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Etiqueta: desigualdad

La internacional de la avaricia

Luis Fernando Astorga Gatjens

En la semana anterior, se reportó que desde que se inició la pandemia de la Covid-19 hasta el presente, seis grandes compañías farmacéuticas de Estados Unidos y Europa, que desarrollaron vacunas contra la enfermedad, ganaron 227 mil millones de dólares en valor de mercado.

De esta manera, las farmaceúticas Pfizer, Moderna, Biontech, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson aumentaron ya sus abultadas fortunas, de manera astronómica. Un reducido grupo de accionistas y ejecutivos se tornaron más ricos al emerger esta enfermedad que ha marcado la vida del planeta en los últimos dos años y medio.

Se trató entonces de un pingüe negocio mediante el cual se transfirió un torrente de recursos públicos a estas empresas ya que las compras del inmunizante, lo hicieron los Estados.

Algunos líderes políticos (particularmente de países del sur planetario) clamaron para que se suspendieran las patentes y que se permitiera la libre producción de los antígenos, durante el periódo más grave de la pandemia. Pero tanto estas farmacúticas y líderes políticos alineados con sus intereses, negaron esta posibilidad de manera tristemente rotunda. De esta manera, pusieron en grave riesgo la salud de millones de personas que habitan los países más pobres. Es seguro que muchas muertes y complicaciones derivadas de la Covid-19 se hubieran evitado si las ganancias económicas se hubiesen pausado, en un corto lapso de tiempo, para dar prioridad al más elevado interés humanitario.

Sin embargo, no solo la farmacéuticas se han visto beneficiadas con la pandemia. Como ha venido denunciado Oxfam la riqueza de los diez hombres más ricos del mundo se ha duplicado mientras que los ingresos del 99 % de la humanidad se ha visto reducido. De esta manera, la pobreza y la desigualdad se ha incrementado en forma significativa.

Gabriela Bucher, Directora Ejecutiva de la mencionada ONG lo dice con medidiana claridad: “Los milmillonarios han tenido una pandemia de lujo. Los bancos centrales han inyectado billones de dólares en los mercados financieros para salvar la economía, pero gran parte ha acabado en los bolsillos de los milmillonarios, que se han aprovechado del auge de los mercados bursátiles. Con las vacunas se pretendía poner fin a esta pandemia, pero los Gobiernos de los países ricos han permitido que los milmillonarios y los monopolios farmacéuticos corten el suministro a miles de millones de personas. Esto podría traducirse en un incremento de todas las formas imaginables de desigualdad. La previsibilidad de esta situación es indignante, y sus consecuencias son letales”.

La pandemia abrió una enorme oportunidad para la solidaridad. Pero la avaricia de un reducido grupo de seres humanos le ganó la partida. Con ello, la brecha de desigualdad entre países ricos y pobres se ha ampliado y dentro de los países, la brecha social y económica entre sectores y grupos sociales también se ha hecho más honda.

Con datos del año anterior, en América Latina se amplió el enorme abismo que ha existido históricamente entre los pobres y los propietarios de grandes fortunas. El número de multimillonarios en la región latinoamericana se incrementó de 76 a 107 y la fortuna acumulada por este selecto grupo casi se duplicó: Pasó de US$ 284.000 millones a US$ 480.000 millones, según el análisis realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La avaricia (“afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie”) siempre ha existido. Empero con la pandemia escaló de manera exponencial. ¿Qué hay de nuevo para que se haya dado este repudiable fenómeno.

Lo nuevo nos viene de finales del siglo anterior. Se trata de la pandemia neoliberal que como un terrible matapalo se ha apoderado de la política y, con ello, de la economía, de la sociedad y de la cultura de la mayoría de los países del orbe.

Diversas expresiones de un neoliberalismo extremo han bloqueado que se fijaran impuestos a las enormes fortunas concentradas en pocas manos, para enfrentar el incremento de la pobreza y la desigualdad.

En Costa Rica, ni siquiera se insinuó tal posibilidad ya que hubiese sido aplastada por la mayoría legislativa neoliberal que imperó desde el 2018 al 2022. Tampoco un impuesto solidario que pudieran pagar los dueños de grandes fortunas, hubiese contado con el apoyo de las cámaras patronales.

La avaricia neoliberal es como un agujero negro, que no deja ni rastros de solidaridad y de preocupación por el bien común.

El Papa Francisco al caracterizar lo que hoy prevalece en el mundo y que nos plantea el enorme desafío de su erradicación, lo expresa claramente: “Veo un modelo de vida económica y social caracterizado por tantas desigualdades y egoísmos, en el que una exigua minoría de la población mundial posee la mayoría de los bienes, y que a menudo no duda en explotar a las personas y los recursos”.

(9 de mayo, 2022).

MÁS ESTADO SOCIAL, NUNCA MENOS

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los logros y avances de la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX, que la llegaron a colocar entre los punteros en desarrollo humano, social y sostenible en América Latina, fueron el resultado de apostar siempre por más Estado Social y nunca por menos.

Cuatro iniciativas fueron claves y determinantes para que el país se catapultara como uno de los más avanzados del continente: la apuesta por las garantías sociales de los años 1940; por la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y los acueductos de los años 1950; y por la conservación y la sostenibilidad de los años 1960. De ahí, nuestras grandes fortalezas: salud, educación, seguridad socio-laboral, electricidad, agua potable y sostenibilidad eco-ambiental. Todo ello, como resultado de un Estado Social innovador, regulador y solidario.

Inducidos por la crisis energética de los países del mundo rico, que se trasladó como crisis de la deuda a los países pobres y de ingreso medio, se asumió a partir de los años 1980, por mandato de los organismos financieros internacionales, la consigna neoliberal de menos Estado social y más mercado. Perdimos el rumbo y caímos en picada en el abismo de la desigualdad y la pobreza, en buena medida, hoy convertida en miseria. Involucionamos, así, de la sociedad de perfil de clase media hacia la de perfil medieval de ricos y pordioseros.

En la actualidad, además de ser azotados por la Pandemia del Covid 19, estamos siendo azotados por las propuestas y acciones contra el Estado Social. Se pretende solucionar los graves problemas de la crisis fiscal y la deuda pública con medidas simplistas y sesgadas, como la regla fiscal indiscriminada, la política de salarios decrecientes en el sector público, la reducción y fusión de la institucionalidad social, entre otras. Todo ello, para no tener que volver sobre la impostergable tarea de propiciar acciones y medidas para contener la evasión fiscal e impulsar un adecuado sistema de recaudación y una mayor justicia tributaria.

