La Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL y Afines) divulgó un manifiesto público en el que denuncian que la el SINAC está bloqueando la construcción del nuevo hospital Tony Facio, una infraestructura indispensable para garantizar el derecho a la vida y la salud de la población de Limón.
El documento recuerda que desde 2009 las comunidades limonenses han demandado, de forma organizada y persistente, la construcción de un hospital regional clase A, debido al colapso del actual hospital Tony Facio Castro, sus deficiencias estructurales y su ubicación en una zona altamente vulnerable a inundaciones y fenómenos naturales. Señalan que las personas enfrentan graves dificultades para acceder a hospitales de referencia en San José, especialmente ante cierres de rutas o emergencias recurrentes.
Conflicto por el terreno evaluado por el ICE
Según el manifiesto, la CCSS encargó al ICE la búsqueda y evaluación de un terreno viable. Entre 2019 y 2021 el ICE concluyó, mediante estudios exhaustivos, que la finca propuesta —ubicada sobre la Ruta 241— no era humedal según los criterios legales vigentes ni aparecía como tal en la plataforma SNIT. El informe técnico, citado en el manifiesto, incluso describe la propiedad como “la finca es un potrero (con muy pocos árboles dispersos)”.
No obstante, con base en un decreto posterior del Ministerio de Ambiente y Energía (Decreto n.º 42760-MINAE), el SINAC emitió un oficio en el que sostiene que el 100% del terreno corresponde a un “humedal tipo ilustre”, ordenando archivar el expediente de viabilidad ambiental ante SETENA.
Ante esta contradicción, la CCSS interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, argumentando que el criterio emitido por SINAC viola el principio constitucional de irretroactividad de la ley y que además existieron solicitudes de información que quedaron sin respuesta.
Exigencias ciudadanas del manifiesto
El documento, firmado por Dr. Julio Humphreys Vargas (Comisión Mixta Nuevo Hospital) y Lic. Antonio Wells Medina (secretario general de FETRAL), formula dos exigencias principales:
La anulación inmediata del criterio del SINAC, por considerarlo contrario a la Constitución Política, a los criterios técnicos, al interés público y al derecho superior a la vida y la salud de la población de Limón.
La apertura de un expediente disciplinario por la presunta falta grave de las personas funcionarias del SINAC que, según el manifiesto, no respondieron oportunamente información solicitada y cuya actuación “amenaza con causar un grave daño socioeconómico y a la salud pública”.
El llamado señala que la decisión del SINAC pone en riesgo una obra largamente esperada por Limón y que resulta fundamental para atender la dignidad y la salud de toda la provincia.
Después de una intensa «campaña electoral» de 3 años y medio, en Puntarenas, Guanacaste y Limón, el recién publicado estudio del CIEP-UCR nos demuestra que los ciudadanos de esas muy deprimidas provincias, ¡ya no creen en cuentos!
Resulta que en ninguna de ellas el partido chavista alcanza un apoyo superior al 19 %. O sea, para sorpresa de ellos, 4 de cada 5 votantes, no se han comido las promesas demagógicas de Fernández, Cisneros y Chaves.
Es tal el rechazo a la fábula de «una marina” que daría trabajo supuestamente ¡a 150 mil personas! (de la que jamás se elaboró siquiera un proyecto), o de un «aeropuerto internacional en Westfalia» que impulsaría el turismo en el Caribe, o que, además, se le regresarían a Japdeva los buques de contenedores que indebidamente se le entregaron a la transnacional APM, que hoy son muy pocos los limonenses que no han abierto los ojos a la demagógica realidad.
Limón está peor que hace cuatro años y eso se refleja en el escalofriante desempleo que tiene frustrados principalmente a los jóvenes, así como la miseria y la criminalidad que los acecha en cada barrio. Por ello, no es de extrañar, que solo un 3,5 % se manifiesta a favor del partido de gobierno, mientras un altísimo 75 % se reporta «indeciso», a la espera de conocer a otros candidatos que tal vez les brinden alguna esperanza. Limón, sí Limón, al que según la candidata Fernández ya tenía en la bolsa.
