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Etiqueta: desigualdad

Encuentro multisectorial contra el Proyecto de Empleo Público. Declaración final

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Las instituciones participantes, organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales, considerando:

Que los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.

Que, en lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de habitantes.

Que los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una fuertísima campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, actuación que se realiza de manera infundada, tergiversando datos o manipulándolos al presentar solo una parte de ellos, para generalizar conclusiones falaces.

Que el gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.

Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.

Que la estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.

Que el Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin un proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra las autonomías institucionales y autonomías constitucionales, pues tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.

Acordamos:

  • Crear un Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense que involucre a comunidades universitarias, a organizaciones sindicales tanto del sector público como privado, a organizaciones comunales y de vecinos, al movimiento estudiantil universitario, a organizaciones feministas y de mujeres, a organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, sector campesino a autoridades municipales, a juntas comunales de salud, y otras.
  • Desarrollar diversas actividades de sensibilización a la opinión pública a fin de evidenciar y demostrar que el proyecto de Empleo Público no busca mejorar la eficacia, ni ordenar al sector público, sino desmantelar el Estado y precarizar condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora.
  • Enfrentar en forma conjunta toda la agenda legislativa que en el marco del Acuerdo con el FMI pretende cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis económica, por medio de un aumento de la carga impositiva.
  • Desarrollar actividades de sensibilización para el mejoramiento del trabajo dentro de las instituciones a fin de garantizar la defensa del Estado Social Costarricense.

POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE

Organizaciones Sindicales

Asociación Nacional de Educadores ANDE
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE
Sindicato de Educadores Costarricenses SEC
Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO
Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA
Central General de Trabajadores CGT
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN
Sindicato Patriótico de la Educación SINPAE 7 de Agosto
Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación SINAPRO
Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones SITET
Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones ANTTEC
Asociación de Abogados y Profesionales del Grupo ICE ABOGAPROICE
Federación Unión Sindical de Trabajadores del Grupo ICE FUS/ICE
Sindicato de Trabajadores de la UNA SITUN
Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica SINDEU
Asociación de funcionarios del TEC AFITEC
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Técnica Nacional UTRA-UTN
Asociación de Profesionales de la UNED UNED-PRO
Alianza Sindical del Poder Judicial
Asociación Nacional de Empleados Judiciales ANEJUD
Sindicato del Poder Judicial SINDIJUD
Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT
Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social SINASSASS
Sindicato de Trabajadores del INA SITRAINA
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses SITECO
Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados SITRAA AyA
Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones FENTRAP
Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda SINDHAC

Organizaciones Sociales

Frente Nacional por la Defensa de la Caja y la Seguridad Social FRENASS
Comisión Nacional de Enlace CNE
Coordinadora Popular de Occidente
Diego Miranda Méndez Regidor Municipalidad de San José
Asociación Nicaragüense inmigrantes en Costa Rica-ANICR

Comunidad Universitaria

Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Nacional
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica FEUCR
Rectoría y Consejo Universitario, Universidad Técnica Nacional

Consejos universitarios advierten sobre posibles impactos de Ley de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Derechos.

Zaida Siles Rojas

SURCOS comparte la siguiente información:

Mediante un Pronunciamiento emitido este miércoles 17 de febrero, los consejos universitarios de las universidades estatales alertaron a la comunidad universitaria y nacional sobre los posibles impactos sociales, políticos y económicos que el Proyecto de Ley marco de empleo público puede generar en la institucionalidad, la gobernanza y la sociedad costarricense, así como de los vicios de inconstitucionalidad que presenta esa iniciativa que discute la Asamblea Legislativa.

El documento está suscrito por quienes ocupan las direcciones de estos órganos colegiados de la Universidad de Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional.

El pronunciamiento advierte que este proyecto de ley desconoce la complejidad de la gestión pública y la importancia de mecanismos democráticos para el funcionamiento del Estado de Derecho y que, además de violentar el marco legal existente, desestima los mecanismos de concertación democrática y genera condiciones de conflictividad social y política.

Agregaron que esta reforma al empleo público pretende homogenizar los perfiles de puestos y condiciones de ingreso, así como el régimen remunerativo, a partir de un desconocimiento de la especificidad de las responsabilidades y la dinámica propia del servicio que prestan las distintas instituciones y los Poderes de la República.

Señalaron que el proyecto no presenta datos sobre el posible ahorro que alcanzaría con el salario único, y que contiene vicios de constitucionalidad al contradecir las potestades que ha brindado la Constitución Política a institucionales tales como las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Por otra parte, “vulnera los derechos fundamentales derivados de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la no discriminación”.

“Los criterios de eficiencia y eficacia económica no deben imponerse sobre el mayor bienestar a todos los habitantes del país, así como sobre el ‘más adecuado reparto de la riqueza’, como lo establece la Constitución Política en su artículo 50. Sin embargo, el Proyecto de Ley marco de empleo público busca limitar los alcances sociales del Estado y la participación política de los trabajadores, lo cual puede generar una mayor precarización del empleo público, pérdida de profesionales competentes y ensanchamiento de la brecha de la desigualdad; todo esto desde un Estado cada vez más débil y un sistema de salarios que no posee poder competitivo ni adquisitivo a futuro”, destaca el documento.

“Las universidades estatales somos herederas de una visión de Estado inclusivo, solidario y democrático, de esta manera, conscientes de que nuestras acciones del presente marcarán indeleblemente el futuro de las próximas generaciones, más allá de la crisis fiscal y los efectos adversos de la pandemia, repudiamos todas aquellas iniciativas de ley y reformas sustentadas en líneas de pensamiento ligeras, intereses cortoplacistas y mercantilistas que, so pretexto de contribuir al fortalecimiento de dicho modelo estatal, menoscaban ferozmente una institucionalidad visionaria que procuraba la supresión de toda forma de desigualdad, la defensa de los derechos inalienables de los pueblos y la promoción de un desarrollo económico sustentado en el principio de solidaridad, al cual todos y todas debemos contribuir para su consolidación”.

Referencias Bibliográficas:

Siles, Z. (18 de febrero, 2020). Consejos universitarios advierten sobre posibles impactos de ley de empleo público. Consejo Universitario. UCR. Recuperado de https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/consejos-universitarios-advierten-sobre-posibles-impactos-de-ley-de-empleo-publico.html

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

San José, 18 de febrero del 2021

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general:

Costa Rica vive momentos complejos, que requieren soluciones complejas y un consenso social amplio, en las actuales circunstancias debemos reconstruir nuestro pacto social para pensar en la nación que queremos para el futuro, al tiempo que protegemos nuestros logros del pasado. Pero nos preocupa que en lugar de soluciones complejas recurramos a procesos de ajustes únicamente centrados en buscar una solución fiscal de corto plazo, motivados por recetas que han fracasado en otras latitudes y que pueden tener un alto costo social y productivo.

La solución de nuestros problemas no debe desatender, desfinanciar o incluso destruir, el Estado Social de Derecho que hemos creado durante décadas, por medio de políticas públicas destinadas a beneficiar a la mayor parte de la población. Esta inversión en las personas y en su desarrollo particular, nos ha puesto en una posición privilegiada frente a otras naciones, con índices de vida mucho mejores que otros países de la región y, en algunos casos, cerca de naciones desarrolladas. Pero ese logro está hoy en riesgo, los avances en materia de salud, educación y protección social, están en peligro por seguir una línea de ajustes carentes de una verdadera reflexión y de estudios adecuados y adaptados, tampoco se está tomando en cuenta la necesidad de atender a una población afectada por una pobreza que creció, un desempleo que no logramos reducir y una vergonzosa desigualdad que se nos sale de las manos, al tiempo que nos rehusamos a pedir un esfuerzo mayor a los que más tienen y a los sectores gananciosos de la pandemia.

