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Etiqueta: derechos sociales

Campaña de lucha cultural por valores y derechos claves

La Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital invitan a participar en la circulación de afiches como parte de la lucha cultural para fomentar reflexión y pensamiento crítico sobre temas variados.

Esta propuesta parte de la necesidad de que lleguemos a las comunidades y sectores sociales diversos y no quedarnos en la circulación de mensajes entre gente convencida, que usualmente forma parte de nuestros grupos cercanos (llover sobre mojado).

Estamos desarrollando esta iniciativa en colaboración con organizaciones comunitarias, sindicales y sociales. Ya se han sumado 26 organizaciones de diferentes sectores y regiones del país.

Trataremos un tema cada dos semanas con esa idea de llegar a las comunidades y sectores para aportar en la construcción de conciencia crítica y reflexión.

Este mensaje está dirigido a personas, movimientos y organizaciones para solicitarles que se unan a este esfuerzo compartiendo ampliamente estos afiches en sus redes y listas de contactos… pero la invitación concreta que hacemos es que cada persona y organización realice un esfuerzo por llegar a las comunidades y sectores amplios, pues no tiene sentido seguir circulando mensajes solamente entre gente que esté convencida de estas ideas.

Queremos ampliar el radio de influencia ¿Cómo hacerlo? Cada persona tendrá su posibilidad, o bien, conoce personas en comunidades y sectores con quienes coordinar un esfuerzo colaborativo. El sistema nos ha enclaustrado y esa es su mayor fortaleza, proponemos romper eso y llegar a las comunidades y sectores… o generamos lazos de comunicación de ideas o nada cambiará.

Si alguna organización desea unirse a esta iniciativa, le pedimos que envíe su logotipo a alianza.por.una.vida.digna@gmail.com

Compartimos aquí los afiches generales que se van publicando, estos incluyen los logotipos de la Alianza por una Vida Digna y de SURCOS; cada organización participante recibe de forma directa cada afiche con tres logos: el de esa organización junto con los de la Alianza por una Vida Digna y de SURCOS a fin de que los comparta en sus sectores y comunidades.

Puede descargar los afiches para ser utilizados a titulo individual, y si se trata de una organización o movimiento que quiera sumarse puede enviar su logo a la dirección de correo que se indicó antes.

Descargar afiche ICE electricidad solidaria

Descaragar afiche educación y democracia

Velada Nacional por la Educación Pública: 17 de octubre

El próximo martes 17 de octubre a las 5:30 p.m., se llevará a cabo la «Velada Nacional» organizada por el Pacto por la Educación Pública bajo el lema «¡Educación hoy, paz mañana!«. Este evento tiene como propósito principal defender el presupuesto destinado a una educación pública de calidad, movilizando a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

La concentración central se realizará en San José, específicamente en el Parque de las Garantías Sociales, el Paseo de los Estudiantes y la Plaza de la Democracia. Se invita a los participantes a llevar tambores, candelas, cacerolas, flores y otros elementos artísticos, para expresar su apoyo de manera simbólica y creativa a la defensa de la educación pública.

Además, para quienes se encuentran fuera de la capital, existe la posibilidad de participar desde sus propias comunidades. Personas y organizaciones en las regiones que deseen sumarse a la velada pueden coordinar actividades locales a través del número 8780-1108 o del correo electrónico mesa.nacionaldedialogo@gmail.com De esta manera, se busca que la iniciativa tenga alcance nacional y refleje el compromiso de todos los rincones del país.

Esta jornada de manifestación pacífica pretende resaltar la importancia de invertir en la educación pública como un pilar fundamental para la paz y el desarrollo social del país. La convocatoria abierta espera una amplia participación de ciudadanos comprometidos con la mejora del sistema educativo nacional.

Para más información, los interesados pueden contactar al número 8780-1108 o escribir al correo mesa.nacionaldedialogo@gmail.com ¡Súmese a la Velada Nacional y apoye la causa de la educación pública de calidad!

UNDECA / BUSSCO: ¿Por qué las listas de muerte? La Salud Pública debe ser un derecho de todos

Los dos afiches compartidos tratan sobre una protesta relacionada con la situación de la salud pública en Costa Rica y las deudas que el gobierno tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A continuación, se resume la información principal de ambos afiches:

El primer afiche señala que la salud pública debe ser un derecho de todos, enfatizando la demanda del pago de una deuda de 4 billones de colones. El mensaje central es «¡Exijamos!», haciendo un llamado a la acción para reclamar el pago de esta deuda. Se menciona una huelga programada para el jueves 31 de octubre, organizada en tres turnos y dirigida a los trabajadores para que se organicen en sus centros de trabajo. El afiche presenta los logos de UNDECA y BUSSCO, dos organizaciones involucradas en la movilización, reflejando la unidad sindical y social en la defensa de la salud pública.