Quienes hoy plantean la necesidad de un modelo de Estado eficiente y moderno, solo piensan en menos Estado Social. No en cómo construir un país con una economía social y solidaria robusta, y que contribuya a un uso equilibrado y sostenible de los recursos naturales y ambientales del país, es decir, donde su norte no sea el simple crecimiento económico al servicio de los grandes negocios nacionales y extranjeros.

El país tiene el gran desafío de retomar el rumbo por la “vía costarricense”, que siempre ha implicado más Estado Social y nunca menos. Lamentablemente, éste es cada vez más socialmente anémico y con una tendencia que favorece la oligarquización de la sociedad. Es decir, un Estado al servicio de grupos de gran poder económico y político. Transitamos, así, del Estado Social al Estado Oligárquico.

La actual Asamblea Legislativa apresura su agenda, pretendiendo dejar un legado en materia de “reactivación económica”, con una fórmula que se plantea como casi milagrosa: la descentralización de las zonas francas, para llevarlas a las regiones periféricas, económica y socialmente más deprimidas del país. Se sigue apostando al modelo de “zonas de enclave” de limitados impactos sociolaborales, como se ha mostrado también en el caso de la Gran Área Metropolitana. No se vislumbran esfuerzos significativos que potencien las condiciones y capacidades locales y regionales para impulsar y fortalecer iniciativas de pequeños y medianos emprendimientos con impactos sociolaborales sustantivos.

Para heredar a las nuevas generaciones, una Costa Rica donde la salud, la educación, el trabajo “decente” y la vivienda digna, entre otros, sean derechos garantizados para todos sus habitantes, necesitamos apostar por más Estado Social, nunca por menos.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

El contrato de ALCOA- cincuenta y un años de una protesta que no ha perdido vigencia

Fernando Cruz Castro*

La protesta del veinticuatro de abril de 1970 es sólo la manifestación visible de un malestar que siempre requiere algo más que la rebelión ciudadana, en este caso, existían razones importantes para objetar el Contrato Ley. Los argumentos que fundaban el criterio de los opositores, siguen resonando en el escenario de la historia, que no debe archivarse, que no debe olvidarse. El 24 de abril de 1970 se produjo una violenta protesta por la aprobación del contrato ley con la transnacional Alcoa. El Contrato Ley era una expresión genuina de la asimetría que existe entre el norte y el sur, para decirlo de alguna manera. Se aprobaba una ley especial para establecer un régimen de privilegio entre la empresa y el Estado. Doce diputados votaron en contra del contrato, entre ellos, don Rodrigo Carazo, don Armando Arauz, don Fernando Volio, don Jorge Luis Villanueva y otros siete diputados disidentes. Dato interesante, porque la disidencia dentro de las fracciones parlamentarias, casi ha desaparecido. Los contratos leyes tuvieron vigencia en Costa Rica hasta mediados de la década del setenta del siglo pasado, en que se reformó la Constitución. Hay algunas similitudes entre esos contratos y los tratados de Libre Comercio, contienen regímenes de privilegio, imponen restricciones al poder del Estado y le dan un trato privilegiado al inversionista.

En muchos casos el formato jurídico ignora la desigualdad entre las partes, algo que parece obvio, pero que se invisibiliza. Es cierto que el contrato ley, fue derogado, pero la esencia de su contenido, aparece ahora con otros formatos, especialmente en el régimen de exoneraciones, que se extienden como manchas de aceite. La Constitución establece la obligación, para todos, de contribuir a los gastos del Estado, pero en esta globalización y sus inequidades, hay empresas y empresarios que no pagan tributos, lo mismo que ocurría con los contratos leyes. Ahora hay regímenes de arbitraje privilegiados, como ocurría con el formato del contrato ley. Eso pasa, cambian las formas, sobreviven las asimetrías, las desigualdades aprobadas en el marco constitucional.

Como telón de fondo encontramos el tema de la inversión extranjera, tan necesaria para los países poco desarrollados. Sin embargo, el problema es determinar el precio que se paga por el ingreso de tal inversión. Es un drama para los países con menos recursos. En el caso del contrato de Alcoa, lo más importante no fue la protesta ciudadana, que tuvo excesos, lo que tuvo relevancia fue la discusión previa, analizando las ventajas y amenazas de este contrato. Hubo mucha discusión ciudadana, realmente la jornada cívica relevante fue la participación de todos los sectores de la población en la discusión. En el año sesenta y nueve la Federación de Estudiantes Universitarios, organizó un seminario en el que se discutió el contenido y las consecuencias del Contrato con Alcoa. El presbítero Benjamín Núñez asumió un papel destacado como opositor al contrato; fue muy activo como formador de opinión, curiosamente, don José Figueres Ferrer, no se opuso al contrato.

Poco se analizó el tema del impacto al ambiente que provocaría esta actividad minera, aunque hubo intervenciones muy bien fundadas del ingeniero agrónomo, Ricardo Orozco, quien destacaba los peligros y costos medioambientales que provocaría la actividad. Esa discusión fue mucho más rica en el caso de la mina Crucitas.

Esta página de Alcoa no se ha pasado, los mismos temas que se discutieron en su momento, siguen pendientes, mantienen actualidad. El papel de la inversión extranjera, el poder de las transnacionales, el marco jurídico y sus deformaciones y desigualdades, el balance real que dejará la inversión una vez que abandone la producción y otros puntos, siguen pendientes, porque las limitaciones al desarrollo, no han cambiado en su esencia, porque la injusticia también tiene dimensiones planetarias. Aquí no es tema de optimistas o pesimistas, arriesgados o contenidos, es el tema de la justicia que en las relaciones internacionales tiende a imponer la ley del más fuerte, del poderoso. Y la justicia, el discurso jurídico, siempre encuentra un buen traje, para disimular la desigualdad y la inequidad.

Buenos recuerdos de aquella jornada, pero hay que identificar las raíces de una asimetría, una dependencia, que sigue vigente, muy parecida a la que se respiraba el 24 de abril de 1970. El poder global de las corporaciones y sus rostros que se pierden en la opacidad, asi imponen su ley muchos de los poderes reales que definen el futuro de la humanidad y de nuestro país.

