En la Asamblea Legislativa se discute un Proyecto de Ley, impulsado por el Partido Liberación Nacional, PLN, y que en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (de ingrato recuerdo) impulsó fuertemente, y que el “nuevo gobierno” y la “nueva” Asamblea Legislativa retoman para aprobarlo recién iniciando su gestión.
El Proyecto en mención es el 21.182 y que cínicamente llaman, “Reforma de los Artículos 136, 142, 144 y 146 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, mejor conocido como Ley 4×3, vaya titulado para engatusar a la gente. Son unos cínicos, lo último en lo que están interesados en “resguardar los derechos de las personas trabajadoras”.
Esto es un timo, un engaño, una falacia, como quieran llamarlo.
La trampa del 4×3 es una burla, trabajar 4 días y descansar 3 es una gran mentira y una forma de terminar de destruir un Código de Trabajo que costó vidas, muchos murieron para que esas garantías fueran aprobadas.
Esta trampa elimina el derecho sagrado a la jornada de 8 horas, en el mundo entero murieron miles y miles de trabajadores y trabajadoras para que fuera abolida la esclavitud de jornadas de 12, 16 o 24 horas.
¿Cuál es el objetivo?, explotación laboral, esclavitud laboral. Evitar pagar las horas extra, afectando su aguinaldo, su pensión, y echándose a la bolsa dinero que le corresponde al trabajador.
En todo caso, es una mentira de dimensiones universales. El proyecto hace creer que van a “descansar” 3 días, FALSO. El trabajador tendrá derecho a 1 día de descanso y los otros 2 deberá estar en disposición de “trabajar” tiempo extra, en otras condiciones económicas. ¿Qué trabajador le va a decir a su patrono que no quiere trabajar en sus 3 días de “descanso” ?, ninguno porque sería despedido de inmediato.
Trabajaría 4 días 12 horas, más el tiempo que el patrono decida que quiere en 2 de los otros días, salvando en día libre de toda la vida. Las 4 horas adicionales que trabajaría no son extras, no se las van a pagar.
Y a todo esto, ¿Dónde están las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer?, ¿Dónde está el INAMU?, por qué no se manifiestan en contra de este proyecto de Ley. La mujer trabajadora está por debajo de los hombres salarialmente y en muchos otros campos, pero sobre todo salarialmente. Además, muchísimas cumplen con dos o más jornadas, en sus hogares, con sus hijos y el esposo o compañero.
Aunque este nefasto Proyecto de Ley 4×3 afecta a toda la clase trabajadora, LAS MUJERES serán las más afectadas. En los hogares costarricenses, la madre y el padre que trabajan lo harán por 12 horas diarias, sin mejoras salariales, porque no hablan de aumento significativo de salarios, solo de jornada de trabajo. Si ya los hogares costarricenses, los del pueblo trabajador, padecen hambre, pobreza, miseria, ¿A dónde nos llevará este reproceso de 100 años en derechos humanos laborales?
La palabra la tiene la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales, del sector público y del sector privado, esto esclaviza a toda persona trabajadora.
Ellos están sincronizados, unidos, legislando en contra del pueblo, de la clase trabajadora, el sector empresarial que evade y elude impuestos y a la CCSS, que contrabandea y en algunos casos están ligados al narco, están unidos con aquellos a quienes pagaron sus campañas electorales para que salieran electos.
UNOS, urgen del pago extra, para redondearse un mejor salario.
OTRAS, no pueden trabajar jornadas extenuantes, porque tienen que asistir a sus familias en sus hogares después del trabajo.
A unos, los joden quitándoles posibilidades de urgentes ingresos extra. A otras, les entorpecen sus deberes en el hogar, al punto que hasta podría hacerles imposible trabajar jornadas agotadoras de 12 horas.
Se cae así en una grotesca explotación patronal, que erosiona derechos humanos y violenta el histórico proceso de avance de garantías laborales. No basta con que se matice diciendo que sería una medida «voluntaria», pues vislumbramos cómo muchos patrones entenderían esas jornadas «voluntarias».
Vivimos momentos históricos de retroceso en varios campos, entre ellos los sociales. La contrarreforma neoliberal pasa de lo económico a lo social y a los derechos humanos, retroceso más acentuado en unos países que en otros. En Costa Rica lo sentimos en la administración fenecida de Alvarado contra los derechos laborales y los intentos por desfinanciar la CCSS, para citar dos ejemplos. Pero continuará.
