Etiqueta: desempleo

Limón, Puntarenas y Guanacaste

Escrito en 23/10/2025. Publicado en Elecciones.

Freddy Pacheco León

Después de una intensa «campaña electoral» de 3 años y medio, en Puntarenas, Guanacaste y Limón, el recién publicado estudio del CIEP-UCR nos demuestra que los ciudadanos de esas muy deprimidas provincias, ¡ya no creen en cuentos!

Resulta que en ninguna de ellas el partido chavista alcanza un apoyo superior al 19 %. O sea, para sorpresa de ellos, 4 de cada 5 votantes, no se han comido las promesas demagógicas de Fernández, Cisneros y Chaves.

Es tal el rechazo a la fábula de «una marina” que daría trabajo supuestamente ¡a 150 mil personas! (de la que jamás se elaboró siquiera un proyecto), o de un «aeropuerto internacional en Westfalia» que impulsaría el turismo en el Caribe, o que, además, se le regresarían a Japdeva los buques de contenedores que indebidamente se le entregaron a la transnacional APM, que hoy son muy pocos los limonenses que no han abierto los ojos a la demagógica realidad.

Limón está peor que hace cuatro años y eso se refleja en el escalofriante desempleo que tiene frustrados principalmente a los jóvenes, así como la miseria y la criminalidad que los acecha en cada barrio. Por ello, no es de extrañar, que solo un 3,5 % se manifiesta a favor del partido de gobierno, mientras un altísimo 75 % se reporta «indeciso», a la espera de conocer a otros candidatos que tal vez les brinden alguna esperanza. Limón, sí Limón, al que según la candidata Fernández ya tenía en la bolsa.

Salimos de Limón, de la rebelde, con razón, provincia de Limón, y logramos superar los derrumbes de la ruta 32 enrumbándonos hacia el litoral del Pacífico, el de los atardeceres inigualables, para ver qué nos dice el estudio de los universitarios. Así, encontramos que solo el 18 % de los puntarenenses se sienten, más o menos resguardados, por el gobierno fabricante de promesas. Ese mismo que les prometió, y no cumplió, un nuevo hospital debidamente equipado y con los médicos y enfermeros calificados y suficientes, para «atacar» las inhumanas listas de espera. El que les prometió «para ayer» una pesca de atún con verdadero apoyo gubernamental en beneficio de los pescadores despreciados hasta hoy, así como una industria enlatadora de la mano con el gobierno, para aprovechar la riqueza atunera que pescan casi gratis y se llevan del país buques extranjeros, sin beneficio alguno para los porteños, que jamás pasó de las promesas.

Y es que, aparecieron, gobernantes como Laura Fernández y Pilar Cisneros, que, a su vez, se comprometieron a devolverle al Puerto, el esplendor que una vez lució, para lo cual, les dijeron, se recibiría a los turistas por una atractiva carretera a lo largo de la Angostura, y un remozado Paseo de los Turistas, lleno de gente alegre y satisfecha, como señal de gran actividad productiva, por donde más bien, hoy se ven algunos pescadores de camarón desempleados injustamente al lado de personas ya cansadas de buscar trabajo. Es tal el abandono, el engaño, que no ha de sorprender que, por ello, siete de cada 10 puntarenenses, por el momento, prefieren quedarse al margen, como indecisos, en espera de conocer diferentes propuestas partidarias, de parte de otros candidatos, realistas, alejadas de las muy conocidas que Fernández se compromete continuar (?) ejecutando, aunque los porteños saben que ni siquiera se han tratado honrar.

Salimos del Puerto y ponemos nuestro foco en los datos obtenidos por el CIEP-UCR (sin duda el ente más confiable) en la provincia de Guanacaste, que junto a las dos anteriores conforman un trío en el cual el chavismo ha dedicado por más de tres años recursos propagandísticos significativos. Allí encontramos cifras estadísticas que, muy seguramente, el equipo de campaña de la candidata Fernández, tendría que haberse sorprendido por lo que considera inexplicable, aunque, algunos lo entenderán, son datos razonables, esperables, al tratarse de una política arribista, sin méritos, obviamente desconocedora de la inteligencia del guanacasteco que ella cree que se puede engañar fácilmente.

Resulta que donde el partido oficialista esperaba, según decían, quizá un apoyo superior al 40 %, solo obtuvieron un 18 %. Pero lo que lo hace más sorprendente, es el hecho insólito de que ¡más de tres cuartas partes! de los guanacastecos (el 76 %) se reportan indecisos. Algo nunca visto antes y que se interpreta como una invitación a los candidatos no-chavistas, a dialogar con ellos, pero con propuestas concretas en mano.

