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Etiqueta: desigualdad social

Elecciones en Costa Rica 2026: de la rebelión de las clases medias a la rebelión de los olvidados. ¿Qué hacer?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Henry Mora Jiménez

Frente a las desgracias, las derrotas y las frustraciones, debemos buscar explicaciones y salidas, no chivos expiatorios.

La rebelión de los olvidados

Hace unos quince años el sociólogo costarricense Carlos Sojo (†) denominó la irrupción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las elecciones presidenciales del 2002 como una “rebelión de las clases medias”, advirtiendo que fueron sobre todo estos sectores urbanos los que preferentemente apoyaron a su tres veces candidato presidencial Ottón Solis Fallas y su discurso basado en la ética en la función pública y en recuperar el papel del Estado como promotor del desarrollo económico y social.

Conocemos el desenlace de esta frustrada rebelión: después de ocho años en el gobierno (2014-2022), el PAC no obtuvo ningún diputado en las elecciones de 2022.

Parece que hoy asistimos a una nueva rebelión de importantes sectores de la población, pero esta vez se trata de costarricenses en su mayoría de estratos bajos y medio-bajos, abrumadoramente de zonas costeras y rurales y con un prolongado retraso en desarrollo humano (“zonas periféricas”). Pero sorprendentemente (o quizás no tanto a la luz de la tendencia mundial), esta rebelión la promueven y lideran personajes de la plutocracia costarricense con aspiraciones a convertirse en la nueva oligarquía: conservadores, neoliberales y de derecha autoritaria; admiradores de Trump, de Bukele y hasta de Netanyahu.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Los antecedentes inmediatos

Primero aclararemos rápidamente el resultado electoral y sus antecedentes inmediatos. En 2022 Rodrigo Chaves Robles, un ex tecnócrata del Banco Mundial alcanza la presidencia de la República en segunda ronda, venciendo al liberacionista José María Figueres Olsen. Chaves se presentó en las elecciones como un competente gerente de la cosa pública (tal cual empresa privada), un enemigo de la histórica corrupción que aqueja al país y un “outsider” sin compromisos con la clase política tradicional. Pero una vez establecido en el gobierno dejó claro que su proyecto político no consistía simplemente en administrar mejor los recursos públicos (promesa que no logró), sino, en refundar la República. Cuatro años después, a pesar de no presentar ningún logro importante de su propia autoría, sigue teniendo un respaldo popular de casi el 60%, incluso entre personas que reconocen que su gobierno no ha sido bueno. ¿Cómo lo hizo? Repasemos los elementos explicativos más importantes: i) se ha comunicado con la población de manera cercana, coloquial e incluso estridente (él mismo se define como un pachuco), ii) desde su elección ha estado en campaña electoral permanente, preparando el terreno para su sucesor o sucesora, iii) ha culpado a los otros poderes de la república de no dejarle gobernar, iv) ha colocado a la Contraloría General de la República como los chivos expiatorios de sus proyectos malogrados; v) pero quizás lo más importante, logró crear una identidad de grupo (a pesar de todos sus exabruptos), con al menos la mitad del país.

Así, muy pronto comenzó a repetir el estribillo de que sin 40 diputados en la Asamblea Legislativa era casi imposible transformar el país.

También el presidente Chaves (y esto resulta paradójico), ha socavado las dos instituciones insignias del Estado Social costarricense: la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación pública. Y entre sus fracasos más estrepitosos destaca la grave ola de delincuencia, crimen organizado y narcotráfico que hoy azotan a Costa Rica y que se dispararon precisamente durante su gobierno. Pero de manera retorcida y sarcástica, ha convencido a sus seguidores (a menudo fanáticos que lo ven como un Moisés) de que estos problemas no existen, no son tan graves como los críticos señalan, o son el resultado de causas ajenas a su responsabilidad.

Y así llegamos a la reciente contienda electoral, con la politóloga conservadora Laura Fernández como su sucesora y la llamada a allanar el camino para el regreso del mesías Chaves en 2030, algo improbable, pues ello requiere una reforma constitucional difícil de lograr.

La hoy presidenta electa Laura Fernández logró lo que parecía casi imposible hace seis meses: un sólido triunfo electoral en primera ronda con el 48% de los votos válidos emitidos y una bancada de 31 diputadas y diputadas (dos más que mayoría absoluta en un Congreso de 57 diputaciones, pero 7 menos para lograr la mayoría calificada), la fracción legislativa más grande para un partido oficialista desde 1982; con una clara ventaja sobre su inmediato seguidor, el socialdemócrata Alvaro Ramos, que obtuvo 33% de los votos y 17 diputaciones. Más abajo, en un tercer lugar, el partido de izquierda democrática Frente Amplio, con 7 diputaciones.

El partido de Laura Fernández (Pueblo Soberano) venció de forma arrolladora especialmente en las zonas rurales, urbano marginales, costeras y, en general, en los cantones de menor desarrollo económico y social. El pueblo raso creyó en sus promesas y se volcó en su apoyo. La mayoría de sus seguidores ignoran seguramente que el proyecto político de Laura Fernández es claramente conservador en lo ideológico, neoliberal en lo económico y de derecha autoritaria en lo político; pero en la cultura poco politizada de la Costa Rica actual, estas denominaciones importan muy poco.

¿Cómo llegamos a esto? Los factores de más largo plazo.

Don Cristian Cambronero (a quien no tengo el gusto de conocer), hizo circular recientemente en su muro de la red social X la siguiente reflexión:

Lo escrito por el señor Cambronero es, sin duda, una parte muy cierta de la explicación, pero solo una parte. Los años 50’s -70’s del siglo pasado fueron años de esperanza en Costa Rica, el Estado social posibilitó el ascenso económico de muchos y la conformación de una pujante clase media. En cambio, los años 1980-2020 fueron años de alto crecimiento de la desigualdad, de prosperidad económica para solo una quinta parte de la población, de crisis en la educación y en la salud públicas, de vejez sin pensión para muchas y muchos, de una línea de pobreza estancada en el 20% de las familias, de infraestructuras cada vez más deterioradas, de políticas públicas contra el agricultor de pequeña escala, de fuerte crecimiento en el empleo informal, de sonados casos de corrupción, etc., etc.

Este es el “caldo de cultivo” al que se refiere don Cristian. Y ciertamente, más allá de muchos estudios diagnósticos de biblioteca, poco se hizo para impedir la aparición del populismo de derecha en las elecciones del 2022.

Otros aspectos circunstanciales para tener en cuenta

Pero si nos ubicamos en el 2026, otros factores deben ser tomados en cuenta (entre muchos otros), no necesariamente coyunturales, porque han sido recurrentes en la política electoral costarricense.

1. Él clientelismo agresivo y sistemático que practicó PPSO y el propio gobierno en las comunidades más empobrecidas del país (y que aprendieron de estrategias electorales similares practicadas en el pasado por el PLN, el PUSC y más recientemente, por el partido de Fabricio Alvarado).

2. Los miles de millones de dudosa procedencia que el PPSO gastó en la campaña electoral, más dinero que todos los demás partidos juntos, y que sirvió no solo para publicidad y propaganda, sino también para comprar operadores políticos y lideres de barrio.

3. La eficaz campaña comunicativa emprendida para convencer a los «básicos» (término utilizado por la diputada oficialista Pilar Cisneros) de las certezas de su narrativa, tanto en los medios, las redes como en las comunidades que el presidente visitaba.

4. La organización casi militar que aplicaron el día de las elecciones, cazando votos casa por casa, cuerpo a cuerpo, antes y después del 1 de febrero.

5. La transferencia de la popularidad de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros en favor de la candidata Laura Fernández. Este traslado de popularidad no fue del 100% pero sí suficiente para ganar en primera ronda. Imperó “la continuidad del cambio”.

6.La incapacidad de la oposición para traducir los graves problemas del país (violencia e inseguridad especialmente) en incredulidad hacia las propuestas de Laura Fernández y en rechazo al continuismo.

La Costa Rica de la “Tercera República” (¿o una República de tercera?)

En su discurso de la victoria el pasado 1 de febrero en altas horas de la noche, Fernández se autoproclamó cofundadora de la Tercera República (en alusión al supuesto final de la Segunda República nacida en 1948 con el desenlace de la guerra civil de ese año); anunció nuevas reglas para el funcionamiento de la democracia (sic), advirtió a los medios de necesarias limitaciones de la libertad de prensa y a la oposición de que no podrá seguir haciendo “obstruccionismo” en la Asamblea Legislativa. Pero en realidad se trata de la amenaza de terminar con lo que queda del Estado social de derecho que ha prevalecido en Costa Rica durante los últimos 75 años: privatización de la salud pública, educación pública centrada en conocimientos básicos para las mayorías, fin de la banca estatal, privatización total de la generación y la distribución eléctrica, mayor apertura comercial (iniciando con un tratado de libre comercio con Israel), borrar todo vestigio de soberanía alimentaria, fin de la independencia de poderes, degradación e instrumentalización de las instituciones contraloras del ejercicio público y del cumplimiento de los derechos humanos, reforzamiento de los valores cristianos tradicionales (sic), etc., etc. en fin, la “bukelización” de Costa Rica.

¿Y ahora qué?

La primera tarea de un Movimiento Nacional por la Justicia Social y la Democracia es impedir la consolidación histórica del bloque de derecha autoritaria que se aglutina en torno a los nuevos oligarcas del PPSO. Resulta altamente improbable que puedan presentar a Rodrigo Chaves nuevamente como candidato en 2030 (la Constitución no lo permite), pero en estos cuatro años se han vuelto duchos en demagogia y manipulación, así que lo seguirán intentando.

Lograr este objetivo tiene su anverso positivo:

  1. La conformación de un gran movimiento de unidad nacional con una agenda programática de defensa de la democracia, los derechos humanos y laborales, el Estado social, la seguridad ciudadana, e incluso (hoy hay que advertirlo ante la amenaza del partido vencedor), las garantías individuales de la población. Pero muy especialmente, la integración social de “los olvidados”, revirtiendo las brutales diferencias entre la Costa Rica urbana y la rural, entre la “costa pobre” y la “costa rica”.

  2. Esta unidad tiene que lograrse en todos los frentes, en la Asamblea Legislativa y en la sociedad civil, en los partidos políticos democráticos, en los movimientos sociales, feministas, ecologistas y sindicales, en las comunidades, en las universidades públicas, en las iglesias, en los territorios y un largo etc.

  3. En los campos estratégicos de la educación política, de la ética, de la solidaridad, de la comunicación (virtual y presencial), de la conversación y discusión grupal, de la resistencia, de la economía solidaria, de la cultura, etc.

Podemos complementar lo anterior con tres llamados para la acción:

  1. Rechazar y denunciar permanentemente y con pedagogía popular (lo que no se ha logrado) la erosión democrática siempre que ocurra la amenaza. Hacer público cada ataque a las instituciones y a los derechos humanos, a la seguridad social, a la educación pública y contrarrestar masivamente la desinformación con información clara y verificada.

  2. Utilizar todas las vías institucionales y legales (tribunales, parlamento, plebiscitos) para frenar reformas autoritarias, apostando por una movilización social masiva y pacífica siempre que sea necesaria y que fortalezca la legitimidad de estas acciones ante la población (lo que tampoco se ha logrado aun).

  3. Construir una amplia alianza democrática transversal que supere divisiones políticas históricas (y también las personalistas), buscando activamente la incorporación a esta alianza de conglomerados clave (como las Iglesias, los sindicatos, los empresarios) y la solidaridad internacional. En la Costa Rica actual, la batalla por la hegemonía ideológica, política y cultural ha pasado de ser una advertencia de intelectuales a una realidad ya impuesta.

