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Etiqueta: desigualdad

Hablemos de la sangre: La menstruación es una cuestión laboral y sindical

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Al conmemorar el 28 de mayo el Día Internacional de la Higiene Menstrual, el movimiento sindical debe reconocer que la menstruación es una función corporal natural que las mujeres y las niñas experimentan de diversas maneras y que puede agravar su exclusión de las sociedades debido a la ignorancia, los prejuicios y los tabúes. La falta de instalaciones sanitarias privadas y limpias, el dolor menstrual y otras molestias físicas relacionadas con la menstruación son otros factores que contribuyen a la posición desigual de las mujeres en el lugar de trabajo. La menstruación sigue siendo una barrera importante para la igualdad, ¡y esto no es aceptable!

Sobre la base de la resolución del Congreso de la UITA de 2017 de hacer de la menstruación una cuestión laboral y sindical, la UITA ha elaborado un breve documento político (disponible en inglés, español y francés) centrado en:

  • Cómo organizar acciones concretas en torno a la igualdad de la menstruación en el lugar de trabajo
  • Cómo crear un entorno de trabajo solidario e informado
  • Cómo negociar con los empresarios sobre la menstruación
  • Cómo participar en campañas nacionales cruciales

La presidenta del Comité de Mujeres de la UITA, Patricia Alonso, declaró: «No existe una solución única aplicable a todos los contextos, países y lugares de trabajo. Lo que sí es cierto es que los sindicatos deben asegurarse de que cualquier trabajo en torno a la menstruación no conduzca a la discriminación en la contratación o la promoción de las mujeres trabajadoras y no fomente ningún estereotipo de género”.

Fuente: iuf.org

Racismo y educación superior en Estados Unidos

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

El pasado 02 de junio, el profesor de sociología de la Brown University y autor de diversos libros sobre racismo y discriminación, José Itzigsohn participó en una entrevista con el investigador de la UNTREF y del CONICET, Daniel Mato. 

El racismo es un fenómeno que se manifiesta en la vida cotidiana y en las diversas instituciones de nuestras sociedades. José Itzigsohn plantea que este sigue presente en la educación superior norteamericana. Sin embargo, hoy toma la forma de racismo institucional, es decir, mecanismos que reproducen la desigualdad y que crean experiencias distintas para blancos y para gente de grupos racializados.

La teoría de Itzigsohn plantea tres formas en las que se expresa el racismo institucional: la subrepresentación, la experiencia dentro de la universidad que tienen los estudiantes y los profesores racializados, y las consideraciones de metodologías y temas legítimos de conocimiento.

Durante la entrevista se resalta que, pese a que sí ha habido un avance en contra del racismo, es incorrecto considerar que aún no se presenta en la educación superior. Es importante señalar otras formas en las que el racismo, ahora institucional, se desarrolla actualmente para poder enfrentarlo. Además, se desarrolla una descripción del sistema universitario en Estados Unidos, donde se resalta que no es gratuito; lo cual limita el acceso para muchos de los sectores minoritarios y discriminados.

Las políticas dentro de las universidades han cambiado de “reparar injusticias históricas”, a una “noción de diversidad”. El problema de este sistema es que se pierde la perspectiva de las injusticias, previas y aún vigentes. Además, plantea el debate de que puede originar “racismo inverso”, es decir, que se discrimina a los grupos blancos históricamente más privilegiados.

Para evitar este conflicto, y que no se acepten individuos en las universidades con menos méritos, las cortes en Estados Unidos han usado una metodología de “bien común”. En esta, la “raza” u origen del individuo es una de muchas variables a considerar; junto con notas académicas, actividades extracurriculares, recomendaciones, entre otras.

Es de alta importancia que estos grupos posean a sus propios profesionales con capacidades, conocimientos y recursos para defender sus derechos. La formación de profesionales indígenas, latinos, afroamericanos u otros grupos racializados tienen efectos sociales que inciden sobre la perspectiva de vida de estas comunidades.

Todos estos conceptos y perspectivas fueron discutidos en detalle por José Itzigsohn y Daniel Mato. Puede ver la entrevista completa en:

La UNTREF, desde la Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA), realiza una serie de acciones tendientes a visualizar y erradicar el racismo en la educación superior. Para informarse sobre el tema, puede seguir sus redes y programas.

 

Fuentes: 

Entrevista completa “Entrevista virtual: Racismo y Educación Superior en Estados Unidos” disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8C2Unpa1icI&t=265s

Mundo UNTREF. (2022). La necesidad de detectar y eliminar el racismo en la educación superior. Disponible en: https://untref.edu.ar/mundountref/la-necesidad-de-detectar-y-eliminar-el-racismo-en-la-educacion-superior

1933: Dos extremos de una misma herradura

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

23-V-22

Pocas veces en la historia de la humanidad, en un lapso de 365 han ocurrido tantos y tan variados acontecimientos. 1933: Dos estilos de gestión, dos mandatarios, y los dos elegidos según la Constitución Política vigente en cada uno de esos países. Alemania y Estados Unidos.

En Estados Unidos resultó airoso Franklin D. Roosevelt. País sumido en la depresión que devoró miles de empleos, muchas empresas pequeñas desaparecieron, muchos suicidios, aumento de violencia, ruptura del tejido social, miles de desahucios en pequeños departamentos, pérdidas y remate de granjas agrícolas, aumento de la desintegración familiar, violencia familiar y asombroso aumento del alcoholismo. Lo más grave, el alma rota de un pueblo y con una gran desesperanza ante el futuro y el porvenir.

En Alemania, Hitler es declarado Canciller, es quemado deliberadamente el parlamento, culpándose de ello a otros – cuál quema de Roma por la megalomanía de Nerón -, los nazis se hacen del poder y de las estructuras del estado con el compadrazgo de otros partidos que pagaron caro su silencio, indiferencia e inoperancia. Se emiten leyes restrictivas y se prohíben los partidos políticos, se emiten leyes depurando el aparato público en contra de funcionarios de origen judío, o que piensen diferente o critiquen el régimen. Se emiten disposiciones para fomentar una cultura que exalta a unos grupos humanos sobre otros, mirando con desprecio a quienes son diferentes, por sus orígenes, sus creencias, su color de piel u orientaciones sexuales.

