Contexto: Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.
Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.
Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.
Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125 La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.
Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.
Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.
El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.
Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.
En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.
En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.
En medio de las discusiones sobre el presupuesto estatal para el año 2025, el Gobierno Estudiantil del Colegio Humanístico Costarricense-Campus Omar Dengo ha emitido una carta abierta dirigida a los diputados y demás autoridades competentes. En la misiva, expresan su profunda preocupación por los recortes presupuestarios propuestos que afectarían directamente a los colegios humanísticos y científicos del país, instituciones que han destacado por su alto rendimiento académico y su aporte a la educación pública.
Los estudiantes enfatizan la importancia de los recursos asignados a estos colegios, que permiten ofrecer una formación integral de calidad a través de personal capacitado, actividades extracurriculares, becas y servicios como el comedor estudiantil. Además, subrayan que el modelo educativo de los colegios humanísticos es único en el país, con un régimen especial que ha permitido una educación de excelencia. La carta es un llamado a revertir los recortes y proteger estos espacios que contribuyen al desarrollo integral de la juventud costarricense.
A continuación, se presenta la carta completa emitida por el Gobierno Estudiantil del Colegio Humanístico Costarricense-Campus Omar Dengo:
Gobierno Estudiantil Colegio Humanístico Costarricense-Campus Omar Dengo
Heredia, Costa Rica
Setiembre, 2024
Estimados diputados, diputadas y personas competentes en el tema sobre la negociación del presupuesto para la educación pública, les saluda el Gobierno Estudiantil del Colegio Humanístico Costarricense-Campus Omar Dengo para expresarles nuestro sentir acerca del recorte presupuestario para el año 2025. Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra profunda preocupación en relación con los recortes presupuestarios propuestos para los Colegios Humanísticos y Científicos del país en el presupuesto estatal del próximo año.
Nosotros y nosotras escogimos la institución de la que hoy somos parte, en búsqueda de mejores oportunidades, de construir nuestro futuro con bases sólidas, educación de calidad y una formación integral más allá de lo convencional. Es por esto que nos pronunciamos ante los recortes, el presupuesto que se nos da es una inversión, ya que se usa un 97% del presupuesto anual que se traduce en personal de calidad, giras educativas, material didáctico, becas, servicio de comedor, cursos y actividades extracurriculares deportivas y culturales subsidios, mantenimiento e inversión en infraestructura.
Consideramos inaceptable y nos afecta directamente como estudiantes el abordaje que se le de este tema, es injusto recortar las oportunidades a instituciones de alta calidad y rendimiento que impactan en el país, la gran preparación académica en donde se explotan las potencialidades de los y las estudiantes es un hecho: hemos tenido grandes participaciones en las distintas Olimpiadas de las ciencias exactas y de filosofía, así como en el Festival Estudiantil de las Artes. Además, cada año es común ver a estudiantes del “Huma” en los mejores promedios de admisión de las universidades públicas. Además, publicaciones en prensa y hasta una revista académica propia como es el caso del Colegio Humanístico Campus Nicoya “Diálogo Humanista”
Es importante resaltar que el Sistema de Colegios Humanísticos tiene un régimen diferente al de todos los colegios oficiales, debido a sus fines y propósitos. Su modelo educativo destaca por su nivel de excelencia, currículo y organización propios, normas particulares de admisión y promoción, criterios de contratación de personal docente y administrativo, así como otros aspectos como la incorporación de los Estudios Generales de la Universidad Nacional y la conformación de un Gobierno Estudiantil Parlamentario, con división de poderes y un sistema de voto indirecto.
El sistema educativo costarricense, en su conjunto, no puede resistir más precarización y debilitamiento. Por tanto, alzamos nuestra voz en representación de los estudiantes, docentes y familias afectadas, solicitamos considerar nuestra situación. Urge revertir estos recortes en favor de la educación pública y proteger los espacios de formación integral, particularmente aquellos que han demostrado ser un pilar en la construcción de una educación pública de calidad y en búsqueda de una mejor sociedad.
Atentamente
Gobierno Estudiantil del Colegio Humanístico Campus Omar Dengo
En una nota emitida el 16 de septiembre de 2024 por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dirigida a los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se solicitó una valoración externa e independiente sobre el estado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), debido a serias preocupaciones sobre la objetividad y credibilidad de los estudios actuariales presentados por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.
El documento detalla los resultados de una reciente valoración actuarial realizada por la actuaria Carolina González Gaitán, en la cual se recomendó implementar reformas que incluyen la eliminación de la pensión anticipada, el aumento de las cuotas y que los pensionados asuman la contribución al Seguro de Salud. Estas propuestas, según la ANEP, generarían mayor desigualdad para los pensionados, desincentivando la afiliación al régimen IVM y agudizando los problemas de sostenibilidad futura del sistema de pensiones.
