Ir al contenido principal

Etiqueta: desempleo

Crisis en comunidades no es reciente

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Movimiento Ríos Vivos. La crisis que se vive en las comunidades no es reciente; hace décadas la implementación de medidas como los funestos PAEs (Programas de Ajuste Estructural), el sabotaje a instituciones públicas como el CNP, la aprobación del TLC, han provocado el aumento de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza especialmente en los territorios rurales.

Esta situación se ha agravado con la reciente reforma fiscal y las medidas contra la pandemia. Es una injusticia que a pesar de que el panorama es duro, las medidas económicas del gobierno pretenden poner el peso en nosotrxs, las clases campesinas, rurales y la clase media. Sin poner un dedo en los que más tienen.

En la pandemia se habla de la metáfora del martillo y el baile. Hay algunos grupos intocables que nunca han dejado de bailar. Empresas que acaparan millonarias licitaciones del estado y después a nuestras comunidades a querer privatizar los ríos. Corporaciones piñeras que están exentas de impuestos y son insaciables en su sed por acaparar concesiones de agua. Grandes Evasores con la gracia de una amnistía tributaria. Grandes capitales que año a año no reportan ganancias, esta lista incluye a empresas muy conocidas como Chiquita Brands, United Fruit Company, Del Monte, piñeras y bananeras, a la empresa Numar, la Cervecería solo por citar algunas de las más reconocidas. Para información más detallada se puede visitar esta página en internet: https://elperiodicocr.com/estas-son-las-grandes-empresas…/

En cambio, para el pueblo, ¡el martillo va y el martillo viene! Pero todo tiene un límite. Muchxs de nuestrxs compañerxs están en la calle y lxs apoyamos por poner el cuerpo por defender lo que nos queda, nuestro derecho a soñar con una vida digna!

El gobierno aduce que, para cubrir el déficit fiscal, son necesarias las medidas que ellos proponen, sin embargo, muchas voces autorizadas en económicas, incluso una reciente propuesta elaborada por la Universidad Nacional identifica vías alternativas como y las cuales apoyamos:

-Gravar con impuestos a los grandes capitales.
-Establecer un impuesto a las cervezas y bebidas alcohólicas y cigarrillos.
-Combatir de manera seria y consistente la elusión y evasión fiscal.
-Gravar a las empresas agroexportadoras, que actualmente no pagan IVA, y algunas reportan cero ganancias, entonces tampoco pagan renta.
-Gravar los altos salarios en el sector público.
-Quitar las pensiones de lujo.

Requerimos esfuerzos para reactivar las economías locales en las comunidades rurales, necesitamos flexibilizar las regulaciones para la cría y venta de animales impuestas por SENASA, igual con el uso de la factura electrónica y el recién establecido código CABYS. Este tipo de medidas encarecen la operación, complican y hacen insostenibles las actividades económicas de comercio, de venta de servicios y de producción de pequeña escala en las comunidades rurales. ¡Están asfixiando a lxs que menos tienen! Claramente este tipo de medidas buscan asfixiar a los pequeños emprendimientos, a los modelos de autosuficiencia alimentaria rural y hacernos dependientes de las grandes corporaciones, de la producción industrial y de los alimentos que se importan de otros países.

Vemos con preocupación que hay sectores económicos que, amparados en la necesidad económica, impulsan proyectos de “reactivación”, basados en la explotación de la naturaleza.

Vemos con desconfianza a los oportunistas como lagartos sobre el movimiento popular, un movimiento efervescente impulsado por muchas injusticias acumuladas.

Este momento de la historia requiere soluciones integrales, soluciones cariñosas con la gente y con nuestro entorno y, sobre todo, ¡no cargar el costo de la crisis sobre los que menos tienen!

 

Información tomada del Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Protestas sociales: descontento acumulado

Escrito en . Publicado en Derechos.

Silvia Monturiol Fernández

“Estas protestas sociales están manifestando la heterogeneidad y pluralidad de un descontento que no ha nacido en estas semanas, es un descontento acumulado, donde se combinan muchas cosas”, afirma el sociólogo Abelardo Morales, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

El desempleo, el estrechamiento de las oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida y la desesperación en algunos grupos sociales son –según Morales- parte de los elementos que han generado este descontento acumulado.

Pero también, -dice- hay un enorme desencanto social, no solo con el gobierno, sino con los poderes políticos, las instituciones y la sociedad misma. “Estamos en medio de la sociedad del desorden. La legitimidad y la representatividad de dirigentes, fuerzas políticas, instituciones y organizaciones están profundamente cuestionadas por altos niveles de desconfianza popular en el sistema social y político, y con fundamento”, destaca.

En su criterio, el país se ha fragmentado en numerosos grupos de interés, cada uno sin capacidad de influencia sobre la totalidad social, lo cual -agravado por la desigualdad social-, mantiene al país dividido en diversos frentes, que hasta el momento de instalación de los bloqueos, no dialogaban. “Se había perdido la capacidad de negociación. Estas protestas sociales se han enfrentado a un gobierno débil y errático en sus decisiones”.

Periferia olvidada

A diferencia de protestas anteriores en la Gran Área Metropolitana, protagonizada por empleados públicos y otros sectores con presencia urbana y centralista, las actuales protestas manifiestas en los bloqueos evidencian que hay una periferia olvidada.

“En esa periferia olvidada están los pescadores de las costas, cientos o miles de agricultores, pequeños comerciantes, mujeres, jóvenes, muchos de ellos en francos procesos de empobrecimiento”, recalca el sociólogo.

Reconoce que en los bloqueos de carreteras en la periferia hay muchos actores involucrados legítimamente, pero también hay otros agentes irregulares, lo cual no es extraño. “Cuando hay vacíos de liderazgo y de poder, emergen un conjunto de actores informales o irregulares, incluyendo a las mafias, que ocupan esos vacíos”, subraya el analista de la UNA.