Esta actitud de promover un ajuste fiscal de gran tamaño, en un plazo muy corto, sin razonar en sus consecuencias, sumado a ideas de austeridad extrema que ya demostraron su fracaso social y productivo por el mundo, también pretenden poner en riesgo la universidad pública, su autonomía administrativa e incluso su financiamiento. De acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica, las universidades públicas del mayor rango de autonomía en su gestión, precisamente para darles independencia del poder político y la libertad suficiente para que la ciencia, las letras y las artes puedan florecer, así como para que las universidades cumplan el importante papel de brindar oportunidades de crecimiento personal por medio del desarrollo profesional. Un sistema universitario libre e independiente del poder político, es un signo inequívoco de una sociedad moderna y de una democracia madura.

Nos preocupa que el proyecto de ley de empleo público ponga esto en riesgo, dejando en manos de una entidad con nulo conocimiento del quehacer universitario, así como una baja capacidad operativa, la gestión del recurso humano de las universidades, afectando el trabajo de estas y sometiéndolas a restricciones que afectarán negativamente la formación de profesionales, la investigación científica, la extensión, la acción social universitaria o la promoción artística.

Quitar a las universidades lo relativo a su regulación en materia de empleo es una ruptura inaceptable de su autonomía, que podría seguir acompañada de medidas para limitar el alcance de su trabajo y el pensamiento de sus académicos, en momentos en que en el mundo se desdeña la ciencia y se pone en tela de juicio los resultados de siglos de conocimiento. La ciencia necesita libertad, necesita mantener separadas la política y las creencias particulares del quehacer científico, limitar la autonomía de las universidades públicas, por tanto, es cercenar la promoción del conocimiento y el desarrollo de las ideas.

Somos conscientes de la necesidad de ajustes en la política de remuneración a lo interno de las universidades, tenemos claro que lo que existe hoy no es funcional y debe ser corregido, pero debemos ser los universitarios quienes definan la manera en que mejor se ajusta con el desarrollo de nuestras organizaciones. Estamos comprometidos y comprometidas con un uso adecuado de los recursos públicos y una gestión encaminada en lograr los mayores resultados sociales, en beneficio de la población, para tener universidades que sean sostenibles financieramente en el largo plazo, para seguir contribuyendo a la construcción de ese Estado Social de Derecho que hoy vemos en riesgo.

Es por eso que les hacemos a todas y a todos, un llamado a la acción, a pedirles que se expresen y hagan mostrar su inconformidad con lo que estamos viviendo. Defendamos la universidad pública de los que pretenden reducirla, arriesgando su papel en la construcción y desarrollo de la nación, al tiempo que nos comprometemos a cuidar los recursos públicos que los contribuyentes de este país apostaron por nosotros. Defendamos la libertad que requiere el quehacer académico, así como evitamos salidas fáciles a crisis complejas recortando sin miramientos, mientras muchos siguen sin contribuir a nuestro pacto social, sin sonrojo ni pena.

Las circunstancias actuales nos obligan a replantear nuestra reacción, por lo que les invitamos a compartir este mensaje en sus redes sociales y unirse a nosotros por medios electrónicos. Abajo firmamos un grupo de universitarias y universitarios preocupados, pero sabemos que somos más:

Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Greivin Salazar Álvarez, céd. 109710643
Roxana Morales Ramos, céd. 111670990
Henry Mora Jiménez, céd. 105120548
Nora González Chacón, céd. 106990620
Jesús Guzmán Castillo, céd. 304360204
Tania Rodríguez Echavarría, céd. 110680515
Yamileth González García, céd. 202460555
Luis Felipe Arauz Cavallini, céd. 104860636
Edgar Gutiérrez Espeleta, céd. 104530822
Ana Rosa Ruiz Fernández, céd. 302480440
Rony Mauricio Rodríguez Barquero, céd. 205340821
Patricia Ramos Con, céd. 205470695
Noemy Quirós Bustos, céd. 205470695
Laura Queralt Camacho, céd. 107250821
Shi Alarcón Zamora, céd. 112910818
Rocío Alfaro Molina, céd. 108280886
Sofía Cortés Sequeira, céd. 113360901
Nelson Andrés Ramírez Rojas, céd. 303890841
William Delgado Montoya, céd. 303440456
Maritza Agüero González, céd. 206450725
Mayela Acuña Calderón, céd. 302400541
Carlos Rodolfo González Zúñiga, céd. 503450978
José Alberto Martínez Villavicencio, céd. 900830116
Paula Arzadun, 103200178200
Osvaldo Durán Castro, céd. 106370047
Hellen Melania Cordero Araya, céd. 303630653
Marlon Iván Pérez Pérez, céd. 602700010
Ana Catalina Espinoza Ortíz, céd. 303550126
Yendry Alexandra Jiménez Pérez, céd. 206270045
Andreina Esquivel Rodríguez, céd. 206600795
María José Chaves Groh, céd. 110810478
Alicia Coto Guzmán, céd. 109800481
Rodrigo Campos Cordero, céd. 108560885
Pablo Diaz González, céd. 205960614
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Luis Paulino Vargas Solís, céd. 203270373
Marinela Córdoba Zamora, céd. 302970351
Luis Miguel Esquivel Sancho, céd. 206950800
Marcel Hernández Mora, céd. 303490836
Pablo César Rodríguez Vargas, céd. 206820364
Francisco Esquivel Villegas, céd. 601090101
Nancy Castro Barrantes, céd. 204350643
Luis Gerardo Meza Cascante, céd. 105130774
Fabio Sanchez Peña, 184001281001
Ronald Bustamante Medina, céd. 109130086
Marco Antei, 138000248128
Samaria Montenegro Guzmán, céd. 112090158
Luis Alberto Barboza Chinchilla, céd. 111090348
José Alexander Ramírez González, céd. 401570340
Daniel Campos Salas, céd. 113770721
Juan Gabriel Calvo Alpízar, céd. 112120635
Adriana Cristina Sánchez Chavarría, céd. 112940271
Pedro Méndez Hernández, céd. 108270664
William Ugalde Gómez, céd. 107380639
María Estrada Sánchez, céd. 109740643
Arnaldo Moya Gutiérrez, céd. 302230941
Patricia Fumero Vargas, céd. 302270116
Nora Garita Bonilla, céd. 103820064
Yolanda Rojas Rodríguez, céd. 900120762
Ana Lupita Chaves Salas, céd. 104550585
Susan Francis Salazar, céd. 107210975
Elizabeth Fonseca Corrales, céd. 400970783
Albin Gerardo Guerrero Mora, céd. 106050324
Alejandra Fernández Bonilla, céd. 105740192
Erika Henchoz Castro, céd. 105700927
Víctor Hugo Acuña Ortega, céd. 103730844
Melania Monge Rodríguez, céd. 105730482
Patricia Blanco Picado, céd. 105380707
José Pablo Mora Vargas, céd. 2 0581 0912
Lady Meléndez Rodríguez, céd. 105410868
María Peña Bonilla, céd. 106570340
María Elena López Núñez, céd. 103410135
Julio Alberto Brenes Arroyo, céd. 108920767
Wendy Yorleny Rojas Calero, céd. 701790272
Adilia Eva Solís, 155803301923
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, céd. 156010866
María Cecilia Dobles Izaguirre, céd. 103270166
Alvar Saborío Ruiz, céd. 500840552
Ivette Rojas Zeledón, céd. 107780131
Ivonne Lepe Jorquera, céd. 800650908
Isabel Avendaño Flores, céd. 106020245
Ana Carcedo Cabañas, céd. 800470010
Evita Henríquez Cáceres, céd. 206260679
Darío Alberto Mena Arias, céd. 113020444
Bryan Roberto Vargas Vargas, céd. 401940928
Francisco Piedra Vargas, céd. 107470054
Francisco Guevara Quiel, céd. 108560452
Alberto Hernández Alvarado, céd. 303610785
Larraitz Lexartza Artza, céd. 801240792
Jorge Guier Acosta, céd. 107650767
Camila Ordoñez Laclé, céd. 111390314
Ronald Bonilla Rodríguez, céd. 401460933
Javier Trejos Zelaya, céd. 105550580
Maikol Picado Cortés, céd. 401890288
Ana Laura Rivera Vargas, céd. 304450568
Francisco Robles Rivera, céd. 304050666
Ana Gabriela Víquez Paniagua, céd. 205710047
Francisco Frutos Alfaro, céd. 105930011
Daniel Briceño Lobo, céd. 105160339
Cindy Fernández García, céd. 110380095
Leonardo Castellón Rodríguez, céd. 109270673
Eduardo Chavarría Saborio, céd. 105870907
Alberto Cortés Ramos, céd. 900750815
José Ralph García Vindas, céd. 800920363
Hugo Hidalgo León, céd. 107340170
William Poveda Fernández, céd. 303500256
Roberto Antonio Ulloa Esquivel, céd. 402000107
Jennifer de los Ángeles Loría Sorio, céd. 304550852
Maikol Solís Chacón, céd. 112060753
Marco Vinicio Alvarado Peña, céd. 107370600
Viviana Solano Monge, céd. 304500312
Ericka Masís Garita, céd. 303550694
Alexander Berrocal Jiménez, céd. 109440034
Tania Molina Villalobos, céd. 108140765
Alexandra De Simone Castellón, céd. 105320906
Norma Lucía Ruiz Fernández, céd. 900630855
Boris Allan Larios Cruz, céd. 205370932
Nathalie Vásquez Ramírez, céd. 30392346
Jeannette Alvarado Retana, céd. 105270618
Mariela Hernández Ramírez, céd. 205270338
Adriana Sánchez Lovell, céd. 111510909
Rosibel Orozco Vargas, céd. 302580920
Marilú Rodríguez Araya, céd. 204120789
Carmen María Méndez Navas, céd. 104170492
Roberto Castillo Rojas, céd. 301770017
Raquel Picado Navarro, céd. 109430726
Fernando Bermúdez Kuminev, céd. 114600552
Wagner Moreno Moreno, céd. 502180988
Héctor Ferlini Salazar, céd. 104540856
María Cecilia Aguilar Lara, céd. 202520321
Sandra Cartín Herrera, céd. 203430634
Vera Victoria Sancho Mora, céd. 104111454
Virginia Ramírez Cascante, céd. 105430030
Lisbeth Araya Rojas, céd. 104011290
Ana María Botey Sobrado, céd. 104730692
Gilberto Alfaro Varela, céd. 501490053
Marcela Dumani Echandi, céd. 900680173
Ana Isabel Porras Thames, céd. 103700435
Ana Leonor Ramírez Montes, céd. 104830426
Marie-Claire Vargas, céd. 105890240
Laura Vargas Vargas, céd. 104340593
Olga Goldenberg Guevara, céd. 102870168
Francisco Javier Rojas Rojas, céd. 106150202
Laura Hernández Alpízar, céd. 106910588
Jorge Andrey Valenciano Salazar, céd. 205420447
Carlos Leonardo Arguedas Campos, céd. 401400752
Javier Rodríguez Ramírez, céd. 110230342
María Fernanda Vega Solano, céd. 304360323
María C. Víquez Ramírez, céd. 401340973
José Millán Araujo, céd. 800820978
Gerardo Villalobos Rodríguez, céd. 204610636
Gabriela Pino Chacón, céd. 105160449
Jorge Herrera Murillo, céd. 205330454
Marianela Rojas Garbanzo, céd. 303260030
Randall Hidalgo Mora, céd. 401680374
Christian González Hernández, céd. 401850130
Marjorie León Gómez, céd. 204420043
Francisco González Alvarado, céd. 204510487
Álvaro Martín Parada Gómez, ced. 800700955
Julio César Espinoza Rodríguez, céd. 107740181
Javier Durán Fallas, céd. 105660979
Karen Herrera Benavides, céd. 112160849
Sara Emilia González Bonilla, céd. 401240885
Erika Vásquez Salazar, céd. 108320129
Yuri Morales López, céd. 110250819
Felipe Alpízar Rodríguez, céd. 110490305
Evelyn Apú Álvarez, céd. 110600969
Roxana Salazar Bonilla, céd. 104940776
Lorena Uribe Lorío, céd. 106020577
Willy Calderón Guerrero, céd. 602850917
Norberto Rivera Romero, céd. 302440121
Javier Fernández Lara, céd. 108940323
Alejandra Amador Salazar, céd. 111600259
Magaly Gutiérrez Saborío, céd. 110120383
Ana Gabriela Blanco Víquez, céd. 110130676
Liz Marie Robles Hernández, céd. 109900186
Zaida Siles Rojas, céd. 105760128
José Antonio Santamaría Rivera, céd. 107180586
Leidy Abarca Picado, céd. 108020813
Allan Ulate Angulo, céd. 114090313
Cristina Romero Solera, céd. 302800094
Leonora Córdoba Roldán, céd. 302900126
Brenda Bustamante Vega, céd. 304830900
Andrea Jiménez Murillo, céd. 110810533
María del Pilar Rojas Briceño, céd. 107800170
Edwin Retana Araya, céd. 206450503
Rosario Hernández Hernández, céd. 108480342
Manuel Delgado López, céd. 113030307
Vivian Bonilla Gamboa, céd. 115780208
Wilberth Sequeira Gómez, céd. 106510795
Isaac Flores Bertozzi, céd. 108710765
Alicia López Fernández, céd. 106450643
Yamileth Garbanzo Guzmán, céd. 106370553
Shirley Campos Mesén, céd. 106830878
Nicole Cisneros Vargas, céd. 112450713
María del Milagro Castro Solano, céd. 206030429
Juan Miguel Herrera Delgado, céd. 107270410
María Laura Arias Echandi, céd. 106180948
María José Cascante Matamoros, céd. 111660261
Oldemar Rodríguez Rojas, céd. 203940778
José Ángel Vargas Vargas, céd. 203710866
Gustavo Gutiérrez Espeleta, céd. 106600352
Miguel Román Díaz, céd. 107300659
Marisol Gutiérrez Rojas, céd. 105720906
Jeannette Campos Salas, céd. 105890202
María Marta Durán Rodríguez, céd. 302910123
Rosalina Alvarado Delgado, céd. 104080901
Helvetia Cárdenas Leitón, céd. 203790551
María Pérez Yglesias, céd. 103690624
José Pablo González Chaverri, céd. 41720701
Carmen Monge Hernández, céd. 109000461
Priscilla Mena García, céd. 603410602
Roberto Rojas Benavides, céd. 602160911
Alejandra Gamboa Jiménez, céd. 109490166
Alice Brenes Maykall, céd. 106630878
Marlene Flores Abogabir, céd. 800900409
Nancy Astorga Miranda, céd. 110910744
María Eugenia Restrepo Salazar, céd. 109750470
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Norma Salazar Baltodano, céd. 108410237
Mayela Avendaño Salas, céd. 105640280
Ronny Hernández Álvarez, céd. 601960957
Rocío Carvajal Sánchez, céd. 401210625
Gabriela Ortiz Valverde, céd. 603420251
Zita Soto Poveda, céd. 106080795
Esteban Picado Sandí, céd. 110630040
Victor Julio Baltodano Zuñiga, 204310502
Mayela Coto Chotto, céd. 106090382
Grace Wong Reyes, céd. 601650096
Manuel Luna Ángulo, céd. 502580797
Karol Vanesa Monge Hernández, 112220685
Ronald Alvarado Cordero, céd. 108500771
Juan Carlos Beckles Araya, céd. 106600600
Adriana Alvarado Cerdas, ced. 109090671
Manuel Antonio Villalobos Morales, céd. 402000227
William García Morera, céd. 700950002
Arabella Salaverry Pardo, céd. 900290602
Marielos Castro Umaña, céd. 103690927
Elisa Donato Monge céd. 105140512
Dulce Umanzor Alvarado, céd. 600990608
Juliana Martínez Franzoni, céd. 800820470
Adrián Pignataro López, céd. 113160599
Gerardo Hernández Naranjo, céd. 106770083
Brayan Jara Ureña, céd. 117330757
Susan Ugalde Monge, céd. 107790137
Carlos Humberto Cascante Segura, céd. 109640964
Ivonne Vásquez Esquivel, céd. 2026940462
Juan Miguel Camacho Hernández, céd. 401390077
Flor Esquivel Rodríguez, céd. 204600251
Hannia Sánchez Mora, céd. 107280976
Olga Patricia Villalobos Garita, céd. 401420372
Minor Oviedo Segura, céd. 401540950
Jenny González Murillo, céd. 109840829
Gloriana Moya Muñoz, céd. 402040926
Gabriela Quirós Cuadra, céd. 401390322
Diana Vargas Benavides, céd. 110320526
Magaly Solís Vargas, céd. 603320741
Paula Vargas Segnini, céd. 109060623
Yury Alfaro Arias, céd. 206240050
Iris Cubero Campos, céd. 203520729
Dayan Murillo Campos, céd. 702310012
Sofía Vásquez Bolaños, céd. 206330979
Georgina Morales Solano, céd. 401340731
María Isabel Hidalgo Vargas, céd. 112410115
Roxana Cubero Conejo, céd. 108860383
Ana Rosa Orozco Morales, céd. 110230234
Marcela Bagnarello Kepfer, céd. 110950939
Tatiana Roldán Cordero, céd. 109040003
Maria Victoria Ruiz Ruiz, céd. 401350490
Rosalba Mora Royo, céd. 110960294
Johanna Acuña Garita, céd. 304720718
Gustavo Garita Hidalgo, céd. 401700916
Luis Gustavo Delgado Vásquez, céd. 207050713
Laura Cruz Ruiz, céd. 502620127
Juan Diego Gómez Navarro, 105250351
Yalile Jiménez Olivares, céd. 108520207
Sergio Fernández Rojas, céd. 107440183
Ericka Jiménez Espinoza, céd. 108920601
Rita Picado Arroyo, céd. 303160938
Fred Luis Jiménez Hernández, céd. 111890900
José Joaquín Montero Zúñiga, céd. 107580845
Deborah Castillo García, céd. 701130362
Bernal Martínez Gutiérrez, céd. 302710189
Erick Francisco Salas Acuña, céd. 205680321
Eric Alfredo Chirino Sánchez, céd. 106230155
Sebastián Saborío Rodríguez, céd. 111660309
Eva Carazo Vargas, céd. 108930621
Luis Alonso Rojas Herra, céd. 112510165
Gustavo Gatica López, 13200254014
Patricia Oliva Barboza, céd. 107480251
Marcela Pérez Rodríguez, céd. 106440146
María Alexandra Medina Pérez, 117000187730
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Paulo Coto Murillo, céd. 11056-0998
Backtori Golen Zúñiga, céd. 112920729
Megan López La Touche, céd. 114710234
Francis Muñoz Calvo, céd. 114490629
Juan Antonio Gutiérrez Slon, céd. 112450785
Edgar González Quesada, céd. 303990404
María de los Ángeles Segura Carmona, céd. 106200161
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Melissa A. Castro Quirós, céd. 111330022
Elías Córdoba Chaves, céd. 110830032
Nancy De la O Arce, céd. 401690110
Laura Delgado Rojas, céd. 108710641
Marlene Garita Loaiza, céd. 112050111
Lucía Quesada Acuña, céd. 111720187
Cilene Trejos Quesada, céd. 107470321
Ana Yansy Ugalde Gómez, céd. 204080004
Viviana Umaña Porras, céd. 107540465
Adriana Jazmín Ureña Castro, céd. 111980373
Kattia Vanessa Vargas Fallas, céd. 111000035
Luis R. Víquez Rodríguez, céd. 205690776
Andrea Zamora Quesada, céd. 110140666
Gerardo Fonseca Sanabria, céd. 700920242
Gréttel Castro Céspedes, céd. 112000156
Ma. Rosibel Ruiz Fuentes, céd. 206630849
Marjorie Chavarría Jiménez, céd. 106800326
David Josué Barquero Castro, céd. 113530776
Alejandra Navarro Navarro, céd. 303920963
Roxana Cabalceta Rubio, céd. 114070999
Sergio Moya Mena, céd. 108240261
José Manuel Arroyo Gutiérrez, céd. 103991073
Hugo Vargas González, céd. 107880210
Daniel Matul Romero, 132000001412
Nidya Cecilia Nova Bustos, céd. 800990603
Allan Monge Cordero, céd. 107760834
Lidieth Garro Rojas, céd. 602270142
Gabriela Arguedas Ramírez, céd. 108310136
Rafaela Sierra Ramos, céd. 800460989
Julieta Dobles Yzaguirre, céd. 103120144
Albert Torres Vargas, céd. 108360857
Danny Mora Cordero, céd. 112840747
Luis Alberto Rojas Campos, céd. 206050213
Jimmy Castro Rodríguez, céd. 110190121
Dary Andrea Moya Chavarría, céd. 603180476
Juan José Padilla Vindas, céd. 111790739
Luis Felipe Cordero Jara, céd. 401800910
Andrea Brenes Rogades, céd. 701580878
Marilyn Núñez Badilla, céd. 109820019
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499
Efraín Cavallini Acuña. céd. 104640098
Gerardo Cerdas Vega, céd. 108970131

