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Etiqueta: derechos laborales

Recuperar un rumbo perdido

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes
San José, 25 de julio del 2025

Busquemos un punto de partida, un inicio de camino: desde mi punto de vista, más que la abolición del ejército, de consecuencias mucho más radicales para el país fue la nacionalización de los depósitos bancarios. Por algo fue también por ahí donde empezó el ataque al sector público.

Esa pelea formidable, ese debate político en el que se construía una forma de nación, se perdió. Derrota nunca más evidente que cuando el director de La Nación se transformó en ministro y embajador de quien, desde adentro, minaba las bases del mundo que construyó Figueres. Un día dijo Figueres que le quedaba pendiente la tarea de quemar La Nación. Era, naturalmente, una alegoría. Era una forma de reconocer lo mucho que el periódico representaba contra las ideas por las que él había luchado.

Hoy hablan de los peligros que corre la democracia en Costa Rica. Es una visión corta, en mi opinión. Los peligros son antiguos. Ninguno contribuyó más a eso que el líder más lúcido de ese proyecto desquiciador. En beneficio propio, manoseó la constitución, el Poder Legislativo, el Judicial. ¿Para qué? Para aprobar un proyecto desarticulador del sector productivo nacional, para avanzar en la privatización de las telecomunicaciones y echar a andar, de manera lesiva para los intereses nacionales, la privatización de las obras públicas. El ejemplo de lo que ocurre con la ruta 27 a Caldera nos recuerda, todos los días, los perversos mecanismos encargados de desmontar una capacidad pública eficiente, para transformarla en un negocio privado, a costa de los costarricenses.

¿Cómo sorprendernos del desencanto con la democracia?

¿Ningún daño ha hecho a nuestra institucionalidad el manoseo de los tres poderes para satisfacer ambiciones personales desmedidas? Ese tipo de acciones son como echar un químico corrosivo en los engranajes que mueven la historia. Los va trabando, corroyendo. Lo modosito de las propuestas, los BMW y los Mercedes ofrecidos, son solo humo de paja, hipocresía que la brutalidad del “memorando del miedo” desnuda.

Hay quienes piensan que todo eso es cosa vieja. Del pasado. Y no se explican cómo hemos podido llegar tan lejos y tan hondo, ni a esa lógica que, después de un Alvarado, entrega el país a un Chaves. Aparece uno, vivo, que toca los puntos sensibles, los más vulnerables. El primero, esa cúpula ambiciosa, de visión corta, insaciable. Luego los otros poderes, la prensa… Lo llaman –no sin algo de razón, en mi opinión– la “Red de Cuido”. La manera chabacana como lo dicen –además– encanta a muchos.

Asaltan el Estado gentes sin antecedentes políticos alguno. Sin historial, ni capacidades. Sin propuestas ancladas en lo mejor de la historia nacional. Pero con estilo. Para un sector importante del electorado, es suficiente el dedo apuntado a los responsables de la demolición hecha en los últimos 50 años. De la que ellos mismos son acabados representantes.

Nos toca recuperar un rumbo perdido

Nos toca recuperar un rumbo perdido. No es volver atrás. Es avanzar sobre las bases que hicieron de Costa Rica una excepción, las mismas que, desde hace casi 50 años, han venido demoliendo sistemáticamente. Bases tan sólidas que, pese a todo, no han podido ser demolidas del todo. Algo queda, inclusive en la memoria de los costarricenses.

No se trata de gritos sobre una democracia en peligro. Ese peligro, como hemos visto, viene de larga data. Hace falta la defensa de lo público. En vez de terminar de deshacer el ICE, de vender el BCR, de avanzar en la privatización de la salud, de la educación, en la destrucción de la CCSS, sería prudente reconstruir los fundamentos que hicieron posible que el país creciera con imaginación, sobre la base de recursos propios, sin perder de vista los derechos de las mayorías. Sin renunciar a un lugar en el escenario internacional. Pero no un lugar subalterno, mediocre (como una “zona franca”, sugieren algunos). Participar con lo nuestro. Llevar nuestra banca a los mercados internacionales. El ICE a Centroamérica y más allá; ¿por qué no? en vez de destruirlo. Me parece que es lo que tiene sentido.

Un programa para el 2026 que llene de aire nuevo, de lucidez, una pelea en la que se juega una forma de construcción del país.

Asientos cada vez más incómodos

No hemos ido por ese camino. Permítanme ilustrar la idea con un ejemplo. Leí hace unos días un artículo con el curioso título “No son imaginaciones tuyas, el asiento de los aviones es cada vez más incómodo”, publicado en Xataka, por su editor, Miguel Jorge. Habla de la reducción del tamaño de los asientos en los aviones. De la historia de ese proceso, de su origen, de su lógica.

Antes de 1978, dice, “las aerolíneas en Estados Unidos funcionaban como servicios públicos regulados. Las tarifas, rutas y estándares básicos (incluidos el espacio entre asientos y el trato al cliente) eran supervisados por el gobierno federal. Los billetes eran más caros que hoy, pero incluían servicios como equipaje facturado, comida y asientos con dimensiones acordes al cuerpo humano medio”.

Pero el escenario cambió de forma drástica con la Airline Deregulation Act. “Una legislación que abrió el sector a la competencia en nombre del libre mercado”.

La promesa –agrega Jorge– “era que las tarifas caerían y el servicio mejoraría. En la práctica, tras una breve explosión de nuevas compañías, el mercado se consolidó rápidamente hasta el oligopolio actual: cuatro aerolíneas (American, Delta, United y Southwest) controlan el 80% del mercado estadounidense”.

En ese nuevo entorno de “libre competencia” la eficiencia operativa era la prioridad absoluta. La reducción del espacio disponible para cada pasajero era la herramienta clave para aumentar los márgenes de ganancia sin subir los precios.

“Esta reducción ha llegado a un punto crítico: estudios señalan que más de la mitad de los pasajeros ya no caben cómodamente en los asientos estándar”. El espacio entre asientos, que los años 80 del siglo pasado era de 90 cm en media, se redujo a 80 en aerolíneas regulares y a 70 en las low cost, mientras el ancho de los asientos se reducía 5cm.

En Europa la pérdida progresiva de espacio, servicios y comodidad a bordo, comenzó un poco más tarde, en la década de 1990, dice Jorge. Su detonante regulatorio fue la liberalización aérea europea, que se desarrolló entre 1987 y 1997. “El punto de inflexión más claro fue el llamado Tercer Paquete de Liberalización (1992-1997), que culminó en la creación del cielo único europeo, permitiendo que cualquier aerolínea de la UE operara libremente dentro del espacio comunitario sin restricciones de rutas ni tarifas”.

La reducción del tamaño de los asientos, concluye Jorge, no es una anomalía puntual, sino una manifestación tangible del modelo económico implantado desde 1978, “un sistema que ha priorizado la eficiencia económica sobre la salud y la dignidad del pasajero”.

Ese proceso de reducción del espacio de los asientos es el mismo iniciado aquí con la privatización de los servicios, de los bancarios, de obra pública, de educación, de salud, de telecomunicaciones, siempre con la promesas de mayor competencia, de mejores servicios, de precios más bajos, el mismo engaño que hace que hoy una cantidad importante de personas ya no quepa cómodamente en el asiento del avión.

El proyecto 4×3

Nos prometen grandes beneficios con el proyecto 4×3: 12 horas de trabajo, cuatro días por tres de descanso. Aseguran que, beneficiadas las empresas, crecerán las inversiones y los trabajos mejor pagados. ¡Cómo iba a ocurrir al eliminar las regulaciones en el transporte de pasajeros en aviones!

Andrea Castro Tanzi, una mujer vinculada al mundo de los negocios, hace un notable análisis de las consecuencias de ese proyecto, en un artículo publicado en Delfino, el pasado 28 de junio. Explica como ni el carácter “voluntario” de la medida, ni los beneficios para la vida de los trabajadores funcionarán en la práctica. Entre esos “beneficios” se incluyen un mejor balance vida-trabajo, la reducción de estrés, una mayor satisfacción laboral y mejor salud mental y física. “¡Lindísimo!”, afirma Andrea Castro.

“Tengo que reconocer que este proyecto aporta altos beneficios económicos”, agrega. “Las empresas que la implementen obtienen reducción en costos laborales del 23% al 28%, promedio 25%”.

Pero –señala– esa evidencia se basa en días laborales de ocho horas. No de doce, como plantea este proyecto. “Una jornada de doce horas significa mínimo catorce fuera de casa, en un país donde el transporte público no es continuo ni eficiente, menos en zonas alejadas”.