Porque defender la democracia y el Estado social no es solo resistir el avance de la noche autoritaria, es construir, mano con mano y sin descanso, el amanecer que todas y todos nos merecemos.

Costarricenses atacaron “fotocopias” políticas

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Rafael A. Ugalde Q.*

Comienzo aclarando el asunto de ver la “barrida” del oficialismo en las elecciones del pasado 1 de febrero, en seis de las siete provincias del país, como una especie de castigo durísimo contra las “fotocopias” de un ideario “original” de la “derecha” más recalcitrante para Europa y nuestra región, según el experto puertorriqueño en “descolonización” y catedrático universitario, Ramón Grosfoguel.

Él sostiene que ciertas posiciones políticas, consideradas por amplios sectores de votantes en Europa Occidental y Nuestra América como “reformistas”, “socialistas” “progresismo” o simplemente “izquierda”, por carecer de una posición firme frente al fascismo y a favor de los procesos soberanos, terminan contribuyendo con la instalación de gobiernos de mano dura, denominados de “derecha” pura. Constátese en: “Las derechas del Siglo XXI” (https://www.youtube.com/watch?v=L2mUGSadX18) y “Venezuela negocia con el imperio, flexibilidad táctica sin ingenuidad”, ver: (https://www.youtube.com/watch?v=gMJFXNnaW2c).

Grosfoguel, académico de la Universidad de California, respetado tanto en el viejo continente como en Latinoamérica, tiene múltiples conferencias y entrevistas grabadas en la internet, utiliza el símil para distinguir el relato político “original”, puro y sin ambigüedades de la extrema derecha, comparado con quienes dicen adversar esas posiciones, pero terminan coincidiendo dentro capitalismo con estos planteamientos fascistas, como si fuera una mala “fotocopia” de aquel “original”.

Estas “fotocopias” en ocasiones, nos dice el analista, nos pueden parecer de “avanzada”, como parte de un discurso que interpretamos distinto a las opciones conservadoras, pero no es más que la cara de una misma moneda, contra los pueblos que buscan su independencia, frente a un “imperio”, según él, en declive frente a un Nuevo Orden Mundial.

Desde esta perspectiva, él explica como movimientos ondulantes dentro de los ámbitos “progresistas” o de “izquierda” tradicional en Honduras, Ecuador, Bolivia o Argentina, al carecer de una debida articulación de sus trabajadores y no tener, por lo tanto, casi ninguna capacidad táctica para enfrentar las embestidas imperiales, terminan entregando los gobiernos a proyecto políticos y económicos “originales” de la derecha pura y dura.

En el caso costarricense durante las 24 o 48 horas antes de las elecciones del pasado domingo 1 de febrero, no hubo necesidad de la intromisión directa de la Casa Blanca a favor de los defensores de su proyecto para su “patio trasero”, como sí ocurrió en los comicios pasados en Argentina, Bolivia y Honduras, cuando con amenazas dobló las manos a los sufragantes.

Después de 73 años consecutivos desde 1949 que nuestro “oficialismo” o la llamada “oposición” se repartieron los principales cargos políticos, emerge inesperadamente en 2022 un personaje que hace de la confrontación pública su forma de llegar a amplios sectores que se sentían sin voz.

Esto deberían abrumar a nuestra militancia en los sindicatos, partidos a favor de la transformación social, organizaciones estudiantiles etc. Su casi 60 % de popularidad al termino del gobierno, debería ser tema de preocupación para los lideres populares, en cuanto sí ha habido trabajo cualitativo en las bases, o nos hemos conformado como trabajadores, obreros, pensionados etc., con hacer bulla y ruido cada cierto tiempo para que nos tomen como opositores. Perdonen, pero no nos engañemos reduciendo el problema a un simple estereotipo de simple “populismo”.

Cuatro organizaciones tendrán diputados en el congreso 2026-2030. (F. Fabián Hernández Mena, Semanario Universidad).

El abultado triunfo de este oficialismo el pasado 1 de febrero debería además a empujarnos a una crítica a fondo, en relación de cómo sociedad, qué nos dejaron aquellos ajustes estructurales e imposiciones del Fondo Internacional, pues por el contexto de las palabras dichas por la presidenta electa, sus efectos devastadores seguirán vigentes y se profundizarán al menos hasta 2030.

Ya los perdedores aceptaron la derrota. El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, aceptó que su organización no pudo frente a la representante del oficialismo ganador en seis de las siete provincias, por amplios márgenes, por sí había dudas.

Ramos, quien logró remontar un 9% en la intención de voto en las encuestas, alcanzó a movilizar a su gente del alicaído partido, alcanzando un 33,4% de los sufragios, una vez escrutadas las mesas receptoras de votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Así, los verdiblancos, que en estas elecciones se jugaban la vida para no correr la misma suerte de los liberales de Elí Feinzaig, Nueva República de Fabricio Alvarado, el socialcristiano Juan Carlos Hidalgo y el antiguo Partido Acción Ciudadana (PAC), que quiso revivir viejos tiempos camuflado en una coalición, el “oficialismo” terminó con ellos.

Ramos y sus seguidores, sacudidos por divisiones internas y señalado su partido como promotor de la llamada “red de cuido”, a última hora, convence a sus simpatizantes – especialmente empleados estatales de la Gran Área Metropolitana– a revertir la baja intención de voto que daban las encuestadoras a su aspirante. Y lo logra muy parcialmente.

Aunque brincó de un 9% en las intenciones de voto hasta el 33,44% de sufragios escrutados oficialmente, solo mantuvo la provincia de Cartago como bastión histórico del liberacionismo, perdiendo las restantes seis provincias por “goleada”, frente un oficialismo intratable en las mesas receptoras de votos.

Significaría que los verdiblancos tendrán que conformarse con dos diputados menos, pasando de 19 a 17 legisladores, contra una mayoría simple de 31 congresistas, que permitirá a la derecha “original” aprobar importantes leyes ordinarias, ante la ausencia de una unidad real y viable como país alternativo, apuntando a reconquistar articuladamente la verdadera soberanía como nación, tener relaciones con todos los países del orbe, respetar la autodeterminación de los pueblos, el Derecho Internacional como instrumento de paz y dialogo civilizatorio y desarrollar nuestra innovación tecnológica y la robótica, priorizando el conocimiento para servicio de las necesidades nacionales en la agricultura, nuestra oceanografía, ambiente, la ciencia local y la formación humanística, sin imponer la educación exclusiva a disposición de la actividad maquiladora.

Ramos sacó del bache histórico a su franquicia gracias al voto principalmente de empleados públicos del Gran Área Metropolitana, convirtiéndose en la segunda fuerza más votada después de Pueblo Soberano que no supo ni le interesó “desinflar” la campaña del miedo, en torno a una “dictadura” en el país, al estilo de Nicaragua, Venezuela o Cuba.

Tanto la derecha “original”, antisocialista, injerencista y atrincherada en Zapote, así como el grueso de la prensa y las “fotocopias” que dicen adversar el “chavismo”, convencieron a los votantes que peligraba la existencia de la Segunda República, la “democracia”, la libertad, etc., que no es otra cosa que el ejercicio del poder por la minoría conocida desde 76 años.

Es decir, la Segunda República ya es innecesaria, porque después de más de 40 años de golpear parejo a los trabajadores, las amas de casa, los jóvenes, la salud, la educación, oficializar la ausencia de justicia pronta y cumplida, eliminar los salarios dignos etc., la existencia de lo que habían dejado de Estado Social, a la luz de la cruel economía de mercado, estorba.

“Prometo ser oposición constructiva, sin permitir cosas indebidas», afirmó Ramos cuando conoció de primera mano que el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya era irreversible y daba a Fernández como ganadora presidencial, sin necesidad de balotaje el próximo mes de abril.

Se diluían así las esperanzas de los tres o cuatro contrincantes mejor colocados en la tabla de clasificación del TSE de jugársela en una segunda vuelta para sacar, según ellos, el “continuismo” del poder.

La provincia de Puntarenas, entre las más deprimidas del país, por falta de empleo, se sumó a la fiesta democrática el pasado domingo, contribuyendo con la presidenta electa con el 63,44% de sus votos (F. BBC News Mundo).

Fernández, en su discurso por la victoria, sostuvo que la llamada Segunda República había llegado a su fin la noche del 1 de febrero y se disponía a seguir adelante el plan económico iniciado por su mentor, Rodrigo Chaves, por lo que abogó a cerrar fila a favor del progreso social y económico del país, dijo.

Sin embargo, para el historiador y analista local, Oscar Barrantes, todo parece indicar que las contradicciones sociales y económicas, así como el proceso de vasallaje nacional, crecerá más que nunca, hasta 2030.

En una apretada reflexión hecha pública el pasado 2 de febrero sobre lo ocurrido el domingo anterior, sostiene que con la elección de Fernández se vecina “una agudización del sometimiento de la oligarquía financiera y el lumpen politiquero”.

Sobre todo -agrega- “de todas las franquicias electoreras, Oenegés, fundaciones por la Paz, centros de estudios, fracciones del barco capital, etc.”, sirviendo al Imperio, el injerencismo y la intervención directa estadounidense.

“Se agravarán las desigualdades sociales y políticas en el país. Se incrementará la persecución política y judicialización de la protesta y la lucha social popular.” Según él, con Fernández como presidenta, habrá mayor presencia militar del Comando Sur en nuestro país y, uso del territorio nacional como plataforma de agresión y guerra híbrida contra los proyectos revolucionarios en el Caribe, Centro y Latinoamérica.

No descarta una escalada de la confrontación social y política. Es posible, puntualiza, un Estado de excepción y maniobras de constituyente hacia un régimen nazi-sionista.

Paradójicamente, un ambiente como el contextualizado por Barrantes, llevaría desde ahora cuatro años de lucha por el empoderamiento horizontal de las bases populares, en busca de su participación todos los días en la vida activa del país y no cada vez que convoque el TSE.

Es pedir mucho. No ignoro que la impresora es nueva.

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

De la dominación discreta al control personalista del Estado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales-Gamboa (*)

¿Estamos pasando en Costa Rica de un modelo de democracia institucionalizada a una autocracia centroamericana más?

Más allá de la evidente fragmentación partidaria que vuelve casi indescifrable el actual proceso electoral en Costa Rica, en estas elecciones parecen estar en juego dos modelos de desarrollo sociopolítico: por una parte, un sistema históricamente organizado en torno a reglas, mediaciones institucionales y equilibrios discretos; por otra, un régimen de captura personalista del Estado.

Semanas antes de los comicios, esta tensión entre tradición institucional y absolutismo personalista adquiere un matiz particular con la irrupción en ese escenario, ya sin disimulos, de la figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele. No se trata de una referencia externa o de un detalle anecdótico, sino de la presencia de un modelo de poder que desafía los fundamentos mismos de la tradición política costarricense, así como la supuesta neutralidad electoral de ciertos actores externos.

El agotamiento del pacto institucional y captura personalista.

En un clima de desgaste institucional y de fatiga ciudadana frente a la política tradicional, han ido ganando terreno discursos que, en nombre de la eficiencia y de una opaca gestión del poder, menosprecian y relativizan el valor del entramado de reglas, mediaciones y contrapesos que durante décadas fueron presentados como virtudes de la democracia costarricense. No es claro si estamos ante una ruptura abierta o frente a un reacomodo gradual —velado, como ha sido históricamente el ejercicio del poder en Costa Rica—, pero en cualquier caso se trata de desplazamientos que no están exentos de riesgos, no solo para el sistema político, sino también para la población, para la disidencia y los movimientos sociales.