Salimos de Limón, de la rebelde, con razón, provincia de Limón, y logramos superar los derrumbes de la ruta 32 enrumbándonos hacia el litoral del Pacífico, el de los atardeceres inigualables, para ver qué nos dice el estudio de los universitarios. Así, encontramos que solo el 18 %de los puntarenenses se sienten, más o menos resguardados, por el gobierno fabricante de promesas. Ese mismo que les prometió, y no cumplió, un nuevo hospital debidamente equipado y con los médicos y enfermeros calificados y suficientes, para «atacar» las inhumanas listas de espera. El que les prometió «para ayer» una pesca de atún con verdadero apoyo gubernamental en beneficio de los pescadores despreciados hasta hoy, así como una industria enlatadora de la mano con el gobierno, para aprovechar la riqueza atunera que pescan casi gratis y se llevan del país buques extranjeros, sin beneficio alguno para los porteños, que jamás pasó de las promesas.
Y es que, aparecieron, gobernantes como Laura Fernández y Pilar Cisneros, que, a su vez, se comprometieron a devolverle al Puerto, el esplendor que una vez lució, para lo cual, les dijeron, se recibiría a los turistas por una atractiva carretera a lo largo de la Angostura, y un remozado Paseo de los Turistas, lleno de gente alegre y satisfecha, como señal de gran actividad productiva, por donde más bien, hoy se ven algunos pescadores de camarón desempleados injustamente al lado de personas ya cansadas de buscar trabajo. Es tal el abandono, el engaño, que no ha de sorprender que, por ello, siete de cada 10 puntarenenses, por el momento, prefieren quedarse al margen, como indecisos, en espera de conocer diferentes propuestas partidarias, de parte de otros candidatos, realistas, alejadas de las muy conocidas que Fernández se compromete continuar (?) ejecutando, aunque los porteños saben que ni siquiera se han tratado honrar.
Salimos del Puerto y ponemos nuestro foco en los datos obtenidos por el CIEP-UCR (sin duda el ente más confiable) en la provincia de Guanacaste, que junto a las dos anteriores conforman un trío en el cual el chavismo ha dedicado por más de tres años recursos propagandísticos significativos. Allí encontramos cifras estadísticas que, muy seguramente, el equipo de campaña de la candidata Fernández, tendría que haberse sorprendido por lo que considera inexplicable, aunque, algunos lo entenderán, son datos razonables, esperables, al tratarse de una política arribista, sin méritos, obviamente desconocedora de la inteligencia del guanacasteco que ella cree que se puede engañar fácilmente.
Resulta que donde el partido oficialista esperaba, según decían, quizá un apoyo superior al 40 %, solo obtuvieron un 18 %. Pero lo que lo hace más sorprendente, es el hecho insólito de que ¡más de tres cuartas partes! de los guanacastecos (el 76 %) se reportan indecisos. Algo nunca visto antes y que se interpreta como una invitación a los candidatos no-chavistas, a dialogar con ellos, pero con propuestas concretas en mano.
Por ejemplo, los pamperos reclaman por el reiterado engaño alrededor del urgente proyecto «Agua para Guanacaste», con que se incorporarían a la producción agropecuaria 16.000 ha de tierras de más de 400 fincas situadas en la margen derecha del río Tempisque, lo cual sería un extraordinario motor de desarrollo indiscutible. Además, ha de aclararse, ese proyecto contempla desde su nacimiento, el abastecimiento de agua potable para cientos de ASADAS y desarrollos turísticos, que hoy sufren de ilógica escasez, a pesar de que se aprovecharía desde el embalse del lago Arenal, acabando de una vez por todas, con el desperdicio irracional que significa estarla descargando hacia el mar, cual si fuese un recurso desechable. Formidable proyecto heredado por el gobierno que está por terminar y que imaginamos ha sido usado por Chaves, para seguramente, reírse a carcajadas de los pamperos que creyeron en él y en sus promesas populistas, que ahora la candidata Fernández promete “darle continuidad”.
