta! y vaya que se hizo sentir.

Para entonces gobernaba en forma provisional de maestro, abogado y político Francisco Aguilar Barquero, quien gobernó entre el fin de la dictadura de los Tinoco en setiembre de 1919 y el 8 de mayo de 1920, cuando asumió la Presidencia el líder anti-tinoquista Julio Acosta García. No fue extraño pues, que en diciembre de ese mismo año, el Congreso emitiera la ley número 100 en que se estableció que ocho horas eran el límite para la jornada diaria de trabajo.

Además, en el ámbito internacional cabe destacar la realización de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocada en Washington por el Gobierno de los EUA el 29 de octubre de 1919, en que se estipula que “En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo las excepciones previstas…”

Sin embargo, la lucha habría de continuar pues el incumplimiento de gobernantes durante las siguientes dos décadas era evidente. Fue hasta 1943 en que Costa Rica, gracias a la sapiencia de beneméritos de la Patria como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el líder comunista Manuel Mora Valverde y el obispo Monseñor Víctor Manuel Sanabria, finalmente se incorpora en la legislación costarricense las normas que habrían de regir las relaciones laborales en un Código de Trabajo redactado de acuerdo con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Código que mantiene su vigencia y que establece en su artículo 136 que “La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis horas en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana”.

Ahora bien, envalentonados en medio de su ignorancia y sus mentiras, unos políticos han redactado un proyecto de ley que pretende borrar más de un siglo de justas reivindicaciones que, para ellos, ahora no tienen razón de ser. Al ignorar que las largas jornadas de trabajo provocaron al menos 745.000 muertes por cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares en el 2016 (un aumento del 29 por ciento desde el año 2000) según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), esos políticos, para satisfacer a los que no quieren pagar sobresueldos por el trabajo en horas extras, buscan engañar a los trabajadores privados y públicos ofreciéndoles “tres días de esparcimiento por semana”, si se negocian trabajar jornadas de 12 horas diarias. ¡Usted trabaja cuatro días y disfruta tres días en su casa o recreándose!, es lo que se lee en la cobertura del confite que se les ofrece. Eso sí, sin puntualizar que en esos tres días libres se podrían incluir los sábados y domingos que de por sí… muchos no trabajan. De esa manera, los proponentes ofrecen crear decenas de miles de nuevos empleos, cuyos trabajadores cubrirían jornadas parciales pagadas con salarios ordinarios… que antes se pagaban como moderadas horas extraordinarias a los empleados que así eran requeridos por sus patrones.

Las consecuencias las conoce cada trabajador, pues para muchos de ellos, las horas extra son fuente de ingresos requeridos para medio atender gastos que con sus salarios ordinarios no es posible satisfacer, y que con ese famoso 4/3 se desvanecen. O sea, contando al menos dos horas de traslado hacia y desde sus trabajos, estarían fuera de sus hogares unas 14 horas, por lo que saldrían al amanecer y regresarían al caer la noche. Solo unas pocas semanas después de ese trajín, posiblemente esa jornada laboral bestial se reflejaría en la salud de los trabajadores, tal y como lo expresa la estadística divulgada por la OMS y la OIT.

Pero si ello afecta la vida familiar en general, para el caso de las madres trabajadoras, ¡muchas de ellas jefas de hogar!, la situación es mucho más angustiante. No solo les impide el ingresito extra conque algunas veces cuentan para salir adelante con sus gastos, sino que les provoca problemas muy difíciles de resolver en su casa, con sus hijos, con sus padres y abuelos adultos mayores, con otras personas del núcleo familiar. Para sitios de trabajo que inician labores a las 7 de la mañana, por ejemplo, ya a las 6 deberían estar viajando hacia donde trabajan, para luego estar de regreso, exhaustas, a eso de las 8 de la noche, si tienen suerte en el traslado. Así ya no podrían prestarle atención de sus hijos escolares, ni en las mañanas ni en las noches; y si tienen bebés en una guardería, los horarios de éstas no corresponderían con el de sus horas laborales. Lamentablemente, como previsible consecuencia, algunas no podrían seguir trabajando, por lo que la pobreza inevitablemente se profundizaría. Habrá infinidad de otras situaciones posibles que podrían presentarse, pero no hay que cavilar mucho para percatarse de lo que sucedería.

En fin, abogamos porque las personas laicas y religiosas, políticas y civiles, hombres y mujeres, alcen sus voces calificadas y hagan sentir a los gobernantes que ese proyecto de ley nefasto debería archivarse de inmediato. Sobran las razones para rechazarlo y es prudente aprender de la historia para no cometer errores que podrían alterar, la ya de por sí frágil paz social que se vive en el país de la “pura vida”.

frepaleon@gmail.com

20 de mayo del 2022

Resaca electoral: La sociedad negadora – 1

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

“Cuando unos pocos se apropian de aquello que no puede ser suyo más que haciendo que no sea de los otros e impidiendo que los otros puedan servirse de lo que tienen derecho, estamos ante la negación del Bien Común” –  Ignacio Ellacuría

Ante el impulso de los aires de “cambio” propuestos por el gobierno entrante, y siguiendo las voces que solicitan el tiempo y prudencia para valorar las intenciones-acciones de este. Dejando este espacio de “oportunidad” vale la pena preguntarnos ¿Cuál es la sociedad dominante que sale de la pandemia en nuestro país?