Durante años, en los análisis comparativos, Costa Rica apareció como una excepción en Centroamérica. Para amplios sectores de la región, este país encarnaba un modelo de pacifismo, estabilidad institucional, respeto a la voluntad popular y libertades públicas. La democracia costarricense, con todas sus deficiencias, era el modelo a imitar y mejor que los regímenes autoritarios de la región. Más recientemente, sin embargo, gana fuerza la idea de su progresiva “centroamericanización”.

La evidencia que alimenta esta lectura no se limita a la esfera política. Incluye también los procesos de acumulación de capital, la reconfiguración de las élites económicas —con sus tensiones, contradicciones y arreglos—, así como el crecimiento sostenido de la desigualdad social, de la violencia y de la criminalidad. Sin reproducir mecánicamente las trayectorias de los países vecinos, estas dinámicas introducen tensiones nuevas en un sistema que estuvo relativamente acostumbrado a procesar el conflicto de manera institucionalizada. Ese mismo sistema, proveedor de libertades, bienestar y estabilidad, ha entrado en crisis. En este debate no basta con observar a las instituciones en abstracto. Es necesario poner el foco en los actores y en las fuerzas sociales.

Poder y apellidos: élites, Estado y capital en Costa Rica.

Aquí quiero poner el foco en el papel de las élites económicas y políticas. Al igual que en el resto de la región, en Costa Rica los grupos de poder controlan los núcleos estratégicos de la acumulación de ganancias. Esto ocurre en tensión creciente con la función reguladora del Estado, pero también frente al ascenso de culturas políticas y burocráticas que han ido normalizando la corrupción, el chantaje y la opacidad. Los vicios en las institucionales son más la consecuencia de su instrumentalización por las élites políticas y económicas que del aprovechamiento que de ellas hace la población pobre. Aunque los abismos sociales aún no alcanzan las dimensiones observadas en otros países, su tendencia al crecimiento -y la manipulación mesiánica de los excluidos- erosiona los consensos que durante décadas pusieron límites a la politización abierta de la riqueza y del poder.

Más que ofrecer un análisis exhaustivo, me interesa plantear algunas conjeturas sobre hasta qué punto el funcionamiento de las élites costarricenses difiere realmente del de sus pares regionales y, sobre todo, si esa diferencia constituye una posible inmunidad frente a derivas autoritarias presentes o futuras, o si apenas opera como una contención temporal de sus expresiones más visibles. Para ello, resulta útil observar, por ejemplo, el papel que desempeñan —o que no desempeñan— los clanes y las redes familiares en la estructura del poder.

En Costa Rica, el poder, en permanente proceso de ensamblaje, se sostiene sobre un entramado de redes de control, disputas, negociaciones y subordinación, articuladas con los procesos transnacionales y alianzas externas. A diferencia de Honduras o El Salvador, donde la lógica de los clanes familiares beligerantes, ocupa un lugar central en la vida política; de Guatemala, marcada por un cierre oligárquico más rígido; o de Nicaragua, organizada en torno a clanes dinásticos, en Costa Rica el poder no se ha expresado de manera predominante a través de linajes visibles ni de apellidos omnipresentes. Ello no implica la ausencia de redes familiares —que las ha habido y son reconocibles— ni de disputas entre ellas por el poder, sino una modalidad menos dramatizada y más institucionalmente mediada de su ejercicio.

Esta diferencia ayuda a explicar la escasa visibilidad política de familias empresariales que sí son protagonistas en otros países de la región, incluidas algunas de origen extranjero, como las de ascendencia árabe, incluida la familia Bukele. Estos grupos están presentes en la economía y en el mercado costarricense, pero su inserción, hasta ahora, ha seguido un modelo distinto de reproducción del poder, en el que la influencia no ha requerido la captura directa de las instituciones ni la ocupación familiar del campo político. Tradicionalmente, su peso se ha canalizado —de manera pragmática— a través de mediaciones regulatorias, técnicas e institucionales, más que mediante proyectos políticos propios o clanes partidarios. Pero como dice el dicho, “uno nunca sabe…”.

Eso, entre muchos diversos ámbitos, ha sido clave para la atracción de inversión extranjera directa (IED). Costa Rica se ubica como el principal receptor de IED en Centroamérica, con alrededor del 36 al 40 % del total regional. Los capitales han estado dispuestos a someterse a las reglas del juego institucional. El monto de IED que capta Costa Rica equivale, por ejemplo, al 86 % de lo recibido conjuntamente por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en 2024.

El Salvador de Bukele -con las maras supuestamente encarceladas- se coloca en el último lugar de atracción de inversiones en la región. En el presente decenio recibió anualmente el equivalente de apenas menos del 15% de la IED obtenida por Costa Rica. A pesar de que los datos no están desagregados de la misma forma, la evidencia muestra que, en cifras absolutas, año a año la inversión en Costa Rica es varias veces superior a la de El Salvador, reflejo de su mayor atractivo estructural para inversionistas extranjeros.

Contrastes similares se observan en la evolución del Producto Interno Bruto (PIB). Ese indicador muestra mayor dinamismo en Costa Rica que en El Salvador, donde ha sido más moderado y volátil. La dependencia estructural de esa economía de las remesas familiares ha continuado siendo el ancla de la política económica de su gobierno. Por tanto, la eficiencia que se nos vende sobre el régimen salvadoreño no necesariamente es prometedora, ni siquiera para el empresariado costarricense menos para el resto de la población.

Aunque no hay mucha precisión sobre los datos del capital invertido en Costa Rica proveniente de empresas centroamericanas, es evidente que capitales de la región utilizan al país como un espacio de resguardo frente a la inseguridad jurídica y política de otros contextos nacionales. Para empresas locales y extranjeras —incluidas las centroamericanas—, el entramado institucional costarricense y el papel mediador del Estado son un activo central. Un cambio sustantivo en las reglas del juego político y quebrar el orden, para darle lugar a una jugada absolutista, podría erosionar, sin remedio, esa ventaja comparativa.

Desde su formación histórica, Costa Rica desarrolló una estructura social menos concentrada que la de sus vecinos. La oligarquía terrateniente, aunque influyente, fue menos cerrada y no estuvo completamente subordinada, durante largos periodos, a una aristocracia exportadora dominante. A ello se sumó, tras la guerra civil de 1948, la consolidación de un Estado social de derecho con reglas relativamente estables, burocracias profesionales y mecanismos de control institucional que limitaron —aunque nunca eliminaron— los intentos de captura personalizada del poder.

En este contexto, el acceso a la riqueza y a la influencia dependió menos del parentesco y más de la inserción en circuitos económicos formales, del manejo técnico de la política pública y de la capacidad de negociación dentro de marcos regulatorios complejos. Esto redujo los incentivos para que familias empresariales, tanto tradicionales como migrantes, construyeran clanes políticos con gran protagonismo político o para que, como en otros contextos, las empresas tuvieran que someterse al chantaje, el pago de derechos de piso o, incluso, de peajes y rescates.

A diferencia de países centroamericanos, donde el Estado ha funcionado como botín político entre grupos familiares, en Costa Rica ha operado más como mediador de conflictos. Ello no excluye la competencia por su control, pero las disputas han sido predominantemente reguladas y el veredicto de esas reglas, en general, aceptado. Las élites no compiten tanto por capturar gobiernos como por influir en normas, regulaciones, contratos, impuestos y políticas sectoriales, independientemente de quién ganara las elecciones. El poder se ejerce desde cámaras empresariales, mesas técnicas, litigios estratégicos y presión mediática.

Cuando la eficiencia promete orden: la tentación del personalismo

En este marco cobra relevancia, más allá de lo anecdótico, la aparición en la contienda electoral de un candidato y un partido con vínculos familiares directos con el núcleo de poder que hoy gobierna El Salvador —así como la cercanía del presidente Bukele con el actual gobierno y su teatralización electoral—. No se trata de experimentos excéntricos, sino de la posible introducción de un estilo de ejercicio del poder que, en otros contextos centroamericanos, ha mostrado una clara deriva absolutista y una relación instrumental con el Estado. Resta saber si se trata de una maniobra coyuntural o de una apuesta estratégica orientada a modificar las condiciones bajo las cuales operan los procesos de acumulación y la competencia regional de capitales.

El fenómeno Bukele no puede leerse solo como una opción ideológica ni como una narrativa de supuesta eficiencia y orden securitario. Es, ante todo, la expresión de un modelo de concentración del poder, en el que el liderazgo carismático, el control del aparato estatal y la subordinación de los contrapesos institucionales se articulan en torno a un nuevo núcleo político-familiar. Su eventual proyección en Costa Rica no implica una reproducción automática de ese modelo, pero sí introduce una tensión simbólica significativa: la posibilidad de que un sistema acostumbrado al poder discreto comience a naturalizar formas más personalistas de autoridad.

Intentos en esa dirección ya han sido ensayados por el actual gobierno costarricense, con réditos mediáticos evidentes, pero con limitada capacidad para franquear los muros institucionales. Cuando el actual gobernante afirma que Costa Rica era una “dictadura perfecta” y que no lo dejan gobernar, su crítica es un ataque al papel de las instituciones, de las leyes y de los mecanismos de control. Dinamitarlas no responde al buen gobierno, sino a la lógica del absolutismo y del secuestro personalista del poder.

Costa Rica no es El Salvador. Su historia, su cultura política y sus estructuras institucionales imponen límites reales a los intentos de asimilación. Sin embargo, esos límites no constituyen inmunidades absolutas. La fragmentación del sistema de partidos, el desgaste de la confianza en las élites tradicionales, la desigualdad creciente y la fatiga ciudadana frente a la política, crean condiciones propicias para discursos que prometen orden, eficacia y ruptura con “lo de siempre”, aun cuando esas promesas impliquen debilitar los mecanismos que históricamente han contenido los abusos del poder.

La persistente conflictividad política en buena parte de Centroamérica, el papel estructural de las élites económicas y de los clanes familiares, así como la imbricación entre corrupción, economías ilegales y violencia organizada, terminaron por frustrar los intentos de reconstrucción democrática posteriores a las dictaduras militares. En países como Guatemala, Honduras o El Salvador, los grupos que sostuvieron regímenes autoritarios no solo sobrevivieron a las transiciones formales, sino que se reacomodaron en nuevas arquitecturas de poder. Familias que se instauraron en esas cúpulas, como los Bukele, reprodujeron las viejas prácticas. Las reglas del autoritarismo, en lo esencial, no desaparecieron.

El costo social de ese reordenamiento ha sido elevado: la pobreza estructural persiste, la violencia se ha cronificado y ambas han alimentado procesos de expulsión masiva de población que derivaron en una migración de supervivencia convertida, desde hace años, en crisis humanitaria regional.

Este deterioro ha ido acompañado por la reaparición de prácticas que se creían superadas: persecución política, criminalización de líderes sociales, hostigamiento a periodistas y presiones sistemáticas sobre abogados y jueces independientes, incluso su encarcelamiento. En varios crímenes contra defensores de derechos humanos se han documentado entramados financieros y empresariales que involucran a actores económicos de alto nivel. El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres es emblemático: a casi una década del crimen, las investigaciones internacionales han revelado vínculos entre intereses empresariales, estructuras de seguridad y redes de poder local, mostrando hasta qué punto la violencia política sigue siendo funcional para determinados modelos de acumulación y control.