El segundo afiche cuestiona la razón de las listas de espera en los servicios de salud, las cuales se califican como «listas de muerte». Se enumeran problemas como la falta de personal, medicamentos, equipo, infraestructura y camas. Estos problemas se atribuyen a la deuda que el gobierno mantiene con la CCSS, la cual supera los 4 billones de colones. La frase «Porque el gobierno no le quiere pagar a la CCSS» responsabiliza directamente al gobierno de la crisis. Se incluyen imágenes de personas esperando en los pasillos de centros de salud, destacando la gravedad de la situación. Al igual que en el primer afiche, se observan los logos de UNDECA, «Somos Gente de Salud» y BUSSCO, junto con un mensaje final: «¡No más corrupción y saqueo de la CCSS!».

Ambos afiches buscan movilizar a la población para exigir el pago de la deuda que el gobierno tiene con la CCSS, subrayando la crisis que esto ha generado en el sistema de salud pública, incluyendo la escasez de recursos básicos y el deterioro de la atención a los pacientes.

Medicamentos esenciales: ¿bienes públicos o mercancías?

Por Germán Velásquez, octubre de 2024

La salud pública ha sido puesta en venta, particularmente tras la pandemia de COVID-19. Actores clave como el G7, Bill Gates y la industria farmacéutica, con la mirada impotente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acapararon vacunas y medicamentos, priorizando el beneficio económico sobre el acceso universal. Al final de 2021, más del 80% de la población de los países industrializados ya estaba vacunada, en contraste con menos del 20% en los países en desarrollo.

La privatización de la salud pública es evidente con el cambio de conceptos fundamentales. La OMS, que en 1977 introdujo el término «medicamentos esenciales», ha sido testigo de cómo se intenta sustituir esta noción por “contramedidas médicas”, un concepto que carece de sustento en salud pública y responde más a intereses comerciales.

A lo largo de los últimos años, el acceso a medicamentos ha empeorado, especialmente en los países en desarrollo, donde los altos costos de los fármacos biológicos, impulsados por las patentes y la falta de salvaguardas en los acuerdos comerciales, han hecho que tratamientos para enfermedades graves sean inalcanzables. Ejemplos como el “Zolgensma” (2.1 millones de dólares) y el “Hemgenix” (3.5 millones de dólares) evidencian esta situación.

La discusión sobre la salud pública sigue, con actores internacionales revisando el Reglamento Sanitario Internacional y negociando un tratado vinculante para la prevención de futuras pandemias. Sin embargo, el futuro parece inclinarse hacia un sistema donde los medicamentos son vistos como mercancías, alejándose de su estatus como bienes públicos esenciales.

Le invitamos a descargar y leer el texto completo en el PDF adjunto.

CITA: G Velásquez.(2024). Consejero especial de Políticas y Salud en el South Center, Ginebra (Suiza). Fuente: Le Monde Diplomatique en español, edición de octubre 2024. https://mondiplo.com/medicamentos-esenciales-bienes-publicos-o 

Compartido con SURCOS por Rodolfo Ulloa Bonilla.

Imagen ilustrativa, UCR.

Lucha por la mejora en el monto de pensión e información del Régimen No Contributivo

Contexto:
Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.

Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión
La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.

Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125
La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.

Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP
Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.

Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele
La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.

El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.

Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.

En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.

En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.

Estudiantes del Colegio Humanístico Costarricense alzan la voz contra recortes en el presupuesto de educación pública

En medio de las discusiones sobre el presupuesto estatal para el año 2025, el Gobierno Estudiantil del Colegio Humanístico Costarricense-Campus Omar Dengo ha emitido una carta abierta dirigida a los diputados y demás autoridades competentes. En la misiva, expresan su profunda preocupación por los recortes presupuestarios propuestos que afectarían directamente a los colegios humanísticos y científicos del país, instituciones que han destacado por su alto rendimiento académico y su aporte a la educación pública.

