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Etiqueta: desigualdad social

Gobernanza y ciudadanía: el poder de la palabra y la acción

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Este será el primer artículo de una serie, cuyos escritos se sucederán un par de semanas más. (Espero no aburrir a los queridos lectores y lectoras).

Capítulo I. Un marco conceptual para pensar la democracia desde la ciudadanía

¿Quién gobierna cuando gobierna la democracia?

La democracia suele ser entendida, ante todo, como el sistema político mediante el cual la ciudadanía elige periódicamente a quienes habrán de gobernarla. Esta definición contiene una verdad fundamental, pero resulta insuficiente para comprender la complejidad de las democracias contemporáneas.

Elegir es indispensable. Pero elegir no agota la ciudadanía.

Una democracia puede cumplir razonablemente con sus procedimientos electorales y, al mismo tiempo, experimentar profundas desigualdades en la distribución del poder, de la información, de las oportunidades y de la capacidad efectiva de influir sobre las decisiones públicas.

De ahí surge una pregunta que debería acompañar toda reflexión seria sobre la democracia:

¿Qué ocurre con la ciudadanía después de depositar su voto? ¿Se convierte en espectadora de las decisiones de quienes fueron elegidos? ¿Se limita a esperar la próxima elección? ¿O puede continuar participando, organizándose, deliberando, controlando, proponiendo y evaluando aquello que los gobernantes hacen en su nombre?

La pregunta conduce directamente al concepto de gobernanza. Pero también obliga a formular una pregunta todavía más profunda:

¿En qué condiciones puede la ciudadanía participar realmente en la construcción de la cosa pública?

No basta con abrir espacios para que la gente hable. Tampoco basta con convocar reuniones, consultas, foros o asambleas. La cuestión decisiva es saber quién organiza esos espacios, con qué información, mediante qué procedimientos, con qué posibilidades reales de incidencia cuenta la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía “de a pie”, los más desfavorecidos de las políticas públicas, y cuáles son las consecuencias que se derivan de las decisiones públicas.

La participación, por tanto, no puede ser considerada como un acto aislado. Es un proceso. Y ese proceso debe comenzar mucho antes de la deliberación.

Gobernabilidad y gobernanza: una diferencia necesaria

Joan Prats i Catalá, catalán, oriundo de Benicolet, Vall d´Albaida, fue académico de la Universidad de Barcelona y de la Sorbona de París, politólogo y también político, miembro del Partido Socialista de Catalunya y también senador por la Comunidad Autónoma entre 1980-1983. Prats resulta particularmente útil para iniciar esta reflexión. Su concepción de la gobernabilidad se aparta de aquella visión que la reduce a la estabilidad política o a la capacidad de un Gobierno para imponer decisiones. Para Prats, la gobernabilidad es, fundamentalmente, la capacidad de la sociedad para enfrentar positivamente los desafíos y oportunidades de su tiempo. Sostiene enfáticamente que tales desafíos y oportunidades, no dependen únicamente de los gobernantes: también apunta que, todo ello está relacionado con los valores, actitudes y modelos mentales existentes en la sociedad.

Esta perspectiva introduce un cambio de considerable importancia: la gobernabilidad no es solamente una cualidad del Gobierno; es también una cualidad de la sociedad. Por eso, cuando hablamos de gobernanza democrática, no podemos pensar únicamente en cómo gobiernan las instituciones públicas. Tenemos que preguntarnos también cómo se relacionan esas instituciones con una sociedad plural, desigual, organizada en múltiples intereses y atravesada por diferentes formas de poder.

En este sentido, la gobernanza supone una transformación de las relaciones entre Estado y sociedad. Prats la vincula con los procesos mediante los cuales las preferencias ciudadanas y la pluralidad de intereses sociales pueden convertirse en decisiones y acciones colectivas.

Pero aquí comienza precisamente nuestro problema; la sociedad no es un espacio homogéneo. Nunca lo ha sido. No todos sus integrantes disponen de los mismos recursos, de la misma información, del mismo tiempo, de las mismas posibilidades de organización ni de la misma capacidad para hacer escuchar su voz. Por eso, hablar de gobernanza sin hablar de desigualdad sería construir una concepción incompleta, o más bien distorsionada de la democracia, ya que, la ciudadanía no participa desde un terreno neutral.

Una de las mayores dificultades para comprender la participación ciudadana consiste en imaginarla como si todos los participantes concurrieran a ella desde una posición semejante. No es así.

Un pequeño productor rural no llega a una deliberación con las mismas condiciones que un gran empresario. Un trabajador asalariado no dispone necesariamente de los mismos recursos que la organización empresarial que representa a su sector. Una asociación comunal no posee la misma capacidad técnica que una institución pública. Un ciudadano individual difícilmente puede competir en condiciones de igualdad con una organización que dispone de abogados, economistas, comunicadores, asesores y recursos financieros.

En consecuencia, la deliberación democrática ocurre dentro de una sociedad desigual. Esta afirmación no significa que la palabra de unos ciudadanos valga más que la de otros. Significa algo diferente y más importante: las condiciones materiales y culturales para hacer valer esa palabra no están distribuidas equitativamente.

De ahí que una democracia verdaderamente participativa tenga que preocuparse no solamente por garantizar el derecho a hablar, sino también por crear condiciones para que la ciudadanía pueda formarse un juicio propio.

Y aquí aparece el problema de la información. ¿Quién informa a quienes deliberan? Una sociedad democrática necesita ciudadanos informados.

Pero esta afirmación aparentemente sencilla contiene una pregunta que no lo es:

¿Quién informa a la ciudadanía? ¿Quién selecciona los temas? ¿Quién decide qué información circula? ¿Quién tiene recursos para producirla? ¿Quién puede contratar especialistas? ¿Quién posee medios para difundir determinadas interpretaciones de la realidad? ¿Quién tiene tiempo para estudiar un problema antes de pronunciarse sobre él? ¿Quién puede contradecir públicamente una información falsa o incompleta?

Estas preguntas nos conducen inevitablemente al problema del poder.

La desigualdad no se manifiesta solamente en la posesión de bienes materiales. También puede manifestarse en la capacidad desigual para producir, interpretar, difundir y legitimar conocimientos e ideas.

Aquí resulta pertinente recuperar una de las intuiciones fundamentales de Marx acerca de la relación entre las condiciones materiales de la sociedad y la producción de las ideas dominantes. Advierto que no comparto el determinismo que algunos pensadores marxistas introdujeron a la filosofía de Marx.

No se trata de sostener que las personas pertenecientes a los sectores menos favorecidos piensen necesariamente como quienes ocupan posiciones dominantes. Tampoco consiste en suponer que la ideología opera mecánicamente desde arriba hacia abajo.

Se trata de reconocer algo más complejo: las relaciones de poder influyen en las condiciones dentro de las cuales las personas construyen sus interpretaciones de la realidad. Por ello, la desigualdad social puede transformarse también en desigualdad en la capacidad de interpretar la realidad. Y esta es una cuestión cardinal para la gobernanza democrática. Porque si las personas deliberan sobre la base de información incompleta, falsa o deliberadamente manipulada, ¿qué clase de deliberación estamos construyendo? ¿Puede existir una participación democrática de calidad si las premisas sobre las cuales se construye esa participación son premisas falsas? ¿Y quién determina cuáles son esas premisas?

La palabra ciudadana

La democracia necesita la palabra de la ciudadanía. Pero la palabra ciudadana no debería ser entendida únicamente como la posibilidad formal de expresar una opinión. Una democracia madura necesita que esa palabra pueda convertirse progresivamente en juicio, organización, acción e incidencia.

La persona debe poder hablar. Pero también debe poder preguntar, debe poder contrastar, poder disentir, poder organizarse con otros, poder acceder a información plural, poder revisar sus propias posiciones, debe poder exigir respuestas, y, finalmente, debe poder saber qué ocurrió con aquello que ayudó a decidir. Todo eso se aprende.

Por eso proponemos entender la participación democrática como una secuencia mucho más amplia: educación y formación cívica para una ciudadanía activa → información → organización → participación → deliberación → acción → decisión → ejecución → evaluación → rendición de cuentas.

Si la cadena se rompe, la participación puede convertirse en una experiencia puramente simbólica. Una ciudadanía puede ser escuchada y, sin embargo, no tener ninguna capacidad de incidencia; puede ser consultada y descubrir después que la decisión ya estaba tomada; puede ser convocada a una reunión y desconocer quién estableció la agenda; puede participar de un proceso y no conocer nunca sus resultados. Participar, por tanto, no significa necesariamente ejercer poder. La diferencia entre ambas cosas es fundamental.

¿Quién organiza la deliberación?

Esta pregunta merece ocupar un lugar central en nuestra reflexión. Porque cuando se habla de deliberación suele imaginarse un espacio abierto en el que ciudadanos libres intercambian argumentos y, después de escucharse mutuamente, alcanzan mejores decisiones.

Pero la realidad es mucho más compleja.

¿Quién convoca? ¿Quién determina quiénes participan? ¿Quién establece el orden del día? ¿Quién suministra la información? ¿Quién modera? ¿Quién determina los tiempos? ¿Quién define las preguntas? ¿Quién registra las conclusiones? ¿Quién decide qué conclusiones serán trasladadas a las instituciones?

La metodología de la participación nunca es completamente neutral. Toda metodología organiza de alguna manera las relaciones de poder. Por eso una gobernanza democrática de calidad debe prestar tanta atención a los procedimientos como a los objetivos. No es igual una asamblea de pequeños productores organizada territorialmente que una reunión de grandes empresarios; Tampoco es igual una deliberación entre docentes que una reunión de funcionarios gubernamentales, ni es igual una asamblea cooperativa que una reunión empresarial; así como no es simétrica una organización comunal que una organización sindical.

Cada espacio contiene conocimientos, intereses, experiencias y relaciones de poder diferentes. La metodología debe reconocer esa diversidad, no ocultarla.