El riesgo para Costa Rica, por tanto, no reside únicamente en la victoria electoral inmediata de un proyecto de este tipo, sino en su capacidad de erosionar gradualmente los consensos básicos sobre la naturaleza del Estado. Cuando la concentración del poder comienza a presentarse como solución técnica a la ineficacia institucional, el tránsito del poder discreto al control personalista deja de ser una hipótesis académica para convertirse en una posibilidad política concreta.

En ese sentido, el escenario electoral actual no enfrenta solo opciones programáticas distintas, sino modelos de poder en tensión. La pregunta de fondo no es quién ganará las elecciones, sino qué forma de ejercicio del poder se estará legitimando. Y esa es una discusión que Costa Rica, precisamente por su historia y por sus fragilidades actuales, no puede darse el lujo de eludir.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional. Ha sido profesor de la Universidad Nacional y actualmente es investigador de FLACSO Costa Rica.

Este documento es la presentación realizada por el autor en el foro Los movimientos sociales y las elecciones nacionales, el cual, fue realizado por la Alianza por una Vida Digna y SURCOS el miércoles 21 de enero del 2026.

Cuando la técnica no alcanza: debate, redes, juventudes y voto consciente en la Costa Rica electoral

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Nancy Piedra Guillén
Profesora de la Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica

El reciente debate presidencial Se busca presidente, transmitido por OPA, introdujo una ruptura relevante en la escena política costarricense. A diferencia del formato tradicional —centrado en la confrontación retórica y el golpe mediático—, este ejercicio colocó en el centro la evaluación técnica de propuestas, la coherencia programática y la viabilidad institucional, bajo la mirada de personas expertas y con criterios explícitos de factibilidad.

El debate estuvo claramente dirigido a un electorado que hoy define el rumbo de la elección: las personas votantes indecisas, mayoritarias según las encuestas del CIEP-UCR de noviembre y diciembre de 2025. Sin embargo, el verdadero campo de disputa no se limitó al estudio de televisión. Se desplazó, con fuerza, al espacio digital, donde se hizo visible una tensión cada vez más estructural en nuestras democracias: la desconexión entre racionalidad técnica, afectos políticos y legitimidad pública.

La técnica no garantiza legitimidad

El formato del debate apostó por una lógica deliberativa exigente: qué se propone, cómo se implementa, con qué recursos y en qué plazos. Este tipo de ejercicio resulta indispensable en una democracia erosionada por la improvisación, el personalismo y la simplificación extrema de problemas complejos. No obstante, el debate dejó al descubierto un límite fundamental: la buena técnica, por sí sola, no garantiza adhesión política ni respaldo social.

Las calificaciones otorgadas por el panel experto —alta, media o baja factibilidad— no se tradujeron automáticamente en apoyo ciudadano. Algunas candidaturas con evaluaciones favorables no lograron generar entusiasmo, mientras que otras, con desempeños más débiles o controversiales, concentraron altos niveles de conversación pública. El dato no es anecdótico: revela un cambio profundo en las formas contemporáneas de construcción de legitimidad política.

Redes sociales: volumen, rechazo y castigo simbólico

El análisis de la conversación digital posterior al debate confirma esta brecha. Durante la transmisión, el politólogo y analista en comunicación política Cristan Bonilla, profesor de la Universidad Latina de Costa Rica, presentó datos de monitoreo de redes sociales que permiten una lectura más fina del impacto político del debate: volumen de menciones, balance entre comentarios positivos y negativos y niveles de rechazo simbólico por persona candidata.

Los resultados son claros: liderar la conversación digital no equivale a generar apoyo neto. Las redes sociales operan bajo lógicas distintas a las de la evaluación técnica. Amplifican emociones, moralizan el conflicto y funcionan como espacios de sanción simbólica. La viralidad no distingue entre aprobación y repudio; intensifica la polarización.

Esta lectura coincide con el análisis periodístico de CRHoy, que mostró cómo, tras el debate, algunas candidaturas concentraron altos niveles de rechazo aun cuando su desempeño fue consistente o disciplinado.

Coherencia ideológica y penalización digital

El caso del Frente Amplio resulta ilustrativo. La candidatura de Ariel Robles sostuvo una línea ideológica clara y consistente, con un discurso estructural sobre desigualdad, endeudamiento y modelo de desarrollo. Sin embargo, fue también la que acumuló mayor rechazo neto en redes sociales. Esta penalización no se explica por errores técnicos, sino por una distancia explícita frente al marco dominante de soluciones punitivas y simplificadoras, particularmente en materia de seguridad ciudadana.

En un contexto atravesado por el miedo, los discursos que cuestionan el modelo económico y proponen transformaciones estructurales tienden a ser castigados simbólicamente, incluso cuando están bien fundamentados. El castigo no es técnico; es político y afectivo.

Género: la ausencia que no sanciona

Otro elemento relevante del debate fue el señalamiento reiterado de las personas expertas sobre la ausencia de propuestas específicas para mujeres, cuidados, violencia y embarazo adolescente en algunos planes de gobierno. Desde una perspectiva técnica y feminista, esta omisión constituye un déficit significativo.

Sin embargo, la reacción en redes sociales mostró algo inquietante: la ausencia de una agenda explícita de género no genera sanción electoral visible. No provoca rechazo masivo ni controversia sostenida; simplemente pasa desapercibida. Mientras la evaluación especializada identifica la omisión como un problema, la conversación digital la neutraliza. Esto confirma que la agenda de género continúa ocupando un lugar secundario en la jerarquía electoral, incluso cuando las mujeres conforman una parte significativa del electorado indeciso.

Modelo económico, juventudes y territorios

Este análisis parte de una preocupación central: la democracia no puede reducirse a la defensa formal de la institucionalidad ni al respeto procedimental del Estado social de derecho, si al mismo tiempo se profundizan la desigualdad, la exclusión social y la precarización de la vida, especialmente entre las juventudes. Costa Rica arrastra desde hace décadas una orientación neoliberal persistente, consolidada incluso por gobiernos que se presentaron como alternativas progresistas —donde el PAC fue determinante en la normalización de estas orientaciones— y que, en nombre de la responsabilidad fiscal, la modernización o la eficiencia, debilitaron políticas redistributivas, recortaron inversión social y abandonaron territorios completos.

Las consecuencias de este modelo se expresan territorialmente: comunidades expulsadas del empleo formal, sistemas educativos incapaces de ofrecer trayectorias reales de movilidad social y cientos de jóvenes sin horizonte, para quienes el narcotráfico y las economías ilegales se convierten en una de las pocas formas de inserción económica, reconocimiento y pertenencia. La inseguridad que hoy domina la agenda electoral no puede comprenderse al margen de este proceso estructural de exclusión generacional y territorial.

Si seguimos eligiendo gobiernos que, aunque respeten la institucionalidad democrática, la legalidad y el marco formal del Estado social de derecho, mantienen intacto el modelo neoliberal, seguiremos profundizando las brechas que dicen combatir. Ninguna política de mano dura resolverá un problema cuyas raíces están en la desigual distribución de oportunidades y en la retirada del Estado de los territorios más golpeados.

Tres capas de la campaña

El cruce entre debate, redes sociales y encuestas permite identificar al menos tres capas simultáneas en esta campaña electoral:

  1. Una capa técnica, donde importan la viabilidad, la institucionalidad y la coherencia programática.
  2. Una capa afectiva, dominada por el miedo, el enojo, la identificación y el castigo simbólico.
  3. Una capa estratégica, donde las candidaturas deciden a quién le hablan: al panel experto, a las personas indecisas o a sus bases políticas.

El debate fue exitoso en la primera. Las redes muestran que la disputa decisiva ocurre en la segunda. Las encuestas advierten que la tercera aún está abierta.

Un cierre necesario

La democracia no se erosiona solo por la mala técnica, sino también cuando la política se reduce al castigo emocional, al miedo y al ruido digital. Votar conscientemente hoy implica resistir la simplificación, exigir propuestas viables y, sobre todo, defender políticas públicas que atiendan las necesidades de quienes menos tienen, de las personas y territorios históricamente excluidos, y de las juventudes que hoy crecen sin horizonte.

Cuando la discusión pública se desplaza hacia el orden, la mano dura o la estabilidad macroeconómica desligada de justicia social, se invisibilizan las causas estructurales de la violencia y la desigualdad. Sin inversión social, sin políticas redistributivas, sin presencia estatal sostenida en los territorios más golpeados, seguiremos reproduciendo las condiciones que empujan a cientos de jóvenes hacia economías ilegales como el narcotráfico, mientras el sistema político responde solo con discursos punitivos.

El futuro no se define con memes, ni con tendencias momentáneas, ni con la viralidad del enojo. Se construye cuando las personas ciudadanas ejercen su derecho al voto con juicio crítico, memoria histórica y responsabilidad colectiva, apostando por un proyecto de país que no sacrifique a sus juventudes ni profundice la exclusión en nombre de la gobernabilidad o del continuismo del modelo. Defender la democracia hoy exige defender la justicia social.

Partidos políticos participantes en el debate de OPA

Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Nueva República (NR), Unidos Podemos, Partido Liberal Progresista (PLP), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Avanza y Coalición Agenda Ciudadana (vinculada al espacio político del PAC).

Fuentes

  • CIEP-UCR. Encuestas de Opinión Pública, noviembre y diciembre de 2025.
  • Debate presidencial “Se busca presidente”, Canal OPA, 18 de enero de 2026.
  • CRHoy. “Redes sociales pasan factura tras debate: estos fueron los más apoyados y los más rechazados”. Enero 2026.
  • Análisis de conversación digital presentado por Cristian Bonilla, Universidad Latina de Costa Rica, durante la transmisión del debate.

Ante las elecciones defendamos el futuro de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Notas para un improvisado e hipotético discurso electoral, de última hora.

Ciudadanos,
Compatriotas,
Costarricenses,

Gracias por asistir a esta Convocatoria política, a este balance de cuentas de estos cuatro años que han transcurrido desde febrero del 2022, momento que se escogió al actual presidente del país.

Gracias por presentarse a las urnas electorales el próximo 1 de febrero, después de trabajar la tierra, de ordeñar temprano las vacas y las cabras.

Gracias por manejar horas para llegar a un Ebais.

Gracias por estirar el colón hasta donde ya no da más.

En este momento no estamos aquí para discursos finos.

Estamos para ir a los centros de votación, para presentarnos a las urnas electorales, para emitir el voto.

Estamos para darle rumbo al país, que no lo ha tenido, en esta elección.

Estamos aquí para hablar claro, como se habla en el campo, como se habla con los compañeros de trabajo, como se habla con los amigos, como se habla en la Familia.

Cuando el futuro se pone cuesta arriba no se debe hablar con excusas.

El futuro de Costa Rica no se arregla con excusas. No se arregla con promesas que no se cumplen y menos con las que se ofrecieron y no cumplieron. Y mucho menos con las que se ofrecen para continuar las que no se cumplieron.

¡Aquí nadie está confundido!

Los problemas se sienten todos los días.

No es necesario que alguien explique qué es una crisis.

La crisis se siente y se vive cuando:

  • ⁠ ⁠Los salarios, las pensiones y los ingresos de los trabajadores no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas, para tener una vida estable, digna, decente, decorosa.
  • ⁠ ⁠Los salarios se mantienen congelados desde hace cinco años, proyectada su congelación por otros cinco años.
  • ⁠ ⁠Los salarios mínimos Pilar Cisneros, en la Asamblea Legislativa, los quiere reducir en casi un 40% para equipararlos con los salarios más bajos de América Latina.
  • ⁠La jornada de 8 horas diarias quieren cambiarla por jornada de trabajo de 12 horas diarias, al estilo de las jornadas esclavistas del siglo XIX.
  • ⁠ ⁠Los precios de los productos básicos de subsistencia y de alimentación en general, de la canasta básica, los llevan en ascensor y los salarios los mantienen en escalera.