“Eso ocurre en Centroamérica y, si los poderes y actores formales no toman conciencia de ello, podemos tomar el mismo camino. Puede ser un grave error criminalizar la protesta social con el argumento de la presencia de agentes criminales. Estos actores están en muchos espacios no solo de la periferia del país, sino también en la GAM, precisamente como consecuencia de la deslegitimación de la política tradicional”, advirtió.

Por otra parte, considera que mirar las protestas sociales como una reacción a la propuesta ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pensar que el descontento se va a resolver con el retiro de ese proyecto, es una simplificación o simple ceguedad ante la realidad del país. “El descontento es estructural y está originado por la situación económica, por los efectos de la pandemia, el descontento es político y moral porque está alimentado por la desconfianza”, insistió.

Se requiere más que un simple conversatorio

Al referirse al hecho de que se mantengan los bloqueos, pese al llamado a deponerlos de parte de José Miguel Corrales, de Rescate Nacional, el sociólogo de la UNA insistió en que esta protesta no es un movimiento social, sino que se trata de múltiples fuegos de un descontento que brota por aquí y por allá sin una articulación manifiesta, aunque con muchas articulaciones latentes.

Por esta razón, -dijo- no hay tampoco una relación aparente entre la persistencia de los bloqueos y la mecánica del diálogo, “menos si el diálogo continúa bajo los mismos parámetros en que dialogan las élites, es decir, diálogos pautados desde arriba, desde quien dice o cree tener la palabra, la ley, el monopolio del orden”.

En cuanto al papel que le correspondería asumir al gobierno, Morales considera que debe ser el de facilitador de un diálogo multisectorial, para el cual el gobierno debe ofrecer, lo más pronto posible, un esquema con objetivos y una metodología.

En su opinión, es muy claro que el gobierno no debe pretender ponerse él como el interlocutor de todos los sectores convocados. “Si el gobierno quiere hacer algo bien, deben preparar una plataforma de diálogo con una perspectiva de mediano plazo. No puede organizar un simple conversatorio para que se apacigüe la crisis actual, debe proponer un diálogo para ver problemas y salidas a mediano plazo. Debe ser un diálogo que nos sirva para aprender a dialogar y el primero que tiene que poner en práctica ese aprendizaje es el gobierno”, subrayó el sociólogo.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Imagen: UNA.

Enviado por UNA Comunicación.

Foro de Mujeres del Instituto Nacional de Mujeres – un llamado ante la grave situación nacional

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Las 33 organizaciones de mujeres, feministas y mixtas integrantes del Foro de Mujeres del INAMU manifiestan públicamente su preocupación por la situación de violencia y agitación social que se vive en Costa Rica es producto del deterioro de la calidad de vida de las grandes mayorías de costarricenses, como consecuencia de un profundo proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad. No sólo del aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. A lo que se suma el crecimiento inédito del desempleo en el país y del subempleo. Situación que impacta de manera particular a las mujeres.

La situación de violencia social e inseguridad que se vive en Costa Rica en los últimos días. Y que viene a complicar la de por sí deteriorada situación que enfrenta la economía del país y la vida cotidiana de las grandes mayorías de familias pobres y empobrecidas. Que no sólo han perdido a sus familiares cómo producto de la pandemia provocada por el coronavirus, sino que también han perdido sus de por sí escasos ingresos. Y con esto, su calidad de vida y las posibilidades de una sobrevivencia básica.

Asimismo, denuncia el aumento de la carga global de trabajo de las mujeres de las grandes mayorías, que se han visto recargadas con las responsabilidades de las tareas del cuidado de la salud de las personas sanas y enfermas, con la demanda de apoyo a las y los estudiantes con tareas educativas desplazadas a los hogares y que adicionalmente asumen responsabilidades de generación de ingresos por medio del teletrabajo o ejerciendo actividades en la economía informal. Exponiendo de esta forma su vida y su salud. Situaciones todas que culminan en un aumento de la violencia en contra de las mujeres, que lejos de disminuir en esta coyuntura, ha aumentado.

Ante esta situación de desigualdad estructural y de profundización de las brechas económicas y sociales, el Foro de Mujeres del INAMU DEMANDA:

  1. AL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO la instalación de un proceso de diálogo abierto y transparente que incorpore no sólo al sector empresarial y productivo del país, sino que convoque a los sectores sociales organizados en toda su diversidad. Esto como una muestra abierta e inequívoca de la voluntad política de negociar no sólo la salida a la crisis actual, sino de modificar las condiciones estructurales que han transformado a Costa Rica en uno de los países más desiguales de América Latina.
  2. LA CONVOCATORIA AMPLIA A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS AL PROCESO DE DIÁLOGO, de manera que se garantice una representación real de la diversidad de mujeres y sus demandas. Demandamos la integración de las organizaciones de mujeres rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, migrantes, indígenas, afrodescendientes, pequeñas productoras y microempresarias, cooperativistas, trabajadoras sexuales y sindicalistas. Así cómo a las organizaciones de mujeres jóvenes y adultas mayores.
  3. LA INSTALACIÓN DE UN PROCESO DE DIALOGO CON TODOS LOS SECTORES SOCIALES QUE SE REALICE CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA. Eso implica que a la mayor brevedad se dé a conocer la metodología del mismo, las personas encargadas de conducirlo y los mecanismos para toma de decisiones.
  4. QUE EL PROCESO DE DIALOGO NO SEA SECTORIZADO, NI REGIONALIZADO para que todas las voces puedan escucharse s y construir propuestas y soluciones conjuntas que nos ayuden a mitigar la crisis que vivimos.

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NI CONTRA LAS FAMILIAS POBRES Y EMPOBRECIDAS!
foromujeres@inamu.go.cr

Imagen ilustrativa, UCR.