Sobre este periodo oscuro en la historia de Alemania, en el período entreguerras, cuando un grupo de forajidos y gamberros, o se hicieron del poder construyendo un discurso sólido y quimérico, que ante el silencio y complicidad de muchos que pagaron el precio hasta con la vida, condujo hacia el sometimiento de un pueblo y uno de los episodios más horrendos de la historia, pues el ascenso de un régimen déspota, ruin y autoritario, condujo hacia la perdida de libertades y a fraguar una sociedad inviable. Para ello les invito, a todos y especialmente a quienes aman la lectura les recomiendo el libro El lenguaje de los Nazis de Viktor Kempleler.

La sociedad alemana pagó caro su indiferencia, al ser avasallados por un régimen que poco a poco comenzó a sacar las uñas y cercenó las libertades públicas, los derechos humanos e inspiró la instauración de un camino amalgamado sobre las armas y la violencia.

El presidente Roosevelt sabía que no había tiempo que perder, se arremangó la camisa y se dispuso a trabajar desde un inicio.

Sabía que toda iniciativa para crear y recuperar empleos requería de un amplio y riguroso plan de infraestructura, donde Estado y sector privado jugaban un papel muy importante, complementario, no antagónico.

Estados Unidos vivió en verdadero crecimiento económico y muchos de los beneficios fueron trasladados al sector laboral. No solo se habló de reactivación económica, de creación de riqueza, sino que dichas acciones fueron acompañadas de mecanismos eficaces de distribución de la riqueza. Se crearon aeropuertos, autopistas, nuevos puertos y ampliación de los existentes, construcción de hospitales, escuelas, colegios, edificios federales, ampliación de la red ferroviaria y la construcción de miles de obras civiles para dotar de vivienda en las grandes ciudades a los desfavorecidos y el embellecimiento de parques. O sea, el bienestar y protección del ámbito laboral nunca estuvo ausente. La generación de nuevos empleos lo permitió, pues los trabajadores pusieron pan a sus mesas, y su orgullo y dignidad fueron justamente reestablecidas.

En Costa Rica, hoy el presidente Chaves y su equipo se enfrentan ante la disyuntiva de tomar las mejores decisiones. No sé si su programa gobierno incluye el concepto de Bien Común. Pero sí lo hace nuestra Constitución Política. Habrá que tomar decisiones en torno a frenar y combatir la desigualdad, así como el aumento en el costo de la vida, empujado por el precio de los combustibles y  por el creciente valor de los alimentos; sobre esto último, si no hacemos nada, empezaran a escasear. Estos y otros problemas agobiantes no serán resueltos por las fuerzas del mercado o la mano invisible de Adam Smith.

El presidente, y el bloque hegemónico en la Asamblea Legislativa pueden optar por escuchar el pueblo y gobernar al lado de él, o profundizar la altisonante e inmoral desigualdad y brechas existentes entre la GAM y regiones periféricas. Ya el hambre y la desnutrición empujan y tocan la puerta de muchos hogares costarricenses. 

Curioso, dentro de los países de la OCDE, Costa Rica es uno de los países donde la fuerza laboral destinó más horas al trabajo, pero también es uno donde la relación entre generación de riqueza y participación de trabajadores en la creación de la misma es uno de las más desiguales. A nivel mundial lo viene advirtiendo la OIT y el Papa Francisco.

Para muchos…. la herradura es símbolo de buena suerte, sinónimo de bienestar, felicidad y poder. Confío en que como pueblo aún no hemos perdido la capacidad de que podamos salir del atolladero en que la clase política tradicional nos ha sumido desde décadas atrás. Ojala hubiese una herradura sobre el marco de la puerta de Casa Presidencial y de la Asamblea Legislativa.

Resaca electoral: La sociedad negadora – 1

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

“Cuando unos pocos se apropian de aquello que no puede ser suyo más que haciendo que no sea de los otros e impidiendo que los otros puedan servirse de lo que tienen derecho, estamos ante la negación del Bien Común” –  Ignacio Ellacuría

Ante el impulso de los aires de “cambio” propuestos por el gobierno entrante, y siguiendo las voces que solicitan el tiempo y prudencia para valorar las intenciones-acciones de este. Dejando este espacio de “oportunidad” vale la pena preguntarnos ¿Cuál es la sociedad dominante que sale de la pandemia en nuestro país?

Han pasado 40 años de aquellas intervenciones que realizó el padre Ignacio Ellacuría, en donde nos invitó a reflexionar sobre la violencia en sociedades divididas. Pasado este tiempo, resulta importante retomar el hilo de su pensamiento, y plantearnos una primera idea: la sociedad negadora.

Ellacuría nos recuerda que como opción radical y crítica se hace necesario volver nuestra mirada a la negación de la vida que es producto de las relaciones dominantes situadas en nuestros contextos históricos, es decir la gravedad de la violación o de la privación que puede padecer una determinada mayoría.

Esta negatividad, sólo puede ser sostenida en el tanto exista esa “positividad” que es asumida y disfrutada por una minoría de esa sociedad determinada, una minoría que cuenta con las formas y modos que niegan o impiden  aquello que podría o debería ser y por otro lado es el sostén de esa realidad negadora (dimensiones clasistas, coloniales, racistas, patriarcales, etc.).

Nos quedamos por ahora en esta primera aproximación, y como ejercicio nos aventuramos a pensar en torno a esa sociedad que ha sido fortalecida y legitimada simbólicamente a través de los mecanismos electorales (no hay que olvidar que cuantitativamente el abstencionismo sigue siendo el que manda).

Basta observar y escuchar las políticas “estrella” que justifican el supuesto sentido de cambio de gobierno propuesto, les compartimos un breve resumen: los ecologistas como enemigos de la empresa privada, el carpetazo al Acuerdo de Escazú, desregulación de agroquímicos, exploración de gas natural, la urgencia de la ley de jornada 4/3, la misión de erradicar la “ideología de género” del sistema educativo y para sellar la jornada la revisión de la norma del aborto terapéutico.