Debo rescatar los nombres de los doce diputados de Liberación Nacional y Unificación Nacional, que expresaron su disidencia, votando en contra de la aprobación del contrato. Los opositores fueron:

Armando Arauz
Arnulfo Carmona Benavides
Cecilia González
Fernando Gutiérrez Benavides
Fernando Guzmán Mata
Fernando Volio Jiménez
Jorge Luis Villanueva Badilla
José Antonio Bolaños
José Hine García
Matilde Marín Chinchilla
Rodrigo Carazo Odio
Uriel Arrieta Salas

Estos ciudadanos expresaron su criterio, a pesar de que no era lo políticamente correcto. Ahora los destaco, para recordarlos, porque pasaron a la historia, a pesar de ser minoría. La democracia, se fortalece en la disidencia…… las preguntas de la dependencia, de la injusticia internacional en las relaciones económicas, las desigualdades, siguen sin respuesta.

Debemos aceptar la realidad con esos disfraces jurídicos que disimulan la desigualdad y la
inhumanidad. Así seguimos, con la mente crítica, la disidencia, asumiendo el destino de las minorías. Algo cambió con la derogatoria de los contratos leyes, pero la esencia de la desigualdad, de la opacidad y los regímenes tributarios de privilegio, siguen vigentes, ahora como moneda de curso legal en nuestro régimen jurídico.

* Reproducido por SURCOS, tomado de https://www.facebook.com/100000595279450/posts/5647553855274401/?sfnsn=mo

Los programas gubernamentales de desarrollo regional, esfuerzos parciales y limitados frente a las persistentes desigualdades regionales

German Masís

Este 31 de marzo del año se realizó la rendición de cuentas ante los gobiernos y líderes locales por parte de la vicepresidenta de la República y coordinadora política de la zona Norte, Epsy Campbell, del programa de desarrollo de la zona Huetar Norte, denominado Pacto de Desarrollo de la Zona Norte iniciado el 30 de marzo del 2019.

En dicha rendición de cuentas se mencionaron logros en infraestructura social, de salud y educativa y se precisaron acciones para la atención de necesidades de agua de los habitantes de esa zona mediante 35 proyectos que beneficiaron a 237.000 personas, con una inversión de poco más de ₡34.000 millones.

También se indicaron acciones en infraestructura en salud, en donde se destaca el nuevo Servicio de Emergencias del Hospital de San Carlos, los EBAIS de Cedral (San Carlos), Katira (Guatuso), Cuajiniquil y el hospital móvil en Los Chiles. Con el nuevo mamógrafo del Hospital de San Carlos las habitantes de la Zona Norte ya no deben trasladarse a San José para realizarse ese examen.

En lo que respecta a infraestructura educativa, se señaló la construcción de 19 nuevos centros educativos completos, gracias a una inversión de ₡20 000 millones, que benefician a casi nueve mil estudiantes. En el apartado de infraestructura social, una inversión de ₡8 000 millones permitió que 13 proyectos de vivienda cubrieran a 428 familias. También, se otorgó el bono comunal en la comunidad de Disneylandia (en Pital de San Carlos), que benefició a 1764 personas.

En el informe también se revelan los avances en conectividad; se resalta la construcción de centros de acopio; se subraya la modernización de los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas (Los Chiles) y se destaca que el programa ‘Huella del Futuro’ ya sembró 300.000 árboles para reverdecer la Zona Norte, cifra que sobrepasó la meta inicial de 200.000 especies para setiembre de 2021. (ElPais.cr,5-4-2022)

Las actividades de rendición de cuentas en las regiones Chorotega, Huetar Caribe y ahora en la Huetar Norte, son el resultado de la labor de la Administración Alvarado que al inicio de su gestión, había impulsado procesos de apoyo al desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de  desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central, coordinados por los Ministros de Economía y de la Presidencia respectivamente. 

En todos ellos se realizaron procesos de diálogo que permitieron identificar los problemas regionales, y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción.

La Administración del presidente Carlos Alvarado se había propuesto impulsar una estrategia de desarrollo en varias regiones del país. Según el Presidente “esta estrategia interterritorial (…) potenciará el desarrollo económico y social, generará un aumento de la productividad e impactará positivamente la calidad de vida de más de 300.000 personas”. (LN.com,30-3-2019)

Esta Administración definió como sus prioridades de intervención en el desarrollo regional: las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, por lo que el presidente Alvarado y la vicepresidenta Campbell, procedieron a presentar el 29 de marzo de 2019 en la zona norte, el programa Franja de Desarrollo que incluía una lista de 79 proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos.

La propuesta se centraba en la atención de 8 cantones: La Cruz, Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, Río Cuarto, Sarapiquí, Pococí y Peñas Blancas de San Ramón.  Entre las iniciativas estaba la construcción de un centro de valor agregado, que sería un espacio para que los productores ofrezcan sus mercancías, se incluía la construcción de la sede de la Universidad Técnica en San Carlos y unos 23 proyectos de agua potable, además de la realización de estudios de factibilidad para el aeropuerto de Altamira de San Carlos y la conclusión de estudios del tren de carga Pacífico-Norcaribe.

Otro proyecto mencionado era la inauguración del Parque Solar Cooperativo de Coopelesca, ubicado en Pocosol, lo que lo convertiría en el parque de generación de energía solar fotovoltaica más grande de Costa Rica, asimismo, se efectuó el lanzamiento del Plan Nacional de Cacao 2018-2028, con el cual se pretendía en un plazo de 10 años elevar la plantación de cacao y en el proceso, paliar la pobreza en las zonas donde más se siembra la fruta.  La propuesta era una hoja de ruta para el apoyo institucional en 5 eslabones de la cadena productiva: insumos y servicios, producción, transformación y consumo.

No obstante, desde la presentación del programa regional, existían algunas dudas si éste no era más que un conjunto de proyectos específicos e iniciativas puntuales, con poca conexión entre ellas y gestionados fundamentalmente por la acción institucional, sin un enfoque articulador de desarrollo territorial endógeno.

Se indicaba que las iniciativas se encontraban dispersas en los cantones involucrados y tienen diferente origen y escala, como el centro comunal de desarrollo empresarial de Pocosol, el parque de energía solar de Coopelesca en Santa Rosa, la infraestructura para el turismo rural del grupo Maleku de Guatuso y la sede de la UTN en San Carlos.

Igualmente llamaba la atención que, en los proyectos de infraestructura, se priorizaba en la construcción del tren de carga y el aeropuerto de San Carlos y no se consideró la reconstrucción al menos parcial de la trocha fronteriza y la conclusión de la carretera a San Carlos, obras demandadas por la población (ElPais.cr,4-4-2019).

