El brutal desalojo de 70 familias de la comunidad de Chorreras en San Carlos ha ocasionado el dolor y la precariedad de esas familias y, lo que es peor, la denuncia de la desaparición de siete menores puesta en el Patronato Nacional de la Infancia. El paradero de estas criaturas se ignora, pues el terror perpetrado durante el desalojo provocó su huida.
Compartimos imágenes de algunas viviendas de la comunidad desalojada.
Pedimos su firma antes 20 diciembre para exigir el respeto a los derechos humanos.
Cada 15 de mayo se conmemora en Costa Rica el Día del Campesino, una fecha que debería servir no solo para celebrar, sino para reflexionar críticamente sobre las condiciones en que viven quienes sostienen la alimentación del país. Lejos de los discursos oficiales, en comunidades como Finca Dos Ríos —ubicada en el Caribe— las personas campesinas enfrentan abandono institucional, inseguridad jurídica y exclusión sistemática. Su realidad es también la de miles de familias rurales invisibilizadas, que a pesar de todo siguen sembrando vida.
Finca Dos Ríos, ubicada en Guácimo de Limón, es el hogar de decenas de familias campesinas que enfrentan una dura realidad marcada por la inseguridad jurídica, el abandono estatal y las dificultades económicas. Desde hace más de dos décadas, estas personas han vivido, trabajado y cuidado la tierra que antes perteneció a una empresa bananera. Hoy, su derecho a permanecer allí sigue en disputa.
“Aquí nadie nos ayuda”: entre el olvido institucional y la resistencia
Los testimonios de hombres y mujeres que hoy están trabajando su tierra, dan cuenta de una lucha constante. Cuentan cómo llegaron a la finca, muchos tras ser despedidos sin liquidación de las bananeras, cómo abrieron caminos con machete y cultivaron yuca, plátano, cacao, pipa y limón sin ayuda técnica ni apoyo institucional. Las pérdidas son comunes: enfermedades de los cultivos, plagas como el abejorro, lluvias intensas que pudren las cosechas, falta de compradores y caminos intransitables que dificultan sacar los productos.
A esto se suma la amenaza permanente de desalojo. Varios habitantes denuncian que una persona que reclama la propiedad de las tierras, vendiendo parcelas sin títulos claros y presionando a las familias para que paguen por lo que consideran suyo por derecho de trabajo y ocupación. “Yo no le voy a dar gusto a usted, yo no le voy a pagar esa tierra”, afirma uno de los entrevistados. La incertidumbre legal impide que muchos accedan a servicios básicos como electricidad o agua potable y limita la posibilidad de mejorar sus viviendas.
Las instituciones públicas brillan por su ausencia. No hay apoyo técnico agrícola, no se atienden las condiciones de los caminos, ni se avanza en procesos de legalización. “Aquí nadie mete un dedo por nosotros. Lo único que queremos es papeles que reconozcan que esta tierra es nuestra”, reclama otro vecino.
Pese a todo, en Finca Dos Ríos hay resistencia. Las personas campesinas siguen sembrando, limpiando sus parcelas, luchando por mantener a sus familias y soñando con que un día el Estado los escuche y los reconozca como legítimos dueños de la tierra que han hecho producir con tanto esfuerzo.
Campesinado: pilar de la soberanía alimentaria
Más allá de sus luchas particulares, las personas que habitan Finca Dos Ríos representan un modelo de vida esencial para la sostenibilidad de cualquier país: el campesinado. Su trabajo diario asegura la producción de alimentos básicos como maíz, frijol, yuca, plátano, cacao y frutas, contribuyendo directamente a la alimentación local y nacional.
En contextos globales marcados por el encarecimiento de los alimentos, la crisis climática y la concentración del mercado en manos de grandes agroindustrias, el trabajo de las familias campesinas cobra un valor estratégico. Son ellas quienes mantienen vivas semillas criollas, conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles que resguardan la biodiversidad y reducen la dependencia de importaciones.
