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Etiqueta: desigualdad

UNA: Condiciones en liceos rurales reproducen desigualdad

Una oferta educativa reducida, climas educativos predominantemente bajos en los hogares, dificultades de acceso a recursos didácticos y falta de docentes en las regiones, son parte de las condiciones asociadas a la modalidad de liceos rurales que favorecen la reproducción del modelo de desigualdad prevaleciente en el país, según evidencia la investigación “Factores socioeducativos y dinámicas de inclusión-exclusión en la oferta de Educación Media del Ministerio de Educación Pública”, realizada por el equipo académico del proyecto Perfiles, dinámicas y desafíos de la educación costarricense del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA).   

“La desigualdad es un tema complejo, multidimensional, entonces uno no puede decir que la modalidad de liceos rurales de por sí es excluyente, por sí misma no lo es; pero todos los otros factores que están asociados al contexto educativo propio de los mismos estudiantes, como el clima educativo, las distancias, todo eso afecta el que esta población esté en una condición de desventaja cuando está dentro de un liceo rural”, afirma Cecilia Dobles, académica del Cide y coordinadora del equipo investigador que presentó los resultados del estudio, el pasado 9 de marzo, en el auditorio Clodomiro Picado del Campus Omar Dengo de la UNA.

Un conjunto de factores

Aunque aclaró que esta modalidad de liceos rurales surgió para dar derecho y acceso a educación de más calidad en las distintas zonas del país, Dobles insistió en que hay una serie de limitaciones propias de los contextos educativos, que van planteando desigualdades, como es el caso de la falta de docentes formados para las especialidades que se requieren para un colegio académico, así como la malla curricular reducida.

Por ejemplo—de acuerdo con datos del MEP citados en la investigación—mientras  el colegio académico tradicional tiene 126 lecciones en el III ciclo y 88 en educación diversificada, en la modalidad de liceos rurales las lecciones se reducen a 120 y 80, respectivamente.

Y es que—añade la especialista—por la misma condición de falta de docentes en las regiones, no hay posibilidad de impartir artes plásticas, educación física u otras materias,  lo que va en perjuicio de la calidad de la educación que recibe la población estudiantil en los liceos rurales.

La problemática de los docentes también lleva a que deban hacerse contrataciones por inopia en estos centros educativos, las cuales  muchas veces se realizan en forma postergada, cuando ya ha iniciado el ciclo lectivo.

A esto se suma el hecho de que los docentes tampoco tienen acceso a procesos de capacitación o formación continua debido a las distancias geográficas, lo cual también representa una limitación muy grande, según destacó la investigadora.

Luis Diego Conejo, académico del Cide e integrante del equipo investigador, coincidió en que las condiciones de la modalidad de liceos rurales que reproducen el modelo de desigualdad tienen que ver con una oferta educativa reducida, pero también con el contexto familiar del cual provienen los estudiantes, de los climas educativos predominantemente bajos,  así como las dificultades en el acceso a recursos educativos y materiales tanto en el área educativa como en sus hogares, lo cual afecta negativamente su experiencia de aprendizaje. “Es un conjunto de factores”, subrayó.

En el caso del contexto familiar, el especialista explicó que el hecho de que las personas que atienden esta modalidad provengan de climas educativos bajos en sus hogares limita las posibilidades de que se haya fomentado una serie de capacidades básicas, que tienen que ver con la lectoescritura o con acceso a materiales o recursos educativos en sus casas, que les permitan desarrollarse a un nivel que sea comparable al resto de la población. 

La investigación del Cide profundiza acerca de la prevalencia de diferencias profundas entre las modalidades educativas en la educación media, a saber: Académico Diurno, Académico Nocturno, Ambientalista, Artístico, Bilingüe, Científico, Técnico Profesional, Deportivo, Humanista, Indígena, Rural, Telesecundaria y Unidades Pedagógicas.

De esta forma, el estudio identifica desventajas que tiene la población estudiantil nacional, dependiendo de la opción educativa a la que asista y las condiciones propias de las realidades educativas en que se encuentran inmersos los centros educativos.

En ese marco, se encuentra que hay modalidades educativas que lejos de reducir las brechas para acceder a una educación de calidad, reproducen los factores y dinámicas que generan la desigualdad educativa, tal como se hace evidente en el caso de los liceos rurales.

El equipo investigador está conformado por las personas académicas: Cecilia Dobles (responsable); Luis Diego Conejo, Viviana Gómez, Olga Guevara, Gabriela Quirós, Satya Rosabal, Magaly Rodríguez y Giannina Seravalli. Además participaron las estudiantes graduadas Liseth Rojas y Jennifer Vanegas.