Los estudiantes enfatizan la importancia de los recursos asignados a estos colegios, que permiten ofrecer una formación integral de calidad a través de personal capacitado, actividades extracurriculares, becas y servicios como el comedor estudiantil. Además, subrayan que el modelo educativo de los colegios humanísticos es único en el país, con un régimen especial que ha permitido una educación de excelencia. La carta es un llamado a revertir los recortes y proteger estos espacios que contribuyen al desarrollo integral de la juventud costarricense.

A continuación, se presenta la carta completa emitida por el Gobierno Estudiantil del Colegio Humanístico Costarricense-Campus Omar Dengo:


Gobierno Estudiantil Colegio Humanístico Costarricense-Campus Omar Dengo

Heredia, Costa Rica

Setiembre, 2024

Estimados diputados, diputadas y personas competentes en el tema sobre la negociación del presupuesto para la educación pública, les saluda el Gobierno Estudiantil del Colegio Humanístico Costarricense-Campus Omar Dengo para expresarles nuestro sentir acerca del recorte presupuestario para el año 2025. Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra profunda preocupación en relación con los recortes presupuestarios propuestos para los Colegios Humanísticos y Científicos del país en el presupuesto estatal del próximo año.

Nosotros y nosotras escogimos la institución de la que hoy somos parte, en búsqueda de mejores oportunidades, de construir nuestro futuro con bases sólidas, educación de calidad y una formación integral más allá de lo convencional. Es por esto que nos pronunciamos ante los recortes, el presupuesto que se nos da es una inversión, ya que se usa un 97% del presupuesto anual que se traduce en personal de calidad, giras educativas, material didáctico, becas, servicio de comedor, cursos y actividades extracurriculares deportivas y culturales subsidios, mantenimiento e inversión en infraestructura.

Consideramos inaceptable y nos afecta directamente como estudiantes el abordaje que se le de este tema, es injusto recortar las oportunidades a instituciones de alta calidad y rendimiento que impactan en el país, la gran preparación académica en donde se explotan las potencialidades de los y las estudiantes es un hecho: hemos tenido grandes participaciones en las distintas Olimpiadas de las ciencias exactas y de filosofía, así como en el Festival Estudiantil de las Artes. Además, cada año es común ver a estudiantes del “Huma” en los mejores promedios de admisión de las universidades públicas. Además, publicaciones en prensa y hasta una revista académica propia como es el caso del Colegio Humanístico Campus Nicoya “Diálogo Humanista”

Es importante resaltar que el Sistema de Colegios Humanísticos tiene un régimen diferente al de todos los colegios oficiales, debido a sus fines y propósitos. Su modelo educativo destaca por su nivel de excelencia, currículo y organización propios, normas particulares de admisión y promoción, criterios de contratación de personal docente y administrativo, así como otros aspectos como la incorporación de los Estudios Generales de la Universidad Nacional y la conformación de un Gobierno Estudiantil Parlamentario, con división de poderes y un sistema de voto indirecto.

El sistema educativo costarricense, en su conjunto, no puede resistir más precarización y debilitamiento. Por tanto, alzamos nuestra voz en representación de los estudiantes, docentes y familias afectadas, solicitamos considerar nuestra situación. Urge revertir estos recortes en favor de la educación pública y proteger los espacios de formación integral, particularmente aquellos que han demostrado ser un pilar en la construcción de una educación pública de calidad y en búsqueda de una mejor sociedad.

Atentamente

Gobierno Estudiantil del Colegio Humanístico Campus Omar Dengo

ANEP solicita valoración externa e independiente sobre el estado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

En una nota emitida el 16 de septiembre de 2024 por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dirigida a los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se solicitó una valoración externa e independiente sobre el estado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), debido a serias preocupaciones sobre la objetividad y credibilidad de los estudios actuariales presentados por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.

El documento detalla los resultados de una reciente valoración actuarial realizada por la actuaria Carolina González Gaitán, en la cual se recomendó implementar reformas que incluyen la eliminación de la pensión anticipada, el aumento de las cuotas y que los pensionados asuman la contribución al Seguro de Salud. Estas propuestas, según la ANEP, generarían mayor desigualdad para los pensionados, desincentivando la afiliación al régimen IVM y agudizando los problemas de sostenibilidad futura del sistema de pensiones.

El documento también pone en duda la capacidad técnica y la imparcialidad de González Gaitán, señalando denuncias previas por parte de la ANEP, así como el involucramiento de la Contraloría General de la República, que remitió el caso al Ministerio Público para su investigación. Se hace referencia a la falta de confianza en los productos emitidos por la Dirección Actuarial y Económica, y se acusa que ciertos actores, como Otto Guevara Guth, han aprovechado esta narrativa para impulsar una agenda política que promueve una visión «todo mercado y nada Estado», la cual la ANEP considera antihumana.

