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Etiqueta: desigualdad económica

Elecciones 2026: Las propuestas económicas también hablan de la vida cotidiana

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Carlos Hernández Porras
Economía social y solidaria
carloscokomal.p@gmail.com

Cuando escucho las propuestas económicas de los partidos políticos, no puedo evitar pensar que no se trata solo de números, planes o discursos técnicos. Detrás de cada propuesta hay una forma concreta de ver la vida, el trabajo y a las personas. La economía, aunque a veces se presente como algo lejano, se vive todos los días: en el empleo que se consigue o no, en el salario que alcanza o no alcanza, en la seguridad de llegar a fin de mes.

Muchas de las propuestas actuales insisten en lo mismo de siempre: competitividad, atracción de inversión, infraestructura y seguridad como motores del desarrollo. Ese enfoque no es nuevo. Responde a un modelo que apuesta a que, si el país resulta atractivo para el capital, los beneficios eventualmente llegarán a todos. Sin embargo, desde la experiencia cotidiana, esa promesa no siempre se cumple.

He visto cómo la llamada competitividad beneficia sobre todo a ciertos sectores, mientras amplios territorios y comunidades siguen enfrentando precariedad, empleo informal y falta de oportunidades. Se habla mucho de crecimiento, pero poco de cómo se reparte ese crecimiento y de quiénes quedan fuera del camino.

Otro tema recurrente es la formalización laboral. Se plantea facilitar las condiciones para que las empresas se pongan al día, eliminando sanciones o flexibilizando requisitos. Aunque esto puede parecer razonable, deja intactas las causas profundas del problema: salarios insuficientes, inestabilidad laboral y un modelo económico que concentra la riqueza en pocas manos. Formalizar, sin cambiar esas condiciones, no mejora realmente la vida de las personas.

Algo similar ocurre con las pequeñas y medianas empresas. Se les ofrece acompañamiento para sobrevivir los primeros años, pero desde una lógica individual, como si cada quien tuviera que arreglárselas solo. En la práctica, muchas personas emprenden no por oportunidad, sino por necesidad, y enfrentan el mercado sin redes de apoyo reales ni solidaridad económica.

Desde mi vivencia, hace falta mirar la economía desde otro lugar. La economía solidaria propone algo distinto: cooperación en lugar de competencia extrema, redes comunitarias en lugar de aislamiento, y acuerdos sociales que pongan en el centro la dignidad del trabajo, el cuidado del ambiente y el bienestar colectivo. No es una idea abstracta; es algo que ya sucede en comunidades, cooperativas y organizaciones que resisten día a día.

Las propuestas económicas no son solo planes de gobierno. Son señales claras del tipo de país que se quiere construir. Por eso es importante preguntarnos si queremos seguir apostando por un modelo que deja a muchos atrás, o si estamos dispuestos a imaginar y construir una economía más humana, más justa y más cercana a la vida real de las personas.

Cuando los superricos no pagan, la sociedad se arruina

Escrito en . Publicado en Análisis.

Welmer Ramos González
Economista

La evidencia desmiente lo que la política repite con fe ciega.

Durante décadas se nos ha vendido, casi como una ley natural, que bajar los impuestos a los muy ricos impulsa el crecimiento y beneficia a toda la sociedad. Se trata de un mantra vacío que resuena en campañas electorales, tertulias televisivas y discursos de “expertos” de ocasión. Esther Duflo y Abhijit V. Banerjee, premios Nobel, lo exponen con claridad en el libro Buena Economía para Tiempos Difíciles: es una idea muerta que sigue caminando porque a muchos les conviene mantenerla viva.

El guion es siempre el mismo: “si los millonarios pagan menos impuestos, invertirán, innovarán y crearán empleo”. Una historia cómoda para quienes ya están arriba, pero incompatible con los hechos. Entre 1936 y 1964, Estados Unidos mantuvo tasas marginales del impuesto sobre la renta entre el 77% y el 90%. ¿El resultado? El país no se hundió; creció, se industrializó, innovó y se consolidó como potencia mundial. Desde entonces, las tasas han caído hacia el 30%, sin que el crecimiento se haya acelerado. Las rebajas fiscales solo enriquecieron a quienes ya lo eran.

Los ejemplos abundan. Clinton subió impuestos y la economía se expandió. Bush los bajó y lo único que aumentó fue el déficit fiscal. El estado de Kansas implementó una reducción tributaria radical entre 2012 y 2013: prometieron un boom económico y obtuvieron un colapso fiscal que obligó a cerrar escuelas y a recortar servicios esenciales. Hubo cero crecimiento y un enorme daño social.

La evidencia académica es igualmente contundente. Un estudio citado por Duflo y Banerjee, realizado por la Universidad de Chicago sobre 35 reformas tributarias en Connecticut desde la Segunda Guerra Mundial, demostró que reducir impuestos al 10% más rico no mejora empleo ni ingresos, mientras que aliviar la carga al 90% restante sí impulsa la economía. Es simple: cuando la mayoría tiene poder adquisitivo, la economía se mueve. Cuando se engorda a los superricos, el dinero termina en ahorro o en especulación financiera.

Aun así, la política insiste en defender este dogma sin sustento. La reforma fiscal de Donald Trump en 2017 —que redujo la tasa corporativa del 35% al 21%— es prueba suficiente: no hubo incremento en inversión ni en producción. Sí hubo, en cambio, caída en la recaudación y aumento en la desigualdad. Los datos no mienten; los discursos, sí.

Lo más llamativo es que funcionarios, consultores y opinadores sigan defendiendo estas rebajas como si fueran pociones mágicas. Hablan de “crecimiento potencial” sin una sola cifra que los respalde. Repiten el dogma porque creen en él o porque les conviene creer. Cuando la evidencia los contradice, la descartan como si se tratara de un error metodológico. Así es como la economía se convierte en religión.

Mientras tanto, la realidad grita lo que la ideología se niega a oír: las sociedades más prósperas —Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos— combinan impuestos altos con Estados robustos. Y también combinan bienestar, movilidad social, cohesión, infraestructura, ciencia y estabilidad. No es coincidencia; es causalidad.