Con estos horarios, muchas mujeres tendrían que trabajar hasta quince horas al día, por cuatro días seguidos, sin sumarle las horas de traslado. ¿Cuándo descansarían?, se pregunta.

No es difícil estimar que los resultados de este proyecto serán los mismos que los logrados con la desregulación de los servicios aéreos. En teoría, dice Castro, las empresas “podrían usar estas reducciones para bajar tarifas y ser más competitivas”. Pero “la evidencia sugiere que entre el 80% y el 90% de las reducciones de costos laborales lo que producen son mayores márgenes de ganancias”.

Además, estudios de la Cepal muestran que, en América Latina, reducciones agresivas de costos laborales generan empleos precarios y temporales, no necesariamente estables o dignos.

La conclusión es que “los grandes beneficios de esta Ley no parecen ser para quienes se sacrifican. Los empleados ganarían 23-28% menos en ingresos netos por eliminación de horas extras”.

“La CCSS también pierde: menos contribuciones y mayores costos de atención por deterioro físico y mental de jornadas extendidas. Si cada trabajador bajo este esquema aporta 25% menos, pero requiere más atención médica por los riesgos asociados a jornadas de 12 horas, la matemática no cuadra”.

“No puedo evitar preguntarme por qué quienes gobiernan y legislan están empeñados en aprobar una ley que afectará al 6% de la población, imponiendo jornadas prolongadas y reducciones salariales con repercusiones sobre miles de familias”, concluye.

Deportar a los nacionales

Me parece que pocas decisiones recientes revelan mejor la desorientación política que impera en el país. La Asamblea Legislativa aprobó en mayo pasado –de manera unánime– una reforma al artículo 32 de la Constitución que autoriza la deportación de ciudadanos nacionales en casos de narcotráfico y terrorismo.

Cerca de un mes después, el 24 de junio, aprobó –de nuevo por unanimidad– dispensar de trámite, evitar su discusión en comisión, el expediente 25.036, de “Reforma a la Ley de Extradición”. Se trataba de poner al día la ley, de acuerdo con la reforma constitucional aprobada un mes antes, luego aprobada también por unanimidad.

En realidad, se trata de una reforma con destinatario único: darle a Estados Unidos el derecho de intervenir en el funcionamiento de nuestro estado de derecho. A partir de entonces quedan los ciudadanos costarricenses a disposición de los tribunales y de los diversos órganos policiales de los Estados Unidos. Ellos decidirán de quienes les interesa solicitar la extradición, cuándo hacerlo, mientras aquí este gobierno (y otros, que vendrán) se sentirán encantados con esta nueva arma política ahora disponible.

¿Es la justicia norteamericana particularmente eficiente en la represión del crimen en su país? ¿Muestran algún avance en la represión a la delincuencia organizada? ¿Contribuye eso a fortalecer el sistema judicial costarricense? ¿Implica eso mayor justicia en el país? ¿Son Colombia, o México, países más seguros gracias a la posibilidad de extraditar a sus ciudadanos a Estados Unidos?

Me parece fácil responder con un “no” a todas esas preguntas. Pero aquí ni un solo diputado –¡ni uno solo! – se opuso a una ley que no resuelve ningún un problema. Y que, como veremos, provoca muchos otros.

No se trata de extradiciones solo por delitos comunes, sino también los políticos, pues no otra cosa es la calificación de “terrorista”, como nos recordaba Caitlin Johnstone, una periodista, ensayista, pintora, poeta, basada en Melbourne, Australia. “Terrorismo es solo una etiqueta que significa cualquier cosa que los países de Occidente necesiten”, afirma. Me parece que tiene bastante razón. Y aunque algunos digan que los tribunales costarricenses tendrán la última palabra en esa calificación, no me parece difícil suponer que la decisión, además de jurídica, será también política.

Un país no debe entregar a sus ciudadanos (aun los más miserables) a la justicia de otros países. Es su responsabilidad juzgarlos. Estados Unidos, desde luego, no lo hace. Y me parece una vergüenza que ni un solo dirigente político haya rechazado esa medida. ¡Nada refleja mejor la crisis política que vivimos!

Avanzar sobre las bases que hicieron de Costa Rica una excepción

El pasado 11 de julio el diario español El País publicó una entrevista con el político, diplomático y escritor francés Dominique de Villepin. Es un hombre de derecha, que se refería a los desafíos que enfrentan los países europeos. “Hemos visto crecer a los partidos extremistas”, afirmó, una polarización que provocó tensiones, “haciendo olvidar la realidad de unas políticas que no han sido ambiciosas ni fieles al espíritu republicano”.

¿Cuáles?, se preguntó el periodista. “Una clave es la degradación de los servicios públicos. La escuela, los hospitales y todo lo que formaba el sentimiento de protección”, afirmó.

Me parece que da en el clavo: ¡la degradación de los servicios públicos! Es la esencia del neoliberalismo: las privatizaciones.

Faltan pocos meses para las elecciones del año que viene y no aparecen alternativas. ¿No será posible conformar un grupo capaz de diputados cuyo objetivo sea revertir la degradación de los servicios públicos? ¿No tendríamos ahí una razón para votar con esperanza?

Naturalmente, no todo se podrá hacer a corto plazo, pero hay que reivindicar la idea, sembrar la esperanza.

¡No es demasiado tarde para intentarlo! Creo que vale la pena.

FIN

Este 3 de agosto celebramos el Día Nacional del Trabajador Bananero: su significado histórico

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora
Catedrática jubilada, U.C.R.

Sería imposible comprender la consolidación del Estado costarricense sin tener en cuenta el invaluable aporte de nuestra clase trabajadora. Ésta, compuesta por hombres y mujeres del campo y la ciudad, participó decididamente, con su creatividad y entrega, en darle impulso a la economía nacional para la agroexportación. Primero, con la expansión del cultivo del café, el cual se convirtió en la base material del posterior desarrollo nacional y, luego, con el incremento de nuevos cultivos, particularmente el del banano en la zona atlántica.

Con la expansión de la producción bananera, ocurrieron cambios profundos en el panorama económico nacional y en la composición de la clase trabajadora costarricense. En lo sucesivo, la aparición de los nuevos obreros agrícolas contratados por la United Fruit Co. vino a modificar, definitivamente, el mundo del trabajo de nuestro país. Surgía así una masa asalariada proveniente de diferentes puntos del territorio nacional y desprovista de las mínimas condiciones para sobrevivir con dignidad. La mayoría eran varones que dejaban su tierra y sus familias, llegaban a las plantaciones bananeras contando tan solo con su fuerza de trabajo para vendérsela a la UFCO, a cambio de un salario, casi siempre insuficiente.

Fueron aquellas condiciones las que permitieron el surgimiento de la conciencia de clase entre los miles de trabajadores que se trasladaron desde comienzos del siglo XX hacia los bananales del Atlántico.

Con paciencia y valentía, aquellos trabajadores fueron forjando su espíritu de lucha ante las injustas condiciones en las se veían obligados a vender su mano de obra. Los bajos salarios, las pésimas condiciones de vivienda, los graves accidentes de trabajo y los altos precios que cobraban los comisariatos -también propiedad de la UFCO- fueron algunas de las razones que alimentaron su espíritu de lucha.

Desde principios del siglo XX, los trabajadores bananeros comenzaron a recurrir a los paros de labores para reclamarle a la UFCO condiciones más justas, sobre todo durante las crisis económicas provocadas por la Primera Guerra Mundial y, luego, por la crisis mundial de 1929. Su conciencia colectiva iba madurando.

Pero no fue sino hasta 1934, cuando persistían los efectos de la Gran Depresión de 1929, que se pudo palpar más claramente la aparición de la conciencia obrera en el seno de los trabajadores bananeros. El desarrollo de uno de los movimientos sociales más estremecedores de aquella época, la histórica huelga bananera del Atlántico, entre agosto y setiembre de 1934, marcó para siempre la historia de los bananales costarricenses.

En aquella ocasión, unos diez mil trabajadores contratados en las diversas fincas bananeras de la zona atlántica lograron ponerse de acuerdo y decretaron una huelga general. Exigían mejores salarios, viviendas dignas, pago en efectivo para eliminar los cupones que solo podían cambiar por mercadería en los comisariatos de la misma Compañía, botiquines con medicamentos de primera necesidad, cobertura de la Ley de Accidentes de Trabajo y, estratégicamente, algo muy importante, el reconocimiento legal del Sindicato de Obreros del Atlántico y demás organizaciones sindicales del país.