La experiencia costarricense: cuando la participación se convierte en aprendizaje democrático

Costa Rica posee una experiencia particularmente aleccionadora en este terreno: el proceso político que condujo al referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Aquel proceso estuvo jalonado y atravesado por enormes diferencias de recursos, capacidades organizativas, información y poder político. Aunque también produjo una intensa movilización ciudadana. Hubo debates, foros, mesas redondas, campañas, organizaciones territoriales, comités patrióticos y múltiples espacios de confrontación de argumentos.

El Tribunal Supremo de Elecciones llegó a considerar el referéndum como una oportunidad extraordinaria de profundización democrática y sostuvo que la participación popular incluía no solamente votar, sino también contribuir y controlar la formación y ejecución de políticas públicas y decisiones estatales relevantes.

Aquella experiencia merece ser estudiada con serenidad, sin idealizaciones. Hubo desigualdad de recursos. Pero, también hubo propaganda y espacio para incoar estrategias políticas. Los principales protagonistas de la contienda tenían, cada uno sus propios intereses económicos, y, en algunos casos eran intereses contrapuestos. Sin embargo, hubo espacio para la persuasión; aunque también confrontación de ideas y esfuerzos ciudadanos por producir información alternativa.

El llamado Memorándum del miedo constituye, precisamente, un episodio que permite analizar los límites entre persuasión política, presión y manipulación dentro de un proceso democrático.

Aquella experiencia dejó también una enseñanza positiva: cuando existen mecanismos que permiten confrontar públicamente las diferentes posiciones, una sociedad puede ampliar sus posibilidades de formar juicio colectivo incluso dentro de condiciones profundas de desigualdad. No obstante, la democracia no elimina la desigualdad de partida. Pero sí puede crear procedimientos para disminuir sus efectos sobre la formación de la voluntad ciudadana. Esa es una tarea esencial de la gobernanza.

La independencia ciudadana

Llegamos así a un concepto que consideramos central para este ensayo: la independencia ciudadana. No entendemos por ella el aislamiento del individuo frente a la sociedad ni la ausencia de intereses, convicciones o pertenencias. Ningún ciudadano vive fuera de relaciones sociales.

Por ello la independencia ciudadana significa otra cosa: tiene que ver más bien con la capacidad progresiva de formar un juicio propio y actuar políticamente sin quedar subordinado de manera absoluta a un poder económico, político, partidario, gubernamental, mediático o de cualquier otra naturaleza. En otras palabras, la independencia nunca será absoluta. Tampoco puede alcanzarse de una vez y para siempre. Es una construcción, un proceso plagado de contradicciones y por lo tanto de gran complejidad.

Se fortalece cuando existen educación de calidad, información plural y confiable, organizaciones sociales autónomas, libertad de expresión, espacios de deliberación, instituciones imparciales, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y cuando se abren espacios claros para la evaluación de la política pública.

Se debilita cuando la ciudadanía depende de un único proveedor de información, cuando las organizaciones son capturadas por intereses particulares, también cuando la pobreza de recursos económicos, comunicacionales o culturales restringen la capacidad de participación o cuando el poder político convierte la comunicación pública en un instrumento de propaganda.

Por eso la independencia ciudadana debe ser entendida como una condición de la democracia y no como un lujo de las sociedades desarrolladas.

La participación como aprendizaje social

Aquí volvemos a Joan Prats.

El cambio institucional, según su perspectiva, no puede reducirse a modificar leyes. También requiere cambios en los actores, en las relaciones de poder y en los modelos mentales; y necesita procesos de aprendizaje social capaces de arraigar las nuevas reglas en la cultura política.

Esta idea tiene consecuencias enormes. Significa que la gobernanza democrática no es o no puede ser una técnica que se instala desde el Gobierno. Es una capacidad que una sociedad aprende a construir. Al igual que aprende a participar, a escuchar, a discutir, a organizarse, a controlar, a evaluar. Aprende a reconocer sus propios errores y también aprende a cambiar sus instituciones, cuando estas son deficitarias para resolver los problemas de la democracia.

De esta manera, la ciudadanía deja de ser simplemente destinataria de las políticas públicas y comienza a convertirse en protagonista de un proceso permanente de aprendizaje democrático.

Del voto a la acción ciudadana

La democracia representativa continúa siendo indispensable. No se trata de sustituirla por una democracia asamblearia ni de convertir a la ciudadanía en legisladora permanente. En realidad, la participación complementa la representación.

La cuestión es otra.

La democracia representativa necesita ser profundizada mediante una ciudadanía activa, una ciudadanía que no aparezca únicamente cada cuatro años; sino más bien, una ciudadanía que sea capaz de intervenir en los asuntos públicos entre una elección y otra, una ciudadanía que pueda preguntar: ¿Qué nos prometieron? ¿Qué hicieron los que prometieron? ¿Qué hicieron unos y otros? ¿Qué hizo la oposición? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Quién se benefició? ¿Quién quedó excluido? ¿Qué, finalmente es lo que debe corregirse?

Estas preguntas constituyen, en esencia, una forma de control democrático. Y sin control ciudadano, la representación corre el riesgo de convertirse en delegación pasiva.

Una democracia que aprende de sus resultados

Llegamos finalmente a una cuestión decisiva. La participación debe producir consecuencias que puedan ser evaluadas. No basta preguntar cuántas personas participaron. Debemos preguntar qué produjo esa participación. ¿Mejoraron las políticas públicas? ¿Disminuyó la pobreza? ¿Se redujo la desigualdad? ¿Mejoró la educación? ¿La salud? ¿Se fortaleció la seguridad para toda la población? ¿Aumentó el acceso a vivienda digna? ¿Mejoraron las condiciones de alimentación? ¿Se ampliaron las oportunidades de quienes se encontraban en posiciones desventajosas? Estas preguntas y otras no pueden responderse mediante discursos políticos. Requieren evidencia, aunque la evidencia tampoco habla por sí sola.

Los datos necesitan interpretación.

Por eso, a lo largo de este ensayo, recurriremos cuando resulte pertinente a indicadores sociales, económicos e institucionales de Costa Rica. No para acumular cifras, sino para someter a prueba las afirmaciones que hagamos o que hayan hecho los gobernantes.

La gobernanza democrática debe ser capaz de producir información sobre sus propios resultados. Y después debe permitir que esos resultados sean discutidos públicamente.

Así aparece otro ciclo:

participación → decisión → resultados → rendición de cuentas → evaluación → corrección. Cuando ese ciclo funciona, la democracia aprende; cuando se interrumpe, la participación puede convertirse en una ceremonia.

Hacia una gobernanza democrática incremental

No existe una democracia perfecta. Tampoco existe una sociedad sin conflictos, sin desigualdades, sin intereses contrapuestos ni sin dominación. La democracia no elimina esas realidades. Lo que puede hacer es construir instituciones y prácticas capaces de procesarlas sin permitir que el poder se concentre indefinidamente en unas pocas manos.

Por eso, el propósito de una gobernanza democrática no debería formularse como la búsqueda de una sociedad ideal.

Debe plantearse como una tarea histórica e incremental que permita ampliar la participación, cada vez un poco más y mejor; también se debe mejorar la calidad de las instituciones; reducir las desigualdades y la pobreza que deforman la deliberación; fortalecer la independencia ciudadana; multiplicar los espacios de organización autónoma; mejorar la capacidad de las instituciones para escuchar y responder; evaluar los resultados de las políticas públicas; hacer efectiva la rendición de cuentas y corregir aquello que no funciona o que funciona mal.

En definitiva, se trata de construir una forma de convivencia democrática en la que la ciudadanía no sea solamente la fuente formal de legitimidad del poder, sino también una fuerza permanente de control, deliberación, acción y transformación de la vida pública.

Porque la democracia comienza con el voto, pero no termina en las urnas.

Y quizá la pregunta más importante que deberemos responder a lo largo de este ensayo sea precisamente esta:

¿Cómo puede una sociedad desigual construir ciudadanos suficientemente libres, informados, organizados e independientes como para participar en la construcción de las decisiones que determinan su propio destino? Nuestro ensayo continuará, paciencia…

La discusión que Costa Rica no ha querido tener: ¿Con o sin Estado Social?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Maximiliano López López1

Está claro que un Estado debe ser eficiente económicamente y eso conlleva una política fiscal robusta, tanto en recaudación como en control del gasto. Pero si esa eficiencia se convierte en el único timón que guía las políticas públicas, las discusiones se concentran en cuánto darles a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades, el Poder Judicial, los CEN CINAI, entre otras. La discusión no aborda, sin embargo, la razón de ser de esas instituciones, por ejemplo, ¿cuál es el problema público que atienden? ¿si ya ese problema está resuelto? ¿qué herramientas necesitan para hacer su trabajo de manera más eficaz? ¿qué ocurriría si desaparece esa institución? ¿qué derechos se verían afectados? Si preguntas como estas no forman parte del debate público, estamos entonces ante una política centrada en discusiones presupuestarias.

Contrario a esa situación, la política social que Costa Rica impulsó entre 1940 y al menos la década de 1980, apostó por el universalismo. El Estado Social en el que crecieron quienes hoy superan los 50 o 60 años, y que le ha permitido a los más jóvenes disponer de servicios públicos como electricidad, agua potable y acceso a la salud y la educación, no fue una decisión al azar. Desde la década de 1940, las primeras instituciones autónomas creadas por las fuerzas políticas del momento apuntaron a construir la nación que aún hoy, con todo y sus problemas, tenemos los costarricenses. Y aunque esa decisión no logró eliminar las desigualdades, la evidencia muestra que sí las contuvo y permitió, vía movilidad social, disminuirlas sustancialmente.

Ese Estado Social representa el acuerdo de fuerzas políticas que decidieron mediante un “pacto social” que el Estado asumiera el deber y obligación de financiar las instituciones creadas para reducir desigualdades. Ese acuerdo permitió, por ejemplo, que el acceso a la salud y a la educación se garantizaran como un derecho para todos. Quienes integraban esas fuerzas sabían que Costa Rica ocupaba asegurarles a los trabajadores condiciones laborales justas, también reconocían la importancia de llevar agua potable y electricidad a los diversos rincones del país y asegurar el acceso al crédito oportuno, entre otras cosas. Ofrecer esas condiciones era un paso necesario para reducir las desigualdades que se venían consolidando en producto de la herencia colonial y del diferenciado desarrollo económico entre el valle Central y las zonas periféricas. Y sobre esos cimientos el Estado asumió otros compromisos, como, por ejemplo, contribuir al logro de una vivienda digna, crear rutas de acceso para diversos puntos del territorio y asegurar el desarrollo de las comunicaciones. Y como puede apreciarse, fueron tareas que no las habría resuelto el mercado ni la beneficiencia, ni las resolvería hoy la denominada responsabilidad social empresarial.