El documento también pone en duda la capacidad técnica y la imparcialidad de González Gaitán, señalando denuncias previas por parte de la ANEP, así como el involucramiento de la Contraloría General de la República, que remitió el caso al Ministerio Público para su investigación. Se hace referencia a la falta de confianza en los productos emitidos por la Dirección Actuarial y Económica, y se acusa que ciertos actores, como Otto Guevara Guth, han aprovechado esta narrativa para impulsar una agenda política que promueve una visión «todo mercado y nada Estado», la cual la ANEP considera antihumana.
La carta concluye solicitando una valoración externa técnica y objetiva, sugiriendo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como ente evaluador, y enfatiza la necesidad de mejorar el pago de la deuda del Gobierno con la CCSS como una medida clave para asegurar la sostenibilidad del sistema.
El documento está firmado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, y copiado a diversas figuras relevantes dentro del ámbito gubernamental y social, como la Defensora de los Habitantes y la Contralora General de la República.
Invitamos a leer el documento para mayor detalle; la verdadera democracia es la de pleno respeto a todos los derechos humanos.
A casi 20 años de la sentencia, la comunidad aún no cuenta con acceso al agua potable, a la salud y a una educación y alimentos de calidad.
En la audiencia privada que se llevó a cabo tras la visita se expresaron las principales preocupaciones y reclamos de la comunidad.
Asunción, Paraguay, 20 de septiembre de 2024. – Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encabezada por su vicepresidente Rodrigo Mudrovitsch, visitó Paraguay para realizar una inspección en relación con las medidas de reparación del caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay. También participaron integrantes del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco paraguayo, organizaciones que actúan como representantes convencionales ante la Corte Interamericana, así como también una comitiva de más de 70 personas de distintos organismos del Estado quienes están a cargo de la ejecución de las medidas de reparación. Esta es la segunda vez que la Corte recorre el terreno de la comunidad desde que emitió su sentencia en el 2005.
En comparación a la primera visita realizada en 2017, se han visto algunos progresos en el cumplimiento de las medidas de reparación dictadas, sin embargo, aún queda mucho por hacer. A pesar del avance significativo en la construcción del camino, el mismo todavía presenta varios problemas, como la falta de mantenimiento de los primeros 10 kilómetros, de una correcta señalización, guardarraíl y de luminarias, haciéndolo peligroso para transitar. Asimismo, el camino no se encuentra asfaltado, por lo que el paso de vehículos y las condiciones climáticas pueden generar daños que requiere de un mantenimiento continuo.
Por otro lado, la comunidad no tiene garantizados bienes y servicios básicos como lo son el acceso a la salud, a la educación, a alimentos de calidad y al agua potable, generando obstáculos para su subsistencia. La comunidad no cuenta con independencia hídrica, por lo que depende del agua que proporciona el estado, la cual no es suficiente para toda la comunidad. Por este motivo se ven en la necesidad de recolectar agua de lluvia en tajamares que no tienen las medidas de salubridad correctas. Sobre las viviendas, se avanzó en su construcción, pero las mismas fueron realizadas con materiales de baja calidad y presentan fisuras en las paredes y goteras en el techo. Además, las construcciones fueron realizadas sin letrinas y bañaderos. Al mismo tiempo, el suministro de alimentos en cantidad, variedad y calidad suficientes sigue sin ser garantizado.
Con respecto al acceso a la salud y la educación, la construcción del consultorio médico todavía no se terminó y tampoco se conoce con qué equipo contará. Por otro lado, con relación a la educación, han pasado cinco años desde que la comunidad se encuentra en sus tierras y sin embargo el aula móvil que utilizaban continúa a un costado de la ruta. Los dos salones donde actualmente se dan clase fueron erigidos con un fondo de emergencia educativa facilitado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y no cuentan con baños disponibles para los 64 niños y niñas de la comunidad que asisten a clases.
Por último, destacamos que las obras para otorgar electricidad a la comunidad se encuentran paralizadas. A pesar de que las columnas ya fueron instaladas, aún no se ha colocado el cableado o los transformadores necesarios, por lo que la comunidad no cuenta con servicio eléctrico que llegue a todas las viviendas.
Tras la visita, se llevó a cabo una audiencia privada en la que se resaltó la falta de avances en la titulación de las tierras a nombre de la comunidad y en la adopción de medidas legislativas y de otra índole para garantizar el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas.