Por ejemplo, los pamperos reclaman por el reiterado engaño alrededor del urgente proyecto «Agua para Guanacaste», con que se incorporarían a la producción agropecuaria 16.000 ha de tierras de más de 400 fincas situadas en la margen derecha del río Tempisque, lo cual sería un extraordinario motor de desarrollo indiscutible. Además, ha de aclararse, ese proyecto contempla desde su nacimiento, el abastecimiento de agua potable para cientos de ASADAS y desarrollos turísticos, que hoy sufren de ilógica escasez, a pesar de que se aprovecharía desde el embalse del lago Arenal, acabando de una vez por todas, con el desperdicio irracional que significa estarla descargando hacia el mar, cual si fuese un recurso desechable. Formidable proyecto heredado por el gobierno que está por terminar y que imaginamos ha sido usado por Chaves, para seguramente, reírse a carcajadas de los pamperos que creyeron en él y en sus promesas populistas, que ahora la candidata Fernández promete “darle continuidad”.

Igual sucede con el “negocio escandaloso” que se evidenciara con la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, que se hizo mal y demanda más trabajos urgentes, y el descalabro producido con el artificial valor del colón contra el dólar, que todos los días golpea a la industria turística, principal fuente de divisas extranjeras y empleo en Guanacaste, donde los índices de desocupación golpean principalmente a jóvenes, y dentro de ellos, a las mujeres que ven cómo pasan los años y no logran conseguir trabajo.

Y ni hablar de los prometidos centros médicos, por lo menos dos docenas de EBAIS, complementarios a los hospitales de La Anexión y Enrique Baltodano Briceño, para una más eficiente atención primaria, con lo que se mitigaría la demanda sobre los servicios de emergencia de ambos hospitales, en Nicoya y Liberia. Centros de salud a donde siete de cada diez pacientes son adultos mayores sometidos a las inhumanas listas de espera, que doña Laura ahora “se compromete” solucionar atendiendo la creciente deuda del Estado con la Caja, que, paradójicamente, su gobierno chavista se ha negado atender.

Ese mismo desdén por la pampa guanacasteca se evidencia en el abandono de los proyectos de carreteras, aprobados y financiados desde antes del inicio de la actual administración, como el que, partiendo desde Barranca en Puntarenas, se conectaría con la magnífica autopista de 50 km, la mejor del país, que corre desde Cañas a Liberia. Proyecto que, extrañamente, por intereses desconocidos, la Casa Presidencial ordenó paralizar.

Por supuesto que hay otras cosas que también hacen extrañar el espíritu del Dr. Vargas Vargas y su Partido Confraternidad Guanacasteca (nombre usurpado por un grupillo) que siempre luchó al lado de su pueblo, en su esfuerzo por sacar de la pobreza a miles de sus coterráneos, quien jamás aceptó las promesas populistas de los que, desde San José, como lo hacen hoy algunos, pretendían engañar a los guanacastecos que eran su razón de vivir.

En fin, las supuestas tres provincias costeras, pobladas por mujeres y hombres, jóvenes y adultos, dignos, luchadores, patriotas, que según la candidata oficialista “ya tenía en su bolsillo«, después de haberlos bañado de propaganda gubernamental desde el año 2022, le están diciendo a Costa Rica, y especialmente a los otros candidatos presidenciales, «ojo con nosotros, que no somos los inocentes infantiles que los políticos demagogos se imaginan. Cuando vengan a nuestros pueblos y ciudades, dejen las mentiras en sus casas».

UAS denuncia despidos masivos en Dos Pinos y pide al Ministerio de Trabajo una investigación inmediata

Escrito en 21/10/2025. Publicado en Trabajo.

La Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS) y la Unión de Empleados de la Cooperativa Dos Pinos (UDECO) denunciaron públicamente una serie de despidos masivos en la Cooperativa Dos Pinos R.L., que afectarían a más de 40 trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales han sufrido accidentes laborales o están sindicalizados.

La conferencia de prensa, realizada este 21 de octubre en el auditorio del SINAE-AFINES, contó con la participación de Lenin Hernández Navas, presidente de la UAS; Alexis Casanova, secretario general de UDECO y trabajador despedido; y Maikol Hernández, vicepresidente de la UAS y secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (FENTRAGH).

Despidos de personas lesionadas y sindicalizadas

Según explicó Alexis Casanova, los despidos se están realizando en distintas plantas de la cooperativa en todo el país, bajo el artículo 85 inciso 9 del Código de Trabajo, lo que consideran una medida discriminatoria y antisindical.

“Tenemos contabilizados al menos 25 afiliados despedidos, aunque el número podría ser mucho mayor. Lo más preocupante es que entre las personas afectadas hay trabajadores lesionados durante el ejercicio de sus funciones. En lugar de reubicarlos, como corresponde, la empresa los está despidiendo”, señaló Casanova.

El representante sindical subrayó que los estudios internos que la empresa utiliza para justificar los despidos se realizan sin participación del sindicato, lo que genera falta de transparencia y desprotección jurídica para los trabajadores afectados.