Sin tierra, sin apoyo estatal y bajo constante amenaza de despojo, las comunidades como Finca Dos Ríos enfrentan condiciones adversas para continuar su labor. Sin embargo, su permanencia en el territorio no solo es un acto de resistencia, sino una garantía para la soberanía alimentaria del país.
Reconocer, proteger y apoyar al campesinado no es un gesto de caridad: es una apuesta por un futuro con alimentos sanos, producidos en armonía con el entorno y al alcance de todas las personas.
Finca Dos Ríos no es solo un caso; es un llamado urgente a convertir las conmemoraciones en compromisos concretos con quienes cultivan dignidad todos los días
Estas conmemoraciones no deben quedarse en actos simbólicos ni en celebraciones vacías. El Día del Campesino debe ser una oportunidad para abrir espacios socioeducativos que promuevan la reflexión crítica, la reivindicación de derechos y, sobre todo, el reconocimiento de la lucha de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas.
Validar su experiencia, visibilizar sus demandas y acompañar sus procesos organizativos es una deuda histórica. El ejemplo de Finca Dos Ríos nos recuerda que la defensa del territorio y la vida campesina no es solo una causa rural, sino una responsabilidad colectiva con la justicia social y la soberanía alimentaria del país.
Tiempos difíciles para Chiquita Brands. Después de los graves problemas que está teniendo en Estados Unidos, la transnacional bananera está siendo acusada de desalojar y echar a la calle a su propio personal en el Atlántico costarricense.
Giorgio Trucchi
En el municipio de Talamanca, fronterizo con Panamá, la empresa Chiriquí Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, controla dos fincas bananeras (Tayrona y Cañaveral).
El 85 por ciento de los trabajadores tiene nacionalidad panameña y, en su mayoría, pertenece a la etnia Ngöbe-Buglé (unas cuatrocientos personas).
Un acuerdo firmado el año pasado entre Costa Rica y Panamá les otorgó la doble nacionalidad para que pudieran gozar de ciertos beneficios.
Un 46 por ciento sigue viviendo en territorio panameño, se levanta a diario a las 3 de la mañana y cruza el puente que divide los países para ir a trabajar. El restante 54 por ciento reside en territorio costarricense.
Muchos de ellos viven en cuadrantes¹ que la compañía bananera construyó y cuyas casas les fueron otorgadas en comodato.
Desalojando familias
Igual que otras compañías transnacionales y empresas fruteras nacionales, Chiquita acostumbra en sus contratos de trabajo incluir el ofrecimiento de viviendas para los trabajadores y sus familias.
Este beneficio está reglamentado por el código de trabajo costarricense (art. 164) bajo la figura del “salario en especie²”.
En las últimas semanas, la compañía está avisando a decenas de trabajadores que tienen 15 días para desocupar sus viviendas y buscar a dónde irse.
Algo que también se está llevando a cabo, hasta con más brutalidad, en otras zonas del país y que la Rel UITA ha venido documentando.
“Lo que Chiquita está haciendo es brutal. Hay compañeros que tienen décadas trabajando en la empresa y que están siendo desalojados juntos a su familia”, dijo a La Rel, Carlos Quiroz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Chiriqui Land Company (Sitrachiri).
“En este momento están sacando a 17 familias, aduciendo que no cumplen con los requisitos de asignación de vivienda y trayendo argumentos tontos. Esto es ridículo y sabemos que van por más desalojos. Se habla de al menos 47 familias afectadas”, agregó.
Chiquita, las mismas mañas
Lo que más llama la atención es que todos los trabajadores afectados están afiliados al Sindicato, cuatro de ellos son delegados sindicales en las fincas.
“Lo que creemos es que se trata de una arremetida para forzar a los trabajadores a aceptar algunas propuestas, avanzadas por la empresa, que violan nuestro convenio colectivo”, manifestó Quiroz.
Chiquita estaría presionando para que los trabajadores renuncien al empleo de mutuo acuerdo, retiren su liquidación y acepten ser recontratados con garantías desmejoradas, en especial la que se refiere al derecho a vacaciones.