Han pasado 40 años de aquellas intervenciones que realizó el padre Ignacio Ellacuría, en donde nos invitó a reflexionar sobre la violencia en sociedades divididas. Pasado este tiempo, resulta importante retomar el hilo de su pensamiento, y plantearnos una primera idea: la sociedad negadora.

Ellacuría nos recuerda que como opción radical y crítica se hace necesario volver nuestra mirada a la negación de la vida que es producto de las relaciones dominantes situadas en nuestros contextos históricos, es decir la gravedad de la violación o de la privación que puede padecer una determinada mayoría.

Esta negatividad, sólo puede ser sostenida en el tanto exista esa “positividad” que es asumida y disfrutada por una minoría de esa sociedad determinada, una minoría que cuenta con las formas y modos que niegan o impiden  aquello que podría o debería ser y por otro lado es el sostén de esa realidad negadora (dimensiones clasistas, coloniales, racistas, patriarcales, etc.).

Nos quedamos por ahora en esta primera aproximación, y como ejercicio nos aventuramos a pensar en torno a esa sociedad que ha sido fortalecida y legitimada simbólicamente a través de los mecanismos electorales (no hay que olvidar que cuantitativamente el abstencionismo sigue siendo el que manda).

Basta observar y escuchar las políticas “estrella” que justifican el supuesto sentido de cambio de gobierno propuesto, les compartimos un breve resumen: los ecologistas como enemigos de la empresa privada, el carpetazo al Acuerdo de Escazú, desregulación de agroquímicos, exploración de gas natural, la urgencia de la ley de jornada 4/3, la misión de erradicar la “ideología de género” del sistema educativo y para sellar la jornada la revisión de la norma del aborto terapéutico.

Volvemos a nuestra pregunta ¿Qué forma de sociedad delinea lo anterior? Por un lado, el avance del neoextractivismo como actividad económica, pero también como política institucional, es importante señalar la persistencia de la impunidad de las violencias que sufren las recuperaciones en territorios indígenas, que sigue privilegiando un Estado racista y colonial, el apoyo al sector agroindustrial cuando legitima el discurso antiecologista y promueve la desregulación de la normativa ambiental, en este caso exploración de gas natural y la apertura a sustancias químicas.

En un segundo acto, privilegiando la posición de las cámaras industriales al refrendar la necesidad de desregular la jornada laboral, al impulsar la modificación de la jornada de 8 horas, por una de 12 horas en 4 días, esto no sólo perjudica en la desaparición “camuflada” de las horas extras, sino que sumerge a la persona trabajadora a una situación de desprotección y desgaste, ya que este tipo de jornadas representan una desventaja, ya que existe una desigualdad de hecho de la relación patrón-trabajador, y esto lleva que no sea una opción individual, sino de interés de la empresa, además erosiona las condiciones para aquellas personas que estudian, con familia o con personas a cargo, ni hablar de los espacios de recreación.

Sumado a todo esto, el frente abierto contra la mal llamada “ideología de género”, que no es más que una forma “sofisticada” de cuestionar y deslegitimar los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y de las diversidades sexuales. Inicialmente vemos esta ofensiva en dos dimensiones, una primera acción sobre el sistema educativo público, procurando el retiro de los planes de estudio de estos contenidos, y una segunda acción, la remoción de los tímidos avances presentes en la política y reglamentación del país, esto lo vemos en la solicitada “revisión” a la norma del aborto terapéutico.

Luego de esto, si tuviéramos que perfilar que tipo de sociedad negadora se configura a través de los relatos dominantes de este gobierno, podríamos señalar algunas características: neoextractivista, antiobrera y conservadora.

Ante este escenario, Ellacuría nos recordaba lo complejo que significa incidir en sociedades desiguales, en donde precisamente la política no está al servicio de la ampliación de los derechos de las personas, sino impulsada en la defensa de los intereses y privilegios de unos u otros grupos. Como un primer aporte, el padre Ignacio nos recordaba que la discusión y disputa de este escenario debe tener tres pies: en lo que tiene de verdadero-falso, justo-injusto y lo que tiene de ajustado o desajustado, desde la corporalidad, crítica y negación de esa mayoría que padece el poder.

En una próxima entrega, volveremos sobre esa sociedad que padece el poder, o cómo podríamos llamar la sociedad negada.

Óscar Aguilar Bulgarelli: Pretendida reforma al Código de Trabajo atenta contra los derechos laborales

Actualmente, en la Asamblea Legislativa, se discute una reforma al Código de Trabajo, el expediente 21.182, creando una jornada excepcional ampliada. Esta amplía la jornada de trabajo a 12 horas, trabajando solo 4 días a la semana.

Esto atenta contra los derechos laborales de las personas, ya que al ser jornadas de 12 horas no se pagarían las extra, perdiendo ese derecho. Asimismo, las mujeres se verán aún más afectadas pues deberán cumplir con la jornada laboral y atender su hogar. 

Don Óscar Aguilar Bulgarelli nos explica la situación:

 

Compartido con SURCOS por Óscar Aguilar Bulgarelli.