Igual sucede con el “negocio escandaloso” que se evidenciara con la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, que se hizo mal y demanda más trabajos urgentes, y el descalabro producido con el artificial valor del colón contra el dólar, que todos los días golpea a la industria turística, principal fuente de divisas extranjeras y empleo en Guanacaste, donde los índices de desocupación golpean principalmente a jóvenes, y dentro de ellos, a las mujeres que ven cómo pasan los años y no logran conseguir trabajo.
Y ni hablar de los prometidos centros médicos, por lo menos dos docenas de EBAIS, complementarios a los hospitales de La Anexión y Enrique Baltodano Briceño, para una más eficiente atención primaria, con lo que se mitigaría la demanda sobre los servicios de emergencia de ambos hospitales, en Nicoya y Liberia. Centros de salud a donde siete de cada diez pacientes son adultos mayores sometidos a las inhumanas listas de espera, que doña Laura ahora “se compromete” solucionar atendiendo la creciente deuda del Estado con la Caja, que, paradójicamente, su gobierno chavista se ha negado atender.
Ese mismo desdén por la pampa guanacasteca se evidencia en el abandono de los proyectos de carreteras, aprobados y financiados desde antes del inicio de la actual administración, como el que, partiendo desde Barranca en Puntarenas, se conectaría con la magnífica autopista de 50 km, la mejor del país, que corre desde Cañas a Liberia. Proyecto que, extrañamente, por intereses desconocidos, la Casa Presidencial ordenó paralizar.
Por supuesto que hay otras cosas que también hacen extrañar el espíritu del Dr. Vargas Vargas y su Partido Confraternidad Guanacasteca (nombre usurpado por un grupillo) que siempre luchó al lado de su pueblo, en su esfuerzo por sacar de la pobreza a miles de sus coterráneos, quien jamás aceptó las promesas populistas de los que, desde San José, como lo hacen hoy algunos, pretendían engañar a los guanacastecos que eran su razón de vivir.
En fin, las supuestas tres provincias costeras, pobladas por mujeres y hombres, jóvenes y adultos, dignos, luchadores, patriotas, que según la candidata oficialista “ya tenía en su bolsillo«, después de haberlos bañado de propaganda gubernamental desde el año 2022, le están diciendo a Costa Rica, y especialmente a los otros candidatos presidenciales, «ojo con nosotros, que no somos los inocentes infantiles que los políticos demagogos se imaginan. Cuando vengan a nuestros pueblos y ciudades, dejen las mentiras en sus casas».
En materia de infraestructura se avanzado en algún grado con las obras en rezago, pero debe apuntar a fortalecer las nuevas zonas económicas, como en Cartago.
El crecimiento vincula el paisaje entre Cervantes y las cercanías de Paraíso, pues es y será un colapso a breve plazo si no se cuenta con acciones áreas como ferrocarriles o algunas carreteras de diferente nivel. Eso es parte Alajuela, Grecia y la ampliación cerca de Cuidad Colón, o bien, el crecimiento en parte de Atenas-Orotina.
El crear nuevas condiciones de infraestructura como sistema es una tarea que el país debe definir con nuevas rutas, hasta con túneles. La ampliación pasaría por puertos, aeropuertos, ferrocarriles y vías de diferente tipo en la cual distintas formas de contratación serán necesarias, con el uso de concesiones sin “amaños”.
Se requiere mega obras con inversión privada y un plan de infraestructura de largo plazo. En esto hay factores a cuidar como lo ambiental, los niveles de puentes, el riesgo y las formas de amortiguación; deben ser parte de esos procesos con rutas para ciclistas y caminantes.
Esto cambios en ruta implica expropiaciones, manejo de bienes públicos con inventarios oportunos y coordinaciones ente el sector de infraestructura.