Volver al mito ¿y a la comunidad?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

No es posible aún dimensionar si ese regresar progresivamente a la presencialidad en la educación costarricense forme parte de una necesaria excepcionalidad, que ya poco se sostiene entre tanta desigualdad, violencia, exclusión y descrédito de su sistema político.

El mito fundante de una sociedad igualitaria, “igualitica” (Sojo, 2011) que sustituye soldados por maestros, ejércitos por estudiantes, armas por lápices, volvió a ser reestablecido con urgencia pero también con fines instrumentales bien definidos.

La forma mediante la cual el sistema educativo costarricense tanto público como privado (tan desiguales entre ellos) fue levantado de la raíz de su propio confinamiento para regresar a la “normalidad”, motiva algunas reflexiones sobre ese regreso, ese volver a una experiencia colectiva que daba muestras de deterioro, de distanciamiento sociocultural aun antes de la pandemia.

Durante este disruptivo 2020 aprendimos a tonificar la distancia, modular las gotas de saliva, casi que a pronunciarlas en un nuevo alfabeto dibujado por el miedo, pero no pudimos entender como sociedad que los desarreglos que mostramos a lo largo de los meses y que hicieron aumentar exponencialmente los casos positivos venían de adentro y no de los cuerpos extraños que tanto señalaron aquellos para quienes la otredad sigue siendo un misterio.

Cuando en Costa Rica los casos positivos empezaron a tener expresión pobre y excluida, los discursos y las prácticas elevaron a concilio militar el blindaje de las fronteras. Había que contener a toda costa ese cuerpo extraño, mantenerlo fuera de nuestra casa para que permaneciera protegida, higiénica, saludable, blanca.