Luego de transcurridos 3 años, en el informe de rendición de cuentas es posible establecer la ausencia de la varios de los proyectos que se mencionaron al inicio, ya que probablemente se quedaron en la fase de formulación, que su implementación no tuvo viabilidad o un avance importante, a excepción del Centro de valor agregado, para el que se definió el lugar en Santa Clara de San Carlos, las especificaciones de la infraestructura y la forma de financiamiento.

De esa forma, es posible constatar que las expectativas generadas por la lista de proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos, en energías alternativas, agua potable, emprendimientos verdes, turismo en comunidades indígenas y agroindustrialización, del programa Franja de Desarrollo (LN 30-3-2019), en gran medida no se cumplieron.

Entre las razones para que las iniciativas y proyectos no se cumplieran, se encuentran aspectos ligados al enfoque y la estrategia de ejecución de los programas de desarrollo regional utilizado por la Administración Alvarado, los cuales podrían explicar las debilidades y limitaciones de estos programas para contribuir a un desarrollo regional sostenible y a reducir las desigualdades existentes.

El primer elemento se refiere a la dependencia de la conducción y liderazgo de los programas de desarrollo territorial en algunos jerarcas del Gobierno Central, con poco conocimiento de los territorios y con poca o ninguna experiencia en gestión del desarrollo regional, extrañándose en esta labor la participación del Ministerio de Planificación.

El segundo elemento, está vinculado a que el impulso de los proyectos identificados está supeditado a la coordinación y articulación de las instituciones estatales y a la implementación conjunta con los Gobiernos locales, lo que en muchos casos condiciona su ejecución a la disponibilidad de recursos y a la capacidad de ejecución de estos entes.

En la ejecución de los proyectos anunciados estaban involucradas una buena cantidad de instituciones de diferentes áreas como el MOPT, MEP, INA, ICE, IMAS, MAG, INDER y MINAE, que debido a su funcionamiento y toma de decisiones centralizada no siempre pueden comprometer los recursos humanos y financieros necesarios para los proyectos regionales Se reconoce al respecto la intervención especial del INDER en la ejecución de obras de infraestructura rural, así como el IMAS en la transferencia de recursos para el combate a la pobreza.

El tercer elemento, tiene que ver con la existencia o no de una política de descentralización institucional, que, aunque implícita en el discurso oficial, se desconoce su vigencia y adopción por parte de las instituciones y gobiernos locales en las regiones.

Un cuarto elemento está relacionado a que, pese a que se realiza un proceso de diálogo de actores institucionales y sociales, éste no sustituye la necesidad de un diagnóstico amplio e integral sobre las condiciones sociodemográficas, económico-productivas, ambientales, culturales e institucionales de cada región.

Este aspecto a su vez, está vinculado a un problema central de los programas regionales, cual es la ausencia de un verdadero proceso de planificación del desarrollo regional, en el que a partir de las orientaciones del diagnóstico, se definan objetivos estratégicos, metas e indicadores de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados e impacten en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y activos en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(alterdescr, setiembre 2020)

El quinto aspecto y esencial, es la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo estas dinámicas deben estar en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

No es posible obviar que el desarrollo de la región Huetar Norte, presenta una dinámica económico-productiva  que expresa territorialmente la implementación de un modelo productivo y comercial centrado en monocultivos, como la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala, junto a la producción ganadera extensiva y de granos, que se ha venido gestando desde los años noventa, la que requiere ser modernizada y diversificada con la introducción de actividades de alto valor e innovación, de uso intensivo de nuevas tecnologías, importantes flujos de inversión público y privada y de incorporación incluyente de todos los sectores y actores del desarrollo en las subregiones y comunidades.

Frente a esa dinámica económica, social y ambiental de la región se plantean grandes desafíos al desarrollo regional, ya que la dinámica productiva en especial agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a la población de la zona, está generando mayor pobreza y una creciente degradación y pérdida de su rica base de recursos naturales. (Cudeca,2011).

Previamente un estudio de SEPSA-PROCOMER(2008), había concluido que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación), contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano (Upala, Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre los últimos diez cantones más pobres del País); existe una concentración de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en los principales cantones y se expresan grandes disparidades a lo interno de la Región, situación que se mantiene y es imposible desconocer y es imperativo revertir.

En definitiva, no es posible impulsar el desarrollo regional con fuertes elementos estructurales y con serios rezagos en desarrollo socioeconómico y desarrollo humano, mediante un programa gubernamental de intervención y coordinación interinstitucional, alejado de los procesos de planificación regional, sin verdaderos ejes de desarrollo y con la ausencia de la dirección del Ministerio de Planificación Nacional.

Un programa de esa naturaleza, con una sumatoria de actividades algunas de ellas inviables, que tiene una ejecución parcial y que no introduce grandes transformaciones en la región, es como diría el científico social Heinz Sonntag (2013), un programa compensatorio para los excluidos del desarrollo, pero que genera descontento y frustración en la población que luego tiene manifestaciones de rechazo e indiferencia política como fue posible comprobarlo con la escasa participación de esos territorios en las recientes elecciones.

ESOS OTROS CONFINAMIENTOS

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La noche del 7 de octubre de 2007, al conocerse los resultados del referéndum que decidiría la incorporación de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, un grupo de personas asumió la tarima principal del movimiento del «No» y con consignas sobre no dejar morir los procesos sociales de participación y resistencia, sellaron hasta el día de hoy la respuesta desde abajo ante la agudeza y agresividad de la propuesta país desarrollada por los sectores más recalcitrantes del conservadurismo económico y social.

Esa noche sería premonitoria de una dinámica sin pausa, que ha sumido a los sectores sociales, a las poblaciones vulnerables particularmente en la más absoluta indefensión, por un lado, y por el otro, en la imposibilidad de volver a articular un proceso político organizado y robusto para hacer frente a los embates de la propuesta neoliberal en franco ascenso.

Apenas cuatro años antes de aquel evento, Costa Rica asistiría a la primera versión de una segunda ronda electoral en su vida política republicana, una de varias rupturas que su sistema político y democrático habría de experimentar durante los años venideros.

La alternabilidad en el juego electoral que mantuvo invariable los acuerdos de las cúpulas políticas costarricenses durante varias décadas, tuvo su límite al iniciar el presente siglo con la emergencia de nuevas propuestas o al menos de estructuras organizativas no pertenecientes en lo formal a esas cúpulas.

Luego vino el resto: la crisis de representación instalada en los últimos 25 años, la inercia y declive de los partidos políticos tradicionales y la irrupción de los partidos «franquicia» o «taxi» como propuestas orientadas única y exclusivamente a los procesos electorales, terminaron por revocar un modelo argumentado adentro y afuera como fortalecido, sólido y resistente a las fisuras.