Video: 

***Más detalles con periodista Oficina Comunicación UNA 8334-4150.

El Discurso de la Anticorrupción

Álvaro Vega Sánchez.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En la reciente campaña electoral no hubo un tema que polarizara la contienda, como el del matrimonio igualitario en la del 2018. Esta vez, la agenda temática fue más diversa y abordada de manera más distendida. Incluso, en algunos temas hubo enfoques similares y hasta compartidos. En este contexto, las candidatas y candidatos apelaron al discurso de la anticorrupción, procurando sacarle dividendos político-electorales, pero con un abordaje sesgado.

Existen diferentes tipos de corrupción: la clientelista que reparte favores para ganar votos, la mercantilista que compra políticos para obtener concesiones, la burocrática, pública y privada o corporativa, que legitima las malas prácticas y, quizá, la más pura y dura, la de las políticas neoliberales que favorecen al gran capital empresarial y financiero, generando más pobreza y desigualdad. Pero, quienes enarbolan el discurso de la anticorrupción pocas veces hacen referencia a este último tipo, protegiendo intereses igualmente espurios.

Hoy, nuestro Estado Social de Derecho está en la picota, en buena medida, por este conjunto de prácticas perniciosas. Sin embargo, el abordaje de la corrupción sigue siendo sesgado, al punto de legitimar su institucionalización, debido al apoyo y sometimiento incondicional a esas políticas que se nos imponen desde afuera. Es decir, se continúa hipotecando nuestro futuro y, principalmente, el de las nuevas generaciones, por la entrega de la soberanía económica y política a poderes fácticos foráneos y sus pares nacionales.

De ahí que uno de los desafíos fundamentales, para lograr tanto una reactivación económica como social salvaguardando los intereses nacionales, sea convertir a la ética de la solidaridad en el eje transversal de todas las políticas públicas. De esta manera, asegurarse que estas políticas estén al servicio de la equidad, la inclusión y la justicia social. Asimismo, democratizar más el proceso de su formulación y ejecución, ensanchando el espacio del diálogo ciudadano, que es el medio por excelencia para garantizar una gestión democrática y el antídoto para los autoritarismos.

Si de algo ha venido adoleciendo el proyecto globalizador dominante ha sido, precisamente, de una ética de la solidaridad humana, como lo ha señalado reiteradamente el papa Francisco. Así, por ejemplo, a propósito de la pandemia, en su última encíclica Fratelli Tutti destaca: “Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío” (La cursiva es nuestra).

Nuestro país y la humanidad entera están urgidos de ejercitar una ética para la solidaridad y la equidad. Nos estamos jugando la vida. El descalabro planetario producido por el cambio climático y la escandalosa concentración de la riqueza, están marcando el rumbo de la autodestrucción. Y un país, pequeño como Costa Rica, que ha logrado avances importantes tanto en bienestar social como en preservación de la naturaleza, cuenta aún con reservas éticas y humanistas para avanzar en una mejor dirección, y heredar un futuro más promisorio a las nuevas generaciones.

Hay que superar el uso sesgado del discurso de la anticorrupción con fines puramente político-electorales. Proponerse, más bien, construir una mejor sociedad de ciudadanas y ciudadanos dedicados al cultivo de la amistad solidaria. Y, de esta manera, defender y fortalecer, remozando, el Estado Social de Derecho: esa gran conquista de nuestros antepasados, producto de una valiente lucha social que desembocó en una convergencia ética y humanista de líderes tan visionarios como patriotas.

¡Claro que tenemos la responsabilidad histórica de gestar un nuevo pacto social por la solidaridad, la inclusión y la justicia social!

FECON: sobre inversión de consorcio de Dubai en Papagayo

SURCOS comparte la siguiente información:

El One&Only Papagayo es un megaproyecto que pretende seguir cargando con más actividad humana al hermoso golfo de Papagayo. FECON no está a favor de este tipo de megaproyectos, porque consideramos que el turismo debe ser social y ambientalmente justo, distribuyendo los beneficios entre las comunidades y no concentrándolos en manos de grandes capitales extranjeros.

Desde nuestra perspectiva, no cumple con el perfil de un proyecto justo y ambientalmente sustentable. Es una inversión para un turismo de élite, excluyente, que no ofrece oportunidades reales a las comunidades locales. Más bien consideramos que ha sido ofrecido irresponsablemente a los inversionistas sin saber si tiene viabilidad en el contexto actual de la zona. 

FECON tiene muchos argumentos para no estar de acuerdo con este tipo de desarrollo excluyente que se implementa en Guanacaste. La experiencia de las comunidades locales con el megaturismo no ha sido buena. La pobreza se ha mantenido creciente al lado de las zonas hoteleras y la desigualdad ha aumentado. Por eso explicamos por qué este proyecto no solucionará los problemas de la zona.

La política de Estado respecto a la Zona Marítimo Terrestre está mal. Ha sido un desastre a nivel social y ambiental. Como resultado ya tenemos playas altamente contaminadas y ecológicamente amenazadas por el desarrollo desregulado y el desinterés institucional en garantizar un turismo verdaderamente en armónico con las características ecológicas del territorio en el que se instala.