Ese pliego de peticiones lo recibieron el día 4 de agosto de 1934 el gerente general de la UFCO y los productores nacionales de banano, acompañado de una carta firmada por el secretario general del sindicato, Carlos Luis Fallas Sibaja, en la que se notificaba el comienzo de la huelga.

A partir del día 5 de agosto se inició el paro de labores, el cual debió prolongarse ante la resistencia de la UFCO a firmar el convenio que pondría fin a ese justo y vigoroso movimiento. Sin embargo, la UFCO nunca llegó a firmarlo.

El sufrimiento de aquellos trabajadores, y sus dirigentes, se escribió con sangre. El gobierno de don Ricardo Jiménez Oreamuno, presionado por la Compañía, envió cuerpos policiales que sometieron por la fuerza la férrea voluntad de los miles de trabajadores que, guiados por sus valerosos dirigentes, escribieron páginas gloriosas en la historia de la clase trabajadora costarricense.

No cabe duda de que el significado histórico del día 4 de agosto de 1934 debe perdurar en la memoria de la sociedad costarricense. Ha sido una fecha que, noventa años después, continúa dignificando a los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones bananeras. Más importante aún: es una fecha que debe alimentar la conciencia nacional y la memoria antiimperialista que otrora caracterizó a los trabajadores de las transnacionales del banano.

En las décadas siguientes, los trabajadores bananeros también estuvieron presentes en las luchas por la legislación social costarricense. Incluso, no dudaron en tomar las armas en 1948 para sumarse a la defensa de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, insignes conquistas que, desde 1943, alumbraron el camino correcto hacia la construcción de una Costa Rica más justa y democrática.

Las décadas posteriores a la guerra civil, de nuevo fueron testigo de innumerables paros y huelgas, siempre en defensa de mejores condiciones de trabajo y, muy especialmente, de la libertad de organización sindical, tanto en las plantaciones del Atlántico como en las del Pacífico Sur. Fue así como en la huelga de 1953 en Golfito se conquistó la extensión de la Ley de Accidentes de Trabajo a los bananales y en 1959, luego de otra huelga ejemplar, se logró el derecho al pago de un mes de aguinaldo, como a la mayoría de los trabajadores del resto del país.

La década del setenta del siglo anterior fue un período muy productivo en materia de conquistas laborales por parte de los trabajadores bananeros de todo el país. La firma de un buen número de convenciones colectivas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico Sur, trajo mejoras sustantivas, muchas de las cuales venían siendo reclamadas desde aquel lejano mes de agosto de 1934.

A la centenaria producción bananera nacional se le ha sumado, en los últimos tiempos, el cultivo de otra fruta para la exportación, la piña, actualmente producida en la región norte de nuestro país. Sabemos también de sus difíciles condiciones de trabajo. Sus luchas ya han comenzado y el ejemplo de los obreros bananeros, seguramente, les estará marcando el camino a seguir.

Pronunciamiento del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales UCR sobre jornadas 4X3

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Trabajo Digno | Derechos Laborales Equidad De Género | Salud Mental | Justicia Social

En coherencia con los principios de la Universidad de Costa Rica, su misión de resguardar los derechos humanos, laborales y sociales, así como de promover el pensamiento crítico y la transformación social desde una perspectiva interdisciplinaria, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica informa que, en la sesión N.º 132-2025, celebrada el jueves 10 de julio de 2025, acordó por unanimidad expresar su criterio a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y señores diputados sobre el Proyecto de Ley «Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados» (Expediente N.º 24.290), conocido como “jornadas 4×3”.

Consideraciones Generales

Este proyecto constituye una preocupante forma de desregulación del trabajo. Al permitir jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos sin pago de horas extraordinarias, consolida una lógica de precarización laboral que desvaloriza la función social del trabajo, lo subordina a los intereses del capital y debilita su carácter de derecho humano fundamental y pilar del bienestar colectivo.

Desde una mirada crítica en las Ciencias Sociales, esta iniciativa debe analizarse en el marco de transformaciones estructurales que afectan el mundo del trabajo y profundizan desigualdades históricas por género, clase, edad y territorio. Entre los principales indicadores que contextualizan este proyecto destacan: ◦ El debilitamiento del empleo público, tanto por la reducción en la creación de nuevos puestos como por el aumento de la tercerización de servicios. ◦ La diversificación de formas de empleo precarizado. ◦ El debilitamiento del sindicalismo y de las formas de organización colectiva. ◦ El aumento del subempleo y la informalidad. ◦ El fomento y la proliferación de discursos que deslegitiman el empleo formal y las conquistas laborales.

Desde una perspectiva histórica más amplia, este proyecto se suma a un conjunto de normas, políticas y acciones estatales que han venido precarizando la vida de miles de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos del país. Entre ellas:

  • Precarización de los contratos de trabajo.

  • Pérdida de conquistas históricas en materia de bienestar, jornada laboral, organización sindical y movimiento social.

  • Modificaciones regresivas en los sistemas de jubilación: aumento de edad, cuotas y obligatoriedad de pensiones complementarias.

  • Deterioro de los servicios de salud y destrucción de sistemas de asistencia social. ◦ Desconfianza generalizada en la institucionalidad pública como garante de derechos tanto del sector público como privado.

  • Orientación normativa para favorecer intereses empresariales bajo el argumento de que ello generará empleo.

Elementos Críticos del Proyecto

1. Retroceso histórico en derechos laborales:

La jornada de ocho horas constituye una conquista histórica de los movimientos sociales en la mayor parte del mundo y un principio básico de justicia laboral moderna. Sustituirla por jornadas de hasta 12 horas representa un retroceso normativo, ya que altera el equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo, al descanso y a la vida personal. Esta modificación atenta contra el derecho al tiempo libre y debilita los mecanismos de protección frente a la sobreexplotación.

2. Abaratamiento de las horas extras y pérdida de derechos adquiridos:

La propuesta sustituye el pago de horas extra —actualmente regulado con recargos legales— por un recargo fijo calculado sobre el salario mínimo, lo que representa una desmejora significativa para muchas personas trabajadoras. Aunque se plantea un aumento porcentual, este no se aplica sobre el salario real devengado, sino sobre el mínimo legal, lo cual puede traducirse en ingresos inferiores respecto al sistema actual de pago por tiempo extraordinario.

Esta modificación desvaloriza el tiempo adicional laborado, elimina un incentivo justo por las jornadas prolongadas y debilita un derecho laboral históricamente ganado. Además, refuerza las potestades del empleador en un contexto donde la «voluntariedad» de aceptar jornadas extendidas está fuertemente condicionada por la necesidad económica y la vulnerabilidad laboral de muchas personas. En lugar de proteger el trabajo digno, la reforma institucionaliza una forma de desregulación que abarata la fuerza laboral y precariza las condiciones de empleo.

3. Afectaciones graves a la salud física y mental:

Las jornadas laborales extensas incrementan la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades musculoesqueléticas y el riesgo de accidentes. Diversos estudios internacionales coinciden en que tres días de descanso no compensan el desgaste físico y emocional acumulado durante cuatro días de trabajo intensivo. Estos efectos se agravan en contextos donde persisten deficiencias estructurales como los desgastantes desplazamientos, la sobrecarga de labores y las fallas del transporte público.

4. Impacto en la vida familiar, comunitaria y educativa:

Las jornadas extendidas reducen el tiempo disponible para actividades fundamentales como el auto cuido, la participación comunitaria, la vida familiar o la continuidad de estudios. Esta situación afecta de manera particular a personas jóvenes, jefaturas de hogar y personas trabajadoras en condiciones de pobreza, discriminación estructural o exclusión social, ampliando así las brechas de acceso al bienestar y al desarrollo personal.

5. Carga desproporcionada sobre mujeres y personas cuidadoras:

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEC), las mujeres dedican en promedio 36 horas semanales al trabajo no remunerado y de cuido, frente a 14 horas en el caso de los hombres. La reforma encarece los costos de cuido tanto en el sector formal como en el informal, y genera barreras adicionales para la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo formal. Esta intensificación laboral conlleva consecuencias personales y económicas directas, y profundiza desigualdades ya existentes.

6. Desigualdad en las relaciones laborales y falsa voluntariedad:

El proyecto parte de una premisa equivocada: que las personas trabajadoras pueden decidir libremente aceptar o rechazar la jornada extendida. Situación resultante de una relación que por su naturaleza es inequitativa. En un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la débil sindicalización, la «voluntariedad» está fuertemente condicionada por el temor a represalias, despidos encubiertos o la necesidad urgente de ingresos. Este desequilibrio reproduce relaciones laborales asimétricas y vulnera principios básicos de justicia contractual.