Una de las señales inequívocas del tránsito hacia «nuevas normalidades» como es ya lugar común escuchar sobre la convivencia con los procesos sociosanitarios que llegaron para quedarse, ha sido sin lugar a dudas la persistencia del abstencionismo como la verdadera y genuina expresión política colectiva instalada en el país.

Durante años, esa cifra mostró niveles bajos que promediaban el 18%, porcentaje que presentó un salto significativo entre 1994 y 1998, cuando se instaló en un 30% para nunca más volver a bajar de esa cifra. Incluso, en las elecciones de primera ronda de febrero de 2022 se mostró el comportamiento más alto de la historia con un 40% de abstencionismo, cifra que aumentó incluso para la segunda ronda de abril, ubicándose entre los porcentajes mas bajos de participación de las cuatro segundas rondas desarrolladas en los últimos veinte años.

Hablar de causas de este fenómeno es llover sobre mojado. Ya el diagnóstico había sido elaborado años antes con el fenómeno del enojo como principal categoría. Lo que las contiendas electorales de 2018 y 2022 supusieron de novedoso, fue territorializar ese descontento en las costas y las comunidades periféricas, espacios de una geografía donde la desigualdad, la fragmentación y la exclusión han sido marcas registradas de ese modelo avasallador continuado en los últimos cuarenta años.

Con estos escenarios así dibujados, no es difícil imaginar la irrupción de un nuevo actor para quien los acuerdos de las élites políticas, las comodidades vallecentralinas y la apelación a un nosotros retórico y discursivo que no les alcanza, les resultan lejanos, equidistantes.

He insistido en que si hay algo que llegó para quedarse es justamente ese sujeto novedoso desde lo político y organizativo. Con tintes confesionales, ciertamente, desdeña la promesa de un sistema partidario obsoleto, vacío y cascarón y se enfrasca en la toma de decisiones desde sus territorialidades segregadas: en las provincias costeras el promedio de participación en la contienda electoral alcanzó apenas la mitad del electorado, dato que resulta consecuente con esas condiciones materiales y objetivas de existencia que ni el partido tradicional ni el progresista ha podido resolver.

Escribo esta reflexión sobre una suerte de confinamiento de los procesos de representación y participación, al tiempo que se van dibujando los trazos de una nueva administración que se pasea en la incertidumbre por su novedad y desempeño durante la recién campaña política.

Lo primero que hay que decir en clave analítica es que nos encontramos ante la irrupción de figuras que traducen en lenguaje sencillo y correcto, el desdén por la política y hacen suyo el juego del enojo colectivo. Lo asumen para sí. Con tanta estrategia de comunicación política de detalle, gestos, tonos, colores, que a la gente se le terminó de olvidar el fugaz paso de Rodrigo Chaves, el presidente electo, por la actual administración.

Lo segundo a considerar es que por razones obvias y que marcan el camino de los acuerdos de las elites locales, los interlocutores válidos para cualquier persona que asuma desde el punto de vista formal la presidencia del país, seguirán siendo esos grupos de presión que un día si y otro también golpean mesas y hablan fuerte para imponer sus tesis y sus agendas.

Los sectores sociales, valga decirlo, permanecen confinados e invisibilizados y sin músculo para acudir al golpeteo. Por sus propias debilidades y porque la indignación y la rabia son quizá procesados como anomia social, como antisistema, como desestabilización. Y ante esto, una democracia centenaria como la costarricense debe cerrar filas, construyendo consensos y acuerdos de cúpulas en los que sus figuras aparezcan como provenientes de otras trincheras, los outsiders que así se denominan.

Finalmente, la tesis de la figura fuerte que venía apareciendo en varios estudios de opinión pudo haber cristalizado en estas elecciones. Está por verse si discurso y práctica son la misma cosa y si Chaves, el presidente electo, es capaz de mantener esa tesitura rígida, fuerte, dura contra el establishment del que él mismo forma parte. Porque estamos claros en una cosa: un funcionario proveniente de organismos financieros internacionales no puede jamás denominarse a sí mismo como un outsider: es una contradicción hasta histórica.

Costa Rica se enrumba hacia una nueva normalidad, no solo en materia sociosanitaria, sino en las reglas del juego democrático y en la construcción de consensos. Se esperan tiempos complicados pero hay que habilitar espacios para hablarnos. Salir del confinamiento político y procurar nuevas experiencias colectivas, incluso ejerciendo el derecho a la voz, al grito, como lo ha planteado Jonh Holloway (2002) en su trabajo sobre los procesos de transformación que nos toca acompañar. La refundación es urgente. Necesaria.

Viejos somos, sabios no

Freddy Pacheco León.

Por Freddy Pacheco León

Viejos somos, sabios no, pero al menos nosotros cumplimos ese requisito que dan los años. En campaña política se dicen muchas cosas efectistas, pues en eso consisten. Ahora el tono de los dos contendientes ha sido muy conciliador, y ese mensaje también ha de ser el nuestro. El alto abstencionismo en las provincias de mayor pobreza, y el voto en contra de los que sí votaron, sin fijarse mucho en los detalles, se suma a los miserables de todo el país que viven desesperanzados.

Esperamos que el mensaje de Chaves a favor de los más humildes, resaltado ayer, sea una guía en las acciones de los próximos años. La desigualdad en Costa Rica sigue creciendo, al punto que, sin calificarlos, hay 85 multimillonarios que acumulan una fortuna de US $12 BILLONES que convierte al país en el segundo de Latinoamérica con menos personas con billeteras abultadas, donde la ostentación es vecina de los tugurios. Si los gobernantes tuvieran presente esa situación en sus decisiones cotidianas, ya sería un gran paso en el sentido correcto. Sería un alivio para los miles y miles de niños que en los tugurios sufren por el sistema que oprime a sus familias. 

 

Fuente imagen: Óleo de Constanza Meza.

Segunda Ronda: Más Desencanto

Álvaro Vega Sánchez

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El debate público de los candidatos se ha decantado por una suerte de descalificaciones mutuas, que no hace otra cosa que develarlos en su falta de mesura y ecuanimidad, pero más que eso en su desesperación por acceder a la silla presidencial, a cualquier precio (y de verdad que el precio cuenta).