El aporte de la estrategia motor rural a la reactivación de las zonas rurales luego de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), lanzó la estrategia integral para apoyar la reactivación desde los territorios rurales, denominada “Motor Rural”, que abarca una serie de medidas para promover las actividades productivas y económicas, así como colaborar con ideas e innovaciones que se generen en el sector rural. Con esta estrategia el Gobierno destinará ₡15.200 millones para reactivar la economía de los territorios rurales.

Motor Rural busca ser el mecanismo que dinamice las economías rurales, gracias a un engranaje que contiene diversas áreas”, tales como:

Ruta al Desarrollo Rural, que incluye un conjunto de proyectos de infraestructura pública que el INDER desarrolla en el país, de los que se priorizaron 82 de mayor impacto para la competitividad de los territorios rurales, acelerando su finalización este año.

Se trata de caminos, puentes, alcantarillas; servicios básicos como electricidad y agua; infraestructura productiva como plantas de procesamiento de productos agrícolas y centros de acopio. La inversión en esos proyectos es de ₡12.410 millones y se verán beneficiadas unas 15 mil familias costarricenses.

Crédito en Marcha, es una línea de crédito especial de operación única y por un periodo establecido, dirigido a organizaciones sin fines de lucro de todo el país, como asociaciones de pequeños y mediados productores, cooperativas, Centros Agrícolas Cantonales, entre otros. El crédito estará disponible hasta el próximo 31 de octubre y en una primera fase, el INDER dispondrá de ₡500 millones.

Impulso Rural, es un fondo de recursos no reembolsables para apoyar ideas emprendedoras y novedosas del sector agropecuario, está constituido por ₡300 millones y se podrán girar hasta ₡5 millones por cada idea innovadora. Esta área financiará proyectos e ideas que contribuyan a la generación de ingresos, empleos y dinamismo económico local.

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, en ésta área se está incorporando más de ₡2 mil millones para apoyar este año actividades agrícolas y pecuarias. Se brindarán insumos, semillas, herramientas, materiales para el trabajo pecuario y agrícola, como motoguadañas, ordeñadoras eléctricas, picadoras de zacate, entre otros, a los productores afectados por la pandemia en los territorios rurales.

Mercado Rural CR, es un catálogo digital de Productos Rurales, para que los emprendedores y organizaciones apoyadas por el INDER en los territorios muestren sus productos, efectúen contactos directos con compradores y puedan mejorar la comercialización de sus productos. Se trata de una plataforma totalmente gratuita para el mercadeo digital de pequeños y medianos emprendedores. (ElPaís.cr, 23-9-2020)

La estrategia Motor Rural, ha tenido como antecedente la campaña y la feria del Orgullo Rural, que la misma institución impulsó en octubre del 2019. Esta campaña destacó que el Orgullo Rural “es participar del desarrollo en cada uno de los 29 territorios rurales del país, en los cuales existen los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural que son oportunidades para que la población de cada territorio tenga voz y voto en las acciones que se toman en pro de su desarrollo”.

Por su parte, la feria surge, “a partir de la necesidad de generar espacios de intercambio de experiencias y capacitación de los diferentes actores de los territorios rurales y además para que quienes habitan en las zonas urbanas conozcan la labor que el INDER está realizando en el acompañamiento de las iniciativas sociales, productivas y con los emprendimientos en la ruralidad nacional”. (INDER, Programa de la Feria, p.1).

En la presentación de la estrategia el Presidente Ejecutivo, expresó que “entendemos la necesidad de plantear respuestas prontas y oportunas a las familias de los territorios rurales. Motor rural se enfoca en la necesidad de disminuir el impacto negativo generado por la pandemia en la condición de las familias; y por ello está dirigido a impulsar acciones para fortalecer las actividades de reactivación económicas de los territorios rurales. (ElPaís.cr, 23-9-2020)

La acción institucional de esta estrategia en las áreas rurales es valiosa y oportuna, tomando en consideración la problemática social y económica que ha caracterizado a estas áreas, ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la vivienda y la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las nuevas tecnologías.

En el año 2006, un estudio comparativo entre las áreas urbanas y rurales determinó que el bienestar urbano es mayor que el bienestar rural, ya sea que consideremos ingreso o consumo. Sin importar la línea de pobreza, la incidencia siempre será mayor en la zona rural y los hogares agrícolas tienen el menor ingreso promedio.

Los hogares agropecuarios presentaban la mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema y poco más del 50% de los hogares agropecuarios se concentran en los quintiles 1 y 2. En ese período el empleo en el sector primario rural se redujo en 10 puntos porcentuales y la desigualdad, por ingreso es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. (Saborío, M. y Rodríguez, A.,2006)

Una investigación posterior estableció que, la cantidad de personas que habitan los territorios rurales entre 1960 al 2015 bajó en 43%. A su vez, cerca de 40% de la población se dedica a ocupaciones elementales (no calificadas), principalmente relacionadas con la agricultura y 56% de los hogares se encuentran ubicados en los dos quintiles de ingresos más bajos.

En efecto, si se examina la información de la ENAHO 2017 referente a los quintiles de ingreso per cápita, 60% se ubica en los dos quintiles más bajos; en las regiones Brunca y la Huetar Norte, es alrededor de 70%. En el caso de la primera región, 44,4% de la población se ubica en el quintil de ingresos más bajo.

En términos del indicador de pobreza, cerca de 25% de los hogares rurales se encuentran en una situación de pobreza, muy superior al porcentaje nacional, que se ubicaba alrededor de 20%. La región Brunca registra el mayor porcentaje de hogares en condiciones de pobreza: 32,4%, en tanto en la región Pacífico Central, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza es menor que el anterior, pero superior al 30%.