7. Débil institucionalidad para fiscalizar y proteger derechos:

El proyecto asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin prever un fortalecimiento institucional en términos de personal, presupuesto o capacidades técnicas. Esta institución ya enfrenta limitaciones estructurales para cumplir con sus funciones actuales de fiscalización y acompañamiento laboral. La omisión de instituciones clave —como el INAMU, el IMAS, la CCSS, entre otras— refleja un enfoque fragmentado y refuerza la permisividad frente a prácticas laborales abusivas, especialmente porque la reforma impactará los servicios públicos en salud, cuido y asistencia social.

8. Ausencia de garantías en las medidas compensatorias:

El proyecto plantea que las empresas ofrecerán servicios de cuido y transporte como mecanismos compensatorios, sin establecer obligaciones claras ni mecanismos de verificación. Esta promesa resulta inviable, especialmente en un contexto de debilitamiento del sistema nacional de cuidados. En 2023, cerca de 7 mil niñas y niños dejaron de recibir atención, y en 2025 el IMAS recortó en un 35 % el subsidio por persona menor atendida, afectando a más de 135 mil personas. Delegar estas responsabilidades al sector privado, cuando ni siquiera el Estado puede garantizarlas, constituye una omisión grave.

9. Impacto diferenciado por género:

Diversas investigaciones (CEPAL, OIT, OCDE) evidencian que las jornadas intensivas afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a jefas de hogar, madres solteras y cuidadoras, ampliando la brecha de género en el empleo y el ingreso. La OCDE (2018) destaca que la jornada laboral intensiva, aunque concentrada en menos días, genera dificultades para organizar el cuido infantil y otras responsabilidades familiares, especialmente para madres solteras o familias con menor red de apoyo.

10. Disminución de ingresos reales para las personas trabajadoras:

El esquema remunerativo planteado representa una pérdida en comparación con el pago actual de horas extra. Según datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Plantaciones (SITRAP, julio 2025), esta pérdida puede alcanzar los 587.373 colones anuales. Ello, lejos de mejorar la compensación económica, el proyecto reduce el ingreso real por trabajo adicional, afectando en especial a quienes actualmente perciben más del salario mínimo.

Ejemplo comparativo:

11. Normalización de prácticas injustas y arbitrarias:

En lugar de sancionar la aplicación irregular de jornadas extendidas sin fundamento legal ni constitucional, el proyecto busca legalizarlas. Esto vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, debilita el Estado de Derecho y normaliza condiciones de trabajo incompatibles con los marcos internacionales de protección del trabajo digno.

12. Menor productividad, no mayor:

Contrario a lo que plantea la iniciativa, las jornadas laborales extensas no garantizan el aumento de la productividad. Estudios de organismos internacionales como la OCDE y publicaciones académicas (ScienceDirect, 2023) demuestran que el exceso de horas reduce el rendimiento individual, afecta la toma de decisiones y eleva el riesgo de errores, accidentes y ausentismo. La productividad sostenible requiere condiciones laborales saludables, no jornadas intensivas.

13. Experiencias internacionales:

Las reformas laborales exitosas a nivel internacional tienden a reducir la jornada sin afectar el ingreso, promoviendo el bienestar y la eficiencia. Países como Alemania, Francia y Suecia han impulsado modelos de trabajo que priorizan el equilibrio entre vida personal y laboral. La propuesta costarricense, en cambio, promueve una flexibilización patronal sin garantías suficientes de supervisión ni mecanismos efectivos de defensa colectiva, lo que debilita la posición de la persona trabajadora.

Posicionamiento del Consejo Anterior:

Por las razones expuestas, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se posiciona en contra del Proyecto de Ley N.º 24.290 y su texto sustitutivo, por considerarlos un grave retroceso en materia de derechos laborales, equidad de género, salud mental y justicia social.

Asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno y con el debate democrático, plural e informado sobre el modelo de desarrollo que necesita Costa Rica. En este sentido:

  • Hace un llamado a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, así como a la ciudadanía, al sector académico, a los gremios y sindicatos, a reflexionar crítica y responsablemente sobre los alcances e implicaciones de esta propuesta.

  • Reitera su disposición para colaborar en la construcción de propuestas alternativas mediante espacios de diálogo y mesas de trabajo que promuevan condiciones laborales compatibles con la salud mental, la justicia distributiva, la sostenibilidad del cuido y la centralidad de la vida digna en las políticas públicas.

Suscriben,

Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales
Dra. Claudia Palma Campos, directora, Escuela de Antropología
Mag. Gréttel Aguilar Santamaría, directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
Dra. Tania Rodríguez Echavarría, directora, Escuela de Ciencias Políticas
D.E.A. Pascal Girot Pignot, director, Escuela de Geografía
M. Sc. Claudio Vargas Arias, director, Escuela de Historia
Dr. Jorge Sanabria León, director, Escuela de Psicología
Dr. Mauricio López Ruiz, director, Escuela de Sociología
Mag. Carolina Navarro Bulgarelli, directora, Escuela de Trabajo Social
Dr. Javier Tapia Balladares, director, Instituto de Investigaciones Psicológicas
Dr. Francisco Robles Rivera, director a.i., Instituto de Investigaciones Sociales
Dr. Anthony Goebel Mc Dermott, director, Posgrado de Historia y representante de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales
Dr. Alonso Ramírez Cover, director, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), y representante de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales

¡Más claro no canta un gallo! El proyecto de la jornada esclavista de 12 horas viola la Constitución Política y la legislación electoral de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Proyecto de Ley para el establecimiento de las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, que llaman “jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados”, pretende reformar los artículos 142, 144, 205, al inciso b) del artículo 274 y adicionar un inciso, el 6), al Artículo 670 del Código de Trabajo. Además, adicionar el Código de Trabajo con los artículos 143 bis y 145 bis, todos ellos, subrepticiamente modifican y alteran la Constitución Política en lo referente a la jornada máxima de trabajo diario de 8 horas, con pago adicional de un 50% por hora, de cualquier hora trabajada sobre el máximo de 8, hasta 12 diarias.

En uno de los artículos, el Artículo 145 bis, que contiene este Proyecto de Ley, en su inciso i), se establece que la empresa “que se acoja a este tipo de jornada excepcional deberá iniciar el trámite de aprobación de dicha jornada ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, en cuyo trámite se ….deberá realizar una votación, garantizando un voto secreto, entre las personas trabajadoras a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada excepcional ampliada, con el fin de hacer constar que existe voluntad para su implementación. Dicha votación será exclusivamente para efectos de la solicitud ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, por lo que la eventual implementación de la jornada, en caso de aprobarse, se realizará directamente con cada persona trabajadora, de acuerdo con la naturaleza individual que caracteriza las relaciones laborales y lo establecido en el presente artículo con respecto a la voluntariedad de esta jornada.

La solicitud podrá ser aprobada si al menos una mayoría simple de los votos emitidos resulta favorable. En caso de no alcanzarse la mayoría simple requerida, la empresa podrá realizar nuevamente la votación dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la realización de la anterior.

Dicha votación deberá ser supervisada por un representante de la empresa y un representante del grupo de personas trabajadoras. En caso de ser procedente, la empresa podrá apoyarse en la comisión, oficina o departamento de salud ocupacional para la elección del representante de los trabajadores, o bien, dicho representante será electo por el grupo de trabajadores a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada.

Estos representantes serán elegidos exclusivamente para efectos de este proceso, por lo que finalizado el mismo perderán dicha representación.

La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo podrá designar un inspector de trabajo para que se apersone a la votación. En caso de que esta Dirección no envíe un inspector en el primer mes contado a partir de la recepción de la solicitud, la empresa podrá realizarla con la presencia de un notario público, quien mediante acta notarial que se remitirá a la Dirección Nacional de Inspección, certificará lo siguiente: 1) Que la empresa realizó una votación secreta entre las personas trabajadoras a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada excepcional ampliada, con el fin de verificar si existe consentimiento para su implementación; 2) que la votación fue supervisada por un representante de la empresa, un representante del grupo de personas trabajadoras involucradas y el notario público quien levanta el acta notarial, y 3) el resultado de la votación.”