En EEUU se filtró el borrador de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que muestra una mayoría de 5 jueces, ultraconservadores, 3 de ellos nombrados por Trump, están a favor de revocar el derecho al aborto. Si el borrador se hiciera realidad cada uno de los Estados que conformar los EEUU tendrían libertad para decidir sobre los derechos reproductivos de las mujeres.
De esta forma se pondría fin a un derecho adquirido por las mujeres hace casi 50 años. La reacción del movimiento feminista ha sido enérgica contra la noticia ya que, según ellas, se obliga a las mujeres tener hijos contra su voluntad y bajo cualquier circunstancia, incluso es casos de incesto, violación o peligro para la vida de la madre. Sin embargo, según parece, la votación ya fue realizada en el mes de febrero pasado. Esto significaría la desaparición inmediata del derecho en 23 de los 50 estados.
Se recuerda que la eliminación de un derecho (asunto que ha sido históricamente casi único) se da en el país más rico del mundo pero con la mayor tasa de mortalidad materna del planeta según la OMS, sin acceso gratuito a la atención médica, que no tiene permisos por maternidad y no subvencionada las guarderías.
Lo que la gente se pregunta es ¿qué sigue? ¿La eliminación del matrimonio igualitario, la eliminación del estudio de género en las escuelas y colegios, el dominio de la cultura por lo religioso?
Es claro que todo avance en los derechos de las personas históricamente más desprotegidas, segregadas o discriminadas, como el caso de las mujeres y trabajadores, produce una reacción de las fuerzas más retrográdas y conservadoras. Los avances en los derechos humanos siempre están sometidos a los vaivenes de la política. Por eso es indispensable estar al lado de las fuerzas que aseguran ese progreso.
El movimiento feminista y, en general, el movimiento popular debe poner las barbas en remojo, cuando se avecina un nuevo gobierno de un Presidente que precisamente no se ha caracterizado por ser un gran defensor de los derechos de las mujeres y de las trabajadoras y trabajadores.
En Costa Rica casi un millón de personas obtienen su sustento mediante la economía informal, y gran parte en condiciones de precariedad, sin derecho a la seguridad social o la cotización a un régimen de jubilación. Ilustración Raquel Mora Vega.
Día Internacional del Trabajo
Cada 1 de mayo millones de personas trabajadoras marchan por sus derechos
Aunque desde 1889 en el mundo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, millones de personas aún no tienen las garantías mínimas que garanticen un ámbito laboral seguro y con un salario digno. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022, solo el 30 % está totalmente cubierto por sistemas de seguridad social en todas sus aspectos.
A pesar de que existen múltiples causas, una de las principales son las condiciones económicas en los países denominados “emergentes” y “en desarrollo”, en los que predomina el trabajo informal y las contrataciones bajo acuerdos entre patronos y personas trabajadoras donde se excluyen sus derechos fundamentales. Otros datos de la OIT calculan que la informalidad en esos países llega al 96% y que a nivel global el 61% de las personas obtienen sus ingresos por trabajos informales. Al desagregar los datos, las zonas rurales son las que muestran mayores porcentajes de informalidad, y es la agricultura la actividad en la que se ubican la mayor cantidad de personas en dichas condiciones.
En Costa Rica la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, incidió en un aumento de la informalidad. La última Encuesta Continua de Empleo publicada en enero 2022 mencionó que el 45 % de las personas se dedican a labores informales, en total unas 966 000, registrando un aumento atribuido a la pandemia sanitaria que redujo sensiblemente los ingresos de las familias costarricenses.
Con respecto a este tema, en Costa Rica las personas más afectadas por la informalidad están vinculadas a las actividades agrícolas y al sector cultural. Para colaborar en el empoderamiento de estas personas e incidir en las políticas públicas, dos proyectos de Trabajo Comunal, ejecutados mediante la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), enfocan sus esfuerzos en esa línea.
El primero es el referido al “Cumplimiento de los derechos laborales en las plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral” (TC-681); y el otro es sobre “Cumplimiento de los derechos laborales en el sector artístico y cultural y sus condiciones socio-económicas” (TC-754), ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En ambos casos, se realizan actividades de acompañamiento y asesoría a personas trabajadoras en instituciones públicas.
Creatividad en tono de precariedad
En el sector cultural costarricense hay una serie de problemáticas generalizadas, en parte porque el gremio es muy amplio y diverso, y en otra porque no existe una normativa que garantice que en el desempeño de su labor cuenten con todos sus derechos, afirmó la Lic. Karen Carvajal Loaiza, coordinadora del proyecto “Cumplimiento de los derechos laborales en el sector artístico y cultural y sus condiciones socio-económicas”.