Requiere también crear fuentes de inversión privada y pública con propuestas novedosas.
Esto no es fácil, pero lo que tenemos ahora no solo asfixia, sino que lleva a condenar a personas y costes.
No podemos seguir en ese conformismo que pasa en todo el país, y en ciertos casos, pasa por enfoques con nuevas formas de competitividad y calidad de movilización.
El Parlamento Cívico Ambiental ha emitido tres pronunciamientos oficiales respecto a iniciativas legislativas que buscan definir el futuro de Crucitas, en la región norte de Costa Rica. La organización rechaza categóricamente los proyectos bajo los expedientes Nº 24.717 y 24.577, que pretenden reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos. Al mismo tiempo, manifiesta su apoyo firme al Expediente Nº 24.675, que promueve un modelo de recuperación sostenible y desarrollo regional.
El PCA, que representa a diversos sectores ambientales y ciudadanos, argumenta que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales. Los proyectos propuestos implicarían la destrucción de los cerros Fortuna y Botija, la formación de lagunas de relaves y un impacto severo sobre acuíferos y ecosistemas en una región de selva tropical húmeda.
El Parlamento advierte que legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que históricamente han distinguido a Costa Rica, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.
Además, el PCA subraya que el esquema de regalías propuesto en el Expediente 24.717 apenas destina el 1% del valor bruto de las ventas a la región de San Carlos, mientras traslada al Estado la responsabilidad de remediación ambiental, lo que genera serias dudas sobre la fiscalización y la transparencia del proceso. En el caso del 24.577 omite por completo hablar el tema de los “Royalties”. No se refiere a cuál porcentaje de Royalties se les cobraría a los posibles concesionarios, cómo se distribuiría ese porcentaje, etc. Propone tener efectos en materia de pensiones del régimen no contributivo, pero en realidad no presenta un análisis riguroso de este aspecto y es engañoso al no generar beneficios concretos y suficientes para las comunidades de Cutris.
En contraste, el Expediente Nº 24.675 es reconocido como una alternativa viable y visionaria. Este propone la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales. El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional.
La Comisión de Energía y Minas del parlamento señaló “la distinción entre los dos enfoques es clara, por un lado, una visión que abandona las políticas de Estado del país y quiere convencer a la opinión pública recurriendo a aparentes beneficios monetarios que al final ni son para las comunidades, ni son suficientes para compensar las pérdidas económicas, sociales y ambientales, por el otro, un enfoque novedoso, integralmente ganador y en la mejor de las tradiciones de soluciones sostenibles pioneras que ha caracterizado al país en los últimos 30 años”.
El PCA enfatiza la importancia de mantener el liderazgo internacional de Costa Rica en protección ambiental, y de alinear las políticas nacionales con los compromisos globales en sostenibilidad y resiliencia climática.
Como se señala en los acuerdos oficiales:
“La verdadera riqueza de Crucitas no está en el oro enterrado, sino en sus ecosistemas vivos y en el potencial de una economía regenerativa que valore la naturaleza, la comunidad y las futuras generaciones.”
Demandas clave del PCA:
Archivado inmediato los Expedientes Nº 24.717 y 24.577.
Apoyo legislativo y ciudadano al Expediente Nº 24.675.
Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.
Fiscalización y transparencia absoluta en cualquier actividad económica en Crucitas.
Compromiso con modelos de desarrollo sostenible y basados en la comunidad.
El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.
El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) emitió una carta dirigida hacia las diputaciones de la Asamblea Legislativa con el propósito de atender la crisis financiera y mediática que enfrenta la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA). En la petición igualmente la organización agradece la aprobación de las leyes: Ley No. 10.633, Ley No. 10.669 y Ley No. 10.726 (pendiente de publicación en el diario oficial La Gaceta).