⁠•⁠ Los hijos no tienen por qué dejar el colegio, y perder las oportunidades de vida que la educación ofrece.

  • ⁠ ⁠La deserción escolar y colegial aumenta, y con ello los ninis, los que NI trabajan NI estudian.
  • ⁠ ⁠La Caja Costarricense del Seguro Social no resuelve el problema de las citas y posterga cirugías que son de inmediata necesidad.
  • ⁠ ⁠El sistema de transporte público no satisface las necesidades de las personas y se hace cada vez más caro.
  • ⁠ El régimen y sistema de trabajo se hace cada vez más largo, más duro y peor pagado.
  • ⁠ ⁠El crédito público no se orienta a proteger y estimular al pequeño productor, a la clase media, cada vez más empobrecida.
  • ⁠ ⁠Aumenta la pobreza y la pobreza extrema.
  • ⁠ ⁠Cuando las instituciones sociales consumen más del 65% de sus ingresos en aspectos administrativos.

Pero, ante esto, díganme ustedes: ¿Quién primero dividió social y económicamente este país?

¿Los agricultores que trabajan de sol a sol, muchos de ellos hoy por míseros salarios o salarios inferiores al salario mínimo, como sucede con trabajadores de las plantaciones agrícolas, especialmente de productos de exportación?

¿Los trabajadores que son expulsados de los trabajos formales?

¿La inmensa masa de trabajadores, casi el 60%, de trabajadores informales?

¿Los trabajadores de las fábricas y de las empresas?

¿Los pequeños propietarios obligados a vender sus parcelas?

¿O los que toman decisiones desde oficinas donde nunca falta nada?

En Costa Rica no hay pelea social inventada. La lucha de clases existe, con conciencia o sin conciencia de ella.

Aquí hay un modelo económico y político que aprieta al que produce, a los micro, pequeños y medianos propietarios, a los productores, a los asalariados.

En Costa Rica no hay un centro político, cuando el grueso de la población paga los ajustes económicos que imponen los gobiernos. ¿En cuál extremo social usted se ubica?

Se le pide a las personas no quejarse, no polarizar, no confrontar y no señalar lo que les molesta.

Se han restringido los derechos sociales y laborales de la organización sindical, la huelga y la convención colectiva de trabajo.

Decir lo anterior no es populismo. Si eso es populismo, ¡qué nos digan populistas!

⁠Decir lo anterior es la verdad, ¡qué molesta!, ¡Molesta!

Escuchen bien, ciudadanos:

No es populismo decir que:

  • ⁠ ⁠No es normal trabajar más horas por menos plata.
  • ⁠ ⁠No es normal cerrar colegios nocturnos donde estudiaban trabajadores.
  • ⁠ ⁠No es normal quitar becas en zonas rurales.
  • ⁠ ⁠No es normal quitar los subsidios a los comedores escolares.
  • ⁠ ⁠No es normal cerrar los colegios nocturnos.
  • ⁠ ⁠No es normal descuidar la infraestructura escolar y cerrar más de 100 escuelas y colegios.
  • ⁠ ⁠No es normal pedir sacrificios siempre a los mismos, solo a los trabajadores.

El pueblo costarricense no es ignorante.

Aquí el pueblo sabe exactamente qué está pasando.

Al pueblo y a los trabajadores hay que consultarlos.

En la campaña electoral se debe prometer cosas que sea realmente posible de cumplir en el corto y mediano plazo. No se debe ofrecer sueños de opio, ni cantos de sirenas.

El país no puede funcionar sin los trabajadores, o con trabajadores enfermos, mal pagados, inconformes, resentidos, explotados social, económica y políticamente.

Los políticos tradicionales solo se excusan y dicen: “NO ME HAN DEJADO GOBERNAR”

Repiten una y otra vez: “No me han dejado gobernar.”

Repiten: “Es culpa de la institucionalidad tica.”

Repiten: “Las instituciones no dejan hacer cambios.”

Afirman: “Que no pueden gobernar porque tienen que someterse a las leyes y a la Constitución Política”, “Que las leyes les establecen controles y límites de actuación”.

Los políticos tradicionales piden: “Gobernar sin controles políticos”, “sin Contraloría General de la República”, sin “Sala Constitucional”, “sin prensa libre e independiente”.

Esto lo hemos escuchado todos.

Pero aquí va la verdad que nadie dice:

Las instituciones no se traban solas.

Si el Estado o la Administración no funciona es por sus funcionarios…

Se traba cuando conviene.

Funcionan rápido cuando hay intereses e interesados grandes.

Y se vuelven lentas cuando se trata del campo, de la salud, de la educación, de los servicios e instituciones públicas.

Se traban, no funcionan, o funcionan deficientemente, cuando hay interés de privatizarlas o de tercerizar su trabajo.

Nos dicen: “No se puede.”

Pero, SI se puede:

  • ⁠ congelar salarios.
  • ⁠ ⁠quitar ayudas y subsidios.
  • ⁠ ⁠Cerrar el crédito para adultos mayores, pensionados
  • ⁠ ⁠Para extender jornadas de trabajo.
  • ⁠ ⁠Para recortar servicios.
  • ⁠ ⁠Para eliminar beneficios y derechos sociales

Entonces, el problema no es que no los dejan gobernar.

El problema es ¿para quién están gobernando?

La institucionalidad no es una excusa: es una responsabilidad.

La tarea en estas elecciones es votar para:

  • ⁠ ⁠defender el futuro de Costa Rica,
  • ⁠ ⁠defender el futuro de los trabajadores del campo y de la ciudad,
  • ⁠ ⁠defender el futuro de los estudiantes
  • ⁠ ⁠defender a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos y pensionados
  • ⁠ ⁠defender la vida en Costa Rica, ¡la Pura Vida!

Defender el futuro de Costa Rica no es una idea bonita. No es una idea abstracta.

Defender el futuro de Costa Rica es algo concreto.

Defender el futuro es permitir vivir con dignidad, decoro, decencia, con posibilidades y oportunidades

Defender el futuro es posibilitar y garantizar el estudio.

Defender el futuro es asegurar que la atención de salud llegue a tiempo, no cuando ya es tarde.

Defender el futuro es hacer valer el tiempo de la gente. Garantizar el ocio, el tiempo libre para el enriquecimiento cultural, deportivo o simplemente de descanso. Y, si se quiere también… como dijo Paul Lafargue: ¡el derecho a la pereza!

No estamos en estas elecciones para pedir favores.

Estamos en estas elecciones para exigir respeto.

Estamos en estas elecciones porque el país no se sostiene solo desde arriba. Se sostiene desde el trabajo de la fuerza asalariada costarricense, casi el 50% de la población.

El futuro de Costa Rica no se administra desde un escritorio.

El futuro de Costa Rica se defiende y se construye colectivamente, desde las comunidades.

El futuro de Costa Rica se defiende diciendo la verdad.

Aunque incomode.

Aunque moleste.

Aunque intenten callarla.

Costarricenses, Ciudadanos, Patriotas:

¡Defendamos el futuro!

¡Defendámoslo juntos!

¡A votar por el Progreso Social!

¡A votar por el Progreso Democrático

¡A votar por Más Democracia, no por menos Democracia!

Compartido con SURCOS por el autor.

El adoctrinamiento emocional del miedo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales-Gamboa (*)

La fábrica social del miedo y sus usos políticos en tiempos de incertidumbre

Los discursos incendiarios, cargados de odio y promesas rotas, generan una fuerte conmoción política. Sin embargo, debajo del odio suele operar una emoción aún más poderosa: el miedo social, una sensación de amenaza que se produce colectivamente y que moldea nuestra forma de ver el mundo. El odio mezcla ira y rechazo, pero nace del miedo: de la percepción —real o construida— de que algo pone en riesgo nuestra seguridad o identidad.

El miedo no surge solo de narrativas catastrofistas; estas funcionan porque se apoyan en un sustrato social ya existente. El miedo se vive antes de contarse: nace de la desigualdad, de la exclusión, de la violencia cotidiana, de la pérdida de confianza en las instituciones y de la sensación de que el futuro se estrecha. Por eso, quienes buscan manipularlo no necesitan inventarlo: basta con leerlo, amplificarlo y dirigirlo políticamente.

Hoy las emociones ocupan un lugar central en la política, y el miedo es particularmente eficaz para moldear percepciones, orientar conductas y movilizar adhesiones. Como plantea Eva Illouz, vivimos en un “capitalismo emocional”, donde los afectos circulan como bienes. En este mercado, el miedo se convierte en un recurso político clave para generar obediencia, resentimiento o identificación con discursos autoritarios.

En Costa Rica, las últimas décadas han configurado un terreno fértil para este fenómeno: menos políticas redistributivas, más desigualdad, concentración del poder económico, debilitamiento institucional, encarecimiento de la vida, criminalidad creciente y precarización del empleo. Todo ello alimenta la ansiedad y el sentimiento de un país que pierde rumbo.

La teoría social muestra que estas emociones colectivas pueden ser fácilmente capturadas por narrativas políticas que ofrecen explicaciones simples a problemas complejos. Quienes las difunden identifican enemigos, señalan culpables y prometen orden y protección. No crean el miedo: lo organizan y manipulan, transformando malestares reales en herramientas de control político.

El mercado emocional y la economía del miedo

Illouz también explica que, en las sociedades neoliberales, las emociones se han vuelto tecnologías de gestión y en bienes de consumo. Las plataformas digitales intensifican esta dinámica al privilegiar contenidos que generan emociones intensas: miedo, indignación, resentimiento. El miedo produce atención; la atención genera tráfico; el tráfico, valor económico y político. Las campañas que recurren a mensajes disruptivos o alarmistas obtienen mayor visibilidad que las que apelan a la reflexión. Es más fácil manipular que educar.

Así, la manipulación del miedo no es un fenómeno aislado, sino parte de una estructura emocional que favorece la ansiedad y dificulta tomar decisiones responsables. El espacio público se satura de afectos primarios, los hechos se subordinan a percepciones de amenaza y la política se reduce a una disputa por el control emocional de la ciudadanía.

El miedo adquiere fuerza política cuando es alimentado por fracturas y abismos sociales profundos, por una crisis institucional y la pérdida de horizontes. Costa Rica enfrenta actualmente la erosión de un pacto social que garantizaba la movilidad ascendente, servicios públicos sólidos y una cultura institucional robusta.

1. Deterioro de la vida cotidiana: El costo de vida asfixiante, el endeudamiento masivo, la informalidad laboral y la pérdida de ingresos han golpeado fuertemente a amplios sectores. La inseguridad económica convierte a la población -en general- en presa fácil de discursos que prometen protección y control. Aún así, la manufactura del miedo ha logrado que la gente esté más angustiada por el aumento de la criminalidad que por las congojas económicas. Se le teme más a otro pobre que al rico que explota.

2. Fragmentación de las clases medias: Las clases medias ya no constituyen un bloque cohesionado. Se diluyen entre grupos que prosperan en la economía digital y globalizada, otros que permanecen estancados y otros que descienden hacia la vulnerabilidad. La competencia interna y la falta de horizontes compartidos generan tensiones identitarias y un malestar que se traduce fácilmente en miedo y resentimiento, tanto mutuos como hacia otros.