Con respecto al nivel de instrucción de la población rural, en su mayoría como máximo cuentan con sexto de primaria y un porcentaje muy reducido tiene bachillerato de secundaria. El porcentaje de personas con estudios universitarios o al menos que cuenten con una carrera técnica también resulta bajo, en ninguna región supera 10%. Por su parte, el promedio de escolaridad es en todas las regiones alrededor de 6 años.

La tasa de desempleo tiende a ser más alta en las zonas rurales y estar muy ligada a los niveles de escolaridad que muestra la población rural, el cual influye de manera directa en el tipo y la calidad de empleo; de esta forma se visualiza un patrón estructural de desigualdad e impedimento real para la búsqueda de mejores opciones y condiciones laborales, ya que las posibilidades de conseguir empleo se limitan a la dinámica productiva de las regiones.

De ahí que la generación de empleos de calidad en territorios rurales es uno de los principales retos del país, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

La problemática de las áreas rurales plantea una serie de reflexiones que van desde el reposicionamiento de los territorios rurales en términos de la gobernanza y la acción ciudadana, hasta la necesidad de ir trazando el rumbo económico, empleo y desarrollo rural, un desarrollo equitativo, sostenible e incluyente. (Porras, A. y Rivera, R.,2018)

A su vez, los factores que favorecen o limitan el desarrollo territorial, siguen siendo la organización y capacidad de gestión de los actores y grupos locales, la infraestructura existente, la dinámica de las principales actividades productivas, las condiciones medio ambientales, la inversión pública y privada y la institucionalidad pública en los territorios rurales.

Consecuentemente es necesario ubicar las acciones institucionales propuestas por esta estrategia, en la perspectiva de la competitividad territorial y de los territorios innovadores y en la importancia de impulsar esfuerzos innovadores a nivel productivo, tecnológico y social, a partir de que los territorios potencien los recursos naturales y humanos que poseen. (Alterdescr.com, oct,2019).

Secretaria general de la ISP expresa su preocupación ante negociación del gobierno con el F

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Compartimos la carta enviada por Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a sus afiliadas en Costa Rica, expresando su preocupación con respecto a la negociación del gobierno de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera y su deseo de que el gobierno de Carlos Alvarado replantee su estrategia para recuperar empleos destruidos por la actual pandemia basándose en los planteamientos que los sindicatos y otros actores sociales han propuesto para dar solución a los problemas de evasión y elusión fiscal.

OFICINA SUBREGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL
Apartado postal: Heredia
Santo Domingo 100-3100 COSTA RICA
T/: +506 22448522
psi.central.america@world-psi.org

Ref.: RP/ER/JD/ORL
Contacto: Edith Rojas
edith.rojas@world-psi.org
Oscar Rodríguez L.
oscar.rodriguez@world-psi.org

A: Afiliadas ISP de Costa Rica

ALBINO VARGAS
SECRETARIO GENERAL DE LA ANEP
RODRIGO LÓPEZ
PRESIDENTE DE ANPE
ALVARO MARIGAL
SECRETARIO GENERAL DEL SITUN
DENNISE BALLESTEROS
SECRETARIA GENERAL DEL SINDHAC
MARIO MENA AYALES
PRESIDENTE DE ANEJUD

23 de septiembre del 2020

Estimada y estimados compañeros,

Deseando que ustedes y sus familias estén protegidos y seguros ante la pandemia del COVID-19, reciban un afectuoso saludo.

Aprovecho la ocasión para hacerles saber nuestra preocupación y solidaridad ante los acontecimientos que en los últimos días han sido objeto de discusión y repudio por las organizaciones sindicales y sociales costarricenses; así como de una buena parte de la opinión pública nacional, a las negociaciones que el Gobierno de ese país está entablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera que desde hace aproximadamente una década se ha venido acrecentando en forma exponencial hasta llegar en estos tiempos como consecuencia de la pandemia a un déficit fiscal que se proyecta peligrosamente hasta un 10% del PIB o más al cierre de este año.

Quiero ser enfática -una vez más- al mencionar que una solución estructural a las finanzas públicas no pasa por una mayor carga impositiva-regresiva a los salarios de la clase trabajadora y de quienes aún no se sobreponen a la grave situación económica que atraviesa el país.

Si bien es cierto que el presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, requieren de un urgente aumento de los ingresos y de un mayor “control del gasto público”, esto no significa necesariamente echar mano de los recursos financieros asignados a los servicios públicos esenciales y de otras entidades públicas estratégicas para el país y mucho menos erosionar más en la actual coyuntura, la estabilidad y paz social costarricense.

Desde la ISP, daremos respaldo a todas aquellas propuestas e iniciativas que desde un diálogo social real y efectivo sea establecido con los sindicatos, en cuyo caso esperaríamos que el Gobierno de Costa Rica dé marcha atrás a las propuestas encaminadas con el FMI y replantee su estrategia de reforma estructural de manera integral a fin de bajar gradualmente el déficit fiscal en un plazo deseable y ponga en marcha una estrategia de recuperación de los empleos destruidos por la pandemia y genere otros a partir de un mayor aseguramiento de la economía nacional con miras a favorecer a los sectores más afectados de la micro, pequeña y mediana empresa (Micropyme´s), así como el sector productivo nacional, las cooperativas y las municipalidades alicaídas por la crisis sanitaria.

Desde la experiencia de la ISP y en mi propia perspectiva, no son tiempos para provocar una crispación social y política más, toda vez que se pueden encontrar soluciones prácticas al problema central de la crisis económica que atraviesa el país. Estoy segura, que los sindicatos y otros actores sociales, políticos y empresariales progresistas y académicos desde hace algún tiempo atrás, habrán aportado propuestas interesantes, que entre otros aspectos, darían solución a los problemas de evasión y elusión fiscal, en cuya aplicación estricta disminuiría en significativos puntos porcentuales el insostenible déficit fiscal que mantiene al país en esta insondable situación.