Si algo caracteriza a las personas que trabajan por la cultura costarricense son las condiciones de precariedad, en las que predomina la informalidad, el subempleo, la subcontratación y la carencia de cosas que la mayoría asume como un derecho, como tener el seguro social o la posibilidad a una pensión al final de la vida laboral.
El TC-754 está en ejecución desde agosto de 2021, a raíz de la preocupación que la docente Carvajal conoció de un informe del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) sobre las graves afectaciones de la cultura producto de las restricciones sanitarias de la COVID-19. Por ejemplo, entre las personas profesionales de la música del sector estatal hay una problemática de larga data con respecto al tipo de jornada, ya que se les impone una prohibición de tener nombramientos parciales en distintas compañías, pues a criterio del MCJ se consideran distintas instituciones, aunque ambas están adscritas a ese ministerio; es decir, es el mismo patrono. Por el anterior motivo, se han dado despidos sin responsabilidad patronal aduciendo una prohibición sin fundamento, afirma la profesora Carvajal.
Adicionalmente, afirmó la coordinadora del TC-754, no existe uniformidad en el tipo de pago, las jornadas que implican las contrataciones y tampoco hay controles de cumplimiento de los derechos mínimos; pese a que en muchas de ellas está involucrado el Estado. Asimismo, falta reconocimiento del artista como un profesional, y a lo interno del propio MCJ se sigue discutiendo un manual de puestos para la carrera artística.
En cuanto a lo privado, aunque no existe un diagnóstico de la situación laboral del sector artístico, se podría afirmar a priori que el principal problema es el aseguramiento dada la inestabilidad del gremio, tanto así que muchas personas conjugan sus labores como artistas con otras labores distintas a su profesión, y en el caso de los subcontratistas no se sabe si cumplen o no con la normativa laboral costarricense.
Adicionalmente al trabajo realizado entre el sector gubernamental, se participó en el Simposio sobre la Condición Laboral de las Mujeres de las Artes Escénicas, realizado en enero pasado por el Colectivo de Mujeres en Escena. En el futuro, el TC-754 se abocará a organizar varias mesas de trabajo. Una de ella con entes estatales como el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social, el MCJ, y organizaciones gremiales para analizar las posibilidades de brindar el aseguramiento necesario. Y otros encuentros en los que se analizará cada uno de los problemas detectados durante este proyecto.
Carvajal concluyó que evidentemente existe una “ausencia de espacios de diálogo ante el Estado, esto limita la incorporación de los derechos de este sector en las políticas públicas. Esto genera que el Estado tampoco preste atención a las problemáticas, porque lamentablemente, en el derecho y a nivel del Estado no suceden cosas o no va a resolver ningún problema si no hay una demanda de los colectivos de esas necesidades”.
Las personas migrantes contratadas de manera irregular en el país carecen de garantías sociales, derecho a un seguro de salud y riesgos del trabajo y viven bajo amenazas de deportación por parte de algunos patronos, especialmente en regiones agrícolas. Foto Semanario Universidad.
La semilla de inequidad
El proyecto de Acción Social sobre el “Cumplimiento de los derechos laborales en las plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral” (TC-681) es otra iniciativa de la Facultad de Derecho de la UCR.
El TC-681 reúne el esfuerzo de estudiantes de diversas carreras, bajo la coordinación del Dr. Mauricio Castro Méndez, y tiene el objetivo de facilitar procesos de formación colectiva acerca de los derechos de las personas trabajadoras y al ejercicio de la ciudadanía social por medio del fortalecimiento de las capacidades de sus organizaciones.
El proyecto parte de la premisa que las organizaciones del sector agrícola tienen un rol relevante en la determinación de sus propias condiciones de trabajo y de vida en general, así como en el cumplimiento efectivo de sus derechos laborales. En la actualidad, el trabajo se enfoca en las zonas Caribe y Norte, acompañando a sindicatos de las plantaciones de banano y piña; y hace poco incursionaron en la región Chorotega, para brindar apoyo a personas trabajadoras de la caña de azúcar, en el Ingenio Taboga.
Este proyecto inició en el año 2017 con un objetivo muy concreto, ya que ese año entró en vigencia la reforma procesal laboral, que planteó nuevas normas. Además, que en Costa Rica en el sector privado existe una cultura antisindical muy virulenta hacia las personas que son parte de los sindicatos, como para quienes se afilian, explicó.