El desarrollo de esas acciones del Estado Social consolidó la característica más notoria de nuestra sociedad: la calidad democrática. Esos avances vinieron a reducir las desigualdades y ampliaron la ciudadanía y el sufragio ayudando a la estabilidad política. La inclusión de territorios periféricos a los beneficios sociales también ayudó a mejorar la integración territorial y con ello también se atendió anticipadamente diversos conflictos. Y no se está idealizando y menos insinuando que no hubo problemas. Persistieron importantes desigualdades territoriales, algunos pueblos no recibieron la misma atención, la pobreza como problema social no fue resuelto, la concentración de tierra y de bienes continuó, los pueblos indígenas quedaron excluidos en gran medida y la economía de exportación demostró sus debilidades ante escenarios de crisis, por mencionar algunos.

Lo rescatable, y hasta cierto punto irónico, es que ese Estado Social fue posible pese a un proceso de recaudación fiscal imperfecto y regresivo y a una economía exportadora altamente dependiente del mercado, aunque, eso sí, con una población aún reducida. Ese modelo entró en dificultades en la década de 1980 producto, entre otras cosas, de la crisis internacional que condujo a reformas estructurales y a la reducción del Estado. La crisis fiscal, la inflación, el endeudamiento y la baja productividad alimentaron una tensión que condujo a la adopción de nuevas medidas en un contexto de cambios demográficos significativos, pero también de orientaciones externas que exigían a Costa Rica mejorar su competitividad. Así, en paralelo con los denominados PAE´s Costa Rica empezó, progresivamente, a abandonar esa preocupación por el bienestar general de la población como una tarea del Estado y se empezó a transitar hacia un país de venta de servicios y de enclave para industrias de capital internacional, alegando criterios (válidos) como la generación de empleo.

Como puede colegirse entonces, se pasó de aquel modelo solidario (imperfecto), basado en derechos de todos los ciudadanos (universal), preocupado por la igualdad, la equidad y el bien común, a uno preocupado por la eficiencia, la competitividad, la focalización del gasto o inversión y la sostenibilidad fiscal. Y no es que el cambio hacia esos criterios estuviese mal, por el contrario, ellos pudieron haber cubierto las necesidades del modelo social, pero no lo hicieron ¿decisión política? El punto es que, tras la búsqueda legítima (y necesaria) de la eficiencia económica, en los últimos años hemos presenciado un abandono paulatino de las grandes políticas de Estado (no de gobiernos), como infraestructura, salud, seguridad ciudadana y educación. Ese abandono progresivo del Estado Social que arrancó entre 1980 y 1990 de la mano del PLN y del PUSC se incrementó en los dos gobiernos del PAC, en el Gobierno de Progreso Social Democrático y actualmente del Partido Pueblo Soberano. Particularmente en el último quinquenio se han intensificado los cuestionamientos respecto a preguntas como ¿Qué programas sociales deben financiarse por parte del Estado?, ¿Qué papel deben tener las universidades públicas?, ¿Cómo debe funcionar la política social? Etc.

Entretanto, las demandas ciudadanas se desarrollan en un escenario dual. De un lado conviven las luchas (de algunos) para que se fortalezcan las políticas públicas que aseguren la continuidad del Estado Social que se construyó en la segunda mitad del siglo XX, y de otro se redoblan esfuerzos (también de algunos) por que se atienda los derechos que derivan de los nuevos desafíos del siglo XXI. Hoy se enfrentan problemas derivados de un empleo precario, del envejecimiento de la población, la salud mental, el acceso digital, los efectos del cambio climático y de las dinámicas impulsadas por el tráfico de drogas y el crimen organizado, así como la corrupción. Esta dualidad plantea, como trasfondo, un reto adicional: ¿Cómo impulsar el Estado Social en una sociedad compleja como la actual?, ¿cómo hacerlo en una sociedad que valora cada vez menos los esfuerzos del pasado por ofrecerle a los ciudadanos el acceso universal a bienes públicos o que incluso cuestionan a quienes encabezan estos desafíos? y ¿cómo lograrlo si la política asume la focalización de la inversión social en lugar del universalismo?

Por ello, hablar de ese reto tiene sentido si nos atrevemos a responder la siguiente pregunta: ¿Queremos, o no, un Estado Social que ayude a ofrecer bienes públicos a todos los costarricenses? Si la respuesta es no, entonces el camino seguramente será el dar luz verde al modelo de Estado mínimo de corte neoliberal y aceptar lo que venga, donde lo único más o menos claro son las privatizaciones. Pero si la respuesta fuese un sí, entonces es importante tener claro que la discusión actual no atañe solo a un tema de finanzas públicas o de corrupción, sino que se trata de la redefinición del pacto social que ha dado sustento a nuestra democracia y al modo de vida por el que el mundo nos reconoce. Implica tener claro que el Estado Social, más que un proveedor de bienes públicos ha sido un constructor de confianza, criterio que incluso se usa internacionalmente para promover la inversión extranjera directa. La corrupción que ha infectado parte de esta institucionalidad hay que combatirla sin duda, pero con imaginación y no destruyendo las bases del sistema social.

Refundar este pacto social implica tener claro que las instituciones, que indudablemente requieren mejoras, son más que simples espacios de gasto. Simbólicamente la CCSS, por ejemplo, no es solo atención médica, representa el mayor símbolo de solidaridad con el que cuenta el país. El acceso a educación pública no es solo un tema de superación, es la materialización de las oportunidades para todos sin distingo de etnia, región o condición socioeconómica. Las universidades no solo gradúan mano de obra, son espacios de movilidad social y de construcción de pensamiento crítico. El ICE, con todo y sus problemas, no solo ha llevado electricidad y telecomunicaciones a todos los rincones del país, sino que representa la capacidad del Estado para impulsar desarrollo. El AyA no solo lleva agua potable a los hogares del país, sino que es un punto medular en la salud preventiva. Por lo tanto, no se trata de cuánto debe gastar el Estado, sino qué derechos y formas de solidaridad está dispuesto a preservar, mejorar o abandonar la sociedad costarricense para seguir encarando el siglo XXI.

En síntesis, la discusión pendiente de la que hablamos no se enfoca en cuánto debe gastar el Estado para atender u ofrecer bienes públicos a la sociedad. Lo que está de fondo es la necesidad de decidir, conscientemente y sin ataduras políticas, qué clase de sociedad queremos ser. Cuando una familia usa sobrecitos plásticos o de papel para dividir sus ingresos y atender responsablemente sus compromisos, no está haciendo otra cosa más que determinar prioridades sobre lo que considera urgente, necesario o prescindible. Del mismo modo, detrás de cada presupuesto institucional hay un objetivo ligado al desarrollo pleno de la ciudadanía y a un criterio de solidaridad. La cuestión es entonces si apostamos por fortalecer las bases democráticas del Estado Social o si prescindimos de él. Ojalá la reflexión sobre esto nos haga conscientes de lo que asumimos como sociedad. Por delante queda un largo camino y una difícil tarea y por ello es bueno recordar que un presupuesto conlleva implícita una declaración moral sobre aquello que la sociedad considera importante de proteger.

1 Profesor e investigador, Escuela de Historia de la Universidad Nacional.

No se trata de defender el pasado, sino de construir una nueva democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Roberto Salom E.

Costa Rica vive una coyuntura política que obliga a quienes defendemos la democracia a precisar qué es exactamente lo que estamos defendiendo y, sobre todo, para qué queremos defenderla.

No tengo dudas sobre la gravedad de la amenaza que representa el autoritarismo. Tampoco tengo dudas sobre la necesidad de que los sectores democráticos sean capaces de articular una respuesta común frente a cualquier intento de concentrar el poder, debilitar los contrapesos institucionales o someter las instituciones de la República a la voluntad de un liderazgo político.

Pero precisamente por eso considero necesario hacer una distinción fundamental:

La contradicción principal no es con los sectores sociales que apoyan al chavismo. La contradicción principal es con el proyecto autoritario que amenaza nuestra institucionalidad democrática.

No son la misma cosa.

El malestar social tiene razones

Quienes han dado su apoyo al chavismo forman parte de la sociedad costarricense. No son un cuerpo extraño ni pueden ser considerados, por definición, enemigos de la democracia.

Muchos expresan un malestar real frente a una institucionalidad que durante años ha sido incapaz de responder a problemas que afectan a amplios sectores de la población.

La desigualdad, la pérdida de oportunidades, el deterioro de condiciones de vida, la distancia entre instituciones y ciudadanía, y la frustración frente a los partidos tradicionales no surgieron de la nada.

Son problemas acumulados durante décadas.

Y los sectores políticos que han gobernado el país tienen responsabilidades ineludibles en esa situación.

Pero aquí es necesario introducir una precisión: las instituciones no son responsables por sí mismas de su funcionamiento histórico. Las instituciones son, en buena medida, como el edificio; quienes las conducen, las orientan y toman las decisiones dentro de ellas son los actores que ejercen el poder.

Por eso, cuando hablamos de las deficiencias del Estado y de las instituciones, no deberíamos atribuirlas indistintamente a los funcionarios públicos ni a la burocracia. El problema fundamental está en quiénes han conducido políticamente el Estado, cuáles han sido sus prioridades y qué intereses han orientado sus decisiones.

Durante décadas, distintas élites gobernantes han dirigido las instituciones de la República sin emprender las transformaciones necesarias para hacer del Estado un instrumento más eficaz de igualdad, solidaridad, justicia social y ampliación de derechos.