Testimonio: “Me despidieron por estar enfermo”

Uno de los casos expuestos fue el de Fernando Calderón, quien trabajó en Dos Pinos por más de 13 años y fue despedido tras someterse a una cirugía por hidrocefalia, una condición que afecta su movilidad.

“Me dijeron que no había dónde reubicarme, que no podían tenerme más en la empresa. Tengo 53 años y con mi condición se me hace muy difícil conseguir trabajo. Yo no pedí enfermarme, pero ellos no quisieron ayudarme”, contó visiblemente afectado.

“Dos Pinos ya no actúa como una cooperativa solidaria”

Para Maikol Hernández, representante de FENTRAGH y de la UAS, la situación refleja una transformación preocupante en el modelo empresarial de la cooperativa:

“Dos Pinos nació como una empresa de la economía social solidaria, pero hoy actúa como una multinacional neoliberal, despótica y opresora. Se está dejando de lado al trabajador como eje central del proyecto cooperativo, tratándolo como simple mercancía”, advirtió.

La UAS indicó que esta situación representa una violación directa a los convenios internacionales suscritos por Costa Rica, entre ellos los Convenios 87 y 98 de la OIT, que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva.

UAS pide intervención del Ministerio de Trabajo

En su intervención, Lenin Hernández Navas, presidente de la UAS, anunció que la organización envió una carta al ministro de Trabajo, Andrés Romero Rodríguez, solicitando la apertura de una investigación exhaustiva sobre los despidos y la instalación de una mesa de diálogo tripartita entre el sindicato, la empresa y el Gobierno.

“No sabemos si lo que ocurre responde a una política económica general, a los tratados de libre comercio o a una política antisindical. Lo cierto es que se están violentando derechos fundamentales. Pedimos al Ministerio de Trabajo que actúe con transparencia y haga valer la justicia laboral”, manifestó Hernández.

El dirigente sindical enfatizó que, de no haber respuesta, la UAS acudirá a instancias internacionales, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para denunciar las violaciones a los derechos laborales.

Llamado a la responsabilidad social y cooperativa

Durante la conferencia, Hernández recordó los orígenes de la cooperativa, fundada en 1947 por 25 productores bajo principios de solidaridad y bien común, y criticó que la actual administración esté enviando “una pésima señal al país”.

“Dos Pinos nació para promover el bienestar colectivo y hoy está despidiendo a trabajadores enfermos o sindicalizados. Eso es cruel, inhumano y contradice la esencia cooperativa. Costa Rica necesita empresas solidarias, no patronos que actúen como transnacionales”, concluyó.

Nuevos escenarios: incertidumbre, temor y desafíos en la política y la sociedad

Escrito en 23/04/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Castillo Hernández

Al igual que el bitcoin, que desafía los paradigmas tradicionales del dinero e irrumpe como una alternativa financiera disruptiva, la política contemporánea transita por caminos sinuosos que generan inquietud y desconcierto. La acción política se reduce a un espectáculo mediático, el discurso público se degrada, y los partidos tradicionales pierden prestigio ante una ciudadanía cada vez más desencantada. Según Latinobarómetro, el 70% de los latinoamericanos ya no confía en la democracia o se siente excluido de ella. Esta cifra no solo refleja insatisfacción, sino una crisis de legitimidad con graves implicaciones:

1. Declive de la democracia representativa: La pérdida de credibilidad de los partidos y las instituciones abre paso a alternativas peligrosas, desde liderazgos autoritarios hasta soluciones pseudopopulistas.

2. Ascenso del populismo emocional: Líderes de izquierda y derecha —desde predicadores carismáticos hasta aventureros políticos— explotan el malestar social con discursos que desprecian el Estado de derecho, la institucionalidad y la razón.

3. Espectacularización de la política: El debate público se reduce a confrontaciones virales, donde priman la mentira, el insulto y la posverdad sobre el análisis riguroso.

4. Amenazas a las libertades: Movimientos de extrema derecha ganan terreno, atacando la independencia judicial, la libertad de prensa y los derechos humanos bajo retóricas nacionalistas.

5. Tecnología y desinformación: Las redes sociales distorsionan la realidad, manipulan elecciones y normalizan la polarización, mientras la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad —con América Latina como la región más violenta del mundo— alimentan el círculo vicioso de la desesperanza.

¿Qué cabe esperar?

Estos escenarios fracturan los consensos democráticos y plantean interrogantes urgentes: ¿Está agotado el modelo actual? ¿Emergerán nuevas formas de democracia? ¿Cómo adaptarán los Estados la división de poderes o los sistemas electorales? La incertidumbre se agrava por factores globales: recesión económica, guerras comerciales, migraciones masivas, reacomodos geopolíticos y una crisis climática con proyecciones catastróficas. En este contexto, los márgenes de acción para América Latina son estrechos: el endeudamiento externo y los condicionamientos de organismos financieros limitan cualquier reforma estructural, perpetuando un modelo económico excluyente y sin dimensión social.