Volvemos a nuestra pregunta ¿Qué forma de sociedad delinea lo anterior? Por un lado, el avance del neoextractivismo como actividad económica, pero también como política institucional, es importante señalar la persistencia de la impunidad de las violencias que sufren las recuperaciones en territorios indígenas, que sigue privilegiando un Estado racista y colonial, el apoyo al sector agroindustrial cuando legitima el discurso antiecologista y promueve la desregulación de la normativa ambiental, en este caso exploración de gas natural y la apertura a sustancias químicas.

En un segundo acto, privilegiando la posición de las cámaras industriales al refrendar la necesidad de desregular la jornada laboral, al impulsar la modificación de la jornada de 8 horas, por una de 12 horas en 4 días, esto no sólo perjudica en la desaparición “camuflada” de las horas extras, sino que sumerge a la persona trabajadora a una situación de desprotección y desgaste, ya que este tipo de jornadas representan una desventaja, ya que existe una desigualdad de hecho de la relación patrón-trabajador, y esto lleva que no sea una opción individual, sino de interés de la empresa, además erosiona las condiciones para aquellas personas que estudian, con familia o con personas a cargo, ni hablar de los espacios de recreación.

Sumado a todo esto, el frente abierto contra la mal llamada “ideología de género”, que no es más que una forma “sofisticada” de cuestionar y deslegitimar los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y de las diversidades sexuales. Inicialmente vemos esta ofensiva en dos dimensiones, una primera acción sobre el sistema educativo público, procurando el retiro de los planes de estudio de estos contenidos, y una segunda acción, la remoción de los tímidos avances presentes en la política y reglamentación del país, esto lo vemos en la solicitada “revisión” a la norma del aborto terapéutico.

Luego de esto, si tuviéramos que perfilar que tipo de sociedad negadora se configura a través de los relatos dominantes de este gobierno, podríamos señalar algunas características: neoextractivista, antiobrera y conservadora.

Ante este escenario, Ellacuría nos recordaba lo complejo que significa incidir en sociedades desiguales, en donde precisamente la política no está al servicio de la ampliación de los derechos de las personas, sino impulsada en la defensa de los intereses y privilegios de unos u otros grupos. Como un primer aporte, el padre Ignacio nos recordaba que la discusión y disputa de este escenario debe tener tres pies: en lo que tiene de verdadero-falso, justo-injusto y lo que tiene de ajustado o desajustado, desde la corporalidad, crítica y negación de esa mayoría que padece el poder.

En una próxima entrega, volveremos sobre esa sociedad que padece el poder, o cómo podríamos llamar la sociedad negada.

LIMÓN-MÉXICO-LAS MARAS-PUNTARENAS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

El asesinato de un líder narco dentro de una escuela en Limón y colateralmente de un trabajador del centro educativo por proteger a una niña estudiante ha causado gran conmoción. A raíz de este hecho el director del OIJ dio declaraciones interesantes en Canal 7.

Expresó que, si se separan las estadísticas de homicidios por provincias o sectores geográficos, Limón tendría una tasa de 32 homicidios por cien mil habitantes, TASA SIMILAR a México y otros países igual de violentos.

Por supuesto parece que nadie en Costa Rica ha comprendido la gravedad de esta afirmación. Realmente nos escandalizamos por los crímenes en México, El Salvador y otros países, y nos alarmamos con Los Zetas, Los Templarios, el Chapo y demás grupos narcotraficantes, o Las Maras Salvatrucha en El Salvador, grupos organizados que parece que no tenemos en el país, aunque las tasas en Limón y Puntarenas sean semejantes a las de esos países. Este hecho crea alarma y estupefacción, estupor, nos deja pasmados, con los pelos de punta. ¡¡A ese nivel estamos en los Puertos!!

El señor Espinoza agrega que la criminalidad en Limón o Puntarenas no puede enfrentarse solo a nivel policial o represivo ya que los problemas delincuenciales obedecen a causas sociales, desempleo, pobreza, disgregación familiar, etc. Y mientras no se resuelvan esas que son las verdaderas causas, los problemas continuarán.

El entrevistador le pregunta sobre la influencia del narcotráfico. El director del OIJ hace dos afirmaciones contundentes: Costa Rica se ha convertido en una gran bodega de cocaína y en uno de los MAYORES EXPORTADORES DE COCAÍNA del mundo. Tremenda revelación dicha por uno de los más altos dirigentes policiales. Sin embargo, los dirigentes políticos no le dan la importancia requerida al tema y creen que con escáneres o redadas podrán resolver o menguar la situación. Tengamos presente que el problema del narcotráfico en vez de reducirse, como nos pregonan todos los ministros de Seguridad y presidentes, crece continuamente hasta los niveles que revela el director del OIJ.

El asunto de la influencia de las drogas sobre la delincuencia me recordó que en Las Maras de El Salvador el negocio de las drogas no es el más importante, sino que es secundario, porque el territorio salvadoreño no es lugar de paso de la cocaína. El negocio de Las Maras es principalmente la EXTORSIÓN lo que les ha permitido dominar grandes territorios donde impera su ley y ha obligado a los gobiernos de turno, incluyendo al actual, a establecer negociaciones y pactos de tolerancia. Dicen que la represión contra Las Maras empezó cuando estas pasaron de hacer negocios de los barrios pobres a los barrios de los ricos. La extorsión fue el negocio inicial también de la mafia neoyorquina y estadounidense, como vimos en la película El Padrino II.

El negocio de la droga no es la causa primaria de la problemática criminal, sino que son las condiciones de miseria, desempleo, desesperanza o violencia en que viven miles y miles de jóvenes.

Los gobernantes de este país deberían tomar muy en serio que están parados sobre una bomba de tiempo, que no se resolverá con más represión y violencia, sino con salarios justos, empleos, oportunidades o educación que abran otro horizonte para Limón y Puntarenas.

La internacional de la avaricia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En la semana anterior, se reportó que desde que se inició la pandemia de la Covid-19 hasta el presente, seis grandes compañías farmacéuticas de Estados Unidos y Europa, que desarrollaron vacunas contra la enfermedad, ganaron 227 mil millones de dólares en valor de mercado.