Esto no significa desconocer los avances de la institucionalidad costarricense ni negar el valor de sus conquistas democráticas. Significa reconocer que una institución puede ser formalmente democrática y, al mismo tiempo, funcionar de manera insuficiente frente a las necesidades de la sociedad.

Por eso sería un error pensar que para enfrentar al chavismo basta con denunciarlo. También hay que comprender las condiciones que hicieron posible su crecimiento y asumir la responsabilidad histórica de quienes, teniendo durante años la conducción del Estado, no supieron o no quisieron transformarlo en la dirección que la sociedad demandaba.

Pero comprender no es justificar.

Reconocer el malestar social no implica aceptar un proyecto político que pretende instrumentalizarlo para debilitar la democracia.

Defender la democracia no es defender el statu quo

Defender la institucionalidad democrática frente al autoritarismo no puede convertirse en una defensa acrítica de la institucionalidad existente.

Nuestra democracia tiene fortalezas que debemos preservar. Pero también tiene déficits que debemos reconocer y corregir.

Y aquí debemos evitar una confusión: defender las instituciones no significa defender necesariamente la manera en que han sido conducidas por las élites gobernantes que han tenido su control político.

Las instituciones son patrimonio de la sociedad, no propiedad de quienes circunstancialmente las gobiernan.

Una democracia madura debe ser capaz de defender sus instituciones frente a quienes quieren destruirlas y, al mismo tiempo, transformarlas cuando han dejado de responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.

Algunas instituciones pueden tener grietas y requerir reparaciones. Otras pueden necesitar transformaciones más profundas. Pero esa tarea no consiste simplemente en cambiar estructuras administrativas. Implica preguntarnos quién conduce el Estado, para qué lo conduce y al servicio de qué proyecto de sociedad lo hace.

No se puede exigir a la ciudadanía que defienda instituciones que percibe como distantes o ineficaces, mientras se bloquea cualquier discusión sobre su transformación.

La democracia no es solo elecciones periódicas

Es también participación, representación, derechos, igualdad de oportunidades, justicia social, transparencia y capacidad de respuesta del Estado.

Cuando esas dimensiones se debilitan, la democracia pierde legitimidad.

Y cuando pierde legitimidad, el autoritarismo avanza.

Por eso, defensa y transformación no son opuestos.

No hay defensa posible de la democracia sin su transformación.

La unidad democrática es necesaria, pero no suficiente

La convergencia de los sectores democráticos frente al chavismo es un hecho político relevante.

La articulación entre partidos y sectores sociales muestra una preocupación que trasciende lo partidario.

Esa unidad es necesaria.

Frente a una deriva autoritaria, las fuerzas democráticas deben encontrar puntos de coincidencia y construir una respuesta común.

Pero hay un riesgo evidente.

Una unidad basada solo en el rechazo al adversario puede ser útil para ganar una elección, pero insuficiente para gobernar y, sobre todo, para transformar el país.

La pregunta decisiva es otra:

¿Qué país queremos construir juntos?

Y esa pregunta obliga a ir más allá de la defensa abstracta de las instituciones. Obliga a preguntarnos qué transformaciones necesitan esas instituciones y qué fuerzas sociales y políticas estarán dispuestas a llevarlas adelante.

Porque no basta con cambiar a quienes ocupan temporalmente los cargos de gobierno si se mantienen intactas las relaciones de poder, las prioridades y las formas de conducción del Estado que han producido buena parte del malestar que hoy alimenta la reacción social.

Si la respuesta es simplemente volver al pasado, habremos entendido muy poco de lo que está ocurriendo.

No se trata de volver atrás

El chavismo no surgió en el vacío.

Surgió en una sociedad marcada por frustraciones acumuladas, desigualdades persistentes y una creciente desconexión entre ciudadanía e instituciones.

Por eso no basta con derrotarlo electoralmente.

Tampoco basta con restaurar el orden anterior.

El desafío es mayor: construir algo mejor.

Necesitamos una nueva democracia

Una democracia que preserve libertades y Estado de derecho, pero que sea más participativa.

Una democracia con contrapesos institucionales, pero también con mayor capacidad de respuesta social.

Una democracia que no se limite a derechos formales, sino que enfrente las desigualdades estructurales.

Una democracia que transforme las instituciones cuando estas ya no respondan adecuadamente a las necesidades de la sociedad.

Una democracia capaz de impedir que el Estado sea utilizado por élites gobernantes —sean las tradicionales o las que hoy pretenden sustituirlas— como instrumento de concentración del poder.

Una democracia que recupere la confianza ciudadana.

En síntesis: una democracia que combine libertad política con justicia social y que haga del Estado un instrumento efectivo para construir una sociedad más igualitaria, solidaria y equitativa.

No convertir al ciudadano en enemigo

Existe una tentación peligrosa en toda polarización: convertir al adversario político en enemigo social.

Eso sería un error histórico.

Si queremos una alternativa democrática duradera, debemos ser capaces de hablar también con quienes hoy apoyan al chavismo.

No para aceptar el autoritarismo.

No para renunciar a nuestras convicciones.

Sino para demostrar que existe una alternativa democrática y transformadora.

Que no es necesario elegir entre abandono social y autoritarismo.

Que se pueden exigir cambios profundos sin renunciar a las libertades.

Que se puede demandar justicia social sin destruir la institucionalidad.

Que se puede cuestionar a las élites gobernantes sin entregar el poder a un liderazgo sin controles.

Y que transformar las instituciones no significa destruirlas, del mismo modo que defenderlas no significa conservarlas intactas.

Esa es una tarea central del campo democrático.

La verdadera disputa

La política costarricense no se reduce a chavismo contra antichavismo.

La verdadera disputa es entre autoritarismo y democracia.

Pero tampoco se reduce a defender la democracia existente.

La verdadera alternativa es entre un proyecto de concentración del poder y un proyecto democrático capaz de transformar el país.

Y esa transformación supone algo más que sustituir a unos gobernantes por otros.

Supone modificar las formas en que se ejerce el poder, las prioridades con que se conduce el Estado y la relación entre las instituciones y la ciudadanía.

Las instituciones son el edificio; la política y las élites gobernantes determinan, en buena medida, cómo se habita, para quién funciona y hacia dónde se orienta.

Por eso, el problema no es simplemente si debemos conservar o destruir las instituciones.

El verdadero desafío es democratizarlas, fortalecerlas y ponerlas al servicio de una sociedad más justa.

Si la democracia se limita a defender lo existente, no podrá convocar a quienes están insatisfechos con lo existente.

La democracia debe volver a ser una promesa de futuro.

De mayor participación.

De mayor igualdad.

De mejores instituciones.

De mayor justicia social.

De más ciudadanía y menos concentración del poder.

Una decisión histórica

Costa Rica no está solo ante una elección.

Está ante una decisión histórica.

O la democracia se limita a resistir, o se atreve a renovarse.

O se convierte en defensa del pasado, o en construcción del futuro.

O se limita a proteger las instituciones tal como han sido conducidas hasta ahora, o asume el desafío de transformarlas para que respondan mejor a las necesidades de la sociedad.

La unidad democrática no puede ser solo un muro de contención.

Debe ser un punto de partida.

Porque lo que está en juego no es únicamente quién gobierna hoy, sino quién conducirá el Estado, con qué proyecto y para construir qué tipo de sociedad.

Y esa es la verdadera responsabilidad de este momento:

defender la democracia no para conservarla intacta, sino para hacerla más profunda, más justa y más fuerte de lo que ha sido hasta ahora.

Agosto de 2026.

 

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Pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Pediatría sobre la prevención de la delincuencia juvenil

Escrito en . Publicado en Seguridad.

La Asociación Costarricense de Pediatría (ACOPE), comprometida con la promoción del desarrollo integral de la niñez y la adolescencia costarricense, expresa respetuosamente su preocupación ante la propuesta de que estudiantes de secundaria visiten centros penitenciarios como estrategia para prevenir la delincuencia.

Como organización científica, consideramos que las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes deben sustentarse en la mejor evidencia disponible y no únicamente en iniciativas que, aunque puedan resultar intuitivas, no han demostrado ser efectivas.

Diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis, que representan los más altos niveles de evidencia científica, concluyen de manera consistente que los programas basados en visitas de jóvenes a cárceles o en la exposición directa a personas privadas de libertad con el objetivo de generar temor no reducen la delincuencia juvenil y, en algunos casos, pueden incluso aumentar la probabilidad de conductas delictivas posteriores.

De igual forma, una revisión sistemática publicada posteriormente encontró que estos programas no producen una reducción significativa de la conducta delictiva, a pesar de que puedan modificar algunas actitudes de los participantes, lo que confirma que el cambio de percepciones no necesariamente se traduce en cambios reales de comportamiento.

La prevención de la violencia y la delincuencia juvenil es un desafío complejo que no puede abordarse mediante estrategias basadas en el miedo. El conocimiento científico acumulado durante décadas demuestra que los factores que verdaderamente protegen a los niños y adolescentes incluyen:

  • una educación de calidad que favorezca el desarrollo de habilidades para la vida y que brinde mayores oportunidades de empleo digno;
  • programas deportivos permanentes y accesibles;
  • el acceso a actividades artísticas, culturales y recreativas;
  • espacios seguros para la convivencia familiar y comunitaria;
  • oportunidades de participación social y liderazgo juvenil;
  • el fortalecimiento de la salud mental y el acceso oportuno a servicios de apoyo psicológico;
  • programas de mentoría y acompañamiento para adolescentes en condición de vulnerabilidad;
  • políticas públicas orientadas a disminuir la desigualdad social, la exclusión y la violencia.

Estas intervenciones fortalecen los llamados factores protectores, ampliamente reconocidos en la literatura científica como elementos esenciales para disminuir conductas de riesgo y favorecer trayectorias de vida saludables.

Como pediatras sabemos que la adolescencia constituye un período de extraordinaria plasticidad cerebral y emocional. Las experiencias positivas, el acompañamiento de adultos significativos, las oportunidades educativas y el sentido de pertenencia tienen un impacto mucho mayor sobre el desarrollo futuro que las intervenciones basadas en la intimidación o el temor.