Durante esta visita en terreno y durante la audiencia, el vicepresidente y la Secretaría de la Corte tuvieron la oportunidad de escuchar directamente a los líderes de la comunidad Yakye Axa, escuchar sus reclamos y ver las condiciones en las que se encuentran. Esperamos que tras esta nueva visita finalmente el Estado adopte todas las medidas necesarias para dar cumplimiento total a la sentencia.
Antecedentes del caso
La comunidad, conformada por más de 300 personas del Pueblo Enxet, está ubicada en el Departamento de Presidente Hayes. Debido a la expansión de la agricultura y ganadería, una gran extensión de sus tierras fue vendidas por parte del Estado paraguayo, sin su consentimiento, obligando a la comunidad a desplazarse y perder el acceso a sus recursos naturales tradicionales. En 1993, la comunidad comenzó los trámites para la reivindicación de las tierras que consideran como su hábitat tradicional. Sin embargo, estos intentos no tuvieron resultados positivos.
El caso Yakye Axa fue litigado por el CEJIL y la organización Tierraviva, las cuales lograron obtener una sentencia en 2005. La Corte condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de sus tierras, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial y ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas, la devolución de las tierras a la comunidad. Sin embargo, a casi 20 años de la sentencia, el Estado paraguayo aún no ha cumplido con la totalidad de estas medidas, demostrando una demora significativa en la atención estatal.
El Foro Nacional de Vivienda es una instancia de coordinación de Asociaciones y Grupos Sociales de Vivienda a nivel país.
Velamos por el cumplimiento de los objetivos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y lamentablemente, las dos últimas administraciones del Poder Ejecutivo le han declarado una guerra abierta al Sistema con el único objetivo de destruirlo totalmente y eliminar el Bono Familiar de Vivienda para las familias en mayor vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, rebajando elevados montos del Presupuesto que la Ley 7052 le confiere.
Hoy día tenemos una institucionalidad en el Sector que lamentablemente no camina, contamos con una atención amable, empática y hasta se podría decir que muy diplomática pero que los acuerdos que se logran tomar no tienen el mínimo cumplimiento, aun cuando en las reuniones aseguran un seguimiento que no se da, como diría el pueblo “NOS ESTÁN VIENDO LA CARA”
Tenemos varios proyectos con 15, 18 y hasta 20 años de esperar una solución, muchos precarios con 35 y más años de esperar, donde han nacido hasta tres generaciones y al día de hoy no tenemos ninguna política de atención a estas familias y en este momento hay más de 25.000 familias con acciones de desalojo de las cuales ya se han desalojado varios miles, evidentemente esto sucede por la desidia y negligencia de las instituciones encargadas cuyos funcionarios operan bajo la ley del mínimo esfuerzo.
¡¡YA SE AGOTÓ NUESTRA PACIENCIA!! Así como el presidente de la República y las diferentes policías del país están haciendo un llamado a sus seguidores en el caso del señor Chaves y las policías a sus miembros, el Foro Nacional de Vivienda hace un llamado abierto a todas las Organizaciones Sociales para que NOS TIREMOS A LAS CALLES A DEFENDER NUESTROS DERECHOS, le pediremos al presidente que haga cierta sus palabras de campaña y “se coma la bronca” de una institucionalidad falta de energía, falta de probidad, falta de voluntad, falta de visión social y política, no más recortes en el Sector Social, no somos los burros de carga para que continúen los privilegios económicos de cierta gente que se han visto ampliamente favorecidas con decisiones de este poder ejecutivo.
EL 18 Y 19 DE SETIEMBRE estaremos en las calles cerrando muchos puntos del territorio nacional, a partir de hoy somos la resistencia a la guerra que ha declarado Rodrigo Chaves a las familias pobres que necesitan vivienda, becas para estudiantes en vulnerabilidad, apoyo a las madres jefas de hogar, a los adultos mayores que requieren de la CCSS para mantener su salud. No al desmantelamiento de las instituciones de bien social, no son de ellos son del pueblo.
A LA CALLE, SEPAMOS SER LIBRES, A LUCHAR, NO MENDIGAREMOS POR EL DERECHO DE NUESTROS HIJOS A TENER UN TECHO SEGURO.
4 de setiembre 2024.
Foro Nacional de Vivienda
Manuel Salinas Salinas
Le invitamos a ver nuestra respuesta al señor presidente:
1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.
La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.
Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.
Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.
2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.
No es una simple abstracción jurídica.
Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.
3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.
Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.
El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.
4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.
La norma constitucional constituye un mandato imperativo.
La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.
Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.
5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.
