Etiqueta: derechos sociales

Organizaciones llaman al Estado costarricense a garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas

Escrito en 12/06/2023. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer, Salud, Trabajo.

Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.

San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.

Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.

Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y refugiadas así como su libertad de tránsito.

La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.

Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.

La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.

Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.

En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.

En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:

Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias. Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.

Organizaciones firmantes:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica.

UNDECA apoya lucha del pueblo limonense

Escrito en 01/06/2023. Publicado en Derechos.

Comunicado de UNDECA

Todo el movimiento sindical y social debe estar con el pueblo y en la lucha social.

Somos y practicamos un sindicalismo clasista de lucha contra la clase política dominante y neoliberal y contra el capitalismo salvaje.

Trabajamos y luchamos por construir fuerza popular y social de acuerdo con los lineamientos de la Federación Sindical Mundial (FSM).

Hoy jueves 1 de junio acompañamos con orgullo al pueblo limonense, y estaremos en cada lugar y rincón donde se defiendan los derechos y libertades de los y las costarricenses.

Movilización por vivienda y derechos sociales en Limón y San José

Escrito en 01/06/2023. Publicado en Derechos.

El Bloque de Vivienda hizo “un llamado muy especial a todos los comités, dirigentes y familias que necesitan casa del Gran Área Metropolitana para que se movilicen el Ministerio de Hacienda este 1 de junio.

El objetivo propuesto es: “exigirle al ministro de Hacienda que le pague al BANHVI los 10.000 millones de colones que forman parte del Presupuesto Nacional. Se están perdiendo 1.300 viviendas del bono ordinario”.

Asimismo, “manifestar nuestro apoyo solidario a la lucha del noble pueblo limonense que va a la calle por la indemnización de los ex muelleros, por vivienda digna y el pago al BANHVI de los 10.000 millones, por la construcción del nuevo hospital de Limón y por la construcción de la Escuela de Limoncito”.

El Bloque de Vivienda transmitió la movilización. Puede verla mediante este enlace.

Absolutamente cierto

Escrito en 18/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Herbert E. Contreras Vásquez, M Sc.

Nuestro PIB anual supera los $64.000.000.000,00 de USD, ver siguiente enlace.

https://datos.bancomundial.org/country/CR

Esto significa no menos de $1.000,00 mensuales per cápita o $5.000,00 mensuales por familia aportando a la producción de riqueza nacional.

Si dividimos los costos de producción en tres factores:

Riesgo de inversión, capital financiero del emprendedurismo.
Costo de propiedades, maquinaria, equipo, herramientas e insumos (agua, energía, materias primas y logística).
Mano de obra o planillas: sueldos y salarios.

Aquí vemos sin espacio de discusión, la explotación y esclavitud descarada.

El pueblo percibe menos de la quinta parte de la riqueza nacional y tiende a disminuir esta proporción de participación por medio de leyes que han hecho retroceder un siglo atrás los derechos sociales y laborales conquistados.

Valga mencionar las leyes de prohibición de huelgas, prohibición de manifestaciones, empleo público, una ley de impuestos (eufemísticamente llamada de Justicia Tributaria) y la Ley 4 x 3 en discusión; que eliminaría el pago de horas extras a los trabajadores del sector más dinámico de nuestra economía en las zonas francas.

Hay que agregar que la planilla nacional antes de los años 80 absorbía, un 50% del PIB; hoy es menos de su cuarta parte.

La moraleja es que la «pobreza» de Costa Rica es un mantra que nos repiten sin cesar nuestros desgobernantes para sostener la explotación de los ciudadanos costarricenses a favor de los capitalistas de siempre.

La pregunta medular es: ¿Quo Vadis Costa Rica?

UNDECA llama a marchar este 1º de Mayo por la defensa de la democracia, la libertad

Escrito en 01/05/2023. Publicado en Derechos.

UNDECA llama a marchar este 1º de Mayo por la defensa de la democracia, la libertad, contra el criminal modelo neoliberal que provoca hambre y miseria en el pueblo.

También por salarios dignos para toda la clase trabajadora.

OIT: “Las condiciones financieras recientes del Seguro de Salud han sido bastante holgadas, lo que ha llevado a la acumulación de reservas significativas”.

Escrito en 22/04/2023. Publicado en Derechos, Salud.

En un informe de la Organización Internacional del Trabajo entregado a SURCOS se puede leer en la página 22:

“En el balance final presupuestario, los ingresos totales han excedido a los gastos totales en todos los años del período bajo análisis; el superávit de operación asciende a 551 217 millones de colones en el 2022. Las condiciones financieras recientes del Seguro de Salud han sido bastante holgadas, lo que ha llevado a la acumulación de reservas significativas”.

