Jaime Ordóñez
¿Por qué la antigua Suiza de Centroamérica se volvió uno de los países más desiguales del mundo?
En su época de oro, en las décadas de 1980 y 1990, Costa Rica estaba rankeado como el país 37 del mundo en justicia y equidad, y como el mejor de América Latina, junto con Uruguay, al lanzarse la medición mundial del PNUD, el Índice de Desarrollo Humano, en 1991.
Hoy se encuentra en la lista de los 10 países más desiguales del planeta (World Bank Report, Taking on Inequality, 2018), compartiendo esta lamentable lista de la inequidad con Sudáfrica, Haití, Honduras, Panamá, Ruanda, Brasil, México, Colombia, Chile. El problema no empezó con la COVID-19, desde luego. Venía de mucho atrás, y la pandemia solo lo agudizó.
¿Adónde se perdió Costa Rica? ¿Por qué la nación que se ufanaba en llamarse a sí misma la Suiza centroamericana «El país más feliz del mundo» llegó a esta lamentable situación? Las siguientes notas buscan explicar la gravedad del problema, las causas (que son varias) y explorar si hay soluciones para corregir esto.
Uno de cada tres costarricenses es pobre en 2021
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para junio de 2020, cuando la COVID-19 apenas empezaba, indicaban que ya la pobreza se había disparado y no era culpa de la pandemia. Del histórico 22% de línea de pobreza que el país tuvo en las últimas décadas, en junio de 2020 ya habíamos llegado a un 30.5%. Para junio de 2020 se habían añadido 321,000 personas, para un total de 1,529,255 personas pobres. Para el cierre del presente año 2021, se proyecta un total 1,850,000 de personas pobres, sumada la pobreza extrema y general.
Al escribir estas líneas, uno de cada tres costarricenses es pobre y la situación se sigue agudizando. Ese 33% de pobreza con el cual llegaremos a fines de 2021 tiene, además, un componente explosivo, que nos recuerda mucho de lo que sucedió recientemente en Chile y Colombia (dos países que comparten la nefasta lista de inequidad del Banco Mundial) y es que la pobreza se acelera mucho más en las zonas urbanas que las rurales.
El aumento de la pobreza fue de + 6.5% en zonas urbanas, vs. 2.8% en zonas rurales, lo cual se explica por el destrozo sistemático de la pequeña empresa y el cierre de pequeños negocios. Las zonas rurales tienen pequeños «colchones de bienestar», pequeños fundos, economía rural, etc., de lo cual carecen las zonas urbanas, dependientes de pequeños negocios, alquileres y economía comercial que ha sido destrozada, además de la covid, por errores de política económica, como se indica abajo.
Pero el problema no termina allí. El crecimiento de la pobreza es grave (como ha sido estudiado en teoría del desarrollo), pero es más grave aun cuando crece también la desigualdad. Y Costa Rica es el ejemplo de lo que no se debe hacer por parte de sus políticos y gobernantes: entregarse a los grupos de presión y poder económico y empobrecer a las clases medias y bajas en el proceso.
La desigualdad: de los más justos a uno de más inequitativos del planeta
Para 1986, Costa Rica era uno de los países más equitativos y justos del hemisferio. Poseía un índice de GINI de 0.34 (el mejor de América junto con Uruguay), no muy lejos de Noruega, que posee un histórico 0.23. Pero el país se destrozó en cosa de pocas décadas. Para diciembre de 2020, el GINI llegó a un 0.52 (con un subregistro de 3 o 4 puntos, por subregistro del quintil superior), lo cual lo ranquea hoy dentro de los 10 países más desiguales del planeta.
La desigualdad empezó a crecer a partir del año 2007 y 2008 (ver los indicadores del Banco Mundial y de nuestro propio INEC) y vino en franco deterioro desde entonces. El problema se agudizó entre 2016 y 2018, y tuvo como disparador la Reforma Fiscal de diciembre de 2018, la cual fue absolutamente regresiva: afectó clases medias y bajas, y sobre todo pequeños y medianos empresarios.
Los factores que agudizaron la desigualdad en Costa Rica son varios, pero se pueden sintetizar así: es un país cuyo mercado económico reparte mal, muy mal, pero que, asombrosamente, su sistema tributario, en lugar de corregir, ayuda a agravar esa desigualdad. Los distintos indicadores de la OCDE, del BID y Banco Mundial parecen coincidir en algo absurdo y paradójico: que en los últimos lustros la sociedad se vuelve más desigual en + 1.5 o + 2, después del pago de impuestos. Esto es absurdo. El sistema tributario debe servir para ayudar a quienes menos tienen, y no al contrario: para hacer más ricos a los que reciben más ingresos.