En medio de estas elucubraciones de una excepcionalidad desgastada, los medios de comunicación hegemónicos costarricenses, la institucionalidad y la sociedad en general se percataron sorprendidas que los 900 millones de dólares anuales que le genera la piña a Costa Rica se deben en mucho a la explotación intensiva de una fuerza de trabajo migrante proveniente de Nicaragua.

También se percataron con asombro primerizo que en la capital existían dispositivos de sobrevivencia llamados cuarterías donde si, vivían personas migrantes y si, también eran mayoritariamente nicaragüenses.

Este año que se fue ha sido el año de la graduación para las discriminaciones, dada la racializacion de la pandemia: clase, nacionalidad y espacialidad se conjugaron como argumentos para desplegar una peligrosa maquinaria de rechazo que aún hoy continúa moviendo sus engranajes. Mientras se escriben estas reflexiones se da a conocer qué un grupo de turistas franceses que arribaron a Costa Rica fueron diagnosticados positivamente con el virus. Para ellos la ecuación clave, nacionalidad y espacialidad no fue aplicada ni en medios ni en redes sociales.

En este contexto, el regreso progresivo a la presencialidad en escuelas y colegios no sólo ha mostrado la profunda desigualdad entre el sistema público y privado en sus condiciones materiales. También ha encendido las luces de precaución ante un funcionamiento simbólico de la educación costarricense. Una vez más, como tantas veces, este sector se vuelve a accionar como un sobrio aparato ideológico desde el cual despunta nuevamente esa construcción de sentido colectivo, tan conveniente para los intereses hegemónicos.

Sobre este rol del sistema educativo costarricense se sugieren algunas interrogantes.

¿Podrá este poderoso aparato ideológico restituir desde el campo de lo pedagogico, el gran vacío creado en el afecto social por la idea profunda de que el distanciamiento físico es en realidad la conformación de un distanciamiento social que siempre se ha construido alrededor de ciertas poblaciones migrantes?

¿Cómo volver a la socialización y la convivencia sin el rubor de la sospecha?

¿Será posible un nuevo pacto sociocultural que deje atrás las décadas de temor y exclusión que fueron construyendo un otro social hasta el día de hoy?

Si era tan urgente mostrar normalidad con el regreso a la presencialidad, es aún más necesario que ese poderoso aparato ideológico trabaje en una pronta refundación sociocultural con sus estudiantes, en la que el afecto y el reconocimiento sean materias obligadas en los procesos didácticos y sociales durante y en la postpandemia.

 

Foto: https://eurosocial.eu

UNPROBANDO: Feliz 2021 – Sin luchas no hay victorias

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS comparte el comunicado del Sindicato UNPROBANDO: ¡Feliz inicio 2021!

U-001-2021

Estimados compañeros y compañeras: Con todo el cariño que ustedes nos merecen, reciban este humilde pero sincero abrazo con motivo del Año Nuevo 2021 que recién inicia!

Durante el año 2020, el camino recorrido no ha sido fácil: llegó la pandemia del COVID-19 que lo que hizo fue desnudar una de las sociedades más desiguales del mundo, en la que desde hace décadas las políticas gubernamentales han creado una verdadera fábrica de pobres y por el contrario, todo el apoyo para la clase política empresarial responsable del desastre fiscal de los desgobiernos de turno quienes de acuerdo a las cifras que se publican, saquean nuestra Patria en unos $10 mil millones anuales.

Mientras que en otros países a ese 1% de la población que detenta el 99% de toda la riqueza nacional se han gravado sus riquezas, en Costa Rica, las cúpulas políticas empresariales decidieron recargar toda la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, especialmente del sector público, a quienes se les pide “más sacrificio” golpeando sus salarios, mismos que al igual que las pensiones, se estima estarán congeladas durante los próximos 10-14 años!

Aparte de esto, esa clase política empresarial responsable del desastre fiscal de los desgobiernos de turno nos anuncia el garrotazo de año nuevo para negociar el endeudamiento con el FMI: subida del IVA con lo cual ante salarios congelados la pérdida del poder adquisitivo provocará un acelerado empobrecimiento con el incremento de los bienes y servicios; la Ley de Empleo Público que criminalizó al funcionario público y lo responsabilizó de la crisis fiscal, pretende entre otras cosas despojarlo de sus Derechos y convertirlo en el nuevo Esclavo del Siglo 21 quedando su puesto de trabajo en dependencia de los gobiernos de turno; no descartan gravar los servicios bancarios como lo es el débito y transferencias bancarias con salarios sobre los cuales pesan impuestos; gravar el salario escolar que es un ahorro del trabajador de un salario que en muchos casos ya paga impuestos; etc etc etc!!!!

La clase política empresarial responsable del desastre fiscal de los desgobiernos de turno es tan mísera, que permite que el poder económico de las grandes empresas les “doble el brazo” impidiendo entre otras cosas por ejemplo, que se grave con un impuesto la cerveza y con ello contribuir en el alivio de la crisis fiscal que ellos mismos han provocado!. Eso sí logran en la Mesa de Dialogo Multisectorial el rebajo de más del 2.5% en el pago de impuestos!

La clase política empresarial responsable del desastre fiscal de los desgobiernos de turno es tan egoísta y descarada que redacta las leyes en beneficio propio, condonando deudas fiscales en una suma superior a los ¢190 mil millones que incluyen a sus amigos y familiares de diputados en empresas morosas en impuestos en las que son accionistas algunos de esos llamados “padres” de la Patria!

Ese criminal robo de impuestos que los llamados padres de la Patria permitieron y que hoy hacen falta en las finanzas públicas, nos lo van a sacar de los bolsillos con un garrotazo y despojo de Derechos, esa es la bienvenida de Nuevo Año que nos ha preparado La clase política empresarial responsable del desastre fiscal!

Como Sindicato Unión de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular UNPROBANPO, deseamos que el Año 2021, sea un año de fortalecimiento Institucional, en el que se predique con el ejemplo y prevalezca la transparencia, para recobrar confianza, en el que el reclamo de salarios justos ante excelentes ganancias, encuentre eco en las Autoridades Institucionales. Este es un barco en el que todos y todas tenemos mucho que aportar ante los innumerables retos que esperan!

Podríamos enviar un mensaje light de inicio de Año Nuevo 2021, pero aparte de saludarlos con los mejores buenos deseos para todas sus familias, manifestarles nuestro compromiso instando a unirnos en la lucha por construir una Sociedad en la que el Desarrollo tenga Rostro Humano, y dejemos de ser un vergonzoso ejemplo a nivel mundial al ocupar el Top de naciones en la que la Desigualdad Social ha dejado al desnudo una Fábrica de Pobres, nuestras familias merecen un mejor vivir y es nuestra obligación defender la calidad de vida que hoy es amenazada por la voracidad de los tiburones políticos y una clase empresarial que se niega a contribuir al pago de impuestos como lo obliga el artículo 18 Constitucional y así construir una Sociedad de Oportunidades!

Reciban nuestro más sincero cariño en este inicio de año 2021! Fraternalmente, Ing Carlos Vega por Junta Directiva UNPROBANPO

Nos merecemos vivir en una sociedad en la que el Desarrollo tenga Rostro Humano! Sin luchas no hay victorias!

¡Reclamamos y exigimos justicia tributaria ya!

Documento CEPAL: “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe”

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, un diagnóstico anual que realiza el organismo.

De acuerdo con el documento, para el año 2020 se espera la mayor contracción del Producto Interno Bruto (PIB) mundial desde 1946, como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes por la pandemia de COVID-19.

También la crisis ha desencadenado una contracción del comercio internacional, fuertes fluctuaciones de los precios de los bienes primarios y una elevada volatilidad en los mercados financieros. Las medidas de confinamiento afectaron el turismo y actividades conexas, mientras que la interrupción de ciertas actividades productivas tuvo repercusiones en los mercados laborales mundiales.