Dicho criterio técnico se fundamenta en un estudio realizado por el organismo internacional que vela por las condiciones laborales en el mundo. Tal conclusión contrasta con la frase emitida en varias oportunidades por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en el sentido de que “la Caja está quebrada”.

En una de las conclusiones del documento de la OIT se indica:

“Según se documentó en esta nota técnica, el análisis de las proyecciones de gastos contenidas en los informes actuariales del Seguro de Salud conducidos en los últimos años por la CCSS evidencia una recurrente sobreestimación de los gastos totales del Seguro de Salud, en un rango del 20% al 36%, con tendencia a aumentar conforme transcurren los años en el horizonte de proyección. Tratándose de un problema recurrente, es altamente recomendable realizar una revisión de la metodología actuarial utilizada por la Dirección Actuarial de la CCSS”.

Asimismo, el informe advierte:

“Uno de los hallazgos más críticos es la fuerte discrepancia entre las proyecciones actuariales contenidas en la valuación 2019, que ya incluía ajustes por los efectos de la crisis del COVID-19, en comparación con los de la valuación 2021. En un período de tan solo 18 meses transcurridos entre ambos estudios, el gasto total proyectado aumentó en 38,6%; hay que destacar que los informes actuariales de la CCSS no ofrecen una explicación razonable de este significativo cambio. Una situación similar ocurre con las dos versiones del denominado Informe Técnico para la actualización del Portafolio Estratégico de Inversiones, 2023-2032, cuyas proyecciones actuariales tuvieron modificaciones sustanciales, de nivel crítico, en un plazo de tan solo 7 días, que condujeron a conclusiones y criterios para la toma de decisiones de la Junta Directiva, totalmente divergentes. En términos de los estándares internacionales de práctica actuarial, se trata de una situación preocupante, cuyo efecto podría ser reducir la confianza pública en el trabajo actuarial elaborado oficialmente por la CCSS”.

También señala:

“Las proyecciones financieras contenidas en la Valuación Actuarial del Seguro de Salud de la CCSS con corte a 2021, y presentadas en 2022, principal objeto de la presente nota técnica, no reflejan de manera razonable la evolución de las finanzas del Seguro de Salud observada durante la última década y se desvían abruptamente de la tendencia. Además, evidencian inconsistencias metodológicas que comprometen su validez técnica como insumo para la toma de decisiones estratégicas y el diálogo social en seguridad social”.

SURCOS comparte el documento que puede ser descargado de este enlace.

Opinion-OIT-valuaciones-actuariales-salud-CCSS-21-abril-2023-1 Descarga

Los pecados del gobierno costarricense al pueblo trabajador

Escrito en 24/03/2023. Publicado en Derechos, Trabajo.

Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores,
y el Señor todopoderoso ha oído las protestas de ellos.
Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios.
Stg.5:4, TLA.

Recientemente, varios sindicatos de Costa Rica han hecho circular un video en relación al actuar del gobierno costarricense, al poner en ejecutase la Ley Marco del Empleo Público.

Los sindicatos reunidos para plantear su posición al respecto de la LMEP son: la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la Central General de Trabajadores CR CGT, la Central del Movimiento de Trabajadores CMTC, la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD), el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO, y los sindicatos de sectores como: educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo y otros.

Ahora, ¿Que es la Ley Marco del Empleo Público?, antes de conocerla, debemos precisar que actualmente en Costa Rica existe el llamado salario compuesto, que es el salario base para todo trabajador del sector público, más, algunos incentivos, y que, según esta Ley, se sustituirá por un salario global, que la misma Ley no precisa cómo se va a fijar, además de otros elementos que veremos más adelante.

Según la misma Ley, el objetivo es, «regular las relaciones estatutarias, de empleo público y de empleo mixto, entre la Administración Pública y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos», pero según los sindicatos arriba mencionados y otros sectores protectores del pueblo trabajador, es un aparato sistemático de derogación de derechos laborales y sociales.

Los sindicatos fueron llamados a dialogar con el gobierno, para supuestamente reformar la LMEP, pero se fue entregado un documento sindical, en el cual señalan que previo al dialogo deben revisarse estos aspectos: los términos de la convocatoria, la inexistencia de las reglas del juego, las cuales se deben pactar entre las partes previamente. Que la reforma debe ser integral, sustancial y estructural, así como la modificación del decreto que reglamento la Ley.

La discusión debe considerar de inmediato una política sobre el congelamiento de los salarios, y el restablecimiento pleno del derecho a negociar colectivamente en la función pública.