Los impuestos no son un castigo: son el precio de vivir en un país que funciona. Sin ellos no hay educación pública, salud, carreteras, seguridad, justicia independiente ni oportunidades reales. La pregunta no es si debemos pagar impuestos, sino qué tipo de país queremos construir.

El caso costarricense: un modelo tributario que premia la elusión

En Costa Rica, se ha consolidado un modelo que favorece a las empresas de mayor tamaño —particularmente al 1% de mayor facturación— mediante menores cargas impositivas y amplias exoneraciones. La existencia de portillos legales permite la elusión mediante el traslado de compañías al Régimen de Zonas Francas, la desviación de utilidades hacia jurisdicciones de baja tributación, el uso de una territorialidad extrema que desvincula el impuesto del verdadero origen de los fondos y la permisividad con estructuras corporativas radicadas en paraísos fiscales.

El resultado es un sistema desigual que expone a las pequeñas y medianas empresas a una competencia desleal devastadora, mientras el país no muestra mejoras significativas en crecimiento económico ni en sofisticación productiva. Se ha premiado la ingeniería fiscal, no la innovación ni la inversión real.

Una estructura tributaria que castiga a la mayoría y privilegia a unos pocos

Hoy en Costa Rica, quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del país, son las pymes, las personas trabajadoras por cuenta propia, los asalariados y, en general, la ciudadanía; esos son quienes cargan con la mayor proporción de los impuestos. El problema no es técnico; es ético y político. Mientras la mayoría cumple, ciertos grupos empresariales con facturaciones superiores a los ¢20.000 millones anuales han aprendido a no pagar, aprovechándose de portillos legales y de asesorías diseñadas para erosionar la base tributaria. No contribuyen al país que les permite operar; extraen de él.

Amparados en vacíos normativos y en un ecosistema de consultores sin escrúpulos, han logrado operar como verdaderos parásitos fiscales, disfrutando de una posición de privilegio que —además de esa desigualdad obscena— resulta ofensiva para cualquier noción de justicia económica. Manipulan regímenes fiscales especiales hasta prostituir su propósito original, convirtiéndolos en plataformas de ingeniería contable destinadas a evadir responsabilidades.

El resultado es una competencia desleal brutal: las pymes deben enfrentar el mercado pagando lo que la ley exige, mientras algunos grandes capitales compiten con reglas diseñadas —o toleradas— para favorecerlos. El país premia la elusión sofisticada en lugar del esfuerzo productivo; la contabilidad creativa en vez de la innovación; el privilegio en vez del mérito.

Los datos recientes lo confirman

Las cifras del Ministerio de Hacienda muestran que, mientras en 2024 la producción creció con fuerza y los ingresos tributarios aumentaron en casi todos los rubros, ocurrió un hecho revelador: los impuestos sobre la renta pagados por las personas jurídicas (particularmente los grandes contribuyentes) cayeron.

Esto es consecuencia directa de las reformas legales impulsadas por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para reforzar el concepto de territorialidad, que permite trasladar utilidades generadas en Costa Rica hacia el exterior y simular que se obtienen en territorios de baja tributación. Esos privilegios no solo distorsionan la competencia, sino que debilitan la capacidad del Estado para financiar los bienes públicos indispensables para un crecimiento equilibrado y sostenible.

Lo más grave es que —como lo demuestran Duflo y Banerjee— estas rebajas fiscales no producen crecimiento económico, ni en Estados Unidos ni en Costa Rica. Solo generan desigualdad, pérdidas fiscales y una peligrosa ilusión de prosperidad.

Costa Rica necesita valentía política

La idea de que los impuestos bajos para los multimillonarios generan desarrollo es un mito tóxico. Lo sorprendente no es que siga circulando; lo sorprendente es que aún haya quienes lo defiendan con seriedad.

La economía progresa cuando se invierte en la gente, no cuando se subsidia a quienes ya lo tienen todo. La ciencia económica ya dio su veredicto. Lo que falta ahora es que la política —y especialmente quienes aspiran a gobernar Costa Rica— dejen de repetir supersticiones y tengan la valentía de enfrentar el modelo impositivo con seriedad, coherencia y datos.

El país necesita líderes capaces de romper con los dogmas, no de repetirlos.

Semos buenos con los ajenos y malos con los propios… Salarruè but not Salarruè

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Moisés Roberto Escobar
Investigador asociado FUDECEN Centroamérica

Las noticias del «despegue económico» salvadoreño dan cuenta de una transformación amplia, como en ciclos anteriores y del antaño nacional. Múltiples análisis y la obviedad de la realidad salvadoreña evidencian el acelerado y reciente avance social y económico de El Salvador, empujado por la mejora en la seguridad pública y el avance en la consolidación de un sistema de gobierno centralizado.

Lo inusitado es la posibilidad desde una práctica de la consolidada gobernanza nacional y de absolutismo del órgano Ejecutivo, junto con los resultados en materia de seguridad pública. Ahora, surgen ingentes oportunidades de dinámica eco sectorial que, se acompañan de políticas profundas de incentivos a la inversión, como la atracción de inversiones directas y para sectores económicos específicos.

La fórmula parece dar resultados. Por ejemplo, en el último semestre 2025 se identifican crecimientos intersectoriales de hasta 33%, aumento del financiamiento y de los incentivos para la Inversión Extranjera Directa, ocupación acelerada de suelos que transforman sus usos.

Por otra parte, destaca la política transaccional de USA que anula ciertos aranceles en canje por medidas de salvaguardas ambientales. Es decir, de lo último, posibilita un proceso de aumentos en las exportaciones desde El Salvador y para algunos sectores. Rubros como el agro, la industria diversificada pueden tener posibilidades de insertarse a la bonanza económica.

Es necesario definir quiénes se benefician, cuáles son las oportunidades y cómo impulsarlas para lograr un desarrollo sostenible, resiliente y de bienestar asequible.

Por qué, porque la economía salvadoreña desde su liberalización (la más profunda y reciente en los años 90) se preparó para la inversión y los agentes económicos del extranjero, pocamente con un refuerzo de lo local bottom – top. Lo que, además de provocar un fenómeno de expoliación y fuga de riquezas, que aunque emplea y produce mano de obra, provocó una precarización laboral, como también, una precarización de la naturaleza. Mayormente con aspectos de baja recaudación para los grandes capitales, aumento de la contaminación y el deterioro territorial, como también de la privación y la reducción de oportunidades de mejora en los sistemas de bienestar (como la educación, la salud, los servicios básicos domiciliares) y, ahora, aparecen los fenómenos de la gentrificación, del crecimiento de las prácticas fiscales regresivas, …

Y en la patria grande ¿cómo vamos?