De esta manera, las farmaceúticas Pfizer, Moderna, Biontech, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson aumentaron ya sus abultadas fortunas, de manera astronómica. Un reducido grupo de accionistas y ejecutivos se tornaron más ricos al emerger esta enfermedad que ha marcado la vida del planeta en los últimos dos años y medio.

Se trató entonces de un pingüe negocio mediante el cual se transfirió un torrente de recursos públicos a estas empresas ya que las compras del inmunizante, lo hicieron los Estados.

Algunos líderes políticos (particularmente de países del sur planetario) clamaron para que se suspendieran las patentes y que se permitiera la libre producción de los antígenos, durante el periódo más grave de la pandemia. Pero tanto estas farmacúticas y líderes políticos alineados con sus intereses, negaron esta posibilidad de manera tristemente rotunda. De esta manera, pusieron en grave riesgo la salud de millones de personas que habitan los países más pobres. Es seguro que muchas muertes y complicaciones derivadas de la Covid-19 se hubieran evitado si las ganancias económicas se hubiesen pausado, en un corto lapso de tiempo, para dar prioridad al más elevado interés humanitario.

Sin embargo, no solo la farmacéuticas se han visto beneficiadas con la pandemia. Como ha venido denunciado Oxfam la riqueza de los diez hombres más ricos del mundo se ha duplicado mientras que los ingresos del 99 % de la humanidad se ha visto reducido. De esta manera, la pobreza y la desigualdad se ha incrementado en forma significativa.

Gabriela Bucher, Directora Ejecutiva de la mencionada ONG lo dice con medidiana claridad: “Los milmillonarios han tenido una pandemia de lujo. Los bancos centrales han inyectado billones de dólares en los mercados financieros para salvar la economía, pero gran parte ha acabado en los bolsillos de los milmillonarios, que se han aprovechado del auge de los mercados bursátiles. Con las vacunas se pretendía poner fin a esta pandemia, pero los Gobiernos de los países ricos han permitido que los milmillonarios y los monopolios farmacéuticos corten el suministro a miles de millones de personas. Esto podría traducirse en un incremento de todas las formas imaginables de desigualdad. La previsibilidad de esta situación es indignante, y sus consecuencias son letales”.

La pandemia abrió una enorme oportunidad para la solidaridad. Pero la avaricia de un reducido grupo de seres humanos le ganó la partida. Con ello, la brecha de desigualdad entre países ricos y pobres se ha ampliado y dentro de los países, la brecha social y económica entre sectores y grupos sociales también se ha hecho más honda.

Con datos del año anterior, en América Latina se amplió el enorme abismo que ha existido históricamente entre los pobres y los propietarios de grandes fortunas. El número de multimillonarios en la región latinoamericana se incrementó de 76 a 107 y la fortuna acumulada por este selecto grupo casi se duplicó: Pasó de US$ 284.000 millones a US$ 480.000 millones, según el análisis realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La avaricia (“afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie”) siempre ha existido. Empero con la pandemia escaló de manera exponencial. ¿Qué hay de nuevo para que se haya dado este repudiable fenómeno.

Lo nuevo nos viene de finales del siglo anterior. Se trata de la pandemia neoliberal que como un terrible matapalo se ha apoderado de la política y, con ello, de la economía, de la sociedad y de la cultura de la mayoría de los países del orbe.

Diversas expresiones de un neoliberalismo extremo han bloqueado que se fijaran impuestos a las enormes fortunas concentradas en pocas manos, para enfrentar el incremento de la pobreza y la desigualdad.

En Costa Rica, ni siquiera se insinuó tal posibilidad ya que hubiese sido aplastada por la mayoría legislativa neoliberal que imperó desde el 2018 al 2022. Tampoco un impuesto solidario que pudieran pagar los dueños de grandes fortunas, hubiese contado con el apoyo de las cámaras patronales.

La avaricia neoliberal es como un agujero negro, que no deja ni rastros de solidaridad y de preocupación por el bien común.

El Papa Francisco al caracterizar lo que hoy prevalece en el mundo y que nos plantea el enorme desafío de su erradicación, lo expresa claramente: “Veo un modelo de vida económica y social caracterizado por tantas desigualdades y egoísmos, en el que una exigua minoría de la población mundial posee la mayoría de los bienes, y que a menudo no duda en explotar a las personas y los recursos”.

(9 de mayo, 2022).

MÁS ESTADO SOCIAL, NUNCA MENOS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los logros y avances de la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX, que la llegaron a colocar entre los punteros en desarrollo humano, social y sostenible en América Latina, fueron el resultado de apostar siempre por más Estado Social y nunca por menos.

Cuatro iniciativas fueron claves y determinantes para que el país se catapultara como uno de los más avanzados del continente: la apuesta por las garantías sociales de los años 1940; por la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y los acueductos de los años 1950; y por la conservación y la sostenibilidad de los años 1960. De ahí, nuestras grandes fortalezas: salud, educación, seguridad socio-laboral, electricidad, agua potable y sostenibilidad eco-ambiental. Todo ello, como resultado de un Estado Social innovador, regulador y solidario.

Inducidos por la crisis energética de los países del mundo rico, que se trasladó como crisis de la deuda a los países pobres y de ingreso medio, se asumió a partir de los años 1980, por mandato de los organismos financieros internacionales, la consigna neoliberal de menos Estado social y más mercado. Perdimos el rumbo y caímos en picada en el abismo de la desigualdad y la pobreza, en buena medida, hoy convertida en miseria. Involucionamos, así, de la sociedad de perfil de clase media hacia la de perfil medieval de ricos y pordioseros.

En la actualidad, además de ser azotados por la Pandemia del Covid 19, estamos siendo azotados por las propuestas y acciones contra el Estado Social. Se pretende solucionar los graves problemas de la crisis fiscal y la deuda pública con medidas simplistas y sesgadas, como la regla fiscal indiscriminada, la política de salarios decrecientes en el sector público, la reducción y fusión de la institucionalidad social, entre otras. Todo ello, para no tener que volver sobre la impostergable tarea de propiciar acciones y medidas para contener la evasión fiscal e impulsar un adecuado sistema de recaudación y una mayor justicia tributaria.