Lo que sucede entonces es que, el gobierno llama a dialogo con los sindicatos, pero trae ya una agenda preestablecida e impuesta. Por ejemplo, se impone la metodología de trabajo e impone unas llamadas «reglas de oro», que no son más que, la no negociabilidad de la mayoría de los capítulos de la Ley, entre los que se destacan: las familias de puestos, la escala salarial global (salario global único), el congelamiento de los salarios, la negociación colectiva y algunas modificaciones al decreto.

La misma Ley señala que, el salario global es «la remuneración o monto único que percibirá una persona servidora pública por la prestación de sus servicios», es decir, no se conoce el salario global.

Con relación a las familias de puestos, solo se indica que, la ley crea siete familias de puestos y cada familia representa a un perfil similar; por ejemplo, quienes se desempeñan en el sector salud o en el sector policial.

Sin embargo, el reglamento que Mideplan saco a consulta, no precisa la metodología para la construcción de las familias y las escalas salariales globales únicas.

Los sindicatos señalan que, el llamado a dialogo y discusión, es como poner un candado, en temas que son dañinos al pueblo trabajador, y que evidencia un autoritarismo antidemocrático, así como un proceso deslegitimado, validado solo por Casa Presidencial y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

El sindicalismo costarricense llama a una salida concertada, por lo que, en estas condiciones, no concurre al llamado de dialogo y llama al pueblo trabajador a la protesta y a la movilización.

Así las cosas, la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, fiel a la inclusividad, a la justicia, a los derechos de los pueblos pobres, al dialogo fecundo y liberador, lamenta los actos del gobierno actual en Costa Rica quien viola, al concentrar todo el poder en Mideplan, en esta área económica tan importante y pertinente del trabajador, eliminando la participación de otros actores sociales que representan los intereses colectivos de los trabajadores.

Así mismo, se debe valorar el principio de respeto a los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, congelando los salarios de los trabajadores, a expensas del salario único global.

También, cuando se habla de salario único global, tampoco se habla de un tope del mismo, creemos como iglesia, se deben tomar en cuenta criterios que vayan en pro de una vida digna hacia los trabajadores/as, justos, equitativos, incluyentes, donde haya oportunidad para todos/as para su crecimiento integral, profesional y laboral.

A su vez, fieles al cumplimiento de las leyes, al cambiar el esquema salarial de base, más complementos salariales (salario compuesto), al esquema global, la ley es indiscutiblemente inconstitucional, así como lo es también el congelamiento de los salarios, que es en realidad una reducción del sueldo prohibida por normativa laboral general.

Hacemos un llamado a las partes involucradas a sentarse a discutir cuales son los mejores mecanismos económicos, que no violenten al pueblo trabajador costarricense, y que lo privilegien por encima del dinero, como el trabajo y su remuneración justa y decente, el descanso, su vida familiar, entre otros muchos otros aspectos de una vida digna.

Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te ira bien.
Salmo. 128: 2. DHH.

Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense.

Comunidades de Guácimo se reúnen y proponen medidas de presión si no les resuelven el estado de la ruta nacional 811

Escrito en 12/03/2023. Publicado en Comunidad, Derechos.

Fuerzas vivas reunidas este sábado 11 de marzo en la comunidad de Irlanda, distrito de Río Jiménez, Guácimo se proponen tomar medidas de presión si el gobierno no les resuelve de inmediato la problemática del estado de la Ruta Nacional 811.

Esta situación afecta a comunidades como Río Jiménez, La Ligia, Santa María, Irlanda, Santa Rosa, La Lucha y Escocia.

En la reunión se consideró la posibilidad de realizar distintas medidas de presión en la ruta 811 o en la ruta 32, dada la crítica situación que les afecta su diario vivir.

Alrededor de 150 personas se reunieron conformando una comisión coordinadora de trabajo y acciones concretas.

Llaman a fortalecer la lucha pidiendo “a más actores sociales y a la comunidad en general unirse”. En la reunión se indicó que la espera por una solución ha sido por más de treinta años, durante los cuales distintas instituciones se han involucrado, pero no han resuelto la situación.

El presidente municipal de Guácimo, José Orozco, dijo en la reunión que faltan trámites en CONAVI, pero al mismo tiempo se dice que faltan recursos, por lo que las personas de la comunidad señala que “no se entiende cuál es la situación real” y estiman que lo que falta es voluntad política para atender el derecho a una vida digna en estas comunidades. Ante ello la gente se cansó, se dijo en el informe para SURCOS.

El mal estado de la ruta genera gran cantidad de polvo que afecta la salud con problemas respiratorios, alergias y otras dolencias. Asimismo, se ensucia constantemente la ropa de quienes van para las escuelas, trabajos o alguna institución a realizar un trámite.

Información enviada a SURCOS por Félix López, del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).