En los diagnósticos aplicados se han detectado una serie de problemas. Entre ellos, es que en materia de salud ocupacional se incumple la normativa; por ejemplo, no se aplica reglamento para prevenir el estrés térmico durante la jornada agrícola; o el existente sobre la aplicación de agroquímicos, para el que existe estrictos protocolos técnicos, “pero una cosa es eso y otros el biomonitoreo relacionado con la aplicación rutinaria en las aplicaciones”. En ambos casos, explicó el docente, se está desarrollando una estrategia para subsanar estos vacíos en las prácticas agrícolas.
En el tema de jornadas y salarios la principal irregularidad es que las empresas propietarias de las plantaciones “acuerdan” con las personas pago por hectáreas o cajas de productos; “pero la legislación indica que si ese pago resulta inferior al mínimo por la jornada regular se debe ajustar. Pero en muchas empresas que pagan a destajo no están haciendo el cálculo de lo que el trabajador debería recibir. Por eso, junto con el Ministerio de Trabajo se está diseñando una aplicación para calcular cuánto debería recibir por lo realizado”, dijo Castro.
Finalmente, otra situación sumamente grave, es la discriminación y abusos con motivo de la condición migratoria de la persona, sobre todo en la zona norte. “Un primer tipo de problema es que hay empresas que prefieren traer trabajadores en condición irregular porque son más vulnerables y no cuentan con la seguridad social, y hasta utilizan la amenaza de deportación cuando los trabajadores exigen sus derechos. Lo segundo es que en esa zona predomina un sistema de subcontratistas que brindan servicios a la empresa principal, y de esta manera esquivan sus responsabilidades legales. Aunque esto es un secreto a voces, en el resto del país existe un desinterés total sobre el asunto, y no fue hasta que las poblaciones migrantes fueron un foco de contagios por la COVID-19 que se les volvió a ver, pero al costarricense en general no le interesa la población migrante y sus derechos”, concluyó Castro.
Este equipo de la UCR trata de “identificar las problemáticas, buscar respuestas, generar documentos, manuales, guías o videos para facilitarle a las personas trabajadoras sobre las mismas”, explicó el docente Castro. Otros de los productos generados son el diseño de propuestas, capacitaciones o estrategias de incidencia; a veces por una organización o una plataforma conjunta; y en otros casos se trata de aportar información como entrarle a los procesos que se están viviendo en casos particulares, detalló.
Una conmemoración sellada con sangre
A finales del siglo XIX las jornadas laborales eran de 16 horas diarias; y las fábricas operaban en condiciones insalubres y alto riesgo para la vida de las personas. Para ese periodo, los Estados Unidos se habían convertido en un importante centro del desarrollo impulsado por la Revolución Industrial.
El 1ode mayo de 1886 inició una huelga en la ciudad de Chicago que terminó tres días después, y se exigió el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas. Tras las revueltas se desconoce a ciencia cierta el número de fallecidos y heridos; pero quienes pasaron a la historia fueron ocho dirigentes que luego se conocerían como los “mártires de Chicago”. Posteriormente, el Congreso Internacional de Trabajadores, realizado en París en 1889, declaró el 1ode mayo como el Día del Trabajo y desde entonces cada año las personas trabajadoras marchan por las ciudades del mundo en pro de sus derechos laborales, garantías sociales para sus naciones y en protesta contra los proyectos de Estado que atentan contra las mismas.
En Costa Rica, la primera marcha ocurrió el 1ode mayo de 1913, por iniciativa de educadores ilustres como María Isabel Carvajal -Carmen Lyra-, Omar Dengo y Joaquín García Monge. Con el surgimiento del Partido Comunista en 1931, de la mano de Carvajal y Manuel Mora, entre otros intelectuales, la fecha tomó fuerza, hasta la proscripción de esa agrupación política y el encarcelamiento, destierro y asesinato de sus líderes tras la conclusión de la confrontación bélica de 1948, de la que se declaró ganador José Figueres Ferrer.
Eduardo Muñoz Sequeira, Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
El pasado viernes 29 de abril el programa Alternativas celebró un programa especial en conmemoración del 1 de mayo titulado “Unidad para la defensa y ampliación de los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos de nuestro pueblo”. Este programa estuvo en el marco de un contexto nacional de relevancia en cuanto al cambio de gobierno y los retos que se avecinan para la ciudadanía y las comunidades costarricenses.