Recientemente la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) a través del Centro de Estudios para la Integración Económica (CEIE), en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SECOSEFIN) publicaron el Informe económico regional 2023 – 2024, el informe señala, que:

a) una leve desaceleración al 5.4% en 2025.

b) El sector servicios, que se recuperó tras la pandemia de COVID-19, registró un aumento de 13.9%, alcanzando los USD 58,253.1 millones.

c) la tasa de empleo fue de 94% y una tasa de desempleo de 5.9%. El empleo formal creció en la región, aunque de manera desigual, con porcentajes entre 7.8% y 1.7%

d) Los ingresos tributarios aumentaron, alcanzando un promedio de 14.1% del PIB (SECMCA – SIECA, 2024)

Además, en el informe se identifican los principales productos de exportación que a los que la región centroamericana podría fortalecer integralmente, mostrados a continuación:

De las exportaciones regionales, USA representa el 49.7% del total exportado (+1.% con respecto al periodo anterior), seguido de la Unión Europea (19.4%), República Popular de China (4.7%), México (3.35), Japón (2.5%), Canadá (2.0%), Puerto Rico (2.0%, redujo 16.3%) y Haití con 2.0%, el cual redujo 28%.Destacando, también, la relevancia del comercio entre los países del propio continente americano, equivalentes a tres cuartos de la dinámica comercial de exportación (SECMCA – SIECA, 2024).

Ahora bien, las economías centroamericanas tienen una estructura y composición mayoritariamente de sectores de economía popular, informal, empresas micro, pequeña y mediana, hasta para nueve de cada 10 negocios en algunos países, y solo uno/10 corresponde a grandes empresas. Donde, las empresas MYPE y, posiblemente los sectores de economía popular – informal emplean a más del 70% de la población ocupada, generan más de la mitad de la economía nacional, que a su vez se complementa con cerca del aporte del 20% que representan las remesas (Forbes, 2025; Forbes, 2025b; FUSAI – FLACSO, 2025; La Prensa Gráfica, 2023).

En la narrativa salvadoreña expuse y dejé para intuiciones, someramente, desde el aporte de los sistemas locales económicos, luego la contrariedad o yuxtaposición de la gobernanza y la gobernabilidad que les arremete en desprotección. Contrario a lo ocurrido con las diversas prácticas y mecanismos de fomento, incentivos, exenciones y otros pleonasmos hacia el extranjerismo o fomento de aquello que no viene desde las bases comunitarias y agentes económicos oriundos, como las MYPE y sectores de economía popular – informal. Esto, para el caso centroamericano lo dejo a: “por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16). Es decir, nuestros gobiernos desprotegen, abandona y arremeten contra nuestros principales agentes oriundos de economía y salvaguardan e impulsan extranjerismos. OjO, abogo por reequilibrios, no por extremismos.

Insisto en la obviedad: si las economías centroamericanas crecen, con dinámicas expansivas intersectoriales altísimas, para sectores como el turismo, la construcción, el financiero, por señalar algunas ¿Por qué eso no se traduce en progreso integral, estructural y mejoramiento en la calidad de vida y bienestar de las personas?, ¿Qué ocurre con toda la riqueza generada?, ¿Cómo se genera y distribuye la riqueza?, ¿Por qué si nos enteramos que existe una elevada generación de riqueza, que no se distribuye en la proporción y justicia/costos con la que se genera, continuamos apalancando a sectores expoliativos?

Hagamos dialéctica y mayéutica (ya iniciada antes). Nos urge (además de todo lo otro que también urge y prioriza), explorar, analizar y evaluar la costo – efectividad de las políticas públicas. Principalmente, nos debe increpar y mover hacia el fortalecimiento de los agentes locales, los insertados en los sectores de economía popular, informal, MYPE, de inversión extranjera directa, aportantes de remesas. Esto para dar la debida transición y el apropiado reequilibrio que nos haga de la gobernanza y la gobernabilidad reivindicaciones costo – efectivas. Esto quiere decir: volver la mirada hacia lo propio, a lo interno, a lo endógeno, y fortalecer las economías locales de proximidad y de capacidad productiva, industrial, comercial y de servicios en modelos mixtos de negocios, como el público, cooperativos – solidarios, privado que, den debida cabida al progreso integral de nuestros territorios.

Entonces, pienso yo (desde lo que alcanzo a saber y designoro más…), debemos:

1) volver aceleradamente (ipso facto) a la recuperación de los sectores locales de producción e industria, mediante zonas de protección y territorios económicos especiales para

2) rescate y fortalecimiento de sistemas de economía cooperativa – mixtos público/privado

3) recuperar los mecanismos de compras públicas locales

4) fortalecimiento de los sistemas multipolares/de escala de producción, industrialización y comercio encadenados

5) fomento del financiamiento condicionado, multiparamétrico y diferenciado de los sectores estratégicos – clave

6) continuar la apertura comercial internacional expansiva, mayormente con la debida integración Centroamericana…

7) avanzar y concretar la república centroamericana, como praxis de cohesión, cooperación, unionismo, articulación y coordinación económica, política, administrativa – logística porque “unidos somos más fuertes y, nadie se salva solo”.

Esto es posible (para el caso salvadoreño), actualmente el poder Ejecutivo mantiene una gobernanza absoluta, irrestricta, solo falta voluntad e interés superior por el bien común. Y, para Centroamérica, reivindicando y sanando a su Sistema de Integración, a su Organización de Estados Americanos, a sus entidades regionales bancarias y demás organismos centroamericanos.