3. Abismos crecientes y concentración de la riqueza: Las brechas entre las clases medias, los trabajadores empobrecidos y los grupos más vulnerables se profundizan cada vez más.
Mientras estos últimos viven exclusión y pérdida de derechos, las élites concentran una proporción creciente de la riqueza gracias a sistemas fiscales regresivos. Así se difunde una percepción social desigual: para unos pocos el futuro se expande, pero para la mayoría se estrecha y oscurece. Este escenario vuelve a la población más susceptible a discursos que explotan el miedo y la incertidumbre. Quienes quedan fuera de los beneficios del modelo —los “arruinados”— se sienten especialmente expuestos. En este clima, la persona indigente, el habitante de calle o el extranjero pobre son fácilmente estigmatizados. Con frecuencia, incluso se les asimila injustamente a la figura del delincuente.

4. Estancamiento y pérdida de legitimidad institucional: La conflictividad entre poderes, los escándalos de corrupción, la lentitud burocrática y la desconexión entre autoridades y ciudadanía erosionan la confianza pública. Cuando las instituciones parecen fallar, el miedo encuentra terreno fértil. En ese vacío, surgen discursos salvacionistas y autoritarios que prometen soluciones rápidas, casi siempre punitivas y basadas en la fuerza. El mercado de las emociones ofrece un menú de salvadores mesiánicos.

La manufactura política del miedo

Cuando las condiciones sociales, el mercado emocional y la crisis institucional se mezclan, se crea el escenario para la manufactura política del miedo. Sus predicadores exacerban amenazas difusas —desconfianza institucional, crimen, migración, corrupción— y proponen identidades maniqueas: “honestos vs. corruptos”, “costarricenses de a pie vs. privilegiados”. El miedo social permite movilizar los odios hacia enemigos internos también fabricados. Estas narrativas simplifican la complejidad, prometen orden y desplazan la deliberación democrática hacia la reacción visceral: prometen la revancha.

El miedo reorganiza entonces el campo político, justifica la erosión de contrapesos institucionales y normaliza el conflicto como modo de gobernanza. En el contexto costarricense, estas dinámicas han sido instrumentalizadas para consolidar proyectos políticos basados en resentimientos, polarización y el adoctrinamiento emocional.

¿Hay salidas? Reconstruir confianza y acción colectiva

Si el miedo tiene raíces sociales reales, desmontar narrativas no basta. Es imprescindible transformar las condiciones que producen la inseguridad y la ansiedad. Para ello, se requieren reconstruir el país, en este caso con instituciones confiables, transparentes y eficientes; con organización comunitaria, vínculos de solidaridad, cultura asociativa y espacios de encuentro entre habitantes responsables. Son necesarias también nuevas y robustas políticas redistributivas para reducir la desigualdad y la precariedad mediante, entre otros, empleos dignos y servicios públicos fortalecidos.

También pueden resultar indispensables cambios educativos y culturales que contemplen como gestionar el mercado emocional digital, promover la alfabetización mediática y poner límites a la difusión de contenidos que alimentan el miedo. Como parte de ello, se requiere la elaboración de narrativas alternativas basadas en la cooperación, la corresponsabilidad y la imaginación democrática.

En conclusión, el miedo circula, se organiza y se manipula porque encuentra un terreno social fértil. Comprenderlo exige mirar más allá de los discursos siniestros y examinar las estructuras que lo producen. En Costa Rica, la convergencia entre deterioro social, abismos económicos, fragmentación de las clases medias y crisis institucional ha generado un clima emocional propicio para la manipulación política. Sin embargo, esta dinámica no es irreversible. Restaurar la confianza, reconstruir la solidaridad y recuperar la deliberación democrática son tareas urgentes para impedir que el miedo siga empujando al país hacia el abismo.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Salgamos del lodazal…

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Jorge Mora Alfaro
Sociólogo

Nuestra longeva democracia nos coloca, una vez más, frente a un nuevo proceso electoral. Cada elección tiene sus particularidades. Por lo general, alejadas del ideal compartido de una escogencia de autoridades políticas sustentada en el debate de proyectos, visiones y propuestas. En este caso, sin sorpresa, pero abrumados, hasta cierto punto dolidos y desencantados, vemos descender la vida política del país, como nunca antes, hasta el lodazal del insulto, la ofensa, la mentira, el bulo y el uso inescrupuloso de los avances tecnológicos de la digitalización y la comunicación. Algunos de estos recursos han tenido presencia desde hace largo tiempo en nuestras dinámicas eleccionarias. Sin embargo, también, tenía un espacio significativo la discusión de ideas, proyectos y propuestas. Todos los grandes avances económicos, sociales, institucionales, culturales y ambientales, de los cuales nos sentimos aún orgullosos, se dieron en medio de discusiones políticas, estiras y encojes, movilizaciones y acuerdos, hasta lograr la construcción, paso a paso, de una sociedad en la cual la movilidad y el bienestar sociales tuvieron su espacio, generando cohesión e integración social y la estabilidad requerida para impulsar el crecimiento y la diversificación productiva y el desarrollo comunitario, con equidad. Cada período vivido por el país requirió de cambios políticos e institucionales, de la institucionalización del conflicto social, sin recurrir a la descalificación o la eliminación del adversario. No fue un mundo idílico, pero no dio cabida, como en nuestro entorno regional, a la instauración de gobiernos totalitarios e institutos armados, represivos, sostenedores de regímenes oligárquicos y excluyentes de grandes grupos de la población, sumidos en la miseria. Regímenes generadores de profundas desigualdades sociales, pronunciadas inestabilidades y de una injustificada exclusión social.

En las últimas décadas, el sendero seguido por nuestro desenvolvimiento económico y político se movió en otra dirección. Se incrementan las desigualdades sociales, se obstaculiza la movilidad social, las nuevas generaciones encuentran peores condiciones de vida a la de sus ancestros, los estratos medios, integrados, entre otros, por agricultores familiares, pequeños comerciantes, industriales, artesanos, educadores, trabajadores autónomos, profesionales liberales o intelectuales, ven deteriorarse su calidad de vida y la de los servicios sanitarios, educativos, de seguridad y protección social. La percepción de un sistema social olvidado de sus demandas y necesidades, de unas agrupaciones políticas y una institucionalidad alejadas de sus requerimientos básicos y de sus aspiraciones de bienestar, crean desconfianza y rechazo hacia aquellas entidades cuya respuestas se centran en los grupos con mayores influencias y con mayor capacidad para lograr la atención de sus demandas, aún a costa de la exclusión y el descontento provocado en grandes grupos de la población. Los hijos predilectos del régimen se hicieron del poder, olvidando las consecuencias de una sociedad dividida y crecientemente pauperizada y marginada.

Hoy, asistimos a la presencia de algunos movimientos políticos, cuya forma preferente de hacer política, es la confrontación y el uso de los procedimientos y mecanismos de comunicación y propaganda, diseñados para empañar instituciones esenciales de nuestro sistema democrático, atraer a una parte significativa de la ciudadanía, depositaria del descontento y la frustración acumulada. Ahora conocemos adonde quieren conducir la disputa electoral, cuál es el medio en el cual se sienten cómodos y cuáles son los elementos del discurso esbozados para atraer a los votantes hacia unas posiciones vacías de contenido. El fango político resulta ser el sitio hasta el cual buscan conducir la contienda electoral, lugar en donde pretenden obtener mayores beneficios.

El principal desafío para los demócratas en estas elecciones es eludir ese terreno de disputa. El reto es centrar la discusión en las cualidades de los aspirantes presidenciales y legislativos, en los programas elaborados, colocando en el centro las demandas viables, las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía, las propuestas concretas para reenrumbar el país sin excluir a nadie, sin dejar a nadie atrás. Dejar solos a quienes pretenden desarrollar la campaña en el lodazal, podría permitir su propio hundimiento en él. Poner la mirada en la reconstrucción del país, en el rescate del camino democrático, incluyente, diverso, con apertura a la expresión de diferentes pensamientos, propuestas y proyectos políticos, creando un ambiente optimista, en el cual la empatía sustituya la confrontación, la solidaridad a la ofensa y el miedo. No olvidar la tradición de los procesos eleccionarios ticos, ejemplo en el ámbito internacional, en donde el impedimento de la reelección presidencial continua coloca en un segundo plano al jerarca del Poder Ejecutivo, centrando la contienda en el análisis de los perfiles y capacidades de los aspirantes a ocupar la presidencia de la república, en el contraste de sus propuestas y en sus respuestas a las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Colocar el foco donde corresponde, es un gran desafío de ciudadanos, ciudadanas, movimientos y organizaciones sociales y de las agrupaciones políticas participantes en la contienda electoral.

San Antonio de Barranca, Naranjo, 29 octubre de 2025.

Óscar Aguilar Bulgarelli analiza coyuntura nacional y desafíos históricos de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Coyuntura.

En una reciente exposición en video, el historiador y analista doctor Óscar Aguilar Bulgarelli compartió sus reflexiones sobre la situación actual del país, haciendo un recorrido histórico y señalando los principales desafíos que enfrenta la sociedad costarricense.

Aguilar inició destacando la importancia de la memoria histórica para comprender los procesos sociales y políticos que han marcado a Costa Rica en las últimas décadas. Subrayó que la democracia costarricense, si bien ha sido reconocida como estable, atraviesa un periodo de desgaste y descontento ciudadano.

En su análisis, se refirió a la crisis de confianza hacia los partidos políticos, la pérdida de credibilidad de las instituciones y la creciente brecha social y económica. Aseguró que estos elementos constituyen factores de riesgo para la cohesión social y para la vigencia del modelo democrático costarricense.

El historiador recordó que Costa Rica ha enfrentado en el pasado situaciones críticas —como los conflictos sociales de los años 80 y la polarización frente a proyectos económicos como el TLC— y que de esas experiencias se deben extraer lecciones para el presente. Hizo un llamado a no repetir errores, especialmente aquellos que profundizan la desigualdad o debilitan la institucionalidad.

Otro de los ejes de su exposición fue el impacto del modelo económico. Aguilar cuestionó la excesiva dependencia del país hacia las exportaciones de zona franca y la concentración de la riqueza en pocos sectores. Planteó la necesidad de rescatar y fortalecer la producción nacional, en especial la agrícola, como base de la seguridad alimentaria y del bienestar social.

Finalmente, Aguilar advirtió sobre los riesgos de la polarización y el populismo, instando a la ciudadanía a ejercer un voto informado y crítico en los procesos electorales. Subrayó que el futuro democrático depende de la capacidad de construir consensos y de orientar la política hacia el bien común.

Le invitamos a ver el video.

Nuevo coloniaje avanza en América (Parte II – Los reyes sin corona)

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Rafael A. Ugalde Q.

Nuestros reyes sin corona.

“Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica”, Salvador Allende, presidente chileno electo democráticamente y depuesto violentamente por los mismos de siempre, Universidad de Guadalajara, México, diciembre de 1972.

Vimos en la entrega anterior cómo se enriquecieron las élites europeas con el sufrimiento de nuestros pueblos, aunque ese capital “chorreara sangre”. Es, para resumirlo, una estrategia (no accidente) hasta nuestros días que, “industrializa”, por un lado, el miedo entre los trabajadores y sus familias, por el otro, se “recicla” y afina sus formas como sistema, para succionar sangre y acumular ganancias al costo que sea.

Sería iluso entonces pensar que si, este modelo introducido en el llamado “Nuevo Mundo” arrancó de golpe la propiedad comunal a punta de fuego, saqueo y el despojo, haciendo más poderosos a los reyes con corona europeos y sus familias de banqueros, tuviera que variar su esencia en Latinoamérica y dicho continente quedase al margen de auténticos reyes sin Coronas económica y políticamente.