6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.
No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.
6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.
7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.
La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.
8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.
9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.
En la información compartida con SURCOS por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) se señala que el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010.
En una nota enviada al Ministro de Trabajo y al Gerente de Pensiones de la CCSS, se solicita atender el asunto con fundamento en los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política de Costa Rica y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición.
La nota presenta una solicitud formal respaldada por un oficio firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS, solicitando un acuse de recibo. Se destaca la estructura clara y respetuosa de la comunicación, el respaldo legal de la petición y la importancia de asegurar una respuesta oficial.
El correo enviado es el siguiente:
Lic. Andrés Romero Rodríguez, Ministro Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Gobierno de la República de Costa Rica
Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente. Gerencia de Pensiones Caja Costarricense de Seguro Social
Estimados señores,
Sirva la presente para saludarlos y hacerles la siguiente petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición.
Se adjunta oficio ACSS-007-2024 firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS.
Favor enviarnos acuse de recibo.
Saludos cordiales.
Por ACSS
Att. Rodrigo Arias López
Análisis del documento firmado.
El régimen no contributivo de pensiones (RNC) en Costa Rica ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010. En enero de ese año, el monto de la pensión bajo el RNC era de ¢70.125. Al ajustar este monto según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pasó de 75,10 en 2010 a 109,57 en julio de 2024, el valor equivalente de esa pensión hoy sería de ¢102.383. Sin embargo, el monto actual de la pensión es de solo ¢82.000, cifra que se ha mantenido sin reajuste desde junio de 2019, lo que implica una devaluación del 25%. Para restablecer el poder adquisitivo de la pensión, sería necesario un incremento mensual de ¢20.383, llevando el total a ¢102.500. Esto afecta a más de 142.571 personas pensionadas bajo la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662 de 1974.
La «Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935» de 1999 establece, en sus artículos 1 y 3, el derecho de las personas mayores a una vida digna, incluyendo el acceso a pensiones que cubran sus necesidades fundamentales. Este principio se refuerza por el Convenio C128 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual estipula que las prestaciones monetarias deben ajustarse cuando se producen variaciones notables en el costo de la vida. La pérdida de valor de la pensión del RNC en un 25% se encuentra claramente enmarcada en este concepto de variación notable y debería ser revisada conforme a lo establecido en el artículo 29 de dicho convenio.
El Cuadro N° 1 proporciona una visión detallada del estado de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) en Costa Rica, desglosadas por tipo de beneficiario y monto de la pensión a junio de 2024. A continuación se presenta un análisis de los datos:
En el cuadro se observa que la mayoría de las pensiones bajo el RNC tienen un monto de ¢82.000 mensuales, lo cual afecta a 142.571 beneficiarios. Este grupo incluye a personas en diversas categorías como indigentes, personas con invalidez, orfandad, vejez y viudez. La mayor proporción de pensionados corresponde a la categoría de vejez con 93.322 beneficiarios, lo que subraya la importancia de este segmento de la población dentro del sistema de pensiones no contributivo.
Por otro lado, hay un grupo específico de pensionados que reciben una pensión más alta, de ¢352.164,91 mensuales. Este grupo se compone de 5.330 personas y se desglosa en tres categorías principales: aquellos con parálisis cerebral profunda (PCP), autismo, mielomeningocele, y otras condiciones neurológicas equiparables a PCP. La ley que regula estas pensiones establece que el monto debe ser equivalente al salario mínimo legal, el cual se ajusta de forma periódica. Sin embargo, como se mencionó en el análisis anterior, el monto pagado en junio de 2024 corresponde al salario mínimo de 2023, lo que ha generado una diferencia acumulada no pagada a los beneficiarios.
El número de pensionados por PCP (2.769 personas) es significativamente mayor que el de aquellos con autismo (1.433 personas) o mielomeningocele (325 personas). Además, 803 personas reciben pensiones bajo la categoría de «otras equiparables a PCP», lo que indica que existen otras condiciones neurológicas graves que también son consideradas dentro del mismo marco legal.
En total, el RNC cubre a 147.901 personas, de las cuales 142.571 reciben la pensión básica de ¢82.000 mensuales, mientras que 5.330 perciben una pensión mayor debido a sus condiciones de salud severas. Esto pone de relieve la gran diferencia en el monto de las pensiones, que depende en gran medida del tipo de discapacidad o condición médica que padezca el beneficiario.
El desglose del cuadro refleja la cobertura significativa que ofrece el RNC, especialmente en la categoría de vejez, aunque la falta de ajustes por inflación para la mayoría de los beneficiarios y las demoras en el ajuste de pensiones mayores constituyen un problema que debe abordarse para garantizar el bienestar económico de las personas más vulnerables.