El crecimiento económico no se traduce en bienestar integral por la concentración de riqueza y falta de políticas redistributivas. Urge fortalecer agentes locales y evaluar la costo – efectividad de las políticas públicas

#LetsGo… #CallToAct #NotRegrets #HagamosUbuntu

Referencias:

El Diario de Hoy, El Salvador. (2025). Gremiales celebran acuerdo comercial con EE. UU. y destacan su alcance para exportaciones e inversión. Recuperado de : https://www.eldiariodehoy.com/economia/gremiales-celebran-acuerdo-comercial-con-ee-uu-y-destacan-su-alcance-para-exportaciones-e-inversion/47089/2025/

Forbes (2025). Honduras, segundo país con mayor empleo informal en Centroamérica, según informe regional. Recuperado de https://forbescentroamerica.com/2025/07/24/honduras-segundo-pais-con-mayor-empleo-informal-en-centroamerica-segun-informe-regional

Forbes. (2025b). Envío de remesas a Centroamérica rompió récord en 2024. Recuperado de https://www.revistaeyn.com/inteligencia-eyn/envio-de-remesas-a-centroamerica-rompio-record-en-2024-EP23862464

FUSAI (Fundación de Apoyo Integral) – FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). (2025). El Estado de la MYPE 2025: La otra cara de la economía. Recuperado de https://observatoriomype.org.sv/el-estado-de-la-mype-2025-la-otra-cara-de-la-economia/

Banco Central de Reserva. (2025). Estadísticas y datos de PIB, IVAE, exportaciones, importaciones. Recuperado de https://estadisticas.bcr.gob.sv/

La Presan Gráfica. (2023). Peso de remesas en economía ha subido 8 puntos en 10 años Recuperado de https://www.laprensagrafica.com/economia/Peso-de-remesas-en-economia-ha-subido-8-puntos-en-10-anos-20230129-0054.html

SECMCA (Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano) – SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana). (2024). Informe Económico Regional 2023 – 2024. Recuperado de https://www.secmca.org/informe/informe-economico-regional-anual/

Nota. Salarruè es el escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué, que en su obra Cuentos de barro titula uno llamado «Semos malos», parafraseado en esta nota y con más detalles del escritor acá: https://www.unesco.org/es/memory-world/lac/salvador-salazar-arrue-salarrue-archive-xxth-century

¡Dios te salve patria sagrada! Y, ¡líbranos del mal, también!: El nuevo El Salvador como espejismo de una realidad que todavía no llega

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
LinkedIn https://sv.linkedin.com/in/moisesrobertoescobar

Lo único constante es el cambio, señalaba el filósofo griego Heráclito. Que cambie, y todo cambie no es extraño, parafrasea Mercedes Sosa con su canto. Sin embargo, desde una praxis asumida de la responsabilidad, conviene la introspección de visibilizar a aquellos cambios que deben re-cambiarse, como los que implican un deterioro en la calidad de vida y de oportunidades de la población.

Para este caso, se plantea brevemente el tema de la desigualdad económica. Un análisis del cambio evidenciado desde la estadística oficial para el contexto salvadoreño. Así, utilizando algunos parámetros de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del periodo 2019 – 2024 se ofrecen algunos elementos que dan cuenta de la situación socioeconómica que enfrentan los hogares y las personas en El Salvador.

Así, importa dimensionar para imaginar la realidad socioeconómica, partiendo de los que están en mayor desventaja estructural. Para ello, se emplean dos indicadores ampliamente utilizados en la medición y comprensión de la desigualdad: el coeficiente de Gini y el índice de Theil. Ambas medidas identifican umbrales de igualdad y de concentración del ingreso, bajo una escala de entre 0 y 1, donde un valor de 0 significa igualdad perfecta (todos tienen el mismo ingreso), mientras que 1 significa desigualdad total (una persona concentra todo el ingreso).

Dicho lo anterior, veamos los datos. Para el año 2024 el valor de Gini del ingreso familiar fue de 0.43 y su valor per cápita de 0.42, mientras que para Theil de los ingresos familiar y per cápita fue de 0.31. Ahora bien, al año 2019 estos valores eran de 0.40 en Gini para los ingresos familiar y per cápita, 0.29 el valor de Theil para la distribución del ingreso familiar y 0.30 en el ingreso per cápita. Lo que en términos generales evidencia un incremento del 5.33% en la distribución de la desigualdad del ingreso salvadoreño.

Cabe señalar que las encuestas de hogares son instrumentos muestrales. Además, presentan limitado acceso a ciertos estratos económicos, junto con desafíos de representatividad, aleatoriedad y confiabilidad de los datos. Esto, es importante en los aspectos económicos donde puedan darse una mayor variedad de subregistros, como los señalados al respecto de la población y hogares de los mayores estratos socioeconómicos. Implicando que, posiblemente los parámetros de desigualdad sean bastante conservadores y, las brechas de desigualdades sean superiores a las estimadas.

Ahora bien, ¿Qué implicaciones tiene la prevalencia o profundización diferenciada de la desigualdad económica? Hay una robusta evidencia que señala la relación directa entre la desigualdad económica con la mala calidad de vida y privaciones del bienestar, mayormente en elementos fundamentales, como son la salud, la educación, el empleo, la recreación y de oportunidades de progreso integral.

Para profundizar un poco en los aspectos en el que la desigualdad tiene evidenciadas implicaciones, destacan algunas referencias obtenidas para el periodo cercano de 2023 – 2024, como:

  • en El Salvador se perdieron cerca de 52,000 empleos. Esto para la población en edad de trabajar (mayor o igual a 16 años)

  • incrementó 3.12% el hambre en los hogares: En 2023 la inseguridad alimentaria desde la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) fue 15.76% y en 2024 18.88%

  • la pobreza extrema pasó de 588,917 personas en 2023 a 610,272 en 2024. Hubo una profundización intersticial e interseccional, acentuándose para niñez, juventud y mujeres. Aunque el total de pobreza redujo 1.85%

¡Hagamos un énfasis!: el agro, es el sector fundamental del país que desaparece estrepitosamente. Para el año 2024 la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca empleaban alrededor de 400,000 trabajadores, equivalente a cerca del 14% del total de ocupados en el país. Pese a la alta ocupación laboral, solo contribuyó en menos del 5% del PIB nacional, lo cual ha sido constante desde el año 2000 a la fecha. En paralelo, la ocupación agrícola decrece históricamente, para el caso, el subsector de pesca redujo su ocupación laboral en 53.47% y 13.05% en agricultura, ganadería, caza y silvicultura con respecto al periodo 2019 y 2024. El horizonte temporal señala la persistencia hecatómbica del agro salvadoreño.