Este programa especial contó con la participación de activistas y expertos como la abogada Ericka Álvarez, la investigadora y presidenta del CCPJ de Palmares Raquel Sagot, la integrante de la Coordinadora Popular de Occidente Dayana Ureña y el estudiante de Ciencias Políticas Isaac Zamora.
Entre los temas abordados se encuentra la enorme desigualdad existente entre la clase trabajadora costarricense versus las personas más ricas del país, los deberes de la clase trabajadora para consigo misma orientados hacia información, organización, formación y acción. Esto con el fin de hacerle frente a la flexibilización laboral y el neoliberalismo.
En la segunda ponencia se habló sobre la dignidad y el reconocimiento de la clase trabajadora. Se analizaron los efectos de la pandemia que expuso a este sector a una violación flagrante de los derechos laborales y el debilitamiento de la seguridad frente a los intereses económicos, las políticas de las transnacionales.
Otra exposición giró en torno a los derechos culturales, la lucha de la clase trabajadora por espacios para el desarrollo cultural desde el ámbito cantonal y nacional. En este sentido, la expositora señala que “la cultura en las comunidades ayuda a que las personas tengan mejor calidad de vida, mejor educación y esto genera otros cambios como los cambios sociales y los cambios económicos. Puede repasar nuevamente este programa especial de Alternativas y el resto de exposiciones y comentarios mediante el siguiente enlace: https://www.facebook.com/watch/AlternativasGrecia/
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La semana pasada, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Palma (Sitrapa), Dania Obando, lanzó un nuevo grito de alerta por la grave situación a la que se enfrentan trabajadoras y trabajadores de la empresa Palma Tica (Grupo Numar). Sobre esta situación, La Rel conversó con Maikol Hernández, secretario general de la Fentragh.
Giorgio Trucchi | Rel UITA
Maikol Hernández | Foto: Giorgio Trucchi
En la agroindustria costarricense, las empresas han venido desarrollando y consolidando una serie de estrategias antisindicales, como por ejemplo la creación de asociaciones solidaristas y comités permanentes.
El objetivo es desplazar a las organizaciones sindicales, suplantar la negociación colectiva y mantener a los trabajadores ‘bajo control’, minimizando de esta manera la demanda de mejores condiciones laborales y salariales.
El uso de sindicatos paralelos afines a la empresa para obstaculizar el trabajo de afiliación sindical es otra de las estrategias implementadas por las patronales.
“Quienes deciden organizarse en sindicato se enfrentan a fuertes medidas de represalia. Las empresas, en especial las transnacionales, arremeten con más fuerza contra los dirigentes, quienes, por su ‘atrevimiento’ son perseguidos, colocados en las labores más difíciles, castigados, despedidos, puestos en listas negras”, explicó Hernández.
Arremeten contra Sitrapa
Desde su constitución, el Sitrapa ha sufrido una feroz arremetida de parte de la patronal.
A través de un sindicato amarillo, la empresa aprovecha la necesidad de los trabajadores y los convence a desafiliarse a cambio de ayudas económicas o préstamos.
El objetivo es desfinanciar y desmovilizar al sindicato obrero.
Otra estrategia que denuncia Sitrapa es el uso de médicos de empresa, cuyo verdadero rol no es el de cuidar la salud del trabajador, sino minimizar los accidentes laborales y así evitar que los casos lleguen al seguro social.
De esta manera, la empresa reduce los costos de las pólizas de riesgo trabajo.
“Trabajadores y trabajadoras se convierten en simple mercancía, desgastados, lesionados, enfermos. Y lo peor es que las autoridades del trabajo saben lo que pasa en estas empresas y siempre se hacen de la vista gorda”, lamentó Hernández.
Lo que sufren las mujeres
La situación quizás más escandalosa en Palma Tica es la que viven las mujeres trabajadoras.
Dania Obando denunciaba lo que sufren por la falta de voluntad de la empresa para instalar servicios sanitarios en el campo, garantizar medidas mínimas de higiene, establecer áreas donde ingerir alimentos y repararse en caso de tormentas.
“Hay normas que obligan a las empresas a garantizar ciertas condiciones en materia de salud laboral, sin embargo, parece que a Palma Tica no le importa. Es vergonzosa la situación en que son obligados a trabajar”, explicó el secretario general de Fentragh*.
Finalmente, Hernández señaló graves anomalías en la fijación del salario por parte de la empresa. También en este caso, las autoridades laborales brillan por su ausencia.