Lo laboral en la encrucijada

El panorama es desalentador:

– Desempleo e informalidad: Las tasas superan el 40%, con trabajos precarios que profundizan la pobreza y debilitan el movimiento sindical.

– Educación en crisis: La pandemia exacerbó la brecha digital y la deserción escolar, mientras los recortes presupuestarios y la pauperización docente socavan la calidad educativa.

– Reformas regresivas: Las élites empresariales, ahora enquistadas en el Estado, imponen legislaciones laborales que eliminan protecciones sociales, fomentan la explotación —especialmente de mujeres— y criminalizan la organización sindical.

¿Hay espacio para la esperanza?

Pese a todo, destellos de resistencia persisten: las movilizaciones en Estados Unidos por la democracia, el rechazo popular a las agresiones gringas a la soberanía de Panamá, o las luchas sociales en Argentina a favor de los jubilados revelan que la sociedad civil aún defiende banderas irrenunciables: justicia social, libertad de prensa, derechos humanos y democracia participativa. Son tiempos oscuros, pero la historia demuestra que los cambios radicales suelen nacer en los momentos más críticos. La luz de la sensatez y de la acción colectiva es deseable porque tarde o temprano se abrirán paso por un mundo más humano y mejor para las mayorías marginadas.

La polarización será por la democracia no por nuestros derechos ya conquistados

Escrito en 01/02/2025. Publicado en Análisis.

Por Allison Quintanilla Hernández
Gestora comunitaria
Planificadora Económica y Social
Viernes 31 de enero, 2025

El principio de no regresividad en materia de derechos humanos es fundamental para garantizar que los avances alcanzados no sean revertidos. Si existiese una polarización, esa debe centrarse en la defensa de la democracia, no en cuestionar derechos ya conquistados.

El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece que el Estado procurará el bienestar de todos los habitantes y reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para lograr un entorno de derechos y equilibrio para todas las personas, es esencial fortalecer las instituciones públicas y asegurar que los servicios básicos, como educación y salud, sean accesibles para toda la población, de calidad y sin restricciones.

En los últimos años, hemos observado una disminución en la inversión social pública en áreas clave. Por ejemplo, en 2023, la inversión en educación representó solo el 5,70% del PIB, alejándose del 8% establecido constitucionalmente. Esta reducción tiene implicaciones directas en la calidad y cobertura de la educación, especialmente en zonas rurales. No es posible que para este año el presupuesto para educación sea el mismo de hace 20 años, con becas retenidas antes de iniciar el curso lectivo y casi 1000 centros educativos con cierres sanitarios y técnicos.

Paralelamente, la violencia de género ha mostrado cifras alarmantes, y somos las mujeres y otras poblaciones las que estamos poniendo los cuerpos en esta ola escalonada de violencia en el país. En enero de 2025, se registraron cinco femicidios, una cifra que no se veía desde 2016, esto afirmado propiamente por el OIJ. Estas estadísticas reflejan una realidad que no podemos ignorar como país y que demanda una respuesta contundente del Estado y la sociedad.

Y como este desequilibrio de bienestar no se agudizó ahora, la responsabilidad de gobiernos anteriores ha acumulado consecuencias en lo que algunas personas llamamos ‘’los espacios vacíos no existen’’ mientras priorizamos a la ficción y las pugnas del poder por el poder, los espacios vacíos fueron tomados por el crimen organizado, por la falta de oportunidades, por la violencia, por las organizaciones religiosas, por la desesperanza y por maquinarias político electorales, que hoy están en casa presidencial, hablando de dignidad humana sin entender lo que significa.

Mi historia personal es testimonio de cómo la intervención oportuna de instituciones públicas, aun con sus debilidades, puede cambiar vidas. A los seis años, fui víctima de abuso sexual. Gracias a la acción decidida de mi maestra de preescolar y al apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pude recibir atención y protección. A pesar de las limitaciones y recursos escasos en una familia binacional y del campo, estas entidades brindaron el soporte necesario para superar situaciones adversas.

Crecí en un entorno donde la desigualdad social y la influencia religiosa marcaban el ritmo de vida hasta convertir la violencia en una forma de vida que se resolvía con el perdón de Dios todos los domingos en la iglesia. Mi madre, a sus 30 años, intentó romper el ciclo de violencia familiar y buscar oportunidades educativas. Sin embargo, enfrentó obstáculos impuestos por creencias religiosas que priorizaban la preservación de la familia por encima del bienestar real, imposiciones como convivir con los abusadores de nuestra familia o mi agresor sexual.

Con el tiempo, y con el apoyo de instituciones públicas como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el INAMU y las Universidades Públicas, logramos al menos alcanzar algo de movilidad social. Mi madre se convirtió en profesional y mis hermanos y yo, accedimos a programas que nos permitieron integrarnos plenamente en la sociedad.