En estudios previos se identificaron brechas sustanciales en la distribución y, potencialmente, la acumulación de la riqueza, como también de acceso a oportunidades de bienestar. Por ejemplo, en el último decenio hasta en seis de cada 10 hogares se padeció hambre por razones económicas; el 10% de la población con los ingresos más altos gana entre cinco y hasta 30 veces más que el 90% del resto de población; solo un cuarto de los trabajadores cuentan con algún sistema de protección social contributivo, como seguro y pensiones; o que solo cerca de cuatro de cada 10 hogares cuentan con acceso a algún tipo de espacio público recreativo, y de estos, solo la mitad los utiliza, debido a factores como la cercanía, calidad, variedad de infraestructura, etc.

Ahora bien, esto no es cuestión de un deterioro estructural de la macroeconomía, sino de la distribución de la riqueza. Una distribución de los agentes económicos (empresas, ONG, gobierno). Ello, porque la economía nacional creció 3.7% para el segundo trimestre 2025 con respecto al II trimestre 2024 y, creció 3.97% en términos del PIB real en el periodo 2023 – 2024. Esto sin considerar las variaciones intersectoriales que, muestran incrementos exponenciales para algunos sectores económicos. Es decir, la dinámica económica del país es alcista, modestamente, pero, alcista.

Entonces, ¿cómo se explica que mientras hay un crecimiento económico, este no se distribuya entre todos sus agentes económicos, impulsando progreso justo? Sin duda, parte de la respuesta se intuye desde los indicadores de Gini y Theil: la distribución de la riqueza por la prevalencia de la desigualdad estructural y subyacente, imperantes.

Lo anterior, deja intuir, también, que hay un proceso estructural de captura, concentración y acumulación de riqueza: inequitativo y, asimétrico. Donde para unas mayorías esa inequidad se materializa en múltiples precariedades y privaciones, mientras para los más favorecidos y receptores de la mayor riqueza, solo acrecienta su status quo. Me hace pensar en la simbiosis o un mutualismo de entropías, que conduce inexorablemente al deterioro, como se evidencia en las manifestaciones del ingente ecocidio que ahora perjudica todo y a todos. El desequilibrio nos daña a todos.

Pero, ¡alto! Esto es no es una narrativa de pesimismo, ni conmiseración, peor, de inercias del ceteris paribus (una falacia economicista). ¡Ojalá y sea una sacudida reivindicatoria! Actualmente, el territorio salvadoreño mantiene un régimen de gobernabilidad que permite cualquier transformación (la transformación es un eslabón mayor al cambio). Por lo que, al ya asumido direccionamiento por la seguridad social, le sobrevienen la recuperación económica y el bienestar humano – ecológico. Es este ámbito al que aludo: la urgencia por un nuevo pacto social y económico, donde se gestionen los debidos reequilibrios y se impulsen las transiciones necesarias, como las que identifico a continuación (con cierta utopía y un tanto de paroxismo):

  • La progresividad fiscal y ampliación diferenciada de los sujetos tributarios,

  • El fomento estratégico de sectores productivos e industriales junto con los sectores de tecnología e innovación,

  • La integración diferenciada y multiparamétrica de los sistemas de economía popular e informal,

  • La diversificación productiva y de servicios de alto valor,

  • El fortalecimiento de los sistemas de protección social contributivos y no contributivos,

  • La flexibilización y agilización de trámites, de logística comercial y de relaciones transaccionales,

  • La recuperación de los sistemas públicos de salud, educación y, desarrollo de sistemas de economía mixtas de bienes y servicios públicos, incluyendo la provisión de vivienda y hábitat, la cogestión de ecosistemas y la provisión de agua y energía. Esto último, con las debidas salvaguardas que garanticen la rectoría y contraloría pública y, de oportunidad a sistemas cooperativos comunitarios como agentes de asociación.

Y, como diría mi abuela Chabe: “le digo a Juan para que lo entienda Pedro”. La región centroamericana presenta similitudes a esa realidad que relato de El Salvador. Conviene, pues, impulsar la debida diligencia que corresponda con los desafíos de nuestro tiempo, incluyendo los abordajes: climático, sanitario, de infraestructura y equipamientos resilientes, de justicia fiscal – tributaria, de protección de la gobernanza y la corresponsabilidad multisectorial diferenciada. Es decir, hacer Ubuntu, colectivizar la debida diligencia por la sostenibilidad y el bienestar integral, asequiblemente.

¿Crédito o trampa disfrazada?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

Leí en un medio de comunicación nacional, la reciente aprobación de un crédito de hasta $500 millones por parte del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) a Costa Rica, vendido como “una línea de respaldo ante eventos financieros o climáticos extremos”. Esto no es un simple gesto de solidaridad financiera, es otro paso en la creciente dependencia del país hacia los mecanismos del endeudamiento externo, que lejos de solucionar nuestros problemas estructurales, los perpetúan.

Pero, ¿“eventos financieros o climáticos extremos”? ¿A qué se refieren con “eventos”? ¿A quiénes van a “salvar”? Para mí es esto es muy extraño en tiempos de partidos y campañas electorales.

Además, al fin y al cabo, será el pueblo costarricense el que pague ese préstamo y toda la deuda externa del país.

No soy economista, pero investigando en internet, según datos del Banco Central de Costa Rica, la deuda externa del país supera los $26.000 millones, lo que representa más del 35% del PIB. Hasta se eriza la piel, es decir, más de un tercio de lo que producimos en un año está comprometido con acreedores externos. Esto implica pagos de intereses multimillonarios, año tras año, que se extraen del presupuesto público, ese que debería destinarse a salud, educación, infraestructura y bienestar, para con ese dinero alimentar a los bancos y fondos internacionales como el CAF.

¿Quién se beneficia con estos préstamos? No el pueblo, no las comunidades afectadas por inundaciones o sequías, lo vemos todos los años desde hace décadas. Los que se llevan la tajada más grande son los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, que utilizan estos mecanismos para asegurar la estabilidad de sus inversiones, mantener privilegios fiscales y obtener jugosos contratos públicos financiados con deuda.

También se favorecen los gobiernos de turno, como este de Chaves y todos los anteriores, que evitan enfrentar las causas reales del desastre fiscal, con evasión, elusión, gasto en privilegios, contrabando y un sistema tributario profundamente regresivo. Si es que no se “pierde” en el camino.