Cómo expresado antes, estamos en desacuerdo que como soluciones inmediatas al crecimiento del déficit fiscal, se recorte el presupuesto de las universidades públicas, así como también se implemente una reforma al empleo público que mina los derechos laborales y restringe el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

Por último, una imposición del 0,3% las transacciones bancarias con trazabilidad general como medida de regla fiscal, es regresiva e injusta para las y los trabajadores. Siendo, por el contrario que una medida como esta, debería estar centrada en la recaudación de un impuesto a las especulaciones bursátiles, así como también a las transacciones monetarias y de otros valores de gran cuantía provenientes del gran capital nacional y transnacional.

En estos difíciles momentos, la ISP no comparte el criterio del Gobierno que un acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y de estabilidad macroeconómica para garantizar el bienestar social y económico del país, cuando se está empujando a lo imposible para que un sector dominante de las élites económicas, continúe descansando su riqueza en el sacrificio injusto e inequitativo del resto de la población. En consecuencia, alcemos nuestras voces para que el pueblo costarricense continúe en la senda del bienestar con una mayor calidad de vida de sus habitantes y en buena gobernanza social en respeto a las garantías sociales y en observancia a un contrato social perdurable en el tiempo.

En solidaridad,
Rosa Pavanelli
Secretaria General de la ISP

APP a las comunidades de San Ramón y Occidente

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

A las comunidades de San Ramón y Occidente

28 de setiembre de 2020
(Comunicado público)

A comienzos de este año, una crisis sanitaria se gestó y la misma ha sido la excusa perfecta para que el gobierno apruebe leyes y dicte medidas económicas antidemocráticas y antipopulares.

La pandemia COVID-19 junto a las malintencionadas políticas del gobierno y su amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, agravó la crisis económica, política y social, que ya nos afectaba como fruto de 40 años de gobiernos neoliberales, aumentando el desempleo, la pobreza y el cierre de muchos pequeños emprendimientos, situación que ya hemos venido denunciando. POR ESTAS RAZONES EN SAN RAMÓN Y OCCIDENTE LAS APP YA NOS MOVILIZAMOS EL 23 DE JULIO Y EL 9 DE SETIEMBRE 2020.

Ese fue el motivo por el cual nos sumamos a la Gran Caravana Nacional que recorrió el país haciendo eco del lema «Costa Rica no se vende, Costa Rica se defiende «, para denunciar la propuesta del gobierno de negociar un préstamo millonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual nos oponemos rotundamente porque la solución no está en seguir entregando nuestra soberanía con más deudas y más venta de instituciones públicas a la empresa privada.

Por esto, la Caravana de relevos en San Ramón y Occidente, el pasado 9 de setiembre, tuvo otro objetivo mayor que consistió en constituir una gran Coordinadora Popular de Occidente, donde confluyan grupos de productores agropecuarios y urbanos, organizaciones comunitarias, colectivos de estudiantes, sindicatos y personas dispuestas a enfrentarse a las nefastas políticas del gobierno. Una organización mayor para los Cantones de Occidente donde se logre la articulación social de diversos sectores, con profunda base popular para lograr un verdadero músculo social capaz de sostener sus posiciones de rechazo ante cualquier intento por acabar con nuestro Estado Social de Derecho, pero a la vez siendo capaces de proponer cambios con incidencia nacional hasta lograr una sociedad participativa donde el Soberano asuma todas las potestades que le reconoce la Constitución Política como Primer Poder de la República. También hacemos un llamado a los diferentes grupos y sectores organizados de Occidente a unirse a la Coordinadora Popular de Occidente y a los diferentes Comités Patrióticos Populares ya existentes en algunas comunidades de San Ramón.

Esta Coordinadora Popular de Occidente, de la cual formamos parte, hace suya la invitación de BUSSCO de crear un Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el modelo capitalista neoliberal (FNLR).

Asimismo, la conmemoración de los 199 años de vida independiente por el gobierno de Carlos Alvarado y la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (UCCAEP) con el apoyo de la mayoría de diputados a la Asamblea Legislativa, se dio en un ambiente de cautela, porque ya se visualizaban los posibles términos con los cuales se negociaría ese préstamo, un préstamo que vendría a reducir aún más la poca independencia, paz y libertad de la que aún gozamos.

Así, como Asambleas Patrióticas Populares (APP) nos oponemos a que se negocie un préstamo con el FMI y respaldamos propuestas económicas que han hecho colectivos como Economía Pluralista, Mujeres en Acción y Mayoría Solidaria cuya visión se centra en atacar los verdaderos problemas de la crisis fiscal como son la evasión y la elusión de impuestos, los fraudes aduaneros, a lo que también se suma la corrupción.

No apoyamos a quienes sólo gritan «no más impuestos», porque entre esos están personas como Otto Guevara, Eli Feinzaig, Álvaro Jenkins nuevo presidente de UCCAEP, y otros que representan al gran capital y son dueños de las empresas beneficiadas por el gobierno con amnistías tributarias y además, no pagan impuestos porque fraudulentamente declaran cero ganancias durante años a pesar de que importan y exportan miles de millones de dólares en sus operaciones.

Y aunque creemos que la manifestación social y el reclamo popular en la calles es justo y necesario, así como un instrumento válido de expresión popular, desistimos de apoyar el llamado que se ha hecho a nivel nacional para el 30 de setiembre, pues quienes lo lideran carecen de legitimidad, no mostraron igual fuerza ni interés ante la lucha con el Combo Fiscal ni contra la Ley Anti huelgas; pero además son oportunistas políticos que están aprovechando el momento para engañosamente cerrar filas hacia su estrategia electoral. Lo que terminará siendo un difusor, distractor y calmante del descontento social, para desvirtuar y debilitar los verdaderos objetivos de nuestra lucha.