Por otro lado, la Ley N° 7125, promulgada en 1989 y modificada en 2009, establece un régimen de pensión vitalicia para personas con parálisis cerebral profunda, autismo y mielomeningocele, siempre que estas condiciones se manifiesten durante la primera infancia y las personas afectadas se encuentren en estado de pobreza o abandono. A junio de 2024, había 5.330 pensionados bajo esta ley. La ley establece que el monto de la pensión debe ser equivalente al salario mínimo mensual legal fijado por el Poder Ejecutivo, el cual, a partir de enero de 2024, es de ¢358.609,5. Sin embargo, se ha detectado que estos pensionados continúan recibiendo el salario mínimo de 2023, que era de ¢352.164,91. Esta diferencia de ¢6.444,59 mensuales se ha acumulado durante ocho meses, lo que representa un total de ¢51.556,72 no pagados a cada pensionado. La omisión en el ajuste corresponde a un aumento del 1,83%, que es el incremento del salario mínimo en 2024.
La Ley N° 7125 es un mecanismo que beneficia a personas con condiciones neurológicas graves desde la primera infancia, pero excluye a quienes desarrollan estas afecciones después de esta etapa. Esta exclusión es vista como discriminatoria y carece de sustento constitucional. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha emitido resoluciones en las que se pone en duda la razonabilidad de esta distinción. Las condiciones de pobreza y las enfermedades neurológicas graves deberían ser el criterio principal para otorgar la pensión, independientemente de cuándo se manifiesten los síntomas.
Además, hay una falta de claridad sobre cómo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) clasifica a los pensionados bajo el régimen del RNC por invalidez. La CCSS incluye a beneficiarios con diferentes condiciones neurológicas severas, pero no existe una lista pública que detalle las enfermedades con manifestaciones neurológicas equiparables en severidad, lo que dificulta a los potenciales beneficiarios conocer si pueden acogerse a la Ley N° 7125.
El cuadro presentado detalla la cantidad de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) bajo la categoría de «Invalidez RNC/PCP» según la fecha de vigencia de las pensiones. Los datos muestran una distinción entre las pensiones otorgadas antes y después del 24 de enero de 1989, fecha en la que entró en vigor la Ley Pensión Vitalicia para Personas con Parálisis Profunda N° 7125.
Antes del 24 de enero de 1989, se registran 1.575 pensiones, lo que indica que estas fueron concedidas bajo un marco legal diferente o posiblemente bajo criterios previos a la ley mencionada.
A partir del 24 de enero de 1989, con la implementación de la Ley N° 7125, el número de pensiones bajo esta categoría aumentó considerablemente, llegando a 42.843. Esto refleja la expansión del sistema de pensiones no contributivo para incluir a personas con parálisis profunda, autismo y otras discapacidades graves que cumplan con los criterios establecidos en la ley.
En total, el RNC administra 44.418 pensiones bajo la categoría «Invalidez RNC/PCP», lo que subraya la importancia de este régimen para proteger a las personas en situación de invalidez severa. La mayoría de estas pensiones fueron otorgadas después de 1989, lo que puede interpretarse como un reflejo de la efectividad de la ley para ampliar la cobertura y el acceso a beneficios para quienes padecen estas condiciones.
Por lo tanto, se solicita un reajuste del 25% en las pensiones otorgadas bajo la Ley N° 5662, llevándolas a ¢102.500 mensuales. Asimismo, se exige que las pensiones bajo la Ley N° 7125 se actualicen conforme al salario mínimo de 2024, y se cancele la diferencia acumulada desde enero de ese año. También se requiere un archivo en formato Excel con los datos de las pensiones del RNC a junio de 2024 y la lista de enfermedades neurológicas consideradas equiparables por la CCSS para la correcta aplicación de la Ley N° 7125.
AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El documento está firmado por los siguientes integrantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social:
Lic. Carlos Eduardo González Arroyo.
Dr. Alfredo Ramírez Montero.
Lic. Jorge Manuel García Araya.
MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora.
M.Sc. Rodrigo Arias López.
Firmado digitalmente por:
Dr Alfredo Ramírez Montero.
M.Sc. Rodrigo Arias López.
Referencia
Romero Rodríguez, A., & Barrantes Espinoza, J. (2024). Petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición (Oficio ACSS-007-2024). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Gobierno de la República de Costa Rica, & Gerencia de Pensiones, Caja Costarricense de Seguro Social.
Licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general de SITRAHSAN.