“Ponen metas de producción y tarifas a como les da la gana. Los trabajadores llegan agotados al final del día. A veces, ni siquiera logran cumplir con la tarea encomendada.
Es una verdadera autoflagelación que deja al trabajador con su físico debilitado, para poder ganar un poco más y así sustentar sus necesidades básicas”.
Desenmascarar a los culpables
Ante esta situación, Fentragh y Rel UITA están planificando una serie de acciones para acompañar al Sitrapa en esta lucha por la defesa de la libertad sindical y los derechos de las y los trabajadores.
“Durante casi tres años hemos venido denunciando lo que estaba pasando y nadie nos hizo caso. Estamos dispuestos a negociar, pero también estamos listos para la lucha.
Vamos a exigir que las nuevas autoridades nacionales actúen. No vamos a permitir que la empresa y sus testaferros desarticulen un sindicato que tanto sacrificio, compromiso y entrega ha costado”, concluyó Hernández.
Le invitamos este 1 de mayo a la marcha del día internacional de las personas trabajadoras, un día para conmemorar y no parar celebrar en busca de un modelo social inclusivo, solidario y distribuido y con el fin de humanizar el trabajo. La marcha tendrá lugar este domingo 1 de mayo de 2022 a las 9:00 a.m. en el costado noroeste del Parque Central.
“Vamos a hacer un país de propietarios y no de proletarios”, repetía una y otra vez Luis Alberto Monge en las décadas del 70 y 80. Era el mensaje de la socialdemocracia frente a los marxistas y comunistas; era también el auge del cooperativismo y la distribución de la tierra, de las “jugosas” convenciones colectivas del sindicalismo liberacionista, del poderoso movimiento comunal. De ese mensaje ya no queda nada.
Liberación Nacional apuesta ahora por la proletarización de los costarricenses mediante los proyectos de zonas francas que extenderán a las zonas rurales, fronterizas y costeras. El PLN hace ahora un país de proletarios y no de propietarios, invirtiendo su lógica social, con la consiguiente pauperización de las condiciones sociales.
El proyecto de ley para extender las zonas francas fuera del GAM se propone, según él, llevar trabajo y progreso a las regiones más pobres del país. Después de lo que escribí ayer sobre este tema, me quedó una duda: ¿por qué esas zonas son tan pobres? ¿Qué las hace ocupar los últimos lugares del índice de desarrollo humano? ¿Es que en ellas no se produce nada, no hay empresas o inversión?
Integrando los tres indicadores de IDH, IDH-D e IDH-G, es posible establecer la profundización de una brecha territorial que ubica a los cantones del Caribe (Matina, Talamanca), del Norte (Los Chiles, Upala, Guatuso) y de la Zona Sur (Buenos Aires, Osa, Coto Brus) en los últimos lugares de la última década, se dice en los informes del Atlas de Desarrollo Humano.
Los cantones más pobres del país son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí, Osa y Matina, según el Atlas de Desarrollo Humano de 2021.
Si el análisis se hace por provincias, se observa que Limón presenta una condición particular al ubicar la mayoría de sus cantones por encima del promedio nacional de pobreza. En otras palabras, Limón es la provincia más pobre de Costa Rica.
¿Hay producción y empleo en esos cantones? Llama la atención que las grandes producciones de piña y banano se encuentran en esas regiones, las más pobres del país. La principal zona productora de piña es la Región Huetar Norte, donde están los cantones de Los Chiles, Guatuso, Upala y Sarapiquí y Buenos Aires de la Región Brunca, entre los 15 más pobres.
Los principales cantones que actualmente producen banano son Sarapiquí, Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón, Talamanca, siendo que la mayor concentración de producción del Banano se ubicada en la zona del Caribe, generando con esto alrededor de un 76% de la mano de obra local. Estos también están entre los cantones más pobres del país.
La producción de banano, según Corbana, genera el 76% de la mano de obra de Limón, lo cual significa que tres cuartas partes de los trabajadores limonenses trabajan en las plantaciones bananeras. Sin embargo, Limón es la provincia más pobre del país.
¿Por qué las producciones de banano y piña no producen desarrollo humano, sino más bien pobreza? Esa es la cuestión a plantearse y no la de llevar más salarios de hambre con zonas francas. No hay ningún indicio y estudio de que nuevas zonas francas en zonas rurales puedan cambiar esa realidad de pobreza en esas regiones, a menos que el Estado y su Gobierno se involucren en políticas de apoyo a los sectores poblacionales más empobrecidos.