Quienes hoy plantean la necesidad de un modelo de Estado eficiente y moderno, solo piensan en menos Estado Social. No en cómo construir un país con una economía social y solidaria robusta, y que contribuya a un uso equilibrado y sostenible de los recursos naturales y ambientales del país, es decir, donde su norte no sea el simple crecimiento económico al servicio de los grandes negocios nacionales y extranjeros.

El país tiene el gran desafío de retomar el rumbo por la “vía costarricense”, que siempre ha implicado más Estado Social y nunca menos. Lamentablemente, éste es cada vez más socialmente anémico y con una tendencia que favorece la oligarquización de la sociedad. Es decir, un Estado al servicio de grupos de gran poder económico y político. Transitamos, así, del Estado Social al Estado Oligárquico.

La actual Asamblea Legislativa apresura su agenda, pretendiendo dejar un legado en materia de “reactivación económica”, con una fórmula que se plantea como casi milagrosa: la descentralización de las zonas francas, para llevarlas a las regiones periféricas, económica y socialmente más deprimidas del país. Se sigue apostando al modelo de “zonas de enclave” de limitados impactos sociolaborales, como se ha mostrado también en el caso de la Gran Área Metropolitana. No se vislumbran esfuerzos significativos que potencien las condiciones y capacidades locales y regionales para impulsar y fortalecer iniciativas de pequeños y medianos emprendimientos con impactos sociolaborales sustantivos.

Para heredar a las nuevas generaciones, una Costa Rica donde la salud, la educación, el trabajo “decente” y la vivienda digna, entre otros, sean derechos garantizados para todos sus habitantes, necesitamos apostar por más Estado Social, nunca por menos.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

El contrato de ALCOA- cincuenta y un años de una protesta que no ha perdido vigencia

Escrito en . Publicado en Derechos, Formación.

Fernando Cruz Castro*

La protesta del veinticuatro de abril de 1970 es sólo la manifestación visible de un malestar que siempre requiere algo más que la rebelión ciudadana, en este caso, existían razones importantes para objetar el Contrato Ley. Los argumentos que fundaban el criterio de los opositores, siguen resonando en el escenario de la historia, que no debe archivarse, que no debe olvidarse. El 24 de abril de 1970 se produjo una violenta protesta por la aprobación del contrato ley con la transnacional Alcoa. El Contrato Ley era una expresión genuina de la asimetría que existe entre el norte y el sur, para decirlo de alguna manera. Se aprobaba una ley especial para establecer un régimen de privilegio entre la empresa y el Estado. Doce diputados votaron en contra del contrato, entre ellos, don Rodrigo Carazo, don Armando Arauz, don Fernando Volio, don Jorge Luis Villanueva y otros siete diputados disidentes. Dato interesante, porque la disidencia dentro de las fracciones parlamentarias, casi ha desaparecido. Los contratos leyes tuvieron vigencia en Costa Rica hasta mediados de la década del setenta del siglo pasado, en que se reformó la Constitución. Hay algunas similitudes entre esos contratos y los tratados de Libre Comercio, contienen regímenes de privilegio, imponen restricciones al poder del Estado y le dan un trato privilegiado al inversionista.

En muchos casos el formato jurídico ignora la desigualdad entre las partes, algo que parece obvio, pero que se invisibiliza. Es cierto que el contrato ley, fue derogado, pero la esencia de su contenido, aparece ahora con otros formatos, especialmente en el régimen de exoneraciones, que se extienden como manchas de aceite. La Constitución establece la obligación, para todos, de contribuir a los gastos del Estado, pero en esta globalización y sus inequidades, hay empresas y empresarios que no pagan tributos, lo mismo que ocurría con los contratos leyes. Ahora hay regímenes de arbitraje privilegiados, como ocurría con el formato del contrato ley. Eso pasa, cambian las formas, sobreviven las asimetrías, las desigualdades aprobadas en el marco constitucional.

Como telón de fondo encontramos el tema de la inversión extranjera, tan necesaria para los países poco desarrollados. Sin embargo, el problema es determinar el precio que se paga por el ingreso de tal inversión. Es un drama para los países con menos recursos. En el caso del contrato de Alcoa, lo más importante no fue la protesta ciudadana, que tuvo excesos, lo que tuvo relevancia fue la discusión previa, analizando las ventajas y amenazas de este contrato. Hubo mucha discusión ciudadana, realmente la jornada cívica relevante fue la participación de todos los sectores de la población en la discusión. En el año sesenta y nueve la Federación de Estudiantes Universitarios, organizó un seminario en el que se discutió el contenido y las consecuencias del Contrato con Alcoa. El presbítero Benjamín Núñez asumió un papel destacado como opositor al contrato; fue muy activo como formador de opinión, curiosamente, don José Figueres Ferrer, no se opuso al contrato.

Poco se analizó el tema del impacto al ambiente que provocaría esta actividad minera, aunque hubo intervenciones muy bien fundadas del ingeniero agrónomo, Ricardo Orozco, quien destacaba los peligros y costos medioambientales que provocaría la actividad. Esa discusión fue mucho más rica en el caso de la mina Crucitas.

Esta página de Alcoa no se ha pasado, los mismos temas que se discutieron en su momento, siguen pendientes, mantienen actualidad. El papel de la inversión extranjera, el poder de las transnacionales, el marco jurídico y sus deformaciones y desigualdades, el balance real que dejará la inversión una vez que abandone la producción y otros puntos, siguen pendientes, porque las limitaciones al desarrollo, no han cambiado en su esencia, porque la injusticia también tiene dimensiones planetarias. Aquí no es tema de optimistas o pesimistas, arriesgados o contenidos, es el tema de la justicia que en las relaciones internacionales tiende a imponer la ley del más fuerte, del poderoso. Y la justicia, el discurso jurídico, siempre encuentra un buen traje, para disimular la desigualdad y la inequidad.