“Sin embargo, en este acuerdo se sigue garantizando el derecho a la vivienda, por lo tanto, creemos que la amenaza de desalojo persigue el objetivo de obligar a los compañeros a aceptar esta propuesta”, explicó el dirigente sindical.
Ofensiva sindical
El pasado 21 de agosto, Quiroz, en calidad de secretario general del Sindicato, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se detenga la orden de desalojo.
También se instó a la empresa a frenar la medida y sentarse a negociar.
“Vamos a esperar que la Sala se pronuncie, mientras tanto estamos denunciando ese atropello a nivel nacional e internacional. Los compañeros se mantienen firmes y no quieren salir. También estamos valorando otras acciones judiciales”, concluyó Quiroz.
¹Complejos habitacionales que surgen en los alrededores de las plantaciones donde viven las y los trabajadores y sus familias. ²Entre las diferentes formas de retribución, el salario en especie se paga con bienes o medios distintos al dinero como, por ejemplo, alimento, alojamiento o transporte. Este no podrá ser mayor al 50 por ciento de lo que reciba el trabajador en dinero efectivo.
Ante el desalojo Genaro Baldi y doña Flori declaran lo siguiente:
Genaro Baldi menciona:
Hoy es un día, diría yo, de vergüenza nacional, por el descomunal operativo que hace la fuerza pública en Costa Rica, para desalojar a un grupo de 10 familias campesinas, productoras, humildes, sencillas pero honradas, entonces aquí llegaron busetas policiales como si esto fuera un operativo narco o un operativo contra la delincuencia, nos duele en el alma y nos da rabia que se desperdicien los recursos en este país así por los gobiernos.
20 años de derechos hoy quedan añicos, esta finca desde el año 2023 había sido adquirida por los campesinos y existía la posibilidad de que el INDER en el año 2012, la junta directiva del INDER aprobó la expropiación de esta finca y sin embargo aunque la junta directiva del INDER hizo el gran esfuerzo de aprobar, lo único que había que hacer era ejecutar el acuerdo de expropiación ejecutado por la junta directiva en el gobierno de Laura Chinchilla Miranda, el señor Rolando González Ulloa, un político de carrera, un político corriente, de esos políticos que todos conocemos, que no son los mejores que han vivido de la política y el poder, no quiso ejecutar en compadrazgo con el ex diputado Humberto Arce Salas, no quiso ejecutar el acuerdo de expropiación como un mandato constitucional que él tenía que cumplir.
Hoy es un día triste para el campesinado nacional porque perdimos la oportunidad de haber construido un asentamiento modelo en San Carlos y en todo el país.
Por otro lado Doña Flori cuenta:
20 años de estar acá nosotros, desde el 2007, este señor (el gringo dueño de la finca) se traspasó a esta finca con todo y nosotros adentro, le voy a contar a grandes rasgos, un día de estos nos encontramos al verdadero dueño de acá, yo no sé si esto va a seguir, el pleito, si seguirán ellos porque nosotros ya estamos agotados, son 20 años largos años de estar en esta finca y nos echaron afuera, simplemente nos desalojaron.
Nos vamos a Santa Rita a vivir, allá tenemos una casita muy dañada, vamos a ver si la podemos reparar, una casita vieja y entonces nos vamos a estar allá mientras.
Claro que si hay sentimientos encontrados, pero mi fortaleza es dios, el es el único y no hay otro quien nos pueda dar estas fuerzas para hacerle frente a esta situación tan difícil, porque ha sido una situación muy difícil para nosotros, son 20 años de pagar abogados y los abogados me imagino que alargaban para ir ganando, usted sabe, nos cobraban por mes esos, últimamente encontramos otro que ha ido un poquito mejor, pero tampoco pudo hacer nada, una abogada que trabaja con él, por aquí alguien se metió no se si en Internet o a dónde y encontraron al verdadero dueño de esta finca y es que la situación está así, nosotros somos el frente de la finca Umberto, entonces es una fincona, 70 hectáreas son, tiene un montón de montaña, aquella reforestación que usted ve allá la hicimos entre mi marido y yo, allá hay una huerta que si quieren grabar la graban, nosotros hemos trabajado mucho aca.