El modelo de desarrollo en Dubai, de donde proviene la inversión propuesta, no es un ejemplo de manejo ambiental responsable, sino todo lo contrario. Aparte de bombos y platillos por la construcción de un mega-hotel, no se habla de un concepto de sostenibilidad (porque es imposible que lo tenga), sino de un hotel 7 estrellas, lo que tiene muchas implicaciones.  

Así como se habla de prácticas amigables con el ambiente, sabemos que muchos desarrollistas han llegado a Guanacaste con una visión desinteresada en los impactos ambientales de sus negocios. Muchas personas locales han denunciado la destrucción y depredación de los recursos costeros. A algunos inversionistas sólo les importa apoderarse de los bellos paisajes costeros a cualquier costo ambiental y este proyecto no será la excepción. 

Desarrolladores e instituciones fingen ceguera ante la afectación de los ciclos ecológicos de especies que dependen del equilibrio marino-costero o de la interconectividad de ecosistemas terrestres que arrasan los desarrollos inmobiliarios como este. El crecimiento inmobiliario, actualmente sin verdadero control, elimina a gran escala importantísimos remanentes de bosque seco (altamente vulnerable a desaparecer) en las áreas costeras. También se sabe que algunos desarrollos inmobiliarios han borrado y hasta extraído ilegalmente patrimonio arqueológico de los sitios donde operan, ante la ausencia institucional.

En Guanacaste el megaturismo ha significado la destrucción del tejido social de las comunidades y el desplazamiento de las personas locales de los espacios de más valor paisajístico y recreativo. Hay una marcada exclusión económica de los pueblos en beneficio del turismo y este proyecto no va a ser la excepción. 

Proyectos de este tipo han profundizado el abandono institucional de las poblaciones costeras originales, que finalmente quedan a merced de lo que hacen o dejan de hacer los inversores privados. Las decisiones públicas quedan sometidas a los intereses privados. Hay que conversar con la gente de las comunidades para saber todo esto que está pasando hoy en muchos lugares.

Agua privatizada

Los desarrollos de Papagayo ya son ejemplo de insostenibilidad en el consumo de agua. Con megaproyectos como el One&Only se continúa concentrando en pocas manos los limitados recursos hídricos de Guanacaste. Los acuíferos son vulnerables y en estos complejos turísticos se consume el agua a gran escala. 

Los pueblos de Guanacaste no juegan al golf ni se bañan en piscinas, pero una cancha de golf, piscinas y la carga turística diaria de hasta mil personas en este complejo turístico podrían consumir perfectamente la misma agua que necesita toda la población actual del distrito de Nacascolo, donde se pretende construir.

Recordamos que por sostener altos flujos de turismo en esta zona, sin los estudios técnicos y científicos previos, ya se han desgastado y salinizado acuíferos como el de Playa Panamá. Y con este proyecto de One&Only, hasta ahora no ha habido información pública sobre los fundamentos técnicos que garanticen la viabilidad del megaproyecto, solo el anuncio de la inversión. Recordemos que algo parecido pasó con Crucitas y El Diquis, anunciados como panaceas sin tener los estudios que respaldan su viabilidad ambiental.

Hoy hay pueblos guanacastecos que padecen por la carencia de agua potable y servicios de calidad. Su derecho humano está siendo violado. Mientras que hoteles y condominios privados toman control de las ASADAS y se auto-otorgan permisos para servirse de las fuentes de agua vulnerables de la zona sin estudios que respalden.  Los inversores extranjeros se enriquecen en este momento con el control ilegal y la concentración inmoral del agua de los guanacastecos.

Con todo esto que sabemos por la cercanía de FECON con organizaciones locales guanacastecas, concluimos que, más que concesiones, en la costa de Guanacaste se establecen enclaves que privatizan la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica sin importarles gran cosa el futuro de las comunidades locales. 

Para los extranjeros, si el agua se acaba pueden irse, no sin antes haber multiplicado sus riquezas a través del turismo de lujo. Pero los pueblos no tendrán la misma opción cuando estén sin agua y sigan en condición de pobreza, porque el megaturismo no ha resuelto este problema crónico en la provincia.

Negociaciones antidemocráticas

El negocio del megaturismo ha demostrado moverse a través de negociaciones poco transparentes entre desarrolladores, municipalidades y demás instituciones. Eso desencadena los conflictos con las comunidades que son excluidas de los planes de desarrollo, porque al final sólo se negocia en altos niveles y se le vende a la gente el trillado discurso de los empleos. 

Los Gobiernos sólo ofrecen megaturismo y no tienen otras opciones económicas para las comunidades ni tienen ideas de los intereses reales de la gente. Nos preguntamos ¿Habrán consultado a alguien de las comunidades impactadas directa o indirectamente? De seguro no, pero sabemos que será un buen negocio para la industria de la construcción. 