Estas experiencias resaltan la importancia de un Estado Social de Derecho que garantice el bienestar de todas las personas, sin distinción ni discriminación. Los derechos humanos que hemos conquistado, especialmente aquellos relacionados con la igualdad de género y la protección de poblaciones vulnerables, no deben ser objeto de negociación ni retroceso, por más tentador que suene para los cálculos electoreros de los partidos políticos, o para las mismas organizaciones religiosas.

En el contexto electoral actual, es crucial que el debate se centre en los temas que verdaderamente afectan al país: la violencia, la inseguridad ciudadana, la pobreza, la crisis educativa, la salud, la seguridad social, el desempleo y la desigualdad social. Tanto las comunidades de fe como las poblaciones históricamente excluidas, debemos reconocer que nuestros derechos humanos como lo son, los derechos sexuales y reproductivos, o el derecho humano a la libertad religiosa no son moneda de cambio en este proceso electoral por más que lo intenten.

Recuerdo perfectamente una frase de mi madre cuando decidió divorciarse ‘’La Universidad me abrió las puertas para entender que mi valor como persona no estaba en el matrimonio, y que podía liberarme de la violencia sin ir al infierno, perdí el miedo al pastor y a las críticas en la iglesia porque mi familia tiene derecho a superarse y ser feliz’’.

Hoy mi mamá sigue asistiendo a su comunidad religiosa, pero con autonomía promueve el amor y la fe, pero sin abandonar la lucha en defensa del Estado de derecho.

Si hemos de polarizarnos, que sea en defensa de la democracia, la paz y la libertad, y en contra del autoritarismo, la censura y la violencia que promueven los discursos de odio de nuestro presidente Rodrigo Chaves.

Recordemos estas palabras: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. El Estado y las organizaciones de fe tienen roles distintos pero complementarios. Juntos, podemos trabajar por el progreso del país, respetando la autonomía de cada esfera y garantizando el bienestar de todas las personas sin caer en los cálculos electorales.

Continuo caminar

Escrito en 04/01/2025. Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

A menos de 20 días para la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, las caravanas de personas migrantes han empezado a formarse de nuevo, tal vez como último recurso antes que empiece la anunciada política antiinmigrante a ser implementada en las primeras directivas que tomará en sus primeras horas de mandato.

Ni tan siquiera se habían apagado los fuegos artificiales despidiendo 2024 y dando la bienvenida a este incierto 2025, cuando se anunció la conformación de un numeroso grupo de personas migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Ecuador, principalmente.

Para muchas de estas personas el destino final es la frontera entre México y Estados Unidos, para intentar cruzarla.

Pero también se reconoce la dificultad que implica el cruce y la estancia en Estados Unidos, frente a la implementación de una línea de política migratoria más dura, cuando el republicano asuma la presidencia. Ya hemos dicho que nos parece una línea más dura, dado que la administración demócrata que termina ha sido una de las más castigadoras contra las personas migrantes, en particular las de origen centroamericano.

Estos primeros grupos conformados salen del sur de México, concretamente Tapachula, escenario de una escalada de violencia en medio de la cual las personas migrantes han quedado atrapadas, sin otra posibilidad más que emprender el viaje.

A seis años del inicio de estas formas inéditas de movilización humana (grupos, colectivos, visibles en carreteras y fronteras internacionales en Centroamérica y México) su continuación se explica por la permanencia de las condiciones expulsoras en los países desde donde se originan: violencias, inequidad, desigualdad, pobreza, desempleo.

México aguarda por un posible aumento de personas devueltas o deportada al iniciar la administración Trump.

Esto desencadenará sin duda la intensificación del riesgo y la vulnerabilidad, que han producido ya 120.000 personas migrantes desaparecidas en ese territorio federal 2010 y un número aún no confirmado que ronda 7.500 personas migrantes fallecidas en los últimos diez años.

Antes estos hechos, el continuo caminar se convierte en estrategia, recurso y respuesta desde las mismas personas migrantes para tener al menos una pequeña esperanza de contar con un futuro mejor que su complejo presente.

Aguardemos por la suerte de este grupo que salió recientemente de Tapachula y esperemos más grupos a lo largo de este mes, antes que Donald Trump jure como el presidente #45 de la historia estadounidense.

La “justicia por sus propias manos”: 5 factores explican casos de violencia

Escrito en 05/09/2024. Publicado en Derechos.

Es fundamental la inversión y capacitación de los cuerpos de seguridad; experta hace un llamado a una mayor coordinación interinstitucional

UNA Comunica. 4 de setiembre de 2024. La semana anterior dejó un saldo de dos casos de violencia, donde hubo un homicidio perpetrado, presuntamente, por dueños de locales comerciales en contra de personas que intentaron robar en sus negocios.

Es lo que popularmente se le conoce como “tomar la justicia por sus propias manos”. Ocurrió primero el 25 de agosto en Alajuela cuando el dueño de un comercio asesinó a otra persona y luego, cuatro días después, cuando una mujer utilizó un arma de fuego para atacar a un presunto ladrón que intentó ingresar a una pulpería, en San José centro.