Mientras tanto, nosotros, el pueblo costarricense, el que paga impuestos indirectos, el que no puede evadir ni esconder su ingreso y todo se le rebaja, termina cargando con los recortes, el congelamiento de salarios, la privatización de servicios públicos y las imposiciones del FMI y otros organismos multilaterales. Así, cada crédito aprobado bajo la promesa de prevenir “eventos” se convierte en un arma latente que puede activarse en cualquier momento, como ya ha sucedido muchas veces.

Decir que esta línea de crédito es un “paracaídas” es una metáfora peligrosa, seguimos cayendo en picada hacia un modelo económico cada vez más desigual, insostenible y sometido al capital financiero internacional, el capitalismo salvaje.

Costa Rica no necesita más deuda. Necesita justicia fiscal, soberanía económica y una política que ponga en el centro a las mayorías, no al capital, no a los estafadores, los saqueadores, o más directamente dicho, los ladrones.

Entre algoritmos y precariedad: el capitalismo de plataformas y la amenaza a los derechos laborales

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Elian Xavier Jiménez Campos
Heredia, 2 de julio de 2025

En Costa Rica y el mundo, una nueva forma de organización del trabajo se ha consolidado a pasos acelerados: el capitalismo de plataformas. Este modelo se presenta como moderno, flexible e innovador, pero detrás de esa fachada digital se esconden relaciones laborales profundamente desiguales y precarias.

Aplicaciones como Uber, DiDi, InDriver, Rappi o Ubereats han transformado la manera en que trabajamos, sin transformar el poder que las sostiene. En estas plataformas, la clase trabajadora ya no es reconocida como tal: ahora se les denomina “colaboradores” o “socios conductores”, figuras sin acceso a salario fijo, seguridad social ni derechos laborales básicos. La relación entre empresa y trabajador desaparece en lo legal, pero no en lo real. La precarización se institucionaliza a través de la tecnología.

En el fondo, lo que estas plataformas hacen es externalizar sus responsabilidades, beneficiándose de un modelo en el que todo riesgo recae sobre quien realiza el trabajo. No hay aguinaldo, vacaciones, seguro o pensiones. Y aunque se promueve la idea de que los trabajadores tienen libertad para conectarse cuando quieran, lo cierto es que los algoritmos premian a quienes están más tiempo disponibles y penalizan rechazos o desconexiones. Es el algoritmo como nuevo jefe invisible, que controla sin rostro, sin contratos, sin límites.

Como juventudes, este fenómeno debe preocuparnos. No solo porque reproduce y profundiza desigualdades económicas, sino porque fragmenta las formas de organización colectiva y desmantela décadas de luchas sindicales. La riqueza se concentra en pocas manos, mientras crece una clase trabajadora informal, sin voz ni protección.

Peor aún: la precarización tiene rostro de mujer. Las plataformas digitales captan mayoritariamente a mujeres y disidencias, quienes ven en la supuesta “flexibilidad” una manera de combinar el trabajo remunerado con las labores domésticas. Pero esa doble jornada, sumada a la falta de garantías y la exposición a violencia digital o acoso, solo refuerza las brechas estructurales.

Costa Rica no escapa a esta realidad. A pesar de los discursos gubernamentales que celebran la innovación tecnológica y el “emprendimiento”, cada vez más jóvenes, mujeres y personas de sectores populares se ven empujadas a estos trabajos sin regulación ni derechos. Si la política pública no actúa, si el Estado no garantiza protección para quienes trabajan en estas plataformas, estaremos normalizando una nueva forma de esclavitud hipermoderna.

Es hora de poner este tema sobre la mesa. De abrir debates en las universidades, los sindicatos y las calles. De exigir que la tecnología esté al servicio de la dignidad humana, no de la explotación sin rostro. Porque si el trabajo del futuro es este, entonces debemos preguntarnos:

¿De qué futuro estamos hablando?

Paz con justicia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Arnoldo Mora

Entre la multitud de malas noticias que atiborran los espacios mediáticos, dichosamente hay dos que, a todos los hijos de la Patria Grande, nos deben llenar esperanza y alegría: las conversaciones para lograr una paz estable en Colombia, que se llevan a cabo en Caracas, entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla de FLN, por un lado, y el reinicio del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, esta vez en México; ambas actividades se llevan a cabo ante la atenta mirada de la comunidad internacional. Todo lo cual debe ser visto como un mensaje de paz por parte de los pueblos de Nuestra América al mundo entero, a fin de que se intente por la vía política y no militar buscar la solución a conflictos entre naciones, que ponen el peligro la paz planetaria. Me refiero, en concreto, a la necesidad apremiante de iniciar conversaciones al más alto nivel entre las partes beligerantes, tendientes a poner fin al conflicto en Ucrania.

Pero más allá de este contexto internacional y ante la proximidad de una nueva Navidad, nada más oportuno y urgente que reflexionar sobre el mensaje de los ángeles en la Cueva de Belén, que expresa el clamor de los profetas anunciando el advenimiento de la era mesiánica y que sintetiza en una sola palabra: SHALOM, paz. Este mensaje es hoy más actual que nunca en la historia de ser humano, dado que la ausencia de paz traería aparejada la extinción de la especie humana. Porque la destrucción que provoca la violencia bajo todas sus formas puede significar a corto plazo, históricamente hablando, el fin de nuestra especie. La lucha por la paz, en consecuencia, involucra a todos los humanos cualesquiera sean sus creencias religiosas, ideologías políticas, culturas o nacionalidades. Se trata del acto más “democrático” que pueda concebirse, pues lo único que realmente (“ónticamente” diríamos los filósofos) nos hace “democráticos” es la muerte; nadie se escapa de ella. Pero cuando la muerte es provocada por los propios humanos es también responsabilidad de todos, especialmente de quienes tienen el poder, no solo el político, sino el financiero, el mediático y el científico-tecnológico.