Al comparar diferentes indicadores sanitarios, sociales, económicos y de desigualdad, se demuestra que América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo emergente, señala el diagnóstico.

El documento presenta ocho capítulos: tendencias de la economía mundial, la liquidez mundial, el sector externo, la actividad económica, los precios internos, empleos y salarios, las políticas macroeconómicas, perspectivas económicas y riesgos que enfrentará América Latina y el Caribe en el 2021.

Para ahondar en el diagnóstico SURCOS comparte el documento.

CEPALBalanceEconomiasAmLat2020Descarga

 

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

Conferencia: “Perspectivas sobre la Desigualdad en América Latina y Costa Rica»

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Formación.

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR) invita a participar de la conferencia “Perspectivas sobre la Desigualdad en América Latina y Costa Rica» el próximo miércoles 16 de diciembre a las 11:00 am.

Participan:
– Dra. Alice Krozer. Colmex, México
– MSc Álvaro Zúñiga-Cordero. Doctorante Escuela de Economía de París, Université Paris 1 Pantheón
– Dr. Ignacio Flores Beale. Coordinador para América Latina de World, Inequality Lab.
– Msc. Lorenzo Ramírez Cardoza. Investigador Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica
Modera:
– Dr. Diego Sánchez Ancochea. Universidad de Oxford.

La transmisión se realizará por Facebook Live del IIS o puede inscribirse para participar vía zoom en este formulario. La fecha límite de inscripción es el día 15 de diciembre al mediodía.

Derechos de las personas de la región en el 2020: ¡De mal en peor!

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, SURCOS comparte la siguiente declaración de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC):

Declaración de REDODICEC en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Derechos de las personas de la región en el 2020: ¡De mal en peor!

La Junta Directiva de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC), con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, emite la siguiente Declaración:

1) Considerando que Centroamérica ha enfrentado en este año 2020 una situación muy dura, difícil y desafiante como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, los huracanes y otros eventos meteorológicos.

2) Estimando que todo indica que el cambio climático, cuya responsabilidad mayor recae en los países más ricos e industrializados, ha mostrado su peor rostro en las costas y territorios de los países centroamericanos, a través de la sucesión de eventos meteorológicos, que han generado devastación, dolor y muerte así como mayor pobreza y exclusión social.

3) Considerando asimismo que los huracanes Eta e Iota han dejado una marca devastadora y trágica, particularmente en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también han generado daños en Panamá, Belice y Costa Rica, y que han afectado directa y severamente a alrededor de 4 millones de personas, que unas 400.000 personas han tenido que ir a albergues, que las pérdidas económicas podrían alcanzar los 5.000 millones de dólares, que han ocasionado casi tres centenas de muertes, que han destrozado viviendas, puentes y otras edificaciones, y que han anegado y dañado extensos campos de cultivo y cosechas, entre muchos otros de los daños ocasionados.

4) Valorando que la pandemia de la Covid-19 ha generado una prolongada y severa crisis sanitaria en Centroamérica y República Dominicana, con más de seiscientas mil personas contagiadas y más de 15 mil personas fallecidas, y que todavía no tiene un horizonte definido con respecto a su finalización.

5) Analizando que la combinación entre pandemia y huracanes, han tenido y tienen un peligroso efecto en la multiplicación de los contagios de la Covid-19, por obligar a millares de personas a hacinarse en refugios, que no presentan las mejores condiciones para el distanciamiento físico y la higiene.

6) Asumiendo que esta devastadora suma de factores han agravado la crisis económica que han venido enfrentando los países de la región centroamericana y el Caribe, y han empujado a más personas a la pobreza y extrema pobreza, y ha acentuado peligrosamente la desigualdad social.

7) Teniendo presente que dentro de este marco desolador de efecto combinado entre pandemia y huracanes, cientos de miles de personas con discapacidad, especialmente, de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, han visto agravada su situación de exclusión y aislamiento social.

8) Estimando que el aislamiento histórico que ha afectado a las personas con discapacidad de la región, se ha profundizado y ampliado como consecuencia de la pandemia, que ha puesto en evidencia la enorme brecha digital que enfrentan las personas con discapacidad y que tiene efectos en el acceso a la educación virtual, el teletrabajo y todos los servicios que se ofrecen exclusivamente en línea.

9) Teniendo en cuenta que las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la situación de mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante la pandemia, particularmente, en lo referente a consulta y participación, no han sido tomadas en cuenta, en forma efectiva, por los Estados de la región.

10) Concluyendo que la preocupante situación de los derechos de las personas con discapacidad de los países de la región centroamericana y caribeña, reflejada en distintos informes previos a la pandemia, sin duda se agravará al cerrarse este año 2020, como consecuencia de la falta de compromiso y decisión política de los Gobiernos y Estados de la región para convertir las normas de derechos humanos en políticas públicas inclusivas.

Ante esta situación y el conjunto de argumentos y razones expresadas, REDODICEC:

  1. Demanda que los gobiernos apliquen, con rigor, las recomendaciones de la ONU relacionadas con las personas con discapacidad, que son las siguientes:
  2. Asegurar la incorporación de la discapacidad en todas las actividades de respuesta a la Covid-19 y recuperación posterior, junto con medidas específicas.
  3. Asegurar la accesibilidad de la información, las instalaciones, los servicios y los programas en la respuesta a la Covid-19 y la recuperación posterior.
  4. Celebrar consultas sustantivas con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan y asegurar su participación activa en todas las fases de la respuesta a la Covid-19 y la recuperación posterior.
  5. Establecer mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la inclusión de la discapacidad en la respuesta a la Covid-19.
  6. Solicita vehementemente a los países desarrollados, que incrementen la cooperación para los países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de que puedan atender la difícil situación económica y social, generada por los huracanes y la pandemia, priorizando a las personas en situación de pobreza y exclusión social, particularmente a las personas con discapacidad.

III. Solicita asimismo a la ONU que realice un pronto y eficaz ajuste a la Agenda 2030-ODS, en el plano general, con respecto a los devastadores efectos económicos y sociales de la pandemia para los países del sur y, particularmente, para las personas con discapacidad, cuya situación de exclusión y pobreza, se ha incrementado significativamente.

  1. Pide al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que elabore y aplique un amplio plan de contingencia para apoyar a los países centroamericanos y a República Dominicana, que coadyuve en sus esfuerzos y acciones para enfrentar los graves efectos sociales que deja la pandemia.
  2. Exige a los Gobiernos de los países de la región que no conviertan a la pandemia de la Covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.
  3. Solicita a los Estados de la región que establezcan un impuesto a las grandes empresas y a las grandes fortunas para que contribuyan a atender las necesidades de las personas pobres, particularmente, las personas con discapacidad, asegurando un Ingreso Básico Universal (IBU).

VII. Pide igualmente a los países de la región que con recursos propios y de la cooperación internacional, desarrollen acciones inmediatas para reducir la brecha digital, que afecta severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

VIII. Demanda a los Estados de la región que no debiliten sus esfuerzos en cumplir la normativa (nacional e internacional) en materia de los derechos de las personas con discapacidad, ya que de hacerlo se ampliaría la de por si amplia brecha en discriminación y exclusión social.

  1. Solicita, por último, a los Estados y Gobiernos de Centroamérica, que en el 2021, año del Bicentenario de la Independencia, realicen el mayor de los esfuerzos para impulsar políticas inclusivas, que aseguren una vida más digna, independiente y más justa para las personas con discapacidad.

¡Sin acción, no hay derechos!
Junta Directiva, Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC)

 

Compartido a SURCOS por Luis Fernando Astorga.