Desde ACOPE reconocemos y compartimos la preocupación nacional por el incremento de la violencia y la necesidad urgente de proteger a nuestra juventud. Sin embargo, precisamente por la magnitud del problema, las decisiones públicas deben sustentarse en evidencia científica sólida y en intervenciones cuya efectividad haya sido demostrada.

Costa Rica necesita invertir en estrategias preventivas que construyan oportunidades para nuestros niños y adolescentes, no únicamente en aquellas que buscan disuadir mediante el miedo.

La prevención efectiva de la violencia comienza mucho antes de que un joven tenga contacto con el sistema penitenciario. Comienza en la familia, en la escuela, en la comunidad y en una sociedad que garantice oportunidades reales para desarrollarse plenamente.

La Asociación Costarricense de Pediatría reitera su disposición para colaborar con las autoridades nacionales en el diseño e implementación de políticas públicas de prevención fundamentadas en la mejor evidencia científica y orientadas siempre al interés superior de la niñez y la adolescencia costarricense.

Dr. Santiago Batalla Garrido
Presidente
Asociación Costarricense de Pediatría
18 de julio de 2026.

Referencias:

  • Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., & Buehler, J. (2003). Scared Straight and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency: A systematic review of the randomized experimental evidence. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 589(1), 41–62. https://doi.org/10.1177/0002716203254693
  • Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., Hollis-Peel, M. E., & Lavenberg, J. G. (2013). Scared Straight and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013(4), Article CD002796. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002796.pub2
  • van der Put, C. E., Boekhout van Solinge, N. F., Stams, G. J., Hoeve, M., & Assink, M. (2021). Effects of awareness programs on juvenile delinquency: A three-level meta-analysis. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 65(1), 68–91. https://doi.org/10.1177/0306624X20909239

UTN impulsa diálogo por la educación pública y la democracia

Escrito en . Publicado en Educación.

  • UTN y Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo fortalecen su articulación para promover espacios de reflexión, análisis y construcción conjunta orientados al fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo democrático en Costa Rica.

Beatriz Rojas Gómez
Dirección de Comunicación y Mercadeo UTN

Con el objetivo de promover el diálogo, la reflexión y la construcción conjunta de propuestas para fortalecer la educación pública y la democracia costarricense, la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo (MNDSP) realizaron el pasado 13 de julio la Audiencia-Taller UTN – Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. La actividad reunió a cerca de 30 personas, entre representantes de la Universidad, el equipo técnico y liderazgos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

El encuentro tuvo como propósito generar un espacio de intercambio, reflexión y construcción conjunta entre ambas instituciones, mediante el análisis del reciente resultado electoral nacional, para identificar coincidencias programáticas y definir oportunidades de cooperación durante el 2026 en materia de educación pública y desarrollo democrático.

Durante la apertura de la actividad, el rector de la Universidad Técnica Nacional, William Rojas Meléndez, destacó el papel que debe asumir la educación superior pública frente a los desafíos que enfrenta el país. «La educación superior pública debe ser un actor activo en la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Frente a los retos sociales, económicos y tecnológicos que vive el país, es indispensable fortalecer el pensamiento crítico, el diálogo y la articulación entre la academia y los diferentes sectores nacionales», afirmó.

El rector señaló que Costa Rica enfrenta importantes retos relacionados con el fortalecimiento de la democracia, la reducción de las desigualdades sociales, la sostenibilidad del sector productivo y la transformación tecnológica. En ese contexto, subrayó la necesidad de que las universidades continúen formando profesionales con pensamiento crítico y capacidad para responder a los cambios que plantea la inteligencia artificial y la digitalización, sin perder de vista el desarrollo humano y el bienestar de la sociedad.

Posteriormente, Allison Quintanilla Hernández, coordinadora técnica de la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, presentó los fundamentos del Pacto Nacional por la Educación Pública, una iniciativa ciudadana impulsada en 2022 por el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, en respuesta a los desafíos estructurales que enfrenta el sistema educativo costarricense. Explicó que esta propuesta se sustenta en la evidencia científica aportada por los Informes Estado de la Educación y promueve la construcción de un acuerdo nacional mediante un proceso participativo que involucra a diversos sectores sociales, productivos y territoriales.

Asimismo, Quintanilla destacó que la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, creada en 2020, constituye una plataforma plural e inclusiva que reúne a más de 150 organizaciones sociales y productivas del país. Señaló que este espacio no busca sustituir el papel de las organizaciones participantes, sino convertirse en un instrumento ciudadano para el diálogo, la concertación y la construcción de acuerdos orientados al bienestar nacional.

Como parte de la agenda, las personas participantes conocieron los principales hallazgos de la radiografía electoral y su relación con los desafíos actuales de la educación pública y el fortalecimiento de la democracia. Este análisis dio paso a una plenaria de intercambio de perspectivas institucionales, en la que se exploraron oportunidades para construir una agenda de articulación conjunta en favor de Costa Rica.

La metodología del taller incluyó un ejercicio de cartografía para el trabajo grupal, mediante el cual se identificaron posibles líneas de cooperación entre la UTN y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Los resultados fueron compartidos en una plenaria final, generando insumos para el desarrollo de futuras acciones colaborativas en materia de educación pública y desarrollo democrático.

Con esta iniciativa, la Universidad Técnica Nacional reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, la generación de conocimiento y la construcción de alianzas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas, la educación y el desarrollo democrático de Costa Rica, consolidando su papel como una institución comprometida con el desarrollo nacional y la búsqueda de soluciones conjuntas a los principales retos del país.

Fuente: https://www.utn.ac.cr/utn-impulsa-dialogo-educacion-publica-democracia

Sobre visitas a Museos, Bibliotecas y Cárceles

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Cuando estaba en la Escuela, en la década de 1950, comenté, en un artículo anterior, que una visita obligada era al Museo Nacional, entre otras cosas para ver una vitrina en el sótano que estaba custodiada por una pareja de policías armados, que tenía en exhibición una mata de marihuana, situación que se aprovechaba para valorar la riqueza arqueológica del Museo, e infundirnos miedo a las drogas y a su consumo.

En el colegio no se nos llevaba al Museo. Algunos profesores, de Historia o Estudios Sociales recomendaban su visita. Como profesor invitaba a los estudiantes a que visitaran los museos, especialmente cuando explicaba los tiempos antiguos de Costa Rica.

En la Universidad aquellos cursos que estaban ligados a la Historia Nacional, especialmente en su parte antigua, eran de obligada orientación para visitar los Museos Nacional, de Oro y de Jade, en sus distintas Salas. En mi caso, que me orienté por el estudio de Historia, y de la Historia de Costa Rica en particular, me hice asiduo visitante.

La Historia Antigua me cautivó en un primer momento, y me hizo matricularme en algún curso importante de Antropología, con el profesor Carlos Aguilar Piedra, con quien cultivé una rica amistad, a quien cariñosamente se le llamaba por sus dilectos alumnos y discípulos, el Gran Chamán. El Profesor Aguilar aceptó participar con un grupo muy destacado de antropólogos, discípulos y asistentes suyos, en el Capítulo de Historia Antigua, de la Historia General de Costa Rica, que dirigí en 1989, lo que fue una gran experiencia enriquecedora para mí trabajar con ellos, visitar los museos, analizar sus colecciones.

El Gran Chamán se había formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que le daba una formación científica más profunda en este campo. En aquellos años, de la década de 1960, se enfatizaba en la búsqueda del Paleoindio costarricense, el más antiguo que se hallare en el país. Era la pasión de las búsquedas arqueológicas, porque estaba en cierta forma de moda la búsqueda del paleo indio americano que disputaba México, en aquellos años con el llamado Hombre de Tepexpan, un esqueleto que había sido hallado en el antiguo Lago de Texcoco, en México, en 1947, cuya antigüedad se discutía entre los 4000, 8000, 10.000 y hasta 23.000 años, lo que tiempo después se redujo a una cifra de 4.700. Aun así, la discusión de antigüedad continuaba y sigue investigándose. Las más antiguas se consideran cuando superan los 10.000 años. Así se han encontrado en Chile, más de 18.500 años, en Yucatán, México, el primer fósil reportado de un rostro humano, de hace 13.000 años, de igual edad al llamado Hombre de Arlington Springs, en Estado Unidos. La mujer más antigua de América se le estima en 12.700 años localizada en la Zona del Peñón de los Baños, cerca de aeropuerto de México. La discusión de la mayor antigüedad se mantiene abierta.

Para el caso costarricense los hallazgos arqueológicos señalan que los restos más antiguos son de hace 12.200 años, hallados en la región de Siquirres. La Fauna gigante que había en el territorio nacional se ubica entre los 10.000 y 40.000 años de antigüedad. La Antropología costarricense ha señalado que los primeros pobladores de Costa Rica llegaron hace unos 12.000, como grupos nómadas cazadores-recolectores, según restos que se han encontrado en el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón.

En otros capítulos de la Historia Nacional llevé estudiantes a visitar industria y ciertas actividades empresariales, cuando me lo permitían sus empresarios.

Un sitio casi de obligada llegada de mis estudiantes era la Biblioteca Nacional, para que los estudiantes tuvieran contacto con el pasado, haciendo un breve estudio, y repaso de un periódico, que asignaba individualmente, del cual rendían el informe, que no podía ser copiado de otro estudiante. En general esa experiencia era bien cumplida y satisfacía su propósito, donde los estudiantes a veces se quedaban ampliando su visión y contacto con la historia pasada reflejada en periódicos.

Como asistente estudiantil que fui del Profesor y Gran Maestro Rafael Obregón Loria él me enviaba a sacarle información de periódico La Gaceta, el diario oficial, que aprendí a estimar, leer y buscar información. En la elaboración de mi Tesis de graduación hice una investigación de varios años en la prensa costarricense desde 1870 hasta 1930.