Una reforma fiscal que se ensañó contra las clases medias y bajas
¿Por qué fue tan regresiva la Reforma Fiscal del 2018? Básicamente, porque se ensañó contra clases medias y clases bajas, incluidas PYMES, lo cual hizo cerrar a decenas de miles de empresas. Veamos brevemente las medidas que incluyó:
Se subió un 5% a cada tramo del impuesto de renta. Los tramos quedaron en 20%, 25% y 30% y ello afectó a todas las personas y empresas que sí pagan impuestos en el país.
Se introdujeron reformas al IVA, ampliando la gama de bienes y servicios, que no afectaron a grupos exonerados, y sí a la mayoría de la población que vio encarecida su vida.
Se introdujeron los impuestos de ganancias de capital del 2.5% al 15%, los cuales tampoco afectaron a grupos exonerados, pues se imputan en las exoneraciones de renta, lo cual ha sido aceptado por el Ministerio de Hacienda.
Se subieron los impuestos municipales y las cargas parafiscales.
Se debilitó el rango de la canasta básica.
Y algo fundamental. Se introdujo el impuesto a alquileres, lo cual hizo que se desalojaran miles de locales (vía IVA para el arrendante y renta para el arrendador).
Simultáneamente, para «grupos exentos» (sectores de zonas francas y otros grupos exentos del pago de impuesto de renta) esta Reforma Fiscal de diciembre de 2018 los dejó intocados, otorgándoles aún más beneficios.
No se tocaron regímenes de exención del impuesto de renta en zonas francas y otros regímenes exonerados.
Se reformó ley del IVA y se exoneró adicionalmente del Impuesto de Valor Agregado a las empresas de zonas francas en todas sus compras internas, generando una distorsión adicional.
Y lo más bochornoso: no solo se preservaron todos estos beneficios, sino, adicionalmente, la Asamblea Legislativa exoneró del pago del impuesto de bienes inmuebles (impuesto territorial) a todo el régimen de zonas francas, generando, además, un grave deterioro en la recaudación municipal.
Es decir, mientras hay una Costa Rica que sí paga impuestos (pequeños y medianos negocios nacionales, asalariados del sector público y privado, personas que tiene su base imponible en una planilla de pago, etc.), existe otra Costa Rica que no paga impuestos sistemáticamente desde hace más de dos décadas. Y la Reforma Fiscal del 2018 no solo los dejó intocados, sino que, además, los exoneró tanto del pago de renta como también de otros tributos como el IVA y el impuesto de bienes inmuebles.
¿Y cómo está exactamente distribuida la riqueza en Costa Rica?
Para junio de 2020, de acuerdo con el mismo INEC, el 20% más rico de la población recibía un 51.9% del ingreso, versus apenas 4.49% del 20% más pobre de las personas. El segundo quintil recibía un 8.56% del segundo y el tercero un 13.49%. Es decir, más de 3,300,000 personas reciben apenas el 20% del ingreso de una población.
Sin embargo, la situación es mucho peor. Según la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y OXFAM, de Londres, en todo América Latina existe un grosero subregistro en el 5% superior del quintil superior de ingresos, es decir el 20% más rico de la sociedad. Dicho en palabras simples, el 20% más rico esconde gran parte de sus ingresos.
En el caso de Costa Rica, el análisis cruzado con CEPAL y OXFAM nos lleva a plantear este escenario para el cierre de 2020, según el cual el subregistro en el quintil superior es de tal magnitud, que la distribución de ingreso real del país sería la siguiente:
Quintil superior (20% más rico), recibe entre el 75% y el 80% del ingreso.
Cuarto quintil: 12% del ingreso.
Tercer quintil: 7.1%.
Segundo quintil: 5.1% del ingreso.
Primer quintil (20% más pobre): recibe apenas el 3% de la riqueza.
Esa proyección es absolutamente coincidente con la evolución de la desigualdad en América Latina. Para el año 2015, el 10% más rico de América Latina y el Caribe poseía el 71% de la riqueza y tributaba solo el 5.4% de su renta (CEPAL, Informe 2015). De acuerdo con Oxfam, Londres (Informe 2020), para fines del año pasado 2020 el 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 80.2% de la riqueza y tributa solo el 5% de su renta. Todos los números empatan, pues Costa Rica es hoy no solo uno de los países más desiguales de América Latina, sino el octavo en desigualdad en todo el planeta, según el Banco Mundial.