La mayor amenaza que tiene la especie de desaparecer es provocada por el descomunal poder que ha logrado en estos últimos siglos, gracias a los descomunales avances de los logros en el campo científico y tecnológico; porque del desarrollo científico y tecnológico depende en primera instancia todo lo demás: el desarrollo económico, la sofisticación de las armas, la genética aplicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, a la agricultura y a los alimentos y un largo etcétera. Su control puede provocar el bienestar o ser la causa de la muerte de millones. Las transnacionales que acaparan esos conocimientos de punta  son responsables directas del hambre y de la falta de control de epidemias y pandemias, siendo la mayor la desnutrición. La FAO y el Papa Francisco no se cansan de repetir que actualmente se producen alimentos suficientes para dar de comer a todos los seres humanos; por ende, si hay mil millones que sufren de hambrunas, es culpa de la ideología neoliberal. Lo mismo pasa con las pandemias y el desempleo.

Todo tiene como causa la desigualdad socio-económica. La violencia tiene su raíz en la injusticia social, en el menosprecio y el maltrato a niños y ancianos, en la violencia doméstica y callejera, en la drogadicción y el lavado, en la injusticia distributiva y la defraudación fiscal. La violencia se ha convertido en una (pseudo)cultura, en una mentalidad colectiva que nos hace insensibles ante el dolor y la miseria, que nos rodea como una peste medieval. Para peores, la violencia contra la naturaleza alcanza ribetes escalofriantes que pone a la humanidad al borde del suicidio. De poco han servido hasta el presente las advertencias de ecologistas y de expertos de las Naciones Unidas en torno al recalentamiento del clima, la destrucción de los bosques, la desertificación, la contaminación de las ciudades o la desaparición de cientos de especies.

Hoy la paz es algo más que una esperanza escatológica fundada en una promesa mesiánica. Constituye una exigencia insoslayable para la sobrevivencia de la especie. Nunca como en estos momentos de la historia, la paz es el mayor imperativo ético que tenemos todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

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POBREZA ESTRUCTURADA ¿Cómo podríamos frenar la desigualdad y pobreza crecientes?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Herbert E. Contreras Vásquez.

Herbert E. Contreras Vásquez, MSc.*

Según datos derivados de las autoridades económicas globales, el Producto Interno Bruto costarricense ha pasado de 20 millardos de USD en 2002 al orden de 60 millardos de USD al presente año.

Es decir, nuestra generación de riqueza se ha triplicado mientras descendimos al octavo lugar de desigualdad económica y social internacional.

Recuerdo una acotación hecha hace menos de 10 años por el Dr. Rolando Araya Monge quien manifestó que en los años 80 la Planilla Nacional (pública y privada) absorbía la mitad de nuestro PIB y que en la actualidad ha descendido a menos del 25 %.

A partir de 1982, después del encontronazo económico con los Agiotistas Internacionales de nuestro Último Estadista (1978-1982); iniciamos con los tristemente célebres Programas de Ajuste Estructural junto al proceso de satanización de nuestro Modelo de Estado Solidario.

Se le pusieron pesadas carlancas al ICE para impedirle desarrollar su mundialmente reconocida capacidad gerencial, técnica y ambiental. Y ni qué decir sobre su veto para incursionar en telefonía móvil.

Obviamente, se atacaron en primera instancia algunas empresas estratégicas pertenecientes al Soberano; valga citar a FERTICA y CEMPASA con las consecuencias harto conocidas.

La intención de entregar a manos del Casino Global nuestras instituciones productivas y rentables persiste.

Por si alguien duda, Kolbi y la FANAL tienen precio asignado como Espada de Damócles y sobre RECOPE sobrevuelan los buitres neoliberales.

Nuestra institución encargada de los hidrocarburos maneja el 70 % de la matriz energética nacional (un pequeño botín de no menos de 2,0 millardos de USD anuales) y al ICE le impusieron por Ley de La República el yugo financiero de los mal llamados Cogeneradores Eléctricos Privados.

No sobra recordar que a partir de la aplicación del Programa PL 480, arrancó la defenestración de nuestro Sector Agropecuario que nos tiene hoy importando más del 50 % de los alimentos que consumimos.

Y nuestros dignos y laboriosos agricultores hoy inundan los cinturones de miseria de León XIII, Pavas e Infiernillo y sus hijos desbordan las cárceles.

Como la procesión de los prestidigitadores del mercado no se detiene, los corifeos del odio han proferido sus encantamientos contra los Empleados Públicos.

En decenios no se han actualizado los salarios base de los burócratas y sus sindicatos se han visto en la necesidad de compensar la capacidad adquisitiva de los asalariados por medio de los llamados «pluses».

Estos pluses han pasado de lo esencial como el ajuste para «compra» de material didáctico para los Educadores (aumento salarial solapado), hasta el abuso y el ridículo en algunos pocos casos denominados «privilegios» laborales.

Este desorden orquestado tiene su génesis en la falta de Políticas de Estado en materia de sueldos y salarios que abarcan los miserables estipendios de los trabajadores del Sector Privado.

Se requiere cambiar el modelo matemático, para distribuir la riqueza que todos producimos por medio del trabajo remunerado.

Desde 1982 la riqueza productiva en la Nación ha crecido sustancialmente, más no así su distribución que ha caminado en sentido contrario.

La solución para la concentración de riqueza, estancamiento y retroceso de sueldos y salarios; pasa por la inclusión del parámetro PIB en una nueva fórmula matemática para calcular los ajustes.

Este es un indicador mundialmente aceptado, aunque no es el único ni el mejor parámetro.

No existe argumento Ético para negar que el esfuerzo de los trabajadores es el que genera verdadera riqueza. Esto ni siquiera debería discutirse.

El clientelismo electorero debe terminar cuanto antes. Éste es usufructuado por la auto denominada «clase política» (que ya no le teme al Pueblo) y ha manejado a su antojo a una franja de votantes (envilecidos en la miseria) con su Asistecialismo Social.

No tengo conocimientos Actuariales, pero me atrevo a citar algunas variables para esa nueva ecuación de ajustes salariales: costo de la canasta básica ampliada y actualizada, tipo de cambio de las divisas, costo del dinero en las entidades financieras, entre otros y, por supuesto el porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto.

También requerimos de una revisión justa y equitativa de los salarios mínimos, para que en vez de ser un monto de sobrevivencia precaria, sean remuneraciones de subsistencia real y decorosa.

No veo otra manera de enfrentar y resolver de inmediato la injusta, descarnada y violenta desigualdad social de la Nación.