Ninguno de los dos candidatos ha dado señales convincentes de estar pensando en los graves problemas de la patria, aunque reiteren en las cifras de hambre, pobreza y desigualdad. Su mensaje no cala profundo, es opaco. Por más altisonante, no llega a tocar las fibras del alma costarricense. Y cuando la palabra pierde su sabor, es como la comida que se muestra apetitosa pero no pasa la prueba del paladar. Es por esa sensación, que al parecer estamos ante un déficit significativo de candidaturas inspiradoras y esperanzadoras, para asumir los retos y desafíos de las Costa Rica postpandémica: económicamente golpeada, socialmente polarizada y humanamente cansada.

Para encarar tamaño desafío requerimos más que experiencia política o actitud y voluntad disruptiva, que son las banderas que ondean hoy los candidatos. Estamos urgidos de liderazgos dispuestos a sentarse reposadamente a la mesa del diálogo ciudadano y buscar acuerdos con todos los sectores de un país donde todavía hay reservas de sentido patriótico, buena voluntad para acoger las mejores ideas y solidaridad para caminar la segunda milla, que pueda aliviar las dolencias de tanta gente sin trabajo y endeudada.

No avizoramos esas cualidades en quienes hoy nos ofrecen sacar a Costa Rica del atolladero. Y quizá, lo más realista sea aceptar que vamos hacia una profundización de los álgidos problemas del empobrecimiento, la desigualdad y la polarización social. Una senda que dejó marcada el gobierno del señor Carlos Alvarado. En este sentido, los próximos cuatro años de gobierno vendrían a ser como un segundo tiempo del partido, incluso más caldeado que el primero. En todo caso, una copa amarga que habrá que tomar, para transitar, esperamos, hacia mejores tiempos.

La segunda reforma social que amerita el país tiene que transitar hacia una política económica postneoliberal. No hay vuelta de hoja, está más que probado que ahí reside el problema sustantivo por el cual no avanzamos en equidad, igualdad y solidaridad. Ese es el cambio profundo, y no el cosmético que ofrecen ambos candidatos, con recetas dictadas por los organismos financieros internacionales, que son las que nos han conducido a donde estamos. Ninguno de los dos candidatos se desmarca.

Por lo tanto, una ciudadanía despierta, crítica y constructiva es más urgente hoy que nunca. Despierta para no dejarse obnubilar por promesas mesiánicas, que solo buscan endulzar a los incautos y al final conducirlos como mansas ovejas para ser trasquiladas. Crítica, para demandar acciones concretas, que garanticen el respeto a los derechos humanos, especialmente de aquellos sectores que han sido más desprotegidos, marginados, discriminados y excluidos. No podemos permitir que se continúen pisoteando los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres que siguen siendo víctimas de una sociedad machista y patriarcal, de la niñez desprotegida, de las personas con limitaciones funcionales, de las madres solteras jefas de hogar, de las personas adultas mayores, etc. Y constructiva, para contribuir con trabajo honesto y solidaridad efectiva a superar las injustas desigualdades que han devaluado cualitativamente a un país que se ha preciado de ser adalid del bienestar social y del desarrollo humano en América Latina.

Costa Rica se merece algo mejor, y no se trata de aspirar al reino de Dios en la tierra. Mucho cuidado, como dijo un teólogo, a propósito de la inquisición, “quienes pretendieron crear el reino de Dios en la tierra terminaron por convertirla en un infierno”. Y este es el derrotero de los fundamentalismos, tanto religiosos como seculares, de los que también tenemos que desmarcarnos, cuanto antes. Algo que tampoco se vislumbra en el escenario actual, todo lo contrario.

CONSUMIDORES, MAS NO CIUDADANOS

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Durante la primera ronda electoral desarrollada en Costa Rica, se convocó a las personas candidatas a una actividad de divulgación preparada por una cadena de restaurantes de comida rápida. Se trataba de una acción comunicativa, una performance en las que se buscaba la interacción con sus partidarios, generar contenidos, imagen.

De alguna forma, esta actividad es expresiva de un listón demasiado bajo que se desarrolló durante esa contienda electoral y que continuó sin disimulo durante la segunda ronda, en la que los temas de fondo han sido tamizados, casi desdibujados por una seguidilla incontestable de discursos y contradiscursos que no contribuyen a fortalecer el diálogo democrático en una sociedad profundamente atomizada, polarizada, socavada en sus cimientos de convivencia y disminuida en sus horizontes de futuro, en particular para las personas jóvenes y las poblaciones vulnerables.

Lejos de acrecentar la búsqueda de calidad en el debate, lo que hemos observado con preocupación es la crispación de los contenidos, la trivialización de temáticas que son centrales para las subjetividades, como la violencia de género o el suicidio en personas jóvenes. La comunicación, si es que existe tal cosa, se ha ocupado de enmendar la plana y vaciar de contenido el lugar que otrora ocupaban las propuestas, el intercambio de ideas, el diálogo democrático.

Con la «redsocialización» del juego electoral en Costa Rica, se ha terminado por magnificar la forma por el fondo, ese donde yace en lo profundo un modelo por armar de una sociedad desarmada. A la espera por una reconstitución, una refundación necesaria y urgente, las ideas han sido sustituidas por una concatenación de palabras sin mucha argumentación, los personajes en contienda terminan siendo eso: personajes construidos por casas publicitarias cuyas matrices están bastante lejos de la geografía y la configuración costarricense.

Al calor de las hamburguesas y las papas trans, podríamos haber advertido una especie de premonición de un proceso electoral obeso, casi mórbido y sin una sola gota de sudor en su esfuerzo físico, que poco se ha preocupado por ir en busca del reencantamiento de ese electorado una y otra vez perfilado en estudios rigurosos y serios sobre sus principales características.

En su trabajo sobre Cultura Política e intención de voto en la segunda ronda electoral 2022 desarrollado por el Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, en Costa Rica, se aborda una tipología que incluye votantes tradicionales (aquellos con costumbre arraigada e interesada en la política y que se presentaron a votar durante la primera ronda), votantes flotantes (tienen un menor interés en la política, fue a votar en la primera ronda y tomó su decisión con pocos días de anticipación) y los votantes apáticos (que nunca o casi nunca conversan de política con nadie y no asistió a ejercer su voto durante los comicios de febrero). Son estos, los rasgos subjetivos que las propuestas en contienda deben ir a buscar, refrendar aquellos que si están claros en la cuestión política y tratar de convencer a estos apáticos o flotantes.

Sin embargo, la escasa propuesta comunicativa se ha centrado en otros discursos y lenguajes, más acordes con la cercanía de ese elector al mercado que lo construye y menos a su consideración como ciudadano.