Información compartida con SURCOS por Genaro Baldi.
Durante todo el proceso de elaboración del Proyecto de Plan Regulador Costero, particularmente en el período preelectoral recién pasado, mostraron una actitud de amistad con la población costera más vulnerable.
Pero ahora que han sido reelegidos y creen que no los necesitan, cuando menos se lo esperaban, se quitaron la máscara de la empatía y la hermandad, para mostrarnos la realidad de su verdadera intención oculta. Algo que algunos sospechábamos desde el principio.
Recordemos primero que los políticos de turno, salvo contadas excepciones, son EMPRENDEDORES de la POLÍTICA electoral partidista.
Luego, desde esa perspectiva se deben analizar y anticipar sus decisiones; como el que han hecho sobre una supuesta recuperación de los 50 metros de área pública a lo largo de la Zona Marítimo Terrestre del Distrito de Cahuita, «sin excepción», como dicen.
Nótese, que no indicaron si sería comenzando del límite norte al límite sur o viceversa, sino que dejaron a criterio de la alcaldía, para remover con ligereza a quienes no son de su agrado o que “estén estorbando” la visibilidad al mar de algún empresario amigo en particular. Aun cuando futuras administraciones municipales o el Estado, tendrá que indemnizarlos después, por la forma atropellada en que se hace.
Un anuncio de esta naturaleza, donde el gobierno local anuncia que, a los ocupantes de los 50 metros de la zona marítima terrestre “se les dará 48 horas para desalojar y demoler su infraestructura; en caso contrario, lo hará el propio municipio”.
Esta no es sólo una AMENAZA DE DESALOJO MASIVO, sino la más cruel e inhumana que hemos vivido en esta zona costera, cosa que ni siquiera hicieron los dictadores del siglo pasado.
Tal amenaza hará temblar las rodillas de los incrédulos que siempre dicen «no va a pasar nada», «aflojándole el codo» al más austero entre ellos. Los hará vulnerables al arreglo «debajo de la mesa» si se les ofreciera la oportunidad.
Allí está el negocio del emprendimiento político electoral, uno diría que es supuestamente para cancelar las deudas de la costosa contienda electoral que acaba de pasar.
Adjunto el documento con el acuerdo de la Municipalidad de Talamanca:
Orlando Barrantes, actual miembro del Bloque de Vivienda, dio un mensaje en apoyo a las familias de los Jardines en San Ramón debido a que se encuentran actualmente en juicio por el motivo de que “algunos millonarios” desean desalojarlos de sus tierras, indica el Señor Orlando Barrantes. También comenta que el juicio da inicio el próximo 22 de enero donde se decidirá sobre los propietarios de estos terrenos, en ese sentido, el señor Orlando invita a todas las personas relacionadas con el Bloque de Vivienda a estar atentos y mostrar su apoyo con estas familias.
Junto a esto anteriormente mencionado, el dirigente indígena, Tomas, desde China Kichá se muestra en apoyo a las familias de los Jardines de San Ramón.
Don Orlando también comenta acerca de la reunión que tendrá el Bloque de Vivienda el próximo 16 de enero para desarrollar dos temas, el primero en relación al presupuesto a utilizar durante el año 2024 y el segundo tema es acerca del desarrollo de los proyectos a desarrollar.
La reunión se realizará el próximo martes 16 de enero a las 9:30 a.m. La reunión será realizada en la oficina del SISSS, 125 metros al sur del Colegio de Señoritas, edificio ASNAPE, San José.
Un grupo de 150 humildes familias serán llevadas a juicio ante una denuncia penal por “usurpación”. Este juicio inicia el lunes 22 de enero del 2024 en los tribunales de San Ramón. La denuncia la interponen unas poderosas personas de esa zona. Las familias denunciadas son gente pobre, sin casa propia, que hace años ante la necesidad de tener vivienda digna y procurarle mejores condiciones de vida a sus hijos y familiares optaron por vivir en forma quieta, pacífica, pública e ininterrumpida en los terrenos hoy en disputa.