Este cuerpo normativo se dio con el propósito de contener la crisis financiera en la institución. Por medio de la autorización para que las instituciones del estado perdonen las deudas a JAPDEVA, así como permitir la utilización de recursos correspondientes al fondo del canon de explotación y desarrollo regional para el reconocimiento de los aportes patronales acordados en la convención colectiva de 2002, y más recientemente, brindar la posibilidad de ajustar las tarifas portuarias todos los años.
SINTRAJAP, recalca que la institución históricamente ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la provincia de Limón, no solo como Autoridad Portuaria sino también asumiendo funciones de infraestructura y apoyo económico en ausencia de intervención gubernamental. Así mismo reconocen que recientemente existe un deterioro de su imagen pública de la institución. Agregado a lo anterior se presenta la crisis financiera producto del Plan Maestro Portuario en el 2008 y de la firma de contrato de concesión con APM Terminals Moín S.A en el 2012, reduciendo significativamente los ingresos de la institución.
Ante esta crisis, se implementó la Ley 9764 para transformar la estructura de JAPDEVA y garantizar la protección de sus trabajadores. Con base en esta ley, se logró obtener financiamiento de entidades estatales no financieras, permitiendo la liquidación de gran parte del personal y la continuidad de las operaciones portuarias.
Finalmente, la carta denuncia que la Contraloría General de la República confirmó que el contrato de concesión de APM Terminals Moín, presenta contradicciones con la legislación vigente. De acuerdo con este órgano auxiliar la aprobación de dicha concesión afecta la capacidad de JAPDEVA para cumplir su función de desarrollo regional que históricamente ha sido un pilar en la provincia de Limón.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó recientemente un informe de auditoría, que evidencia serias falencias en la ejecución de los recursos provenientes del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
El estudio tuvo como objetivo principal determinar si la gestión de estos fondos, destinados específicamente a proyectos de desarrollo regional, cumple con el marco regulatorio establecido y las buenas prácticas aplicables en la materia.
La auditoría cobra especial relevancia considerando que JAPDEVA tiene asignada la administración y ejecución de estos recursos durante un periodo de 30 años, con el mandato específico de utilizarlos en proyectos que impulsen el desarrollo socioeconómico de la región caribeña y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Hallazgos preocupantes
Entre las principales deficiencias identificadas por la CGR destacan:
Ausencia de visión estratégica para el desarrollo integral de la Vertiente Atlántica, lo que compromete la eficacia de las inversiones realizadas.
Carencia de proyectos con objetivos y metas claras, así como de indicadores que permitan medir el impacto real de las inversiones en la región.
Más de 15 mil millones de colones se encuentran actualmente en proceso de formalización, sin un destino claro y definido.
Una alarmante baja ejecución presupuestaria, alcanzando apenas el 2,67% del total de recursos disponibles durante el periodo evaluado.
Aproximadamente $101,9 millones fueron destinados a proyectos no prioritarios, según los propios criterios de impacto establecidos por JAPDEVA.
Ausencia de criterios de equidad en la distribución territorial de los recursos, lo que podría estar generando desigualdades en el desarrollo de distintas zonas de la región caribeña.
Sin proyectos de alto impacto
Un dato particularmente preocupante es que ninguno de los proyectos aprobados por JAPDEVA ha sido categorizado como de «alto impacto» para el desarrollo regional, lo que cuestiona la efectividad de las inversiones realizadas hasta el momento.
Adicionalmente, de los 16 proyectos que cuentan con convenio firmado entre los años 2022 y 2024, 12 aún no han iniciado su etapa constructiva, sin que exista claridad sobre sus fechas de inicio. Solo uno ha sido concluido, y este carece de un programa de mantenimiento adecuado.
Para conocer en detalle los hallazgos y recomendaciones de la Contraloría General de la República, se invita a los interesados a consultar el informe completo disponible en este enlace.
El 15 de noviembre del 2024 se estará llevando a cabo, de 9:00 a.m a 4:00 p.m en el Campus Coto de la Universidad Nacional, el conversatorio “Hablemos de emprendimientos con miras hacia el 2025”.