Circunstancias similares, escenarios distintos. Es el reflejo de un aumento en el nivel de violencia e inseguridad, según determinó la académica Yolanda Pérez, coordinadora de la Maestría de Administración Justicia, enfoque socio-jurídico, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Para la socióloga, existen al menos cinco factores que explican por qué este tipo de situaciones se presentan con mayor regularidad:

Reinan sentimientos de desesperación y frustración, ante la sensación de que las autoridades no son efectivas en el control de la actividad criminal.
Se está presentando un fenómeno vinculado con la normalización de la violencia. “Las personas ya no se asustan cuando asesinan a alguien. En Costa Rica, lamentablemente, la violencia se ha vuelto algo común, pueden de repente estar más dispuestas a confrontar a los delincuentes, no porque no tengan miedo, sino porque ya se ha convertido en parte de su realidad cotidiana”.
También existen aspectos psicológicos, donde el instinto de supervivencia o el impulso por protegerse a sí mismos o a sus seres queridos, se activa. Esto puede llevar al individuo a enfrentar a un asaltante, en un momento de adrenalina que impide pensar en eventuales consecuencias.
La viralización pública del hecho, que se fundamenta en el actuar de una persona ante un delincuente y de donde sale victoriosa, puede ser motivo de inspiración para que otros se preparen o actúen de igual manera, con el agravante de que estos casos no reflejen la realidad ni sus riesgos asociados.
Socialmente, puede generarse la idea de que siempre el delincuente puede ser vulnerable, lo que hace que las personas dejen de verlos como una amenaza, o de que los califiquen como inexpertos y que pueden actuar contra ellos.

Riesgos

En paralelo a la valoración sociológica que explica el uso de los mecanismos de defensa personales, se suma el hecho de una mayor desconfianza en la policía y en el sistema judicial por parte de la ciudadanía. “Se tiende a creer que los delincuentes no enfrentarán consecuencias significativas por sus actos, lo que contribuye a que puedan actuar por su cuenta”, manifestó Pérez.

Características como que “la justicia es lenta o ineficaz” se han convertido en vox populi, lo que, de acuerdo con la experta, puede llevar a la idea de que la única forma de lograr una justicia inmediata es actuar por sus propios medios.

“Incluso he escuchado que las personas se están capacitando más sobre seguridad personal, por medio de escuelas a las que les pagan y donde les enseñan sobre uso de armas y que no necesariamente es para optar por un puesto en una empresa de seguridad privada, sino para defenderse ante cualquier peligro”, relató Yolanda Pérez.

Desde una perspectiva social, un entorno que opte por este camino promueve el aumento de la violencia, ya de por sí exacerbado en el país. Hasta el día de ayer, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizaba 587 homicidios, 29 menos que a la misma fecha del año pasado que alcanzó un récord en las estadísticas.

San José es la provincia más afectada por el grado de violencia (152 crímenes), acompañada ahora de las provincias costeras de Limón y Puntarenas (107 y 95 casos, respectivamente) donde se ha dado un incremento en los niveles de inseguridad.

Dentro de los riesgos de esta escalada violenta, está que los propios delincuentes puedan armarse o prepararse mejor para repeler ataques, lo que pueden conllevar a enfrentamientos peligrosos, donde estarían expuestos terceras personas, como clientes de un local o comercio.

¿Qué se puede hacer al respecto? Para la coordinadora de la Maestría de Administración en Justicia es fundamental fortalecer a las instituciones jurídicas y de seguridad del país, aunque considera que el aumento en las penas carcelarias no va a ser la solución.

Pérez recalcó que es fundamental la capacitación y la dotación de recursos para fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública y a sus distintas dependencias. Advirtió, por ejemplo, que actualmente la policía no cuenta con los mismos equipos del crimen organizado, y eso afecta la prevención y la respuesta oportuna ante el delito.

“Además, se hace necesario articular el trabajo que se realiza en las instituciones públicas y organizaciones, entre otros entes, de manera que desarrollen programas y campañas de sensibilización que promuevan la resolución pacífica de los conflictos y que desincentive el uso de la violencia como respuesta a la delincuencia”, agregó.

Lo que se quiere evitar es que situaciones, como la acontecida el domingo anterior en San Carlos, cuando dos personas se enfrentaron directamente a pedradas con un presunto ladrón, quien quiso llevarse una motocicleta, desemboque en el fallecimiento de alguno de los involucrados, lo cual en este caso no sucedió.

Por ello, la académica apunta a una estrategia integral donde la reducción de las desigualdades económicas y sociales, la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos puedan contribuir a generar una menor presión social sobre las personas que han acudido a los mecanismos de violencia para defenderse ante todo tipo de situaciones.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría: Urge fortalecer medidas económicas a favor de personas adultas mayores

Escrito en 06/06/2024. Publicado en Derechos.