La carta concluye solicitando una valoración externa técnica y objetiva, sugiriendo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como ente evaluador, y enfatiza la necesidad de mejorar el pago de la deuda del Gobierno con la CCSS como una medida clave para asegurar la sostenibilidad del sistema.

El documento está firmado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, y copiado a diversas figuras relevantes dentro del ámbito gubernamental y social, como la Defensora de los Habitantes y la Contralora General de la República.

Invitamos a leer el documento para mayor detalle; la verdadera democracia es la de pleno respeto a todos los derechos humanos.

Yakye Axa: la Corte IDH realizó una visita de supervisión de cumplimiento de sentencia

  • A casi 20 años de la sentencia, la comunidad aún no cuenta con acceso al agua potable, a la salud y a una educación y alimentos de calidad.

  • En la audiencia privada que se llevó a cabo tras la visita se expresaron las principales preocupaciones y reclamos de la comunidad.

Asunción, Paraguay, 20 de septiembre de 2024. – Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encabezada por su vicepresidente Rodrigo Mudrovitsch, visitó Paraguay para realizar una inspección en relación con las medidas de reparación del caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay. También participaron integrantes del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco paraguayo, organizaciones que actúan como representantes convencionales ante la Corte Interamericana, así como también una comitiva de más de 70 personas de distintos organismos del Estado quienes están a cargo de la ejecución de las medidas de reparación. Esta es la segunda vez que la Corte recorre el terreno de la comunidad desde que emitió su sentencia en el 2005.

En comparación a la primera visita realizada en 2017, se han visto algunos progresos en el cumplimiento de las medidas de reparación dictadas, sin embargo, aún queda mucho por hacer. A pesar del avance significativo en la construcción del camino, el mismo todavía presenta varios problemas, como la falta de mantenimiento de los primeros 10 kilómetros, de una correcta señalización, guardarraíl y de luminarias, haciéndolo peligroso para transitar. Asimismo, el camino no se encuentra asfaltado, por lo que el paso de vehículos y las condiciones climáticas pueden generar daños que requiere de un mantenimiento continuo.

Por otro lado, la comunidad no tiene garantizados bienes y servicios básicos como lo son el acceso a la salud, a la educación, a alimentos de calidad y al agua potable, generando obstáculos para su subsistencia. La comunidad no cuenta con independencia hídrica, por lo que depende del agua que proporciona el estado, la cual no es suficiente para toda la comunidad. Por este motivo se ven en la necesidad de recolectar agua de lluvia en tajamares que no tienen las medidas de salubridad correctas. Sobre las viviendas, se avanzó en su construcción, pero las mismas fueron realizadas con materiales de baja calidad y presentan fisuras en las paredes y goteras en el techo. Además, las construcciones fueron realizadas sin letrinas y bañaderos. Al mismo tiempo, el suministro de alimentos en cantidad, variedad y calidad suficientes sigue sin ser garantizado.

Con respecto al acceso a la salud y la educación, la construcción del consultorio médico todavía no se terminó y tampoco se conoce con qué equipo contará. Por otro lado, con relación a la educación, han pasado cinco años desde que la comunidad se encuentra en sus tierras y sin embargo el aula móvil que utilizaban continúa a un costado de la ruta. Los dos salones donde actualmente se dan clase fueron erigidos con un fondo de emergencia educativa facilitado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y no cuentan con baños disponibles para los 64 niños y niñas de la comunidad que asisten a clases.

Por último, destacamos que las obras para otorgar electricidad a la comunidad se encuentran paralizadas. A pesar de que las columnas ya fueron instaladas, aún no se ha colocado el cableado o los transformadores necesarios, por lo que la comunidad no cuenta con servicio eléctrico que llegue a todas las viviendas.

Tras la visita, se llevó a cabo una audiencia privada en la que se resaltó la falta de avances en la titulación de las tierras a nombre de la comunidad y en la adopción de medidas legislativas y de otra índole para garantizar el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas.

Durante esta visita en terreno y durante la audiencia, el vicepresidente y la Secretaría de la Corte tuvieron la oportunidad de escuchar directamente a los líderes de la comunidad Yakye Axa, escuchar sus reclamos y ver las condiciones en las que se encuentran. Esperamos que tras esta nueva visita finalmente el Estado adopte todas las medidas necesarias para dar cumplimiento total a la sentencia.