Al final los pueblos guanacastecos son despojados del acceso público a las playas cuando proyectos privados de alta gama se instalan. El hotel 7 estrellas toma su zona y controla su parte de playa para que sus clientes no tengan molestias fuera del control de sus guardas. Es el mismo turismo privatizador que vemos hoy en Guanacaste y con el que no podemos estar de acuerdo.

No podemos estar de acuerdo con la política antidemocráctica del gobierno de ir por el mundo ofreciendo a grandes capitales extranjeros venir a invertir en megaproyectos en nuestro país, sin dar a conocer las condiciones y fundamentos para hacer este tipo de negociación. Eso lo hacen porque no tienen planes reales de desarrollo inclusivo y equitativo para las comunidades guanacastecas. Sólo aumentarán la desigualdad y eso está en contra de nuestros valores como organización.

Lo último y no menos importante, es decir que necesitamos escuchar lo que piensan y ven cada día muchas comunidades que están silenciadas y afectadas por la imposición del megaturismo, que amenaza con arrebatarnos muchas otras playas de Guanacaste, que por principio deberían ser de libre acceso para la recreación sana de todos los costarricenses. 

FECON está comprometido en dar la lucha con los pueblos costeros por un futuro seguro, económicamente justo, donde se respeten todos los derechos y el Estado garantice bienestar real. One&Only Papagayo, reiteramos, no es una solución a ningún problema de los que enfrenta Guanacaste, solo continúa la ruta de la privatización. 

Sobre las declaraciones de Eliecer Feinzaig y otras miradas necesarias

Juan Carlos Durán Castro

Las mayorías que ven como llevamos décadas esperando el cumplimiento de las promesas del PUSC-PAC, deben tener plena certeza que a Don Eliecer Feinzaig, no le hace falta, como dicen popularmente quemarse dando apoyos, lo cual aplica exactamente igual para otras banderas de inclinación conservadora que ocupan sillas en Cuesta de Moras. 

Estos actores políticos tienen una cuota del pastel otorgada por la gente, misma que nunca tuvieron y con la cual van a jugar a más no poder. 

Así dicho, lo que sí debe quedarle claro a la gente, es que en la oscuridad de los pasillos legislativos estas fracciones a las cuales le dieron su confianza  apoyarán ideas ( proyectos de ley),  que serán como un lobo con piel de oveja y que las mismas serán camufladas y distorsionadas por los medios de comunicación cuyos dueños tienen contrato firmado con sus marionetas legislativas, ya que estás  son parte de un sistema que genera pobreza, informalidad, precariedad social, robo de impuestos y concentración de la riqueza.

Visto este panorama, desde las organizaciones sindicales, sociales y socioproductivas con mayor autonomía política  debemos monitorear cómo evoluciona ese grupo legislativo de Don Eliecer y los otros debutantes, para ir viendo los signos del comportamiento a favor o en contra de los más pobres,  para así ir definiendo nuestras acciones de lucha social en los distintos escenarios .

Ahora bien y para ser asertivos y objetivos, decimos, que mientras no se logre empezar a descarrilar mínimamente este tren neoliberal absurdo, dogmático y excluyente los excluidos y oprimidos de Costa Rica, seguirán como dice nuestro pueblo, llevando palo, realidad que empezará a cambiar un poco de manera más efectiva cuando se inicie  una cirugía mayor en las direcciones sindicales y sociales o al menos se opte por mayor análisis político y se retome la autonomía política .

Por ahora nos es claro, que  no todo es blanco o negro y que  existen grises y otros colores, lo cual pone de relieve  la remota posibilidad  de futuras rupturas en determinados contextos dentro de este congreso inclinado sin duda a la derecha.

Así las cosas, si en esos grupos humanos legislativos la balanza se  inclina por posiciones de muy antihumanas que riñan con arraigos puramente ticos, hay que sin dilaciones potenciar esas contradicciones dentro de los operadores políticos sistémicos del capital, para no perder la oportunidad de potenciar y ver posibles eventos de  fricciones, que hay que aprovechar sin duda a favor de las mayorías empobrecidas.

Igual lectura debemos hacer de las demás fracciones legislativas, sin caer en la ingenuidad, claro está, todo esto, mientras no se logre modificar el estado de situación actual de los movimientos sindicales, sociales y socio-productivos, lo cual pasa dentro de otros ejes, por  cambios en las direcciones.  

Lo anterior impone igualmente no perder de vista  que  está en desarrollo  una nueva especie de totalitarismo que ostenta un traje bastante invisible y que debemos visibilizar para orientar con contundencia, ya que observamos tintes de un discurso engañoso de antipolítica y de necropolítica,  que es peor aún.