Solicita a CONAPAN intervenir ante el sistema financiero nacional

Recientes investigaciones de la Defensoría de los Habitantes determinaron que los derechos de las personas adultas mayores a la seguridad económica e inclusión en el sistema financiero, no se les está brindando la atención suficiente, si se toman en consideración los niveles de discriminación, desigualdad, pobreza y desempleo o empleo de baja productividad. Este sector para el año 2050 se estima representará el 20,7% de la población del país.

La investigación de la Defensoría evidenció que el país carece de datos de este grupo de habitantes como usuarios de los servicios financieros, resultado de equiparar la edad avanzada con el incremento en el riesgo de recuperación de créditos, lo que no sólo limita su incorporación, sino que favorece prácticas abusivas, que promueven el acceso a préstamos en el sistema informal, como el gota a gota, el acoso y el hostigamiento por cobro de deudas, entre otros.

Ante este panorama, la Defensoría identificó una serie de acciones concretas en favor del derecho a la seguridad económica e inclusión al Sistema Financiero. Entre ellas, se recomendó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), adoptar medidas, en coordinación con la Presidencia de la República, con el fin de garantizar a las personas adultas mayores acceso al crédito en condiciones preferenciales, tanto por parte de entidades financieras públicas como privadas, de conformidad con lo que señala la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Se solicitó al CONAPAM elaborar un proyecto de ley, mediante el cual se garantice a las personas pensionadas, independientemente del Régimen de Pensiones al que pertenezca, una pensión mínima inembargable, o pensión mínima intocable, de forma que puedan disponer de su pensión sin limitaciones, hasta por el monto de un salario mínimo, en los mismos términos que se garantiza el salario.

En el marco de los Derechos Humanos y Empresas, la Defensoría emitió una resolución en la que se instó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC)y al INFOCOOP promover entre los asociados y cooperativas de ahorro y crédito, la adopción de procesos de debida diligencia, que permitan identificar, prevenir y mitigar el impacto sobre la población adulta mayor, en temas como la atención prioritaria, acceso a la información financiera en lenguaje apropiado a su condición, políticas de acceso al crédito y otros servicios bancarios, información sobre prevención de estafas electrónicas, cero tolerancia al acoso cobratorio, denuncia en caso de detectar abuso financiero en contra de la personas adulta mayor, etc.

En relación con el acceso a seguros, tema ligado al acceso al sistema financiero, la Superintendencia de Seguros (SUGESE)informó que cuenta con normativa interna que le permite garantizar el acceso al mercado de seguros a la Población Adulta Mayor, por lo que insta a presentar cualquier duda ante esa instancia.Además, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) informó que ha identificado puntos de mejora en temas referentes al reforzamiento de aspectos regulatorios y sancionatorios y prepara este año un proyecto de ley.

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) informó que se encuentra en estudio de la Asamblea Legislativa el proyecto N° 24.136 que tiene como finalidad proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores de productos o servicios financieros. En relación con este proyecto de ley, la Defensoría considera oportuno que la ley aborde un acápite especial de protección a Población Adulta Mayor. Un elemento esencial en el desarrollo del presente tema es la educación, en este sentido la Defensoría participa como observador de la elaboración de la III Guía de Educación Financiera, a cargo del MEIC en el que se instó a la comisión que lo elabora, adoptar medidas que permitan garantizar las necesidades de esta población.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

“La dicotomía de la prosperidad de las familias negras en Costa Rica”

Escrito en 18/05/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Bernardo Archer Moore – Cahuita, 13/05/2024

En lo que va del siglo (2000 – 2024) se marca un hito en la historia de nuestra república; nunca antes los negros en Costa Rica habíamos ocupado cargos gubernamentales tan altos como ahora.

Sin embargo, este mismo período de tiempo representa el nivel más alto de desempleo y pobreza entre los negros en este país. Estamos más sin tierra y más en la pobreza extrema que nunca antes visto.

Peor que en aquellos tiempos cuando ni siquiera teníamos derecho a ser ciudadanos de la república y mucho menos a participar en las votaciones electorales de sufragio universal, como la primera que se produjo en 1913.

Incluso en esa época, durante el apogeo de la discriminación racial (1913–1953), se promulgaron leyes que garantizaban el derecho de nuestros antepasados sobre las tierras que poseían; como fue el caso del pueblo de Cahuita (Ley 35 de 1915) seguido por Puerto Viejo (Ley 166 de 1935).

Los hombres y mujeres negros en la región Caribe de Costa Rica han pasado de porcentualmente ser propietarios mayoritarios de tierras, ejecutivos de empresas y supervisores, a conformar la relativa mayoría de los mendigos, y, en el mejor de los casos, vendedores ambulantes.