Como ha escrito German Masís en SURCOS Digital (https://wp.me/p6rfbZ-dgc): “En este sentido, el Atlas muestra la necesidad de orientar acciones de política pública que mejoren el desempeño de las instituciones del Estado costarricense, entre ellas resalta el fortalecimiento del sistema educativo, la atención de las realidades cantonales de manera diferenciada y la integración de poblaciones tradicionalmente excluidas, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, la población afrodescendiente y las personas con discapacidad (ElPaís.cr,5-11-2020)”. Agregaría que es impostergable la revisión por parte del Gobierno de las políticas salariales en ese sector productivo y los derechos laborales.
Las zonas francas no son la solución, son parte del problema. La OCDE y el presidente Biden (que aclaro que NO son comunistas para orientación de algunos despistados) han recomendado la eliminación de las exoneraciones fiscales como método de atracción de inversiones. El camino, han dicho, es que esas empresas tributen. Pero aquí andamos por el camino inverso. Mientras el mundo viene, nosotros vamos.
Una vez más nos toca hablar de Palma Tica (Grupo Numar) y de sus empresas subsidiarias en Costa Rica. Además de seguir rehusándose a instalar servicios higiénicos en las plantaciones y acondicionar lugares dignos para el consumo de alimentos, no pierden ocasión para tratar de debilitar al sindicato y desgastar a sus dirigentes.
Giorgio Trucchi | Rel UITA
Con Dania Obando
“Hay toda una estrategia de la empresa para levantarle el perfil al sindicato patronal e invisibilizar al nuestro. Con eso engañan a los trabajadores y pretenden quitarnos afiliados”, dijo a La Rel, Dania Obando, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma (Sitrapa).
Ejemplo de ello es la decisión de la dirigencia de Palma Tica de no aceptar dos propuestas del Sitrapa acerca de la entrega de un bono trimestral y el acceso a préstamos de emergencia para trabajadores y trabajadoras.
“Nunca nos hicieron caso, pero cuál fue la sorpresa cuando nos dimos cuenta que estos mismos beneficios se los dieron al sindicato patronal en otra finca de la empresa”, lamentó Obando.
De esta manera y con el uso de artimañas, la compañía palmera busca debilitar a la organización más combativa y beligerante.
“Hay una presión insoportable para que los trabajadores se desafilien del Sitrapa. No ha parado la campaña antisindical de la gerencia de la empresa. Quieren desgastarnos”, advirtió.
Mujeres las más afectadas
Otros temas muy delicados que Palma Tica no ha querido abordar, ni resolver son el de la instalación de servicios sanitarios en el campo, el cuidado de la higiene personal y las áreas donde ingerir alimentos.
“En especial las mujeres trabajadoras somos las que más sufrimos estas condiciones. Nos toca hacer nuestras necesidades al aire libre, limpiarnos como podemos y ni siquiera tenemos para lavarnos las manos antes de comer.
La situación se complica aún más –continuó la dirigente sindical– cuando tenemos nuestro período. Esto es vergonzoso y se convierte en un tema de dignidad”.
En una carta enviada recientemente al gerente general de la empresa, Obando aseguró que ella y el sindicato no descansarán hasta lograr la instalación de los servicios higiénicos y de lugares dignos donde consumir los alimentos.
“Hablamos de una empresa que está certificada internacionalmente. Basta ya de jugar con la dignidad de las personas”, concluyó.
Ante esta situación, se desarrollarán acciones que contarán con el apoyo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh) y la Rel UITA.
En especial, la falta de solución al tema de los servicios sanitarios detonará en una campaña de denuncia internacional, que involucrará también a las autoridades del trabajo, responsables de no exigirle a Palma Tica el cumplimiento de las normas de salud laboral.
La CorteIDH condenó al estado guatemalteco por despedir a 65 trabajadores del Organismo Judicial de ese país por participar en un movimiento de huelga que fue declarado ilegal.
Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría poner freno a las legislaciones que pretenden restringir el derecho de huelga en distintos países, incluyendo Costa Rica.
El pasado 26 de enero de 2022 la mencionada Corte comunicó la sentencia en el caso «Extrabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala» e informó que encontró al estado de ese país responsable internacionalmente «por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 65 personas extrabajadoras del Organismo Judicial de Guatemala despedidas por su supuesta participación en un movimiento de huelga que fue declarado ilegal».