Una sociedad que apuesta más por la igualdad en el mercado, produce propuestas y respuestas abigarradas en las que sentidos de pertenencia, identificaciones y lealtades son mediadas por las capacidades de consumo, inclusive aquellas vinculadas con el consumo de las propuestas electorales. Por esas razones, pareciera entonces que al electorado le da lo mismo adquirir un combo agrandado y con muchas salsas o escoger entre propuestas que lo han tratado como eso, un consumidor más que un ciudadano.

Es esta una hora crítica para Costa Rica. Venimos sorteando las olas pandémicas sobre un sistema de salud que ha resistido dada su consideración como prioridad por el modelo instalado en Costa Rica entre los años cincuenta y los años ochenta del siglo pasado. Sobre ese sistema de salud, ahora sobrepasado y fatigado, nos preparamos para dar el salto hacia otro estadio de convivencia con nuevas variantes y mutaciones que vendrán seguramente en los próximos años.

Pero la desigualdad, pero la desconfianza, pero la pobreza, pero la desintegración, pero la discriminación, pero la violencia, pero la acumulación por despojo… todo esto bien vale un replanteamiento serio. Quitar las papas trans de la mesa y sentarse a conversar, a repensar, redefinirnos. Colectivamente.

LOS EXTRAÑOS SIGUEN TOCANDO A LA PUERTA

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

Las imágenes son elecuentes y revelan el drama de cientos de miles de personas desplazadas como consecuencia de la intervención rusa en Ucrania.  Los medios internacionales se han encargado de vibilizar con insistencia, escenas de personas corriendo por carreteras, tratando de abordar medios de transporte, huyendo de sus edificios destruidos, casi al borde del derribo. 

Son, evidentemente, imágenes que no quisiéramos haber visto luego de dos años de crisis civilizatoria, que nos hizo cuestionarnos todo lo que somos como especie humana: el modelo económico depredador, desequilibrante e inhumano, el daño ambiental que le hemos hecho a los territorios y que ahora llamamos de forma conveniente como los efectos del cambio climático, la desigualdad presente en el acceso a la información, la salud y los medios de reproducción de la vida. 

Pensamos, efectivamente, que estos eran tiempos de aprendizaje, de reconstituirnos como especie.  Hace unos años en una vista a la Universidad Nacional, en Costa Rica, el teólogo Leonardo Boff decía que posiblemente estábamos en los últimos cinco minutos de la existencia de toda vida posible, si no éramos capaces de cambiar nuestras formas de relacionarnos con la economía, la naturaleza, el otro y la otra. Nada aprendimos.

Lo que nos devuelven esas imágenes sobre la guerra es la confirmación de que tenemos pendiente tareas y que los aprendizajes persisten.  Si, es claro que se trata de cientos de miles de personas desesperadas, desplazadas (que es distinto conceptual y operativamente al concepto de refugio) y que buscan por todos los medios, subsistir.

Sin embargo, lo que esas imágenes provenientes de los principales medios de comunicación no nos cuentan es que no todas las personas en situación de riesgo por el conflicto tienen las mismas oportunidades de sobrevivencia. 

En un artículo publicado por Gabriela Wiener el 11 de marzo (Un mundo que nos odia. recuperado de eldiario.ar el 18 de marzo de 2022) se denuncia la desigualdad, discriminación y racismo que experimentan otros miles de personas que han querido salir de Ucrania y que por razones étnicas y de nacionalidad son conminados a permanecer en ese país en contra de su voluntad.

En su reflexión, Wiener es bastante enfática al indicar como el sistema de asilo europeo se volcó a apoyar a la población ucraniana en condiciones de desplazamiento, pero años antes amuralló sus contornos contra la crisis humanitaria producida en varios países africanos.  La actualización de esa selectividad en el sistema de solidaridad europeo ha sido tema en estas semanas de conflicto, sin que la comunicación hegemónica cuente como personas no ucranianas son obligadas a abandonar la posibilidad de escapar de los horrores de la tensión  bélica que no cesa.  Un fragmento de un testimonio incluido en su artículo, es elocuente en este sentido:

“Los negros no, los negros no, cuenta una mujer que escuchó mientras intentaba con sus hijos subir a un tren gratuito para salir de Ucrania. Vio cómo un hombre ucraniano sacaba una pistola y hacía bajar a un hombre negro del tren: ”ayudan a su gente pero no quieren ayudar a los negros“. Quienes no son blancos no llegarán al otro lado porque sus vidas no son importantes si no es para ser carne de cañón de unos bandos”.

En uno de sus últimos trabajos sobre la coyuntura migratoria en Europa, el sociólogo Sigmund Bauman refería que había personas de tercera, cuarta categoría, que literalmente “tocaban a la puerta” para ser escuchadas, sin éxito.  En esta ocasión, seguimos viendo a los extraños pasar y ya no solo no les abrimos las puertas sino que los amenazamos con quitarles la vida, por precisamente querer conservarla.

Es cierto, nada aprendimos.  El reloj de Boff sigue su marcha inexorable. Ya solo quedan segundos y posiblemente esto que conocemos como civilización se acabe para siempre.  Está en nosotros decidir cómo queremos vivir este periodo de tránsito hacia nuevas etapas, nuevos vínculos.

Chile siempre nos sorprende

Alberto Salom Echeverría

La historia moderna de Chile está jalonada de sorpresas. En 1970, una coalición de fuerzas de izquierda denominada la Unidad Popular, llevó a la presidencia a Salvador Allende Gossens, primer presidente marxista electo por voto popular en el mundo. Un hito sin duda en la política del país austral y en el mundo. Después del cruento golpe de estado de setiembre de 1973, una oposición democrática y popular se agrupó nuevamente para derrotar al dictador Pinochet, en el plebiscito que fue convocado el día 5 de octubre de 1988. No sin cierta sorpresa, una marejada popular, a pesar de la intimidación por parte del dictador, derrotó la aspiración de Pinochet a perpetuarse en el poder. La participación fue de un 97.53% de los inscritos para votar, de los cuales, los partidarios de la no continuidad del dictador, desafiándolo, sumaron 3.967.569 votos, un porcentaje del 55.99%; contra 3.119.110 votos, un 44,01% que emitieron su voto por el “sí”. Una gran mayoría popular había derrotado una sangrienta dictadura.