Buenos recuerdos de aquella jornada, pero hay que identificar las raíces de una asimetría, una dependencia, que sigue vigente, muy parecida a la que se respiraba el 24 de abril de 1970. El poder global de las corporaciones y sus rostros que se pierden en la opacidad, asi imponen su ley muchos de los poderes reales que definen el futuro de la humanidad y de nuestro país.

Debo rescatar los nombres de los doce diputados de Liberación Nacional y Unificación Nacional, que expresaron su disidencia, votando en contra de la aprobación del contrato. Los opositores fueron:

Armando Arauz
Arnulfo Carmona Benavides
Cecilia González
Fernando Gutiérrez Benavides
Fernando Guzmán Mata
Fernando Volio Jiménez
Jorge Luis Villanueva Badilla
José Antonio Bolaños
José Hine García
Matilde Marín Chinchilla
Rodrigo Carazo Odio
Uriel Arrieta Salas

Estos ciudadanos expresaron su criterio, a pesar de que no era lo políticamente correcto. Ahora los destaco, para recordarlos, porque pasaron a la historia, a pesar de ser minoría. La democracia, se fortalece en la disidencia…… las preguntas de la dependencia, de la injusticia internacional en las relaciones económicas, las desigualdades, siguen sin respuesta.

Debemos aceptar la realidad con esos disfraces jurídicos que disimulan la desigualdad y la
inhumanidad. Así seguimos, con la mente crítica, la disidencia, asumiendo el destino de las minorías. Algo cambió con la derogatoria de los contratos leyes, pero la esencia de la desigualdad, de la opacidad y los regímenes tributarios de privilegio, siguen vigentes, ahora como moneda de curso legal en nuestro régimen jurídico.

* Reproducido por SURCOS, tomado de https://www.facebook.com/100000595279450/posts/5647553855274401/?sfnsn=mo

Los programas gubernamentales de desarrollo regional, esfuerzos parciales y limitados frente a las persistentes desigualdades regionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Este 31 de marzo del año se realizó la rendición de cuentas ante los gobiernos y líderes locales por parte de la vicepresidenta de la República y coordinadora política de la zona Norte, Epsy Campbell, del programa de desarrollo de la zona Huetar Norte, denominado Pacto de Desarrollo de la Zona Norte iniciado el 30 de marzo del 2019.

En dicha rendición de cuentas se mencionaron logros en infraestructura social, de salud y educativa y se precisaron acciones para la atención de necesidades de agua de los habitantes de esa zona mediante 35 proyectos que beneficiaron a 237.000 personas, con una inversión de poco más de ₡34.000 millones.

También se indicaron acciones en infraestructura en salud, en donde se destaca el nuevo Servicio de Emergencias del Hospital de San Carlos, los EBAIS de Cedral (San Carlos), Katira (Guatuso), Cuajiniquil y el hospital móvil en Los Chiles. Con el nuevo mamógrafo del Hospital de San Carlos las habitantes de la Zona Norte ya no deben trasladarse a San José para realizarse ese examen.

En lo que respecta a infraestructura educativa, se señaló la construcción de 19 nuevos centros educativos completos, gracias a una inversión de ₡20 000 millones, que benefician a casi nueve mil estudiantes. En el apartado de infraestructura social, una inversión de ₡8 000 millones permitió que 13 proyectos de vivienda cubrieran a 428 familias. También, se otorgó el bono comunal en la comunidad de Disneylandia (en Pital de San Carlos), que benefició a 1764 personas.

En el informe también se revelan los avances en conectividad; se resalta la construcción de centros de acopio; se subraya la modernización de los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas (Los Chiles) y se destaca que el programa ‘Huella del Futuro’ ya sembró 300.000 árboles para reverdecer la Zona Norte, cifra que sobrepasó la meta inicial de 200.000 especies para setiembre de 2021. (ElPais.cr,5-4-2022)

Las actividades de rendición de cuentas en las regiones Chorotega, Huetar Caribe y ahora en la Huetar Norte, son el resultado de la labor de la Administración Alvarado que al inicio de su gestión, había impulsado procesos de apoyo al desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de  desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central, coordinados por los Ministros de Economía y de la Presidencia respectivamente. 

En todos ellos se realizaron procesos de diálogo que permitieron identificar los problemas regionales, y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción.

La Administración del presidente Carlos Alvarado se había propuesto impulsar una estrategia de desarrollo en varias regiones del país. Según el Presidente “esta estrategia interterritorial (…) potenciará el desarrollo económico y social, generará un aumento de la productividad e impactará positivamente la calidad de vida de más de 300.000 personas”. (LN.com,30-3-2019)

Esta Administración definió como sus prioridades de intervención en el desarrollo regional: las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, por lo que el presidente Alvarado y la vicepresidenta Campbell, procedieron a presentar el 29 de marzo de 2019 en la zona norte, el programa Franja de Desarrollo que incluía una lista de 79 proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos.

La propuesta se centraba en la atención de 8 cantones: La Cruz, Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, Río Cuarto, Sarapiquí, Pococí y Peñas Blancas de San Ramón.  Entre las iniciativas estaba la construcción de un centro de valor agregado, que sería un espacio para que los productores ofrezcan sus mercancías, se incluía la construcción de la sede de la Universidad Técnica en San Carlos y unos 23 proyectos de agua potable, además de la realización de estudios de factibilidad para el aeropuerto de Altamira de San Carlos y la conclusión de estudios del tren de carga Pacífico-Norcaribe.

Otro proyecto mencionado era la inauguración del Parque Solar Cooperativo de Coopelesca, ubicado en Pocosol, lo que lo convertiría en el parque de generación de energía solar fotovoltaica más grande de Costa Rica, asimismo, se efectuó el lanzamiento del Plan Nacional de Cacao 2018-2028, con el cual se pretendía en un plazo de 10 años elevar la plantación de cacao y en el proceso, paliar la pobreza en las zonas donde más se siembra la fruta.  La propuesta era una hoja de ruta para el apoyo institucional en 5 eslabones de la cadena productiva: insumos y servicios, producción, transformación y consumo.