El costo de la evasión fiscal y las exoneraciones
¿Y cuáles son las causas del agravamiento de la distribución en Costa Rica? Se puede sintetizar de la siguiente manera. El mercado distribuye mal, desde luego, pero la mano del Estado (el sistema tributario) agudiza la desigualdad. En la última década y media se agravaron dos tendencias en América Latina, pero con más fuerza en Costa Rica en virtud de la evasión fiscal y el régimen de exoneraciones.
Evasión fiscal: representa 3,200 millones de dólares anuales (5.2% del PIB, según datos del propio Ministerio de Hacienda, año 2020).
Exoneraciones: representan un 5.7% del PIB, según datos del propio Ministerio de Hacienda, Informe 4 de diciembre, año 2017).
Ese 11% del PIB combinado de no pago de impuestos, por evasión o por exoneraciones, se concentra básicamente en el 5% del quintil superior (lo cual lleva al GINI general de una concentración del 52% en el quintil superior a casi un 75%-80%). Corresponde con el análisis de CEPAL y Oxfam en el índice general de desigual distribución de la riqueza para América Latina.
El resultado es un escenario de grandes ganadores y grandes perdedores. Son las dos caras de la moneda. Por un lado, está una Costa Rica que no goza de exoneraciones y no evade fiscalmente; una Costa Rica a la que las altas cargas tributarias, el alto costo de los precios del país y la pandemia, para rematar, ha puesto en una situación grave. Los números de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) de Costa Rica son los siguientes:
Un proceso acelerado de quiebra y cierre entre 3 y 5 pequeñas empresas por día en los últimos 18 meses.
Una carga tributaria compuesta de entre el 45% y el 55%, incluyendo renta, IVA, contribución CCSS, otras cargas parafiscales nacionales.
Casi 500,000 personas más pobres en 24 meses (quizá 1.8 millones para fin del 2021).
Las PYMES representan a más de 1,500, 000 personas; es decir, más del 80% de los trabajadores del país.
¿Y cuál es la otra cara de la moneda?
Las empresas privilegiadas con zonas francas y regímenes de excepción crecieron un 10% ininterrumpidamente durante los últimos 5 años.
Representa una PEA de 120,000 personas, menos del 10% de la totalidad del país.
Hay aproximadamente 380 empresas, de las cuales el porcentaje mayor no son empresas de pie suelto (no son transnacionales) y muchas de ellas son empresas de capital nacional disfrazado.
¿El cambio vendrá de fuera?
¿Cómo cambiar esta grave situación de un país que reparte mal su riqueza y que —pasmosamente— tiene un sistema tributario que, más bien, agudiza aún más la desigualdad en el ingreso? Curiosamente, parece ser que el cambio vendrá de fuera, del exterior.
El pasado 5 de junio de 2021 los países del G-7 (Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Canadá) anunciaron la imposición de una tasa global del 15% para todas las empresas y corporaciones del planeta, buscando eliminar todos los regímenes de exenciones y paraísos fiscales del mundo. Lo que busca esa reforma, desde luego, es acercar ingresos a las administraciones tributarias de los grandes países industrializados. Pero, de paso, ayudará a la equidad interna de los propios países de América Latina, Asia y otros lugares, donde se tienen tales regímenes de exención y de paraísos fiscales que generan inequidades nocivas, como acaba de demostrarse en Colombia y Chile.
Costa Rica debería dar un paso adelante y no esperar que, del exterior, se imponga la reforma en forma draconiana. Se trata de preservar regímenes o zonas de atracción de inversiones, pero con otros incentivos y requiriendoles solidaridad tributaria, optando por el modelo de Irlanda que, en determinando momento adoptó el single digit: un 9% para las zonas francas por un período de 5 años, después llevándolos al 15% y dejándolos allí, tal y como propone ahora el G-7.
Es urgente hacerlo. Que los que hoy no pagan, paguen impuestos y quizá bajen la recaudación para las clases medias y bajas, las que hoy soportan sobre sus hombros mucho del esfuerzo tributario del país. Otras reformas serán necesarias sobre empleo, reforma del Estado y diferentes áreas, y a eso dedicaré el próximo artículo.
Fuente: Pressenza International Press Agency