Dicho en sencillo, el Proyecto de Ley, si se llegare a aprobar, obliga a que en las empresas en que se vaya a aplicar esta jornada de 12 horas diarias, debe hacerse una votación, directa, personal, garantizando un voto secreto, “con el fin de hacer constar que existe voluntad para su implementación. Es una votación para “justificar la eventual implementación de la jornada”.

Si se va a hacer una votación se debe entender que a todos los trabajadores se les debe informar amplia y democráticamente qué es lo que exactamente van a votar o aprobar, qué comprende realmente la jornada de 12 horas, qué ventajas o desventajas tiene, qué riesgos puede ocasionar a la salud de los trabajadores, qué efectos sociales puede tener esa jornada sobre su vida familiar. ¿Quién va a informar de estas situaciones a los trabajadores? ¿Los propios patrones o empleadores?

Si se va a tomar parecer a los trabajadores por la vía de una votación, hay que entender que eso es un proceso de elección para decidir si se trabaja 12 horas o no se trabaja.

Eso obliga a que los trabajadores tengan la información adecuada y directa de quienes se oponen a esa ley y a esa jornada.

Se debe garantizar en las fábricas, empresas o instituciones que a los opositores de esta ley se les permita informar y hablar directamente con los trabajadores sobre los alcances negativos de esta ley y esta jornada.

Esto significa que las organizaciones sindicales, sindicatos, federaciones y confederaciones, puedan presentarse a justificar o no la eventual implementación de la jornada donde se va a tomar perecer por a vía de la votación.

No se podría alegar que si en una fábrica, empresa o institución, no hay sindicato, los existentes que soliciten ir a hablar con los trabajadores se les pueda impedir hacerlo, porque sería una situación de indefensión jurídica y democrática de los trabajadores para estar bien informados.

El derecho de presentarse a las fábricas, empresas o instituciones se le debe garantizar a los partidos políticos debidamente inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones para que también puedan presentarse a las fábricas, empresas o instituciones a exponer sus puntos de vista sobre esta jornada de 12 horas o esta ley. Sobre todo, porque estamos en campaña electoral y los ciudadanos deben estar bien informados de todo lo que los pueda afectar legal y socialmente.

Por ser un proceso de consultas electorales ciudadanas a los trabajadores, para decidir si aceptan o no la jornada de 12 horas de trabajo diario, tiene que intervenir obligada y constitucionalmente el Tribunal Supremo de Elecciones. De no hacerlo cualquier consulta que se realice sería una farsa legal y electoral de consulta a los trabajadores.

En este sentido, en el procedimiento de aprobación que ha tenido este proyecto de ley, no se le hizo la consulta obligada al Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que el trámite legislativo ya está viciado de inconstitucionalidad para su aprobación.

Como todo proceso electoral debe garantizarse a las partes involucradas, a favor y en contra, su plena participación, debe darse un plazo de información y la “junta electoral” o la “mesa electoral”, que se establezca para vigilar y recoger los resultados de la votación secreta de los trabajadores debe estar sujeta a los procedimientos que existen en la legislación electoral nacional, adaptados a estas consultas en las fábricas, empresas o instituciones donde se vayan a realizar esas consultas.

Es de rechazo ad-portas que “dicha votación deberá ser supervisada por un representante de la empresa y un representante del grupo de personas trabajadoras”, representante de los trabajadores que según el proyecto de ley “en caso de ser procedente, la empresa podrá apoyarse en la comisión, oficina o departamento de salud ocupacional para la elección del representante de los trabajadores”.

¿Qué pasará si los trabajadores votan negativamente la consulta que se haga en las fábricas, empresas o instituciones, diciendo que están en contra? Lo más absurdo.

El proyecto de ley permite que seis meses después, el patrono o empleador pueda hacer otra consulta por la vía de otra votación. Así dice el Proyecto de Ley: “En caso de no alcanzarse la mayoría simple requerida, la empresa podrá realizar nuevamente la votación dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la realización de la anterior.” ¿Cómo es eso?

Literalmente es una burla a la voluntad expresada en las urnas, en la mesa de votación de los trabajadores. Es una burla al proceso de elección o electoral mismo. No se podrían estar haciendo consultas cada seis meses hasta alcanzar los votos deseados por los empleadores o patronos. ¿Acaso eso se permite para procesos electorales nacionales, de estar haciendo consultas electorales, cada seis meses, por parte de la mayoritaria oposición política nacional que salió derrotada en las elecciones, sobre la marcha del gobierno? Esto viola toda la esencia del sistema democrático electoral de consulta popular existente en el país.

Y lo más charlatanezco del proyecto, en este sentido, es que señala que cuando la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo no pueda enviar un inspector a la votación, lo que es muy difícil porque el Ministerio de Trabajo tiene 100 inspectores para “vigilar” o “inspeccionar” a un millón ochocientos mil trabajadores en todas las empresas en el país, “la empresa podrá realizarla con la presencia de un notario público”, pagado por el empleador o patrono, para que “mediante acta notarial” que ese notario hará, se remitirá a la Dirección Nacional de Inspección, para que tome nota. Quién paga la música manda el baile, dice el refrán popular.

¿En qué país estamos? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¡Cómo se pisotea la Constitución Política y la legislación nacional!

Me parece que el proyecto de ley de las 12 horas también está viciado de inconstitucionalidad y de rapidez en la vía legislativa por lo siguiente:

Para su discusión original se aprobó una vía rápida para que el Plenario Legislativo lo conociera, es decir para que la totalidad de diputados procedieran a discutirlo y votarlo expeditamente.

Al terminar el primer día de discusión en la vía rápida, el presidente retiró de la discusión de la vía rápida y del trámite legislativo, que se le venía dando, de vía rápida, el proyecto de ley de las 12 horas diarias de trabajo.

Introdujo otro proyecto para su discusión que no tenía vía rápida. Luego sacó este proyecto y volvió a introducir en la Agenda parlamentaria el proyecto de las 12 horas diarias.

Esta nueva introducción, de este proyecto, a la discusión parlamentaria, ya no tenía el privilegio de la discusión de la vía rápida que se le está aplicando porque ya había retirado ese proyecto en esa vía de discusión.

Para que nuevamente se discuta por la vía rápida, nuevamente la Asamblea Legislativa tiene que aprobar esa vía para este segunda introducción del proyecto de ley de las 12 horas. Así de simple.

Cuando el presidente lo retiró perdió la discusión en vía rápida. Lo volvió a meter, tiene que aprobarse de nuevo la vía rápida para su discusión. De lo contrario sería una trampa parlamentaria, en el procedimiento, con que se está discutiendo el proyecto de las jornadas esclavistas de las 12 horas de trabajo diario.

Compartido con SURCOS por el autor.

La Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica se pronuncia en contra de las jornadas 4×3

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica
Pronunciamiento en Contra del Proyecto de Ley N° 24.290 (Jornadas 4×3)
Costa Rica, 14 de julio, 2025

Desde la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica, organización que representa a mujeres de territorios históricamente excluidos y abandonados por el Estado, alzamos la voz para rechazar contundentemente el proyecto de ley N° 24.290. Esta reforma, disfrazada de «flexibilidad laboral», es en realidad un ataque directo a los derechos de las mujeres que profundizará la desigualdad de género, la pobreza y la sobrecarga de trabajo no remunerado que ya cargamos.

En Costa Rica, las mujeres enfrentamos jornadas interminables que combinan trabajo remunerado y no remunerado. Según datos del INEC (2017), dedicamos entre 4 y 6 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, además de nuestras jornadas laborales formales (cuando conseguimos empleo formal). El proyecto 4×3 ignora completamente esta realidad al exigirnos trabajar 12 horas diarias, sin considerar quién asumirá el cuidado de menores de edad, personas adultas mayores o con discapacidad.

Los testimonios recogidos en la investigación realizada por la docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Claribel Sánchez Arias son contundentes. Casos como el de «Mariana», madre soltera que trabajaba turnos nocturnos de 12 horas en una fábrica y apenas dormía 2 horas diarias porque durante el día cuidaba a sus hijos, demuestran cómo estas jornadas son incompatibles con una vida digna. Su salud física y mental colapsó bajo esta presión insostenible.

Este proyecto agravará las brechas territoriales y de género de manera particularmente cruel en las zonas rurales y costeras, donde derechos fundamentales en lugar de ser un derecho se vuelven un privilegio. En nuestras regiones no existen guarderías públicas suficientes, el transporte nocturno en muchas zonas es inexistente y los servicios básicos son precarios. Para las mujeres indígenas y afrodescendientes, la situación es aún más grave, ya que enfrentan una triple discriminación por género, etnia y clase social.