No obstante, desde la presentación del programa regional, existían algunas dudas si éste no era más que un conjunto de proyectos específicos e iniciativas puntuales, con poca conexión entre ellas y gestionados fundamentalmente por la acción institucional, sin un enfoque articulador de desarrollo territorial endógeno.

Se indicaba que las iniciativas se encontraban dispersas en los cantones involucrados y tienen diferente origen y escala, como el centro comunal de desarrollo empresarial de Pocosol, el parque de energía solar de Coopelesca en Santa Rosa, la infraestructura para el turismo rural del grupo Maleku de Guatuso y la sede de la UTN en San Carlos.

Igualmente llamaba la atención que, en los proyectos de infraestructura, se priorizaba en la construcción del tren de carga y el aeropuerto de San Carlos y no se consideró la reconstrucción al menos parcial de la trocha fronteriza y la conclusión de la carretera a San Carlos, obras demandadas por la población (ElPais.cr,4-4-2019).

Luego de transcurridos 3 años, en el informe de rendición de cuentas es posible establecer la ausencia de la varios de los proyectos que se mencionaron al inicio, ya que probablemente se quedaron en la fase de formulación, que su implementación no tuvo viabilidad o un avance importante, a excepción del Centro de valor agregado, para el que se definió el lugar en Santa Clara de San Carlos, las especificaciones de la infraestructura y la forma de financiamiento.

De esa forma, es posible constatar que las expectativas generadas por la lista de proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos, en energías alternativas, agua potable, emprendimientos verdes, turismo en comunidades indígenas y agroindustrialización, del programa Franja de Desarrollo (LN 30-3-2019), en gran medida no se cumplieron.

Entre las razones para que las iniciativas y proyectos no se cumplieran, se encuentran aspectos ligados al enfoque y la estrategia de ejecución de los programas de desarrollo regional utilizado por la Administración Alvarado, los cuales podrían explicar las debilidades y limitaciones de estos programas para contribuir a un desarrollo regional sostenible y a reducir las desigualdades existentes.

El primer elemento se refiere a la dependencia de la conducción y liderazgo de los programas de desarrollo territorial en algunos jerarcas del Gobierno Central, con poco conocimiento de los territorios y con poca o ninguna experiencia en gestión del desarrollo regional, extrañándose en esta labor la participación del Ministerio de Planificación.

El segundo elemento, está vinculado a que el impulso de los proyectos identificados está supeditado a la coordinación y articulación de las instituciones estatales y a la implementación conjunta con los Gobiernos locales, lo que en muchos casos condiciona su ejecución a la disponibilidad de recursos y a la capacidad de ejecución de estos entes.

En la ejecución de los proyectos anunciados estaban involucradas una buena cantidad de instituciones de diferentes áreas como el MOPT, MEP, INA, ICE, IMAS, MAG, INDER y MINAE, que debido a su funcionamiento y toma de decisiones centralizada no siempre pueden comprometer los recursos humanos y financieros necesarios para los proyectos regionales Se reconoce al respecto la intervención especial del INDER en la ejecución de obras de infraestructura rural, así como el IMAS en la transferencia de recursos para el combate a la pobreza.

El tercer elemento, tiene que ver con la existencia o no de una política de descentralización institucional, que, aunque implícita en el discurso oficial, se desconoce su vigencia y adopción por parte de las instituciones y gobiernos locales en las regiones.

Un cuarto elemento está relacionado a que, pese a que se realiza un proceso de diálogo de actores institucionales y sociales, éste no sustituye la necesidad de un diagnóstico amplio e integral sobre las condiciones sociodemográficas, económico-productivas, ambientales, culturales e institucionales de cada región.

Este aspecto a su vez, está vinculado a un problema central de los programas regionales, cual es la ausencia de un verdadero proceso de planificación del desarrollo regional, en el que a partir de las orientaciones del diagnóstico, se definan objetivos estratégicos, metas e indicadores de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados e impacten en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y activos en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(alterdescr, setiembre 2020)

El quinto aspecto y esencial, es la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo estas dinámicas deben estar en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

No es posible obviar que el desarrollo de la región Huetar Norte, presenta una dinámica económico-productiva  que expresa territorialmente la implementación de un modelo productivo y comercial centrado en monocultivos, como la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala, junto a la producción ganadera extensiva y de granos, que se ha venido gestando desde los años noventa, la que requiere ser modernizada y diversificada con la introducción de actividades de alto valor e innovación, de uso intensivo de nuevas tecnologías, importantes flujos de inversión público y privada y de incorporación incluyente de todos los sectores y actores del desarrollo en las subregiones y comunidades.

Frente a esa dinámica económica, social y ambiental de la región se plantean grandes desafíos al desarrollo regional, ya que la dinámica productiva en especial agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a la población de la zona, está generando mayor pobreza y una creciente degradación y pérdida de su rica base de recursos naturales. (Cudeca,2011).

Previamente un estudio de SEPSA-PROCOMER(2008), había concluido que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación), contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano (Upala, Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre los últimos diez cantones más pobres del País); existe una concentración de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en los principales cantones y se expresan grandes disparidades a lo interno de la Región, situación que se mantiene y es imposible desconocer y es imperativo revertir.

En definitiva, no es posible impulsar el desarrollo regional con fuertes elementos estructurales y con serios rezagos en desarrollo socioeconómico y desarrollo humano, mediante un programa gubernamental de intervención y coordinación interinstitucional, alejado de los procesos de planificación regional, sin verdaderos ejes de desarrollo y con la ausencia de la dirección del Ministerio de Planificación Nacional.

Un programa de esa naturaleza, con una sumatoria de actividades algunas de ellas inviables, que tiene una ejecución parcial y que no introduce grandes transformaciones en la región, es como diría el científico social Heinz Sonntag (2013), un programa compensatorio para los excluidos del desarrollo, pero que genera descontento y frustración en la población que luego tiene manifestaciones de rechazo e indiferencia política como fue posible comprobarlo con la escasa participación de esos territorios en las recientes elecciones.