Lo anterior,  si analizamos el discurso de Doña Pilar Cisneros sobre el sector cultura y esto sin olvidar los temas de campaña ya conocidos y que ayudaron a que algunos votos migrarán a la derecha  y a la izquierda, respetando los enfoques que se tenga para ambos casos.

Elecciones 2022: un país en búsqueda de rumbo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La ciudadanía costarricense, en la reciente contienda electoral, ha enviado un mensaje a la clase política y a todos los partidos políticos: seguimos desencantados, castigamos al mal gobierno y busquemos un mejor rumbo.

Aunque fue una campaña que prendió el ánimo de los electores con los últimos debates, el elevado porcentaje de abstencionismo, particularmente en las periferias costeras (Limón, Puntarenas y Guanacaste) más deprimidas económicamente del país, muestra la persistencia del desencanto y la desconfianza con una clase política y una partidocracia que no han hecho los mejores esfuerzos para gobernar al servicio del bien común. Se ha vuelto a celebrar la democracia bicentenaria, apelando a la tradicional fiesta electoral. Pero, lo cierto es que no hay muchos motivos para celebrar; el alto porcentaje de indecisos que alcanzó un 50% del electorado, solo bajó en un 10 %, para convertirse en un elevado 40.65% de abstencionistas.

No podemos culpar al Sars Cov2 del abstencionismo. Simplemente, la ciudadanía está agotada de más de lo mismo -o peor-, y en su desesperación apuesta por nuevas alternativas, las que representaron don Rodrigo Chaves y don Eliecer Feinzaig. El primero catapultado a la segunda ronda y el segundo llevado a la Asamblea Legislativa con una fracción significativa.

Al Partido Acción Ciudadana (PAC) lo ha castigado por una gestión de mal gobierno, cuyas alianzas con los sectores económicos y empresariales más poderosos del país lo alejó de las mayorías.  El mensaje es contundente: el partido que gobierna para grupos de poder económico, en una sociedad desigual y empobrecida, será castigado sin concesiones. Y también, bajo esa consigna, castiga al Partido Restauración Nacional (PRN) que, además de nepotista, fue aliado de las políticas más retrogradas impulsadas por el PAC, el PLN y el PUSC.

Al bipartidismo, Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le ha dado un segundo aíre, posiblemente el último.  Sin embargo, los ha puesto entre la espada y la pared. La espada del nuevo Partido Progresista Social democrático (PSD), y la pared de un conjunto variopinto de fracciones legislativas más robustas, con la expectativa de que se conviertan en un contrapeso importante, para bien del régimen democrático.

La ciudadanía costarricense les ha planteado a los partidos políticos, más que una invitación, una exigencia: cambien de rumbo. Y, para ello, convoca a los partidos tradicionales y a los nuevos a dar muestras definitivas y serias de que hay voluntad de conjuntar esfuerzos para impulsar políticas dirigidas a bajar sustantivamente los índices de pobreza y desigualdad, sin continuar precarizando a los sectores medios.

Sí, cambiar de rumbo dejando de gobernar para élites de poder económico, crear verdaderas oportunidades para las mayorías empobrecidas y apostar de nuevo, con seriedad, por fortalecer un Estado Social de Derecho remozado. Es decir, volver sobre nuevos pilares a la política de salarios crecientes, la democratización de la educación y a los regímenes de seguridad social solidarios y universales.

De continuar ensanchando el cerco neoliberal, como lo hizo el pluripartidismo en la gestión de gobierno que está por terminar, la costa empobrecida se extenderá cada vez más al Valle Central, convirtiendo a todo el país en un “gueto” insoportable. Estamos a un paso de convertirnos, en definitiva, en esa otra Costa Rica.

Los movimientos y organizaciones de la sociedad civil han abierto una ventana de oportunidad para un diálogo social constructivo. Recientemente se ha difundido un documento (https://confluenciasolidaria.org/wp-content/uploads/2022/02/Aportes-plataforma-de-la-ciudadania-y-movimientos-sociales1.pdf) que recoge un conjunto de propuestas bien intencionadas, como un insumo a ser tomado en cuenta por toda la ciudadanía costarricense, así como por los partidos y lideres políticos que tendrán en sus manos proyectar la Costa Rica hacia mejores rumbos.

Ojalá, prevalezca la sensatez política, para concertar un nuevo pacto social desde abajo en el espíritu de un verdadero diálogo nacional. Y que no continúe prevaleciendo la arrogancia mesiánica de quienes todavía piensan que tienen la agenda completa, para darle el nuevo rumbo que requiere con urgencia este país. Hagamos patria, y de la buena, entre todas y todos.

La soga en la casa del ahorcado

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al arribar a su final, se puede concluir que esta campaña electoral de cara las elecciones de este 6 de febrero, sigue sin mostrar la profundidad que ha debido tener ante la grave crisis múltiple que enfrenta Costa Rica en este duro y desafiante presente.