En los sectores más precarizados como maquilas, agroexportación y turismo, la implementación de estas jornadas será especialmente perjudicial. Las patronales impondrán las 12 horas «voluntarias» bajo la amenaza velada de despido, y muchas mujeres terminarán perdiendo sus empleos porque una persona hará el trabajo que antes realizaban dos, sin recibir compensación económica alguna.

Se debe recordar que las mujeres de zonas rurales en América Latina mayores de 15 años de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en un 40% no tienen ingresos propios, además para 2020, alrededor del 46% de las mujeres rurales vivían en condiciones de pobreza extrema, el 40% de los hogares con jefatura femenina vivía en pobreza y 19% en pobreza extrema (CEPALSTAT, 2023).

En Costa Rica, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), más del 26% de las mujeres del país residen en zonas rurales y sus condiciones de vida corresponden a uno de los desafíos que requiere mayor atención. Muchas de ellas trabajan en la informalidad, perciben menos de un salario mínimo y 70% no logra culminar la secundaria.

Costa Rica ha suscrito importantes convenios internacionales que este proyecto traiciona flagrantemente. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) exige eliminar las barreras para la participación laboral femenina, no crear nuevas. El Convenio 190 de la OIT busca proteger contra la violencia y acoso laboral, situaciones que se dispararán con jornadas extenuantes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los ODS 5 y 8, prometen trabajo decente e igualdad de género, no retrocesos históricos en derechos laborales.

En lugar de propuestas que aumentan la explotación, las mujeres costeras y rurales exigimos políticas que realmente mejoren nuestras condiciones de vida. Necesitamos con urgencia la reducción de la jornada laboral, no su ampliación; mientras países latinoamericanos como Chile, Colombia, México, Ecuador y Trinidad y Tobago avanzan hacia la reducción de jornadas laborales para mejorar la calidad de vida de su población, este proyecto castigaría especialmente a las mujeres que ya viven en desigualdad estructural:

  • Chile: Ley aprobada en 2023 establece una reducción progresiva hasta 40 horas semanales al 2028, reconociendo que más tiempo libre es esencial para el bienestar familiar y social.

  • Colombia: Desde 2021, está en marcha una reducción escalonada hacia las 42 horas, evidenciando un compromiso firme con la dignidad de las trabajadoras.

  • México: Aunque aún con jornadas largas, ya se aprobó en comisiones legislativas la reducción a 40 horas semanales, bajo el principio de justicia laboral.

  • Ecuador: Mantiene desde 1997 una jornada de 40 horas semanales, siendo referente de estabilidad en derechos laborales.

  • Trinidad y Tobago: Protege a sus trabajadoras con jornadas de 40 horas, restricciones estrictas a las horas extras y garantías de descanso obligatorio.

Este proyecto no solo aleja a Costa Rica del resto de América Latina, sino que ignora las realidades más duras y profundiza la doble y triple jornada, obligando a muchas mujeres a elegir entre su salud, sus hijos o un ingreso mínimo, asimismo condena a las mujeres costeras y rurales a sobrevivir bajo esquemas que otras naciones están abandonando por sus impactos negativos. En lugar de avanzar hacia la justicia social, una jornada digna, humana y compatible con una vida plena, el 4×3 consolida una política de explotación disfrazada de modernidad.

Un Sistema Nacional de Cuidados universal y gratuito con presupuesto real es fundamental, así como permisos remunerados por cuidados para atender enfermedades de hijos e hijas o personas adultas mayores. También demandamos una inspección laboral con perspectiva de género que frene los abusos en maquilas y zonas francas, donde las violaciones a los derechos laborales son pan de cada día.

Este proyecto no es progreso, es regresión. Las mujeres costeras y rurales no somos variables de ajuste para beneficiar los intereses de grandes empresas. La implementación del 4×3 aumentará la pobreza femenina, forzará a muchas mujeres a abandonar empleos formales, estudios y destruirá vidas, salud mental y proyectos personales.

Exigimos a la Asamblea Legislativa archivar de inmediato el expediente Nº 24.290 y abrir un diálogo genuino con organizaciones de mujeres, sindicatos y academia para construir alternativas con verdadero enfoque de género. No permitiremos que decidan por nosotras. Nuestros derechos no son negociables.

Atentamente,

Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

Organizaciones, Colectivas de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica:

Colectiva Sámara Empoderada

Colectiva Unidas Talamanca

Movimiento Feminista Santa Teresa

Mar y Comercio

Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres

Asociación de Mujeres Emprendedoras Sámara – Zona Azul

Asociación Nicoyana de Personas con Discapacidad ASONIPED

Asociación de mujeres por los derechos en Guanacaste Alza tu voz

Asociación Civil Pro Natura

Asociación Manos de Dos Pueblos

Asociación A.F.F.I.N Puerto Jiménez

Mujeres Azules Playa Sámara

EveArt

Antigentrificación

UNDECA denuncia grave faltante de personal para atención de pacientes en Hospital Calderón Guardia

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

Asamblea de enfermería exige presencia del gerente médico

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), en el ejercicio de la legítima de defensa de los derechos laborales y del fortalecimiento del sistema público de salud, denuncia con preocupación la crítica situación que enfrentan las personas trabajadoras de enfermería del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, sobre todo en el área quirúrgica, donde la sobrecarga laboral ha alcanzado niveles insostenibles.

Desde hace varios meses, el personal ha comunicado reiteradamente a la Jefatura de Cirugías, la Dirección de Enfermería y la Dirección Médica el déficit estructural de recurso humano, advirtiendo sobre las consecuencias para la salud física y mental del personal, así como el riesgo que ello representa para la seguridad y la calidad en la atención de los pacientes.

La respuesta institucional ha sido el silencio administrativo, una omisión inadmisible que, en este contexto, puede implicar efectos lesivos sobre derechos fundamentales, tales como el derecho al trabajo digno, a la salud ocupacional y al deber constitucional del Estado de garantizar servicios públicos eficientes, seguros y humanos.

Cuando la institucionalidad calla ante el sufrimiento del personal, corresponde a las y los trabajadores alzar la voz con dignidad, respeto y determinación.

Esta Asamblea exige la presencia inmediata del Gerente Médico para restablecer las condiciones laborales dignas, proteger la salud mental del personal y garantizar la continuidad del servicio público en condiciones de seguridad para todos.

Asamblea General de Trabajadores de Enfermería: frente al Hospital Calderón Guardia
Miércoles 16 de julio de 2025
Hora; 6:00 a.m.

¡No más sobrecarga laboral!
¡Dignidad para trabajadores y usuarios!

Personal del Colegio de Contadores Privados logra preservar sus derechos

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Sala Constitucional declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por el patrono del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que buscaba anular derechos adquiridos en un acuerdo directo firmado con el personal trabajador de la institución. Con este fallo, se garantiza la continuidad del acuerdo y la vigencia de beneficios laborales fundamentales para quienes laboran en el Colegio.

El recurso pretendía cuestionar aspectos clave del arreglo como el esquema de anualidades, vacaciones y estabilidad laboral. Sin embargo, la Sala reafirmó la validez del acuerdo y desestimó los argumentos que pretendían eliminar derechos consolidados mediante negociación directa entre patrono y personas trabajadoras.

La representación sindical, afiliada a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebró la resolución como un hito en la defensa de la justicia laboral. “Esta resolución representa para nosotros una victoria para la justicia laboral y la estabilidad de todos los trabajadores de la institución”, expresó la seccional en un pronunciamiento oficial.

La ANEP destacó el papel de su equipo jurídico en la defensa del acuerdo, que argumentó en contra de la acción con base en la legislación costarricense, acuerdos internacionales en materia de derechos humanos laborales, y la opinión consultiva OC-2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Uno de los puntos más defendidos fue la anualidad, entendida como una herramienta fundamental para mantener el poder adquisitivo del salario frente al costo de la vida. La Sala reconoció el valor de este derecho, respaldando su continuidad como parte de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos laborales.

El fallo refuerza el principio de que los arreglos directos son instrumentos legítimos y vinculantes cuando se realizan conforme a la ley y con participación activa de las partes involucradas. Posteriormente, el secretario general de ANEP, Albino Vargas Barrantes, informó que con la mediación del Ministerio de Trabajo se llegó a un acuerdo entre la seccional del sindicato y la junta directiva del Colegio, con lo cual se preservan los derechos.