En dos ocasiones llevé estudiantes, autorizado para ello, a visitar la Penitenciaría Central, donde hoy está el Museo de los Niños, a visitar presos o privados de libertad. Se me autorizaba llevarlos al área de menos peligrosidad. El objetivo ver las malas condiciones del presidio, el hacinamiento en que estaban los presos, las condiciones en que comían. Los estudiantes podían hablar con los privados de libertad con amplitud, siempre a la vista de guardias que nos acompañaban en esas visitas. Se nos autorizaba llevarles cigarros. Nunca se hizo una visita con el propósito de decirle a los estudiantes, de diferentes clases o estamentos sociales que iban, que era para que aprendieran a ser “buenos”, o se alejaran de las posibilidades por las cuales podían delinquir. Tampoco para asustarlos de un posible futuro por su condición económica, social, o lugar donde vivían. Dejé de hacer esas visitas cuando una vez, ocho días después de haber visitado la Penitenciaría Central, hubo un motín de privados de libertad, y tuvieron retenidos a varias guardias y personas que en ese momento les visitaban. Entendí que no podía exponer a estudiantes a situaciones así. De una de esas visitas se hizo constancia en el Semanario Universidad.

Me ha sorprendido el anuncio con bombos y platillos que ha hecho la presidenta Laura Fernández, hace pocos días, de impulsar una política de educación pública para llevar a todos los niños en edad escolar de las escuelas públicas, de las comunidades con altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles, con el propósito de asustarlos y como parte de una estrategia para prevenir que ingresen a la delincuencia y el narcotráfico. Así, señaló, que los niños conocerían de primera mano las consecuencias de involucrarse en actividades delictivas. Es un esquema de terapia de shock de enfrentar a niños con situaciones que podían vivir para que no cometieran actos en sus vidas que podía llevarlos a los centros penitenciarios.

No es así como se enfrenta la situación de la delincuencia. Se debe fortalecer la educación formal la técnica, los valores familiares, los valores sociales, los valores políticos y democráticos en la enseñanza. Se deben fortalecer los valores y conocimientos de la historia nacional y patria para fortalecer y consolidar la democracia como sistema, para formar pasión y amor por Costa Rica, por el país que vivimos, y tratamos de desarrollar y construir para lograr un mayor y mejor desarrollo económico social, cuya generación de riqueza sirva para resolver los grandes y graves problemas sociales y económicos que afectan a la gran mayoría de costarricenses, desempleo, trabajo informal, pésimos y bajos salarios, salarios congelados desde hace cinco años, congelados para los próximos cuatro años, alta deserción escolar y colegial eliminación de los subsidios sociales en la población escolar, de los buses estudiantiles, de los comedores escolares, de las becas para la educación pública, de las malas condiciones higiénicas de los chinchorros, de los tugurios, de la mala vivienda, poco decente y digna, de las malas condiciones de seguridad e higiene ocupacional en fábricas, empresas y en contornos sociales de habitación popular, de las dificultades del transporte público, amenazas de bajar los salarios mínimos para compararlos con los América Latina, de ampliar el plazo de tiempo de pensionarse, las amenazas de imponer el trabajo de 12 horas diarias de trabajo rebajando el salario real, recortando constantemente los presupuestos de las instituciones de carácter social, de la falta de oportunidades y posibilidades para la convivencia en áreas urbanas, en las barriadas populares de espacios de esparcimiento seguro para los niños y sus familias, de la falta de una política de vivienda social que permita construir al menos casas con tres cuartos para evitar el hacinamiento doméstico y evitar la violencia familiar que ello produce, por no estimular más, y de manera efectiva, el deporte, la salud física, la salud mental, el arte, el deporte, la recreación y la integración social comunitaria.

Lo que propone la presidenta Laura Fernández es descabellado, peligroso para los niños en sus visitas a las cárceles. Así no se desalienta a nadie ante su futuro incierto.

La presidenta parte de los niños de las poblaciones, con las comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles. ¿Quién le dice a ella que solo de esas comunidades se desenvuelven potenciales delincuentes y criminales? Los delincuentes y criminales de cuello blanco, los evasores y elusores de impuestos, los altos estafadores de los bancos o instituciones financieras, los blanqueadores de dinero, los que reciben los apoyos de altos funcionarios de gobierno, de manera cómplice, conociendo hacia quienes se dirigen esos altos créditos bancarios sin garantías sólidas, no vienen de esas comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a las que aludió la presidenta.

Puedo asegurar que en las grandes estafas públicas, y escándalos sonados, los participantes e involucrados provienen de las capas medias, medias altas y altas de la sociedad costarricense, y de formación educativa en colegios privados.

¿Pensará la presidenta que los jóvenes de esos colegios privados deben ir a visitar las cárceles para evitar esas figuras delictivas y criminales?

¿Para quién el fútbol? Pueblo o imperio

Escrito en . Publicado en Deporte.

Álvaro Fernández González

Es claro que el fútbol no es únicamente un deporte.

Para grandes grupos económicos y financieros es un gran negocio: una industria global donde los clubes se compran y venden como activos, los jugadores se cotizan como mercancías y las aficiones se transforman en audiencias cuyo principal valor es el consumo.

Esta lógica del poder corporativo convierte al fútbol en escenario de competencia geopolítica.

La patética intromisión de Donald Trump, imponiendo la reincorporación del nigeriano Balogun (pese a su tarjeta roja, bien ganada), ilustra los ribetes incluso totalitarios de esta apropiación del fútbol.

Estados, fondos de inversión, plataformas digitales y patrocinadores disputan influencia, mercados y prestigio utilizando el deporte como instrumento.

El espectáculo crece, pero también la concentración de la riqueza, la desigualdad entre clubes, la explotación del talento juvenil y la distancia entre quienes controlan el negocio y quienes mantienen vivo el fútbol desde las comunidades.

Sin embargo, esa no es la única historia posible. El fútbol pertenece también a los pueblos, no solo a los imperios.

Antes que industria multimillonaria, el fútbol siempre ha sido un juego compartido en barrios, escuelas, plazas y comunidades.

Allí sigue conservando su mayor riqueza: la capacidad de reunir personas, fortalecer vínculos, enseñar cooperación y construir identidad colectiva.

Cada cancha comunal muestra que el verdadero valor del deporte no se mide por los derechos de transmisión ni por el precio de un fichaje, sino por las oportunidades que crea para convivir, aprender y crecer juntos.

Por eso siempre es momento de recuperar el sentido comunitario del fútbol: fortalecer clubes barriales, ligas locales, escuelas deportivas y proyectos donde el deporte sea un derecho y no un privilegio.

Necesitamos organizaciones más democráticas, políticas públicas que prioricen la inclusión y una ciudadanía dispuesta a defender el fútbol como un bien común.

Fortaleciendo su poder comunitario, el fútbol seguirá siendo lo que siempre ha sido: una escuela de solidaridad, democracia popular y vida compartida.

Los hechos no hablan solos – Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

En muchos países de América Latina ocurre algo que llama la atención de la gente, gobiernos o movimientos políticos de izquierda llegan con mucha fuerza al poder, impulsan reformas, crean programas sociales, mejoran servicios públicos y promueven cambios que consideran importantes para la mayoría de la población, sin embargo, cuando llegan nuevas elecciones, muchas veces encuentran dificultades para mantener el apoyo de los votantes.

¿Por qué algunos gobiernos hacen cambios importantes y aun así tienen dificultades para ganar elecciones?

Algunas personas creen que esto ocurre porque gobernaron mal, o porque cometieron demasiados errores, pero la realidad suele ser más complicada.

Las elecciones no funcionan como un examen de matemáticas, donde se suman aciertos y errores para obtener una nota final. Las personas votan influenciadas por muchas cosas, como, lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten, lo que conversan con sus vecinos/as, lo que reciben por redes sociales y, sobre todo, por la idea que tienen sobre el rumbo del país.

Por eso, entender una elección requiere mirar mucho más allá de los números y las estadísticas, por ejemplo, la situación actual de Colombia es un buen modelo de ello.

La disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no enfrenta únicamente dos candidatos, también refleja debates que vienen de muchos años atrás, a saber, la violencia política, el conflicto armado, las desigualdades sociales, el proceso de paz, las diferencias entre regiones, el papel de los medios de comunicación y las distintas ideas sobre el futuro del país, entre otros.

Existe una situación que se repite en muchos gobiernos que buscan hacer cambios profundos, dedican enormes esfuerzos a mejorar programas sociales, ampliar derechos, fortalecer la educación, la salud o las oportunidades para los sectores más vulnerables.

Pero esos cambios casi nunca producen resultados inmediatos; una reforma educativa puede tardar años en mostrar resultados, una política para reducir la pobreza puede necesitar varios gobiernos para consolidarse, una transformación económica no ocurre de la noche a la mañana.

Mientras tanto, la gente sigue enfrentando problemas cotidianos; si una persona siente inseguridad en su barrio, le preocupa el precio de los alimentos o teme perder su empleo, esas preocupaciones pueden pesar más que otros avances que no percibe directamente.

Por esto muchas veces los gobiernos, son juzgados no por todo lo que hicieron, sino por los problemas que la población considera más urgentes. Y esto ha ocurrido en distintos países.

En Brasil, muchos ciudadanos/as reconocían avances sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero el desgaste político terminó favoreciendo a Jair Bolsonaro en 2018.

En Ecuador, una parte de la población valoraba logros del Correísmo, pero otra parte quería un cambio de rumbo.

En Argentina, el deseo de alternancia ayudó a llevar a Mauricio Macri a la presidencia.

Pero también existen casos contrarios, veamos…

Lula volvió a ganar en Brasil en 2022, Gabriel Boric triunfó en Chile, Gustavo Petro llegó a la presidencia en Colombia en 2022.

Esto demuestra que el problema no es simplemente ser de izquierda o de derecha. La verdadera pregunta es otra, ¿Quién logra convencer a más personas de que su plan para el futuro es mejor?

En el caso de la política colombiana, para entenderla hay que mirar hacia atrás, durante décadas, Colombia vivió marcada por el conflicto armado, la violencia política, el narcotráfico y enormes desigualdades sociales; millones de colombianos/as crecieron escuchando noticias sobre guerrillas, paramilitares, secuestros, atentados y enfrentamientos, y esta historia dejó huellas profundas.