Perú y Guatemala: devoraron la honestidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“Necesitamos una Nación
donde la corrupción
no sea una forma
consentida de gobernar”,
Javíer Díez Canseco.

Lic. José A. Amesty R.

En el transcurso de pocas semanas, han explotado dos naciones, una sudamericana y otra centroamericana, producto de los altos índices de corrupción, entre otras; en las altas, medias y bajas esferas de sus gobiernos, Perú y Guatemala. Lo irónico, es que sus presidentes, afirmaron alguna vez, en el caso de Alejandro Giammattei: “persigamos la maldita y asquerosa corrupción”; en el caso de Martín Vizcarra: “que se investigue todo, incluso aquellas denuncias que ya fueron archivadas”. Es obvio, que no pudieron, o se dejaron llevar por la descomposición social, política, económica, entre otras, aunque era su bandera política al llegar al gobierno. Echemos un vistazo a algunos datos, sobre la corrupción en estos dos países, aunque lo que da es vergüenza; sin extrañarnos, que haya nuevos casos prontamente, ya que al parecer los gobiernos de derecha en América Latina están echando aguas, y la corrupción los está engullendo. En el caso del presidente peruano Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso Nacional por “incapacidad moral permanente”, pero lo sarcástico es que ese Congreso Nacional, más de 60 de sus parlamentarios, tienen denuncias en la Fiscalía, algunos tienen sentencia probada, y están esperando la decisión del Congreso, para que se levante su inmunidad parlamentaria. Veamos que la moción de destitución del mandatario fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 necesarios, al cierre de una sesión plenaria de casi ocho horas. Entre quienes votaron por sacar al presidente estuvieron los legisladores del Fujimorismo, con una larga historia vinculada a la corrupción, y que saborearon su venganza, contra el hombre que les hizo perder su mayoría en el Parlamento, y apoyó los procesos anticorrupción que llevaron a prisión a su jefa Keiko Fujimori.

También votaron su destitución legisladores del ultranacionalista, Unión por el Perú, cuyos principales parlamentarios están acusados de corrupción, y que es dirigido desde la cárcel por el ex militar Antauro Humala -hermano el expresidente Ollanta- en prisión desde 2004, por la muerte de cuatro policías, durante la toma de una comisaría en un frustrado intento de derrocar al expresidente Alejandro Toledo.

Asimismo, los legisladores de Podemos Perú, partido dirigido por un empresario que se ha hecho millonario con el negocio de universidades de baja calidad, y que fue detenido acusado de haber sobornado magistrados, para lograr la irregular inscripción de su partido, que responde a una secta evangélica.

Lo cierto es, que las denuncias de corrupción son un flagelo que ha afectado, al menos, a los últimos seis gobernantes peruanos: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el suicidado Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra; sin incluir los recientes Manuel Merino y Francisco Sagasti.

Lo cierto también es que, las entidades que conforman el Estado peruano, están, desde hace muchos años, en un proceso de degradación (de la clase dominante), que arrastra a toda la sociedad hacía su debacle e inviabilidad como país, cuya clase dirigente es incapaz de resolver, y quienes no se dan cuenta de este proceso de degradación social, que pone en jaque a todo su estrato social, pero que lastimosamente el pueblo peruano, aún herido por años de embrutecimiento, opresión y represión, sin dirección política alguna, no puede capitalizar a su favor, esta condición revolucionaria.

Un caso emblemático de corrupción en América Latina, y del cual no escapa Perú, son las denuncias, investigaciones y confesiones de ejecutivos del grupo empresarial Odebrecht, quien involucra a gobernantes, funcionarios y empresarios peruanos, ya que entre el 2005 y el 2014, efectuó sobornos por 29 millones de dólares, a cambio de los cuales obtuvo más de 143 millones de beneficio, fechas y cifras que figuran en un informe del Departamento de Justicia de EEUU, y que de acuerdo a las normas del país del norte, Odebrecht deberá pagar una multa de más de 3,5 mil millones de dólares, por haber entregado 788 millones de dólares, en sobornos para obtener contratos del sector público.

Algunos historiadores del Perú sitúan la corrupción desde una perspectiva ideológica de la corrupción (corrupción estructural), y cuya expresión mejor elaborada es: “ha robado, pero ha hecho obras”, refiriéndose a los mandatarios y funcionarios públicos peruanos.

En este sentido, la propia narración de la historia republicana peruana, a través de textos y no pocos tratados de historia, para la educación superior, ha contribuido con la ideología de la justificación del robo oficial, del soborno administrativo y de todo tipo de maniobras para apoderarse de millones del presupuesto nacional, en cada nivel gubernamental.

Claro, en las últimas décadas esta ideología, como percepción falseada de la realidad, se ha extendido y sofisticado en los procesos políticos electorales, desde las elecciones generales a la presidencia, hasta las regionales y municipales.

Hay, pues, entonces, según algunos historiadores, una corrupción de origen histórico, que ha ido conformado esa lacra ideológica de la corrupción. Pero la corrupción en el Perú no tiene solamente un origen histórico. Es la misma estructura económica y social imperante la que reproduce esa herencia histórica. El contenido patrimonialista del Estado, el carácter marcadamente privatizado de ese aparato de dominio de unas clases sobre otras dirige y promueve la tendencia a apropiarse de todo lo que sea posible en cuanto se asume una posición de poder.

Y en este sentido, para acabar con la corrupción, los cambios jurídicos no bastan, como lo propuso, en algún momento, el candidato a la presidencia Ollanta Humala, especialmente la no prescriptibilidad de los delitos de hurto en agravio del Estado, y la no aplicación de los privilegios penitenciarios a estos delincuentes de cuello y corbata.

Estas propuestas son importantes, pero insuficientes para terminar con el flagelo que corroe al viejo Estado peruano, que requiere una remoción total de su actual estructura económica y social.

Y qué decir de Guatemala y la corrupción. Iniciamos con un dato nada liviano, sucedido el año pasado, en relación a la descomposición de la sociedad guatemalteca.

Las autoridades de Guatemala impidieron el ingreso al país (2019) de un integrante, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Yilen Osorio, esta Comisión Anticorrupción, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas ONU, está investigando a varios integrantes del gobierno, incluido el presidente, Jimmy Morales, y su hermano (Samuel Morales), que niegan todo tipo de acusaciones. Osorio dirige una investigación por presunta corrupción, en la que estarían involucrados entre otros también el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos.

Jimmy Morales, fue presidente de la República de Guatemala, entre el 14 de enero de 2016 y el 14 de enero de 2020, tras ser electo en las elecciones generales de 2015.

Por supuesto, activistas humanitarios y autoridades indígenas ancestrales, repudiaron la retención de Osorio, además una veintena de organizaciones y municipalidades indígenas, calificaron de “vergonzosa” esa decisión de retener al investigador colombiano.

La premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, pidió ayer a la comunidad internacional condenar la retención del investigador de la CICIG.

En los últimos 11 años, la Comisión individualizó numerosos casos de corrupción que involucraron a más de 600 personas en Guatemala.

En resumen, Jimmy Morales, es considerado como el peor presidente de la Guatemala “democrática”, deja un país desolado por la desigualdad, el empobrecimiento y el pacto de corruptos.

Le sucede, Alejandro Giammattei, quien, según opinadores, no implicará mayores cambios para Guatemala, más que el aumento del autoritarismo, la represión y la continuidad del “pacto de corruptos”.

Con un 57,95% del electorado guatemalteco, obtuvo la victoria presidencial Giammattei, en medio de unas elecciones caracterizadas por el intervencionismo, el lawfare y el porcentaje más alto de abstencionismo en la historia, el 61,41%.