Miguel Ureña Cascante
Como decía la canción, ayer ya pasó…
A veces llorar por el pasado es como llorar por la leche derramada, metafóricamente señalando hechos.
La semana anterior, le dimos santa sepultura de Tatiana, adulta mayor de Rio Azul, en el cantón de la Unión, después de luchar contra el flagelo del cáncer, enfermedad a la que mucho costarricense está expuesto.
No dudamos que este tema; pueda resultar para algunos ajenos a nuestro quehacer diario; pero les vamos a justificar quizás que no.
El Código Tributario, señala entre sus fines, la seguridad y salud misma; es decir cobrar los tributos es solo una parte del proceso, pero la última es que se haga efectivo ese pago en las cuentas del Ministerio de Hacienda.
Este dinero, servirá para salud, para seguridad y para educación, además de pagar los compromisos y otras dos áreas más que algunos privilegiados disfrutan, como mejores pistas o carreteras, los “de a pie” viajamos en bus, al hueco de la calle que administra la muni, pues ese es problema ajeno, mientras lleguemos a tiempo a marcar, no hay problema, más que la cantidad de vehículos que circulan, muchos con placas color verde o de alta gama, dichosos esos, que andan hasta en los conciertos de los tigres del norte…
Pero bueno, al tema, Tatiana ya dejo de sufrir, que ironía, tendrá acaso que morir más personas, para que la nutrida planilla engorde el ego de pocos, aunque buenos galenos, ese nutrido pago, realizado por la CCSS, aunque justificado por una especialista de la vista, hubiéramos deseado que Tatiana, también hubiese tenido un tratamiento caro y de calidad en la enfermedad del cáncer.
Se señala que la medicina que otorga la CCSS, en este tratamiento es muy oneroso para el país mismo, pero como somos solidarios, yo desearía, que las camas de hospital estuvieses vacías, no por muertos, sino por personas en un país vigoroso y saludable.
El qué, para qué o para quién, es la premisa siempre presente en la realidad económica de una nación; trabajado en la CCSS durante algún tiempo atrás, me resulta muy extraño, que todo el fondo de enfermedad y maternidad se agote, el fondo del IVM, se utiliza para el pago de las pensiones actuales, y generar la reserva de las pensiones futuras, aunque seguimos con riesgo de no percibir una pensión digna, las malas decisiones socaban dicho fondo.
¿Qué tiene que ver la CCSS con los fines de los tributos?, pues; si en la CCSS esto es mal administrado, Hacienda, sale como el “chapulín colorado” a disminuir esa presión financiera.
Queremos mejores hospitales, es un hecho, queremos mejor medicina, es un hecho, queremos… que queremos o a que debemos darle prioridad.
Los tributos tienen su fin mismo, las cargas sociales de enfermedad y maternidad, en la CCSS, tienen un fin mismo, mantener vigoroso y activo el espectro de la seguridad misma, pero cuando observamos que llegamos al Ebais a retirar un medicamento, el cual es casi generalizado en la población nacional, como para el tratamiento de la presión arterial, el azúcar en sangre y algunas otras patologías más, waw, entonces, uno se pregunta, si la seguridad social de manera saludable se sostiene por si misma, pues no deberíamos tener hospitales tan saturados o mala atención médica, si los Ebais y el medicamento ahí otorgado disminuye los efectos hacia los hospitales o quirófanos.
En la CCSS es mucho el dinero que ingresa mes a mes, igual que en Hacienda, desde la perspectiva de la riqueza de una persona, pero cuando ese ingreso se diluye entre la población a la que hay que atender, se diluye tanto, que parece que falta y lo irónico de todo, los que trabajamos por falta de tiempo no tenemos acceso a medicina de calidad, no tenemos tiempo, simple excusa, pero vienen los migrantes, a través d convenios internacionales, y ellos si tienen o gozan de ese privilegio, instituciones nacionales, creadas desde 1942, ahora es copada toda su capacidad, o un alto porcentaje, por migrantes amparados a esos convenios internacionales, o los ticos que si tienen tiempo, y muchas veces acuden hasta 3 o 4 veces en una semana para obtener medicina, de calidad, porque una medicina de calidad cura, y evita que la persona reitere o repita su solicitud de un derecho universal, pero parece que el medicamento que se le aplica, apenas es un paliativo.