¿Quiénes son estos clanes en México, en Argentina, Guatemala o Costa Rica con tanto poder de decisión, gracias a sus fortunas acumuladas? ¿Cuáles eran estas familias y a qué se dedicaban en Cuba antes de 1959?

Un conocido líder mundial era consecuente con la cita de Allende, diciendo que “la verdad es revolucionaria” por antonomasia; pues bien, tendré que confesarte que la lista de los “Reyes sin corona” comenzó a confeccionarse el 24 de diciembre del año pasado, a partir que un descendiente de unas de esas acomodadas familias cubanas lloraba esa noche ante las cámaras televisivas por estar lejos de la isla, “donde mi abuelo dejó una fortuna”; ello mientras unos amigos disfrutaban la tradicional ”pierna de cerdo” y me preguntaba en silencio cómo nació esa riqueza.

Esta lista no puede ser definitiva por variables que ocasionan cambios en las fortunas como el comportamiento de las bolsas de valores donde tienen sus inversiones, el tipo de inversiones preferidas y que entre los mismos ricos se devoran en cuanto se “duerme” cualquier colega, por amigo que sea.

Figuréense ustedes que cuando, a partir de 1804, el movimiento revolucionario en Haití sirve de inspiración para la independencia muchas colonias en América Latina y el Caribe, semejante insulto a Francia costó a varias generaciones de haitianos una billonaria indemnización que terminó de pagar hasta en 1953.

Así, los futuros Estados -nación, van perfilando su nuevo derecho penal rudimentario y el respeto a la “libertad”, entendida ésta a disponer o concentrar al máximo la propiedad privada, hasta llegar a las complejas, pero a la vez sencillas, sociedades actuales. Nuevas sociedades, sin discusión alguna, ideadas desde el principio para el lucro, el egoísmo, el individualismo y la alienación, como forma de vida civilizatoria, con las excepciones a la regla.(Engels, Federico: Véase “La familia, la propiedad privada y el Estado”; consúltese además Marx, Karl “La sociedad antigua”).

Revisemos, pues quienes eran estos “reyes sin Corona” en la Cuba antes de 1959. Hay pruebas que había unos 550 grandes propietarios y 9 familias empleando testaferros como partidos políticos, jueces, legisladores y aspirantes a puestos de relevancia para que cuidaran sus vastos intereses.

Un reportaje del periodista cubano, Guillermo Jiménez Soler, titulado “Los propietarios de Cuba 1958”, incluye a figuras como el dictador Fulgencio Ulgencio Batista Zaldivar, dueño de 9 centrales azucareras, 2 refinadoras. dos destilería, un banco, tres aerolíneas, una papelera, una productora de gas, dos moteles, varias emisoras de radio, una televisora, periódicos, revistas, una fábrica de materiales de construcción, una naviera, un centro turístico, varios inmuebles urbanos y rurales.

Su esposa se suma a él controlando 80 % de las acciones del Banco Hispano Cubano. En el área de los inmuebles poseían múltiples firmas inmobiliarias y de inversiones como la Compañía de Fomento Almendares S.A., la Inmobiliaria Miramar, la sociedad Marimelena Realty Company y la Compañía de Fomento del Túnel de La Habana S.A. (con un capital que ascendía a los 10 millones).

Otras de las familias determinantes eran la de Julio Lobo Olavarría, con activos arriba de los $100 millones de esa época, se suma el núcleo familiar de José María Bosh Lamarque, propietario del grupo Bacardí, de garroteras, de burdeles, empresas constructoras etc., Otro clan a considerar es el de José M. Arechabala Arechabala , a quien se recuerda como el dueño de la fábrica de ron Habana Club, confiterías y astilleros, entre otros; no menos poderosos de aquella época siguen José Gómez Mena Álvarez, Luis Mendoza Freyre de Andrade. Carlos Núñez Pérez, Francisco Núñez Pérez y Francisco Blanco Calás, con amplios intereses en la agricultura, el comercio, los bancos, los partidos políticos, los burdeles, etc.

Los siguientes datos provienen de las llamadas fuentes gubernamentales, extraoficiales, revistas especializadas como “Forbes”, plataforma como la Wikipedia, periódicos de conocida trayectoria como “Cuba Debate”, el “Semanario Universidad”, “El Tiempo” de Colombia y “La Nación” de Argentina, entre otros, cuyo único fin es localizar algunos de estos reyes modernos y contrastarlos con quienes venden su trabajo, como lo hicimos con las 12 monarquías europeas y sus súbditos. https://surcosdigital.com/nuevo-coloniaje-avanza-en-america-parte-i-los-reyes-con-coronas/

Esta foto recoge un día cualquiera en La Habana, antes de 1959.

En cuanto a la Argentina, “Forbes”, nos da cuenta de que hay 50 familias y personalidades con casi US$ 78.000 millones, equivalente a 12,1% del PBI del país, en 2023.

Según la publicación citada ello significó un 68% más en relación con 2020 – un año después de la pandemia de Covid 19-, cuando controlaban US$ 46.440 millones.

En contrate, el noticiero France 24 horas, informó que en Argentina hubo 1.7 millones de desocupados, en 2024.

Añadió que la pobreza afectó el 38,1% de su población, el 8.2% – 17.9 millones de argentinos- está en indigencia y condenados a vivir con menos de UD$ 25 mensuales.

Ello a pesar de que el presidente Javier Milei, prometió que, privatizando servicios públicos, los recursos naturales y unos pocos bienes de producción bajo control del Estado, Argentina acabaría con el desempleo y la desigualdad social.

En México, en el otro extremo de nuestro continente, ocho familias mexicanas aparecen como las más determinantes en casi todo el quehacer de esa nación norteamericana, atrincheradas en dos nefastas organizaciones políticas desde hace más de siete décadas, los Partidos Revolucionario Institucional y el Nacional (PRIAN), los bancos, petróleo, redes telefónicas, comercio, medios de comunicación, alimentos, evasión de impuestos, hotelería, tecnología de punta, puertos, ferrocarriles y un gran etcétera.

Hay consenso en las distintas fuentes consultadas que abajo de esos ocho clanes existen otros millonarios con tentáculos a lo largo y ancho de México. A menudo citan a Carlos Slim Helú con activos por más US $102 mil millones, en 2024.

Los datos de 2025 sitúan además a Germán Larrea Mota Velasco con una fortuna de US $ 27.1 mil millones, Alejandro Baillères Gual: con US $8.5 mil millones, María Asunción Aramburuzabala con US $ 6 mil millones, Ricardo Salinas Pliego: con US $ 4.6 mil millones, Carlos Hank Rhon: con US $3.9 mil millones, Fernando Chico Pardo: con US $ 2.8 mil millones, Rufino Vigil González: con US $2.6 mil millones. Antonio Del Valle Ruiz: con US $2.1 mil millones y Enrique Coppel Luken que cuida sus US $2 mil millones.

En contraste, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en mayo de este año México registró 1.7 millones de personas desocupadas. Cerca de 46.8 millones de personas viven bajo la línea de pobreza, 9.1 millones están en pobreza extrema, es decir unos US$2.50 dólares diarios, pesar de las fuertes inversiones en los jóvenes, jubilados, hospitales, fabricación de medicamentos por el Estado realizados en menos de 100 meses del gobierno de la 4T.

Se robaron todo lo que pudieron y nos dejaron amarrados con compromisos bancarios más allá de 2050, dijo Andrés Manuel López Obrador antes de dejar su presidencia.

En cuanto a Centroamérica y República Dominicana, víctimas de la patraña del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC – negociado entre 2003 y 2004-, ni dando sus telecomunicaciones, puertos, ferrocarriles o arruinando la educación pública para sus jóvenes, el agro, los salarios etc., evitó los enormes contrastes socioeconómicos.

En El Salvador, la familia encabezada por Ricardo Poma diversificó las actividades a más no haber, mediante ingeniosos grupos societarios relacionados con bancos, distribución automotriz y cadenas de hoteles, entre otros negocios. Esta estirpe cuenta con activos por el orden de los US $1,400 millones, según Forbes.

El Diario As.com de El Salvador, por su parte, sumó a estas selectas familias, la del inversionista, Roberto Kriete, cuyo Grupo Kriete, Avianca Holdings, Volaris y Aeroman, tuvo en 2020 ingresos totales por US$1.387millones. https://as.com/us/us/2021/10/09/actualidad/1633810224_864788.html).

Asimismo, en este pequeño país, figura la familia de Roberto Murray, que controla el Grupo Agrisal (Agrisal Inmobiliario, Agrisal Hoteles y Agrisal Automotores). Sus ingresos netos son desconocidos exactamente, pero se estima están entre los tres principales millonarios salvadoreños.

Se suman a estos grupos de terratenientes, banqueros o empresariales, la familia Dueñas, Regalado, Sol, Quiroz, Dougherty, Guirola, Salaverría, Samayoa, Álvarez, Bustamante, Hill, Meza Ayau, Poma y Díaz Bazán.

En Guatemala, cuyo país registra la mayor concentración de riqueza en el área, hay seis familias, entre ellas, el clan de Carlos Enrique Mata y Luis Miguel Castillo, quienes controlan la poderosa Central America Bottling Corporation (CBC). Sus ingresos se estimaron en US$ 1.704 millones, en 2019, según Fitch Ratings, una reconocida agencia internacional sobre créditos.

A las anteriores, se suman los Herrera, Gutiérrez Bosch, Paiz y Novella, todos apellidos poderosos en la economía, la política, la industria y los negocios en Guatemala.

El presidente socialdemócrata de Guatemala, Bernardo Arévalo, compagina con los jefes de las cinco familias millonarias, o se va. Foto tomada del periódico Las Dos Orillas.

El país de la “primavera permanente” – Guatemala- tampoco escapa de la “maldición” que nos viene desde la Colonia, agravada estos años con el proceso de subcolonización: el desempleo abierto. El gobierno chapino hace ingentes esfuerzos para convencernos solo hay un 1.7 % en los últimos dos años.

Pero una encuesta oficial realizada en 2023 y consultada para este trabajo en Surcos nos consigna que el 56.0% de la población se encuentra en situación de pobreza. De ese porcentaje un 16.2%, está en pobreza extrema, según la Revista Análisis de la Realidad Nacional.

En cuanto al salario mínimo promedio centroamericano éste en el primer semestre de 2025 estuvo entre US$ 161.78 y US$ 1.558,98, incluyendo algunos ajustes decretados en unos pocos países y siempre por abajo del costo real de la vida.

En cuanto a “Reyes sin Corona”, Panamá como el resto de la región, tiene su propia “monarquía” encabezada por Alfredo Alemán, con US$ 1.900 millones y Moisés Cohen, con US$ 169 mil millones, al cierre del año 2019.

Según la revista Forbes además la familia de Stanley Motta es una de las élites millonarias mejor posesionada en Panamá y Centroamérica, pues tiene intereses en la aviación (Copa Airlines), banca, propiedades, seguros y comercio libre, agricultura extensiva, educación etc.

Motta aparece relacionado con una de las plantaciones de piña más grande de Costa Rica, así como con obras filantrópicas, a través de organizaciones como The Nature Conservancy y su antigua universidad de Tulane.

Por su parte, Panamá, el pleno empleo o el combate contra la pobreza, – citando un contraste más -sigue siendo una promesa incumplida.

Por datos oficiales y extraoficiales sabemos que en 2024 la desocupación fue de 9.5%. El desempleo abierto estuvo en 7.8%, mientras la informalidad laboral fue de un 49.3%, hasta agosto de 2024. En tano, un 21.7% de gente vive en pobreza, según cifras de 2023.