Por esto palabras como seguridad, paz, autoridad, orden, justicia o cambio no significan exactamente lo mismo para todos los colombianos/as. La firma del acuerdo de paz abrió una esperanza para muchos sectores de la sociedad, pero también generó dudas y preocupaciones en otros, y estas diferencias siguen presentes hoy.

Por esto las elecciones actuales no son solamente una evaluación del gobierno de Gustavo Petro, también son una discusión sobre qué país quieren construir los colombianos/as para las próximas décadas.

Y aquí aparece una idea muy importante, muchas personas que apoyan al gobierno de Petro sostienen que una parte de la población no conoce realmente muchos de los avances realizados durante estos años, y esta situación no es exclusiva de Colombia, ocurre en muchos países, por ejemplo:

Una carretera puede ser construida gracias a recursos del gobierno nacional, pero la gente piensa que fue obra de la alcaldía. Un programa social puede beneficiar a miles de familias, pero con el tiempo deja de verse como algo especial y pasa a considerarse normal. Una mejora económica puede atribuirse al esfuerzo personal y no a decisiones del gobierno.

En otras palabras, no basta con hacer las cosas, también hay que lograr que la gente sepa quién las hizo y por qué fueron importantes; si los ciudadanos no relacionan los cambios positivos con quienes los impulsaron, esos logros pueden desaparecer políticamente, aunque sigan existiendo en la realidad.

Y aquí aparece una de las mayores debilidades históricas de muchos movimientos progresistas en América Latina: han dedicado enormes esfuerzos a gobernar, pero muchas veces han prestado menos atención a comunicar. Durante años, una parte de la izquierda creyó que los hechos hablarían por sí solos, pensó que una buena gestión sería suficiente para convencer a la población.

Pero la política moderna funciona de otra manera, los hechos no hablan solos; alguien siempre los interpreta, los explica y les da significado. Mientras algunos gobiernos se concentran en ejecutar programas y reformas, otros actores políticos trabajan constantemente construyendo relatos, mensajes, símbolos y emociones, y muchas veces esos relatos terminan teniendo más fuerza que los propios hechos.

Otro problema frecuente es creer que una estadística puede derrotar una emoción, cuando una persona tiene miedo por la inseguridad, un gráfico no siempre cambia su percepción, cuando una familia siente dificultades económicas, un informe técnico puede parecer lejano a su realidad.

Las personas necesitan datos, pero también necesitan explicaciones sencillas que les ayuden a entender lo que está ocurriendo, la política no se mueve solamente por números, también se mueven por sentimientos, experiencias y esperanzas.

Por esto comunicar bien no significa hacer propaganda vacía, significa explicar claramente qué se hizo, por qué se hizo y cómo mejora la vida de la gente.

A su vez, hoy la comunicación política es mucho más complicada que hace veinte años; antes la información circulaba principalmente por televisión, radio y periódicos, ahora millones de personas reciben información por Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube y muchas otras plataformas.

Así en cuestión de minutos una noticia verdadera o falsa puede llegar a millones de personas, un video de treinta segundos puede tener más impacto que un informe de cien páginas.

Esto obliga a los gobiernos y a los movimientos políticos a adaptarse a una realidad completamente nueva; quien no entiende esta transformación corre el riesgo de perder la batalla de la opinión pública, incluso cuando tiene resultados para mostrar.

Existe otro factor que pocas veces se menciona; los gobiernos de cambio suelen despertar enormes esperanzas. Prometen combatir la desigualdad, reducir la corrupción, mejorar la seguridad y transformar la economía, sin embargo, los cambios profundos necesitan tiempo.

Las instituciones avanzan lentamente, las reformas encuentran obstáculos, los resultados tardan en llegar. Cuando las expectativas crecen más rápido que los resultados, aparece la frustración; y muchas veces esa frustración surge precisamente entre quienes más esperaban del gobierno, por esto algunos proyectos políticos terminan siendo víctimas de sus propias promesas.

Otro elemento importante es que, tal vez la discusión más importante ocurre en un terreno que muchas veces pasa desapercibido, no basta con ganar elecciones, tampoco basta con gobernar, también es necesario ganar la batalla de las ideas.

Las personas construyen sus opiniones en muchos lugares, como, la familia, la escuela, la iglesia, las redes sociales, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones sociales, allí se forman las ideas sobre qué significa progreso, justicia, libertad, seguridad o democracia.

Quien logra influir en esas ideas tiene una enorme ventaja política, por esto algunos gobiernos logran ganar elecciones, pero no logran consolidar una visión compartida del país. Y cuando esto ocurre, cada elección vuelve a convertirse en una disputa desde cero.

Finalmente, la historia demuestra que los movimientos progresistas no están condenados a perder elecciones; existen muchos casos de derrotas, pero también numerosos ejemplos de victorias, sin embargo, sí parece existir un problema recurrente.

Muchos gobiernos logran hacer cambios importantes, pero encuentran dificultades para convertir esos cambios en una percepción positiva y duradera dentro de la sociedad. El caso colombiano muestra claramente este desafío.

La discusión sobre el gobierno de Gustavo Petro no gira solamente alrededor de lo que hizo o dejó de hacer, también gira alrededor de cómo esos resultados fueron comunicados, comprendidos y valorados por la ciudadanía. Aquí la principal lección quizás sea esta:

Gobernar bien es indispensable, pero en la política del siglo XXI no es suficiente, también hay que explicar, convencer, escuchar y construir una visión compartida del futuro, porque los hechos son importantes, pero los hechos, por sí solos, no hablan.

Un dato final, sin entrar en polémicas. En el caso de Iván Cepeda, muchas personas lo reconocen por su trabajo en temas de Derechos Humanos, y por hablar sobre la historia del conflicto armado en Colombia, esto le da importancia y reconocimiento en la política del país.

Sin embargo, en una elección nacional, el reto para un candidato con este perfil es lograr que esos temas se conviertan en mensajes claros, sobre lo que más preocupa a la gente todos los días, la seguridad, el empleo, la economía y el costo de vida.

En una segunda vuelta, esto suele ser muy importante; muchos ciudadanos no votan pensando tanto en ideologías o debates políticos complejos, sino en quién creen que puede ofrecer un mejor futuro para ellos y sus familias.

Por esto, en Colombia las segundas vueltas muchas veces no las gana quien tiene el plan más detallado, sino quien logra conectar mejor con las preocupaciones de la gente. Normalmente tiene ventaja el candidato que habla de forma sencilla, transmite confianza y hace sentir a los votantes que entiende sus problemas.

En este escenario, no basta con proponer cambios, también es necesario explicarlos de una manera fácil de entender y demostrar cómo pueden mejorar la vida diaria de las personas. Al final, suele ganar quien logra presentar una idea de futuro clara y cercana para la mayoría de los ciudadanos/as, incluso para quienes no pensaban votar por él desde el principio.

No estamos afirmando que esto ocurrió o vaya a ocurrir de una manera u otra, simplemente es una situación que suele aparecer en elecciones muy divididas y polarizadas.

Y afirmo categóricamente, ojalá, que sea así, que Ivan Cepeda gane las elecciones en Colombia, para que este país siga cambiando, para que los colombianos/as, tengan una sociedad de justicia, paz, prosperidad y tranquilidad, en fin, que sea un triunfo de la izquierda latinoamericana.

Aplaudimos el desastre o buscamos el cambio

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa

Termina mayo florido y comienzan las lluvias. Se ha vuelto una costumbre para mí que esa transición me anime a escribir sobre la coyuntura nacional. Esta vez coincide con el inicio de un nuevo gobierno, uno que ha decidido presentarse como el gobierno de la continuidad.

Y, en efecto, la continuidad más visible es la crisis. No una crisis cualquiera, sino una que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional: la desastrosa gestión del Estado y de la institucionalidad pública, la crisis fiscal latente, el estancamiento económico, el deterioro social y la inseguridad ciudadana.

Otro rasgo de continuidad es la permanencia del mismo grupo político en el poder. Con algunas variantes, claro. Ministros convertidos en diputados, diputados trasladados al gabinete, otros enviados a puestos diplomáticos. A ello se suma la incorporación de varios tránsfugas de los viejos partidos políticos. No hay aquí cambio alguno, sino continuidad: figuras que heredan los estilos clientelares, el intercambio de favores, el oportunismo y la corrupción del viejo modelo aparecen ahora como los nuevos reclutas de quienes controlan el gobierno.

Un tercer rasgo de continuidad es la retórica antiinstitucional, acompañada de poses agresivas y pulsiones autoritarias. La semiótica del escándalo sigue siendo la identidad corporativa del gobierno. El grupo en el poder parece invertir más energía en repartir adjetivos que en construir objetivos.

Pero son las tendencias estructurales las que terminan marcando la coyuntura. Omitiré, por consideración a ustedes, lectores y lectoras, otras referencias a la escasa prestancia política de quienes nos gobiernan.

Todas las señales de una grave crisis fiscal amenazan las condiciones de vida de la población costarricense en el futuro inmediato. Sin excepción. Ya lo habían advertido diversos analistas económicos y lo ha reconocido el propio Banco Central. El resultado previsible será más desigualdad y más pobreza, recortes en programas sociales y el desfinanciamiento de actividades estratégicas consideradas prescindibles por la lógica simplificadora de una narrativa pseudopopulista.

La economía no crece, pero la moneda local permanece sobrevaluada. Sin embargo, lejos de encender alarmas, el problema es reducido a meros tecnicismos. Los elevados niveles de consumo de algunos grupos sociales, en particular de altos ingresos, evidencian no solo una distribución profundamente desigual de riqueza, sino también, en ciertos casos, lo que parece ser el endeudamiento, estilos de vida ostentosos y, en muchos otros, la circulación de capitales al margen de las economías legales. La economía se aproxima a una situación crítica, pero seguimos flotando sobre una burbuja. El mercado laboral ha perdido dinamismo, expulsa fuerza de trabajo y ha clausurado posibilidades de ascenso social para trabajadores y trabajadoras, especialmente entre los jóvenes.

El economista agrícola que presidió el país durante los cuatro años anteriores y que ahora se posesiona como superministro, así como su flamante ministro de Hacienda, hoy jefe de fracción oficialista, no supieron cómo —o no quisieron— resolver esa crisis.