ESTAREMOS ATENTOS/AS A LAS NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA COORDINADORA POPULAR DE OCCIDENTE (CPO)

Desde las Asambleas Patrióticas Populares (APP) continuamos firmes en la lucha por Justicia Tributaria y Desarrollo Social.
Nosotros seguimos gritando,
¡Que paguen los ricos su crisis fiscal!
¡Que el pobre golpeado ya no puede más!

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

«La política no debe someterse a la economía»
Papa Francisco, Laudato Si’, 189

La presentación de lo que sería un nuevo Ajuste Fiscal por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, trae consigo diferentes posiciones y preocupaciones sobre el rumbo de las finanzas públicas que terminan por afectar la calidad de vida de todos.

No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la Pandemia provocada por el COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos treinta años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias.

Así lo vemos con los indicadores socioeconómicos que, para nadie son un secreto, pues representan dolor en gran parte de nuestras familias. Desigualdad, pobreza y desempleo son tan solo consecuencias de un modelo económico que no pone en el centro de su desarrollo al ser humano.

El Informe Estado de la Nación, en su versión 2019, explicaba: «la desaceleración económica continúa y está golpeando especialmente a ciertas regiones y sectores. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el dinamismo seguirá siendo muy bajo en 2020. Frente a ese escenario, el Estado tiene poco margen de maniobra para reactivar la economía, pues el desequilibrio crónico de sus finanzas limita su capacidad para estimular la demanda agregada por la vía de un mayor gasto e inversión. Ese desbalance no deja más opción que el endeudamiento y, además, impone limitaciones a la gestión de la deuda pública, que encarecen el costo del financiamiento y generan riesgos adicionales”.

Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y fomentar la producción. Si de sacrificios se trata, ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del año 2018. En décadas pasadas, el país se ha sometido a distintos arreglos, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otro tipo de ajustes estructurales.

Como pastores de la Iglesia costarricense, pedimos encarecidamente que se proteja a los más vulnerables y a los sectores productivos; solicitamos particularmente que se mejore la recaudación fiscal, con mecanismos eficientes y transparentes; que se combata la evasión y elusión fiscal, evitando así la corrupción y la irresponsabilidad.

Es fundamental una reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos, que estos sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables. Que quienes tienen más riqueza y gozan de altísimos salarios y pensiones de lujo, aporten más. Asimismo, clamamos para que no se hagan recortes en los programas sociales destinados a los más pobres y necesitados.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (numeral 355) nos ilumina: «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía». Se requiere «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», afirma el mismo numeral.

La clase media de nuestro país, con el paso de los años, ha quedado con poquísimas oportunidades de un mayor progreso, de tener mejor acceso a vivienda o de posibilidades de crecimiento, precisamente porque se han cargado sobre esta clase media algunos de los impuestos creados en los últimos años, y según los nuevos planes de ajuste, este sector sufrirá de nuevo un duro golpe.

Alentamos a que se genere un real y verdadero diálogo, a que se tomen en cuenta los diferentes aportes de grupos sociales, para suscitar una sana discusión con el único fin de buscar el bien común, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.

Como lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (numeral 189): «La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana».

Nuestro llamado es a hacer una pausa, a no acelerar decisiones que hipotecarán el futuro del país por algunas décadas. Dios nos ilumine a fin de tomar el mejor camino para esta y las futuras generaciones.

En la sede de la Conferencia Episcopal, San José, a los 21 días del mes de setiembre del año del Señor 2020, fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.

JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA
Obispo de Ciudad Quesada
Presidente

DANIEL FRANCISCO BLANCO MÉNDEZ
Obispo Auxiliar de San José
Secretario General

UCR: El desempleo preocupa a la ciudadanía más que el COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos.

El 53 % de las personas consultadas reconoció alguna afectación en su núcleo familiar por la pérdida de empleo como resultado de la pandemia

La encuesta retrató pesimismo, el 82 % de las personas consultadas catalogó la situación económica como mala o muy mala. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

El desempleo preocupa a la ciudadanía más que el COVID-19, así lo revelan los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Según la consulta, aplicada de manera telefónica entre el 3 y el 11 de agosto, 27,45 % de las 877 personas consultadas en todo el territorio nacional señaló la falta de trabajo como el principal problema del país en el actual contexto.

Aunque la encuesta realizada por el CIEP en abril anterior indicó que el coronavirus era la mayor inquietud de la población en ese momento, tras cinco meses de pandemia la situación laboral y económica retoman un papel prioritario para las personas.

El coronavirus se colocó como el segundo problema más relevante al ser señalado por el 24,84 % de los encuestados, seguido por el costo de la vida que fue destacado por el 19,21 % de la muestra consultada. Desde el 2013, el desempleo y la situación económica han sido preocupaciones constantes en las mediciones que realiza el CIEP cada mes de agosto.

Poco más de la mitad de las personas consultadas, 53 % específicamente, confirmó que su núcleo familiar experimenta alguna afectación por la pérdida de empleo como resultado de la crisis por COVID-19. De esta cifra, el 15 % reconoció que enfrenta esta circunstancia y, además, la comparte con alguien más de su hogar.

El 32 % de los entrevistados afirmó que su familia experimenta algún tipo de consecuencia económica como resultado de una reducción de jornada laboral. En el 17 % de esos casos se indicó que, además de la persona consultada, la situación ocurría también con otro miembro de su grupo familiar.

El investigador del CIEP, Ronald Alfaro, reconoció que el impacto del panorama económico en la vida de las familias como resultado del desempleo es palpable y generalizado en la diversidad de grupos sociales del país.

“El impacto actual a raíz del desempleo es grande y profundo, deja a la población en una condición personal y familiar de fragilidad y eso la vuelve sin lugar a dudas en la mayor preocupación de la gente, junto al tema sanitario”, afirmó el politólogo.