Llega al gobierno guatemalteco, con acusaciones en torno, primero, a la intromisión de la Corte de Constitucionalidad para eliminar de la contienda electoral a Thelma Aldana y a Zury Ríos, lo que posibilitó el camino electoral para Giammattei y Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y segundo, Alejandro Giammattei es conocido por la masacre en el Pavón en 2006. Fue director del Centro Penal cuando se llevaron a cabo una serie de asesinatos, los cuales serían demostrados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, como parte de una política de limpieza social y mano dura.

Giammattei, durante la campaña electoral, se encontró rodeado por militares y por personas acusadas de corrupción. Además, en distintos momentos, Alejandro Giammattei alardeó sobre su tono autoritario y la mano dura es una de sus promesas de campaña.

Fue extraño, que, durante un viaje a Taiwán, los nombramientos de la rama securitaria, fueran hechos por los militares, sin su presencia.

A su vez, como si fuera poco, diversas carteras del Estado se encuentran en manos de ex asesores del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todo parece indicar que en Guatemala seguirá reinando el neoliberalismo blindado por el Ejército.

Una perla en su gestión es que se suma la impunidad como política de Estado, donde Jimmy Morales fue juramentado como parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Brindándole a Morales la inmunidad parlamentaria. De momento, por donde se vea, las expectativas sobre cambio en Guatemala son prácticamente nulas. Y ello es una mala noticia para quienes viven en Guatemala y en toda Centroamérica.

Finalmente, hemos conocido las últimas informaciones, que tras la aprobación del presupuesto neoliberal para 2021, manifestantes incendian el Congreso Nacional y exigen la renuncia del presidente Giammattei, cuyo presupuesto no prevé aumentos en las partidas de salud y educación, y tampoco en las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.

El presupuesto de casi 12.800 millones de dólares, un 25% más abultado que el de este año 2020. La mayoría de los fondos, están dirigidos a infraestructuras para beneficiar al sector privado.

El 60% de la población, de casi 17 millones de habitantes de Guatemala, la mayoría indígenas, vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años. Además, varias entidades económicas y analistas advierten que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda.

Asimismo, el Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares, para atender la pandemia, aunque solo se concedieron menos del 15% de esos recursos, que no se usaron en temas de salud.

Los manifestantes llenaron la plaza central, frente al antiguo palacio de gobierno en la capital, portando banderas azul y blanco del país, y pancartas con lemas como “No más corrupción”, “Fuera Giammattei” y “Se metieron con la generación equivocada”.

Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19

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Conferencia internacional

SURCOS recibe el siguiente recuento de la Conferencia Internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha organizado en ese marco se encuentra el III Seminario CICDE “Retos de la democracia en tiempos de COVID19”, que concluyó el pasado jueves 19 de noviembre con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”. Al igual que las sesiones previas del Seminario, esta conferencia está en línea y les invitamos a observarla en Youtube o en Facebook.

La actividad contó con la participación de cuatro panelistas de muy alto nivel, que profundizaron en los orígenes y manifestaciones de la crisis democrática en la región centroamericana y especialmente en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el contexto de la pandemia y de los serios fenómenos climáticos que han afectado al istmo recientemente.

Inicialmente el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del CICDE, introdujo la importancia de entender la democracia como una aspiración y como una concreción siempre precaria, imperfecta y cambiante, que define un horizonte necesariamente perfectible y que se expresa tanto en la institucionalidad como en la vivencia subjetiva de las personas. Al igual que coincidieron después los demás panelistas, explicó que la pandemia de COVID-19 ha venido a poner en evidencia y a profundizar una crisis democrática que ya existía en la región, y que en el caso costarricense está estrechamente relacionada con elementos como la creciente desigualdad, pobreza, el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva de la población, que muy probablemente están en el trasfondo del malestar que expresan las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. Para Vargas Solís, la búsqueda de una mejor democracia requiere sin duda reorientar el modelo económico propio del proyecto neoliberal, algo que las élites y sectores hegemónicos no parecieran estar en disposición de hacer.

A continuación intervino la máster Ana Lucia Álvarez Vijil, economista feminista e investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases) de Nicaragua. Ella caracterizó varios aspectos de lo que define como una crisis continuada y profunda de la democracia, a partir de la constitución de los Estados nacionales en el marco de un pacto patriarcal y colonial que les lleva a jerarquizar a las personas en función de condiciones como el sexo y la raza, lo que produce condiciones muy desiguales de ciudadanía y ejercicio de derechos. La académica y activista insistió en el reto de abordar las implicaciones de los diversos traumas y manifestaciones de violencia formal e informal que han enfrentado los pueblos centroamericanos, así como de poner la mirada en los procesos de producción y reproducción de la vida humana y no humana que resultan fundamentales en momentos de crisis como el actual.

De seguido, la participación del Dr. en Ciencia Política Álvaro Artiga González, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, profundizó en el análisis del sistema de partidos y la evolución de las posiciones ideológicas que caracterizan el entorno político salvadoreño, en un entorno cada vez más determinado por la influencia de intereses económicos y que no está representando de manera efectiva la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Enfatizó especialmente en la “tentación autoritaria” que lleva a optar por medidas represivas ante las diferencias de opinión, en vez de abordar las causas profundas que siguen reproduciendo la crisis democrática.

La última ponencia estuvo a cargo de Ricardo Sáenz de Tejada, Dr. en Ciencias Sociales quien se desempeña como profesor e investigador de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sáenz de Tejada explicó que el proceso de democratización en Guatemala se llevó a cabo a partir de un pacto entre élites militares, empresariales y políticas, un contexto en el que los ajustes electorales e institucionales, así como la creciente influencia de redes de corrupción y cooptación de la institucionalidad han perpetuado la exclusión de sectores que ya de por sí se encontraban en condiciones de subordinación. En este escenario, llamó la atención acerca de la necesidad de rescatar el Estado y la política pública orientada al bien común como parte de la defensa de la democracia.

Después de la presentación de las ponencias se facilitó un interesante intercambio con el público que participó en la actividad, en la cual las preguntas y comentarios que se plantearon ayudaron a las personas expositoras a profundizar en su lectura del momento que vive la región centroamericana, los retos y las propuestas que compartimos desde todos los países que la integran.

En la convocatoria al III Seminario CICDE se indicaba que en el mismo se entendería la democracia “desde una concepción dinámica, evolutiva, compleja y dialéctica. Consideramos que, en primera instancia, la democracia define una aspiración y un horizonte de posibilidades, construidas alrededor de valores de justicia, equidad, derechos humanos y participación ciudadana y que, por tanto, sus concreciones prácticas son siempre imperfectas, limitadas y cambiantes. La democracia, desde esta perspectiva, no implica una teleología: no es que las sociedades humanas se mueven naturalmente hacia más y mejor democracia. Antes bien, la calidad de la democracia, e incluso la democracia misma, puede experimentar tanto avances como retrocesos, y en cada oportunidad particular ello será el fruto de complejas dinámicas sociales, es decir, de movimientos y procesos que necesariamente involucran conflictos, negociaciones y arreglos institucionales de distinta magnitud, y de diferente índole o naturaleza. La democracia es, por lo tanto, un territorio de lucha, una aspiración en disputa, una idea y una propuesta que está bajo permanente asedio, una concreción siempre incompleta y siempre cambiante, que intenta afirmarse mientras enfrenta e intenta resolver múltiples amenazas y desafíos”.

La relevancia de este acercamiento fue reiterada en la Conferencia de cierre del Seminario que aquí reseñamos. Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE y moderadora de la Conferencia, resaltó en su comentario de balance final la importancia de pensar Centroamérica y los retos que plantea la crisis democrática a partir de los hilos comunes que comparten los países de la región, un esfuerzo con el cual el CICDE y la UNED reiteran su compromiso.

Aquí puede ver la transmisión.