Casi todos los candidatos presidenciales se han dedicado a endulzar los oídos de los electores, practicando una comunicación política camaleónica. Sus estrategias de campaña se han centrado en ganar electores, o no perderlos si ya consideran que los han conquistado, evadiendo la apreciación diagnóstica rigurosa de la realidad del país. Consecuentemente, no han ahondado en soluciones que se ajusten a la gravedad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Ese abordaje tangencial apenas ha rozado el epitelio de los problemas, desafíos y propuestas de solución que demanda el país, según hemos notado en entrevistas y declaraciones de la mayoría de los candidatos, así como en los debates presidenciales.

Un ejemplo concreto de esta situación lo hallamos en el tema de un posible impuesto a las llamadas Zonas Francas; las cuales se han convertido en un componente importante de la economía costarricense. Al definir qué es una Zona Franca, el artículo 1 de la Ley N° 7210, expresa que “es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos.”

Los incentivos y beneficios que el país les otorga a diversas empresas que se han acogido al Régimen de Zonas Francas (RZF), han hecho que este sector –desde que se establecieron las primeras empresas en el año 1990–, haya crecido significativamente a los largo de los últimos 30 años. Valga destacar que durante el gobierno de Carlos Alvarado se sumaron 153, con lo que actualmente existen 546 empresas beneficiarias de este régimen.

Un incentivo que se vuelve muy atractivo para las empresas que se acogen al RZF, son las múltiples exenciones tributarias que ofrece el país. En este sentido, un dato publicado recientemente por el “Semanario Universidad”, es muy ilustrativo: En el año 2019, las exoneraciones en las Zonas Francas alcanzaron la suma de 375.784 millones de colones; lo que equivale a 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuando en los intercambios entre los candidatos y los partidos, lo mismo que en la propaganda prevaleciente, se ha asociado el crecimiento del RZF casi exclusivamente, a tales exenciones impositivas, se atisba un claro reduccionismo argumental. Siendo como lo es un atractivo muy importante, desde luego que no es el único. La histórica estabilidad política y social del país, los servicios que brinda, un Estado de Derecho robusto, la formación académica y técnica de un sector de la población, el bilingüismo que ofrecen muchos potenciales trabajadores y, desde luego, la cercanía sus con casas matrices, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, constituyen componentes (que combinados), han convertido al país en un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y para que muchas compañías se hayan acogido al RZF.

Como se ha indicado, aun cuando la economía costarricense sufrió los duros embates de la pandemia de la Covid-19, el sector de las Zonas Francas siguió creciendo, manteniendo un significativo dinamismo. El sector creció un 8 % en producción y generó alrededor de 20.000 empleos nuevos en 2020.

Todo indica que en este año 2022 y venideros, las empresas extranjeras atraídas por el RZF pueden seguir arribando al país por dos factores combinados. Por un lado, muchas empresas estadounidenses asentadas en China esterarían considerando su migración, porque en los últimos años los salarios en ese país se han incrementado entre un 10 y 15 %, con lo que el atractivo de mano de obra muy barata ha empezado a desvanecerse. Por otra parte, el altísimo aumento en los costos de los fletes en el transporte marítimo, están generando un incremento significativo en el costo de las mercancías al arribar a sus destinos de venta al por menor.

Así el llamado “offshoring” está convirtiéndose en “reshoring”; es decir empresas que tenían asentada la producción lejos de Estados Unidos, están desarrollando procesos de retorno. Este proceso se empezó a desarrollar con el gobierno de Donald Trump, cuando su administración decretó un paquete de medidas para incentivar la producción nacional y recuperar empleos perdidos. Eso tuvo un efecto breve pero no tan relevante como se esperaba. Mientras tanto la administración de Joe Biden ha buscado incentivar el “reshoring”, con el fin de resolver los problemas en las cadenas productivas, que han hecho que anaqueles de supermercados y almacenes, se hayan mostrado vacíos en los meses recientes.

Es dentro de este contexto que el propósito de seguir atrayendo IED y que compañías estadounidenses lleguen a las Zonas Francas, se convierte en una posibilidad real para el país, en el marco del denominado “nearshoring”, que es la alternativa a la repatriación productiva y que significa que las empresas desarrollen su producción en el “vecindario”. Y Costa Rica está relativamente cerca de Estados Unidos. Este es un factor a considerar seriamente a la hora de ofrecer las ventajas comparativas del RZF costarricense en la presente coyuntura.

Así las cosas, ofreciendo tantos atractivos, ¿Por qué casi todos los candidatos presidenciales no entran a considerar fijar un impuesto, justo y razonable, a las jugosas ganancias que obtienen las empresas ubicadas en las Zonas Francas? En entrevistas y debates, los candidatos reaccionan tan rápido como tensos resortes, rechazando la idea aun cuando la obtención de recursos frescos es un imperativo ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país y para poder estimular y desarrollar un sector económico tan alicaído como el conformado por los productores nacionales, medianos, pequeños y micro emprendedores, que no cuentan con ningún tipo de estímulos y exoneraciones de impuestos.