Seguimos sin aterrizar, el asunto tributario, terminaríamos quizás esta verborrea social, con que, todos esperan del Estado mismo, integrando CCSS, Hacienda, Municipalidades, IFAM, FANAL, RECOPE, y otras instituciones del Estado, conceptualizadas como administradoras tributarias, a integrar el Dinero en caja única, aquí voy a meter la JPS, negocio millonario en manos del Estado, pero parece ser que los viejitos del hogar de ancianos ubicado en barrio la Tolima, de San Rafael Arriba de Desamparados, estén expuestos a orden sanitaria para cierre, por no tener lo recursos para seguir operando.
Que ironía, el Ministerio de Salud, ordena su cierre, pero no sugiere a la Junta de Protección Social, le destine un piquillo de lo que de los sorteos se queda por no reclamos, o bien poner en el tapete de la Junta Directiva ese problema, para que los ancianos tengan calidad de vida en su vejez, una camita digna o un techo que los abrigue, y que no suceda lo de Tatiana, la de Rio azul, que muere en estado de abandono casi deplorable, porque aunque el amor de familia le sobraba, faltaban recursos en medicina de calidad y el IMAS al rato, ni poder darle para reconstruir su cuartito, que difícil, en ocasione hasta tragar grueso cuesta, tanto caso de gente pobre es esta Costa Rica, rica para algunos, pobre para otros.
Quienes subsistimos del salario, sabemos que cuesta mucho terminar a veces la quincena, damos gracias al universo por tener salud y que los nuestros igual, pero vivimos con ese temor, que alguien se saque la lotería, y un día deba confirmar la mala o pésima o deficiente calidad de la seguridad social de esta mi linda Costa Rica, tenemos agua potable del grifo, pero; aún falta mucho por hacer y para llenar esos baches está el actuar hacendario. Dándole recursos para cumplir los fines de su creación. La calidad en los servicios de la CCSS, va muy ligad a la mala gestión quizás del presupuesto mismo, cuanto para salarios, cuanto para guardias, cuanto para extras, y cuando para hospitales, para mantenimiento preventivo, para especialistas, para camas, es toda una paradoja o una caja negra, pero a todos se les debe atender, y muchas veces lo malo traga más pinol, que lo bueno, los buenos funcionarios son hostigados o dejados de lado, los que tienen vocación, no resisten trabajar y ejercer para cumplir su juramento, para al final una acetaminofén sugerir o prescribir, mientras en la calle la medicina privada de calidad cuesta y sugiere solución a una semana de sufrimiento, por el bendito dengue que se pegó, cuando fue en bus el puerto, ya ni eso se puede hacer.
Así es, todos si faltan colones, aunque ellos administren recursos si los administran mal, vuelven después sus ojos a la Hacienda Pública, para pedir más recursos, y aun cuando tenemos la Ley 8131, de larga data, debemos profesar por un Ministerio de Hacienda más robusto y vigoroso, ya no es suficiente la contingencia de la Policía Fiscal, debemos dotar a los auditores fiscales del estatus de comisionado fiscal, sin límite de materia o competencia territorial, para que su actuar no sea penalizado como en la actualidad, por actuar quizás fuera de su jurisdicción a pesar de observar flagrante delito de defraudación aduanera o tributaria.
Debemos paliar una serie de limitaciones legales, que nos ponen censura previa en la denuncia de delitos tributarios o una camisa de fuerza quizás, por no tener recursos para ampliar el espectro de control fiscal.
Si el Estado Hacienda- y Administradores Tributarios, se ponen de acuerdo, se cumple el principio de caja única, pues en la olla en que se guarde ese dinero o la tinaja, y sea resguardada o administrada con celo, tal cual duende de los cuentos de Disney…
Un sin fin de paradojas, en un Estado complejo de gobernar, donde las prioridades o los problemas económicos nos abordan día con día, para mantener ese balance, que sea un balance razonable, que no caiga en el óptimo Pareto de la actuación social, pero que todos pongamos las barbas en remojo; que se ocupa, cuantos están muriendo en los hospitales, cuales con esas situaciones o pandemias que deben atenderse, y con la mano en el corazón, no lucrar con la enfermedad de una nación, porque eso tampoco se vale, aprovecharse del enfermo, crear un órgano, sea desde un Ebais o una clínica pero que al final no resuelva en nada el malestar de la comunidad, pues señala quizás un mal uso de esos recursos limitados al fin.
Y quizás, debamos traer más artistas a los conciertos, brindar con esas actuaciones sociales, ayudar a que el habitante, genere más dopamina, oxitocina o endorfina, para en una salida, destinar recursos a ser más felices y gastar menos en medicina, pero al final evadiendo la realidad misma en las que estamos inmersos, y no tomamos ¡el toro por los cachos” y proponemos quizás, la elección del Ministro de Hacienda o los miembros de las Juntas Directivas de la CCSS, de la JPS y otros entes que administran mucho dinero, pero que no está llegándose a cumplir el fin mismo de la institución que dicen representar. El mando político, debe ser más controlador de esa área, parece ser el área social, la más impactada.