Por su parte, una escalada de violencia criminal galopante, impulsada por el crimen organizado, continúa ensañándose con el costarricense común y corriente, aquel que no dispone de escoltas pagados por el presupuesto público. Los ciudadanos seguirán siendo víctimas de aquella sentencia inescrupulosa: “se matan entre ellos”. Víctimas inocentes de una guerra que durante cuatro años no supieron resolver.

La crisis educativa amenaza con sembrar la ignorancia en un pueblo que durante décadas se distinguió por ser uno de los más educados de América Latina. Este gobierno contó con una ministra que se suponía experta internacional en materia educativa; sin embargo, su currículum nunca se tradujo en una ruta capaz de enfrentar la crisis de la educación.

Además, los programas sociales se han estancado porque el gobierno central les retiene el financiamiento. Las familias que dependen de becas, subsidios y pensiones quedan amenazadas por el abandono y la incertidumbre. Nunca hubo jerarcas verdaderamente comprometidos con la defensa del Estado social de derecho; prevalecieron el miedo y la sumisión.

En pocas palabras, esta crisis estructural se amplió y profundizó bajo una mezcla de incapacidad política y falta de voluntad. Más allá de las explicaciones oficiales, el efecto acumulado de las decisiones adoptadas ha sido el debilitamiento de las capacidades públicas del Estado y la apertura de espacios para que instituciones estratégicas —como el ICE, la Caja Costarricense de Seguro Social y los bancos estatales— queden sujetas a crecientes presiones privatizadoras y a los intereses del capital transnacional.

Ni qué decir de la política exterior y de su desatinada gestión. Para mal del país, bajo la amenaza de convertir el servicio diplomático en una especie de trofeo político para pagar favores a financistas, incluso para compensar la complicidad política para el ocultamiento de casos de corrupción y otros posibles graves delitos. Seguiremos siendo -quizás en el menor de los casos- motivo de burla en el sistema internacional, ahora representados diplomáticamente por figuras que no reúnen las capacidades para el ejercicio de las funciones propias del servicio exterior, mucho menos la estatura requerida para representar al país en el cargo de embajadores. No se trata solo de posible corrupción sino de poner en riesgo la imagen internacional del país.

Y, sin embargo, en la continuidad, el gobierno sigue encabezado por un grupo que goza de aplauso popular. Al menos, de una porción significativa de los costarricenses. Ello se explica, entre otras cosas, porque el malestar social no ha sido conducido en búsqueda de cambios estructurales, sino que ha sido capturado emocionalmente por narrativas, escenografías mediáticas y símbolos propios de los neopopulismos del siglo XXI. También porque no ha habido capacidad ni voluntad para entrar seriamente en la disputa del control del campo mediático. Algunos medios de comunicación -y que fueron llamados canallas por ser en apariencia críticos al grupo en el poder- han comenzado a alinearse: eso les depara el pago de parte de la pauta publicitaria del gobierno.

Los grupos vinculados a ciertas iglesias, al neoconservadurismo protestante y a sectores del catolicismo llenan con discursos moralizantes y seudorreligiosos los vacíos de contenido cívico y cultural que hoy dificultan la construcción de proyectos políticos transformadores, al menos en el corto plazo. También su oportunismo es evidente: sacan réditos políticos de la crisis de la política social y del recorte de financiamiento a programas sociales. La alianza con el grupo en el gobierno no es solo por interés político u oportunismo religioso, también responde a cálculos clientelares.

También el empresariado ha decidido apostar sus cartas al grupo gobernante y poco parece importarle el oscuro panorama económico y fiscal, la ruina de la producción nacional, la quiebra de empresas o su fuga hacia otros destinos. Su silencio no parece explicarse únicamente por miedo; también da la impresión de responder a un cálculo político.

Todas estas crisis, así como los nuevos e inevitables riesgos políticos que ella entraña, evidencian la declinación del viejo modelo de hegemonía, una reconfiguración de las relaciones de poder y la pérdida de capacidad de dirección por parte de los viejos partidos, sus élites y sus cuadros dirigentes.

Este grupo, carente de dirección, sin proyecto político y aún menos capacidad para responder a los problemas aquí enumerados, apenas ocupa ese vacío. Pero lo hace con materiales tan precarios que el suelo sobre el que todos caminamos se vuelve cada vez más inestable.

La capacidad de resistencia política y social ha comenzado a manifestarse. Esa es una buena señal. Sin embargo, como ocurrió durante los cuatro años anteriores, aparece de forma intermitente, con compromisos limitados y entusiasmo insuficiente. Su conducción sigue siendo débil debido, especialmente, a la escasa voluntad de construir acuerdos y avanzar hacia una unidad estratégica que no se limite a las corporaciones sindicales o académicas, sino que incorpore de manera más amplia a la sociedad civil.

La esperanza debe seguir puesta en un despertar cívico, en esa identidad costarricense arraigada en el valor de las instituciones, los acuerdos y el respeto a las leyes. Pero eso no surge por arte de magia: hay que construirlo y requiere esfuerzo, constancia y trabajo. Así fue como este país logró sobrevivir frente a las dictaduras y los autoritarismos que históricamente lo amenazaron.

Será por ese camino, mediante una identidad costarricense que debe ser reinventada, y nunca por los acantilados del fascismo y las autocracias, que los costarricenses podremos conversar, negociar y concertar soluciones cívicas a nuestros problemas comunes. Con democracia participativa y no con autoritarismos verticales.

Nota editorial: La ilustración corresponde a una obra del pintor costarricense Ricardo Ávila.

La crisis civilizatoria ¿en qué consiste y cómo afecta el cambio climático?

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La llamada “crisis civilizatoria” se refiere a una crisis profunda del modelo de civilización dominante, es decir, de la forma en que la humanidad —particularmente el mundo industrial moderno— organiza la economía, la política, la producción, el consumo, la relación con la naturaleza y hasta los valores culturales. No se trata únicamente de una crisis económica o ambiental aislada, sino de una crisis integral del modo de vida contemporáneo.

La idea central es que el modelo civilizatorio basado en el crecimiento económico ilimitado, el consumo masivo, la explotación intensiva de recursos naturales y la lógica de acumulación permanente ha llegado a límites ecológicos, sociales y éticos que amenazan la estabilidad del planeta y de las propias sociedades humanas.

Diversos pensadores y movimientos críticos han desarrollado este concepto, entre ellos Edgar Morin, Enrique Leff, Leonardo Boff y Boaventura de Sousa Santos, quienes coinciden en que la crisis ambiental y climática no es un accidente pasajero, sino la consecuencia estructural de un determinado modelo de desarrollo.

La relación con el cambio climático es directa y profunda por varias razones:

1. El modelo económico depende de combustibles fósiles

La civilización industrial moderna se construyó sobre el uso masivo de carbón, petróleo y gas natural, así como también gas metano. Estos combustibles permitieron el crecimiento industrial, el transporte global y la expansión del consumo, pero también generaron enormes emisiones de gases de efecto invernadero.

El resultado es entonces el calentamiento global antropogénico, es decir, el cambio climático en esta ocasión ha sido provocado principalmente por las actividades humanas dedicadas a la producción de combustibles fósiles.

2. La lógica del crecimiento ilimitado choca con los límites del planeta

La economía dominante funciona bajo la idea de crecer constantemente: producir más, consumir más y extraer más recursos. Sin embargo, la Tierra posee límites ecológicos. Los bosques, océanos, suelos y la atmósfera no pueden absorber indefinidamente la presión humana.

Esta contradicción entre crecimiento ilimitado y planeta finito es uno de los núcleos de la crisis civilizatoria.

3. La naturaleza es tratada como mercancía

Dentro del paradigma dominante, la naturaleza suele ser concebida principalmente como “recurso económico”: bosques para explotar, ríos para represar, minerales para extraerlos y procesarlos, mares para industrializar.

Esa visión reduce el valor ecológico y cultural de los ecosistemas y favorece procesos como:

deforestación,

contaminación,

destrucción de biodiversidad,

expansión minera y petrolera,

agricultura industrial intensiva.

Todos estos factores agravan el cambio climático.

4. El consumismo incrementa la huella ecológica

La cultura contemporánea impulsa patrones de consumo masivo: producción rápida, obsolescencia programada, desperdicio y uso intensivo de energía.

El problema no es solamente cuántos seres humanos existen, sino el tipo de consumo predominante, especialmente en las sociedades más industrializadas.

Una minoría del planeta consume y contamina muchísimo más que la mayoría de la población mundial.

5. La desigualdad social dificulta soluciones globales

La crisis civilizatoria también implica enormes desigualdades económicas y políticas. Los países y grupos sociales que menos contribuyen al calentamiento global suelen ser los más vulnerables a sus efectos.

Esto genera tensiones internacionales y dificulta alcanzar acuerdos eficaces para enfrentar la crisis climática.

En regiones como Centroamérica, por ejemplo, los impactos climáticos —huracanes, sequías, inundaciones y pérdidas agrícolas— son severos, aunque la región emite relativamente poco carbono a escala global.

6. Existe una crisis ética y cultural

Muchos autores sostienen que el problema no es solo tecnológico o económico, sino también de naturaleza política, ética y cultural. La crisis civilizatoria expresa una ruptura en la relación entre humanidad y naturaleza.

Se cuestiona una visión basada en:

dominación sobre la naturaleza,

individualismo extremo,

competencia permanente,

acumulación material como medida del bienestar.

Por eso, las soluciones al cambio climático no consisten únicamente en nuevas tecnologías “verdes”, sino también en transformaciones culturales, políticas y sociales profundas.

En síntesis, la crisis civilizatoria influye en el cambio climático porque el calentamiento global no surge de manera aislada: es el resultado histórico de un modelo de civilización basado en la explotación intensiva de energía fósil, el crecimiento ilimitado y una relación desequilibrada con la naturaleza. Desde esta perspectiva, enfrentar seriamente el cambio climático implica también replantear el modelo de desarrollo, los patrones de consumo y la forma en que las sociedades humanas conciben el progreso y el bienestar.