Esto no quiere decir que estemos todos arruinados, ni mucho menos. Ciertamente, hay un sector privilegiado que sin mayor esfuerzo les está yendo relativamente bien, como resultado de estar bien conectados con las cúpulas de poder del país; donde sólo ellos y sus familias se benefician, dejando a los demás a la merced de Dios.

Es triste ver que, paralelamente a la jactancia de haber designado a personas negras para altos cargos gubernamentales, se establecieron estatutos legales y jurisprudencia que aducen revertir los derechos de propiedad otorgados a las personas negras, por los racistas más notorios de la historia nacional durante la primera mitad del siglo XIX.

Ahora sólo les falta encontrar algún recóndito jurídico que justifique revertir la Ley 1902 de 1955 (Ley Curling), que nos dio (a los negros) el derecho a ser ciudadanos costarricenses y participar en las elecciones populares.

Didier Leitón Valverde, secretario general de SITRAP explica despidos de Standard Fruit Company

Escrito en 14/05/2024. Publicado en Trabajo.

Didier Leitón Valverde, secretario general de SITRAP ofrece una declaración para aclarar las publicaciones relacionadas con la empresa Standard Fruit Company y el despido de más de 400 trabajadores. Algunos sectores han dicho que eso es debido a la caída del tipo de cambio.

Don Didier explica que en realidad es una medida que la empresa está realizando con fines “meramente económicos». Agrega que se despidió un grupo de trabajadores que se dedicaban a colocar un material específico que se coloca entre la fruta para, supuestamente, garantizar una mejor calidad.

Sin embargo, recientemente la empresa realizó un estudio que concluyó en que la calidad garantizada no justifica los costos del material ni de la mano de obra. Es por esto que la empresa está eliminado estas acciones y por tanto el personal que las realizaba.

La patronal desfila y se manifiesta en defensa de sus ganancias

Escrito en 11/05/2024. Publicado en Análisis.

Oscar Madrigal

Las cámaras patronales protestarán con un desfile por el bajo precio del dólar y a lo mejor hasta bloquearán calles. Al respecto he escuchado opiniones de todo tipo: he visto a pequeños empresarios afirmar que la bajada del dólar no los ha afectado porque obtienen menos recursos por lo que venden, pero pagan menos por lo que compran; los grandes empresarios, especialmente los exportadores y las grandes cadenas turísticas, expresan que están a punto de quebrar y amenazan con despidos de trabajadores.

No hay estudios serios que demuestren las “congojas” de los grandes empresarios y mucho menos que estén por cerrar.

Hace unos días la Standard Fruit Company, la heredera de Mamita Yunai, despidió a 412 trabajadores y ya había despedido hace tres meses a 111 más. Sin embargo, Corbana en esa misma información da unos datos interesantes.

El precio de la tonelada de banano subió de $1.160 en 2021 a $1.627 en abril 2024, un aumento de $467 por tonelada. Si Costa Rica exporta 2,4 millones de toneladas, los exportadores de banano -solo por el sobreprecio- obtendrían más de 1,2 millones de dólares de más.

Mientras tanto el dólar pasó de costar ¢542,99 en el 2022 a ¢512,01 en el 2024, una caída de ¢30, lo que representa un $0,05 (cinco céntimos de dólar). A esto alcanza la “pérdida” por la valoración del colón o la “caída” del dólar. Costa Rica exporta por banano $1.000 millones por año. Por la diferencia en el tipo de cambio ($0,05) las bananeras dejarían de recibir alrededor de $50 millones de dólares.

Ahora, si comparamos lo que los exportadores de banano ganaron por el aumento del precio internacional de banano, que fue como de $1,2 millones, con la pérdida del valor del dólar que les causó un gasto extra de $50 millones, queda claro que no están al borde de la quiebra o que han sufrido un descalabro financiero. Tal vez lo que ocurre es que los exportadores solo quieran ganar y ganar y ganar siempre.

Ahora bien, no existe ninguna justificación financiera de las bananeras para despedir trabajadores a menos que lo que estén considerando es la tercerización de todas las labores que hacen esos obreros bananeros despedidos, como el embolse de la fruta, y con ello aumentar la explotación y las ganancias por esa vía.

Es posible que las ganancias de los exportadores hayan disminuido o no hayan crecido como desean. Habría que estudiarlo en detalle.

Pero lo que si es cierto es que cuando los precios suben, como por ejemplo ahora con el banano de exportación, los salarios de los obreros y trabajadores en general, por ejemplo, los de la Standard Fruit Co., no aumentan, pero cuando se trata de una pequeña disminución de esas utilidades se opta por despedirlos y condenarlos a la miseria.

La Standard Fruit Co., es el principal patrono de la provincia de Limón, que es a su vez la más pobre del país. Por algo será. Y ahora recetan más desocupación y probablemente peores salarios, sea más pobreza.

¿Quién podría apoyar semejante conducta de los grandes exportadores?

La manifestación que convocan los grandes empresarios es a los trabajadores ponerse la soga al cuello, condenarse a no salir de la pobreza.