La encuesta también retrató pesimismo respecto al estado del país. Cerca del 60 % de los entrevistados considera que el rumbo es malo y menos del 20 % piensa que el panorama es positivo, mientras que el 82 % cataloga la situación económica como mala o muy mala.

Población apoya medidas sanitarias y rechaza acciones económicas

La opinión positiva de la población respecto a las decisiones del Gobierno frente a la pandemia se ubica en el 46 % frente a un 27 % de percepciones negativas. Pese a que el apoyo es mayoritario, evidencia una significativa baja respecto al 75 % de respaldo que recibió en abril anterior.

El mismo efecto se evidenció al analizar la valoración de las medidas económicas, donde el apoyo pasó de 71 % a 27 %, frente a un 44 % de opiniones desfavorables respecto a las acciones gubernamentales abordadas en esta materia.

Pese a lo anterior, en esta consulta se retrata un significativo apoyo ciudadano a las medidas sanitarias implementadas en el país por parte del 69 % de la muestra, mientras que solo el 13 % manifestó disconformidad respecto a su implementación.

Las medidas que reciben mayor aprobación son el uso de mascarilla, la restricción vehicular y la prohibición de fiestas o reuniones con familiares o amigos. Mientras que se perciben opiniones dividas respecto al cierre de bares o restaurantes y la apertura de iglesias o centros de culto.

Destaca, además, la anuencia del 85 % de la población respecto a seguir las órdenes dadas por el Gobierno, cifra que aumenta al 95 % cuando se trata de respetar las medidas sanitarias. En contraposición, un 4 % preferiría actuar como desea y solo un 1 % considera que las recomendaciones son innecesarias.

Según Alfaro, la encuesta evidencia a una población costarricense bastante disciplinada que, a diferencia del comportamiento percibido en otras naciones del mundo, adopta y respalda las medidas oficializadas por el país para proteger la salud de la sociedad en general.

“Este comportamiento genera un escenario favorable para hacerle frente a la crisis. El contexto es complejo y en ocasiones involucra restricciones a la libertad de las personas, pero la gente sigue reconociendo que esas medidas aminoran el efecto de la situación que estamos viviendo”, concluyó el académico.

Esta es la primera encuesta que el CIEP realiza de manera completamente remota, como parte de los procesos de adaptación que desarrolla la Universidad para continuar con sus funciones de manera virtual en el marco del distanciamiento social impuesto por el COVID-19.

La medición tiene un nivel de confianza del 95 %, las entrevistas se realizaron a partir de un muestreo aleatorio basado en el Plan Nacional de Numeración-Sutel, por lo cual todos los resultados deben referirse estrictamente a la población con acceso a teléfono celular.

09/2017, Bandera de Costa Rica en las afueras de la antigua Facultad de Ciencias Sociales,

La democracia sobrevive a las dificultades actuales

El apoyo de la ciudadanía a la democracia, determinado por esta medición, se coloca en 65 puntos, es decir, se mantiene alto, aunque reporta una baja respecto a la cifra sin precedentes que obtuvo en abril anterior cuando se colocó en 76 puntos.

El CIEP advierte que las situaciones de crisis son momentos propicios para que las dificultades generen lesiones que podrían desestabilizar el sistema político. Esto vuelve relevante que se le haga saber a la población la importancia de encontrar las formas apropiadas para lidiar con las dificultades.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

En tiempo de pandemia: volvamos a la tierra

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“[…] es frivolidad pensar que si nosotros los humanos hacemos el más mezquino objeto con un fin determinado, la naturaleza ese prodigio, fuera hecha sin otra finalidad que alimentar plantas, bestias y hombres, para que después la abonaran con un puñado de mísero polvo disperso-nada más. Estupenda frivolidad es el materialismo que se cree, sin embargo, hijo de la observación y la ciencia”.

Gabriela Mistral.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

“Volvamos a la tierra” fue el lema de la campaña electoral del expresidente don Luis Alberto Monge, a inicios de la trágica “década perdida” de 1980. Un lema sugestivo que contribuyó a su elección, pero que acaso, al final, solo sirvió para hacer chiste. Después de que el país sufrió las consecuencias socioeconómicas empobrecedoras con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), debido a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) -cuya receta no parece haber cambiado hasta el día de hoy-, se decía que, efectivamente, “volvimos a la tierra”: nos “enterraron”.

Hoy, acosados por una pandemia que no da tregua, volver a la tierra resulta un desafío ineludible, para garantizar la continuidad de la vida. Es decir, volver a la tierra en actitud reverente para extenderle la mano protectora y dejar de violentarla, sobrexplotándola.

Este desafío se vuelve perentorio, especialmente, cuando se levantan las voces de quienes no conformes con la sobre-explotación del suelo, convocan de nuevo a la explotación del subsuelo para extraer oro y petróleo. Y venden la idea como otra de las tantas “pomadas canarias”, en tiempos de pandemia, para solucionar los álgidos problemas del desempleo, empobrecimiento e inequidad social.

Pareciera que lo que se busca es el camino fácil, para seguir tolerando el comportamiento indolente de la élite económica de este país, que se resiste a la auténtica solidaridad como exigencia de justicia distributiva. Ello implica saldar la deuda tributaria que ha venido acumulando por más de diez años; y la deuda moral con un pueblo cuya dignidad ha sido mancillada por parte de gobiernos complacientes, que han permitido ese robo “legalizado”.

En tiempos de pandemia económica y sanitaria, para sanar las finanzas públicas y fortalecer la institucionalidad social, hay que buscar las formas de recuperar, aunque sea parcialmente, la deuda acumulada de la élite empresarial. Asimismo, suspender el pago de intereses de la deuda externa, mientras se negocia su condonación total o parcial, como se ha venido reiterando. Es la hora de la dignidad para hacer valer también nuestras condiciones.