Sin duda que es necesario darle impulso a la estrategia de desarrollo del RZF, creando las condiciones para que éstas se ubiquen no sólo en la Gran Área Metropolitana. Es urgente y necesario que se sitúen también en zonas rurales y costeras, a fin de abrir oportunidades laborales en esas regiones. Por supuesto, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades educativas en carreras que hagan que trabajadoras y trabajadores de esas zonas, adquieran los conocimientos técnicos para aprovechas esas oportunidades.

Pero insisto: ¿Por qué prácticamente se sataniza la posibilidad de que se fije una tasa impositiva que permita que esas empresas contribuyan al desarrollo del país, en un aspecto que no sea solo la contratación de trabajadores?

Es bien sabido que habitamos un país donde la evasión fiscal, la elusión y el contrabando impiden la recaudación de los urgentes ingresos para atender las obligaciones de la deuda, las inversiones públicas, los programas sociales y, en general, el desarrollo del país. Hace falta un Gobierno que realmente le ponga coto al no pago de impuestos, de grandes empresas y personas sumamente ricas. Solo de esta manera, se puede reducir la desigualdad y la repudiable concentración de la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la necesidad de una reforma fiscal, progresiva y justa sigue siendo un tema pendiente.

Pienso, en suma, que desde las Zonas Francas podrían provenir recursos que ayuden al mejor desarrollo de Costa Rica, sin afectar en forma significativa los estímulos y condiciones favorables que el país ofrece mediante el RZF. No se trata de afectarlas sino buscar una solución justa y razonable para el país y las empresas, especialmente por los desafíos que impone el periodo pandémico y post pandémico que vivimos. Por eso no se justifica que en un tema de debate tan relevante en está gélida campaña electoral, casi todos candidatos, partidos y la mayoría de los medios informativos, lo hayan tratado como si se hablara de la soga en casa del ahorcado.

(2 de febrero, 2022)

COVID-19 y oportunidades para políticas sociales inclusivas

SURCOS comparte la siguiente información:

En América Latina la emergencia sanitaria creada por la pandemia  se convirtió de inmediato en emergencia social y económica. La región ha retrocedido una década o más en términos de desarrollo humano, pobreza y desigualdad, a la vez desde la política analistas y organizaciones como la CEPAL, han manifestado con optimismo que la crisis podría dar lugar a un proceso de reconstrucción que aborde la desigualdad histórica de la región.

Las nuevas medidas sociales contaron generalmente con todo el espectro político y con una opinión pública favorable a la intervención estatal, sin embargo, su alcance fue de corto alcance. Por lo que les invitamos a ver el siguiente video elaborado con ayuda de la Universidad de Costa Rica y Catedra Humbolt por Juliana
Martínez y Diego Sánchez, en donde se explican acciones y narrativas favorables para la política social inclusiva.

Esta es una producción de la UCR.

Las desigualdades matan

El siguiente texto es a modo de sinopsis del libro “las desigualdades matan”

Mientras que los ingresos de la población mundial se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, están fracturando nuestro mundo. Esto nunca ha sido fruto del azar, sino el resultado de decisiones deliberadas: la “violencia económica” tiene lugar cuando las decisiones políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población y, especialmente, a las personas en mayor situación de pobreza, las mujeres y las niñas, y las personas racializadas. 

Las desigualdades contribuyen a la muerte de, como mínimo, una persona cada cuatro segundos. No obstante, tenemos la oportunidad de reformar drásticamente nuestros modelos económicos para que se basen en la igualdad. Podemos abordar la riqueza extrema aplicando una fiscalidad progresiva, invirtiendo en medidas públicas de eficacia demostrada para eliminar las desigualdades, y transformando las dinámicas de poder dentro de la economía y la sociedad. Si mostramos la voluntad necesaria y escuchamos a los movimientos que están exigiendo cambios, podremos crear una economía en la que nadie viva en la pobreza, ni tampoco en una riqueza inimaginable: una economía donde las desigualdades dejen de matar.

Les invitamos a leer cuáles son las medidas que se deben llevar a cabo para acabar con el aumento de la desigualdad, ingresando en el pdf adjunto a esta nota:

 

Publicado por OXFAM
Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.

Acabar con la desigualdad en Pandemia

Las organizaciones UNDECA, BUSSCO y FSM compartieron con SURCOS una nota en la cual se señala que, la posición de la Organización Mundial de la Salud es que, para acabar con la pandemia, es necesario acabar con la desigualdad.
La OMS también recordó que, no se podrá terminar con la fase aguda de la pandemia si se mantiene la desigualdad en el acceso a las vacunas. El 85 % de las personas en África todavía no han recibido una sola dosis y todavía se ve incierto el objetivo de que para mediados de este año, el 70 % de la población de cada país esté completamente vacunada. Noventa países no han alcanzado, siquiera, el objetivo de 40 % de su población vacunada y 36 de ellos han vacunado a menos del 10 %.