Centro financiero en ciudad de Panamá.

En República Dominicana tenemos la estirpe encabezada por Frank Rainieri Marranzini, con US$ 1.200 millones. Otros personajes para tomar en cuenta, son Felipe Vicini Lluberes y Familia, con US$ 916 millones, Miguel Barletta, con US$ 740 millones y Manuel Estrella, con US$ 608,8 millones.

Por detrás de los anteriores se abren campo 15 clanes familiares más. Monopolizan desde la innovación, la ciencia y la tecnología, hasta venta de servicios al Estado y actividades turísticas, pasando por la recreación, la cultura e infraestructura vial, juegos, minas, metales para la industria, entre otros.

Sin embargo, por datos oficialistas deslizados en periódicos dominicanos, sabemos que las tasas de participación laboral son, según estas versiones, de un 66.0%, el primer trimestre de 2025. La de desempleo se situó en 4.8%, al cierre de 2024.

Los datos, anteriormente citados, vienen del Banco Central de la isla. Estas estadísticas nos señalan que el desempleo abierto – mide a quienes buscan trabajo – fue solo de 4.9% este año, con un leve descenso, respecto el año aña pasado. Suena maravilloso. Gracias TLC.

Empero, sí acudimos al más reciente boletín del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dominicano, descubrimos que en los primeros tres meses de 2025 hubo un 18.05% de personas en pobreza. Se cuidan de revelarnos el porcentaje de gente en miseria extrema.

Pero, según datos de organismos internacionales, la niñez y la juventud dominicana son víctimas de la deserción escolar, a pesar de ingentes esfuerzos gubernamentales por dotar de infraestructura a la educación pública.

En el año escolar 2016 se encontraban fuera de la escuela: 25,058 niños y niñas de 5 años; 60,745 de 6 a 11 años; 129,628 de adolescentes 12 a 17 años. La situación de niños fuera de la escuela aumentó en las edades entre 6 y 14 años del 2015 al 2016.

La exclusión escolar se refleja con mayor severidad en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. El informe Niños Fuera de la Escuela 2017 destacó que el 62% de los niños y niñas de 3 a 5 años no asiste a la escuela; asimismo el 21% de los niños y niñas con discapacidad de 6 a 11 años, destacando que casi la mitad no sabe leer ni escribir e igualmente el 35% de los adolescentes entre 12 a 17 años. (UNICEF https://www.unicef.org/dominicanrepublic/educaci%C3%B3n#:~:text=El%20bajo%20aprendizaje%20en%20los,aprender%20y%20concluir%20la%20esc)

En cuanto a Costa Rica, diversas fuentes consultadas para el presente esbozo periodístico, sitúan a la familia Pellas, de origen nicaragüense, entre las más poderosas e influyente en Costa Rica, con ingresos netos por US$ 1.500 millones.

Por notas periodísticas coleccionadas para este trabajo sabemos que solo en La Cruz, Guanacaste, tiene inversiones por el orden de los US$51 millones en un proyecto residencial llamado Naturandi.

Otro clan importante que no pasa inadvertido en nuestro país es el de la familia Mendiola, asociada con Florida Ice & Farm Co (FIFCO).

La Florida Ice & Farm Co. (FIFCO) es la principal empresa de bebidas embotelladas en Costa Rica. Su director general, Ramón Mendiola Sánchez, es dueño de la cervecera estadounidense North American Breweries Holdings (NAB), adquirida por US$ 388 millones. (Fuente: Forbes Staff ,diciembre 27, 2014).

A estos grupos poderosos pertenece el linaje de Rodolfo Jiménez Borbón y el conglomerado empresarial “La Nación”; el primero con un patrimonio anual calculado en USS $1.549 millones y, el segundo, con activos por el orden de los US $ 77.500 millones

Se une a esta selecta elite la familia vinculada con la empresa MECO, cuya cara visible es Carlos Cerdas Araya. Sitúan su fortuna en US$ 689,6 millones anuales.

Otra familia de millonarios es la dirigida por Francis Durman Esquivel. Él controla las organizaciones “Aliaxis Latinoamérica” y “Montecristo”. Vinculan estas corporaciones con sectores como la construcción, el financiero, la tecnología, la salud y la logística.

Además, Aliaxis ha tenido ingresos por 2.377 millones de euros, de los cuales alrededor de 15% provienen de sus operaciones en América Latina.

Asimismo, figura otro conocido millonario nacional, Steve Aronson, gracias a sus grupo Britt y Morpho Travel Retail . El patrimonio de ambos grupos pasa de los US $ 150 millones.

Otras de las familias afortunadas son la de Luis Javier Castro, con grandes inversiones en el grupo denominado “De Mesoamérica”. Se suman las familias Arias Sánchez, con negocios ligados a plantaciones azucareras y tierras en Guanacaste, la Álvarez Desanti – Marín Raventós, alquiler de edificios a distintos gobiernos con ingresos anuales por unos US$ 30 millones. Está vinculada también a la actividad bananera.

Asimismo, figura la familia de Leonel Baruch con inversiones en el ámbito bancario y las comunicaciones; Picado Corza, con vínculos en la industria de las comunicaciones, y Franklin Chang, empresario con inversiones en las ciencias espaciales y la innovación tecnológica.

En Costa Rica, por citar un contraste más, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el desempleo se mantuvo estable al cerrarse 2024, con un 7,3%, mientras el Ministerio de Trabajo consignó un 18% en pobreza y un 4.8% en pobreza extrema.

Según el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) en 12 años el Ministerio de Educación Pública (MEP) cerró 108 centros educativos, por no reunir condiciones mínimas.

Por otra parte, un estudio reciente del especialista, Luis Diego Conejo Bolaños, del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina), da cuenta de un aumento sostenido en los homicidios dolosos en el país, pues en 2023 hubo 906 muertes de este tipo, respecto a 807 reportados en 2022. (UNA Comunica: https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/mayo-2025/6041-estudio-del-ineina-revela-aumento-de-homicidios-juveniles-en-costa … )

¡Viva siempre el trabajo y la paz!

El espejismo de la pertenencia: el populismo conquista cerebros y devora democracias

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

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José Solano-Saborío

En un mundo hiperconectado pero emocionalmente fracturado, una paradoja define nuestra era: nunca hubo tanta información al alcance, y nunca fueron tan vulnerables las sociedades al engaño. Personas de todas las clases sociales —especialmente aquellas de estratos medios y bajos golpeados por la desigualdad— caen en la seductora telaraña de teorías conspirativas, discursos de odio y líderes populistas que les hablan «como uno más de nosotros«, prometiendo soluciones simples a problemas complejos: “acabamos con la corrupción dominante y todo Se resuelve solo”. Este fenómeno, global en su alcance pero local en sus manifestaciones, no es un error cognitivo inocente. Es el síntoma de una crisis democrática que aprovecha el miedo y la desesperanza para vaciar de sentido la política.

El mecanismo del engaño: identidad sobre razón

El éxito de los demagogos no reside en la veracidad de sus afirmaciones, sino en su capacidad para apelar a la identidad tribal. Estudios en psicología social —como los de Daniel Kahneman y Jonathan Haidt— revelan que bajo estrés económico o incertidumbre, los seres humanos priorizan la pertenencia grupal sobre el análisis crítico. Un político que grita «¡Ellos te roban!» o «¡Yo soy como vos, soy uno de ustedes que está igual de harto!» activa un atajo emocional: ofrece certidumbre identitaria en medio del caos. Así, el votante promedio perdona —o incluso celebra— las contradicciones flagrantes. En Europa, partidos como el Rassemblement National francés o Alternativa para Alemania han convertido a migrantes y élites en chivos expiatorios, mientras promueven agendas económicas neoliberales que profundizan la precariedad de sus propias bases. El Brexit fue el paradigma: comunidades empobrecidas del norte de Inglaterra votaron por una fantasía de soberanía, ignorando que sus empleos dependían del mercado único europeo.

América Latina: el caldo de cultivo de la ira útil

En nuestra región, este modelo encuentra terreno fértil. La historia de desigualdades estructurales, combinada con la desilusión tras ciclos de gobiernos tradicionales fallidos que solo hicieron lo que el FMI y otras instituciones financieras les indicaron como un manual, alimenta la demanda de «outsiders» que hablen sin filtros. Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador ejemplifican la fórmula: retórica violenta («balas contra el crimen«), demonización de minorías (LGTBIQ+, indígenas) y ataques a la prensa («fake news» o “prensa canalla”), todo envuelto en un discurso de «hombre del pueblo«. La paradoja es cruel: sus políticas —recortes al gasto social, flexibilización laboral, privatizaciones— perjudican precisamente a quienes los aplauden emocionados. En Argentina, sectores populares apoyan figuras como Javier Milei, cuyo ultraliberalismo promete «quemar el banco central» mientras desarma redes de protección social. La pregunta obvia —¿por qué un desempleado celebra la reducción de pensiones? — tiene respuesta en la neuropolítica: el cerebro procesa el resentimiento antes que el interés económico.

Costa Rica: el sueño de la excepcionalidad agrietado

Costa Rica no es inmune. Aquí, el mito de la «Suiza centroamericana» choca con una realidad de pobreza creciente (el 25% en 2025) y desconfianza institucional. Políticos oportunistas han aprendido a empaquetar el odio con acento tico:

  • Contra el empleo público: Se sataniza a funcionarios como «privilegiados«, ocultando que muchos son enfermeras, maestros o técnicos municipales de salarios modestos. Mientras, se aplauden recortes al IMAS o al INA, pilares de movilidad social.

  • Contra migrantes: Se difunden bulos en WhatsApp sobre «invasores» nicaragüenses que «colapsan servicios», ignorando que su trabajo sostiene agricultura y construcción.

  • Populismo digital: Figuras como el presidente Rodrigo Chaves dominan el algoritmo con frases simples («¡Hay que poner orden!») y ataques a medios, mientras su gobierno recorta presupuestos para vivienda o ambiente. El resultado es un electorado que vota contra sus intereses: clases medias empobrecidas exigen menos impuestos a grandes capitales, y trabajadores informales apoyan reformas que debilitan sindicatos.

La Trampa Final: El Circulo Vicioso del Odio

Este fenómeno se retroalimenta. Las redes sociales —diseñadas para maximizar engagement mediante la indignación— amplifican mentiras que confirman sesgos. El ciudadano, atrincherado en su burbuja, desconfía de expertos («¡Son parte del sistema!») y normaliza la violencia retórica. En Costa Rica, esto se traduce en amenazas a periodistas como Ernesto Rivera, despedido del Sinart por investigar corrupción, o en marchas donde se pide «mano dura» mientras se defienden8 recortes policiales. La democracia se reduce a un espectáculo de gritos, donde el proyecto colectivo muere por mil heridas de egos individualistas.

Reflexión final: Las sociedades que intercambian hechos por consuelos identitarios no están ejerciendo «libertad«. Están cavando su propia fosa. Cuando el odio al diferente, el desprecio al conocimiento y la fe en salvadores autoritarios reemplazan el debate informado, el patrón es claro: no es una teoría conspirativa que élites manipulen a las masas. Son las masas, engañadas por su propia necesidad de pertenencia, las que eligen a sus verdugos. Y en ese camino, como bien advirtió Bertolt Brecht, llega un punto donde la estupidez se vuelve crimen contra uno mismo.

Un pueblo que cree en espejismos vota por espejismos. Y al despertar, solo encuentra el desierto que ayudó a crear.

#DemocraciaEnRiesgo #PopulismoTóxico #CostaRicaDespierta