No resto méritos, el Ministerio de Hacienda mismo, en la actualidad, paliar con tanto problema, que me piden dinero por aquí, me piden dinero por allá, pero se les da el dinero y siempre resulta insuficiente, porque los administradores de los recursos no tienen claro el papel, pues, seguiremos siendo en Hacienda los responsables del bienestar nacional y social de esta gran nación, y el apaga incendios por la mala gestión de esos dineros, en especial cuando la gran porción de concentra en salarios de unos pocos, y esos pocos hasta horas extras con cifras millonarias, aquí si eso pasa; algo no está bien, ya que como defensor del principio de solidaridad, si eso pasa y me quedo callado, pues estoy siendo parte del problema también, y eso no se vale.
Recuerde Tatiana ya se le dio santa sepultura, una mártir más quizás de un sistema económico desordenado y alguien debe alzar la voz, y dejar en evidencia que eso está sucediendo, pero ese desorden yo no lo provoque y lo denuncio en pro de los “de a pie”. Exoneraciones, evasión, fraude tributario, en fin la morosidad misma en la CCSS, y quizás cobros excesivos de los gestores de cobro, todo eso debemos revisarlo y que la Contraloría ejerza su función, porque no se vale, salarios tan altos y nosotros en Hacienda hacerles el trabajo.
Mientras tanto, ¿que va a hacer usted para prevenir en su vejez ese efecto?
Tejimos la Avenida Segunda con miles de voces la protesta social revindicando la Educación como ese bien común social que nos dignifica, pero también, con digna rabia denunciamos los atropellos y «ninguneo» de una administración que tiene como horizonte la privatización y mercantilización de los derechos sociales de nuestra sociedad.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ha lanzado un llamado urgente a todos los costarricenses a participar en la Gran Marcha Nacional bajo el lema «Somos Gente de Salud», en defensa y apoyo a la educación pública. Esta manifestación, programada para el miércoles 28 de agosto de 2024, a las 9:00 AM, partirá del Parque de la Merced y culminará en la Plaza de la Democracia, con la intención de alzar la voz contra las políticas neoliberales que están afectando gravemente los pilares fundamentales del país: la salud y la educación pública.
Contexto de la Marcha
Costa Rica se encuentra en un momento crítico en el que las políticas gubernamentales han puesto en peligro el bienestar de la población y la estabilidad de instituciones esenciales. Entre los problemas más destacados se encuentra una deuda de 4 billones de colones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que ha generado una crisis en la prestación de servicios de salud. Además, se han realizado recortes millonarios a programas sociales y a la educación pública, afectando de manera directa a la población más vulnerable.
Estas medidas han sido calificadas como una agresión directa al modelo de bienestar social que ha caracterizado a Costa Rica, y que ha permitido a la nación destacarse por su acceso universal a la salud y la educación. La educación pública, en particular, es vista como un pilar crucial para el desarrollo y la equidad en el país. Sin embargo, las decisiones recientes de recortar presupuestos y desviar fondos han puesto en riesgo la calidad y la accesibilidad de este servicio esencial.
Llamado a la Acción
UNDECA, junto con diversas organizaciones sindicales y trabajadores de la CCSS, hacen un llamado urgente a la unidad y movilización masiva de la población. La marcha busca no solo visibilizar el descontento y la preocupación ante las políticas actuales, sino también ejercer presión para que el gobierno tome medidas concretas en defensa de la educación y la salud pública. Se subraya la importancia de estos sectores como pilares fundamentales de la sociedad costarricense, necesarios para garantizar un futuro justo y equitativo para todos.
El lema «¡Ya Basta!» refleja el cansancio y la indignación acumulada por años de recortes y decisiones que han debilitado el estado de bienestar. Los organizadores enfatizan que es el momento de alzar la voz y exigir un cambio en la dirección del país, priorizando la inversión en educación y salud como motores del desarrollo y bienestar nacional.
Detalles de la manifestación
Fecha: miércoles, 28 de agosto de 2024
Hora: 9:00 AM
Lugar de inicio: Parque de la Merced
Destino: Plaza de la Democracia
Se invita a toda la ciudadanía, organizaciones sociales, sindicatos y personas comprometidas con la defensa de la educación y la salud pública a unirse a esta marcha, en un acto de solidaridad y resistencia ante las políticas que ponen en riesgo el bienestar de los costarricenses.