Ver información completa en:

FECTSALUD denuncia alianzas oscuras y retrocesos en derechos laborales de cara al 2026

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

En esta producción informativa de FECTSALUD Costa Rica, Juan Carlos Durán Castro, secretario de Prensa y Propaganda de la organización, analiza las alianzas políticas, estrategias del gobierno y amenazas a los derechos laborales, centradas en el polémico proyecto de ley sobre la jornada 4×3.

Durán denuncia un “pacto oscuro” entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el gobierno, el cual, según sus palabras, debilita al candidato del PLN, Álvaro Ramos, e involucra acuerdos poco transparentes con sectores empresariales como UCCAEP y diputaciones oficialistas.

“Pilar Cisneros también hizo sus «chapuzas» por el sector de UCAEP”, afirma Durán, cuestionando el argumento de que el salario mínimo afecta la competitividad del país. Según él, este discurso es falso y busca llevar el trabajo precario al trabajo esclavo, afectando directamente a la clase trabajadora.

También advierte que el gobierno habría ejercido presión sobre UCCAEP para impulsar la jornada 4×3, retirando y luego volviendo a convocar el proyecto de ley como táctica para negociar préstamos y continuar endeudando al país. A este accionar lo llama “la jugada del tonto”, en la que se involucra a Liberación Nacional como parte de una estrategia engañosa.

Finalmente, lanza un llamado a la población costarricense a reflexionar críticamente sobre estas acciones y discursos de cara a las elecciones de febrero de 2026, insistiendo en que no se trata de simples decisiones técnicas, sino de un modelo político que busca debilitar derechos laborales fundamentales.

Puede ver el video completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/16cCFSnNB8/

Retrocesos laborales y verdades a medias de las jornadas 4×3

Escrito en . Publicado en Portada, Trabajo.

Por Sharo Rosales Arce*

La historia confirma que los derechos no se han alcanzado pidiéndolos por favor, detrás de cada ley y cada derecho alcanzado existe una historia de resistencias y arduas luchas. Y en Costa Rica, nos volvemos a topar con el añejo y controversial debate sobre las jornadas laborales conocidas como “4×3”. Aprobar el Proyecto de Ley N. 24290 que se está discutiendo por la vía rápida en el plenario legislativo, y que quiere imponer Jornadas de 12 horas, significa un retroceso a modelos de trabajo no regulados (que pensamos estaban superados) y una bofetada a estas luchas, logros y derechos laborales. Se luchó por más de 150 años por jornadas más cortas, porque no era sostenible para la salud física personal, para la salud familiar y la salud mental… se luchó porque los cuerpos no aguantaban (y no aguantarán) las jornadas de largas horas de trabajo.

Pululan las verdades a medias en el discurso-promesa de modernización, más empleos y atracción de inversiones, así, se impulsa una reforma que permitiría jornadas extenuantes de trabajo de hasta 12 horas diarias por cuatro días seguidos, sin considerar el impacto social y humano que esta medida conlleva.

Esta medida no solo vulnera los derechos conquistados con esfuerzo histórico, sino que además amenaza la salud, el tiempo libre y los vínculos familiares y sociales de miles de personas trabajadoras.

Vamos por partes:

¿Qué implica trabajar 12 horas al día? Salud en riesgo

Mientras otros países avanzan hacia jornadas de 32 o 40 horas semanales buscando equilibrio, bienestar y jornadas más humanas, en Costa Rica algunos sectores desean girar en sentido contrario. Diversos estudios en salud ocupacional y psicología del trabajo (entre ellos de la OMS y OIT) han demostrado que jornadas prolongadas tienen efectos perjudiciales en la salud física, mental y emocional. Entre las consecuencias más documentadas se encuentran:

  • Fatiga crónica y agotamiento físico, afectando la salud personal física y mental.

  • Incremento del riesgo de accidentes laborales, especialmente en sectores industriales, poniendo en peligro la seguridad personal y colectiva.

  • Deterioro en la salud mental, con mayor incidencia de ansiedad, depresión y trastornos del sueño.

  • Desintegración de la vida familiar y social, al reducirse significativamente el tiempo para compartir en familia, para el cuidado personal, la recreación, o la crianza.

  • Mayor propensión a enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades crónicas asociadas al estrés.

  • El derecho al descanso efectivo diario y a la conciliación entre la vida laboral y personal queda gravemente lesionado con este modelo.

Los anteriores efectos nocivos, no se limitan a las y los trabajadores, sino que, son extensivos a otras personas que configuran sus hogares.

Estamos hablando nada menos que, de la salud en riesgo. Al respecto Vladimir de la Cruz en su artículo “La jornada de trabajo de 4-3 no responde a la realidad nacional” Nos recuerda que la calidad del trabajo de una persona trabajadora está directamente proporcional con la calidad de vida de esa o ese trabajador. Y cita la propuesta de Roberto Owen 1817, de la jornada de 8 horas para el trabajo, 8 para la recreación y 8 para el descanso.

Ya desde el año 2021 la OMS y la OIT alertaron que las jornadas de trabajo prolongadas aumentan las defunciones por cardiopatía isquémica o por accidentes cerebrovasculares; anunciando peligros para la salud de quienes trabajen en estas condiciones. En este sentido vale rememorar que la importancia de los convenios de trabajo es que tienen como objetivo preservar la salud integral de las personas. Y, como apunta Paula Calderón Devandas: numerosos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo consagran el derecho a disfrutar del tiempo libre en los siguientes casos: a) en el descanso diario y semanal luego de la jornada laboral, b) en el descanso anual a través de vacaciones pagadas y c) en el descanso esporádico de los días feriados.

¿Una jornada voluntaria? ¿Qué tan voluntario es algo cuando la necesidad obliga?

Y aunque se insiste en que será una jornada “voluntaria”, que solo aplicará a ciertos sectores, en un país con altos niveles de desempleo y desigualdad, sabemos que la necesidad obliga a las personas con necesidad aceptar lo que sea.

Personas con compromisos económicos, que laboran con temor constante de perder su trabajo, no pueden negociar en igualdad de condiciones con aquellas personas que son sus empleadoras, porque media una relación de poder desigual. ¿Quién fiscalizará esa voluntariedad? Sin fiscalización, no hay garantía.

En palabras de Patricia Mora “La flexibilización de las jornadas laborales violenta el principio protector del derecho laboral. El proyecto fortalece la potestad unilateral, incurriendo en una variación abusiva de las condiciones de trabajo donde la persona trabajadora tendrá muy pocas posibilidades reales de negociación”.

Resulta falso entonces, que No es una imposición y que se trata de una jornada voluntaria que queda a juicio de la persona contratada. Esta persona trabajadora solo podrá elegir entre las condiciones precarizadas o quedar desempleada. Sobre todo, tomando en cuenta que, en muchos de estos lugares, se trabaja en estos horarios sin contratos. Donde son comunes las frases “esto es lo que hay ¿le sirve o no?” o “si a usted no le sirve este horario alguien lo querrá” o “si no le gusta puede renunciar”.

Resulta igualmente absurdo que los patronos presenten su propio estudio técnico que justifique aplicar jornada laboral de 12 horas, cuando precisamente esta propuesta de 4×3, está pensada para que las empresas no tengan que pagar jornada extraordinaria y al no pagar horas extras, aumenten sus ganancias económicas en detrimento del bienestar de los y las trabajadoras.

Mientras, para quienes sostienen la economía con su trabajo cotidiano, no habrá plata que alcance. Pues muchas familias en Costa Rica dependen del pago de las horas extras para subsistir, sobre todo cuando el costo de la vida y los alquileres cada día son más altos. Aprobar este proyecto de ley, significaría que ya no contarían con esa entrada, pero, además, significa también disminuir la posibilidad de conseguir empleos de calidad. Así que claramente, en la práctica, la voluntariedad es relativa cuando las opciones de empleo son escasas y las condiciones económicas son adversas.

¿Quiénes pagan el precio de esta reforma?

La realidad en países donde se han implementado fórmulas similares demuestra que las condiciones laborales tienden a precarizarse, especialmente para:

  • Personas jóvenes o sin experiencia, con bajo poder de negociación, terminan aceptando condiciones desfavorables con tal de estar empleadas. Recordemos que Costa Rica es en este momento el segundo país con mayor población joven desempleada en la región.

  • Padres y madres en condición de vulnerabilidad social y económica. Quienes no tienen acceso a servicios privados de cuido, tendrán menos tiempo disponible para cuidado familiar, y apoyo de hijos e hijas en los estudios. Además de menos ingresos por el no pago de horas extras.