Conflictos sociales en el horizonte ante un país cada vez más desigual

Luis Fernando Astorga Gatjens

Costa Rica tiene en sus manos una bomba de relojería, que vislumbra en el horizonte –casi irremisiblemente– futuros conflictos y estallidos sociales. La crisis social ha venido madurando al compás del progresivo deterioro del Estado Social de Derecho (ESD), que forjó el país el siglo anterior.

Hoy, cada vez queda menos de ese Estado de Bienestar y eso se retrata en el incremento de la pobreza y la desigualdad social, y la ominosa concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Lo que nos proyectó internacionalmente en el pasado, con cifras en desarrollo humano y en esfuerzos reductores de desigualdad social alentadores, hoy es un recuerdo que se desdibuja cada vez más. Es un país que ha venido cambiando para lo peor.

Actualmente, lo que fue halagüeño y esperanzador se ha tornado sombrío. Así se puede constatar en el Informe 2021 del Programa de Estado de la Nación (PEN). Como bien se señala en el informe, Costa Rica muestra un creciente desgaste en su capacidad para impulsar el desarrollo humano. Aunque algunos analistas ponen el acento causal en la arrasadora pandemia de la covid-19, lo más objetivo es que esta situación tiene causas más profundas y añejas.

La pandemia y sus secuelas económicas y sociales ha sido un significativo factor agravante de la crisis económica y social que padece el país. Pero no se debe echar la culpa al coronavirus porque realmente la crisis y la erosión del Estado Social de Derecho, nos viene de lejos. Hizo su aparición inicial en los años ochenta del siglo pasado, cuando la pandemia neoliberal hizo su aparición. Luego con zigzagueos, pero con constancia esa doctrina fue marcando la economía y la sociedad costarricenses, con su sello promotor del individualismo, y con el impulso privatizador de servicios públicos y el achicamiento del Estado.

La falta de soluciones a los problemas que enfrenta un sector mayoritario de los habitantes del país es muy posible que les impulse al justo reclamo y a la protesta social. Las calles en los años que vienen y, particularmente, en este 2022, se podrían llenar de gente que se cansó de esperar soluciones concretas para mejorar sus vidas. No hay mal que dure por siempre ni cuerpo social que lo resista.

Dice bien el investigador del PEN, Ronald Alfaro Redondo cuando afirma que: “Los desafíos que tenemos y las dificultades para que esas fortalezas históricas que teníamos soporten, no solo la pandemia (porque ya veníamos en una situación crítica a la que se suma la pandemia), nos dejaron en una situación compleja y muy complicada donde si se tira un fósforo y hay gasolina, esto puede arder.”

El visualizar esta situación crítica que emerge en el horizonte debería constituirse en una responsabilidad de los candidatos y los partidos presentes en la liza electoral del 6 de febrero próximo. Pero lo que debe ser una responsabilidad política ineludible aparece esquiva en la agenda electoral dominante.

Con contadísimas excepciones, el conjunto de candidatos presidenciales no ha profundizado en el análisis de la real situación que enfrentan amplios sectores de la población y la significativa erosión del Estado Social de Derecho. Cuando hablan de problemas sociales lo hacen sin la profundidad que demanda la gravedad de la situación actual. Consecuentemente, las propuestas de solución adolecen de la misma debilidad.

En este estado de cosas, contribuyen la mayor parte de los medios de comunicación, que alineados a las políticas neoliberales, no ahondan en la gravedad de la crisis social que se ha venido acumulando en los últimos años. Eso se refleja en la falta de hondura de las entrevistas que realizan a los candidatos y, es muy probable que también se reflejará en los debates, que organizan en estas próximas semanas.

Quienes piensen y pretendan que con la leyes impulsadas por este Gobierno y aprobadas por la alianza neoliberal conformada en el Congreso, para frenar y criminalizar la lucha social, les alcanzará para contener las justas protestas ciudadanas, están equivocados. Cuando la injusticia llega a los estómagos y cunde la desesperanza por una vida mejor entre muchos, el camino de la lucha social, pacífica pero firme y reivindicadora, emergerá con una fuerza creciente.

Harían muy bien los candidatos presidenciales y también quienes aspiran a ocupar una curul legislativa de leer con seria atención la sabias palabras del Papa Francisco: “La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos.”

Sólo con un cambio de rumbo que haga reverdecer el Estado Social de Derecho, se evitará que la lucha por la justicia social llene las calles de voces justicieras. Pero, por ahora, estamos más situados en las dudas que en la esperanza.

(9 de enero, 2021)