Este será el primer conversatorio del tema en el cantón de Corredores, y participarán más de 100 expositores de productos artesanales y turísticos, entre otros.
Habrá charlas acerca del fortalecimiento de emprendimientos locales del cantón de Corredores, e invitados de cantones vecinos.
Habrá también participación en mesas de trabajo para elaborar propuestas para el año entrante.
También se estarán regalando premios para los visitantes, y una base de datos para dar a conocer sus productos.
Se estará promoviendo en páginas de redes sociales al igual que transmitido en cadenas nacionales y de televisión local.
Se iniciará con palabras de las autoridades presentes, después de las palabras de bienvenida de las 9:00 a.m a las 10:15 a.m, y acto seguido expondrá el Ministerio de Cultura y su agencia para el desarrollo. Luego, se presentarán varios proyectos como el Mercado Artesanal Binacional Fronterizo, y luego a las 11:10 a.m se hará un recorrido por los stands, con una visita guiada a puestos artesanales y emprendimientos locales. Después del almuerzo (no incluido) se abrirán varias mesas de trabajo y espacios para interacción, para que dialoguen entre emprendedores, autoridades y asistentes para discutir retos y oportunidades del proyecto, a las 12:40 p.m, y finalmente a las 2:40 p.m se harán las conclusiones y el plan de acción, hasta las 4:10 que será la despedida y el cierre del evento.
Este evento es organizado por ASOGUITU y Arte y Cultura Binacional, revista digital y sitio web de emprendimientos los cuales ya han sido organizadores de otros encuentros de emprendedores por ya 10 años consecutivos, y la revista ha cubierto en su canal de Youtube los eventos desde 2019.
Les invitamos a asistir a este evento para seguir apoyando a los y las emprendedoras, así como las ideas innovadoras de este cantón.
Complejo de oficinas del Programa de Cooperación y área administrativa de la Planta Procesadora de Palmito.
Piedras Blancas, Puntarenas – En un grito por la autonomía y el desarrollo comunitario, la Cooperativa Agrícola Agricoop R.L. en Piedras Blancas, Puntarenas, alza la voz para reclamar lo que consideran suyo por derecho. Con más de 20 años de presencia en la zona, las instalaciones que albergan la Planta Procesadora de Palmito y su complejo de oficinas son el epicentro de una lucha que va más allá de los límites físicos de la cooperativa. Así se desprende de una conversación de Tatiana Chaverri Rodríguez con SURCOS.
Además, en una publicación reciente en su página de Facebook, Agricoop R.L. cuestionó la necesidad de solicitar permisos para acceder a sus propias instalaciones, comparando la situación con el concepto de entrar a su propia casa, en una comunidad que ve en estas estructuras el motor de su desarrollo y progreso.
«Nos salimos del juego y la manipulación en la que IDA (hoy Instituto de Desarrollo Rural, Inder) ha sometido por años a la Cooperativa. No se renueva ningún permiso de lo que es nuestro», expresaron en la publicación evidenciando la necesidad de respeto su autonomía y derecho al patrimonio.
Detrás de este enfrentamiento legal y burocrático, se encuentra una historia que se remonta a más de dos décadas atrás. Las instalaciones fueron creadas para el procesamiento de palmito, en un momento crucial para la comunidad tras la salida de la Bananera. En un acto de cooperación con la CEE (organismo de la Unión Europea), se gestó el Programa de Desarrollo Rural (PDR) Osa Golfito, con el propósito de dotar a las organizaciones locales de las herramientas e infraestructuras necesarias para su crecimiento.
Planta procesadora de palmito construida para Industrias Palmitos del Sur SA posteriormente Agricoop Cooperativa Comercializadora Agrícola del Sur RL.