ESOS OTROS CONFINAMIENTOS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La noche del 7 de octubre de 2007, al conocerse los resultados del referéndum que decidiría la incorporación de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, un grupo de personas asumió la tarima principal del movimiento del «No» y con consignas sobre no dejar morir los procesos sociales de participación y resistencia, sellaron hasta el día de hoy la respuesta desde abajo ante la agudeza y agresividad de la propuesta país desarrollada por los sectores más recalcitrantes del conservadurismo económico y social.

Esa noche sería premonitoria de una dinámica sin pausa, que ha sumido a los sectores sociales, a las poblaciones vulnerables particularmente en la más absoluta indefensión, por un lado, y por el otro, en la imposibilidad de volver a articular un proceso político organizado y robusto para hacer frente a los embates de la propuesta neoliberal en franco ascenso.

Apenas cuatro años antes de aquel evento, Costa Rica asistiría a la primera versión de una segunda ronda electoral en su vida política republicana, una de varias rupturas que su sistema político y democrático habría de experimentar durante los años venideros.

La alternabilidad en el juego electoral que mantuvo invariable los acuerdos de las cúpulas políticas costarricenses durante varias décadas, tuvo su límite al iniciar el presente siglo con la emergencia de nuevas propuestas o al menos de estructuras organizativas no pertenecientes en lo formal a esas cúpulas.

Luego vino el resto: la crisis de representación instalada en los últimos 25 años, la inercia y declive de los partidos políticos tradicionales y la irrupción de los partidos «franquicia» o «taxi» como propuestas orientadas única y exclusivamente a los procesos electorales, terminaron por revocar un modelo argumentado adentro y afuera como fortalecido, sólido y resistente a las fisuras.

Una de las señales inequívocas del tránsito hacia «nuevas normalidades» como es ya lugar común escuchar sobre la convivencia con los procesos sociosanitarios que llegaron para quedarse, ha sido sin lugar a dudas la persistencia del abstencionismo como la verdadera y genuina expresión política colectiva instalada en el país.

Durante años, esa cifra mostró niveles bajos que promediaban el 18%, porcentaje que presentó un salto significativo entre 1994 y 1998, cuando se instaló en un 30% para nunca más volver a bajar de esa cifra. Incluso, en las elecciones de primera ronda de febrero de 2022 se mostró el comportamiento más alto de la historia con un 40% de abstencionismo, cifra que aumentó incluso para la segunda ronda de abril, ubicándose entre los porcentajes mas bajos de participación de las cuatro segundas rondas desarrolladas en los últimos veinte años.

Hablar de causas de este fenómeno es llover sobre mojado. Ya el diagnóstico había sido elaborado años antes con el fenómeno del enojo como principal categoría. Lo que las contiendas electorales de 2018 y 2022 supusieron de novedoso, fue territorializar ese descontento en las costas y las comunidades periféricas, espacios de una geografía donde la desigualdad, la fragmentación y la exclusión han sido marcas registradas de ese modelo avasallador continuado en los últimos cuarenta años.

Con estos escenarios así dibujados, no es difícil imaginar la irrupción de un nuevo actor para quien los acuerdos de las élites políticas, las comodidades vallecentralinas y la apelación a un nosotros retórico y discursivo que no les alcanza, les resultan lejanos, equidistantes.

He insistido en que si hay algo que llegó para quedarse es justamente ese sujeto novedoso desde lo político y organizativo. Con tintes confesionales, ciertamente, desdeña la promesa de un sistema partidario obsoleto, vacío y cascarón y se enfrasca en la toma de decisiones desde sus territorialidades segregadas: en las provincias costeras el promedio de participación en la contienda electoral alcanzó apenas la mitad del electorado, dato que resulta consecuente con esas condiciones materiales y objetivas de existencia que ni el partido tradicional ni el progresista ha podido resolver.

Escribo esta reflexión sobre una suerte de confinamiento de los procesos de representación y participación, al tiempo que se van dibujando los trazos de una nueva administración que se pasea en la incertidumbre por su novedad y desempeño durante la recién campaña política.

Lo primero que hay que decir en clave analítica es que nos encontramos ante la irrupción de figuras que traducen en lenguaje sencillo y correcto, el desdén por la política y hacen suyo el juego del enojo colectivo. Lo asumen para sí. Con tanta estrategia de comunicación política de detalle, gestos, tonos, colores, que a la gente se le terminó de olvidar el fugaz paso de Rodrigo Chaves, el presidente electo, por la actual administración.

Lo segundo a considerar es que por razones obvias y que marcan el camino de los acuerdos de las elites locales, los interlocutores válidos para cualquier persona que asuma desde el punto de vista formal la presidencia del país, seguirán siendo esos grupos de presión que un día si y otro también golpean mesas y hablan fuerte para imponer sus tesis y sus agendas.

Los sectores sociales, valga decirlo, permanecen confinados e invisibilizados y sin músculo para acudir al golpeteo. Por sus propias debilidades y porque la indignación y la rabia son quizá procesados como anomia social, como antisistema, como desestabilización. Y ante esto, una democracia centenaria como la costarricense debe cerrar filas, construyendo consensos y acuerdos de cúpulas en los que sus figuras aparezcan como provenientes de otras trincheras, los outsiders que así se denominan.

Finalmente, la tesis de la figura fuerte que venía apareciendo en varios estudios de opinión pudo haber cristalizado en estas elecciones. Está por verse si discurso y práctica son la misma cosa y si Chaves, el presidente electo, es capaz de mantener esa tesitura rígida, fuerte, dura contra el establishment del que él mismo forma parte. Porque estamos claros en una cosa: un funcionario proveniente de organismos financieros internacionales no puede jamás denominarse a sí mismo como un outsider: es una contradicción hasta histórica.

Costa Rica se enrumba hacia una nueva normalidad, no solo en materia sociosanitaria, sino en las reglas del juego democrático y en la construcción de consensos. Se esperan tiempos complicados pero hay que habilitar espacios para hablarnos. Salir del confinamiento político y procurar nuevas experiencias colectivas, incluso ejerciendo el derecho a la voz, al grito, como lo ha planteado Jonh Holloway (2002) en su trabajo sobre los procesos de transformación que nos toca acompañar. La refundación es urgente. Necesaria.