Antecedentes del caso

La comunidad, conformada por más de 300 personas del Pueblo Enxet, está ubicada en el Departamento de Presidente Hayes. Debido a la expansión de la agricultura y ganadería, una gran extensión de sus tierras fue vendidas por parte del Estado paraguayo, sin su consentimiento, obligando a la comunidad a desplazarse y perder el acceso a sus recursos naturales tradicionales. En 1993, la comunidad comenzó los trámites para la reivindicación de las tierras que consideran como su hábitat tradicional. Sin embargo, estos intentos no tuvieron resultados positivos.

El caso Yakye Axa fue litigado por el CEJIL y la organización Tierraviva, las cuales lograron obtener una sentencia en 2005. La Corte condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de sus tierras, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial y ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas, la devolución de las tierras a la comunidad. Sin embargo, a casi 20 años de la sentencia, el Estado paraguayo aún no ha cumplido con la totalidad de estas medidas, demostrando una demora significativa en la atención estatal.

Foro Nacional de Vivienda llama a manifestaciones por vivienda 18 y 19 de setiembre

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Comunicado

El Foro Nacional de Vivienda es una instancia de coordinación de Asociaciones y Grupos Sociales de Vivienda a nivel país.

Velamos por el cumplimiento de los objetivos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y lamentablemente, las dos últimas administraciones del Poder Ejecutivo le han declarado una guerra abierta al Sistema con el único objetivo de destruirlo totalmente y eliminar el Bono Familiar de Vivienda para las familias en mayor vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, rebajando elevados montos del Presupuesto que la Ley 7052 le confiere.

Hoy día tenemos una institucionalidad en el Sector que lamentablemente no camina, contamos con una atención amable, empática y hasta se podría decir que muy diplomática pero que los acuerdos que se logran tomar no tienen el mínimo cumplimiento, aun cuando en las reuniones aseguran un seguimiento que no se da, como diría el pueblo “NOS ESTÁN VIENDO LA CARA”

Tenemos varios proyectos con 15, 18 y hasta 20 años de esperar una solución, muchos precarios con 35 y más años de esperar, donde han nacido hasta tres generaciones y al día de hoy no tenemos ninguna política de atención a estas familias y en este momento hay más de 25.000 familias con acciones de desalojo de las cuales ya se han desalojado varios miles, evidentemente esto sucede por la desidia y negligencia de las instituciones encargadas cuyos funcionarios operan bajo la ley del mínimo esfuerzo.

¡¡YA SE AGOTÓ NUESTRA PACIENCIA!! Así como el presidente de la República y las diferentes policías del país están haciendo un llamado a sus seguidores en el caso del señor Chaves y las policías a sus miembros, el Foro Nacional de Vivienda hace un llamado abierto a todas las Organizaciones Sociales para que NOS TIREMOS A LAS CALLES A DEFENDER NUESTROS DERECHOS, le pediremos al presidente que haga cierta sus palabras de campaña y “se coma la bronca” de una institucionalidad falta de energía, falta de probidad, falta de voluntad, falta de visión social y política, no más recortes en el Sector Social, no somos los burros de carga para que continúen los privilegios económicos de cierta gente que se han visto ampliamente favorecidas con decisiones de este poder ejecutivo.

EL 18 Y 19 DE SETIEMBRE estaremos en las calles cerrando muchos puntos del territorio nacional, a partir de hoy somos la resistencia a la guerra que ha declarado Rodrigo Chaves a las familias pobres que necesitan vivienda, becas para estudiantes en vulnerabilidad, apoyo a las madres jefas de hogar, a los adultos mayores que requieren de la CCSS para mantener su salud. No al desmantelamiento de las instituciones de bien social, no son de ellos son del pueblo.

A LA CALLE, SEPAMOS SER LIBRES, A LUCHAR, NO MENDIGAREMOS POR EL DERECHO DE NUESTROS HIJOS A TENER UN TECHO SEGURO.

4 de setiembre 2024.

Foro Nacional de Vivienda

Manuel Salinas Salinas

Le invitamos a ver nuestra respuesta al señor presidente:

8 % ya

Manuel Hernández

1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.

La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.

Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.

Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.

2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.

No es una simple abstracción jurídica.

Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.

3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.

Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.

El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.

4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.

La norma constitucional constituye un mandato imperativo.

La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.

Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.

5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.

6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.

No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.

6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.

7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.

La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.

8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.

9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.

¡8 % ya!