Los millonarios que pusieron la denuncia contra las humildes familias nunca han podido demostrar ser los dueños legítimos de esos terrenos. Para aclarar lo anterior la Fiscalía del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón, materia penal) ordenó que los topógrafos forenses realizaran una inspección técnica detallada del lugar donde viven las familias. El resultante Dictamen Pericial oficial (Número Único: 18-001040-0332-PE. Número DCF: 2020-00468-ING) indica, entre otras cosas, que:
No se logró demostrar que el plano 18308-1975 se relaciona con las fincas 208417-000 y 2046-000.
No se puede demostrar en las fincas en litigio tengan relación con las fincas ocupadas por los denunciados.
Existen 5 lotes que aparecen como propiedad de la Municipalidad de San Ramón.
A la fecha las fincas 193648-2015 y 253481-000 no han sido ubicadas.
Es decir, con información falsa se pretende engañar al Tribunal Penal. Por eso decimos que ES INAUDITO PRETENDER DESALOJAR A LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO LOS JARDINES. Aquí lo que existe es un intento de apoderarse ilegítimamente de unos valiosos terrenos ubicados casi en el propio centro de San Ramón.
Quedan además muchas dudas, entre otras, ¿porque este juicio es penal y no agrario?
Desde el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) hacemos un llamado para brindar máximo apoyo a las familias del asentamiento Los Jardines que necesitan vivienda, agua potable, luz eléctrica, trabajo, etc.
La Alianza Campesina del Norte llama la atención sobre la amenaza de desalojo que existe sobre el asentamiento La Guaria.
Hugo Sandoval nos informa sobre las implicaciones de un desalojo a partir de la reciente experiencia de Monteverde y nos expone es la propuesta que plantea la Alianza Campesina que el gobierno de Costa Rica ha ignorado.
Compartimos algunos videos que nos hace llegar las personas campesinas de La Guaria:
La noche de este 23 de octubre la Institución ofreció refugio y servicios básicos a un grupo de familias campesinas que participaba de una mesa de negociación en la Presidencia de la República. La Universidad de Costa Rica recibe la noche del 23 de octubre a un grupo de cerca de 160 personas, entre ellos menores de edad, familias que conforman la Alianza Campesina del Norte. El grupo buscó refugio en la institución, tras señalar que fueron desalojados de su ubicación en los alrededores de la Presidencia de la República en Zapote.
El grupo acompañaba a sus representantes en una negociación en Casa Presidencial, en la que participaban entre otros, el viceministro de Presidencia, Freddy Morera Blanco y el viceministro de Agricultura y Ganadería, Fernando Vargas Pérez.
Edgar Monero, uno de los representantes de la agrupación señala que salieron hoy, 23 de octubre de los Chiles a las 3:00 a. m. para exigir una declaratoria de interés público, pero que se les advirtió que la Fuerza Pública actuaría. Ahora esperaran su participación en la marcha nacional que está organizada para el próximo 25 de octubre.
La institución ofrecerá refugio al grupo de personas campesinas en el Campus Rodrigo Facio, en instalaciones que les permita acceder a servicios básicos. Los recursos fueron gestionados a través del secretario general del Sindicato de Empleados Universitarios (Sindeu), Harold Chavarría Vásquez.
Oficina de Comunicación Institucional
Imagen ilustrativa, Alianza Campesina del Norte, de Observatorio de Bienes Comunes.
La Alianza Campesina nos informa sobre la situación que está enfrentando el Asentamiento de Monteverde ante un nuevo desalojo ¿Qué pasó? ¿Qué implicaciones representa para las personas? ¿Qué papel está teniendo el Estado? Nos presenta la información Hugo Sandoval de la Alianza Campesina para comprender el contexto y las tensiones que hoy están enfrentado.