  • Sectores subcontratados o tercerizados, donde la supervisión estatal es más débil.

  • Personas con discapacidad que requieren más pausas, adaptaciones y condiciones de trabajo accesibles, lo que es incompatible con el desgaste de estos horarios extensos. Este tipo de jornadas puede volverse un criterio de exclusión encubierto a quienes más necesitan inclusión y ajustes razonables para ejercer su derecho al trabajo.

  • Mujeres trabajadoras, muchas de las cuales tienen dobles jornadas (la mayoría no remuneradas) por las labores de cuido.

Las mujeres serán las más afectadas con esta nueva modalidad

Las personas más afectadas serán las mujeres, las jefas de hogar, las que perciben bajos ingresos… las que además de trabajar tienen que cuidar. Estas mujeres tendrían que incurrir en el pago extra de cuido privado de sus hijos e hijas, ante una Red de Cuido colapsada, con menos presupuesto asignado en este gobierno y con falta de planes de contingencia para este cometido. Pagarían también extra en transporte dependiendo de los nuevos horarios laborales, pues nuestro sistema de transporte público no funciona las 24 horas y según la hora la frecuencia de los buses disminuye.

Una jornada diaria para estas mujeres de 12 horas según Chacón Roldan, sería así, más o menos: 2 Horas de traslado, 12 Horas de trabajo, 1 Hora de descanso y comidas, 5 horas de trabajo doméstico, (hasta aquí un total de 20 horas), y 4 horas de sueño.

Así las cosas, el primer “ día libre”, será para caer desplomada y recuperar las 16 horas de sueño atrasado, el segundo día, tratar de ponerse al día con tareas rezagadas y tercer día adelantar labores, tratar de compartir con la familia (esperando coincidir en horario en algún momento) y, para deprimirse porque comienza de nuevo la misma jornada extenuante.

Montserrat Sagot afirma que “Este proyecto de jornada extendida es incompatible con las responsabilidades socialmente asignadas a las mujeres” y al decir de Peggy Chamorro: “Nos la venden como una ilusión de tiempo y descanso. Juegan con nuestros anhelos, claro está. Pero es el permiso legal de explotar aún más la fuerza de trabajo, pagar menos por más, un banquete para los empresarios…Para las mujeres es llevar al límite el extractivismo de trabajo sobre nuestros cuerpos”.

Y ante este panorama que pone en riesgo salud tanto como derechos constitucionales y laborales, muchas mujeres se verán en la disyuntiva de tener que elegir, y esto puede significar una sustitución del empleo femenino por el masculino, agravando y perpetuando la desigualdad de género.

El trabajo es un derecho humano y no una “ganga u oportunidad”

El trabajo es un derecho humano fundamental, esencial para la realización de otros derechos y para poder vivir con dignidad. Implica el derecho a un trabajo libremente elegido o aceptado, en condiciones equitativas y satisfactorias.

En este marco, las horas extras deben ser reconocidas y pagadas a las personas trabajadoras, a modo de justo derecho y como el fruto de las décadas de luchas obreras desde antes de 1920, por una jornada de ocho horas diarias.

“Internacionalmente se ha venido cambiando la jornada de 48 horas semanales a una jornada de 40 horas semanales. Actualmente hay países europeos que tienen jornadas de trabajo semanal menores a las 40 horas, las tienen de 35 y 36 horas semanales, con mucho éxito productivo. Justamente los países que han reducido su jornada han mostrado que es más eficiente para el proceso productivo y para la generación de riqueza social, y para la salud de los trabajadores”. Vladimir de la Cruz

Claramente entendemos que esta propuesta (4X3) no resguarda los derechos de las personas trabajadoras, sino que los vulnera. Una jornada de 12 horas es una jornada cansada, que genera malestar físico y psíquico, desconectando a las personas de su mundo social, aislándolas también de sus familias debido a los horarios inversos. Cierra la posibilidad a las personas trabajadoras de concebir otra actividad económica y se constituye en un obstáculo para estudiar o aspirar al disfrute y superación en otras áreas de la vida.

Sus fans pregonan como una verdad que esta jornada generará más empleos, pero lo cierto es que, desde ya, en grandes empresas donde se laboran 3 turnos; se está pensando tener 2 jornadas de 12 horas, y eliminar la planilla de toda una jornada, así que no favorece el trabajo sino el desempleo, ahorrándose el seguro y las responsabilidades patronales y no pagando horas extras en adelante. Este modelo no es una mejora, es una trampa que afectaría directamente la salud e ingresos de miles de trabajadoras y trabajadores. ”¿Cuál será el beneficio económico para las personas que hipotequen su salud por necesidad? ¿podrán recobrarla, cuándo, cómo, a qué costo? ¿Desean las personas tener jornadas más largas por menos pago?

De una sabia amiga, escuché que para dar con la verdad se debe “Seguir el rastro del dinero ¿Quiénes son aquellos que se van a beneficiar económicamente con esta jornada 4×3? ¿Quiénes se favorecen en sus finanzas al aumentar la productividad a un menor costo, aunque esto represente pérdida de bienestar humano?

Queremos y podemos construir un modelo de desarrollo que respete los derechos alcanzados, ponga en el centro a las personas, promoviendo el bienestar colectivo por encima del lucro empresarial… porque la protección y cumplimiento efectivo del derecho al trabajo contribuye a la construcción de sociedades más justas, equitativas y prósperas.

Referencias

*Sharo Rosales Arce. Comunicadora, Gestora en desarrollo organizacional, investigadora y Consultora de Género.
Teléfono 8735 5593
sharo.rosales67@gmail.com

Disminuir salarios para ser competitivos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Pues bien, la diputada Pilar Cisneros propuso disminuir el salario mínimo que se establece en Costa Rica de, según ella, $675 por uno más bajo, como el de República Dominicana que es de $241.

El sustento de esa propuesta es que Costa Rica no es competitiva a nivel mundial con países como Méjico, Republica Dominicana o Filipinas. Para lograr atraer la inversión extranjera es necesario reducir los salarios, los derechos laborales y hasta la horas extras. Esa es la lógica de Cisneros y el Gobierno de Chaves.

No sabemos aún, si el Partido Liberación Nacional y su candidato Álvaro Ramos se subirá también a este carro como ya lo hicieron respecto a las jornadas 4×3 que elimina las horas extras. La deriva en materia social, política y económica de Liberación Nacional es muy difícil de saber hasta dónde llegará.

En el pasado el país se distinguió por competir con otros países en cuanto a desarrollo y atracción de inversión extranjera, con educación, salud, estabilidad política y jurídica y calidad de su mano de obra.

La vieja socialdemocracia, de Pepe Figueres, siempre sostuvo que el camino de Costa Rica debía ser otro: no competir con los bajos salarios de los países centroamericanos, sino pugnar en otros niveles, especialmente en educación y calidad de su mano de obra. El país logró de esa manera un desarrollo importante de su Estado de Bienestar y una atracción de capital, también, de mayor calidad.

Pero eso parece poco importar a las nuevas autoridades gubernamentales que hoy se desgañitan por ofrecer lo peor con tal de poder “competir”, rebajándose hasta tirarse al piso.

La semana pasada el Gobierno, en su conferencia de los miércoles, con bombos y platillos, anunció con gran alborozo que Costa Rica había entrado al grupo de los países de ingresos altos, sea llegado a un ingreso superior a los $16.000 per cápita. Sabemos que los ingresos “por cabeza” pueden ser de lo más engañoso del mundo, porque hay unos que los tienen por miles de millones de dólares y otros por debajo de la pobreza. Pero asumamos que para el gobierno eso ha sido muy bueno.

Pues bien, los economistas y especialistas en la materia han manifestado que ese logro se debe a que Costa Rica ha sido muy competitivo a nivel mundial en las últimas dos décadas. Leyeron bien. La explicación es que Costa Rica ingresó a ese “selecto” grupo de los países de mayor ingreso mundial, porque ha sido muy competitivo. ¿Entonces, en dónde quedan los alegatos y propuestas de bajar salarios para aumentar competitividad?

Si ingresamos a los países “top” por ser tan competitivos, las jornadas 4×3 o la rebaja de salarios no tienen fundamento alguno.

El gobierno de Chaves y su fiel escudera Pilar Cisneros lo que pretenden es acabar con el poco Estado de Bienestar que nos queda, aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadores para hacer crecer la tasa de ganancia (las utilidades) de las grandes multinacionales, aunque fuere haciendo cada vez más pobre a la gran mayoría de la población costarricense.