Sin embargo, a pesar de las promesas y acuerdos establecidos, las instalaciones permanecen en un limbo legal, sin que se cumpla el compromiso de entrega por parte del gobierno costarricense. El problema es que este abandono no solo afecta a la cooperativa, sino que tiene un impacto directo en las comunidades circundantes.
Según Tatiana Chaverri Rodríguez, representante de Agricoop R.L., el rezago económico y social en el cantón de Osa, específicamente en Piedras Blancas, es evidente. Con una población de 4530 habitantes y una falta notable de fuentes de empleo e inversión pública, el abandono de estas instalaciones representa un golpe devastador para la región.
«La falta de entrega de estas instalaciones ha tenido un impacto significativo en nuestras comunidades», continuó Chaverri Rodríguez. «Según datos del Inec, el cantón de Osa, y en particular Piedras Blancas, enfrenta un fuerte rezago económico y social. La falta de empleo e inversión pública afecta directamente a nuestros habitantes, quienes se ven privados de oportunidades de desarrollo».
Al abordar la razón detrás del abandono de las instalaciones, Chaverri Rodríguez señaló: «Las abandonaron para evitar entregar los activos a la cooperativa. Agricoop fue sometida a la inseguridad jurídica con la intención de desaparecer o entregar las instalaciones a grupos alineados con ciertos intereses». En el monumento erigido en las instalaciones, el cual agradece el aporte de la Unión Europea al desarrollo local, se encuentra una prueba tangible del derecho de Agricoop R.L. sobre estas tierras, así como la placa que conmemora la fundación de estas instalaciones desde el 5 de enero de 1991.
Sin embargo, Agricoop R.L. no se rinde ante esta adversidad. Con una visión clara de desarrollo regional, han propuesto iniciativas que no solo beneficiarían a la cooperativa, sino que tendrían un impacto positivo en toda la comunidad. Enfatizan su papel como productores de fibra de abacá, un material altamente versátil con más de mil usos en la industria y un mercado prometedor en Europa. De contar con las instalaciones, establecerían un centro de acopio y valor agregado de abacá, lo que no solo generaría múltiples fuentes de empleo, sino también oportunidades comerciales significativas para la región. Adicionalmente, la cooperativa realiza prácticas de reciclaje y compostaje.
Agricoop resalta su participación en el Programa de Descubre de Procomer 2022, otorgándoles una posición privilegiada para impulsar la producción de abacá. Destacan su condición como beneficiarios de una donación de Red de Vinil, destinada a la fabricación de diversos productos como bolsos, delantales, manteles y tapizados, con el fin de generar ingresos para las mujeres de la cooperativa. Además, han firmado un convenio con el MICITT para establecer un Centro Comunitario Inteligente, conscientes de la amplia brecha digital en la zona.
En términos de iniciativas comunitarias, la cooperativa está activamente involucrada en la organización de una feria comunitaria para apoyar a emprendedores y agricultores locales, y cuentan con un área de cocina para formalizar iniciativas gastronómicas; así como en la gestión de capacitaciones en conjunto con el INA para fortalecer las capacidades de la población circundante. Entre otros aspectos, tienen su papel como Punto Seguro Inamu, brindando apoyo a mujeres que sufren acoso callejero, y su alianza con Sula Kaska Agricoop para desarrollar un proyecto de cacao que busca rescatar el valor nutricional, cultural y ecológico del cultivo en la zona.
Todas estas iniciativas, que abarcan aspectos sociales, económicos, ambientales y tecnológicos, podrían estar en pleno funcionamiento si el Inder cumpliera con su obligación. Agricoop R.L. hace un llamado urgente al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y a las autoridades competentes para que cumplan con su compromiso y entreguen los predios e instalaciones que legítimamente les pertenecen. Solo así, afirman representantes de Agricoop, podrán desatar todo el potencial de desarrollo que yace latente en la región.
La lucha de Agricoop R.L. va más allá de la defensa de unas instalaciones. Es la lucha por el derecho a un futuro digno, por la autonomía de una comunidad y por el desarrollo sostenible de una región olvidada.