La Corte IDH resolvió de manera unánime que ese Estado era culpable por la violación a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los demandantes y también, acordó por mayoría (seis votos contra uno) condenar a Guatemala por violar el derecho a la huelga, la libertad de asociación, la libertad sindical, el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral.
La huelga de los trabajadores del Organismo Judicial se dio en 1996 y fue declarada ilegal por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, por lo que los participantes fueron despedidos. La Corte Interamericana resolvió que al «haber ejecutado los despidos como consecuencia directa de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, sin un procedimiento previo e individualizado, violentó el derecho al debido proceso de las víctimas». Además, al no establecer un procedimiento claro para que se impugnara la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la Corte consideró que el estado violentó el derecho a la protección judicial.
El tribunal internacional indicó que «el criterio de legalidad de la huelga es un elemento central respecto de la posibilidad de ejercicio del derecho de huelga», por lo que las condiciones y requisitos que la legislación establezca para que una huelga se considere legal «no deben ser complicados al punto de producir que en la práctica resulte imposible una huelga legal».
«Si bien se pueden establecer condiciones para ejercer el derecho de huelga en el marco de la negociación colectiva, estas condiciones deben ser razonables y en ningún momento deben afectar el contenido esencial del derecho de huelga, o la autonomía de las organizaciones sindicales», indicó el Tribunal, que también señaló que la legislación del momento establecía «limitaciones arbitrarias» al derecho de huelga, a la libertad de asociación, a la libertad sindical y afectaba el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.
Esta resolución, según representantes de organizaciones sindicales y especialistas en temas judiciales podrían poner en jaque las normativas que pretenden restringir las huelgas en la región, como es el caso de la Ley N° 9808 «para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos», mejor conocida como Ley Anti Huelgas.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) celebró la sentencia afirmando que «su afiliación puede estar segura» tras la resolución. «Anep se viene preparando para litigar en la Corte IDH por las violaciones de Derechos Humanos que vienen ocurriendo en el país. Será un precedente de gigantesco impacto político-social y económico», comunicó la organización.
En entrevista con UNIVERSIDAD, el secretario general de la organización, Albino Vargas, dijo que el sindicato en conjunto con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos está preparando litigios sobre derechos humanos a nivel internacional. Entre otros temas, esperan llevar ante la corte violaciones al derecho de huelga, a la negociación colectiva, al salario mínimo (incluso en el sector privado) y violaciones a derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas que consideran, se dan con la aprobación de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y la Ley marco de empleo público.
«Esto que resolvió la Corte en el caso de Guatemala es un anticipo de las vicisitudes que enfrentará el estado costarricense por emitir legislación violatoria de los derechos humanos consagrados en el sistema internacional», dijo el sindicalista.
Además recordó que en mayo del 2021 la misma corte emitió una opinión consultiva sobre la libertad sindical, el derecho de huelga y negociación colectiva (OC-27/21) que es de acatamiento obligatorio para el país, lo que sumado a la reciente sentencia, dice, «augura la muerte de la Ley Anti Huelgas».
«Esta Opinión Consultiva llegó en un momento importante porque es que la Sala renunció a la defensa de los derechos sociales que consagra la constitución y está alineada al poder económico y dominante, que es de corte neoliberal», agregó.
El sindicalista dijo que así como el país tuvo que incorporar, «en contra lo que querían el Ejecutivo, la Sala y la Asamblea Legislativa» el matrimonio igualitario y la fertilización in vitro a la legislación como consecuencia de decisiones de la CorteIDH, esperan que «pasen cosas semejantes en relación con derechos sindicales, salario mínimo, derecho a la huelga e incluso, en el caso de las condiciones en las pensiones».
Jorge Morales, jurista y ex secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), comentó que aunque las organizaciones del Poder Judicial aún no han realizado un análisis minucioso de la resolución, sí consideran que «llama poderosamente la atención pues sienta un importante precedente».
Además, recordó que durante la discusión de la mencionada ley, se emitieron informes por parte del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye; el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, señalando la incompatibilidad del texto con los tratados de Derechos Humanos de los que Costa Rica es firmante.
«Sin duda —dijo Morales— esta sentencia es un elemento importante que debe tomarse en cuenta. Las nuevas autoridades costarricenses deberían poner las barbas en remojo, viendo que las del vecino están ardiendo, esto debería ser motivo de alarma porque una condenatoria en cuanto a desprestigio, costos y demás sería peor incluso en términos fiscales, que la derogación o modificación de esas normativas que vulneran derechos», dijo.
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