Después de estos acontecimientos, se sucedieron una serie de gobiernos coaligados en lo que se denominó “la Concertación Democrática”, una suerte de transición de la dictadura hacia la democracia. Estos gobiernos se extendieron de 1990 hasta el 2010. Ese año queda electo por primera vez Sebastián Piñera, para reintroducir a plenitud el neoliberalismo en Chile, contando con la legitimidad de haber resultado electo con el 51% de los votos. Piñera se reelige el 11 de marzo del 2018, periodo durante el cual pretendió reemprender un crecimiento económico sin atender la creciente desigualdad y pobreza que generó el mismo modelo. Fue en estas condiciones que un pueblo exhausto se lanzó a la calle en octubre del 2019. Se produjo un auténtico estallido social, en gran parte dirigido por Gabriel Boric y todas las personas dirigentes que le acompañaban en aquella empresa social tan significativa. El movimiento social obligó al gobierno de Sebastián Piñera a sentarse a negociar. La hora final de este capítulo de un gobierno neoliberal que le dio continuidad al de Pinochet, estaba tocando la puerta.

No dejó de sorprender semejante estallido social con violencia incluida. Puede que ayude a entenderlo, un estudio sobre el llamado período de “transición democrática” desde la dictadura de Pinochet, que comenzó en la década de los 90 con los gobiernos de la “Convergencia”. Se suponía que en el 2010 habían quedado saldadas las cuentas con la imposición neoliberal por parte de Pinochet. Manuel Antonio y Roberto Garretón, en un estudio publicado en el 2010, en la Revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile, desmenuzan ese período anterior a los dos gobiernos de Piñera y postulan lo siguiente:

“Nuestra hipótesis central es que estamos frente a una democracia incompleta, como resultado de la transición desde la dictadura de Pinochet ocurrida a finales de los ochenta.3 No es que no se haya terminado la transición, como sostienen algunos, o que hubiera terminado, ya sea en el gobierno de Lagos o de Bachelet, sino que si bien ella terminó con la inauguración del gobierno del Presidente Aylwin, lo que quedó después de esa transición, e incluso pese a ciertas reformas políticas implantadas por los gobiernos democráticos, fue esta democracia incompleta en las tres dimensiones: electoral, constitucional y ciudadana. Lo que explicaría tal caracterización es que la institucionalidad de la democracia chilena fue en gran parte impuesta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos elegidos de manera legítima, vigencia de libertades públicas, es decir, lo que podríamos llamar una «situación» democrática,4pero difícilmente el régimen institucional en cuanto tal pasaría el test democrático […] el caso chileno -prosiguen los autores- presenta enclaves autoritarios heredados tanto de la dictadura como de los amarres o acuerdos de transición, que limitan el carácter democrático […] esta hipótesis u orientación básica -continúan argumentando- entra en contradicción con el sentido común generalizado en la opinión pública de la región y difundido por múltiples informes y rankings internacionales que ubican en un lugar privilegiado de los índices democráticos a Chile. […] estamos frente a una paradoja básica, -concluyen- esto es, existe una contradicción entre esta democracia incompleta y el desempeño de los gobiernos con respecto al crecimiento económico, la superación de la pobreza y la inserción en la economía global, por nombrar sólo algunas variables (aunque los niveles de desigualdad se mantienen relativamente constantes, con muy leve mejoramiento en los últimos años gracias a la focalización de subsidios y gasto social).” (Cfr. Garretón, Manuel A. y Roberto, “La Democracia Incompleta en Chile. La realidad tras los Ranking Internacionales.” Scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-090×2010000100007)

A lo dicho hay que sumarle, la aceleración de las desigualdades y de la pobreza, a pesar del crecimiento económico, sobre todo en los dos siguientes gobiernos de Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que tuvieron un interregno”, el gobierno Bachelet (2014-2018), que tampoco fue muy auspicioso en reformas democráticas. Ello explica el estallido social que, no obstante, sorprendió a muchos.

Todo ello constituye el contexto del triunfo de Gabriel Boric en las más recientes elecciones celebradas este año.

El nuevo gobierno que acaba de iniciar en Chile posee algunas características peculiares respecto de todo lo anterior, que permiten preconizar que se tratará de una inédita experiencia político social. Para comenzar diremos que el gabinete recién integrado posee, por primera vez también en la historia de Chile, más mujeres que hombres. No esta una característica meramente cuantitativa, responde a un formidable repunte de los movimientos feministas que han sido protagonistas de primer orden, tanto durante el estallido social y en las negociaciones con el gobierno de Piñera, como en el proceso electoral que llevó al poder a esta nobel coalición. Esto quiere decir que el gabinete resulta en una medida muy importante de las lideresas y los líderes que encabezaron las luchas del 2019 contra el modelo neoliberal.

El programa enarbolado contiene las reformas educativas largamente planteadas por el movimiento estudiantil universitario, en el centro de la propuesta. Además de esto el Plan de Gobierno del movimiento “Apruebo Dignidad”, se estructuró sobre cuatro perspectivas transversales que integran cada una de las propuestas que buscan justicia social, descentralización del poder y garantía del trabajo decente, así como feminismo y transición ecológica justa. El programa contiene además 53 cambios concretos para Chile, entre los que destacan: recuperar 500 mil empleos femeninos, reducción de la jornada laboral a 40 horas, reparar la deuda histórica con el profesorado chileno, generar el sistema universal de salud y reducción de las listas de espera, relevar la importancia de la salud mental integral, duplicando el presupuesto y creación de al menos 15 nuevos “Centros Comunitarios de Salud Mental”, reactivar la economía con las Mipymes, fortalecer el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, generar un plan nacional de derechos sociales LGBTIAQ+, protección de la infancia, creación del sistema nacional de cuidados, un plan para disminuir el precio de la vivienda, firma del acuerdo de Escazú, impulso a la mediana y pequeña agricultura, creación de un Banco Nacional de Desarrollo, avanzar en seguridad y soberanía alimentaria, creación de una empresa estatal del litio, un fondo estatal para financiar pensiones alimenticias adeudadas. (Cfr, reseña biográfica de Gabriel Boric Font. Bcn.cl).

El presidente Boric ha enfatizado que el desafío que se tiene como gobierno, es el de generar un nuevo orden, ya que el contrato social ha sido roto por las élites, desde su punto de vista.

Es en verdad el triunfo de una nueva idea, una nueva generación, una nueva sociedad opuesta a la que representó el gobierno anterior. Se busca un mejor camino de renovación, no en función de las élites sino de los grupos subalternos de la sociedad, en el que se consagren los derechos sociales universales, el pleno respeto a los derechos humanos, la descentralización del poder, que se haga cargo de los enormes desafíos ambientales generados por la crisis climática, en lo que a Chile concierne. La ruta está planteada, el reto es enorme.

 

Nota compartida con SURCOS por el autor.