Compartido con SURCOS por Tatiana Chaverri Rodríguez – Agricoop R.L. y por Renier Canales Medina.
He venido utilizando diferentes medios para indicar que debemos hacer obras de primer orden ligadas a una estrategia de desarrollo regional (Turismo -Jiménez – Alvarado) en un esfuerzo que nos vaya posicionando en nuevas condiciones que nos permitan contar con formas de producción innovadoras y mayor ingreso.
No voy a mencionar todas, sólo haré alusión rápidamente a tres obras:
1. Ya casi está terminada la obra Siquirres – Limón que dará mayor nivel a las exportaciones en un futuro con más ampliación de puerto, con la posibilidad de que habilite en un futuro Matina (propuesta China hace un par de años). En ese esfuerzo ya San Carlos ha empujado en ese sentido, hasta con ferrocarril. Como hemos indicado la ampliación en un primer momento de la carretera a Siquirres con tres vías y cierto tramo hasta 4 vías como modificaciones de puente como el de Chitaria y lo propio de una obra para este fin. Para lo cual, se requiere desde pre inversión hasta financiamiento global en la cual la Municipalidad debe tomar como una idea para que MIDEPLAN y el MOPT lo convierta en un proyecto de primer orden, hasta con algunas acciones de contingencia para facilitar el tránsito en esta vía.
2. La segunda se refiere a la infraestructura hídrica y sanitaria en casi todo el cantón. Necesitamos hacer un esfuerzo de coordinación entre Municipalidad – AyA – Asadas – organizaciones comunales – INDER con un plan que modernice el tipo y las capacidades de los diferentes acueductos con nuevos viaductos que fortalezcan la capacidad de servicio a comunidades y nuevas formas de producción. De igual manera lograr nuevas formas de proceso con las denominadas aguas negras o aguas servidas, con tratamientos con criterio ambiental.
3. En tercer lugar reforzar la red digital con un tratamiento especial al distrito de Chirripó. Esto es vital ya que nos puede dar mayor cobertura y prepararnos en las nuevas formas de economía urbana.
Por supuesto reiteramos que son necesarios como plan regulador, programas de inversión situados en forma adecuado en los planes nacionales de desarrollo, con acciones orientadas a fortalecer nuevas regiones como Norte -Caribe en un nuevo concepto de espacio con infraestructura territorial distinta.
Un importante grupo de personas extrabajadoras de JAPDEVA protestaron frente a la Asamblea Legislativa este martes 15 de noviembre. Su reclamo: “Son demasiados los atropellos que sufren los trabajadores en JAPDEVA y no hay un rumbo claro de los procesos de reestructuración de la institución”.
La movilización coincidió con una petición a la presidencia legislativa para suspender durante 20 minutos la sesión, a fin de que la Comisión Especial de Limón atendiera al grupo de limonenses presentes en el Congreso. La solicitud fue firmada por los diputados Jonathan Acuña Soto, jefe de la fracción del Frente Amplio y Oscar Izquierdo Sandí, subjefe de la bancada del Partido Liberación Nacional. Asimismo, la diputada Ada Acuña Castro, del Partido Social Democrático envió una nota a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo con la solicitud de “una escucha enfática, que promueva acciones propositivas para el beneficio de la provincia de Limón”.
La legisladora puntualiza en su carta que es necesario “un espacio de reunión, con la participación de una comisión de empleados y ex trabajadores de la institución, de forma tal que se construya un diálogo franco sobre los planes estratégicos y propuestas que desarrollarán con la autoridad portuaria y su personal”.
Agrega la diputada Ada Acuña Castro: “El día de hoy representantes del sindicato de JAPDEVA se presentaron en las instalaciones del Congreso, para requerir el apoyo … para que sean escuchados sobre la propuesta de transformación del Gobierno, ya que han enviado documentación al respecto y no han sido atendidos y además alertaron públicamente supuestas irregularidades en el accionar de la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA”.