La riqueza de este país no está en el subsuelo; está en el suelo y en los mares, al igual que el “tesoro” de la Isla de Coco está en su biodiversidad marina y terrestre, así como en su belleza paisajista. Y está en el verde de las montañas, en el rojo con pinceladas azules de las lapas, en el amarillo contrastando con el negro del tucán de mirada serena, en el exuberante esmeralda y turquesa de nuestros mares… También en la generosidad de los suelos, que bien trabajados nos aportan alimentos saludables.

Si el Covid19 es uno de los mejores dispositivos pedagógicos, como se ha señalado con acierto, atendamos a su mensaje que nos invita a propiciar relaciones más armónicas y vitalistas con la naturaleza.  El destino de la especie humana está implicado en el de la madre tierra. La salud humana también está implicada en la salud de la tierra.  

No hay que postrarse, ante la tentación de acceder a los “reinos de este mundo”, inducidos por un materialismo humana y espiritualmente empobrecedor. ¡Cuánto daño ha producido la frivolidad humana, producto de un cientificismo materialista depredador!, como denuncia la poetisa Gabriela Mistral.

*Imagen ilustrativa, biodiversidad, UCR.

Desigualdades, agua y pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Autor: José Rodrigo Conejo. Planificador económico y social, Universidad Nacional.

Vivimos en un país agrietado por profundas desigualdades, unas más visibles que otras, pero todas muy normalizadas. Desigualdades múltiples y estructurales que crean amplias brechas en las capacidades y condiciones materiales para enfrentar la actual crisis sanitaria, económica y social, y en general… para vivir.

Unas personas pueden cumplir las restricciones sanitarias sin comprometer su comida diaria, otras no. A unas personas no les queda más que movilizarse en buses repletos, otras tienen más opciones. Unas personas mantienen sus ingresos intactos, otras son parte del creciente desempleo (24%) o han visto sus jornadas laborales reducidas por tiempo indefinido. Unas personas tienen las condiciones para continuar sus estudios y trabajos desde casa, otras no. La lista de ejemplos es interminable.

Nuestra región es de las más desiguales del mundo y Costa Rica, pese al mito de igualiticos, no es la excepción. Las condiciones de vida cambian drásticamente según la zona del país donde vivamos, aún entre lugares muy cercanos entre sí: no es lo mismo vivir y crecer en Rincón Grande de Pavas, que en Rohrmoser -también- de Pavas. Las desigualdades territoriales son un fenómeno que genera zonas de privilegio, por un lado, y por el otro, zonas de vulnerabilidad y exclusión social.

Las desigualdades territoriales se han visibilizado durante la actual crisis. Hace un mes mucha gente pareció haber descubierto la precariedad y explotación laboral que por años ha existido en algunas piñeras de la zona norte del país, un lugar históricamente relegado. Sin embargo, poco se ha hablado de otra cara de las asimetrías territoriales, una que tiene que ver con un elemento básico para enfrentar la pandemia: el desigual acceso al agua.

Desde hace décadas, Costa Rica destaca por su cobertura casi universal de agua potable en una región con importantes desafíos en la materia. Pero ¿qué se esconde tras ese casi universal?

Los cortes de agua que en marzo sufrieron algunos barrios del sur de San José pusieron, temporalmente, el tema en la agenda mediática. Sin embargo, lo cierto es que en Costa Rica aún hay comunidades enteras que permanentemente no tienen acceso a agua a través de un sistema de acueducto. Según datos del último censo, mientras el 93,1% de las viviendas del país tiene acceso a un acueducto, el resto (83.707 viviendas) no.

Al desmenuzar espacialmente este dato, es posible ver cómo el desigual acceso a agua afecta particularmente a los cantones de las periferias del país. De los 10 cantones con más bajo acceso a agua a nivel nacional, ninguno se encuentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), todos están en las periferias. Ahora bien, como los cantones no son homogéneos en su composición, es deseable una desagregación espacial mayor, al menos distrital.

Ahí encontramos brechas aún más dramáticas. En distritos como Llanuras del Gaspar o Cureña, ambos de Sarapiquí, o Chirripó de Turrialba, son muy pocas las viviendas que sí tienen acceso a agua a través de acueducto. En Llanuras del Gaspar y Cureña, el agua para consumo humano de cada nueve de 10 hogares viene de la lluvia que se pueda recolectar, de un pozo artesanal que puede secarse en “verano” o de un río cercano que puede tener residuos de agroquímicos utilizados para el cultivo de piña, como pasa con los ríos Toro y San Carlos.

Lo anterior no solo supone una afrenta a un derecho humano básico, sino que impide seguir medidas tan básicas para contener la pandemia como el lavado de manos. Este escenario da cuenta de una vergonzosa deuda histórica por parte un Estado costarricense que, desde su fundación, se ha pensado prioritariamente en función del Valle Central y sus necesidades.

La intersección de estos factores -desigualdades, agua y pandemia- supone un coctel letal: literalmente pone en riesgo la vida de las personas vulnerables. Sin acceso a condiciones básicas, como agua en el hogar, es materialmente imposible seguir las recomendaciones sanitarias más elementales para contrarrestar la pandemia.

Al ser un fenómeno estructural, revertir estas desigualdades requiere no solo visión sistémica y voluntad política al más alto nivel, sino también de una participación de las comunidades que permita reconocer las especificidades territoriales y sectoriales en la formulación de política pública y, prioritariamente, enfrentar con éxito la actual crisis sanitaria. Seguir pensando la acción estatal desde escritorios que subestimen el potencial comunitario, poco aportará a disminuir las desigualdades.

¿Cómo salir de la crisis sin ensanchar las ya amplias desigualdades? Recetas no hay, pero solo con solidaridad, empatía y proactividad podremos explorar alternativas efectivas para no dejar a nadie atrás.