Ni el Gobierno Central podría replicarlo ya que sus ingresos tributarios están estrictamente concatenados al PIB.

Y del Sector Privado ni hablar, desde los famosos CAT’s; han expatriado sus fortunas a los Paraísos Fiscales.

Por esta vía, vamos en franca ruta de confrontación social de carácter imprevisible y de grandes penurias y sufrimientos.

Es cuestión de tiempo, o en su defecto nos transformaremos en un México, Honduras o Colombia y más pronto que tarde seremos otra Nación inviable de Abya Yala.

 

*Poeta, Ingeniero, Educador e Investigador costeño.

Las zonas costeras, fronterizas y rurales, nuevamente las de menor desarrollo humano

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las poblaciones costeras subsisten con actividades como la recolecta de pianguas.

German Masís

La semana anterior el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (EEs-UCR) presentaron los resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2021 (Atlas 2021), instrumento que incluye datos de indicadores de desarrollo humano en los 82 cantones del país y que presenta un mapa desigual e inequitativo en el país.

Es importante mencionar que Costa Rica muestra resultados positivos en la medida en que ninguno de los cantones está ubicado en las franjas baja o muy baja de desarrollo humano.

No obstante, al hacer un ajuste por desigualdad de las personas que residen en los cantones, se encuentran diferencias en los logros alcanzados en materia de salud, educación y bienestar material, tal como lo muestra el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad.

En cuanto a los índices que consideran el tema de género (IDGc e IDG-Dc), se observa que disminuyó la cantidad de cantones con menor desarrollo de género (pasó de 14 a 9).

Sobre el Índice de Pobreza Multidimensional, para el año 2020 los cantones más rezagados se encontraban en las zonas fronterizas del país. Si este análisis se hace por provincias, se observa que Limón presenta una condición particular al ubicar la mayoría de sus cantones por encima del promedio nacional. (ElPais.cr,16-2-2022).

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal revela como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano. Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

A su vez entre los 25 cantones con los indicadores bajos de IDH-D, a los 10 anteriores se suman Sarapiquí, Turrubares, Osa, Upala, Guácimo, Golfito, Nandayure, Río Cuarto, Turrialba, Corredores, Guatuso, Siquirres, Quepos, Pococí y Acosta, 7 son costeros, 8 son fronterizos y 10 son rurales y de ellos por provincias, 6 son de Puntarenas, 5 de Limón, 5 de San José, 4 de Alajuela, 3 de Guanacaste, 1 de Heredia y 1 de Cartago.

En este panorama del desarrollo humano cantonal, a la tradicional apreciación sobre los cantones costeros y fronterizos como los que ostentan los peores indicadores de DH, se debe agregar la participación de los cantones rurales de León Cortés, Tarrazú y Dota de la provincia de San José entre los 10 de más bajos indicadores, junto a Hojancha de Guanacaste y entre los 25 mencionados en el IDH-D, se suman los cantones rurales de Acosta y Turrubares en San José, Pococí, Guácimo y Siquirres de Limón, Río Cuarto de Alajuela, Sarapiquí de Heredia y Turrialba de Cartago.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, que se incluyó por primera vez en este Atlas, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza, son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales.

También es oportuno indicar los cantones que aparecen entre los primeros 10 lugares tanto del IDH-D, así como del IPM, que son Talamanca, Los Chiles, La Cruz, Buenos Aires y Coto Brus y entre los 25 de ambos índices, están Matina, Upala, Osa, Guatuso, Corredores, Golfito, Quepos, Sarapiquí, Siquirres, Pococí, León Cortés, Dota y Turrialba, todos ellos costeros, fronterizos o rurales.

En esta clasificación de cantones por IDH-D e IPM, llama la atención la gran riqueza natural y económica que poseen, en sus extensiones y actividades agrícolas, pecuarias, boscosas, hídricas y pesqueras, así como en infraestructura social, productiva y de servicios y sobre todo en su población, comunidades y cultura.

Vale la pena señalar en la coyuntura actual, que estos cantones costeros, fronterizos y rurales, no sólo se encuentran en buena medida excluidos y marginados del desarrollo nacional y de la acción del Estado, sino que también lo están del sistema político.

La información de la participación electoral de la población de estos cantones y los niveles de abstencionismo lo confirman; en estos cantones con el IDH-D más bajo y el IPM alto, la participación política en el 2018 fue muy baja, en donde Talamanca y Golfito apenas tuvo el 50%, Corredores, Osa y La Cruz con el 51%, Buenos Aires y Garabito con el 52%, Los Chiles con un 53%, Matina, Limón y Quepos con 54%, Coto Brus y Upala con el 55%.

La democracia económica y política tiene una deuda con estos cantones de las regiones periféricas. La expresión referida a la existencia de dos Costa Ricas sigue vigente, hay “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F.,2021, p.222).

Las desigualdades matan

Escrito en . Publicado en Derechos.

El siguiente texto es a modo de sinopsis del libro “las desigualdades matan”

Mientras que los ingresos de la población mundial se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, están fracturando nuestro mundo. Esto nunca ha sido fruto del azar, sino el resultado de decisiones deliberadas: la “violencia económica” tiene lugar cuando las decisiones políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población y, especialmente, a las personas en mayor situación de pobreza, las mujeres y las niñas, y las personas racializadas. 

Las desigualdades contribuyen a la muerte de, como mínimo, una persona cada cuatro segundos. No obstante, tenemos la oportunidad de reformar drásticamente nuestros modelos económicos para que se basen en la igualdad. Podemos abordar la riqueza extrema aplicando una fiscalidad progresiva, invirtiendo en medidas públicas de eficacia demostrada para eliminar las desigualdades, y transformando las dinámicas de poder dentro de la economía y la sociedad. Si mostramos la voluntad necesaria y escuchamos a los movimientos que están exigiendo cambios, podremos crear una economía en la que nadie viva en la pobreza, ni tampoco en una riqueza inimaginable: una economía donde las desigualdades dejen de matar.

Les invitamos a leer cuáles son las medidas que se deben llevar a cabo para acabar con el aumento de la desigualdad, ingresando en el pdf adjunto a esta nota:

Las-desigualdades-matanDescarga

 

Publicado por OXFAM
Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.